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  Número 386 | Mayo 2014
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Nicaragua

Alerta roja sísmica en los idus de abril

Abril quedará marcado en rojo en el calendario. Al caer la tarde del jueves 10 el país fue sacudido por un terremoto, seguido de continuos movimientos sísmicos. La crisis telúrica, prolongada durante días, coincidió con nuevos avances del gobierno para consolidar su proyecto político. Y, como una radiografía, reveló rasgos de ese proyecto.

Equipo Envío

En la antigua Roma, los idus eran los días situados en la mitad de cada mes del calendario. Se consideraban días de buenos augurios. Los idus de marzo pasaron a la historia y adquirieron lustre literario porque fue a mediados del marzo del año 44 a.C. cuando fue asesinado Julio César, acontecimiento que dio un giro a la historia de Roma: terminó la República e inició el Imperio.

En los idus de este abril no faltaron en Nicaragua acontecimientos políticos, coincidentes con las predicciones, augurios y conjeturas que provocaron los eventos sísmicos. Han sido jornadas fértiles para tomar en serio lo que la Naturaleza nos advierte: la vulnerabilidad del país y de su capital.

JUEVES 10 DE ABRIL
A LAS 5.30PM

Al término de la jornada de trabajo del jueves 10 de abril el tema del día en Managua y en el resto del país eran las inminentes y prolongadas vacaciones de la semana santa. Playas, ríos, balnearios y costas esperaban a cientos de miles de nicaragüenses.

Como ya se ha ido haciendo habitual, precedió el largo asueto un acontecimiento político importante. El gobierno los decide y los inscribe en las vísperas de las vacaciones para que la trascendencia del evento político y el interés que pudiera despertar en la opinión pública quede sepultada en el ocio festivo. Llevamos años asistiendo a esa calculada rutina.

Esta vez se trataba de la elección de 54 altos funcionarios de gobierno, quienes ocupaban ilegalmente sus cargos desde hacía más de cuatro años. Un ilegal decreto presidencial del año 2010 dio inicio a la prolongada saga de “los funcionarios de facto”, llamados así por no haber sido sometidos a la elección parlamentaria. Ortega y la aplanadora de sus diputados esperaron las vísperas de las vacaciones de semana santa para, en sólo tres días, “resolver” este asunto.

Consumado el trámite parlamentario a mediodía del jueves 10 de abril, fue un terremoto de 6.2 en la escala Richter a las 5 y media de la tarde, sentido en todo el país, que estremeció los departamentos de Managua y León, castigando duramente a Nagarote, lo que “sepultó” en el olvido la elección de los funcionarios con cargos vencidos. Esa misma noche el gobierno decretó la “alerta roja”. Poco después, la llamó “alerta roja extrema”, un concepto extraño a la terminología sísmica. Poco después, la llamó “alerta roja preventiva y protectora”, un concepto propio del estilo gubernamental.

ELECTOS UNOS,
REELECTOS OTROS

A pesar de la alerta y el pánico subsiguiente, no debería quedar en el olvido el acontecimiento político de esos días, porque electos y reelectos tomarán decisiones que nos afectarán a todos y podrían ocupar sus cargos por tiempo indefinido, ya que la reforma constitucional impuesta por Ortega hace unos meses así lo establece.

A pesar de que desde hacía bastante tiempo se sabía de arreglos previos entre el partido de gobierno y Montealegre para que el PLI le acompañara en esta elección -los dos diputados del MRS no participaron en esos arreglos-, el FSLN tuvo finalmente que elegir a nuevos funcionarios y reelegir a la mayoría completamente solo, contando únicamente con los dos votos de los diputados del PLC, partido que se “oxigenó” en esta ocasión consiguiendo un nuevo cargo y manteniendo los que ya tenía.

En la Procuraduría de Derechos Humanos, institución que desde hace bastantes años juega un papel irrelevante, se reeligió al oficialista Omar Cabezas y al liberal del PLC Adolfo Jarquín Ortells, prueba del escaso valor que el gobierno concede a todo lo relacionado con la defensa y protección de los derechos humanos.

