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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 394 | Febrero 2015
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El Salvador

Pueblos originarios: avances y deudas pendientes

“Este gobierno quiere ser el primer gobierno que, en nombre del Estado salvadoreño, haga un acto de contrición y pida perdón a las comunidades indígenas por la persecución, por el extermino de que fueron víctimas durante tantos y tantos años. A partir de este día terminamos oficialmente con esa negación histórica de la diversidad de nuestros pueblos…” Era el 12 de octubre de 2010. Con el gobierno de Mauricio Funes inició un cambio sustancial hacia los pueblos originarios. Desde entonces ha habido avances importantes, pero quedan deudas pendientes.

Elaine Freedman

El 22 de enero se conmemoraron 83 años de la insurrección y de la masacre de indígenas y campesinos de 1932.

Tres días después de la captura de Farabundo Martí, Alfonso Luna, Mario Zapta y tres campesinos más, miles de salvadoreños, la mayoría indígenas, armados con machetes y piochas, algunos fusiles Mauser y alguna que otra pistola, se tomaron una docena de pueblos del occidente del país: Izalco, Nahuizalco, Sonzacate, Salcoatitán y Juayúa, en el departamento de Sonsonate; Tacuba, departamento de Ahuachapán; Teotepeque, Colón, Armenia y Tepecoyo, en La Libertad. Pretendieron también tomarse los cuarteles de las cabeceras departamentales de Sonsonate, Ahuachapán y Santa Tecla, para lo que controlaron las carreteras y cortaron las comunicaciones. En los pueblos tomados, los insurrectos instalaron como alcaldes a los candidatos del Partido Comunista, víctimas de fraude o cuya victoria fue anulada en las elecciones celebradas 19 días antes, el 3 de enero. En Juayúa, Francisco Sánchez, líder rebelde, recogió todas las escrituras de propiedad y elaboró un plan para entregar las tierras a los indígenas.

1932: INSURRECCIÓN Y MASACRE

50 años de despojos de tierras de las comunidades indígenas y una legislación represiva, que convirtió al campesinado, mayoritariamente indígena, en masa jornalera de los cafetaleros, la crisis capitalista mundial en 1929, la represión sistemática de la organización y movilización popular, el fraude electoral en las contiendas municipales y legislativas de enero de 1932, cuando el joven Partido Comunista había participado y ganado en varios lugares, fueron algunas de las razones del inevitable levantamiento armado.

Feliciano Ama y otros dirigentes indígenas organizaron la insurrección, a la que se sumó el Partido Comunista. Jorge Arias Gómez resume así el momento: “Los rápidos acontecimientos llevaron al Comité Central a cumplir con el deber revolucionario de no abandonar a las masas en su firme determinación de llevar adelante, sin reparar en riesgos y cruentos sacrificios, la insurrección armada”. Y Roque Dalton concluye: “Entre la espada y la pared, los comunistas escogieron el camino heroico de la espada, el camino de morir junto a su pueblo”.

El Presidente de la República General Maximiliano Hernández Martínez respondió con brutalidad. En menos de 72 horas derrotó a los insurrectos, que contaban con un apoyo popular importante, pero carecían de armas, preparación y planificación militar. En pueblos como Nahuizalco y Tacuba, casi todos los hombres que no lograron esconderse, jóvenes y mayores por igual, fueron asesinados. La masacre de 1932 tuvo como saldo más de 30 mil muertos.

1524: LA CONQUISTA

En junio de 1524 Pedro de Alvarado ingresó al territorio de Cuscatlán desde Guatemala con aproximadamente 250 soldados españoles y unos 6 mil indios.

El territorio invadido estaba habitado por grupos étnicos diversos, principalmente los pipiles, los mayas-chortís y los lencas. Los pipiles predominaban en el occidente del territorio, los mayas-pokomames ocupaban pequeñas zonas del norte y occidente y los lencas-kakawira habitaban las tierras del oriente y el nororiente. Las cuatro concentraciones poblacionales más importantes eran los Izalcos (en la región occidental), los Cuscatlán (en la central), los Nonualcos (en la zona centro-paracentral) y los Lencas (en el oriente). Según el historiador Rodolfo Barón Castro, la población nativa oscilaba entre 116 mil y 130 mil personas en 1524.

