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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 385 | Abril 2014
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Nicaragua

“Somos protagonistas del desarrollo rural. No queremos el tripartismo del gobierno, exigimos cuatripartismo”

Sinforiano Cáceres,Presidente de la FENACOOP (Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales), hizo un balance de algunas políticas del gobierno para el desarrollo rural y analizó las relaciones gubernamentales con el movimiento cooperativo y con la economía social, en una charla con Envío que transcribimos.

Sinforiano Cáceres

Primero que nada, una presentación, para que sepan desde donde hablo. Soy productor, tengo una finca en Masaya y allí produzco dos manzanas de naranjas concheñas, siembro quince manzanas de yuca y manzana y media de maíz de riego. Trabajo en la FENACOOP, una institución que ya cumplió 24 años. Soy su presidente. Actualmente trabajamos con 420 cooperativas y 24 mil cooperativistas,el 45% mujeres, en café, granos básicos y cacao. Somos la única Federación de Cooperativas que, por derechos adquiridos, por haber nacido antes de la nueva Ley de Cooperativas, la Ley 499, tiene en su seno cooperativas de todo tipo. Es también la única en la que participan socios y socias que militan en todos los partidos políticos. Ésa es una de nuestras riquezas.

Antes de abordar los temas del desarrollo rural, del movimiento cooperativo y de la economía social, que es un concepto muy poco conocido en Nicaragua, hagamos un poco de historia. El gobierno de doña Violeta lanzó una estrategia que llamaron “Volvamos al campo”. Era el marco que guiaría el quehacer del gobierno y de todas las instituciones que atendían el sector público agropecuario y rural. Por eso se llamó SPAR. Pero fue hasta el final del gobierno, 1996, que conocimos ese plan. El gobierno siguiente, el de Alemán, elaboró otra estrategia. En ocasión del huracán Mitch en 1998 y con el incremento de la ayuda que entonces recibió Nicaragua, la estrategia pretendía volver a hacer de Nicaragua “el granero de Centroamérica”. Y al igual que la de doña Violeta, esa estrategia apareció cuando ya terminaba el gobierno de Alemán. Cuando llegó el gobierno de Bolaños, pensábamos que siendo un gobierno liberal daría continuidad al anterior y mantendría la misma estrategia. No, hicieron una nueva. Trajeron al país a un eminente experto de Harvard, Michael Potter, para que la diseñara. Era una estrategia más ambiciosa. Primero hicieron lo que no habían hecho los dos gobiernos anteriores, un Plan Nacional de Desarrollo (PND), y lo pensaron para 25 años. Del PND se desprendía el programa ProRural, que planteaba trabajar en los territorios del país que tuvieran al menos 2,500 habitantes, organizando ocho clusters o conglomerados para articular el desarrollo de los distintos rubros. Por ejemplo, en el rubro café articularían a productores, procesadores, financiadores y comercializadores.La esencia del plan era la de siempre, porque todos los clusters tendrían a la cabeza al capital financiero y comercial coordinando, y subordinando, a la producción primaria, a las cooperativas, a los pequeños y medianos productores. Lo mismo de siempre: el sector terciario montado sobre el secundario y el primario y extrayendo la riqueza a lo largo de esa cadena de valor.

En aquel proyecto, que nunca prosperó, aparecía un elemento clave: la asociatividad. Un día que me encontré con el Ministro de Agricultura de ese entonces le pregunté: “¿Y qué es eso de la asociatividad?” Me contestó así: “Mirá, es un asunto que está pendiente de definirse, pero que sabemos que es interesante”. Para entonces, yo tampoco sabía bien qué era, pero me sorprendió aquella respuesta estilo Cantinflas…

Cuando terminó el gobierno de Bolaños, y en 2007 llegó al gobierno el Frente Sandinista, se encontró con el ProRural, apoyado por abundantes recursos de la cooperación internacional, que lo respaldaban con un fondo común. La cooperación comentó que si se hacía algo nuevo pensarían en si era válido o no seguir respaldando ese programa. El Frente entendió el mensaje y sólo revisó ProRural, lo reestructuró y le cambió el nombre. Lo llamó ProRural Incluyente y sustituyó los ocho clusters por tres programas nacionales: el Programa Nacional Alimentario, el Programa Nacional Forestal y el Programa de Agroindustria Nacional Rural. Los tres programas incluían un enfoque sectorial desde el SPAR con tres temas: soberanía y seguridad alimentarias, capitalización de las mujeres rurales pobres y asociatividad. En realidad, el cambio que hicieron fue total: el ProRural conservaba sólo el nombre, ahora con el apellido de “incluyente”.

Para entonces, la asociatividad seguía siendo un concepto ambiguo, que cada quien interpretaba a su gusto. Políticamente se convirtió en un comodín. Y hoy se ha degenerado completamente y es una forma de excluirnos de forma amable y elegante. Yo tuve que aprender de la asociatividad y de la economía social. Recuerdo siempre con mucho aprecio a una representante de la Unión Europea que siempre nos invitó a las reuniones donde ella se reunía con el sector privado. En aquellas reuniones ella siempre decía: “Quiero que hable ahora el sector de la economía social”. Y los empresarios del sector privado me quedaban viendo y se preguntaban entre sí qué era eso del sector de la economía social. Recuerdo una vez que le pregunté a esta representante de la Unión Europea: “¿Y por qué ustedes no nos tratan aquí en Nicaragua como tratan a los representantes de la economía social en Europa?” Y ella me decía: “Porque aquí no hay condiciones políticas, no hay marco jurídico y no hay beligerancia. Aquí no hay una legislación que reconozca los derechos y las obligaciones del sector de economía social. Entonces, ustedes no existen. Mire al COSEP,
a ellos les reconocen como sector clave para el desarrollo, los toman en cuenta, se legisla en favor de ellos y se escuchan sus propuestas. Tienen un vocero, tienen una propuesta y tienen planteamientos. Y ustedes no, ustedes apenas están descubriendo que son un sector”.

