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  Número 385 | Abril 2014
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Nicaragua

Cada vez menos institucionalidad y cada vez más desigualdades

Tras más de siete años evitando un diálogo con los obispos, Daniel Ortega decidió recibirlos. Se reactivaron así las expectativas sobre cuál debería ser la agenda episcopal. Una mayoría de voces opositoras señalan como prioritaria la deteriorada institucionalidad del país. El Papa Francisco tiene otras prioridades.

Equipo Envío

El año 2014 inició con una sorpresa nacional: el Papa Francisco nombró cardenal al arzobispo de Managua Leopoldo Brenes. La noticia tuvo inmediata e irremediablemente ecos políticos. Y, a pesar de la insistencia del Papa Francisco en señalarle a Monseñor Brenes y al resto de los nombrados que el cardenalato no es “una promoción ni un honor ni una condecoración”, que no es más poder, sino sólo más servicio, ha resultado prácticamente imposible que la clase política, tanto la que ocupa el gobierno como la que está en la oposición, no haya vislumbrado más poder que servicio en ese nombramiento, entendiéndolo como un cargo privilegiado que abre nuevas oportunidades en las respectivas agendas, la presidencial y la opositora.

LA PRIMERA GRAN TENSIÓN

Consciente de que los conflictos con la jerarquía católica en los años 80 lo habían perjudicado gravemente, de regreso al gobierno Daniel Ortega decidió cambiar de estrategia. Financieramente, su gobierno comenzó a apoyar a párrocos y a prelados en sus obras sociales y fiestas patronales. Retóricamente, el discurso que venía de casa presidencial se plagó de recursos retóricos y simbólicos destinados a halagar la religiosidad popular. No ha habido día ni oportunidad en que el gobierno no haya alentado de las más diversas formas la religiosidad más tradicional como un mecanismo para legitimar su poder.

Transcurrido en “paz” más de un año, los obispos católicos fueron el primer sector social en denunciar el comprobado fraude electoral en las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008. El día 11, y en un lenguaje inusualmente directo, señalaron las irregularidades que percibían en el proceso e hicieron “un urgente llamado a los miembros del Consejo Supremo Electoral a actuar con honestidad, transparencia e imparcialidad por su dignidad personal y el respeto al voto sagrado que en conciencia depositó nuestro pueblo en las urnas”. Propusieron la revisión de todas las actas de escrutinio e insistieron en esa petición, aunque sin ser escuchados.

Después de las dádivas entregadas durante meses a las estructuras eclesiásticas en todo el país, y a pesar de que el FSLN había votado en 2006 por la penalización del aborto terapéutico, la reacción de los obispos le resultó al gobierno totalmente inesperada. La percibieron -como perciben cualquier crítica o señalamiento- como una traición. Eso explica las declaraciones de algunos funcionarios. Por ejemplo, la del magistrado electoral del FSLN Emmett Lang, quien llegó a decir que los jerarcas predican el amor al prójimo, pero “denigran al prójimo”, sentenciando que ese modo de actuar “es un pecado mortal”.

A partir de ese momento, las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno comenzaron a tensarse y a destensarse, con altibajos según los prelados, con momentos muy ríspidos (como el de mayo de 2009 provocado por “hackers de lujo” – ver Envío de mayo 2009), con negociaciones bilaterales, acomodos y reacomodos.

La firme postura anti-fraude tomada por la jerarquía católica, provocó que medios de comunicación y dirigentes políticos comenzaran desde entonces a atribuirle a los obispos un liderazgo sustituto al que estaban perdiendo los partidos, delegando en ellos la responsabilidad protagónica de encontrar “solución” al modelo de concentración de poder en el que Ortega se estaba empeñando aceleradamente.

LA SORPRESA
DE UN SEGUNDO CARDENAL

Todo el país se alegró del nombramiento para Cardenal de Monseñor Brenes, de “Polito”, como le llaman cariñosamente muchos y como él mismo dijo que le siguieran llamando si así querían. La alegría estaba justificada por la trayectoria de un hombre bueno, sencillo y cercano en su trabajo como párroco (1974-88), después como obispo auxiliar de la capital (1988-1991), después como obispo de Matagalpa (1991) y desde 2005 al frente de la arquidiócesis de Managua. Evocando al Papa Francisco, Brenes es “pastor con olor a oveja”. Está entre la gente, conoce a su gente, no se da importancia, viene de la pobreza y sigue viviendo de forma austera.

En mayo de 2009 lo “retrataba” así el sacerdote dominico Rafael Aragón en las páginas de Envío: “Tiene una gran capacidad de ganarse a la gente. En Matagalpa el alma de los campesinos sintonizó con él. Sin ningún planteamiento pastoral específico, solamente por estar con ellos, por ser cercano. También es una característica suya procurar que su clero se sienta como una familia, que haya amistad, integración y armonía entre sus sacerdotes”.