En una de sus primeras cartas a España, Pedro de Alvarado anunció: “Deseando talar tierra y conocer los secretos de ella, para que Su Majestad fuera más servido aún, señorearse más territorios, determiné partir. Hablaban ahí otra lengua y era otra gente de por sí, los naturales del lugar”.

Según el historiador Santiago Barberena, el primer poblado que encontraron fue Nahuizalco (Mojicalco), pero estaba desolado. Los habitantes se habían escondido en los montes. Lo mismo sucedió cuando llegaron a Izalco. En las afueras de esta ciudad existe, hasta la fecha, una poza llamada “de la conquista”, donde Alvarado, sin aún haber ganado una batalla, exigió a los pobladores someterse a España. Los conquistadores hallaron un pueblo tras otro despoblado antes de encontrar su primera resistencia armada en Tacuxcalco, cerca de Acajutla. La demostración militar de los pipiles fue importante y causó un importante número de bajas y heridas, incluyendo al propio Alvarado. Sin embargo, el poderío militar de los conquistadores, con sus caballos y armamento, era muy superior.

TRES SIGLOS DE DESPOJO

Simbólicamente, la batalla ha persistido en la historia como un acto de dignidad y rebeldía frente a la dominación. Pero no logró frenar el proceso de despojo político, económico, social y cultural iniciado en 1524.

El papel de la Iglesia católica en el despojo fue de especial importancia. La histórica alianza entre la espada y la cruz fue un eje principal de la dominación y del despojo cultural, tan destructivo como la eliminación física.

Los españoles impusieron la encomienda, que ordenaba que grupos de indígenas quedaban “encomendados” a la “protección” de un español. Trabajaban gratuitamente para él y le entregaban en especie un tributo. Cacao, algodón, añil y bálsamo fueron los productos cultivados con la fuerza de trabajo de los pobladores originarios y comercializados por los españoles, que iniciaron así un proceso de apropiación de tierras comunitarias para fundar sus haciendas.

La colonización significó el despojo total de los pueblos originarios para crear un nuevo orden organizado racialmente. Las clases dominantes eran los nacidos y venidos de España y sus herederos, los criollos, hijos de españoles ya nacidos en estas tierras. A la par fueron surgiendo y multiplicándose los mestizos (cruce de españoles y criollos con mujeres indígenas), a quienes se les otorgó el papel de administradores y el trabajo manual más calificado, aunque no gozaban del derecho a la propiedad privada. La clase más baja eran los indígenas, que trabajaban en las propiedades de la clase dominante, en régimen de esclavitud.

1830: LA REBELIÓN
DE LOS NONUALCOS

Con la independencia de Centroamérica en 1821, nada cambió para la población indígena. Su pobreza se fue acentuando hasta la miseria y hasta convertirse en regla. El gobierno reclutaba a los indígenas para reprimir a los ladinos que protestaban. Los ladinos integraban la clase social dominada o subordinada, mayoritariamente mestiza, que hablaba español y se comportaba culturalmente como los peninsulares.

En 1832 un grupo de indígenas se levantó bajo el liderazgo de Anastasio Aquino. Empezaron intentando arrebatarle a los militares los reclutas indígenas, que no querían participar en una lucha que no era suya. Conformaron un ejército de 4 mil hombres y protagonizaron “la rebelión de los Nonualcos” bajo la consigna de “La tierra para quien la trabaja”. Aprovechaban ocasiones para desarmar a las patrullas y quitarles sus armas. Tomaron varios poblados y tuvieron mucho apoyo popular, pero más pudo el gobierno de los criollos con su ejército, armado con el apoyo de los terratenientes. En abril de 1833 Anastasio Aquino fue capturado, fusilado y decapitado. Su cabeza fue exhibida públicamente en una jaula con un rotulo que decía “Ejemplo de revoltosos” para atemorizar a los pobladores para que supieran las consecuencias de la lucha por la justicia.