La Contraloría General de la República quedó reestructurada con cinco personas capaces de cumplir las tareas que el partido de gobierno ha asignado a esta institución fiscalizadora de los recursos públicos: auditorías serias que garanticen sanciones anti-corrupción, aunque siempre acordadas de previo con la Presidencia de la República. El modelo requiere de una institución no al servicio de la ciudadanía y de puertas abiertas a la información pública, sino al servicio de los intereses de quienes gobiernan.

Fueron reelectos dos de los cinco contralores (Luis Ángel Montenegro y Guillermo Argüello Poessy), con experiencia técnica para este trabajo, y se eligió a tres nuevos, que sumarán su capacidad política para llevar adelante el modelo: Vicente Chávez, ex-miembro de la Seguridad del Estado; Marisol Castillo, cuadro destacado del Ejército; y María Dolores Alemán, hija del ex-Presidente Arnoldo Alemán, representante de los sectores más “modernos” del PLC. Son cinco personas con liderazgo propio y con probado “colmillo” para la tarea que realizarán.

EL PODER ELECTORAL
Y EL PODER JUDICIAL

Tanto para el gobierno, como para la oposición organizada en el PLI, lo más importante era cómo quedarían compuestos, o recompuestos, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia.

La sesión parlamentaria que creaba más expectativas, incluso más allá de los círculos políticos y mediáticos, era la del miércoles, cuando se votaría por los magistrados que integrarían el Consejo Supremo Electoral. La reelección o no del presidente del CSE, Roberto Rivas, era el momento caliente de la jornada. Rivas, el funcionario público más cuestionado del país, por su ostentosa vida, por documentados actos de corrupción y por ser la cara visible de los fraudes electorales que organiza el CSE desde 2008, fue propuesto por la bancada oficialista y resultó reelecto.

El FSLN reeligió también a otros cuatro magistrados electorales, dos oficialistas (José Luis Villavicencio y Emmett Lang) y dos que llegaron hace años a ese cargo por el PLC (José Marenco y Luis Benavides). Para cubrir las dos vacantes por defunción, eligió a dos oficialistas, al costeño Lumberto Campbell y a Johnny Tórrez, presidente del Consejo Electoral Departamental de Managua en 2008, quien jugó un rol estratégico en la organización del documentado fraude de aquel año.

En la última jornada, el jueves 10, tocaba elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se reeligió a ocho magistrados oficialistas (Rafael Solís, Francisco Rosales, Armengol Cuadra, Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar, Juana Méndez, Yadira Centeno y Ligia Molina) y a dos que estaban ya en la Corte representando al PLC (Manuel Martínez y Antonio Alemán Lacayo). Para completar los 16, se eligió a dos magistrados que había propuesto el PLI (Virgilio Gurdián y José Adán Guerra, quienes ocuparon cargos ministeriales en el gobierno de Enrique Bolaños), a tres oficialistas (Armando Juárez, Gerardo Arce Castaño y la jueza blufileña Ellen Joy Lewin) y a Carlos Aguerri, en representación de la cúpula empresarial.

Unas horas después de concluir las votaciones y de cerrarse por vacaciones el Parlamento, un terremoto estremecía los cimientos de la capital.

EL EQUILIBRIO
Y LA REPRESENTATIVIDAD

¿Fue un terremoto político la permanentemente pospuesta elección de los cargos vencidos? No lo fue. Tal vez un seísmo, pero de no tan alta intensidad.

Aunque Roberto Rivas, horas después de ser reelecto para el cargo fue también reelecto como presidente del Poder Electoral, es probable que, cerrado el telón del escenario parlamentario, el partido de gobierno le solicite abandonar el escenario político, por el altísimo costo que pagará si mantiene a este desprestigiado funcionario como administrador de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2016. Para sustituirlo, ya está ubicado en la línea de sucesión el sandinista Lumberto Campbell, elegido ese mismo día como vicepresidente del CSE. ¿Será esa cara costeña la que Ortega usará para mejorar su imagen, aunque no cambien los procedimientos?