Esto sucedía en los años 2007-2008. Tenía razón. Hoy estamos trabajando en un diagnóstico de quiénes “somos” en la economía social. El actor más relevante y más importante en la economía social es el movimiento cooperativo, que hoy tiene once Federaciones (cinco agropecuarias y seis de servicios: de pesca, de transporte colectivo, de taxis, de transporte pesado, de ahorro y crédito…). El bloque cooperativo de la economía social es el más importante, pero no somos los únicos porque también hay asociaciones de pequeñas y medianas empresas, las pymes, hay empresas autogestionarias, hay asociaciones de artesanos, de exportadores… Estamos acercándolas a todas, haciendo una caracterización. Y en unos meses podremos tener datos más exactos de cuántos somos, de qué hacemos y a cuántos representamos. En un cálculo así, de más o menos, podemos decir que somos medio millón
de personas organizadas en lo urbano y en lo rural. Organizadas, porque desorganizadas son muchas más.

Así como en el país está el sector estatal, que tiene empresas estatales que trabajan con recursos públicos, y está el sector privado, que tiene empresas privadas y sociedades anónimas, que son sociedades de capital, con intereses mercantiles y de lucro, nuestras empresas, las del sector de la economía social, son sociedades de personas y, aunque no somos sociedades de capital, sí intervenimos en la economía para resolver problemas económicos, problemas sociales y también problemas políticos. Sin embargo, la economía social sigue siendo en Nicaragua un tema exótico. Hay ministros y políticos de los diferentes partidos que no saben ni qué es eso. En Europa, al frente del Parlamento Europeo, está un edificio enorme, que es la institución de la economía social. En España existen universidades con doctorados en economía social y en cooperativismo. Pero aquí en Nicaragua ni los políticos ni la Academia tienen asimilado el término. En Nicaragua no hay un solo abogado en derecho cooperativo, tampoco hay un solo licenciado en administración cooperativa. La Academia está en deuda con el movimiento cooperativo y con el sector de la economía social.

Y decimos que la Academia está en deuda, porque cuando se habla del Canal Interoceánico que harán inversionistas chinos y de la necesidad de nuevos profesionales, inmediatamente varios rectores de las Universidades del país informaron, con bombos y platillos, a la población que a lo inmediato trabajarían en la formación de esos nuevos profesionales especializados en los perfiles que demandará el Canal. Pero cuando hablamos de la necesidad de profesionales que trabajen con el movimiento cooperativo, técnicos y licenciados en administración cooperativa, licenciados en derecho cooperativo, ningún rector tiene tiempo ni voluntad, menos aún presupuesto, para organizar y ofertar este tipo de carreras. Pareciera que se les olvida o desconocen el rol clave que tiene el movimiento cooperativo en la seguridad y soberanía alimentarias, en el empleo, en la generación de productos y servicios en los diferentes sectores de la economía nacional, en el desarrollo del país.

Nosotros creemos que es imposible entrarle al desarrollo rural en serio sin tener en cuenta al sector de la economía social, sin tener en cuenta al movimiento cooperativo, sin tener en cuenta a los gremios, federaciones y sindicatos. ¿Nos tienen en cuenta? Al llegar en 2007 al gobierno, ¿el Frente Sandinista tenía asimilado ya el concepto de economía social? ¿Favoreció el movimiento cooperativo, la asociatividad?

El primer problema que debemos señalar es que toda la institucionalidad relacionada con el desarrollo rural y con la economía social ha sido cambiada continuamente. El SPAR quedó con el mismo documento de los años 90 y el ProRural también, pero sólo fueron estables de nombre. Los últimos cambios que hemos visto en el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) son sólo los primeros del año 2014. Recientemente le quitaron al MAGFOR la Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DIGEPSA) y lo están convirtiendo en un instituto y no sabemos en qué va a quedar… Estos cambios empezaron desde el principio del gobierno del Frente Sandinista. En 2007 el Frente creó el INFOCOOP (Instituto de Fomento Cooperativo) y tres años después decidió que no servía y lo desapareció, convirtiéndolo en una oficina de capacitación. Para hacer esto no consultó con nadie del sector de economía social ni con las Federaciones de Cooperativas. Finalmente, en 2012 crearon un megaministerio que llamaron Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Es un megaenredo porque abarca de todo: turismo rural, pesca, agroindustria, acuicultura, agricultura, y ganadería, microempresas, pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales y también el sector cooperativo. Es como un plato de tallarines o de espaguetis, que no sabes ni donde comienza cada cosa ni donde termina. Esa megaestructura es la que está liderando hoy el ProRural, provocando cruces tremendos y tremendos problemas. Y es lógico: existen grandes diferencias entre la estructura con la que surgió ProRural y la estructura institucional actual. Y si el actual ProRural está liderado por un megaministerio que se ocupa de tantas cosas, ya eso nos indica que esta institución no está especializada en el desarrollo rural ni lo prioriza. El Frente constituyó el Banco Produzcamos para apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana producción, pero después de tres o cuatro años hemos visto que ese banco no produce nada. Hasta hoy ese banco es más viento que lluvia.

Volvamos al ProRural. En noviembre de 2012 un equipo independiente realizó una evaluación de medio término que llamó “Enfoque por resultado sectorial” del Pro Rural Incluyente. La evaluación analizó indicadores, metodología, criterios de aplicación… y la conclusión a la que llegó es que la ejecución del Pro Rural Incluyente es “moderadamente satisfactoria”. Decirlo así es como decirle elegantemente al jefe: Hay ciertos avances, pero hay problemas grandes que resolver. Los evaluadores agregaron esta conclusión: “Se necesita un mejor sistema de gestión que permita generar y evidenciar resultados sostenibles, especialmente a nivel de efecto y a nivel de impacto en la vida de las familias campesinas ya que, por lo general, los datos que tenemos es cuánto se ha entregado y a quiénes se les ha entregado”. Se encontraron, pues, con indicadores demasiado vagos, muy simples como para hacer un buen análisis.

