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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 396 | Marzo 2015
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Nicaragua

¿Por qué no baja la tarifa eléctrica? “Una correcta estrategia energética debe apuntar al desarrollo de Nicaragua”

Fernando Bárcenas, ingeniero eléctrico, Presidente del Consejo de Operaciones del Mercado Mayorista de Nicaragua en 2002-2003, compartió un amplio panorama del sistema eléctrico y del modelo energético en Nicaragua, haciendo énfasis en la falta de estrategia del gobierno de Daniel Ortega, en una charla con Envío que transcribimos.

Fernando Bárcenas

Una política de desarrollo de Nicaragua debe diseñar e implementar una estrategia coherente en el suministro óptimo de la energía eléctrica en el largo plazo, que contribuya eficientemente a la competitividad del país. Un plan de expansión de la oferta eléctrica en los próximos doce años no es una estrategia. Menos aún, si es un plan indicativo, que es lo que hoy tenemos.

Una estrategia energética debe revertir las ineficiencias en la transformación de la energía y en el uso final que de ella hace el país. Una estrategia energética debe derrotar los intereses que impiden un desarrollo energético independiente, debe destruir el control particular sobre el sector eléctrico, que obtiene beneficios especulativos por medio de privilegios burocráticos y pone cargas onerosas al sistema eléctrico, obstruyendo la transparencia. Una auténtica estrategia energética debe ser una herramienta central de una política social al servicio de la nación. Sin los recursos políticos estatales bajo el control ciudadano no es posible abrirle camino a una estrategia energética nacionalista, con contenido social.

Sería ingenuo pensar que se pueda concebir una industria eléctrica sana, mientras el Estado esté en manos de una camarilla absolutista y corrupta porque el abuso desde el poder está al acecho para captar cualquier posible beneficio personal y no puede, agazapado a la caza de ventajas arbitrarias, esbozar siquiera un plan coherente en el sector energético. Ni siquiera puede hacerlo en beneficio propio. Desafortunadamente, el abastecimiento energético de Nicaragua carece, por eso, de estrategia. Por su propia esencia, la corrupción, que salta sobre las oportunidades de rapiña, no tiene estrategia. Y los errores estratégicos que así se cometen terminan por hundir los negocios hechos al margen de la ley, arrastrando al país a la bancarrota.

Desde los años 80 Nicaragua carece de una estrategia de desarrollo económico. Eso ha fomentado una cultura de improvisación. La política de Estado, sin ideología, sin un contenido social que le dé un sentido programático a las transformaciones necesarias, se reduce, entonces, al control del poder por intereses mezquinos, de tipo personal. Como país pobre y escandalosamente endeudado durante los años 80, Nicaragua puso en marcha a partir de 1998, por coacción de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, el modelo de privatización del sector eléctrico. Se separó entonces la industria eléctrica en tres segmentos: generación, transmisión y distribución, con un ente regulador responsable de aplicar la Normativa de Operación, con reglas técnicas y comerciales que, en teoría, orientarían a los inversionistas privados hacia la eficiencia financiera, pero que eliminaban el objetivo de servicio social del suministro eléctrico y, con eso, las metas de naturaleza estratégica.

En este modelo, la rentabilidad privada podía degenerar con facilidad en un negocio con los dados cargados, sobre todo con un poder político extremadamente burocrático, que se concibe a sí mismo independiente de la sociedad.

Hoy, este modelo desregulado, que pudo desarrollar mejores métodos para contabilizar la eficiencia técnica y económica de cada actividad del sector, para promover, al menos, la competitividad entre agentes de mercado, ha perdido cualquier posibilidad de coherencia con el gobierno de Ortega. En lugar de la planificación central del Estado, como es lo usual en el suministro integrado de este servicio público, lo que ha ocurrido hoy es una integración espuria de carácter corrupto al incursionar la familia en el poder como inversionista en los distintos segmentos del sistema energético, utilizando a las instituciones del Estado, responsables de las políticas energéticas y de la regulación del sector, como agentes al servicio de sus intereses económicos.

Con el gobierno de Ortega este sector estratégico sufre profundas distorsiones, que tienen efectos negativos en sobrecostos, en mala calidad técnica y en ineficiencias económicas. Y no será posible revertir todo esto ni siquiera en el mediano plazo. El daño especulativo hecho en esta industria estratégica afectará la economía nacional de manera estructural, debilitándola frente a la globalización. Y afectará sostenidamente a nuestra sociedad, encareciendo la energía eléctrica con contratos comerciales directos, que han sido firmados con el aval del ente regulador estatal INE (Instituto Nicaragüense de Energía) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), eliminando los procesos transparentes de licitación pública. Esto nos afectará porque las decisiones que se toman en relación a la energía tienen siempre consecuencias a largo plazo. El mundo se ha vuelto hoy más conflictivo. El mercado internacional impone la ley de la selva y el más débil e incapaz muere o se debate tristemente en las trampas
de la pobreza.

Antes de adentrarnos en el análisis de la evolución experimentada en la industria eléctrica en nuestro país, y antes de señalar las decisiones que implican graves errores importantes, repasaremos algunas características fundamentales del desarrollo energético en el contexto mundial.
La humanidad evolucionó en la medida en que fue capaz de hacer más trabajo con iguales recursos, cuando fue capaz de hacer más productivo el trabajo con formas cada vez más eficientes tecnológicamente para transformar y usar las distintas formas de energía. Este proceso se fue traduciendo en más conocimientos y en mayor bienestar. La humanidad evoluciona cuando la tecnología se vuelve más compleja, no sólo para aprovechar mejor los recursos de la naturaleza, sino para incrementar nuestro control sobre la incertidumbre en las condiciones de vida y de trabajo. Evoluciona a medida que conocemos las leyes de la naturaleza. La evolución tecnológica, que está en la base de los saltos experimentados en la civilización, se concentra en tres etapas fundamentales a lo largo de la historia.

