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  Número 399 | Junio 2015
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Nicaragua

“Los medios locales están invisibilizados y amenazados”

Patricia Orozco, periodista con muchos años de experiencia y quince al frente del programa semanal “Onda Local”, espacio radial que acompaña a la población de los municipios y hace eco a sus problemáticas, reflexionó sobre las limitaciones y obstáculos que enfrenta hoy el ejercicio del periodismo en Nicaragua, especialmente los medios locales y comunitarios, en una charla con Envío que transcribimos.

Patricia Orozco

Nicaragua no es Managua. Nicaragua son 153 municipios, a veces con problemas parecidos y a veces con problemas muy específicos. Sin embargo, la visión de este gobierno es managuacentrista. Y muchas de las decisiones que se toman en Managua no repercuten en la población de la capital, sino en la de los municipios. Un ejemplo bien claro
y bien actual lo tenemos en la voracidad de las empresas mineras que practican la minería a cielo abierto. Las concesiones mineras con las que tozudamente el gobierno está entregando nuestro territorio a empresas mineras transnacionales se deciden en Managua, pero afectan a la gente de Mina El Limón, de Chontales y ahora a la de Rancho Grande, en donde mujeres y hombres han sido siempre agricultores, aman la tierra donde siempre han sembrado, aman sus ríos, aman su entorno ambiental y están enfrentando la amenaza de la canadiense B2Gold, que ni siquiera va a procesar el oro que quiere sacar de allí, sino que sólo extraerá la broza y la llevará a procesar a Mina El Limón. En Rancho Grande hay un movimiento ciudadano importante de gente que dice NO a la minería, que quiere seguir cultivando la tierra. Lo acompañamos desde la radio. Recientemente llegó a nuestro programa un poblador de Santo Domingo, Chontales, que nos informó que la empresa minera había descubierto bajo el pueblo una veta de oro y para extraerlo ya están queriendo desplazar a un barrio entero. Para lograrlo convocan a la gente a reuniones, les dicen que son para informarse, les pasan un papel para documentar la asistencia y después presentan ese papel como si fueran firmas de aprobación al proyecto minero. Les acompañamos desde la radio.

Con el pequeño equipo de nuestro programa radial, cuatro personas, hemos recorrido prácticamente todos los municipios del país y desde hace quince años hemos estado siempre a la par de los esfuerzos de toda la gente que lucha por defender sus derechos ante decisiones sociales y económicas que se toman en Managua. En “Onda local” estamos por los municipios y por la ciudadanía. Y en esa tarea, y acompañando a la gente, hemos ido aprendiendo lo que es el municipalismo y la importancia que tiene la autonomía municipal.

En 2014, con el apoyo de AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), que tiene un capítulo en Nicaragua y en el resto de países centroamericanos, y con el apoyo de “Comunicándonos” de El Salvador se realizó un estudio sobre la situación de los medios de comunicación en los cinco países de la región. Lo titularon “Entre la censura y la discriminación: Centroamérica amenazada”. A Julio López, un compañero del equipo de “Onda local” y a mí nos correspondió elaborar el capítulo de Nicaragua. Decidimos titularlo “La relativa calma”. Creemos que esas palabras reflejan lo que hoy está pasando en nuestro país.

En el estudio analizamos las leyes que tienen relación con el ejercicio periodístico, identificamos agentes que ponen en riesgo el trabajo de la comunicación y estudiamos específicamente el sector comunitario de la comunicación: avances, obstáculos, tendencias… Utilizamos una metodología documental: analizando investigaciones anteriores, proyectos relevantes que se han hecho en el país, legislación, publicaciones… También hicimos entrevistas a profundidad con investigadores, expertos y analistas de medios y con defensores de derechos humanos. Como participamos en el diseño de la investigación, desde Nicaragua propusimos que hablaran los periodistas y las periodistas, la gente que hace comunicación, porque era necesario escuchar sus voces. Las incorporamos mediante una encuesta que se hizo a 460 periodistas de toda Centroamérica, de ellos 125 nicaragüenses, que seleccionamos de medios escritos, radiales, televisivos y cibernéticos de todo el país, tanto oficialistas como independientes, logrando una selección lo más equitativa posible. El menor número era de Managua. De esos 125, 54 son mujeres, 62 hombres y 9 no respondieron la encuesta. Nos dijeron que si la contestaban los “corrían” del medio, se quedaban sin empleo.