CAFÉ: ACUMULACIÓN CAPITALISTA Y MÁS DESPOJO

Un período de 40 años (1860-1900) marcó el inicio del modelo capitalista en El Salvador. En otros países el capitalismo surgió como un sistema modernizador, industrializador, promotor de transformaciones económicas. En El Salvador se asentó sobre los latifundios cuasi feudales dedicados al monocultivo del café.

En ese periodo los cultivos de café tuvieron un crecimiento exponencial de 1 por ciento a 1 mil por ciento. La siembra del café en Santa Tecla pasó, por ejemplo, de 207 mil árboles a 2 millones 380 mil en los primeros 20 años. Esto provocó una ola migratoria de familias europeas con alguna experiencia en la producción y comercialización del grano. Junto a algunos criollos ricos, utilizaron el café para acumular riquezas que invertirían con los años en otros sectores productivos, industriales, de servicios, comerciales y financieros.

La realización del sueño dorado de estas familias exigía más y más concentración de tierras. El cultivo de café para la exportación requería de extensiones cada vez mayores. El 26 de febrero de 1881, durante la presidencia de Rafael Zaldívar, se aprobó la Ley de Extinción de Comunidades, que establecía: “La existencia de tierras bajo la propiedad de las comunidades impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo. Su existencia contraría los principios económicos y sociales que la República ha adoptado.”

Según Héctor Lindo Fuentes, el 40% de las propiedades comunales fueron expropiadas y el 73% de las tierras ejidales pasó a manos del 5.68% de los nuevos propietarios. Poco después, la Ley de Extinción de Ejidos amplió y reforzó el proceso de división de las tierras, que permitía transferirlas a individuos y a familias criollas.

LA LEY CONTRA “LA VAGANCIA”

Paralelamente, se generó un proceso que el mártir jesuita Segundo Montes llamó “la proletarización del pueblo indígena”. La Ley contra la Vagancia era una herramienta jurídica para garantizar la mano de obra necesaria para el cultivo y cosecha del café. Dice Montes: “A los que no tuvieran una tierra propia ni estuvieran contratados permanentemente en alguna finca, se les consideraba como “vagos” y se les obligaba a trabajar en las fincas que lo solicitaran y en las condiciones laborales propias de la época. Para dar mayor eficacia a las medidas se creó un cuerpo especial en el campo, la Policía Rural”.

“Como consecuencia -continúa Montes- las comunidades indígenas se vieron privadas de sus medios de subsistencia ancestrales: las tierras comunales de las que obtenían su sustentación básica. Arrebatándoles su base económica, el deterioro de su conformación étnica, cultural, social y política sería definitivo y progresivo”. Como elemento acelerador del proceso de desintegración de las comunidades y de la identidad indígena, Montes identificó la transformación de los indígenas en proletariado rural, por “su entrada forzosa en la fuerza de trabajo de la producción del café”.

A lo largo del período del despojo que antecedió a la insurrección y masacre de 1932, se dieron más de 40 levantamientos, según la historiadora Virginia Tilley. La mayoría fueron locales y espontáneos y, aunque mantenían viva la llama de la resistencia, ninguno fue capaz de cambiar la historia de despojo de las tierras, de la cultura y de la identidad de los pueblos originarios.

DESPUÉS DE 1932

La masacre de 1932 fue el sello del despojo. Indígenas, hombres y mujeres, dejaron de usar su idioma materno y sus vestidos y dejaron de practicar sus tradiciones. Por miedo. Dejaron de transmitir su riqueza cultural a sus hijos y a sus hijas como una forma de proteger sus vidas. Así fue como la organización y la identidad indígenas sufrieron mayor deterioro.

Medio siglo después, cuando la lucha armada de liberación se convirtió en guerra civil, muchos indígenas se integraron a las organizaciones revolucionarias, miles lucharon por la liberación de El Salvador, y muchos vieron a sus familiares destazados en masacres como la de El Carrizal (13 de julio de 1980) y Las Hojas (22 de febrero de 1983).