La primera ocurre cuando la humanidad fabrica herramientas a base de piedras, hueso, madera, fuego y metales. Es el período del paleolítico, del neolítico y posteriormente de la edad de los metales: bronce, cobre, hierro.
En la segunda etapa, que llega hasta nuestros días, la humanidad usa las máquinas, lo que a partir de 1760 da paso a la revolución industrial. En esa etapa se incorpora el uso de la electricidad, que facilitará el empleo de variedad de utensilios y herramientas, incluso en actividades domésticas. La tercera etapa comienza con la automatización, que viene a independizar al ser humano del trabajo mecánico y lo libera de la alienación extrema de verse convertido en una pieza viviente de las cadenas de montaje. Esta etapa podría liberar a la humanidad del trabajo fatigoso y un nuevo orden mundial podría permitir que nos dedicáramos al conocimiento científico y a las artes. Sería ése un salto fantástico para la humanidad. Hasta ahora vemos esto como una meta utópica.

El desarrollo económico está vinculado inexorablemente a la productividad de los medios de producción, con el uso más eficiente de energías secundarias de primera calidad, como es la electricidad, con fuentes de energía capaces de ser transformadas casi íntegramente en trabajo. Entre las fuentes de energía que ha usado la humanidad en su evolución la que más temprano empleó ha sido la biomasa, toda la materia orgánica que se puede transformar en energía. En la actualidad Nicaragua abastece aún el 50% de su demanda energética con leña. Un amplio sector de nuestra población usa leña para obtener energía para cocinar. Comparativamente, la leña aporta sólo el 15% del consumo mundial de energía porque el poder calorífico de la leña es tres veces inferior al del gas propano, con un rendimiento cinco veces inferior. Con el uso del gas propano y de la electricidad -con una correcta tarifa- se produce de forma integral -al contabilizar ambos factores- un ahorro económico del 45% respecto al coste de la leña. No existe en Nicaragua una estrategia respecto a esto, la energía eléctrica abastece únicamente el 10% de nuestra demanda energética. El 40% restante de nuestra demanda usa derivados del petróleo para el transporte, fundamentalmente gasolina y diesel.

Los conceptos que determinan una estrategia energética deben responder a varias preguntas: ¿Cuánta energía se gasta al extraer una forma distinta de energía, de mayor calidad? ¿Se importa esa energía primaria o es un recurso autóctono? ¿Qué producimos con la energía de mayor calidad? ¿Con qué intensidad energética? ¿Cuánto valor agregado incorporamos en el bien que producimos con esa energía? ¿Y con qué eficiencia lo hacemos, ya que la energía se degrada en formas de más baja calidad?

El petróleo ha sido usado como fuente de energía desde hace unos 3 mil años antes de nuestra era, cuando también se usaba ya el viento, el agua y la tracción animal. Las fuentes energéticas más recientemente usadas han sido el gas natural y el uranio. Hasta la revolución industrial, a mediados del siglo 18, la transformación y el consumo que hemos hecho de la energía se ha mantenido prácticamente estable. A partir de la revolución industrial se produjo un pico enorme de producción y de consumo hasta llegar en los Estados Unidos a un consumo promedio de 12 barriles equivalentes de petróleo por persona.

El bienestar asociado a ese enorme aumento del consumo de energía aumentó también enormemente la población mundial. En 1900 vivían 1,650 millones de personas sobre la Tierra. En 1990 la población había crecido hasta 5,300 millones. En esos 90 años la población aumentó 3.2 veces, mientras el consumo energético, medido en teravatios, pasó de 0.89 a 13.5. El incremento del consumo fue cinco veces mayor que el crecimiento de la población. Fue un salto enorme en la demanda de energía, facilitado por el pico de producción del petróleo, que se estima ocurrió
en el año 2006.

Actualmente, somos ya 7 mil millones de personas sobre la Tierra, y nuestro planeta no tiene la capacidad de sostener, sin degradarse, tal cantidad de población con tan alto consumo de energía. Una teoría actual sostiene que, al mismo tiempo que se agotarán las reservas de petróleo -causa fundamental del enorme aumento en el consumo de energía-, de igual modo la población tendrá que volver a ajustarse a niveles que hagan sostenible la vida humana sobre el planeta. Según esa teoría, para 2030–2050 habrá disminuido la producción de energía tan rápidamente como creció y la humanidad habrá llegado ya a una cima en la producción de energía.

El consumo energético tiene una distribución muy desigual en el mundo. En Estados Unidos el consumo es de 12 barriles equivalentes de petróleo por persona. En el resto de los países desarrollados es de entre 5–7 barriles equivalentes por persona. Y en el resto del mundo es de 0.44 barriles equivalentes de petróleo por persona, 22 veces menos que lo que consume una persona en Estados Unidos. En Nicaragua el consumo es el más bajo de América Latina, con la excepción de Haití.

Las fuentes energéticas que sirven para sostener el pico actual de consumo mundial son el petróleo (35%), el carbón (26%) y el gas natural (23%). Los porcentajes del resto de energías, hidroeléctrica, geotérmica, solar, biomasa, eólica, nuclear, son muy pequeños o insignificantes. Como vemos, las tres principales fuentes de energía son de naturaleza finita. Lo que indica que, muy probablemente, la humanidad deba racionalizar sus patrones de consumo energético considerando también el balance homeostático de la Tierra.

La baja demanda de energía per cápita que tenemos en Nicaragua es un elemento que incide en tarifas eléctricas más altas. La industria eléctrica presenta costos fijos, fundamentalmente, en el Valor Agregado de Distribución (VAD). En nuestro sistema ese valor fijo es de 54 dólares por megavatio (MW) hora. En ese valor se incluye el Valor Nuevo de Reemplazo, que es la anualidad de reposición de los activos en redes, transformadores, medidores, operación y mantenimiento. Se incluyen también los gastos de comercialización y los gastos administrativos. Si la demanda energética es relativamente baja, el componente de estos costos fijos en cada MW hora es alto. En nuestro caso, un 34% de la tarifa recoge el valor del VAD. Este porcentaje, como expresión de un costo fijo, se incrementa a medida que se reduce, por la baja del petróleo, por el precio de compra de la energía a los generadores. De modo que la pequeñez de nuestro mercado eléctrico es un factor decisivo para que nuestras tarifas sean las más altas de la región centroamericana. ¿De qué depende la expansión del mercado eléctrico? Del desarrollo económico del país. Es posible apreciar nuestro estancamiento si observamos que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Nicaragua es el más bajo de América Latina, salvo el de Haití. Otro elemento significativo es la intensidad energética, que es la cantidad de energía requerida para producir 1 mil dólares de PIB. Con la tarifa eléctrica más alta de la región, Nicaragua requiere el doble de energía que la media latinoamericana, y cuatro veces más que la requerida por los países europeos, para producir 1 mil dólares de PIB.

