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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 391 | Octubre 2014
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Nicaragua

El derecho a la verdad y el deber de informar verazmente

El derecho a la verdad que tiene la población para poder ejercer su ciudadanía se violenta tanto con la mentira como con el silencio o con la media verdad. Desde hace siete años el gobierno o calla o miente o suministra una información opaca sobre acontecimientos de gran importancia para todo el país.

Equipo Envío

Apenas un mes después del regreso de Daniel Ortega a la Presidencia de la República en 2007 se conoció la Estrategia de Comunicación para su nueva etapa en el gobierno. Fue elaborada por Rosario Murillo, que asumió como la responsable de su puesta en marcha. La Estrategia llevaba ya el sello de secretismo que la identifica hasta el día hoy, ya que se la había enviado sólo al círculo más cercano a Ortega y con esta orden: “No puede reproducirse o distribuirse”.

INFORMACIÓN “INCONTAMINADA”

La Estrategia, que naturalmente se filtró a los medios independientes, proponía que la información oficial, que es información pública, es decir, información accesible a toda la sociedad, debía salir “incontaminada”, y establecía que para lograr esa pureza saldría únicamente por los propios medios del FSLN.

En aquel momento esos medios eran pocos: sólo un canal de televisión, el de menor audiencia, varias radios de importancia variada, de alcance nacional o local, y la radioemisora que sí había mantenido por años el número uno en Managua y otras ciudades: la Nueva Radio YA. Hoy, el partido de gobierno ha comprado cuatro canales de televisión, tiene acciones en otros dos, propiedad del poderoso empresario mexicano Ángel González, controla varias emisoras de la capital con alcance nacional y ha comprado con diversas estrategias, no todas transparentes, decenas de emisoras locales. Opera también varias páginas informativas en Internet. Lo que no tiene es prensa escrita.

Desde sus medios “incontaminados” el gobierno no explica las razones de destituciones y “renuncias” de ministros, alcaldes y otros funcionarios, interpreta forzadamente el criminal atentado contra la caravana de simpatizantes del FSLN el 19 de Julio, fomenta la falta de transparencia en todo lo relativo al proyecto del Canal Interoceánico, ha manejado con silencios o con opacidad las cuentas de la cooperación venezolana y hasta ha difundido la increíble y singular historia de un meteorito que cae en Managua.

Son sólo algunas de las “informaciones” que están deteriorando día a día, golpe a golpe, versión a versión, la credibilidad del gobierno de Daniel Ortega y, poco a poco, su legitimidad.

“ESTAMOS CONVENCIDOS”:
FUE UN METEORITO

La historia del meteorito es el más sorprendente de los casos a señalar. A las 11 y 5 minutos de la noche del sábado 6 de septiembre una fuerte explosión conmocionó y alarmó a la población de la capital. El estruendo, que se escuchó a más de veinte kilómetros a la redonda, partió de una zona cercana a la Fuerza Aérea y al aeropuerto de Managua. En los barrios vecinos la gente reportó un fuerte olor a pólvora, residuos de un líquido viscoso y presencia de ambulancias.

Sólo hasta catorce horas después, y tras una explosión de preguntas sin respuesta, de rumores en las redes sociales y en las redes familiares, funcionarios del INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) anunciaron, pasado el mediodía del domingo, estar “convencidos” que la explosión se había debido a la caída de un meteorito. Como “prueba” los canales oficiales mostraron un agujero de unos 12 metros de diámetro en donde el meteorito habría impactado. Ningún periodista independiente pudo acercarse al lugar ni ese día ni ningún otro. La información “convencida” de los funcionarios del INETER fue corroborada por la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que pidió “tranquilidad” a la población y anunció que se había creado una comisión de científicos para estudiar “el fenómeno”.

El lunes 8 el meteorito era tema de conversación por todas partes en pláticas salpicadas de dudas, escepticismo y burlas. Científicos nacionales no integrados a la comisión oficial cuestionaban la versión del meteorito al no haber una sola evidencia de su entrada en la atmósfera dejando la estela de luz que los acompaña. Mucha gente no científica, pero curiosa y con acceso a Internet, se informaba en la red de qué es un meteorito, cómo se percibe, qué los causa... y dudaban de la versión oficial.

La NASA habló ese día descartando la opinión vertida el domingo por uno de los científicos de la comisión oficial, que se atrevió a aventurar que el meteorito nica podía ser un fragmento de un asteroide que anunció la NASA pasaría cerca de la órbita de la Tierra. Pero ni la hora ni la ubicación ni la trayectoria del asteroide tenían nada que ver con el evento de Managua, afirmó categóricamente la NASA. Sin embargo, desde el Consejo de Comunicación la “información” continuaba: “Ya hay interés de reportajes, artículos de revistas y organismos científicos que quieren venir a estudiar el fenómeno, porque es un fenómeno digno de estudiarse”, decía Murillo.