El COSEP, principal aliado del gobierno, en la voz de José Adán Aguerri, presidente de las cámaras empresariales, “lamentó” inmediatamente la reelección de Rivas y “la falta de representatividad” y de “equilibrio” que tenía el nuevo Poder Electoral.

Sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia, Aguerri no expresó ningún comentario. Ingresan ahora a la Corte tres nuevos magistrados, dos de ellos (Gurdián y Guerra), con conocida afinidad con la empresa privada, y un tercero, Carlos Aguerri, su tío, quien trabajó durante once años al interior de la Asamblea Nacional garantizando los intereses empresariales. Sin pudor, declaró al salir del Parlamento que, ahora como magistrado judicial, seguiría defendiendo esos intereses.

En una Corte Suprema, acostumbrada durante muchos años, desde el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, a funcionar con dieciséis personas priorizando siempre los intereses de Alemán y de Ortega, el empresariado tendrá ahora tres pares de ojos dentro del alto tribunal del país donde se deciden tantas cosas que atañen a sus intereses, no siempre en sintonía con los de ambos caudillos. ¿Qué harán esos ojos? En cualquier caso, este reacomodo es un “equilibrio” que se han ganado los empresarios por su estrecha alianza con el proyecto de uno de ellos.

NO A ROBERTO RIVAS

Los tres días pre-sísmicos dedicados a la elección de cargos perfilaron también un ligero reacomodo de fuerzas en el cerrado escenario político que hoy vive Nicaragua.

Hace un año, en marzo de 2013, en vísperas también de las vacaciones de semana santa, el partido de gobierno no logró llevar a cabo la elección de los cargos vencidos porque la bancada de diputados opositores del PLI se dividió entre quienes se negaban a legitimar al FSLN participando en esa elección a cambio de que el FSLN les concediera varios cargos en las instituciones del Estado, y quienes consideraban que ése era un mal menor que había que aceptar porque “en política no se pueden dejar espacios vacíos”. El que esta fisura no se cerrara fue uno de los factores que retrasó la elección.

Un año después, en los idus de abril, la división y los arreglos entre Montealegre y el FSLN continuaban, pero Montealegre alcanzó por fin unanimidad entre sus diputados: prevaleció la tendencia de quienes querían ocupar los espacios que les ofreciera el FSLN, aunque fueran pocos, y si ese proceder se interpretaba como “zancudismo” o como “pactismo” pagarían el costo político. Se sabía de estos arreglos, y eso era lo que esperábamos ver en la Asamblea Nacional. No lo vimos. Pareciera que la decisión de no votar bajo ninguna circunstancia por Roberto Rivas, aunque eso significara no obtener ningún cargo, se impuso al interior del PLI, aunque no sabemos a qué costo a lo interno de ese grupo político...

2016 EN EL HORIZONTE

El martes 8 los diputados del PLI debatieron en el Parlamento, pero se abstuvieron de votar por los candidatos del FSLN. El miércoles 9 debatieron, no votaron por ninguno y abandonaron la sesión después de la reelección de Rivas. Y el jueves ya no asistieron a la Asamblea y ni siquiera votaron por los magistrados Gurdián y Guerra, propuestos inicialmente por el PLI.

Así, pues, al final el FSLN eligió a todos los funcionarios solo, con el voto de sus 63 diputados y los de los 2 diputados del PLC, hoy plegados completamente al guión que les dicta el partido de gobierno.

Ortega no consiguió el leve barniz de legitimación que le hubiera dado a la votación la participación del PLI. El PLI sorteó, aunque levemente, el costo político del “zancudismo”. Y el PLC resurgió levemente de la mano del FSLN. Al inicio de las votaciones, el PLC había anunciado que aspiraba a obtener 15 cargos. Se quedó solamente con uno nuevo e importante en la Contraloría y con varios de los que ya ocupaba. Ortega no renuncia aún a la utilidad que le proporciona el PLC para mantener dividido al liberalismo.