En momentos clave, el consumo de petróleo puede ser una buena estrategia energética para la producción de electricidad. Para saber si es buena esa estrategia hay que analizar la conjunción de tres factores. El primer factor
es la tendencia que muestra el precio internacional del petróleo. Durante más de un siglo el precio del petróleo se mantuvo en niveles muy bajos, menos de 8 dólares por barril. Esto hacía que las energías renovables no fueran rentables, porque para obtener un MW con un generador térmico -el que trabaja con derivados del petróleo- se requiere una inversión de 1 millón de dólares (ahora algo menos de 800 mil dólares), mientras que en una planta hidroeléctrica la inversión requerida es de 4 millones de dólares por cada MW. Cuando el precio del petróleo es bajo resulta más favorable recuperar la inversión con la producción de una planta térmica que con la producción hidroeléctrica. Algunas energías renovables comenzaron a ser rentables después de la crisis de 1973, cuando el precio del petróleo subió a 20 dólares el barril, manteniéndose en ese precio hasta el año 2000. Y sobre todo, con la crisis de 2008, cuando en sólo ocho años el barril de petróleo llegó a costar 140 dólares.

En el período somocista, el sistema eléctrico estaba verticalmente integrado. La empresa estatal ENALUF cumplía funciones de administradora, operadora del sistema, productora, transmisora y distribuidora de energía, regulaba el sector y trazaba las políticas energéticas. Bajo ese modelo, los bancos prestaban dinero al Estado para la ejecución de proyectos de desarrollo energéticos. En 1965 inició operaciones la Planta Hidroeléctrica Centroamérica (60 MW) en Jinotega. En 1971 inició operaciones la Planta Managua unidad número 3 (45 MW), que trabaja con bunker. En 1972 inició operaciones la Planta Santa Bárbara (hoy Planta Carlos Fonseca) de 50 MW en Matagalpa. En 1976 se instaló la Planta Nicaragua (100 MW), que utiliza bunker. Entre 1974 y 1978 se perforaron 28 pozos en el campo geotérmico Momotombo, que permitieron la operación de una planta de 70 MW. Como vemos, teníamos un plan muy balanceado con 170 MW en plantas renovables y 145 MW en plantas térmicas, en tiempos en que el petróleo costaba menos de 8 dólares el barril.

Después del año 2000 invertir en generadoras térmicas se revelaría como un error. Sin embargo, precisamente en ese período, entre 1998 y 2003, Nicaragua introdujo generadores privados que usan bunker. Se instaló la Planta Corinto (74 MW), con una barcaza de 20 MW como respaldo de potencia del contrato PPA, por 50 MW. Y se instalaron CENSA (63.9 MW) y Tipitapa Power (52.2 MW) Pocos años antes se instalaron las unidades 4 y 5 de la Planta Managua, (6.25 MW cada una), ambas propiedad del Estado. Todas estas inversiones privadas coincidirían con el incremento abrupto del precio del petróleo, así que la decisión de introducir estas plantas térmicas provocó un alza de las tarifas en el momento justo. La subida o la baja del precio del petróleo tienen que ver con crisis en los países productores, no necesariamente con la producción. La producción de petróleo no reacciona al aumento de los precios con mayor producción de manera suficientemente rápida en el tiempo. De manera que los precios bajos resultan inesperados.

El segundo factor a considerar al seleccionar plantas térmicas es el rendimiento de esas plantas, cuántos kilovatios (KW) hora producen por cada galón de combustible. La Planta Corinto muestra un rendimiento de 17.6 KW por galón, el más alto de nuestro parque generador. A ningún otro generador instalado con posterioridad se le debió permitir un rendimiento inferior a ése, ya que ese factor es un elemento decisivo para determinar el costo variable de la energía de la planta. Sin embargo, al inicio del gobierno de Ortega en el año 2007 se produjo otro desacierto enorme al instalar la planta Hugo Chávez (62 MW), que utiliza diesel, un 24% más caro que el bunker, y que muestra un bajo rendimiento: 14.1 KW por galón. Y entre 2010 y 2013 se instalaron otros 231.32 MW en nueve baterías de generadores, compuestos de 92 unidades de 2.51 MW, conocidas como las “Che Guevara”, con un rendimiento promedio de 16.4 KW por galón. En el despacho por mérito económico, las últimas plantas en ser despachadas para cubrir la demanda de energía son las más ineficientes. Pues bien, actualmente las últimas, por su ineficiencia son, en orden creciente de costo variable, las Che Guevara 9, 8, 7, 3, 1, 2, 4 y 5.

Estos generadores, que son de Albanisa, se incorporaron al sistema sin licitación pública, no correspondiéndose su introducción ni con el pliego de las condiciones a cumplir ni con una competencia transparente. Otro problema grave que tienen los generadores de Albanisa es que se conectaron en los predios de las subestaciones de distribución, donde la transmisión cambia el voltaje de alta a media tensión y, por lo tanto, están conectados a la misma barra de distribución. Esto provoca que cualquier fluctuación que tengan, repercutirá en la calidad de la energía que llegue a las industrias cercanas a la subestación. En ningún lugar del mundo y bajo ningún concepto se permite que en una subestación de distribución se conecte un generador que inyecta energía a la red de transmisión. Debería inyectarla a la red con su propia subestación, que debe tener sus propios parámetros de seguridad.