UN CENSO CON SESGO RACISTA

La injusticia y la marginación se expresan hasta en los datos oficiales sobre los pueblos originarios. El último censo poblacional de la Dirección General de Estadísticas y Censos, realizado en 2007, cuando aún gobernaba ARENA, fue fuertemente cuestionado por Naciones Unidas y por el sector indígena. “Había un fuerte sesgo racista en las preguntas” -recuerda Gustavo Pineda, actual Jefe de la Dirección de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia-. Hubo preguntas mal formuladas y muchas veces los encuestadores ni preguntaban a la gente por su identidad, sino que les miraban y si tenían tez clara, sin hacer la pregunta, se decían: “Éste es mestizo”. Las opciones se leían textualmente: Blanco, mestizo (mezcla de blanco con indio), indio, negro (de raza). Esto es un enfoque fenotípico, basado en el color de la piel, no en factores étnico culturales, como se debe definir a los pueblos indígenas”.

Con estos parámetros, el documento concluía que solo existían 13,310 indígenas en El Salvador, representando un 0.2% de la población nacional, cifra muy lejana de los 500 mil o 600 mil estimados por la Secretaría para Asuntos Indígenas del Gobierno de El Salvador en 1999.

Los pueblos indígenas, asesorados en ese momento por el mismo Pineda, interpusieron cuatro amparos contra el Censo, pero todos fueron rechazados por la Corte Suprema.

UNA DEUDA PENDIENTE:
UN CENSO REAL

El “Perfil de los Pueblos Indígenas”, elaborado por el Banco Mundial en 2003 cuenta con algunas estadísticas más cercanas a la realidad. Con relación a la seguridad social, el estudio señaló que para ese año sólo el 3,2% de indígenas contaban con seguro social, mientras que el 17% de la población nacional contaba ya con ese beneficio.

En ese documento se leía que el 61% de indígenas jefas y jefes de familia se dedicaban a la agricultura, el 18% se reconocía como amas de casa, el 6% eran jornaleros, el 2.8% artesanos y el resto eran motoristas, cargadores, cañeros… Hasta el momento, es la información más actualizada que existe. Sin embargo, además de estar ya desactualizada, no cuenta con credibilidad suficiente para dar cuenta de la realidad.

Será hasta el año 2017 cuando se incorporará la categoría de “pueblos indígenas” y “afrodescendientes” al cuestionario del censo. Un censo real de la situación de los pueblos indígenas sigue siendo una deuda con estos pueblos. Y con todo el país.

CON EL GOBIERNO DE FUNES
INICIÓ EL CAMBIO

“A partir del año 2009 se abrieron las puertas”, comenta Margot Pérez de Cortez, miembro del Consejo de Pueblos Originarios Nahua-pipil de Nahuizalco (COPONAPN). Según ella, “el fortalecimiento de las organizaciones indígenas se da con el gobierno de Mauricio Funes”.

En 2010 se produjeron dos acontecimientos importantes, que representaron un giro en la situación de los pueblos indígenas.

En agosto de 2010, por primera vez, el país reconoció ante Naciones Unidas que El Salvador es un país multicultural y pluriétnico, un cambio importante en la visión del Estado que desde su fundación en el siglo 19, se vio a sí mismo como un país mestizo, hispanoparlante y católico.

Ese mismo año 2010, el gobierno convocó el primer Congreso de Pueblos Indígenas de El Salvador para discutir propuestas para desarrollar una política pública. El Presidente Mauricio Funes pidió perdón los participantes y a sus pueblos. “Este gobierno que presido -dijo- quiere ser el primer gobierno que en nombre del Estado salvadoreño, del pueblo salvadoreño, de la familia salvadoreña, haga un acto de contrición y pida perdón a las comunidades indígenas por la persecución, por el exterminio de que fueron víctimas durante tantos y tantos años… Terminamos a partir de este día, oficialmente, con esa negación histórica de la diversidad de nuestros pueblos y reconocemos a El Salvador como una sociedad multiétnica y pluricultural”.