HABLA LA NASA

El martes 9 los dos diarios nacionales, “El Nuevo Diario” y “La Prensa”, amanecían con opiniones de expertos de la NASA. Como la noticia del meteorito había aparecido en varios medios internacionales, fueron consultados desde Nicaragua y desde otros países.

Paul Chodas, del Programa de Objetos Cercanos a la Tierra, se mostró escéptico: “No hubo reportes de una luz brillante, lo que es típico del choque atmosférico de un cuerpo del tamaño requerido para provocar el cráter observado. Tampoco hubo mediciones infrarrojas del trayecto del bólido”. Bill Cooke, de la Oficina Ambiental de Meteoritos, fue más concreto: “No creemos que se trate de un meteorito, creemos que la explosión corresponde a una tonelada de dinamita”.

Ese día los científicos de la comisión oficial retrocedieron al decir que el meteorito, del que estaban “convencidos” dos días antes, era sólo “una hipótesis”. Anunciaron que enviarían muestras de piedras extraídas del agujero causado por el ahora hipotético meteorito para ser analizadas en el extranjero. Pero el entusiasmo oficial no decaía. Uno de los científicos de la comisión oficial dijo que el “cuerpo extraño” alojado en el agujero daría para “muchas tesis doctorales en los años por venir”. Y así se escuchó en el diario mensaje de mediodía de la Coordinadora de Comunicación: “¡Que siga la investigación, que siga la búsqueda! Y que vengan los expertos que quieran venir de otros países a realizar su trabajo investigativo. Para nosotros, que caiga un meteorito en un país tan pequeño como el nuestro es un acontecimiento científico que saludamos y celebramos”.

HABLA EL EJÉRCITO
Y SE HACE EL SILENCIO

El miércoles 10 de septiembre, mientras la comisión de científicos parecía seguir trabajando sobre la “hipótesis meteorito” habló el inspector general del Ejército descartando la “hipótesis bomba”, que era para entonces la de cada vez más gente. “Fue un objeto que vino del cielo”, sentenció el general de brigada Adolfo Zepeda, y añadió: “Es difícil obtener una conclusión total, ni siquiera de la NASA ni de otros servicios especiales”.

A esta declaración siguió un total silencio y no hubo más información oficial sobre el meteorito, aunque en la calle y durante varios días mucha gente siguió hablando: otras hipótesis, chistes, rumores y más rumores, un show cómico y hasta una divertida canción de amor de un cantautor nacional… Mencionar “meteorito” es hoy motivo de risa en el país.

POLÍTICA INFORMATIVA:
UNA ÚNICA VOZ

Seguramente nunca sabremos qué ocurrió esa noche en los predios de la Fuerza Aérea. Lo que sí sabemos es que este episodio condensa varias de las características de la errada estrategia de comunicación del gobierno, de la política informativa de sus medios “del poder ciudadano”, recientemente apellidados medios “de la familia y la comunidad”.

Se trata de una comunicación totalmente centralizada, donde una única voz se impone y todas las voces se alinean o para repetir lo mismo o para no decir nada que añada, precise o complemente siquiera lo dicho por la única voz. Es una comunicación que, aunque debía ser información pública, del gobierno a la sociedad y no de un partido a sus militantes, casi nunca o nunca fluye hacia ningún otro medio que no sean los “incontaminados” medios partidarios.

En este modelo se evitan los periodistas que puedan hacer preguntas incisivas o incómodas, se elude el formato de las ruedas de prensa, sólo habla el Presidente ante audiencias cautivas, apenas hablan los funcionarios públicos sobre temas de interés público y cuando hablan su comunicación no verbal delata el temor que sienten a decir más de lo que se les orientó decir…

LA VERSIÓN DEL ATENTADO
DEL 19 DE JULIO

Aún más grave que la increíble y singular historia del meteorito es la información brindada a la población sobre el criminal atentado contra una caravana de simpatizantes del FSLN que regresaban del acto de celebración del 19 de Julio en Managua, en el que murieron cinco personas y una veinte¬na resultaron heridas.