No existe un censo actualizado del número de medios locales que existen actualmente en Nicaragua, sean radios, empresas de cable o publicaciones escritas. AMARC Nicaragua asocia a 22 medios de comunicación locales:
18 emisoras comunitarias y 4 centros de producción, pero no son todos los medios comunitarios existentes en el país. ¿Cuántos son los periodistas y las periodistas que trabajan en los medios locales y comunitarios? Aunque parezca increíble no existen datos, ni en la academia ni en el Colegio de Periodistas que nos indiquen siquiera el número total de periodistas que trabajamos en Nicaragua. ¿Cuántos somos? ¿Tres mil? Creo que somos más, pero no sabemos.

En el marco teórico de referencia del que partimos en el estudio encontramos la opinión de dos expertos que definen y calzan muy bien con la realidad nicaragüense. Son como una “camisa” a nuestra medida. Omar Rincón, un comunicólogo colombiano que vive escribiendo sobre las tendencias de la comunicación en América Latina y lo hace con un lenguaje muy accesible, dice: “Los gobiernos se han convertido en medios– periodistas–informadores y actores mediáticos. Prefieren actuar, decir y comunicar antes que hacer. No les interesa la democracia o la libertad de expresión o la calidad periodística. Les importa imponer su relato como hegemónico, su versión única de la historia o de la política”.

¿No calza esto a la medida de la actual realidad nicaragüense? El Poder Ejecutivo, que ha extendido sus tentáculos a todos los Poderes y a todas las instituciones del Estado pretende sentar sus versiones como verdades únicas. El interés del gobierno actual de controlar medios o su decisión de expulsar del país a quienes hablan otras verdades expresa lo que está pasando en Nicaragua: un soliloquio del poder. Los canales oficiales repiten la versión gubernamental como única, la imponen como hegemónica, no hay críticas, no hay señalamientos, y escuchamos todo el día a todo el mundo repitiendo: “Gracias a Dios, gracias al Comandante y gracias a la Compañera”, promoviendo un modelo que desconoce una visión de derechos. El pueblo nicaragüense ha luchado siempre y en todo el país por el derecho al agua, por el derecho a la vivienda y se ha esforzado y ha conseguido el agua, la vivienda… Sin embargo, el discurso es otro: agradecer al poder y no reconocer esas luchas. Eso es lo que encontramos en los medios oficiales todos los días y a todas las horas.

Para el marco teórico también citamos otro texto de 2007 de Sergio García y Alejandra Gonza, “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que también calza con nuestra realidad. Dicen: “Cuando el Estado no garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa e implementa ambientes de hostilidad hacia medios y periodistas, los periodistas y las periodistas tienen que elegir entre estar poniendo en riesgo sus vidas, y muchas veces la de sus familias, o abandonar sus investigaciones y dejar de informar sobre determinados temas”. El estudio que hicimos nos demostró que esto está pasando en Nicaragua. Desde la llegada al gobierno de Daniel Ortega en 2007 la Secretaria de Comunicación publicó su estrategia de comunicación, en la que afirma que toda la información que divulgarían los medios oficiales saldría de ellos “incontaminada”. Palabra textual. Además, la política de comunicación gubernamental anunció que se apoyaría a los medios locales.