Y es que este gobierno ha medido la eficiencia de sus programas básicamente en término de “entregas”: miles de bonos productivos, miles de láminas de zinc, miles de vacas, miles de cerdos… Su meta es entregar y entregar tantos servicios y tantos productos, hacer tantas visitas y realizar tantas reuniones, pero datos que demuestren cómo ha influido eso en mejorar el nivel de vida de la gente no existen. Y no existen porque o no hay capacidad para medir la influencia o porque no hay intención de hacerlo. Yo creo que la capacidad existe y creo que lo que no quieren es evidenciar cuál ha sido la verdadera influencia en cambiar la vida de la gente pobre. Con tan pocos datos no es fácil analizar ni cualitativa ni cuantitativamente los efectos del ProRural. Hay deficiencia en el sistema de información, hay mucha rotación en el personal que recoge la información de campo y siempre se está trabajando con aproximaciones, haciendo uso de información de años anteriores, partiendo de supuestos… Es importante también señalar que el costo del ProRural no está cuantificado, no se sabe cuál es la brecha financiera en su presupuesto. Y si eso no está claro ¿cómo trabajar con prioridades y cumplir metas?

Otro problema que nos encontramos en los territorios es la falta de coordinación. Hace menos de dos semanas anduve por Jinotega y Matagalpa y me encontré a funcionarios del INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria) que estaban fumigando en un barrio de la ciudad en la campaña contra el mosquito del dengue. “¿Y qué andan haciendo ustedes?”, les dije. Me contestaron que ésa era “la sinergia entre el campo y la ciudad” y que el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, el MEFCCA, y el Ministerio de Salud demandaban priorizar la abatización contra los mosquitos. Les pregunté si no era la prioridad de ellos ocuparse del programa de las semillas criollas y certificadas y de la transferencia tecnológica y me dijeron que “la orientación” era la fumigación de los barrios cercanos al INTA. Es sólo un ejemplo que nos hace ver que las prioridades están marcadas por lo que determina quien está arriba y no por las prioridades del desarrollo rural.

Veamos ahora problemas que se presentan en algunos proyectos y programas. Uno de los tres componentes del actual ProRural es el Programa Nacional de Alimentos, que tiene como objetivo capitalizar a los campesinos pobres descapitalizados, mediante la entrega de bienes y servicios, lo que les debe permitir un proceso de acumulación para autoabastecerse y para producir excedentes que comercializar en el mercado.

El Programa estableció metas y un instrumento para lograrlas. Ese instrumento es el famoso bono productivo alimentario, que el gobierno comenzó a entregar en 2007 y que fue conocido como Hambre Cero. Se le entregaría a las familias campesinas una vaca, una cerda, gallinas, un gallo, semillas, un biodigestor… bienes por valor de unos 2 mil dólares. En un año, como producto de la capitalización y para crear un fondo revolvente con el que ayudar a otras familias, cada familia beneficiada aportaría una cantidad de 5 mil córdobas.

La meta inicial era llegar a 80 mil familias. En 2011 habían llegado a 56 mil 800. Entonces, el gobierno decidió ampliarlo a 120 mil familias. Dijeron que ésa era la nueva meta y para incluir la asociatividad establecieron que para recibir el bono las beneficiadas -la mayoría eran mujeres- debían organizarse en núcleos o cooperativas de 50 personas cada una. Como la meta eran 120 mil familias, la meta era constituir 2,400 cooperativas y cada núcleo o cooperativa debía contar con un fondo revolvente alimentado con los aportes de cada familia. Saquemos cuentas: si cada persona que recibía el bono entregaba al fondo revolvente 5 mil córdobas, eso haría un fondo de 600 millones de córdobas, el equivalente a unos 23 millones de dólares. Ése sería uno de los objetivos de trabajo del Programa Nacional Alimentario. Para cumplir con esas metas decidieron legalizar todas las cooperativas que estaban creando en torno al bono. Y para eso, entre finales de 2010 e inicios de 2011, cerraron al público durante cuatro meses el INFOCOOP. Olímpicamente, cerraron durante cuatro meses una institución estatal que necesitábamos para muchos otros trámites de nuestras cooperativas y se dedicaron solo a tramitar las personerías jurídicas de las cooperativas del bono productivo.

A la hora de analizar resultados de este programa nos encontramos de nuevo con el problema de los indicadores, porque el único dato que existe es las entregas del bono por años y los ingresos netos de las familias beneficiadas. No hay más información que ésa. Y surge la misma pregunta: ¿No hay capacidad para obtener más datos o no hay voluntad para exponer los resultados? Porque este problema se repite en todos los programas, no sólo en uno, es en todos.

Los datos más recientes que hemos podido capturar sobre el bono productivo son de 2011. Allí se ve que de las 2,400 cooperativas planeadas para organizar ese año se organizaron 1,600, pero sólo 230 cumplieron los requisitos y sólo esas 230 tenían personería jurídica, apenas el 17% de las planificadas. Y para lograr este pobre resultado, tuvieron que cerrar durante cuatro meses una institución pública, el INFOCOOP. Esto no es ni justo ni correcto.

Yo estuve hace menos de tres días en el municipio de Limay, donde hubo un esfuerzo especial del MEFCCA para constituir allí 37 cooperativas. A todas se les entregó personería jurídica y su certificado, pero ninguna está funcionando. Las mujeres de allí dicen: “Nos capacitaron sólo porque querían entregarnos esos papeles, pero aquí nadie sabe cómo funciona esto”. Y así es, ahí están los libros sin ningún acta, ahí está el libro diario y el libro mayor sin uso y ahí hay directivos que no saben siquiera el nombre del cargo para el que los eligieron. Esto evidencia una irresponsabilidad mayúscula en promover asociatividad. Después dicen ellos que las cooperativas no sirven, cuando los que no sirven son quienes llegaron a hacer esa barbaridad. ¿Qué pasó? Que todas esas mujeres dijeron: “Si no nos metemos a cooperativa no nos dan el bono”. Y tontas hubieran sido si no se hubieran metido a la cooperativa de papel para recibir un beneficio material.