Después de unas primeras declaraciones contradictorias, que revelaban nerviosismo ante el hecho, fueron capturados como sospechosos cuatro jóvenes campesinos militantes del FSLN, a quienes se acusó de un “operativo de contención”, que consistía en tirarle piedras a la caravana de autobuses para obligar a los vehículos, no a acelerar como dictaría la lógica, sino a reducir la velocidad, para que otros pudieran dispararles. La Fiscalía los acusó de ser “coautores de conspiración y proposición en la comisión de los delitos de crimen organizado en concurso real con los delitos de asesinato y lesiones gravísimas” en perjuicio de fallecidos y heridos y el juez pidió para ellos la pena máxima, 30 años de cárcel. Días después, el chofer de uno de los buses tiroteados fue sumado a la acusación como parte de la conspiración.

“HAY GATO ENCERRADO”

La confusa información recibida en esos primeros días por la población dio pie a todo tipo de especulaciones, rumores e hipótesis, a inquietantes preguntas y a una conclusión generalizada: “aquí hay gato encerrado”. Después de dos semanas de redadas y capturas hechas al margen de la ley, el 7 de agosto la Comisionada General de la Policía, Aminta Granera, dio por “esclarecido” el atentado presentando a quienes identificó como autores de los disparos y autores intelectuales, todos militantes liberales, siendo el décimo un oficial de reconocida trayectoria en el Ejército Sandinista, del que informó estaba prófugo.

La forma teatral (videos en que los detenidos se autoacusaban y demostraban, como en un teatro, cómo habían disparado, croquis que semejaban un videojuego…) con que se presentó el “esclarecimiento” del crimen, y la insistencia de Granera en que no había “ningún indicio de que se tratara de un acto político”, sino de “un acto criminal común”, contribuyó a erosionar la credibilidad en la versión oficial de un acontecimiento de tanto impacto nacional.

La más reciente encuesta de la empresa costarricense CID-Gallup, realizada entre el 8 y el 13 de septiembre, mostró una población totalmente dividida: un 47% de las personas encuestadas cree que la Policía Nacional logró resolver el caso y otro 47% cree que no lo hizo. Una buena parte del grupo incrédulo milita en el partido de gobierno o dice simpatizar con el FSLN.

“TENEMOS DERECHO
A LA VERDAD”

Después de informaciones contradictorias y en vísperas del juicio de los acusados -los campesinos “tira-piedras” y los autores de los disparos- se filtró a los medios independientes que la Fiscalía había citado a sus abogados defensores para proponerles una negociación. En el caso de quienes están señalados como autores de los disparos los abogados debían aceptar como ciertos los peritajes balísticos y otras pruebas sobre huellas y trazos de pólvora que incriminan a los acusados a cambio de agilizar el juicio. En el caso de los campesinos “tirapiedras” la oferta sería dejarlos libres a cambio de que confiesen que efectivamente sí se reunieron para planificar la masacre.

Este atajo jurídico para dar veracidad a las “pruebas” que “esclarecieron” el crimen que se atribuye a estas personas demuestra, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), “lo turbio” con que las autoridades han manejado el caso y su pro¬pósito de enturbiarlo aún más. “Tenemos derecho a la verdad -dice a Envío el director jurídico del CENIDH, Gonzalo Carrión- y desde el comienzo no nos han dicho la verdad de lo que realmente ocurrió ese día”.

LA VERDAD EN UN TEMA “SUMAMENTE DELICADO”

¿Qué ocurrió ese día? La dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Dora María Téllez hablaba así el 23 de septiembre en el programa de televisión Esta Noche: “Según la versión de la Comisionada Granera, si el atentado no era político, si no había motivación política, si nadie se lo acreditó políticamente, y hubo un alto volumen de fuego, hubo una conexión con el cártel de Los Zetas (uno de los acusados fue señalado de pertenecer a este grupo criminal), hubo una contratación de sicarios para actuar, porque lo que ella describió fue una operación de sicariato, entonces ¿cuáles fueron los motivos? ¿Habrá sido entonces una operación del narcotráfico?”

En la madrugada del 31 de agosto y durante una hora un grupo de unos 25 hombres armados atacó la base militar de San Pedro del Norte, en Paiwas, Caribe Sur, causando la muerte de un militar, según la versión oficial. Como en otras ocasiones, el Ejército y la Policía afirmaron que los armados pertenecían a un “grupo delincuencial”.

Téllez se refirió también a este hecho: “Dicen que ese ataque tampoco fue político… Entonces, ¿quiénes son estos delincuentes que tienen ese volumen de fuego para atacar durante una hora un puesto militar? Hay quienes dicen que eso fue una operación del narcotráfico. Creo que el gobierno nos quiere engañar, y nos quiere engañar en un tema que es sumamente delicado”.