¿Qué ha pasado después? La concepción del poder que tiene este gobierno lo ha llevado a un estilo de comunicación vertical, donde la información pública está totalmente centralizada y donde campea el secretismo: el gobierno no comparte con la ciudadanía la información pública. No hablamos de la información de “con quién se casó, a qué vino y a quién ama”, sino de información de interés público, de la que le interesa a la ciudadanía porque le afecta. Ese estilo de comunicación vertical, centralista y secretista, impide que incluso periodistas de los medios oficiales hagan preguntas a los funcionarios. Y lo que vemos son funcionarios que hacen disertaciones y soliloquios ante periodistas que sólo pueden hacer preguntas con respuestas inducidas. En muchas de estas disertaciones no dejan entrar a los periodistas independientes, los que podrían hacer preguntas de interés público. Las instituciones públicas, tanto las del gobierno central como las de los gobiernos locales, no brindan información completa ni respuestas oportunas. Lo hemos comprobado en nuestros recorridos por todo el país. No responden, no informan, no dan entrevistas... Y en las páginas web de las alcaldías lo único que encontramos son las “funciones” oficiales del alcalde, del vicealcalde y del concejo municipal. Nada más.

Tampoco se ha apoyado a los medios locales. La publicidad estatal se ha seguido empleando, tal como sucedió en el gobierno de doña Violeta, en el de Alemán y en el de Bolaños, como un mecanismo de control para premiar o para castigar dependiendo de “si estás conmigo o si estás contra mí”. Este gobierno dijo que administraría y concentraría la publicidad estatal de forma “ahorrativa” para que el gobierno no gastara tanto en publicidad. Y lo que ha ocurrido es que la publicidad estatal no la administran ni la deciden las distintas instituciones estatales, sino que es administrada y decidida en la Presidencia de la República, una expresión más de la actual política de extrema centralización. Recordamos, por ejemplo, algunas campañas de las alcaldías para la vacunación o para no tirar basura en las calles como campañas masivas que se centraban privilegiadamente en las radios, pero que hoy no llegan a ninguna radio local sin que exista un permiso centralizado de la vocera de la Presidencia.

El gobierno no ha apoyado a los medios locales. Lo que ha hecho es configurar su propio sistema de medios a nivel nacional y también a nivel local. Fortaleció dos medios nacionales que ya tenía, el Canal 4 y Radio Ya,
y compró otros dos canales nacionales, el Canal 8 -recordemos el escándalo de esa compra, hecha con dinero de la cooperación venezolana- y el Canal 13. Y a ambos canales, que dirigen hijos de la pareja presidencial, los oxigenó con publicidad estatal. A las emisoras locales las han tratado de cooptar mediante ofertas de compra. Es el caso de Radio Camoapa, donde la estrategia no funcionó. A los canales de televisión locales los presionan política y económica para que cierren espacios independientes, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones. Una se pregunta si el prometido apoyo a los medios locales fue únicamente la ampliación de la cobertura de las oficialistas Radio Ya y Radio Sandino o la concesión de nuevas frecuencias locales a ambas emisoras nacionales. También hemos visto cómo el gobierno ha oxigenado a radios locales que replican el discurso oficial.

En el estudio que realizamos señalamos como un grave riesgo para la libertad de expresión y la libertad de información el duopolio mediático que existe hoy en Nicaragua. Integran ese duopolio la familia Ortega-Murillo y el empresario de origen mexicano Ángel González, socio de Televisa, dueño de canales de televisión y de emisoras radiales en toda Centroamérica y en toda América Latina. La familia presidencial es dueña de los canales 4, 6, 8 y 13 en la banda UHF y alrededor de cada canal es dueña de emisoras radiales que llamo “radios roconolas”, porque sólo transmiten música para que la gente viva feliz oyendo música y olvide los problemas del país. Por su parte, Ángel González es dueño de los canales 7, 9, 10 y 11, donde se repite el fenómeno de cuatro o cinco emisoras radiales musicales en torno a cada canal. Ángel González compró recientemente el Canal 2, reservándose la Presidencia de la República toda la política informativa de ese canal. El único canal que hasta la fecha sobrevive fuera del duopolio es el Canal 12, que busca hablar de la realidad del país, que tiene programas de opinión pluralistas y que hace el esfuerzo de mantener independencia en su política informativa fuera del duopolio. El Canal 14, propiedad de poderosos grupos económicos, promueve una visión empresarial y mantiene una política informativa con cierta independencia de la línea gubernamental. Los contenidos críticos se acentúan cuando el gobierno afecta intereses de las cúpulas empresariales. El Canal 100% Noticias, aunque mantiene amplitud en su cobertura informativa, evidencia la falta de una crítica sostenida al poder y se muestra a menudo parcial hacia el gobierno.