LOS INDÍGENAS YA “EXISTEN”
EN LA CONSTITUCIÓN

Dos años después, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional coherente con esta declaración. El artículo 63 fue modificado para expresar: “El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Hasta junio de 2014 la Reforma se hizo ley, ya que toda reforma constitucional en El Salvador tiene que ser aprobada por una legislatura y ratificada con 56 votos por la siguiente. En estos dos años los indígenas tomaron las calles más de una vez para presionar por su ratificación.

El 12 de junio de 2014 se realizaron dos votaciones sobre el tema en la Asamblea Legislativa. En la primera vuelta se alcanzaron sólo 52 votos con el apoyo de las fracciones del FMLN, GANA, PCN, PDC y CD, y con los votos de Jesús Grande, Adelmo Rivas y Rigoberto Soto, tres diputados expulsados por ARENA en 2013 por haber dado sus votos para aprobar el presupuesto nacional. En la segunda votación se sumaron otros ex-miembros de la fracción de ARENA: Claudia Ramírez, Sigifredo Ochoa Pérez y Rodrigo Samayoa, así como el suplente del PCN, arenero durante la década de los 90, Francisco Merino.

ARENA SE OPUSO

Los 28 diputados de ARENA negaron sus votos para la reforma. Sólo Roberto D’Aubuisson, actual candidato de ARENA para la alcaldía de Santa Tecla, tomó la palabra para expresar que su concepto de nacionalismo reñía con el reconocimiento de los pueblos originarios de este país: “El pueblo salvadoreño somos uno solo, tener pueblos con leyes propias que van a exigir autonomía rompe con el Estado de gobierno”, dijo “Robertillo”, como le llaman sus admiradores al hijo del Mayor D’Aubuisson, jefe de los escuadrones de la muerte en los años 70 y 80, autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero y fundador del partido ARENA.

La posición del partido de la oligarquía fue consecuente con su cínica tradición de iniciar sus campañas políticas en el municipio de Izalco, lugar bañado en sangre por la masacre de 1932, en la que participaron algunos familiares de actuales dirigentes del partido, como el abuelo del ex-Presidente Calderón Sol, mientras muchos otros gozaron de las tierras confiscadas a los indígenas en los años previos a la matanza.

El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no fue un regalo que cayó del cielo. Nació del persistente trabajo de varias organizaciones durante más de diez años. La iniciativa entró en la Asamblea Legislativa en 2006. Más de 25 organizaciones indígenas participaron en esta lucha, mostrando la capacidad de unificarse para defender puntos comunes de una agenda nacional. El apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que apoyó la Mesa Permanente, también fue muy importante para alcanzar este avance.

OTRO AVANCE:
ORDENANZAS MUNICIPALES

En ese mismo período se iniciaron las luchas por una ordenanza municipal en Nahuizalco y posteriormente en Izalco. Concluyeron exitosamente. El 6 de julio de 2011 la alcaldía de Nahuizalco, gobernada por el FMLN, emitió una ordenanza sobre derechos de las comunidades indígenas asentadas allí, constituyéndose en la primera normativa de este tipo en la historia de El Salvador. La alcaldía de Izalco siguió esos pasos un año después.

Margot Pérez recuerda: “En el 2009 comenzamos a reunirnos en la Casa de la Cultura de Nahuizalco. Gustavo Pineda, en calidad de amigo y asesor, propuso la idea de hacer una ordenanza municipal y nos juntamos líderes de diferentes comunidades en torno a esta iniciativa. En ese entonces eran pocas las personas que se consideraban indígenas. Por lo tanto, pocos se acercaron. Otros no venían porque tenían miedo de que una exigencia de ese tipo de demandas podría ser un arma de doble filo que podría provocar represalias”.

“ANTES ERA UNA VERGÜENZA
SER INDÍGENA”

El proceso de sensibilización y concientización comenzó en la Casa de la Cultura, permeó las discusiones para elaborar el texto y continuó después de la aprobación. “Andábamos de cantón en cantón, de casa en casa, explicando la ordenanza y qué significa ser indígena. Reuníamos a los abuelos y hacíamos la reflexión. Este proceso duró como tres años”.