Después del desempleo, citado en primer lugar (36%) en la última encuesta de CID Gallup -como en todas las que se hacen- aparece, por primera vez, como segunda preocupación de la población (20%), el uso y tráfico de drogas. “Una de las realidades -comentó también Téllez- que el gobierno quiere mantener tapada es todo lo relativo al narcotráfico. Toda la información se da desde la perspectiva policial y militar. Pero no hay ninguna institución gubernamental que haya puesto sobre la mesa el impacto del narcotráfico desde la perspectiva del consumo... Ese 20% de la población, por conocimiento indirecto, saben que está pasando más de lo que el gobierno nos está informando”.

LOS SECRETOS
DEL CANAL INTEROCEÁNICO

De considerable gravedad resulta también la falta de transparencia, la secretividad, los silencios y las informaciones dosificadas que la población ha recibido sobre algo tan trascendental para todo el país como la construcción del Gran Canal Interoceánico, concesionado en junio de 2013 por cien años a la empresa china HKND, dirigida por Wang Jing.

Casi toda la información sobre la empresa y el empresario la han obtenido medios independientes nicaragüenses monitoreando medios de comunicación internacionales. Sin su acuciosidad en la “pesca” de esas informaciones no sabríamos en Nicaragua apenas nada ni de qué hace o no hace HKND ni de quién es o quién dice ser Wang.

El equipo de Wang Jing dijo en julio en Managua que no podían decir quiénes invertirían los 50 mil millones de dólares que anuncian costará el Canal porque ésa es información confidencial.

Y Manuel Coronel Kautz, Autoridad de la estatal Comisión del Gran Canal, un importante funcionario público, también dice desconocerlo pero, sin inmutarse, lo justifica así: “Nosotros no tenemos por qué estar fiscalizando. Una vez que dimos la concesión ya estamos satisfechos de que esa persona (Wang) tiene la capacidad de hacerlo (el Canal)”.

¿ES UN PROYECTO
DE CHINA CONTINENTAL?

A falta de información, crece la convicción de que tras el proyecto del Canal está China continental y Wang Jing es sólo un emisario del celeste imperio, aunque funcionarios del gobierno han hablado de él como del exitoso dueño de una importante empresa privada.

Este mes se supo por declaraciones del director del Centro Ruso de Investigaciones Sociales y Políticas a un diario taiwanés que el gobierno de Rusia daría apoyo militar al gobierno de Nicaragua durante la construcción del Canal porque Rusia y China tienen interés en competir con el Canal de Panamá y tienen interés en “la contención de Estados Unidos”.

Según Álvaro Méndez, profesor de la London School of Economics en un informe de HISPAN TV, “hay un interés geopolítico bastante alto de China en este proyecto. Todo lo parece indicar. Parece ser que también están enviando un mensaje a Estados Unidos: si Estados Unidos se mete en su órbita, ellos también”.

También este mes, un análisis de Stratfor, empresa de Inteligencia Geopolítica Global, aseguró que el proyecto del Canal “responde a los intereses a largo plazo de Beijing, que busca rutas alternativas que no sean controladas por Occidente” y sugiere que al gobierno chino, más que el Canal, lo que le interesan son los subproyectos asociados al Canal, por su “tendencia de invertir en puertos alrededor del mundo”. Stratfor recuerda la importante presencia china en grandes proyectos de infraestructura por toda América Latina. Las implicaciones geopolíticas de la presencia china y rusa en nuestro país preocupan, pero no hay datos concretos que permitan dar sustento informado a tan justificadas preocupaciones. Ningún funcionario nicaragüense menciona nada de esto.

¿TANTOS EMPLEOS
Y NUEVAS CARRERAS?

Además de la legitimidad que tiene el Canal en el imaginario nicaragüense desde hace siglos, lo que mejor “vende” este proyecto a un sector de la población es el empleo que supuestamente generará.

Según el ingeniero Telémaco Talavera, activo vocero nica de la empresa HKND y presidente del Consejo Nacional de Universidades, gracias al Canal, en 2019 -cuando se anuncia concluirá su construcción- nuestra economía, tan ampliamente informalizada, tendrá ya a 2 millones de personas con empleos formales. Anuncia también Talavera que las universidades del país duplicarán en sólo un año la oferta de carreras universitarias desde pregra¬dos hasta especializaciones: si ahora ofrecen 361 carreras añadirán 315 nuevas.
Sin embargo, crece el temor de que serán profesionales y trabajadores chinos los que serán empleados mayorita¬riamente en la construcción del Canal. Según Álvaro Méndez, “el modelo de desarrollo chino implica importar todos los trabajadores de China. Eso es lo que están haciendo en África. Desde la mujer que limpia el piso y la que sirve el café vienen de la China. Si se sigue el modelo tradicional chino que hemos visto en África, quienes construyan el Canal por Nicaragua vendrán de la China y esa construcción beneficiará a China”.