El tercer factor que se debe considerar en las plantas térmicas es que sus características de diseño cumplan con los criterios mínimos de desempeño del sistema, establecidos en la Normativa de Operación. Se requiere que técnicamente puedan cumplir con los requerimientos de aportar servicios auxiliares, y con una constante de inercia que le dé estabilidad dinámica al sistema cuando ocurran contingencias. Pero ninguno de los 231 MW de las Che Guevara cumple con los criterios técnicos de la normativa. Esto produce un sobrecosto adicional, ya que se deben comprar los servicios auxiliares a otros generadores y se debe alterar el despacho óptimo económico, con generación obligada, al despachar sin mérito económico a generadores más ineficientes para que aporten la constante de inercia que requiere el sistema.

Se calcula que en el año 2035 el mundo necesitará el doble de la energía de la que consumía en el año 2000. Pero se está dando un fenómeno significativo. En los países de la OCDE, los países más desarrollados, el consumo de energía aumentará muy poco porque están logrando una gran eficiencia. La mitad del incremento de su demanda la abastecerán con una gran eficacia en el uso final de la energía. En cambio, en los países que no son de la OCDE, los menos desarrollados o los que están en vías de desarrollo, se dará un mayor consumo en esos años. Se calcula que más del 90% del incremento mundial del consumo energético se producirá en los países menos desarrollados.

Veamos un ejemplo de reducción de costes por vía de la eficiencia en nuestra realidad. Si tuviésemos que incrementar en 45 MW nuestra generación con una planta geotérmica -la que genera energía a partir de los volcanes-, requeriríamos de una inversión de 150 millones de dólares, mientras que con una inversión de 40 millones de dólares en programas de tecnología eficiente, en lámparas y motores, (el 26% del costo de esa nueva planta) evitaríamos esos 45 MW adicionales.

¿De dónde obtenemos en Nicaragua la energía primaria? ¿Cómo la producimos? ¿Cómo la distribuimos? Hasta hoy, más del 50 % de la energía primaria, usada en la producción de electricidad, nos viene de afuera. Básicamente, hemos sido consumidores de energía a base de petróleo, y nuestros valiosos recursos energéticos casi no los hemos desarrollado. El aprovechamiento que hacemos de nuestros recursos energéticos -volcanes, agua, vientos- resulta ridículo. Nicaragua tiene abundancia de recursos geotérmicos, hidroeléctricos, eólicos y de biomasa. A partir de esos recursos tendríamos garantizados por lo menos 4 mil MW, que podríamos estar aprovechando para la producción de energía eléctrica. Sin embargo, hoy estamos aprovechando apenas el 8% de nuestros recursos energéticos autóctonos. Un país que no aprovecha sus propios recursos, y que utiliza, como sucede en Nicaragua, el 62% de sus ingresos por exportaciones para pagar la energía primaria que importa -petróleo y sus derivados- no tiene una política de desarrollo. Es un país dependiente, atado de pies y manos a factores exógenos. El problema no es tanto el que importemos petróleo, el problema es que con esa energía no producimos y exportamos productos con suficiente valor agregado para que la factura petrolera no sustraiga un porcentaje tan alto de nuestras exportaciones.

Un país con una factura petrolera que consume el 62% de sus ingresos por exportaciones es inviable. La decisión tomada por el actual gobierno de invertir en generadores térmicos de baja eficiencia hace que la factura petrolera -asociada a la producción de electricidad- se lleve el 16% de las exportaciones del país. El 46% restante se lo lleva el combustible usado en la operación del parque automotor. Cuando decimos que las decisiones que un país toma en su sistema energético son estratégicas, nos referimos a decisiones que provocan una dependencia absurda como ésta.

En retrospectiva, podríamos afirmar que todo lo que se rige por una lógica comercial es negativo y que el sistema eléctrico debía ser íntegramente estatal. Podíamos haber levantado una bandera oponiéndonos a la privatización ordenada en los años 90 por el Fondo Monetario, porque es a partir de esas fechas y de esa decisión que cambió la historia de nuestro sistema energético. Después, los desaciertos, a veces la mala fe, a veces la burocracia inútil, la falta de visión, han facilitado que el sector eléctrico se convierta en un centro de especulación mafiosa.

Podríamos creer que se puede ser radical y escoger entre diferentes alternativas en abstracto Pero la realidad es que siempre debemos operar a partir de las correlaciones de fuerzas. Y en aquel momento, cuando el Fondo Monetario ordenó la privatización del sistema, Nicaragua estaba tan altamente endeudada que no tenía ninguna fuerza favorable. Nuestra deuda era impagable, era como diez veces el PIB. Con esa correlación de fuerzas lo que teníamos que haber hecho es trazar la mejor estrategia en ese escenario adverso. Resulta un tanto infantil borrar simplemente el escenario desagradable. En aquel momento no bastaba con rechazar la normativa y oponerse a la privatización del sistema eléctrico. Aún dentro de la lógica comercial pudimos haber trazado una estrategia que favoreciera al país. Pero nuestra clase política dirigente no tiene una visión nacionalista. Además, la lógica comercial tiene algunas ventajas. Entre otras, permite transparentar la eficiencia o la ineficiencia de los generadores y la de los distribuidores.

Con la lógica comercial se pueden cuantificar el valor que tienen las pérdidas, el valor que tiene la eficiencia y el desperdicio. Y es muy valioso saber eso porque permite tomar medidas correctivas, decisiones que permiten reducir las debilidades y neutralizar las amenazas. Cuando todo estaba en manos del Estado, como sucedía en los años 80, no se podía analizar nada, porque no se sabía absolutamente nada de lo que se producía con eficiencia y lo que no, no se sabía qué costo tenía hacerlo de una u otra forma.