El duopolio mediático viola el artículo 68 de la Constitución, que dice textualmente: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”. ¿Cómo se ha permitido al extranjero Ángel González ser dueño de tantos medios de comunicación? ¿Cómo se ha permitido este monopolio compartido entre dos grupos económicos, para el que se usan prestanombres y testaferros?

Se considera que Internet es el espacio informativo más democrático que nunca ha existido porque en el ciberespacio la gente escribe, opina y dice todo lo que piensa y pone todos los videos que quiere y encuentra toda la información que uno puede imaginar. Eso es cierto, pero en Nicaragua el acceso a ese espacio democrático no es aún mayoritario.


En nuestro país Internet es más urbano que rural, es más de las clases medias que de las clases populares. Es más de estudiantes que de otros sectores sociales. Según datos de la empresa estatal TELCOR, sólo el 10% de la población nicaragüense hace uso de Internet, aunque creo que la proporción debe ser algo mayor. Por sus potencialidades democráticas, el gobierno está promoviendo ahora una ley para regular la banda ancha en Internet. Hay un objetivo positivo en la ley: el Estado debe regular la banda ancha, para que no sea tan costoso ese servicio y para que no sea un monopolio, que en Nicaragua lo tiene hoy la empresa Claro. Pero esa ley tiene un aspecto negativo: que con la justificación de regular el servicio, el Estado pretenda controlar la información que difundimos y a la que podemos acceder. Eso es lo que han planteado, entre otros, PEN capítulo Nicaragua y AMARC. Decimos SÍ a la regulación de un servicio público, tan básico como el agua, la luz o el teléfono, pero decimos NO al control de la información. Porque es un riesgo enorme que, con el modelo vertical de comunicación que caracteriza a este gobierno, también quiera ahora controlar la información que circula en Internet.

Una mayoría de los periodistas a quienes consultamos en el estudio afirman que la libertad de expresión se ha deteriorado en Nicaragua desde que Daniel Ortega volvió en 2007 al gobierno. Sólo el 14% no piensa así.
El deterioro se debe, por un lado, a una política restrictiva que centraliza la información pública. En el estudio, una de las mayores limitaciones que documentamos para el ejercicio de un buen periodismo es la restricción de la información pública. Es difícil hacer un buen periodismo sin contrastar opiniones. No basta entrevistar a los voceros de las instituciones, hay que contrastar la opinión oficial con otras opiniones. Y Nicaragua es una sociedad plural, no es una sociedad homogénea, hay muchas opiniones que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también el sector privado tiene responsabilidad en el deterioro de la libertad de expresión. Al sector privado no parece interesarle invertir en medios independientes. La gran empresa privada mantiene un discurso a favor de los medios independientes, pero no se ha comprometido en un esfuerzo sostenido para que existan medios de comunicación independientes, que informen a profundidad lo que pasa en el país y lo que es de interés público.

El 91% de los periodistas consultados nos dijeron que enfrentan riesgos en el ejercicio del periodismo. En el estudio dejamos constancia de campañas contra medios y periodistas, como, por ejemplo, la de 2008 contra CINCO y el Movimiento Autónomo de Mujeres, acusados de triangular fondos para lavar dinero, hasta que dos años después la Fiscalía tuvo que devolver los equipos incautados aceptando que no había encontrado pruebas para demostrar esa acusación. Dejamos también constancia, por ejemplo, de los 30 periodistas que resultaron heridos, vapuleados, golpeados y amenazados en Managua y en León después del fraude electoral en las elecciones municipales de 2008. Dejamos constancia también de la expulsión del país, sin ninguna justificación, de Héctor Retamal, corresponsal de la agencia France Press y del cineasta sueco Peter Torbiörnsson, director de la película “Adiós Nicaragua: último capítulo”, en donde él investiga desde una perspectiva crítica lo que ocurrió en el atentado de La Penca en 1984, un hecho en el que estuvo presente.