EXPROPIADOS Y DESALOJADOS SIN INFORMACIÓN


Las fuentes oficiales de información pública sobre el megaproyecto canale¬ro son escasas en Nicaragua, son gran¬di¬locuentes en boca de Talavera y nulas en boca de otros funcionarios gubernamentales. Según la más reciente encuesta de CID Gallup, un resultado de esta política de comunicación es que el 55% de los encuestados “sabe poco o nada” sobre el Canal y el 42% “sabe algo o mucho”.

Quienes han empezado a “saber”, en cuerpo y en alma, en sus tierras y en sus casas, mas no con información, son los pobladores de municipios de los departamentos de Rivas, Río San Juan y Nueva Guinea, en donde desde agosto grupos de técnicos chinos, acompañados de efectivos armados del Ejército y de la Policía, efectúan “un censo de población, de bienes accesorios y clasificación de tierras” que servirá de base a la empresa china para expropiar tierras, reubicar poblaciones e indemnizar a sus propietarios.
La Ley del Canal deja a “entera discreción” de la empresa china una extensa lista de facultades. Entre ellas, la decisión de qué propiedades expropiar y en qué momento hacerlo. También establece la ley que la indemnización será “equivalente al valor catas¬tral”. Son muchas las tierras de esta zona del país no inscritas en el catastro y el catastro es una institución controlada por el gobierno, lo que genera aún más incertidumbre entre los posibles afectados. El censo se realiza sin darles ninguna información ni por la expropiación ni por el desalojo.

“¡TIENEN QUE IRSE DE AQUÍ!”


Como la concesión canalera incluye expropiaciones para varios subpro¬yectos asociados -cuatro resorts turísticos, dos puertos, un aeropuerto con capacidad para más de un millón de personas, una zona de libre comercio, una zona de procesamiento para exportación, una ciudadela para 140 mil habitantes, un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y varias carreteras, la población que está siendo censada no sabe siquiera por cuál y para de estos proyectos será desalojada y a dónde irá a vivir.

Nadie les informa nada, sólo les anuncian que tendrán que irse de donde siempre han vivido.
Pobladores de varias comarcas de los municipios en donde se desarrolla el censo relatan a los medios independientes que los técnicos chinos entran en sus fincas y casas sin siquiera pedir permiso, no hablan español y con intérpretes les anuncian que tendrán que vender y les ordenan que ya no hagan ninguna mejora en sus propiedades porque no se les reconocerá su valor. Algunos dicen que sólo les miden la casa y no la finca y que si les pagan la casa a precio de catastro lo que padecerán no será una expropiación, sino una confiscación.

A MENOS INFORMACIÓN
MÁS INCERTIDUMBRE


Al cierre de este número de Envío se habían celebrado ya cinco manifestaciones de protesta pacíficas, con decenas y hasta centenares de pobladores de comarcas y municipios de Rivas, Río San Juan y Nueva Guinea, moviliza¬ciones locales nacidas tanto de la irritación ante “la invasión de los chinos” en tierras que aman y en las que nacieron, como de la total desinfor¬ma¬ción y del silencio de las autoridades locales que no les reciben, no les escuchan, no les explican, no les informan.

El economista Edmundo Jarquín reflexionó así tras la primera marcha de protesta: “La licencia expropiatoria tan extensiva que se dio al concesionario del Canal, y la poca o inexistente información sobre los términos de la compensación por las expropiaciones, están en la raíz de la protesta.

También resulta obvio que la actividad crediticia e inversionista en propiedades que están en riesgo expropia¬torio resentirá ese riesgo, lo que agrega otro factor para que se mantenga o aumente la vulnerabilidad de nuestra economía”.

La falta de información sobre los subproyectos, su extensión y su ubicación, está provocando una incertidumbre generalizada entre todos los empresarios vinculados al naciente cluster turístico de Nicaragua, situado en zonas cercanas al megaproyecto canalero. Es una incertidumbre que afecta a los que ya se han dedicado al tu¬rismo y a los que podrían querer de¬di¬carse a estos negocios.

La escasa o nula comunicación en el tema del Canal revela un altísimo grado de improvisación en todo lo relativo al proyecto y augura mayores incertidumbres para la inversión privada, no sólo la orientada al turismo, profundizando un problema que arrastra el país desde que Daniel Ortega llegó al gobierno. Según cifras del Banco Central la inversión privada ha descendido: pasó de representar el 26% del PIB en 2007 a representar el 16.2% en 2013.