Otro problema fueron los 600 millones de córdobas que esperaban reunir en el fondo revolvente. A diciembre de 2012 sólo se habían recogido 59 millones de córdobas, de todas formas una suma bastante aceptable. En vez de 5 mil córdobas por familia beneficiada, recogieron unos 965 córdobas, lo que significa una contribución y un ahorro importante. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Que ya eran cooperativa, pero no sabían qué hacer y empezaron a decir esas mujeres: ¿Y cómo administramos el fondo, y cómo se administra una cartera, y cómo se hace una cobranza, y cómo se hace una provisión…? Y en el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa no sabían qué hacer para darles respuesta. Entonces, recurrieron al INATEC (Instituto Nacional Tecnológico) para que les capacitaran a todos los instructores que necesitaba el movimiento cooperativo que estaban creando desde el gobierno. Pero no había quién los capacitara… ¿Qué hacer entonces con los fondos que esas mujeres y tantas otras familias no sabían administrar en cooperativas creadas de forma improvisada? Les dijeron a las mujeres: “Depositen el aporte al fondo revolvente en una cuenta que la cooperativa abrió en el banco”. Y así lo hicieron. Pero no sabían que las cooperativas tienen que actualizar cada año sus documentos. Y cuando fueron a retirar el dinero del banco, el banco les dijo: “¿Usted me puede demostrar que es el presidente legal y reconocido por el INFOCOOP?” La gente decía que sí y enseñaba la certificación, pero le decían que ya estaba vencida. Pues vaya al INFOCOOP… Pero el INFOCOOP ya no existe… Pues vaya al MEFCCA… ¿Y qué es eso? ¡El nuevo Ministerio! Y tuvieron que hacer asamblea y elegir cargos y hacer informe… Y al final, por toda esa burocracia el banco se ha quedado jineteando esos fondos por un buen rato y hoy hay mujeres y hay gente llorando: “Yo pagué con la ilusión de que el fondo revolvente me volviera a prestar y ahora no tengo nada… Pagamos con mucho sacrificio y ahora el banco se lo quedó…”

Ésas son las tragedias cotidianas que no se ven. Son las tragedias de mucha de la gente que se metió al bono y que se metió a ser cooperativa. En su propaganda dice el gobierno: Hemos beneficiado con el bono a 50 mil familias, ¡a 80 mil familias! Pero detrás de esas cifras hay traumas, hay dificultades y eso no se logra ni evaluar ni analizar. Y lo que es más grave: las cooperativas que se formaron así, con improvisación y desorden, no tienen un plan de fortalecimiento organizativo, no tienen futuro. Añado que tampoco hay realmente una estrategia de género para todas esas mujeres que dicen que quieren capitalizar y volverlas protagonistas. No la hay.

Cuando comenzaron a hablar de las cooperativas del bono productivo alimentario varias federaciones le propusimos al gobierno: “Si en un territorio hay alguna de nuestras federaciones y ahí tienen ustedes las cooperativas del bono productivo, esas cooperativas nuevas las puede atender una de las nuestras, la que más influencia tenga en ese territorio. Y nosotros la vamos a apoyar. Nos dicen dónde están entregando el bono, con quiénes están trabajando ustedes y organizamos un trabajo conjunto”. Sólo le pedimos que nos reconocieran los costos de movilización. El programa del bono productivo alimentario tenía originalmente un presupuesto de 500 dólares anuales por cada familia para asistencia técnica y capacitación. Nosotros le propusimos hacer ese mismo trabajo por unos 150 dólares anuales, porque con esa cantidad nos bastaba para movernos en el territorio.

Les hicimos esa propuesta y los funcionarios de gobierno muy campantemente nos dijeron: “Nuestra intención no es trabajar con las federaciones existentes. Nosotros vamos a crear nuestro propio movimiento cooperativo. Así que con ustedes no tenemos nada que hacer”. Así clarito nos lo dijeron. Y nos fuimos. Y armaron esas cooperativas, empezaron a constituirlas, quisieron armar uniones y centrales y se les volvió a caer todo. Porque el problema de las cooperativas es que hay que actualizarlas cada año. Y actualizarlas significa estados financieros, significa plan, estatutos, asamblea… No es como un sindicato, que es fácil porque basta con ir al Ministerio del Trabajo para inscribirse y punto. No, esto es más complejo, porque se trata de asuntos socioeconómicos.

Otro programa del ProRural es el Programa Nacional de Agroindustria Rural. Lo financia el BID y el Banco Mundial. Se llama PROCAVAL (Proyecto de Apoyo para la Inserción de Pequeños Productores en Cadenas de Valor y Acceso a Mercados). También depende del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Vi un caso de ese programa en San Dionisio. Me dijo la muchacha responsable: “Aquí ya hemos entregado el bono a 900 mujeres. Tendrán 900 cerdas que van a parir y con todos esos chanchitos vamos a montar un matadero para San Dionisio-Esquipulas-San Ramón”. Yo le dije: “Pero con esos chanchos un matadero sólo trabaja dos días. ¿Por qué no meten a ese negocio a toda la gente del territorio? Así sí les puede funcionar”. Me dijo que no, que “la orientación” era que sólo entraran las que recibían el bono. Lógicamente, el proyecto del matadero no funcionó y a esa muchacha la corrieron.