En los años 90 la desregulación del sector eléctrico se tomó con improvisación. En enero de 2007 el sandinismo, de regreso al gobierno, creó el Ministerio de Energía y Minas y la empresa estatal ENEL fue adscrita al nuevo ministerio. Aquel año el gobierno se comprometió a establecer un mecanismo que asegurara el ajuste automático de las tarifas de la energía eléctrica según el alza en los costos de compra de la energía en el mercado. Eso era lo correcto, lo normal, lo que estaba establecido en las normativas. Pero hasta ese momento los funcionarios del INE habían creído que no tendría consecuencias negar el “pass trough” de los costos de generación.
La consecuencia de acumular desvíos tarifarios por capricho fue que las distribuidoras dejaron de pagarle a los generadores y los generadores dejaron de darle mantenimiento a las plantas (Hidrogesa, Geosa, Gecsa), y dejaron de pagarle a las petroleras y las petroleras nos cerraron la llave del petróleo. Ningún nuevo generador quería invertir en Nicaragua. Los bancos consideraban un riesgo tonto financiar proyectos de generación en nuestro país.

Eso trajo un hermoso racionamiento de energía en 2006, cuyo costo nunca asumió el INE. Después de apagones diarios de tres a doce horas durante aquel año se modificó la ley de la industria eléctrica para permitir transitoriamente que se hicieran contratos de generación sin licitación para así salir de la etapa de emergencia. Se propuso entonces contratar una barcaza de 80 MW que en dos meses se instalaría en el puerto de Corinto. Pero cambió el gobierno, salió Bolaños y entró Ortega, y esa barcaza nunca llegó. Los que llegaron fueron esos ineficientes generadores de Albanisa, a los que se les paga actualmente un costo considerable de cargo de potencia.

Más del 30% de los generadores instalados en el país están incapacitados para resistir una contingencia en el sistema. Técnicamente esto es grave. A los 232 MW de Albanisa se sumaron en este gobierno 200 MW de plantas eólicas, que no entregan una potencia firme. Cada aerogenerador eólico tiene una potencia de 2.1 MW y entrega energía cuando la velocidad del viento se encuentra dentro de un rango mínimo (3-5 metros por segundo y un rango máximo (19-21 metros por segundo). La energía generada fluctúa a lo largo del día y también según estemos en estación seca o en estación húmeda. Los aerogeneradores son funcionales cuando el sistema energético es robusto y puede resistir un 7–10% a lo sumo de esa energía para no sobrepasar la capacidad de reserva rodante que tiene el resto de los generadores instalados. La reserva rodante es la de las plantas que están “rodando” 5% de su potencia sin producir energía, pero con capacidad de abastecer de inmediato cualquier fluctuación que haya entre la entrega y la demanda.

Los 430 MW en conjunto (las Che Guevara y los aerogeneradores) no tienen constante de inercia. Esto significa que, en vez de mantener por alguna fracción de tiempo la frecuencia del sistema para permitir, ante una contingencia que provoque un desbalance entre la oferta y la demanda, que se restablezca el balance mediante interruptores de alta velocidad, agravan el desbalance cuando sus protecciones, demasiados sensibles, operan, ya sea por alta o por baja frecuencia. El desequilibrio entre la demanda y la generación provoca una caída en cadena de los generadores y eso provoca un apagón en todo el país y las industrias más sensibles pierden lo que estén haciendo con esa brusca interrupción de la energía. Los apagones repentinos, por breves que sean, son muy dañinos para la industria. En 2014 tuvimos una serie de apagones repentinos que no teníamos desde hace tiempo, y que no eran apagones por racionamiento. Probablemente veremos más apagones de éstos, porque el sistema está trabajando sin condiciones de seguridad, sin condiciones de confiabilidad y sin estabilidad dinámica. Para ayudarles ha debido entrar al sistema, sin mérito de generación, GEOSA, con un sobrecosto permanente, desde 2010, al que habría que sumarle al precio de venta de su energía. GEOSA es la planta que instaló Somoza en 1976, que mantiene una eficiencia de 12–13 KW hora por galón Obviamente, estos sobrecostos, debido a las características de estos generadores, inciden en elevar la tarifa eléctrica en Nicaragua.

El plan indicativo de expansión del Ministerio de Energía y Minas abarca hasta el año 2027. En el plan se indica que en 2015 entrarán al sistema 140 MW de motores de media velocidad. Se trata de cuatro plantas térmicas de 35 MW cada una, que trabajan con fuel oil. La generación de estas plantas obedece al requerimiento determinado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y por el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) para garantizar calidad, seguridad y confiabilidad al sistema y asegurar el nivel de regulación requerido para la operatividad del Sistema Interconectado Nacional, debido a la incorporación de proyectos de fuentes renovables, como son las eólicas y como será Tumarín. ENATREL y el CNDC consideraron que la entrada al sistema de estos motores de media velocidad era viable a partir de 2015, por la operatividad del anillo de 230 KW, para que pueda darse de baja a GEOSA.

Con la entrada de estos motores se trata de un relevo de la generación obligada, sin mérito de despacho. Podemos preguntarnos: ¿Quién está detrás de esos 140 MW? Por supuesto, detrás esta Albanisa. Estos cuatro generadores ya llegaron al puerto de Corinto. La mezcla de generadores de fuentes renovables que no cumplen con los requisitos técnicos para permitirles conectarse al sistema, con generadores térmicos que no hacen mérito de despacho, no es la mejor decisión para la independencia energética del país. Tampoco para la reducción de los costos
de generación.

Hay que señalar que la ley transitoria para hacer contratos sin licitación, la que se hizo para salir de los apagones de 2006, se ha seguido usando hasta hoy. Durante el actual gobierno no ha habido una sola licitación para los contratos de generación de energía. Esto se ha prestado a todo tipo de arreglos y ha impedido escoger al mejor generador técnica y comercialmente. Es otra anomalía que ya estamos pagando y que seguiremos pagando durante quince o veinte años más.

Señalemos también que en 2007 el gobierno de Taiwan donó a Nicaragua 27 MW en plantas térmicas. Pero esas plantas desaparecieron como plantas estatales para después aparecer en poder de Albanisa. Esos 27 MW debían haber hecho un contrato con las distribuidoras con cero valor de potencia porque eran una donación al pueblo nicaragüense. Esto hubiera contribuido a reducir la tarifa eléctrica. Sin embargo, ese generador, que fue donado al Estado, está hoy en los haberes privados de Albanisa con un cobro de potencia que afecta la tarifa eléctrica.