LOS GRANDES
Y LOS PEQUEÑOS


Queriendo responder a la incertidumbre empresarial, un representante de HKND mantuvo una reunión el 23 de septiembre con los grandes empresarios de la junta directiva de la Cámara de Turismo, uno de los gremios agrupados en el COSEP.

Los empresarios querían aclarar dudas, al menos sobre uno de los tres subproyectos turísticos anunciados por la empresa china en julio, el llamado complejo San Lorenzo (tres hoteles con 1,400 habitaciones), ubicado precisamente sobre terrenos en los que ya existen proyectos turísticos de varias dimensiones, están otros en ejecución y otros en proyecto. El gerente de HKND, Bernard Li, les aseguró que después de reunirse con autoridades del gobierno la empresa había decidido ubicar el subproyecto San Lorenzo en otros terrenos, aunque no dijo dónde. Como la reunión no concluyó con algún documento que garantice esto, los empresarios mantienen dudas y se refirieron a la “nebulosidad” que existe¬ en todo lo relativo al proyecto del Ca¬¬nal y a los subproyectos, cada uno de ellos un auténtico megaproyecto pa¬ra las escalas de Nicaragua.

Octavio Ortega, director de la Fun¬dación de Municipios de Rivas (FUN¬DEMUR), que acompaña a los pe¬queños propietarios rivenses que ma¬nifiestan su rechazo a las expropiaciones, se pregunta “¿Por qué solo negocian con los grandes? ¿Por qué sólo con ellos hablan y no con las comunidades humildes? Eso es lo que más nos preocupa”.

Tal vez debería preocuparse también el gobierno. Cuando Somoza empezó a tocar a “los grandes”, cuando decidió incursionar en sus negocios para competir con ellos, fue cuando su alianza con el empresariado comenzó a resquebrajarse.

“QUE DIOS NOS ILUMINE
A TODOS”


El principal empresario de Nicaragua, Carlos Pellas, ha invertido en zonas aledañas al proyecto canalero en un costosísimo resort turístico que ya está alcanzando fama internacional.

Este mes, Pellas habló por primera vez del Canal tomando cierta distancia del proyecto al señalar que hasta ahora “no se ha hecho absolutamente nada, sólo estudios”, apostando a que sea un proyecto “de consenso mundial”, abogando porque los estudios se hagan “a profundidad y por expertos” y hasta invocando a Dios para que “ilumine a todos los nicaragüenses para hacerlo de la manera correcta”.

Hasta ahora, la manera no es correcta. Porque no es transparente, porque es atropellada, porque no se comparte información que es pública y que debe ser sustantiva y, por tanto, creíble, ni con la sociedad ni con los científicos nacionales. Tampoco es correcta la falta de información y la “nebulosa” informativa que rodea el tema de la propiedad, el más sensible para miles y miles de propietarios grandes, medianos y pequeños.

“QUE TODO SEA CLARO
COMO EL AGUA”


El cardenal Leopoldo Brenes se refirió así a esta ofensiva y riesgosa falta de información en el tema del Canal:
“Yo creo que no se deben ver las manifestaciones que está haciendo la gente como un rechazo, sino como una exigencia de que se dé una mejor información. Nosotros hemos pedido que todo sea claro como el agua, que haya claridad para que no quede ninguna duda, más que todo sobre cómo se les van a pagar sus terrenos, porque en Tumarín, luego de tantos años, a la gente no se le ha pagado ni se le ha aclarado”.
Se refería el cardenal al caso de la re¬¬presa hidroeléctrica Tumarín, una mi¬¬llonaria inversión brasileña, el me¬ga¬¬proyecto más importante del país antes de que se hablara del Canal, y en el que el gobierno de Nicaragua ya es socio con el 10% de las acciones.

La construcción de Tumarín se viene anunciando desde hace siete años y en este prolongado proceso ha recibido del gobierno importantes ventajas fiscales y varias leyes especiales justificadas en que en el año 2020 más del 90% de la energía producida en Nicaragua ya será “limpia”.
Nadie duda, pues, de su importancia, pero 149 productores expropiados para la construcción de la represa y con promesa de reubicación no han recibido todavía información sobre el pago justo que exigen por sus tierras y que ronda los 20 millones de dólares, y nada saben de la nueva ciudad que la empresa les prometió construir para reu¬bi¬carlos.