Otro caso con PROCAVAL le costó el cargo a un funcionario en Chinandega. Hay allí una cooperativa de mujeres liderada por una unión de cinco cooperativas. Al frente está una mujer colaboradora histórica del Frente Sandinista, a la que respeto y aprecio mucho desde hace más de treinta años. Un día me llega “con los diablos en los poros” y me cuenta que venía de PROCAVAL, que había conseguido un proyecto de 4 millones de córdobas poniendo sus cooperativas una contrapartida de 500 mil córdobas, que ya habían recogido el dinero y que cuando fue a negociar con el funcionario le dicen: “Te vamos a dar los 4 millones, pero no vas a trabajar con tus cooperativas, sino con otras”. Ella insistió… y nada. Les dijo: “Me voy a quejar a Managua”. Le dicen: “Pero si de allí vino la orden”. Vino a Managua y se conectó con las “esferas mágicas” y le dijeron: “¿Quién está cometiendo esa barbaridad?” Ella dio el nombre del funcionario. Y lo corrieron, pero al final no le dieron a ella el proyecto. Querían que trabajara con gente que había recibido tres y cuatro créditos de distintos proyectos y no era confiable, no pagaba. Le dijeron: “Pero ésa es la gente que escogimos y con esa gente trabajás o no hay reales”. Este tipo de atropellos, esa forma de imponer desde la institución a partir de un préstamo, que es dinero público, es lo que nos tiene donde nos tiene. Y con esos atropellos atrasan, distorsionan, chantajean y complican al movimiento de la economía social. Hasta ahora no conozco un proyecto éxitoso de PROCAVAL, no sé si porque estamos desinformados o porque el éxito lo mantienen en secreto.

Veamos algo de lo que sucede en otro programa, el que llaman CRISOL (Cristiano Socialista Solidario), que también coordina el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. El objetivo de ese programa es que el 35% de la gente del campo emplee de forma masiva semillas mejoradas o variedades mejoradas para así elevar la productividad y la producción en el campo. Ahí se establecen metas que han ido cambiando cada año. La información más completa que tenemos es la de 2011-2012, año en que el CRISOL se llamó “Programa especial de alimentos”, porque también cambian con frecuencia los nombres. Ese año la meta era financiar a 111,765 productores, el 30% mujeres. Se financió la siembra de 159,175 manzanas de granos básicos: maíz, arroz, frijol y sorgo, lo que equivalía a porcentajes importantes de la producción nacional: el 47% de la producción de arroz de secano, el 13% de la producción de maíz y el 19% de la de frijol. El MAGFOR y el MEFCCA daban las semillas y el dinero, ENABAS (Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos) acopiaba la producción y el Banco Produzcamos recuperaba el crédito. Al final, ENABAS sólo captó el 6% del frijol producido con ese crédito. ¿Por qué? Porque llegó al territorio y el precio estaba a 800 córdobas el quintal, pero ENABAS quería pagarlo a 600 córdobas, diciendo que era “un precio solidario” y “un precio justo”. No era justo y la gente reclamaba: “Podemos ser cristianos, podemos ser socialistas y solidarios, pero necesitamos pagar el dinero que nos prestaron”. Al final, el banco sólo recuperó el 47% del crédito. Ese programa fue de 21 millones 900 mil dólares y sólo recuperaron 11 millones.

Hay problemas de descoordinación, de improvisación, de voluntarismo, de desorden… También hay clientelismo político. Como ese programa se planteó en 2011, que era año previo a las elecciones municipales, el requisito para acceder al programa era estar en una lista que fuera firmada por el compañero del Gabinete de Producción del gobierno y por un líder de uno de los gremios de productores muy cercanos al gobierno. Y eso hicieron. Con esa lista con esas dos firmas se iba todo un montón de gente al banco a pedir préstamos. Parece película, pero fue verdad. Llegaban a que les entregaran esos reales sin más garantía que los sellos y la firma de estos compañeros. De esa forma, una gran cantidad de gente recibió dinero, gente que ni siquiera era productora, pero que sí era “un voto a revertir o un voto a conquistar”. Resultado: los que no son productores no sembraron y los que sembraron no quisieron vender y no pagaron la deuda. Además, nunca se supo si se sembraron o no esas 111 mil manzanas. Porque no había capacidad técnica para darle seguimiento a ese crédito y a ese proyecto. “De ahora en adelante vamos a prestar lo que logremos recuperar”, dijeron, al ver tan malos resultados y entender que no es correcto trabajar con ese tipo de lógica cuando se implementa nada menos que un plan nacional de alimentos.

El programa CRISOL pretendía mejorar la producción y la productividad, pero no se sabe cuánto se sembró ni cuánto se cosechó. Al final, lo que hicieron fue calcular a partir de supuestos. No se resolvió nada, no se sabe si el programa resultó o no. La meta de asegurar que el 35% de los productores emplee semilla mejorada para mejorar producción y productividad sigue siendo un deseo histórico. Entre el 10 y el 15% de los productores usan semilla mejorada, pero ése es un dato de hace veinte años. Y desde hace veinte años se trabaja con ese dato, que permanece inamovible.

El principal problema de este programa, y el de los otros, y así lo reconoce un equipo del gobierno, es un problema
de coordinación interinstitucional, es la falta de un diálogo constructivo y de colaboración con los gremios y con los distintos actores de la cadena de producción. Ellos lo reconocen. No hay autonomía en los ministerios para tomar decisiones y cuando alguien presenta un problema sólo le dicen: “Vamos a tomar nota y a trasladar esa inquietud, que es muy válida”.