El gobierno de Ortega -que desde 2007 ha presumido del privilegio de tener como aliado a un Cardenal, Monseñor Miguel Obando, nombrado por Juan Pablo Segundo en 1985 en plena guerra civil, a quien Brenes sustituyó como arzobispo de la capital-, al conocer el nombramiento de un segundo cardenal tuvo iniciales momentos de perplejidad. Tardaron en reaccionar algunas horas, hasta que al día siguiente de que de Roma llegara la noticia, la Secretaria de Comunicación y Ciudadanía lo felicitó, expresando el deseo de que el Cardenal Brenes “contribuya a que las sendas abiertas por el Cardenal Miguel se profundicen”.

EL PESO DEL PRIMER CARDENAL

Durante todos estos años Ortega ha mantenido a su lado al Cardenal Obando en todos los actos públicos como una especie de “prenda” de su “conversión” católica. Durante años le encomendó recorrer barrios y comarcas de todo el país para que entregara personalmente láminas de zinc a familias pobres beneficiadas con el Plan Techo. En enero de 2014 el nombre del Cardenal Miguel Obando y Bravo ingresó al solemne Preámbulo de la recién reformada Constitución Política de la República con el título de “Cardenal de la Paz y la Reconciliación”.

Además de la cercanía del Cardenal Obando, durante estos años el gobierno procuró, y consiguió, amistarse con párrocos y clérigos con generosas ayudas económicas. El 30 de diciembre de 2013, en entrevista con “La Prensa” el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez lo reconocía: “Yo he tenido, y lo puedo denunciar, información de algunos sacerdotes a los que el gobierno les ha ofrecido dinero limpio para que lo usen sin dar cuentas... Hay de parte nuestra una cierta preocupación acompañada de una cierta comprensión también. Y queremos pensar que hay buena intención en los sacerdotes, aunque no negamos que pueda haber intereses oscuros por detrás”.

Refiriéndose al peso simbólico de Obando en el clero, dijo: “Nosotros hemos denunciado con claridad una situación social y política que no le está haciendo bien ni al presente ni al futuro de la nación. Y probablemente, que el Cardenal Obando esté al lado del gobierno ha estimulado y ha hecho menos escandaloso que estos sacerdotes se distancien de las posiciones de la Conferencia Episcopal, porque el Cardenal está apoyando las políticas del gobierno sin hacer la menor crítica de ningún tipo”.

EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO

En este contexto de años, y en la coyuntura más reciente, en la que se ha consumado prácticamente el modelo de poder absoluto, concentrado y centralizado, Ortega no podía dejar de tomar nota de un acontecimiento de tan alto contenido simbólico, popular, social, también político, como la investidura de Monseñor Brenes como Cardenal. Fue en ese ambiente de respaldo, felicitaciones, congratulaciones y festejos en el que decidió por fin dialogar con los obispos de la Conferencia Episcopal.

A lo largo de sus ya más de siete años en el gobierno, el Presidente sólo se ha reunido periódicamente con un único sector de la vida nacional: la representación de los gremios de la gran empresa privada agrupados en el COSEP.

Fue en mayo de 2009, en ocasión del mensaje denigrante contra los obispos que habrían introducido en Internet los “hackers de lujo”, según versión de la Primera Dama, que el arzobispo Brenes solicitó pública y oficialmente por primera vez al Presidente Ortega un diálogo bilateral, sin obtener respuesta.

EL DIÁLOGO VA

El cálido y tan publicitado por los medios oficiales recibimiento que el Presidente Ortega y su esposa decidieron darle el 3 de marzo a su regreso de Roma al ahora Cardenal Brenes catapultó finalmente la noticia del inminente primer diálogo de Ortega con los obispos, lo que renovó en medios opositores y en dirigentes políticos expectativas totalmente sobredimensionadas sobre la capacidad del episcopado para remediar, enmendar o transformar el rumbo del país.

No deja de ser notable que en momentos así muchas voces dejan invisible a más de la tercera parte de la población nicaragüense, que no es católica sino evangélica, y que ve en el pastor de su barrio o comarca esa máxima autoridad moral que se le atribuye en exclusiva a los obispos católicos.

El 10 y 11 de marzo los obispos se encerraron durante dos días para llegar a un consenso en si aceptaban o no dialogar con el Presidente. El consenso fue positivo y el día 18 enviaron una carta a Ortega solicitándole que les avisara con suficiente tiempo la fecha del encuentro. El 24 el Presidente les contestó diciéndoles que pusieran ellos fecha y lugar.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, también secretario de la Conferencia Episcopal, señaló al comienzo dos condiciones obvias: que el diálogo fuera con el pleno de la Conferencia y con agenda abierta. También planteó dos sugerencias ambiciosas: que al diálogo con los obispos debía seguir un diálogo con todos los sectores nacionales y que todo lo que se hablara fuera conocido por la opinión pública.