LOS “SECRETOS” DE LA COOPERACIÓN VENEZOLANA


Otro de los temas de fondo para todo el país, para gobernantes y gobernados, para el presente y para el futuro, con consecuencias no sólo económicas, sino políticas, es el de la cooperación venezolana, un tema manejado con secretismo durante años y que empezó a perder algo de su opacidad en 2010, cuando el FMI presionó al Banco Central para que comenzara a dar alguna información sobre el monto y el destino de los recursos de la cooperación venezolana.

Entre 2007 y 2013 la cooperación venezolana -que tiene su eje en el convenio petrolero- sumaba ya 2,967 millones de dólares. En 2007 inició siendo sólo de 138 millones de dólares y enseguida comenzó a crecer aceleradamente, hasta llegar a ser de unos 500 millones de dólares al año, una cifra equivalente a toda la cooperación internacional que en promedio recibía anualmente Nicaragua durante el gobierno de Enrique Bola¬ños.

Este mes, el CETREX (Centro de Trámites para la Exportación) mostró las dimensiones de una sola de las empresas del consorcio ALBA, creado y desarrollado con los recursos de la cooperación venezolana. Según el CE¬TREX, AlbaAlimentos de Nicaragua (Albalinisa), empresa privada del partido de gobierno que tiene el monopolio de la intermediación de los alimentos que se exportan a Venezuela -parte como pago por el petróleo que sumi¬nis¬tran los venezolanos- pasó de expor¬tar 3.08 millones de dólares en 2009 a exportar 94.3 millones en 2014, un incremento casi exponencial, que ha colocado a Albalinisa como tercera empresa exportadora del país.

El Bancorp, estratégica cabeza financiera del grupo ALBA, iniciará pronto operaciones en todo el país. Su objetivo será capitalizar los lucrativos negocios de este cada vez más poderoso grupo económico ligado al partido de gobierno.

Los destinos y la administración de los millonarios recursos de la cooperación venezolana nunca han pasado por el cauce de una información pública abierta al escrutinio ni de ninguna institución ni de la ciudadanía. Y hoy todavía se escucha la pregunta que saturó los medios independientes hace años: como la cooperación venezolana ha sido privatizada por el partido de gobierno, ¿la deuda que está generando será también privada o se convertirá en algún momento en deuda pública? Y no hay respuesta. Es uno de los aspectos más opacos y oscurecidos en la relación con Venezuela.

EL RIESGO-PAÍS Y VENEZUELA


En 2013 la cooperación venezolana equivalía a casi un tercio de lo que el gobierno recauda en impuestos, cantidad que no sólo da una idea de la importancia económica, y no menos política, de esa cooperación. El dato refleja la enorme dependencia que tiene hoy Nicaragua de Venezuela.

Este mes la agencia de calificación internacional Moody’s presentó su última revisión anual sobre el “riesgo país” y mantuvo a Nicaragua en la categoría “B3 con perspectiva estable”, lo que significa sin cambios previsibles que permitan moverla a una mejor categoría.

Para la agencia, el mayor riesgo de nuestro país es su dependencia del convenio petrolero con Venezuela, un país que atraviesa por una crisis política de consecuencias económicas a la que no se le ve salida. “Si Venezuela tuviera que reducir su apoyo, Nicaragua estaría bajo presión y el gobierno tendría que acumular más deuda externa de fuentes alternativas en términos favorables o ajustar las finanzas públicas”, dice Moody’s en su informe.

Mientras el presidente del CO¬SEP José Adán Aguerri, estrecho alia¬do del gobierno, interpretaba el informe como una evidencia de la contribución clave de la élite empresarial a la goberna¬bilidad del país, y en la acera de la oposición el economista Edmundo Jarquín argumentaba que la baja calificación de Nicaragua se debía a “la arbitrariedad institucional”, el funcionario público Ovidio Reyes, presidente del Banco Central decla¬ró que ese informe solo refleja “la opinión” de la agencia.

¿Y SI VENEZUELA REDUCE
LA COOPERACIÓN?


Hace unos meses, Ovidio Reyes había criticado los criterios empleados por la agencia Moody’s para calificar a Nicaragua. En aquella ocasión argu¬men¬tó que la baja calificación con que colocaban a Nicaragua estaba en abier¬ta contradicción con el comportamiento real de los inversio¬nistas extranjeros, que habían incre¬men¬tado signi¬fica¬¬tivamente su presencia en el país.

Decía Reyes: “¿Qué están viendo los inversionistas? Oportunidades. ¿Moody’s qué es lo que está viendo? Riesgos. Obviamente ahí hay un descalce. Si vos leés los reportes de Moo¬dy’s sólo ven riesgos, riesgos, ries¬gos”. Ahora, en esta ocasión, el presidente del BCN fue más cuidadoso y dijo que al menos Nicaragua había mantenido su calificación, mientras que la de otros países se había deteriorado, haciendo alusión al caso de Costa Rica.