A partir de 1990, al reiniciarse la actividad económica después de la guerra de los años 80, aumentó bruscamente en Nicaragua el consumo de petróleo por la instalación de plantas térmicas. En esos años descendió la energía geotérmica y la hidráulica. Entre 1990 y 2003 se duplicó el parque generador. Y el 80% del suministro eléctrico dependía de plantas térmicas. Hoy, con la política de cambio de la matriz energética, la energía eléctrica obtenida a base de petróleo ha descendido al 49%. Sin embargo, la tarifa de electricidad no ha descendido un ápice. Con la baja del petróleo que estamos viendo desde julio de 2014 la población demanda una reducción tarifaria, en correspondencia con el ahorro de la factura petrolera. Técnicamente, lo que está detrás de la discusión que escuchamos hoy sobre el porcentaje de reducción que debía tener la tarifa es la variación del precio medio de compra, en barras de media tensión. Es realmente simple calcular ese precio cada día, cada mes, cada año, en cualquier momento. No se requiere esfuerzo para calcular cómo el precio del petróleo afecta el precio medio de compra de energía. El CNDC informa diariamente el valor del precio medio de compra que resulta del despacho de los generadores por mérito económico, en virtud de su costo variable, para cubrir la demanda horaria de la curva de carga del sistema. El CNDC entrega ese documento al INE y esta institución reguladora sabe cuánto va a disminuir el precio medio de venta. Así que se sabe a ciencia cierta cuánto es el ahorro que se produce con la disminución del precio del petróleo. Que el gobierno haya dicho que hasta abril de 2015 se reunirá para decidir en cuánto se rebaja la tarifa no tiene sentido, porque saben el precio día a día y hora a hora con el documento de transacciones del CNDC. Tampoco es un problema proyectar hacia adelante el precio medio de compra usando software estadísticos que se nutren de variables que no tienen una correlación elástica. Es lo que INE hace todo el tiempo para definir el precio medio de venta que se expresará en el pliego tarifario.

Lo que no se sabe, en realidad, es cómo van a justificar la distribución arbitraria de ese ahorro. Porque seguramente el precio del petróleo se va a recuperar. La baja del precio es coyuntural. El conflicto actual es un conflicto de intereses a nivel mundial entre los grandes productores. En Estados Unidos están vendiendo por debajo del costo de producción con la técnica hidráulica de romper la roca (fracking). Con esa técnica cuesta 50-60 dólares producir un barril y cuando el precio internacional baja por debajo de los 50 dólares por barril han comenzado a cerrar las empresas estadounidenses que utilizan esa técnica. Arabia Saudita está bajando el precio para quebrar a esas empresas y así mantener su cuota de mercado, eliminando a los competidores estadounidenses. En este período de baja de los precios, ya han cerrado en Estados Unidos 34 de estas empresas. En la medida en que Arabia Saudita consiga quebrar esa competencia el precio del petróleo subirá de nuevo.

Más allá de la baja coyuntural del precio observemos en el plan indicativo de expansión del sistema, elaborado por el MEM, cómo vamos a generar energía eléctrica en los próximos años, por lo menos, hasta el año 2019. Se programó la hidroeléctrica Larreynaga (14 MW), para entrar en 2014, pero no entró aún. El plan anuncia para 2015 los 140 MW de generación térmica, con motores de media velocidad, de los cuales ya hablamos. Luego entraría el volcán Casita, que es energía geotérmica. Se plantea que entregue al sistema 35 MW en 2016. Esta planta aportaría potencia y energía de manera continua, a un precio menor que el de los generadores eólicos, que si salen de operación porque el viento no sopla dentro del rango de trabajo de los aerogeneradores, se requiere abastecer la demanda con la reserva rodante de otros generadores o se debe despachar un generador menos eficiente. Es muy favorable la energía geotérmica, pero es poco probable que el Casita pueda entrar a operar en 2016. En el plan de expansión también se anuncian 24 MW de generación por biomasa para 2015 y 32 MW más para 2016. Muy probablemente esa energía sí entrará al sistema porque es de interés de los ingenios azucareros obtener una renta considerable a partir del bagazo. Hoy los ingenios se han percatado que vender energía eléctrica usando el bagazo como energía primaria les es más rentable que vender el azúcar. El bagazo es un subproducto de descarte con un volumen que les es difícil de manejar.

El otro gran proyecto en el plan de expansión, que merece comentario aparte, es la hidroeléctrica Tumarín, supuesta a aportar 253 MW en 2018, aunque con toda seguridad no entrara en operaciones antes de 2020. El caso de Tumarín es particularmente importante porque si este generador entra al sistema abastecerá el 33% de la potencia demandada y el 23% de la energía eléctrica que consume Nicaragua. Hay consecuencias serias cuando en un único punto de entrega, un único generador, con una gigantesca planta hidroeléctrica, dada nuestra realidad, abastece tan alto porcentaje de la demanda del país. Una contingencia que afecte esa planta o a su interconexión resulta inmanejable para la confiabilidad del suministro.

Otro aspecto negativo de Tumarín es que, al tener Nicaragua un potencial geotérmico tan alto, un aprovechamiento importante de la energía de los volcanes por medio de plantas “mus trun”, plantas que aportan energía de base al sistema, en operación constante durante 24 horas diarias, esto podría chocar, en algunas horas de la madrugada -cuando baja la demanda en el país- con lo que genere Tumarín. Es por eso que en el contrato, la estatal brasilera Electrobras, en sociedad con la empresa privada brasilera Queiroz Galvao -que construirán Tumarín-, exigen que la energía que genere Tumarín sea despachada antes que cualquier otra. Ante esta eventualidad ningún banco querrá financiar un proyecto geotérmico si se limita expresamente el criterio de que la energía geotérmica es “must run”. Vale considerar que en la cordillera volcánica del Pacífico disponemos de un potencial geotérmico de 1,500 MW y que el calor bajo la superficie del planeta, a 10 mil metros de profundidad, posee 50 mil veces más energía que todo el petróleo y el gas natural que existen en el planeta Tierra.