Pasado este rubicón, Eduardo Montealegre se alista ya para ser convocador, promotor y vocero de la gran unidad nacional opositora -la ansiada otra UNO- que enfrentaría al FSLN en las elecciones de 2016. Pero como las divisiones en el PLI no se agotaron con el caso Rivas, el tiempo tendrá que decir la última palabra. La situación venezolana, con la MUD acosando tan eficazmente a Maduro y el cercano horizonte electoral nicaragüense pesaron, sin duda, en la, de cualquier forma, correcta decisión que tomó unánimemente el PLI frente a la escandalosa reelección de Roberto Rivas.

AVANZA EL MODELO

Daniel Ortega no detiene su avance en la construcción de su modelo concentrador de poder. Por fin, el FSLN ya tiene mayoría de concejales en los dos Consejos Regionales de la Costa Caribe. Cómo consiguió esa mayoría es tema sobre el que reflexiona Salvador García Babini en páginas siguientes. También, y a la vez que presentaba al Legislativo la lista de sus candidatos para esos altos cargos, Ortega introducía en el Parlamento una reforma a la Ley de la Policía Nacional.

LA NUEVA LEY
DE LA POLICÍA NACIONAL

Experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, nueva directora del IEEPP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas), considera que no se trata realmente de una reforma, sino de una nueva ley, aunque admite que después de tantos años, y después de las recientes reformas constitucionales, era necesario revisar la Ley de la Policía Nacional.

Ella, y el también experto Roberto Orozco, han expresado varias preocupaciones por los contenidos de la nueva ley. Entre otras, alertan sobre las tareas que desarrollará o se asignarán a la Dirección de Inteligencia de la PN para garantizar la “seguridad nacional”, la seguridad democrática y la seguridad ciudadana.

“Me preocupa que al otorgárseles funciones abiertas y no específicas veamos revivido el Servicio Anti Comunista, que consideraba como terrorismo toda acción política o armada en contra de la familia Somoza”, dice Orozco. Cuadra comparte esa preocupación: “Lo más riesgoso es que no queda claro en la ley quién define, supervisa y controla la actuación de la especialidad de inteligencia, a la que el proyecto atribuye funciones de investigación”.

En la nueva ley, la Policía se autonomiza completamente del Ministerio de Gobernación, subordinándose aún más claramente al Presidente de la República, que podrá mantener en sus cargos de forma indefinida, y a su criterio, no sólo al Jefe o Jefa de la PN, también a los subdirectores, al inspector general y a los oficiales que tengan 40 años de carrera policial, los que a partir de la nueva Ley no tendrán obligación de jubilarse.

Como ya reveló la reciente reforma al Código Militar -nueva legislación que rige al Ejército-, la reforma a la ley de la Policía, expresa la desconfianza que tiene Ortega ante los cuadros policiales forjados en la institución armada después de los años 80 y su temor a prescindir de quienes ingresaron en la Policía por su militancia sandinista y permanecieron en ella en los años de la Revolución.

UN PELIGRO REAL

El terremoto del jueves 10 y su prolongación en continuas y sentidas réplicas pasó a un segundo o tercer plano la importancia, y hasta la gravedad, de todos estos temas legales, institucionales y políticos.

Viviendo en un país sísmico, sobre un territorio vulnerable, bajo el que interactúan seis placas tectónicas, a su vez cercanas a volcanes aún activos y potencialmente peligrosísimos, el temblor de la tierra se siente con frecuencia. Lo grave de la fuerte sacudida del 10 de abril fue su epicentro cercano al volcán Momotombo y el número significativo de réplicas de los días inmediatos.

Las primeras informaciones científicas explicaron que los sismos “emigraban” por el lago de Managua desde el Momotombo hacia la península de Chiltepe, en donde está el aún más peligroso volcán Apoyeque, y por tanto se acercaban cada vez más a Managua, una ciudad extremadamente vulnerable, con un millón y medio de habitantes viviendo sobre más de 18 fallas con sus ramificaciones. Cinco de ellas son peli¬grosísimas. Dos de ellas se activaron en 1931 y 1972 y destruyeron la ciudad. Con este contexto, desde el primer momento la preocupación era seria y tenía fundamento para causar alerta.