¿Y qué pasa en CRISOL Café con la plaga de la roya, que tanto está afectando? Todavía está en discusión cuánto darán por manzana: si 500 dólares, como dijeron al inicio, o si 700 como dijeron después. No saben si darlo por la vía de las cooperativas que existen o darlo por la vía de “los recomendados”. Están en esa indefinición. Después de siete años de gobierno del Frente Sandinista, sus funcionarios llegaron a la conclusión que las cooperativas de café de primer grado los desgastan, que son frágiles y están atomizadas, que sus capacidades empresariales son muy débiles y limitadas Con esas ideas decidieron armar sus propias Uniones de cooperativas, que es el grado siguiente a las cooperativas de primer grado. Pero fue hasta el año 2013 que reconocieron que las uniones de cooperativas que formaron no les funcionaron. Porque armar un movimiento cooperativo no es sólo un problema de recursos, es un problema de capacidades, de conciencia, de voluntad, de conocimientos, de relaciones, y eso no se puede hacer desde el Estado, eso se hace desde el propio sector, desde la horizontalidad comunitaria. De otra forma no funciona. Pero ellos no se rindieron y dijeron que entonces crearían Federaciones, el tercer grado de las cooperativas. Y como tenían el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, no importaba que las Uniones o las Federaciones que organizaran fueran sólo de papel. Empezaron a armar “muñecos” de todo tamaño, pero al final los muñecos tampoco han servido. Esto implica que CRISOL Café no ha podido arrancar.

En conclusión, yo creo que el ProRural que existe hoy, con la estructura que tiene y con estos modos de actuar no es incluyente. El ProRural formó catorce comisiones, una por cada rubro y temática de las cadenas de valor Se han reunido cuatro, seis, ocho, diez veces y han firmado acuerdos y acuerdos… y no pasa nada. No sé por qué le pusieron el nombre de incluyente, porque la realidad es que es un Pro Rural inaccesible, excluyente, arbitrario e impositivo. Podemos afirmar que el contenido de las políticas públicas dirigidas al sector rural puede estar muy bien escrito, pero los arreglos institucionales, los métodos y estilos de trabajo para ponerlas en práctica están muy mal.

Y si el gobierno hablara con nosotros, ¿qué le diríamos? ¿Qué planteamos las cooperativas, qué proponemos desde el sector de la economía social, que ha estado sometido a estos vaivenes? ¿Cuál es nuestro planteamiento? ¿Qué es lo que proponemos?

Al hablar de tantas limitaciones, y también fracasos, quise demostrarles que o los políticos son muy inteligentes o nosotros somos muy tontos. Porque nos han hecho creer que el desarrollo se logra en cinco años. Y peor: que el ciclo de un gobierno coincide con el ciclo del desarrollo. Y cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta de que ni siquiera son cinco años. ¡Son menos! Veamos si no… En el primer año el nuevo gobierno se dedica a descalificar al anterior y a justificar que hay que hacerlo todo nuevo. Y pasan un año en eso. El segundo año lo pasan diseñando la nueva estrategia y elaborando los documentos para la nueva política. Los dos años siguientes pasan tratando de implementar la nueva política. Y cuando llega el quinto año, ya estamos de nuevo en campaña electoral. En la realidad, las estrategias para “el desarrollo” son sólo para dos años. Debemos convencernos de que el desarrollo no se logra en etapas quinquenales.

En una situación así, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra responsabilidad. En nuestro movimiento cooperativo reconocemos que hemos sido malos propagandistas para explicar lo que somos. La sociedad ignora lo que es la cooperativa porque los cooperativistas no hemos sabido explicar que la cooperativa es una sociedad de personas que se juntan no para recibir y pedir, sino para trabajar, compartir y también para dar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es luchar para que el sector de la economía social sea reconocido como un actor del desarrollo, para que se entienda que tenemos expresiones empresariales organizadas, que tenemos intereses, reclamos y propuestas y que demandamos leyes y demandamos institucionalidad con reglas claras. Demandamos todo lo que el sector privado demanda. Necesitamos instituciones estables, no la que un día se llama INFOCOOP y otro día se llama MEFCCA.

Nuestra lucha es por una democratización de la economía para que con un marco jurídico adecuado y con las políticas más adecuadas se redistribuya más equitativamente el ingreso entre los actores en la cadena de valor. Hoy, la política que tenemos y las leyes que tenemos lo que hacen es concentrar el ingreso y el valor agregado en muy pocas manos. Para eso existen los empresarios tradicionales y los de nuevo tipo. Están hechos para eso: para concentrar el ingreso y el poder con el cual protegen su rentabilidad y sus monopolios.

El sector de la economía social debe ser capaz de hacer señalamientos críticos. Debe señalar que en este país existe una crisis de cohesión social. Eso se nota y se siente en el temor y la incertidumbre de mucha gente. Se nota y se siente en la desconfianza que mucha gente tiene en el poder político, en el poder judicial, en todos los factores de poder. La gente desconfía, tiene dudas de su futuro: ¿Me cortarán, me van a dar el proyecto, me van a correr al muchacho…? “La gente vive pegada a la pared y con los pelitos parados”. Y si no existe cohesión social y todo el mundo anda pegado a la pared y con los pelitos parados, no podemos construir nada ni en lo económico ni en lo social. Ahí tenemos nosotros una primera tarea: cómo fortalecer la cohesión social de nuestro sector para que tenga identidad, para que tenga conciencia de que somos sujetos, de que somos un sector diferente al de la empresa privada.

Lograr cohesión social en nuestro sector es muy importante. Si no tenemos la identidad de que pertenecemos a un mismo sector, de que tenemos los mismos problemas y los mismos temores, posiblemente no vamos a tener la conciencia y la identificación de que vivimos realidades comunes y problemas comunes y de que tenemos que juntarnos para resolverlos. Todos los días escuchamos quejas de la gente que dicen que es injusto que si no tienen el aval político no tendrán acceso ni al programa Hambre Cero ni al programa Usura Cero. La gente lo dice individualmente, pero no es capaz de decirlo colectivamente. Tiene temor y cuando hay temor a hablar es imposible construir una respuesta colectiva.

Revisando la Constitución Política de Nicaragua, que la Asamblea Nacional acaba de reformar, vemos que el artículo 99, en sus párrafos primero, tercero y sexto, tiene ambigüedades y contradicciones conceptuales y políticas. En el párrafo primero se establece que “es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa, comunitaria, familiar, comunal y mixta para garantizar la democracia económica y social”. Este párrafo nos alegró y nos llenó de optimismo porque por fin en la Carta Magna se nos identifica como un sector que tiene una forma de propiedad y de gestión económica propia, diferente a la de la empresa privada y a la de la empresa estatal. Sin embargo, en el párrafo tercero del mismo artículo 99 se establece: “El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, la cual comprende, en un sentido amplio a grandes, medianas
y pequeñas empresas, microempresas, empresas cooperativas, asociativas y otras”.