También exige Tumarín en el contrato que la tarifa debe pagar la energía que Tumarín proyecta generar, 1,108 gigawatts (GW) hora al año, aun cuando haya una crisis de cualquier tipo que impida la generación. Por ejemplo, aunque no haya agua suficiente en un período de sequía por efecto del cambio climático. En cualquier circunstancia habrá que pagarle 1,108 GW hora. Naturalmente, eso impactará la tarifa de energía eléctrica porque si Tumarín no genera esa energía, otro generador lo hará y habría que pagarle a ambos. En esta eventualidad han introducido en la ley de Tumarín que se le haga otro préstamo a la tarifa para que no suba la energía, endeudando nuevamente a los consumidores, que no tienen por qué asumir los riesgos operativos de ese generador.

Además de todo esto, se debe considerar que Tumarín es una planta generadora que depende del ciclo hidrológico. Seguramente generará energía a plena capacidad durante seis-ocho meses y pasará varios meses sin generar. Eso significa que se necesitará otro generador de reserva durante los meses secos, que estará apagado buena parte del año, pero que cobrará su potencia sólo por generar unos tres meses al año por complementar a Tumarín. Esto implicará un contrato con otro generador estacional, para cuando Tumarín no genere.

¿Por qué Tumarín no puede generar todo el año, como lo hace Hidrogesa, optimizando el despacho de la planta? Tumarín presenta un inconveniente estructural: es una planta hidroeléctrica a filo de agua. Las plantas hidroeléctricas muy pequeñas no justifican la construcción de un embalse y generan a filo de agua, mientras el agua corre. En 1965, en tiempos de Somoza, se instaló la planta hidroeléctrica Centroamérica y se le construyeron dos embalses, el de Apanás aguas arriba y el de Asturias aguas abajo. Del de Asturias se bombea parte del agua turbinada hacia el embalse de Apanás. Ambos embalses almacenan millones de metros cúbicos de agua. También a la planta Santa Bárbara, que genera con el agua turbinada por la Centroamérica, se le construyó un embalse, llamado La Virgen.

Los embalses permiten una regulación anual y el Centro Nacional de Despacho de Carga puede disponer de la energía potencial almacenada en el agua embalsada. Esto no sucede con el vapor geotérmico, que no se almacena y que hay que usarlo continuamente. La energía del agua sí se puede tener almacenada como si fuese una batería. Eso le permite al CNDC planificar un despacho óptimo en función del precio del petróleo. Le permite hacer un despacho hidrotérmico en base a la disponibilidad del agua almacenada.

En una planta a filo de agua, como será Tumarín, no se puede almacenar energía. Es inconcebible que se haya autorizado una planta tan gigantesca, que aproveche a filo de agua nuestra cuenca fluvial más abundante y de forma que no se le permite al CNDC regular a conveniencia esa energía. Jamás se debió haber permitido usar así esa cuenca riquísima. Por ser una planta a filo de agua cuando Tumarín esté generando estará desperdiciando agua.
Verterá agua sin turbinarla. En los meses secos su capacidad de generación se reducirá en un 90%. Es más el agua que recibe que la que puede aprovechar y es por eso que incrementó la potencia original de los generadores pasándolos de 180 MW a 253 MW, de manera que disminuyó el pequeño embalse original y empeoró el factor
de planta. Ahora generará 200 GW hora adicionales con una inversión parcial relativamente pequeña, al incrementar únicamente la potencia de los generadores. Así, con una economía de escala, redujeron considerablemente los costos de la energía generada, pero sin trasladar ese ahorro al precio de venta contractual. ¿Se hizo esto por negligencia? No. Se hizo porque nadie salvaguarda en Nicaragua el interés del país. El trabajo de ingeniería para construir un embalse que permita regulación del agua es costoso y la empresa brasilera que construye Tumarín está aprovechando lo que se llama una presa enroscada: hará la presa en medio de una garganta que se abre en las rocas adyacentes en el sitio de máquinas. Con eso se evitan costos.

Para finalizar, en las últimas negociaciones se le añadió a la ley de Tumarín un beneficio más, con la justificación de darle por fin el banderillazo de salida a una obra que tiene ya siete años haciéndose… pero no comienza.
El añadido consiste en que el contrato de operación comercial era por 26 años y después la planta pasaba a ser de nuestro país, lo que llevaría a cero el costo de esa energía en la tarifa, salvo costos de mantenimiento
y de operación. Pero los empresarios de Tumarín consiguieron que el contrato se ampliara por nueve años más, a cambio de construir una carretera de 52 kilómetros, a un costo de 21.7 millones de dólares, entre San Pedro del Norte y Tumarín. A cambio de esa carretera le entregaremos en esos nueve años adicionales que se le han concedido a la empresa más de 380 millones de dólares, lo que contribuirá a que no baje la tarifa. Así, por la discrecionalidad arbitraria de este gobierno, la tarifa eléctrica financiará con creces el costo de inversión de esa carretera, con un alza considerable del KW hora, lo que, obviamente, es una grave distorsión de la función del sistema eléctrico.

El plan de expansión elaborado por el Ministerio de Energía que hemos comentado está proyectado hasta el año 2027. El cambio en la matriz energética significará, para esa fecha, que sólo un 7% de la energía se producirá con petróleo y sus derivados. Pero hay que tener en cuenta que se trata de un plan solamente indicativo. En realidad, de la cartera de proyectos que el gobierno presenta en el plan se ejecuta sólo lo que atraiga el interés comercial de los inversionistas y en un ambiente altamente concesional.