Revisando la situación del periodismo nacional también nos encontramos que ya hay periodistas exilados. Documentamos el caso de Silvia González, corresponsal de “El Nuevo Diario” en Jinotega, quien estuvo investigando el caso de “Yahob”, un rearmado por motivos políticos. Alguien le dijo: “Si seguís en eso verás lo que te pasa a vos y a tu familia”. No sabemos dónde está ahora ella, pero no está en Nicaragua. Otro caso que registramos es el de los periodistas Ary Neil Pantoja y su esposa María Lidia Bermúdez. Ella enfrentó acoso y despido injustificado del rector de la Universidad Agraria y hoy vocero del Canal, Telémaco Talavera. Como mantuvo con firmeza su denuncia contra este personaje, la intimidaron, la amenazaron y como tenían hijos decidieron irse a Estados Unidos.

Un alto porcentaje de los periodistas consultados dijo haber enfrentado en algún momento de su vida profesional amenazas e intimidaciones, aunque no amenazas de muerte directas. En el estudio investigamos a los agentes que los habían intimidado, amenazado o agredido. Entre los agentes que impiden su trabajo periodístico nombraron a funcionarios del gobierno central, del gobierno municipal, a miembros de partidos políticos -no sólo del FSLN- y a empresarios privados, que en algunos casos fueron señalados en primer lugar.

Era interés fundamental del estudio investigar la situación de los medios locales y comunitarios y del periodismo local. En los territorios, los periodistas y las periodistas enfrentan amenazas más directas. Por ejemplo, las de los grupos económicos. En Matagalpa sabemos que la minera canadiense B2Gold ha repartido un montón de dinero a varios periodistas. Cuando hace mes y medio fuimos a Matagalpa confronté a algunos periodistas y les dije: “¡Ustedes están recibiendo reales de la minera!” Me contestaron que era por “la comida”. Y yo les dije que hay que elegir entre la comida y la dignidad. Y tuvimos una discusión. Un dueño de una televisora y una radio de Matagalpa me llamó en una ocasión y me dijo: “Yo puedo participar en todas las cadenas radiales que hagan ustedes en “Onda local” sobre cualquier tema, incluso en defensa del aborto, pero no puedo participar si hablan de la minería… porque la B2Gold me está apoyando”. En cambio, vimos entre los periodistas de Chontales más libertad para hablar críticamente de las compañías mineras, aunque mencionaron que también la B2Gold les había ofrecido dinero y buscaba manipularlos. Los periodistas de los medios locales sienten la presión de los grupos económicos de manera mucho más directa que los de los medios nacionales. Tatiana Rotschuh, corresponsal del diario “La Prensa”, nos comentó hace un tiempo lo que le había gustado el reportaje que “Onda local” puso en la web sobre la resistencia de la comunidad de Rancho Grande contra la minería y nos contó cómo la crónica que ella escribió sobre ese mismo tema, de seis páginas, se la habían recortado a la mitad y aunque la peleó, no consiguió que se la publicaran entera.

Los medios locales, tanto televisoras como radioemisoras, también enfrentan, de forma mucho más directa, las amenazas de los grupos del narcotráfico, para que no publiquen algunas noticias, aun cuando esas informaciones se refieran a acciones policiales.

Otro actor que ejerce una presión directa sobre los medios locales es el alcalde y el secretario político del Frente Sandinista en los municipios. El director de una radio nos dijo preocupado: “No sé si voy a seguir participando en las cadenas de “Onda local” porque el secretario político vino a recordarme que la radio no tenía todavía papeles legales…”

También periodistas de medios locales han sufrido amenazas y agresiones de hombres acusados por ejercer violencia contra las mujeres. Ellos o sus familiares, que no entienden, o no quieren entender, el marco de protección a favor de las mujeres que ha representado la Ley 779, amenazan a los periodistas que cubren la denuncia, se enojan cuando hacen entrevistas y ya ha habido casos de agresiones físicas directas: en una ocasión casi le quiebran un brazo a una periodista de Radio Vos de Matagalpa.