Fue hasta la medianoche del 10 de abril que el Presidente Ortega compareció en cadena nacional. Después de un mensaje lleno de confusiones y de apelaciones religiosas, decretó la alerta roja en todo el país. Era ya “viernes de dolores” y la población de la capital y de buena parte de la costa del Pacífico del país iniciaba la semana santa recorriendo un viacrucis de zozobra y ansiedad. Nunca se congregó tanta gente en iglesias, templos y cultos y nunca llegó tan poca gente a las playas.

UN GOBIERNO RESPONSABLE

El gobierno asumió día a día y plenamente la situación de emergencia. Rosario Murillo, en su condición de Secretaria de Comunicación, comentaba prácticamente cada réplica en mensajes radiales, que recogían los canales de televisión oficiales. Y exhortaba insistentemente a la población a tomar medidas de prevención por lo que pudiera ocurrir. Durante dos semanas buena parte de la población de Managua y de los municipios más afectados por el terremoto durmió en las calles, o en los patios o porches de sus casas por temor a un sismo nocturno. La intensa réplica del domingo 13 en la noche replicó alertas y precauciones.

Ante el temor de que otra sacudida fuerte alterara alguna de las más peligrosas fallas sobre las que se asienta Managua, el gobierno tomó finalmente la sabia decisión de demoler las ruinas de los varios edificios que, como cascarones habitados por familias muy pobres, han sido el paisaje capitalino de “los escombros” desde hace más de cuarenta años, desde el terremoto de 1972. Decenas de familias fueron evacuadas a un lugar seguro, prometiéndoles el gobierno una nueva casa en otra zona. El Ejército instaló tres hospitales de campaña, uno en Ciudad Sandino y dos en distintos puntos de la capital previendo una catástrofe.

Por lo peculiar de los eventos telúricos llegaron al país expertos de Chile, México y Japón, países con experiencia sísmica, y especialistas de Venezuela y Cuba, países amigos. El papel de los científicos nacionales era, y fue crucial, por la experiencia acumulada y la familiaridad con nuestra historia telúrica.

La capacidad organizativa y movilizativa del partido de gobierno y los recursos económicos y humanos con los que cuenta le permitieron una presencia inmediata en la zona más afectada, el municipio de Nagarote, y en otras zonas, a donde acudieron brigadas de jóvenes uniformados con camisetas del gobierno para entregar a las centenares de familias que perdieron sus casas, alimentos, colchonetas y materiales de construcción para rehacer sus hogares.

CON CAPACIDAD
DE RESPUESTA RÁPIDA

Si recordamos lo que sufrió la población de Managua en el terremoto de diciembre de 1972, cuando pasaron semanas sin que el gobierno hiciera algo por los damnificados, si comparamos cómo actuó el gobierno de Alemán ante las tragedias provocadas por el huracán Mitch en 1998 o si imaginamos cómo habría sido la actuación de su gobierno o de un gobierno similar ante una crisis como ésta, no podemos menos de aplaudir la responsabilidad, la diligencia y la sensibilidad con las que el gobierno actuó.

El timing de la crisis favoreció al gobierno para minimizar u olvidar “el richter” parlamentario de los días previos. El que la crisis no fuera tan catastrófica, prolongada sí en el tiempo, pero muy acotada a algunos espacios geográficos y limitada en el número de los damnificados, favoreció también al gobierno. Acuciado por menos urgencia y dramatismo, pudo exhibir su capacidad organizativa y movilizativa, campos en que el FSLN siempre se ha destacado, en los años 80 contando con una participación más libre, voluntaria y espontánea que la que existe actualmente, cuando no falta la obligatoriedad para los empleados estatales y para sus jóvenes militantes. Aun así, el gobierno demostró una admirable capacidad de respuesta rápida.