Otro aspecto que explica lo alta que es la tarifa de energía eléctrica en nuestro país es la ampliación de la electrificación. Hemos pasado del 59% de electrificación a más del 85%. Pero la electrificación de un 30% más del país no ha significado más ingresos para la distribuidora, sino que ha producido un incremento de las pérdidas comerciales de energía. La distribuidora, bajo la administración primero de Unión Fenosa
y después de Gas Natural, había logrado bajar hasta el 19% las pérdidas comerciales. Hoy han vuelto a subir al 26-28% por efecto que la electrificación en las zonas rurales, donde la densidad de carga por kilómetro de línea es sumamente baja y la medición, lectura, facturación y cobro no resultan rentables. Para paliar esto, en lugar de que el gobierno aporte el subsidio correspondiente, de carácter social, coherente con el proyecto de extender al campo la electrificación, se analiza hoy si se traslada ese costo a la tarifa, incrementando para ello el factor de expansión de pérdidas. Esto significa que el resto de los clientes pagaremos la expansión del costo de compra al precio medio de venta para que la distribuidora no pierda nada. De este modo la electrificación elevaría ulteriormente la tarifa. La electrificación rural debería hacerse previendo una tarifa social, posiblemente del 100%. Así el Estado contribuiría a subsidiar la energía a los sectores más pobres. Hoy, la tarifa social en Nicaragua es el 15%, la más baja de toda América Latina.

Finalmente, algunos se preguntan si hay en Nicaragua suficiente energía para abastecer la demanda asociada a la construcción y posterior operación del posible Canal Interoceánico. Lo que debemos preguntarnos es sobre
la energía que necesitarán los proyectos especulativos de Wang Jing, porque ni una sola de las acciones realizadas hasta ahora nos indica que estén trabajando en un proyecto de ingeniería de la envergadura del Canal. Por ningún lado hay visos de que haya financiamiento para el Canal y sin financiamiento no hay proyecto. Para que haya financiamiento tiene que haber estudios de factibilidad técnica muy profesionales, y sobre esa base, sobre la estimación detallada de los costos de construcción, con diseños a nivel de detalle, sobre la base de estudios multidisciplinarios de ingeniería, se podría estimar la rentabilidad financiera en escenarios válidos de competitividad comercial. Y de todo esto no conocemos ni una coma. Lo único que hay son discursos sobre el Canal, como una justificación para apoderarse de todas las tierras que en Nicaragua tienen valor turístico y valor ambiental. Para apoderarse de los recursos hídricos, sin que se defina o se limite el área de la concesión. En Ometepe el proyecto de Wang Jing anuncia que hará senderismo de volcanes y para eso se van a apropiar de todas las tierras que llevan al volcán Maderas y al volcán Concepción. En San Miguelito, donde están humedales muy valiosos, Wang Jing ha anunciado que proyecta construir un campo de golf para torneos internacionales. En la reserva de Punta Gorda, su proyecto es de senderismo de selva o de aventura. En el lago artificial que piensan hacer, denominado lago Atlanta, con casi 400 kilómetros cuadrados de superficie, piensa hacer un proyecto de cría de pescados para vender en China. En Rivas piensa construir casinos, cuatro hoteles y un centro residencial de 140 mil viviendas. Hará también un aeropuerto para conectar Europa y Sudamérica pasando por Nicaragua. Hará bodegas de almacenamiento comercial y tanques de almacenamiento de combustible cerca de Brito, en Rivas, y uno o dos puertos de aguas profundas. Todo eso piensa hacer, pero no hará el Canal. Para todos esos proyectos, ajenos al Canal, Wang Jing anuncia que instalará fábricas de cemento y fábricas metalúrgicas. Y para abastecer la energía que demande ese país bajo su control, segregado de Nicaragua, Wang Jing anuncia que construirá una planta de 200 MW de generación.

A lo largo de esta exposición hemos descrito un sistema muy ineficiente. Realmente, a nadie le beneficia la ineficiencia. Es decir, nadie busca la ineficiencia como un objetivo. La ineficiencia es el resultado de un sistema corrupto. Quienes sesgan la industria eléctrica, quienes incrementan el precio de la energía para obtener provecho y eluden la competencia de las licitaciones públicas y se coluden con las autoridades para invertir lo menos posible para maximizar ganancias, generan sobrecostos e ineficiencias. Establecer reglas de mercado a la medida, sin la debida regulación y sin el debido control, lo que provoca es corrupción. Cuando hoy tenemos un regulador que no cumple su función y tenemos la política centralizada en unas únicas manos, esto va dando lugar no sólo a la corrupción y a la ineficiencia, sino a políticas que nos están llevando a un desastre. El día en que el país recupere un orden jurídico saldremos de lo que esta camarilla ha distorsionado en su propio provecho y todo eso retornará a manos del Estado. Pero no será posible revertir todo el daño. Durante un tiempo habrá una consecuencia inercial en otros contratos y habrá que considerar en las medidas correctivas, la renegociación de acuerdos, para que Nicaragua no se cierre responsablemente el acceso al financiamiento internacional.

Espero que al llegar al fin de esta charla resulte comprensible por qué Nicaragua tiene las tarifas eléctricas más caras de Centroamérica. Y si todavía alguien me pregunta por qué no baja la tarifa cuando disminuye el precio del petróleo, debo confesar que, aunque yo no lo comprendo, puedo explicarlo con una analogía muy sencilla, ya que en la vida explicar cómo las cosas ocurren no significa desentrañar por qué ocurren de esa forma. Veamos la analogía: antes de las vacaciones de este verano la policía de tránsito ha enviado a 400 de sus agentes a imponer diariamente 30 multas cada uno. Eso significa mensualmente una recaudación ilegítima importante: 109 millones de córdobas. Los oficiales que multan ordenan además al conductor que lleve el vehículo multado al depósito vehicular de la alcaldía de Managua, donde le cobran al conductor el servicio de una grúa virtual… Pues bien, Caruna, empresa prestamista de la familia en el poder, toma nuestro ahorro en costes energéticos en pago de otra “grúa virtual”, lo que nos indica que habrá que conducir virtualmente con precaución en el mercado eléctrico nicaragüense, mientras la realidad que hoy tenemos sea transformada.

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