Casi nadie habla de los graves problemas que enfrentan los medios locales. A veces los grandes medios hacen denuncias de lo obvio, pero muy poco hablan de lo que le sucede al periodismo local, a los medios locales. Además de tener que enfrentar el estilo vertical de la comunicación oficial y la restricción de la publicidad estatal, sufren más directamente todas estas presiones.

Hay hostigamientos y amenazas y también hay vigilancia. El gobierno vigila a quienes hacemos comunicación. Recordamos la denuncia reciente de la periodista del diario “La Prensa” Elizabeth Romero, quien cubre noticias referidas a temas de seguridad. La estaban siguiendo, le habían abierto sus correos… ¿Cuál era el delito…? Cualquier periodista recibe y envía mensajes, intercambia informaciones, investiga, ése es su trabajo… Muchos fueron los periodistas que nos hablaron de espionaje, de que estaban siendo vigilados.

También hay censura. Pensamos que con la caída de Somoza terminaba para siempre en Nicaragua aquel nefasto “Código Negro”, que dirigía el Coronel Luna. Pero no ha sido así, también hay censura hoy en Nicaragua. Y la hay sobre todo en los medios locales. Y también hay autocensura. Hay periodistas que se autocensuran sobre problemas de la empresa privada por ver si así les “cae” un anuncio de esa empresa. Hay autocensura sobre temas del narcotráfico para no buscarse problemas… Periodistas locales reconocen que se han autocensurado dejando de hablar de algunos temas para no caer en desgracia con algunos actores que los presionan. El 64% afirmó que había censura en Nicaragua y sólo un 25% negó esta realidad. La censura ha adquirido también nuevas formas: se ponen trabas a periodistas que no simpatizan con el gobierno para entrar a una conferencia de prensa de alguna autoridad o las autoridades sacan a periodistas de algunas actividades oficiales si no son cercanos al régimen…

Los medios locales no han escapado a la forma más concreta de la censura: el cierre. El caso más reciente ha sido el del domingo 31 de mayo, cuando representantes de TELCOR, instancia estatal de regulación de la comunicación, confiscó los equipos de transmisión de Radio Voz de Mujer, ubicada en el municipio de Jalapa, provocando su cierre inmediato. Este hecho constituye una censura directa, bajo la excusa, por parte de TELCOR, que “la radio estaba transmitiendo en una frecuencia no autorizada”. A juicio de las representantes del medio (Asociación de Mujeres contra la Violencia, Oyanka, de Jalapa) esto podría haberse resuelto con una negociación, dado que TELCOR conocía la situación y les había extendido permiso de operaciones hasta octubre.

Cuando Nicaragua se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas al Examen Periódico Universal (EPU), tanto la primera como la segunda vez, el gobierno afirmó que en Nicaragua no existe ningún tipo de censura a los medios y que no se impide la difusión ni la circulación de ninguna información. Pero el mismo día en que la funcionaria de la Procuraduría General de Justicia hacía esa afirmación en Ginebra, fue cerrado en San Rafael del Sur el Canal Zona Libre TV, un medio pequeño de dos personas que querían hacer comunicación crítica. Criticaron un proyecto municipal: una cancha deportiva, que era una demanda de la comunidad, pero que se hizo con mal material y deficientemente, pues enseguida de inaugurada ya estaba deteriorada. A la autoridad local no le gustó el debate crítico que promovió el canal y se fue donde la empresa de cable a decirles: “O están conmigo o están contra mí, así que cierren ese canal de televisión donde hablan mal de mí”. Las autoridades municipales no toleran un ejercicio periodístico donde se les haga la más mínima crítica.