El modelo extremadamente centralista del gobierno también lo favoreció, porque en crisis de esta naturaleza se impone centralizar las decisiones y la información. Pero el centralismo mostró también sus sombras. La omnipresencia de Murillo brindando información en tan continuos y extensos mensajes resultó exagerada, evidenció las actuales limitaciones del Presidente Ortega, relegó a los expertos nacionales -que podían haber contribuido a una información más exacta y, por eso, más tranquilizadora- y contribuyó a que ministros y funcionarios se limitaran a repetir y repetir los mensajes de Murillo, temerosos de hablar en otra sintonía y de referirse a cualquier iniciativa propia de sus cargos.

TIEMPO DE ANSIEDAD

La vocería única de la Secretaria de Comunicación mantuvo un sesgo partidario de forma permanente. Teniendo en cuenta que un importante sector de la población afectada por la zozobra rechaza esa vocería y esa manipulación, esto añadió a la zozobra un malestar que pudo evitarse. Por otra parte, y contradictoriamente con los llamados a la calma y al amor de los continuos mensajes de Murillo, medios radiales y televisivos del gobierno contribuían al alarmismo y hasta aumentaban el pánico anunciando cada réplica con el aullante ulular de las sirenas y escandalosas advertencias de peligro.

La crisis radiografió la religiosidad tradicional de buena parte de la población, que por todos los medios atribuía a Dios el saber lo que realmente iba a ocurrir e interpretaba lo ya ocurrido como castigo divino “por los vicios” morales o políticos del país, como un acontecimiento ya anunciado en los textos bíblicos o como una advertencia sobre el inminente juicio final. Los mensajes oficiales tendían a reforzar la religiosidad tradicional reiterando que somos “un país cristiano”, proyectando eso como una especie de escudo de defensa ante los sismos.

INFANTILISMO SOCIAL

La radiografía reveló también, más que nunca, un modo de estar en el mundo que el gobierno viene propiciando, especialmente entre la población más pobre, un cierto infantilismo social que perjudica toda conciencia de ciudadanía y que tiene raíces en una religiosidad asumida como sumisión ante el poder.

Hoy, cualquier persona de cualquier edad y condición que recibe cualquier cosa del gobierno se siente obligada, presionada, a un agradecimiento obsequioso, percibiendo lo que recibe no como un derecho sino como un favor personal “del comandante Daniel y la compañera Rosario”. Esta innecesaria muletilla saturó los noticieros de los medios oficiales. Innecesaria, porque era más que evidente, sin ninguna publicidad añadida, la responsabilidad con que el aparato gubernamental estaba atendiendo a la población.

A DISTANCIA

Unos días antes de la sacudida en Nicaragua, la ciudad chilena de Arica experimentó un sismo más devastador que el nuestro, por su intensidad y por su capacidad destructiva. Poco después, un voraz incendio consumió zonas de Valparaíso. A cargo plenamente de las crisis derivadas de estas dos catástrofes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, acompañó a la población como estadista responsable. Habló con mucha cercanía, pero con mucha sobriedad y visitó a los damnificados, lo que no sucedió en Nicaragua, donde la responsabilidad se ejerció siempre a distancia y sólo a través de los medios.

TEMOR POR MANAGUA

El 25 de abril, dos semanas después del terremoto, el equipo científico de expertos nacionales y de otros países presentó un informe-resumen Recomendaban que, por lo sucedido y por las probabilidades de que algo más grave pudiera suceder, el gobierno mantuviera la alerta roja en seis municipios: Managua, Ciudad Sandino, Mateare, Nagarote, León y La Paz Centro, y pasara al estado de alerta amarilla en el resto de los municipios de Managua y León y en los de toda la costa del Pacífico.

Las réplicas del terremoto del 10 de abril -dijeron- pueden “continuar por varios días o incluso meses”. Y añadían: “Además debe tenerse presente que la probabilidad de ocurrencia de un sismo en el sistema de fallas de Managua puede ser hoy mayor que antes de los eventos iniciados el 10 de abril”. Recordaron “el grado de vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Managua, y la siempre latente posibilidad de un sismo fuerte”. El 26 y el 29 de abril temblores imperceptibles para la población ocurrieron ya bajo la tierra sobre la que se asienta Managua.