“Cuando la gente comienza a identificarse es que la Alcaldía toma más interés -relata Margot Pérez de Cortéz-. Teníamos un compañero en el Concejo Municipal, que pidió al Concejo su apoyo a la ordenanza. Nos reunimos varias veces con el alcalde para discutir el tema. Al principio, al Concejo Municipal le pareció una idea tonta. Pedrito Rodríguez, el concejal indígena, tuvo bastantes encontrones pero cuando les explicamos de qué se trataba, que necesitamos nuestra autonomía, vieron que teníamos razón. Fue un proceso paralelo con la elaboración el convencer a la alcaldía de que la ordenanza era una necesidad. A tres años de tener la ordenanza municipal, la mayoría de las personas ya se aceptan como indígenas. Antes era una vergüenza ser indígena. Hasta abuelas con sus refajos me preguntaban: “Hija, ¿hay indígenas todavía?” Hemos ganado bastante en aceptar como un orgullo ser indígena”.

DEUDAS PENDIENTES
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

En 2013, a iniciativa de las comunidades, la Dirección de Pueblos Indígenas, hoy conocida como Jefatura de Pueblos Indígenas, comenzó un proceso de consulta y construcción conjunta con 19 organizaciones indígenas para construir una propuesta de política pública. Esta política comenzaría a convertir la reforma constitucional en políticas concretas.

A lo largo de más de casi dos años de reuniones y talleres se fue avanzando poco a poco en una agenda común. Además de ir deliberando sobre distintas reivindicaciones y necesidades, se revisaron propuestas ya existentes como la Resolución del Congreso 2010; la propuesta de James Anaya, relator de Pueblos Indígenas de la ONU (2010); recomendaciones de ACNUR, de la PDDH (enero 2012), de la consulta ciudadana que realizó el FMLN en 2013-2014 y las de CLADEM (Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) en su documento sobre Derechos de la Mujer Indígena (2014). Actualmente todo esto está en estudio por el Ejecutivo, pendiente de su aprobación.

La propuesta contiene una estrategia de desarrollo social y otras de desarrollo económico, de derechos medioambientales y de gestión gubernamental. Busca convertir las principales reivindicaciones de los pueblos originarios en líneas de acción que hagan realidad el discurso de interculturalidad y buen vivir.

En educación se habla de permear los currículos a todos los niveles para incluir no sólo elementos culturales de los pueblos originarios sino su cosmovisión.

En el tema del lenguaje, no sólo se espera incluir en los currículos el náhuatl, una lengua que cuenta aún en El Salvador con unos 300 hablantes, sino también las lenguas que se perdieron, como el Pisbi de los Kakawira y el Potón de los Lencas.

En el tema de salud es un reto integrar la salud intercultural en la Reforma Integral de Salud. En Nahuizalco, a pesar de la Ordenanza Municipal, “en la Unidad de Salud no nos respetan nuestras tradiciones sanitarias”, dice Margot Pérez de Cortéz. “No aceptan que usemos medicina natural. Antes la gente tenían sus bebes en su casa y no morían. Ahora es prohibido, como también es prohibido poner fajero a los niños”. Incorporar los conocimientos de la medicina indígena para que las personas que así lo deseen puedan tener acceso a ellos es otra reivindicación pendiente.

LA LUCHA POR EL AGUA

También está pendiente generalizar las consultas de forma libre, previa e informada en temas que afectan
a los pueblos indígenas y respetar sus resultados, aún cuando estén de por medio intereses políticos y económicos.

La Ordenanza Municipal de Nahuizalco institucionalizó esas consultas en la municipalidad, pero la presión de empresas transnacionales para que la municipalidad avale sus proyectos ha sido más fuerte que la presión que pueden hacer los pueblos indígenas.