Reyes afirma que el gobierno que representa aspira a una mejor calificación de Moody’s no sólo para atraer más inversión extranjera, sino también para poder emitir bonos de deuda y colocarlos en el mercado internacional.

Lo que no aclara Reyes es la lógica de la estrategia gubernamental, que es contar con un mecanismo financiero que le permita compensar a corto plazo una eventual, y muy temida, reducción de la cooperación venezolana. En anteriores ocasiones, el presidente del BCN ha declarado que Nicaragua podría emitir bonos hasta por 500 millones de dólares anuales, cifra muy similar al monto de la cooperación que mensualmente ha recibido de Venezuela en los últimos años.

Lo que no relaciona Reyes en sus declaraciones es que los bonos de deuda tendrían relación con la reducción de la ayuda vene¬zo¬lana una eventualidad ante la que la única salida será endeudar al país.

LA “SALIDA”
SE MANTIENE OPACA


El informe Moody’s, al indicar que la dependencia de Nicaragua de los flujos concesionales de la ayuda venezolana es el principal riesgo para su estabilidad macroeconómica, identifica una estrategia alternativa para enfrentar la reducción de ese riesgo.

Esa estrategia alternativa combi¬na¬ría tres elementos. Primero, el finan¬¬cia¬¬miento de corto plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de una línea de crédito contingente, que fue aprobada ori¬gi¬nal¬mente para que los gobiernos de la región pudieran enfrentar el impacto de la crisis global y que fue renovada en 2014 entre el gobierno de Nicaragua y el BCIE. Segundo, la negociación con el FMI de un nuevo acuerdo, lo que permitiría al gobierno contar nuevamente con fondos de la banca multila-teral para apoyar la estabilidad macro¬económica. Tercero, la reducción del gasto fiscal.

Si la millonaria ayuda venezolana se registrara en el presupuesto nacional, como debiera hacerse y nunca el gobierno ha querido hacer, el déficit fiscal del gobierno de Ortega sería insostenible porque alcanzaría el equivalente al 5–5.5% del PIB.

La alternativa que sugiere Moo¬dy’s combina el endeudamiento con la banca multilateral y la reducción del gasto fiscal. Pero no es atractiva para el gobierno de Ortega porque tendría que aceptar las condicionalidades del FMI y el eventual recorte del gasto fiscal en el momento pre-electoral en el que ya está entrando el país hasta desembocar en las elecciones presidenciales-legislativas-municipales y caribe-ñas de 2016.

Por eso, toda la información sobre¬ este futuro incierto es celosamente reservada en el círculo del gabinete económico del gobierno.

DANDO EN EL CLAVO


Entre las “ideas-fuerza” que proponía la “incontaminada” Estrategia de Comunicación del gobierno de Ortega, la que conocimos en marzo de 2007, estaba la “verbalización” en los discursos de todos los funcionarios públicos “de la dimensión trascendente, ética, valórica o religiosa de nuestro proyecto”.

Murillo daba un “ejemplo” de có¬mo aplicar la verbalización que proponía: “Un grupo empresarial echa a andar un proyecto de inversión importante en algún departamento y lo comunicamos desde la idea “Nicaragua siempre bendita”, que en el fondo lo que hace es interpretar públicamente el sentir de una ciudadanía que atribuye a Dios buena parte de las cosas que suceden”.

En las protestas que se suceden en la zona por donde se partiría Nicaragua con un “proyecto de inversión importante” como es el Canal Intero¬ceánico y sus subproyectos, los campesinos están refutando la Estrategia, dándole en el clavo a esas ideas-fuerza. Uno de ellos afirma “El comandante Daniel no tiene derecho, él sólo es un administrador de nosotros, no es nuestro dueño”. Exige derechos ciudadanos a quien es el máximo funcionario público, obligado a compartir con la población, con la sociedad, información pública.

Y otra campesina dice: “Andan usando cualquier artimaña para convencernos, quieren convencer al pastor de la iglesia evangélica para que nos convenza y eso no es bien visto por la comunidad porque nos quieren engañar”.

Sabe ella que abusar de Dios es una artimaña y exige el derecho a la verdad.
El que siembra vientos cosechará tempestades, dice el refrán. Y el que siembra silencios, medias verdades, mentiras y opacidades, el que no respeta el derecho a la verdad y no cumple con el deber de informar ¿qué cosechará…?

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