Estos temblores le sirvieron a Ortega de justificación para, sin consultar a sus constructores y por criterios políticos y no técnicos, dar la orden de demoler el Faro de la Paz y la Concha Acústica de Managua. El Faro fue levantado en 1990 por el gobierno de doña Violeta de Chamorro como símbolo del fin de la guerra civil. En su base se enterraron 15 mil fusiles de los desmovilizados de ambos bandos de esa cruenta guerra. La Concha fue levantada en 2004 por el ex-alcalde de Managua, Herty Lewites, como un nuevo ornato para la capital y un espacio para celebrar actos culturales. Doña Violeta le ganó a Ortega las elecciones en 1990 y Lewites se separó del Frente Sandinista en 2006 para ser candidato presidencial del Movimiento Renovador Sandinista, desafiando la candidatura de Ortega. Con grandes posibilidades de ganar, murió poco antes de las elecciones de forma inesperada. Las demoliciones fueron interpretadas como intentos de borrar la memoria histórica de la población.

UN BALANCE POSITIVO
DE LOS IDUS DE ABRIL

Cerramos este escrito el 6 de mayo, continuando en alerta roja y esperando que podamos algún día hacer balance los idus de este abril como un tiempo de lecciones positivas. Esperemos que la crisis sísmica nos haga más conscientes de que en la Tierra que habitamos, y en el país en que vivimos, estos episodios, sea cual sea su nivel catastrófico, son normales, no excepcionales. Esperemos que la crisis nos haga pensar y actuar. Por ejemplo, en la urgencia de establecer normas de construcción que se cumplan y que faciliten a los más pobres el que no tengan que recurrir a materiales deficientes, por baratos, para levantar sus casas.

Esperemos que la crisis nos haga menos cortoplacistas, más responsables, más racionalmente creativos. Ya provocó esta crisis un debate sobre la idea de trasladar la capital a un lugar más seguro. La propuesta es creativa y posible si se hace de forma gradual.

Es lo que desde hace años viene planteando Dionisio Marenco, antes de ser alcalde de Managua, durante su gestión y hasta hoy. “Si la principal vulnerabilidad es geológica, eso no tiene remedio -dijo, hace ya cuatro años-. La situación puede llegar a ser insostenible de continuar la tendencia urbanística actual, que tiene a Managua crucificada por urbanizaciones y asentamientos humanos. Hay que dejar descansar la capital, no construir nada más, mantener sólo lo que ya existe y construir e ir poblando poco a poco hacia Granada, Sabana Grande y Tipi-tapa”.

LUZ ROJA AL CANAL

Esperemos que esta crisis sísmica nos haga más sensatos. Hace apenas unos meses escuchábamos en Managua al ingeniero Dionisio Rodríguez, fundador del Instituto de Geología y Geofísica de Nicaragua, uno de nuestros expertos nacionales en sismología, explicando las formaciones geológicas de Nicaragua. Hablaba en el primer foro que celebró la Academia de Ciencias para aportar criterios al tan cuestionado y nunca consultado a los científicos nicaragüenses megaproyecto del Canal Interoceánico por Nicaragua.

En aquella ocasión, un Rodríguez muy preocupado, tal como lo vimos en los idus de abril, enumeró la larga lista de estudios necesarios antes de decidir abrir ese Canal.

Mencionó estudios de cartografía geológica -señalando que apenas el 20% de Nicaragua está cartografiado-, estudios de estratigrafía, de tectónica estructural, de geomorfología, de geofísica aérea, terrestre, marina y lacustre, además de los estudios geoambientales. Indicó que se debía tener en cuenta no sólo la geología nicaragüense, sino la centroamericana, que compartimos con naciones vecinas. Y se refirió con inquietud a riesgos de todo tipo a tener en cuenta, todos ya ex-perimentados en nuestro país: erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, huracanes, temblores y terremotos.

¿Encenderá la alerta roja sísmica una definitiva luz roja que detenga el desatinado proyecto de abrir un canal en “la corteza joven y delgada” de Nicaragua, como la describe Rodríguez?

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