No ha sido el único caso. El programa “Charla de Periodistas”, que se transmitía en Radio Voz del Trópico Húmedo de San Carlos (Río San Juan) fue cerrado por la alcaldesa en 2007. Igual le pasó al programa “De todo un poco” de esa emisora. En 2008 el programa “Cara a cara con la noticia”, que se transmitía en una empresa de cable local de Juigalpa, fue cerrado por la alcaldía. En 2009 Radio La Ley, de Sébaco, fue cerrada por TELCOR, que se llevó los equipos de transmisión.

En 2010, el Canal 15 de Condega fue continuamente amenazado hasta que lo cerraron. La alcaldía municipal y un grupo parapartidario le exigieron a la empresa de cable que lo cerrara o si no cerraban la empresa. En Bilwi el director de Radio Veca decidió cerrar en 2010 un espacio informativo, Wihta Tara, por el que recibía amenazas. Y en Bluefields ese mismo año partidarios del Frente Sandinista cerraron en Radio Bluefields Stereo el programa “Demarcation now”, que exigía la demarcación territorial de las tierras indígenas. En 2012 Columbia Canal 13 en el municipio de Somoto fue cerrada por la empresa de CONCAS debido a presiones del secretario político del Frente Sandinista. En 2014 se produjo el cierre del programa Zona Libre TV y en mayo de 2015 el Canal 7 de Matiguás fue cerrado por el alcalde, porque lo criticaban.

En el estudio hicimos este recuento para contribuir a hacer visible que también hay censura en Nicaragua. Año tras año, todos los años, el informe anual del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) documenta las violaciones de derechos humanos contra medios de comunicación y periodistas. Entre 2008 y 2009 seis radioemisoras dejaron de funcionar en varios departamentos y salieron del aire varios noticieros independientes y espacios de opinión. En 2009, cada vez menos periodistas asumieron una actitud crítica ante el gobierno y menos empresarios favorecieron espacios críticos ante el quehacer gubernamental. En 2010 se reportó el cierre de unos veinte radionoticieros.

Muchas de las decisiones que toman las autoridades municipales para hostigar y para cerrar espacios y medios vienen orientadas desde el gobierno central. O las toman las autoridades locales queriendo agradar al gobierno central. Son decisiones que reflejan que no existe autonomía municipal en Nicaragua. Las autoridades municipales no tienen ninguna cuota de autonomía para gobernar y están replicando el modelo vertical y de control del gobierno central.

Los medios locales se encuentran hoy entre las amenazas y la invisibilización. Son considerados tan poco importantes que ni siquiera aparecen mencionados en la Ley General de Telecomunicaciones. En esa ley no hay ninguna referencia a los medios locales, mucho menos a los medios comunitarios. Sólo hay referencias a los grandes medios nacionales. Ante este vacío existe una iniciativa de ley de medios de comunicación comunitarios elaborada por AMARC. La ha estado consultando y le daría un estatus jurídico a esos medios. Pero viendo los juegos y rejuegos que existen en el Legislativo no la presentan todavía a la Asamblea Nacional, donde hay ya cuatro iniciativas que no caminan para reformular, modernizar o reformar la Ley de Telecomunicaciones. Pareciera que la Asamblea Nacional no quiere entrar a estos temas. Y, aunque tampoco hay certeza de que una ley de medios comunitarios pudiera liberar de presiones a los comunicadores de los riesgos que enfrentan, sería importante avanzar en un adecuado marco jurídico.

El primer objetivo de esa iniciativa legal es darle visibilidad a los medios locales y comunitarios. Darles identidad. Y la merecen porque tienen mucho público. La gente del municipio se quiere ver en la televisión local,
la gente de las comunidades se quiere oír en la radio local. El primer objetivo de esta iniciativa es que haya un reconocimiento explícito de estos importantes medios que tanto pueden aportar a la construcción de la democracia.