En ese párrafo del mismo artículo se nos desconoce como sector de la economía social y, al hacerlo, se desconoce la importancia y el rol que jugamos en el desarrollo nacional y en la economía del país, ya que el párrafo le reconoce rol protagónico a la iniciativa privada, en la que nos meten a nosotros, mezclando grandes, medianas y pequeñas empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras. Pareciera que sólo tenemos derecho a ser identificados, pero no reconocidos. Nosotros no somos sector privado “en un sentido amplio”. Somos el tercer sector de la economía, no un anexo del sector privado. Sin embargo, en el párrafo sexto de ese mismo artículo 99 se nos vuelve a identificar como un sector diferente al sector privado. Podemos concluir, entonces, que lo que hay es un intento de reconocernos, pero no de darnos espacio. Nos miran, pero no nos identifican. Y nosotros no queremos ser vistos, queremos ser identificados y reconocidos. Y en términos económicos y políticos eso significa que nos tomen en cuenta a la hora de discutir leyes, políticas y programas que nos afectan o nos benefician como sector.

Al no estar presente en las cifras macroeconómicas y en las estadísticas del Banco Central es como si nuestro sector no existiera. Y generamos empleo, aportamos al PIB y exportamos, pero si no estamos en las estadísticas del Banco Central no existimos. Y por eso, todos los gobiernos, los de derecha y de izquierda, nos meten en la misma mesa de los grandes empresarios del COSEP. Y a través del COSEP negocian lo nuestro.

Nuestro sector, sean cooperativas, asociaciones, empresas de los trabajadores, pymes, lo que sean, debe integrarse en una lógica socioeconómica teniendo un enfoque político sectorial, político gremial y político económico. Nuestro sector debe evitar seguir siendo, tanto en el marco de la cooperación o en el de los programas de gobierno, un simple grupo meta o un grupo de beneficiarios. Porque a eso nos reducen. Esa forma de catalogarnos y de encasillarnos los hace actuar así. Actuar así es también un problema de cómo se crea conciencia, porque cuando el gobierno le da un crédito a alguien, son muchos los que piensan que el funcionario que le da el dinero, o el Presidente, sacó ese dinero de su bolsa y les está haciendo un favor y sienten que tienen la obligación de agradecérselo. Y eso no es así: el gobierno tiene la responsabilidad de usar bien esos recursos, que son de todos, para que la población pueda progresar y el país pueda pagar. No existe una conciencia así en la gente y no la hay tampoco en los servidores públicos.

Y aquí llego a un punto clave. La Constitución Política que el gobierno acaba de reformar en la Asamblea Nacional establece el diálogo y el consenso tripartito en el artículo 98, quinto párrafo. Ahí se habla con orgullo del modelo de alianza tripartita, de una “pata de gallina”, de un taburete con tres patas: el sector estatal, el sector privado y el sector obrero. Nosotros tenemos que exigir que sea una mesa con cuatro patas: sector estatal, sector privado, sector obrero y sector de la economía social, nuestro sector. Tenemos que pasar de la “pata de gallina” a la mesa. Y ésta es una lucha política de fondo, estratégica. La Carta Magna sólo habla de lo tripartito. Queremos lo cuatripartito. Y esto exige una discusión pública. Hay que decirle al COSEP: “No seas descarado, no hablés en nombre nuestro, no nos representás”. Y hay que decirle al gobierno: “No te hagás el tonto, bien sabés que existimos”. Esto es también un problema de ética política y de ética económica, porque en la medida en que dicen que nos están representando, aunque no lo estén haciendo, se aprovechan de que nos hacen invisibles para sacar ventaja de nosotros. De hecho, se sientan no para representarnos, sino para expoliarnos.

Toda esta marginación también tiene que ver con la historia, con de dónde venimos. El movimiento cooperativo nuestro, el de Nicaragua, el de América Latina, fue siempre promovido o por la iglesia o por partidos o por gobiernos. Nunca se le dio un enfoque socioeconómico, sino un enfoque social, una identidad más preocupada por el bien social, por los pobres, por los más desposeídos, olvidando que las cooperativas tienen un rol político y un rol socioeconómico. Pero el enfoque socioeconómico, o de economía social y solidaria, nadie lo ha promovido. Yo me formé en el movimiento cristiano revolucionario rural y en los años 70 empecé a trabajar en cooperativas en Chinandega, con la lógica cristiana. Mientras las estructuras del sector privado se han organizado con una lógica económica mercantil, de lucro, nosotros nos organizábamos con una lógica ideológica-social. Decíamos que las cooperativas eran la escuela donde se formaba el hombre nuevo. La ideologización del cooperativismo ha sido un factor que ha influido en la falta de reconocimiento de la economía social. Otro factor es que todos los gobiernos nos han usado para aumentar clientela con programas populistas y paliativos. El gobierno lo ha hecho así porque ésa es su naturaleza, pero nosotros no lo hemos impedido por falta de visión y por una dependencia sicológica de lo partidario, que nos ha hecho primero militantes y después cooperativistas. Resultado: la sociedad no tiene asimilado el concepto de la importancia de las cooperativas y de la economía social.