El tema del agua en Nahuizalco es ilustrativo. Los pueblos indígenas de la zona se sienten afectados por las diez represas que actualmente existen en el municipio, cuatro de ellas de forma ilegal. El talado de árboles ha afectado el medioambiente, el daño al caudal de los ríos es una amenaza a la seguridad alimentaria y a la sobrevivencia y la ocupación de lugares sagrados es una profanación, todas violaciones de los derechos de los pobladores indígenas.

El síndico de la alcaldía municipal de Nahuizalco, Luis Alberto Rolin, recuerda que cuando se construyó la Central Hidroeléctrica Juayúa se realizó una asamblea general en la que se convocó a las comunidades de Salcoatitán, Juayúa y Nahuizalco. “Era una consulta popular e indicaba que la gente estaba descontenta y en contra de que se ejecutara ese proyecto”. Pero sorpresivamente los medios de comunicación publicaron que la mayoría de los pobladores estaba de acuerdo. El informe llegó al Ministerio de Medio Ambiente con el aval de la alcaldía.

OTRA DEUDA PENDIENTE:
EL CONVENIO 169 DE LA OIT

Otra reivindicación pendiente para los pueblos indígenas es la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un instrumento jurídico internacional que puede constituirse en un respaldo importante para contrarrestar la negación histórica padecida por los pueblos indígenas. El Convenio ya ha sido ratificado por 20 países.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social valoró positivamente la viabilidad de ese Convenio para incorporarlo al marco jurídico nacional. Según René Paniagua, representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), su ratificación sería un importante paraguas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

LA DEMANDA MÁS GRANDE:
LAS TIERRAS

Margot Pérez de Cortéz afirma que el gran tema pendiente, entre todos los que históricamente se han acumulado, es el de las tierras. “Tienen que devolvernos las tierras que nos han quitado, en particular las que fueron objeto de las leyes del gobierno de Zaldívar, las tierras ejidales. Ahora esas tierras son privadas y muchas ni escrituras tienen”.

Llegar a acuerdos entre las organizaciones indígenas sobre cómo plantear este resarcimiento es difícil. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) ha tenido las primeras reuniones con las organizaciones indígenas para valorar sus demandas. “No es lo mismo quedarse en la generalidad de la consigna “Queremos las tierras” que pasar a lo concreto sobre cómo hacer producir las tierras con una cosmovisión indígena”, comenta Gustavo Pineda.

Los asistentes de la comunidad indígena al primer encuentro con Carla Alvanes, Presidenta del ISTA, expusieron la importancia del derecho a la tierra, el cuido de la Madre Tierra, el cultivo de semillas criollas y la reeducación y recuperación de identidad indígena.

Pérez de Cortéz va aún más lejos en su planteamiento: “Queremos una Comisión de la Verdad en el tema de las tierras para que se esclarezcan las cosas que han pasado”.

RECUPERAR LA MEMORIA

Sin duda, la lucha de los pueblos indígenas por su reconocimiento ha entrado en una fase acelerada desde que el FMLN tomó las riendas del poder Ejecutivo.

“Este gobierno tiene un interés muy claro en promover los derechos de los pueblos indígenas”, expresa Pineda. Muchas de las aproximadamente 50 organizaciones indígenas han aprovechado esta etapa para fortalecerse y prepararse para las luchas venideras. “Pero no es fácil desmontar siglos de negación”, dice Pineda. Es indiscutible que el despojo y exterminio de los pueblos indígenas ha sido una piedra fundacional de la República que las clases dominantes construyeron hace ya casi 200 años.

Recuperar la memoria histórica es clave para el desmontaje de esa construcción. Conmemorar el aniversario de la insurrección y masacre de 1932 no fue posible sino hasta hace poco más de una década.

El miedo y la marginación fueron tan grandes que las víctimas negaron su propia victimización y se convirtieron en sombras de sus victimarios.

Esta época oscura ya va llegando a su fin y poco a poco se va entendiendo que la historia de conquista, despojo y genocidio no pertenece sólo a la identidad indígena, sino a la identidad de todo el pueblo salvadoreño. Se va entendiendo que la identidad del pueblo salvadoreño es múltiple, multicultural.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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