En el estudio se identifican puntos comunes a medios y a periodistas en el resto de países de Centroamérica. La situación del periodismo en Honduras es, sin duda, la más dura. Allí matan periodistas y los persiguen con descaro. Los medios hondureños no son equitativos entre los tres sectores: privado, público, comunitario. La concentración de medios en ese país deja claro que existe ánimo de controlar la agenda nacional para posicionar temas que favorecen a pocos y ocultar la agenda social que evidencia la inequidad. Los medios públicos muestran un claro favoritismo por el partido en el poder. El índice de asesinatos de periodistas es el más alto del continente. Los esfuerzos del Estado para proteger la libertad de expresión son insuficientes. El periodismo está en riesgo permanente y realiza su trabajo en una situación de gran vulnerabilidad. Las amenazas que reciben vienen en un 29% de la Policía.

En Guatemala es destacable la diversidad étnica, que plantea un desafío de concertación entre las diversas etnias, sin que se vean esfuerzos del gobierno central para articular políticas de comunicación que evidencien la pluralidad étnica del país. Un 48% de periodistas y medios comunitarios han sido agredidos en algún momento o han sido objeto de censuras. El 21.7% de periodistas y medios comunitarios están bajo amenaza de muerte, según la encuesta que realizamos para el estudio.

En el caso de El Salvador también hay problemas con la libertad de información porque predomina un afán de regulación. En el país existen nuevas leyes que promueven la transparencia y el debate público, aunque no han desarrollado todo su potencial. En la Asamblea Legislativa se encuentran en discusión dos leyes que podrían transformar el mapa actual de los medios. También, gracias a la movilización de sectores y organizaciones civiles, se ha abierto un importante debate sobre la democratización del espectro radioeléctrico.

En el último momento se incluyó también en el estudio a Costa Rica. Se creía que allí no había tantos problemas y vimos que no era así porque desde hace casi un siglo las radios en Costa Rica están definidas como “empresa privada”… y punto. Durante mucho tiempo se pensó que no había nada más que discutir, pero en los últimos años se ha empezado a plantear la necesidad de reconocer a la radio como algo más que como una herramienta de la empresa privada.

En el capítulo de Nicaragua el estudio concluye que hay una concentración de la propiedad de los medios que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de información, que socava el pluralismo y que coopta a medios y a periodistas. Concluye que el Gobierno central, la Policía y el poder económico impiden la libertad de información y la ponen en riesgo. Que la centralización de la información y el secretismo afectan la libertad de expresión y que el secretismo en asuntos de interés público, como puede ser algo tan trascendental para todo el país como el proyecto del Canal, o como son para el medioambiente nacional los proyectos mineros, constituyen un grave atentado a la libertad de información.

Concluimos también que la ciudadanía y la sociedad civil han visto cercenadas su capacidad de expresión y la posibilidad de disponer de medios de comunicación plurales. Que hay una voluntad de silenciar a la sociedad, lo que se refleja en la política de comunicación del gobierno. Que hay cierre de espacios locales y que eso muestra intolerancia, supone la negación de un balance de poderes y niega la esencia del periodismo.

Comprobamos un consenso entre las periodistas y los periodistas consultados en que la libertad de información está amenazada y el ejercicio ético de la profesión periodística representa riesgos. Comprobamos que persiste la censura y la autocensura con nuevos matices y que la publicidad estatal se sigue empleando como un mecanismo de premio o castigo. Comprobamos que la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley que celebramos como la primera y la mejor de Centroamérica por sus contenidos, no tiene ninguna vigencia y ha sido tirada por la borda por el gobierno.

Finalmente, si bien es cierto que en Nicaragua no ha habido asesinatos de periodistas, lo que sucede con frecuencia en Honduras, las limitaciones al ejercicio a la libertad de expresión y a la libertad de información suponen nuevas formas de represión e intentos de callar la voz de comunicadores y comunicadoras. Ciertamente, en Nicaragua no hay periodistas muertos, pero sí los hay muertos civiles. No los matan, los silencian. Y es en los municipios donde es más frecuente la muerte civil de muchos periodistas.

Rescatar la libertad de expresión es un desafío que hoy tenemos todos, todas. No olvidemos que la libertad de expresión no es un derecho para quienes hacemos comunicación, es un derecho para todas y todos los ciudadanos. Es una piedra angular de una sociedad democrática, la sociedad que queremos.

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