Debemos fortalecer la asociatividad. Y quiero desmenuzar cómo la entendemos. Todos los días escuchamos en las noticias que hay “asociación ilícita para delinquir”. Quiere decir que hay asociaciones ilícitas, ilegales, y que hay otras que son legales y valiosas. Asociarse es juntarse, aliarse para hacer algo. Asociarse sirve para mucho. Sirve para operar a una escala económica mayor: juntamos las microeconomías dispersas y podemos operar en una escala económica mayor, podemos concentrar oferta, concentrar demanda, multiplicar servicios. La asociatividad sirve también para organizar la interlocución desde las bases hasta el nivel nacional y para representar nuestros intereses en todos los niveles. En el caso nuestro, las cooperativas de base nos representan en la comarca, la Unión de cooperativas nos representan en el municipio, la Federación de cooperativas nos representa en el departamento y a nivel nacional y la Confederación, cuando exista, nos representará a nivel nacional e internacional

La asociatividad sirve también para enfrentar problemas de educación, de salud, de caminos, para apoyar a alguien en la comunidad, para hablar en nombre de la comunidad. Sirve también para formular propuestas de distinta naturaleza en distintos niveles y ante distintas autoridades. Sirve también para fortalecer nuestra identidad, nos permite no perder la identidad gremial y sectorial de donde venimos. Y eso es bien importante, porque me he encontrado gente que tiene treinta años de ser cooperativista y todavía se definen como “empresa privada”. Piensan que pertenecen a la empresa privada. Y cuando les cuestiono eso, me dicen: “Si no soy estatal y no soy privado, ¿entonces quién soy, el hijo de nadie?” Eso pasa por la limitada educación política y cooperativista que ha tenido la dirigencia de la economía social, lo que ha obstaculizado que surja esa identidad beligerante que tanto necesitamos.

La asociatividad también sirve, y esto es clave, para establecer alianzas. Si no tenemos la representación de un conglomerado, ¿quién nos va a buscar, quién nos va a llamar, quién nos va a notar? Nadie. La asociatividad da legitimidad al liderazgo de nuestro sector y eso construye autonomía. Y si algo debe caracterizar al sector de la economía social es que tiene autonomía organizativa, autonomía política y autonomía económica. Pero eso hay que trabajarlo diario, porque eso no viene establecido en la ley. Finalmente, la asociatividad, en un sentido más económico, sirve para articular cadenas de valor y eso permite organizar el desarrollo productivo en el nivel territorial y nacional.

Tenemos ahora en la FENACOOP una experiencia bien interesante en ese sentido. La hemos desarrollado en Río San Juan y Nueva Guinea. Hemos organizado allí la Cadena de Valor del Cacao. Lo llamamos el PNCC, Programa Nacional de Cacao en Cooperativas. Lo hemos logrado en un proceso que ha durado cinco años. Primero hicimos el análisis de la realidad. Vimos que el Plan Nacional del Cacao, un plan estatal, marchaba muy lento. El plan contemplaba sembrar 40 mil hectáreas, 4 mil por año, 19 mil el sector privado y otro tanto el gobierno, pero no existían políticas ni créditos para el cacao. Comprobamos que en el Banco Produzcamos ni un cliente había logrado pasar el filtro para obtener un crédito para cacao.

En Río San Juan y Nueva Guinea vimos que los productores de cacao tienen de una a tres hectáreas, trabajan en el trópico húmedo, la densidad poblacional en esos territorios es de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado y donde es mayor anda por veinte habitantes. Vimos también que así como el café padece la plaga de la roya, al cacao le cae otro hongo, la monilia. Y mientras se buscan variedades de café resistentes a la roya, nosotros también buscamos variedades de cacao resistentes a la monilia. Creamos entonces lo que llamamos un jardín clonal: compramos una finca en asociación con seis cooperativas, donde tenemos un centro experimental. En esa finca producimos material propagativo que, injertándolo, le da a la mazorca negra del cacao resistencia contra la monilia. Ya tenemos capacidad de abastecer con ese material resistente a nuestras cooperativas y también a empresas privadas y ONG. Este material lo conseguimos en una alianza con CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza). Hicimos alianza con ellos para diseminarla nosotros: le pagaremos el 10% que exige la ley por la propiedad intelectual y así beneficiamos a todo el país. Hoy ya estamos financiando 1 mil 40 hectáreas de cacao, tenemos organizados dos centros de acopio, ya estamos exportando y además tenemos en proceso un plan para mejorar la producción de chocolate artesanal. Esta cadena nos está dando articulación y sostenibilidad financiera. También nos está dando identidad. Nuestra Federación está logrando un liderazgo importante en el rubro cacao.

Y al hablar de este proyecto que hemos construido en esa zona, es imposible no mencionar el proyecto del Canal Interoceánico. Cuando uno analiza las posibles rutas del Canal, la mitad de cualquiera de las rutas que se elijan pasará por el trópico húmedo, donde hay bastantes territorios indígenas, muchas tierras comunales y también cooperativas. Ya vimos que ese Canal nos va a afectar algo en la zona de influencia de los cacaotales. Sólo el hecho de que no esté definida la ruta, está desatando ya un mercado de tierras en la zona. Llegan compradores que le dicen a la gente: “Vendeme a mí, porque el chino te va a pagar lo que ellos quieran y yo te pago un valor de mercado”. Y entre el valor del chino y el del mercado, la gente prefiere el del mercado. Pero la gente después pregunta: “¿Y por qué me la quieres comprar si tú vas a perder también con el chino?” Y la gente piensa: “Éste me la quiere comprar porque ya sabe y tiene sus conectes”. Hay mucha especulación y eso aumenta la incertidumbre entre la gente: ¿Le creo, no le creo, pasará por aquí ese canal, no pasará…? Otra gente piensa: “Mejor espero a que definan la ruta”. Pero después piensa: “Y cuando ya esté definida, el precio se me cae”…

Otro problema que todavía no se ve es la actividad económica en que la gente tendría que reinsertarse una vez que el Canal empiece a cambiar la vida del país y la vida de tanta gente afectada. Habrá que pensar en una estrategia de reinserción y de reconversión de mucha gente campesina, de muchos productores. Esto del Canal está poniendo a prueba qué tanto nos importa el país. Y siento que todavía la gente tiene más miedo que decisión de tener país.

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