DIÁLOGO CON LOS OBISPOS
Y ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

Prácticamente a la par del diálogo con los obispos, Ortega ordenó a sus diputados del FSLN que se ocuparan por fin del pospuesto nombramiento de los más de 50 funcionarios que han ido permaneciendo ilegalmente en sus cargos desde 2010.

Aquel año 2010 comenzó con una urgencia institucional: 25 funcionarios de primer rango, al frente del Poder Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos terminaban en febrero, abril y junio su período constitucional y los diputados debían elegir a sus sustitutos.

El 9 de enero, un decreto presidencial, ilegal porque usurpaba atribuciones exclusivas de los diputados, los mantuvo en sus cargos. Ortega justificó aquel decreto en su responsabilidad de “evitar el caos”. Lo que buscaba evitar era una negociación parlamentaria, para la que no contaba con mayoría. Y para no negociar decidió decretar. Con los años, se fueron sumando funcionarios “de facto” y hoy son más de 50 los que permanecen en sus cargos sin haber pasado antes por la legalidad de una votación en el Legislativo. Pero hoy, y como consecuencia del fraude electoral del año 2011, Ortega ya cuenta con la mayoría calificada en el Legislativo, lo que le permite hacer lo que quiera.

“DESMANTELAMIENTO
INSTITUCIONAL”

El proceso parlamentario para el nombramiento de esos cargos, como el que llevó en diciembre a las reformas constitucionales, y en enero a la reforma al código militar, fue acelerado, con una inexplicable premura. ¿Por qué tanta prisa? La orden presidencial era expedita: todos los funcionarios debían ser reconfirmados, o nombrados, para esos puestos antes de las vacaciones de la semana santa.

La coincidencia en el tiempo del postergado diálogo con los obispos y de la postergada elección de altos cargos, llevó a varios sectores y a analistas a vincular ambos hechos y a insistir en que los obispos hablaran antes del proceso parlamentario. Algunos dijeron que no era una coincidencia casual, sino premeditada, y que Ortega lo hacía así para que los obispos no pudieran incidir en los nombramientos. Hablaría con ellos cuando ya toda la ilegalidad de estos años habría quedado legitimada.

Otros afirmaban que, incidiendo o no, los obispos debían hablar con el Presidente de la crisis institucional en la que Ortega ha sumido al país. Insistían en poner confianza en cambios políticos surgidos del diálogo con la jerarquía. Algo de razón tenían al alimentar la agenda de la crisis institucional. No en balde, en el último documento de la Conferencia Episcopal, de noviembre de 2013, sobre las reformas constitucionales, un texto crítico y contundente, los obispos caracterizaban la coyuntura nacional como “un momento de evidente desmantelamiento institucional del país”.

El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, es el que más ha relevado en sus declaraciones que el problema prioritario de Nicaragua es el deterioro democrático, las violaciones al Estado de Derecho, la falta de institucionalidad. La crisis institu¬cional como prioridad nacional es también tema recurrente en las informaciones diarias de los pocos medios independientes que aún quedan en Nicaragua.

LA OTRA AGENDA:
LAS DESIGUALDADES SOCIALES

Desde estas páginas, también hemos señalado con insistencia el deterioro institucional como fuente de muchos otros problemas acuciantes que enfrenta nuestro país. En este mismo número, el presidente de la Federación de Cooperativas Fenacoop, Sinforiano Cáceres, explica y ejemplifica lo que una institucionalidad sometida a orientaciones políticas verticales y antidemocráticas puede distorsionar proyectos sociales valiosos y urgentes para los más pobres.

Conscientes de las injusticias que la falta de institucionalidad provoca a diario en el país, quisiéramos, en esta ocasión poner énfasis en otro ángulo de la realidad, no menos urgente y lacerante y muy adecuado en la agenda que los obispos lleven, no sólo ante el Presidente, sino a diario ante toda la población que pastorean.

A lo largo de estos años, la insistencia de una mayoría de voces críticas en los temas legales, institucionales y jurídicos, en las leyes que se violentan, en las instituciones que se controlan, en las normas jurídicas que se menosprecian, ha ido dejando en la sombra la inequidad social, el gravísimo escándalo que representa ese abismo que en Nicaragua separa a los poquísimos que tienen mucho de los muchísimos que tienen poco. Siempre hubo abismo, pero en estos últimos años se está profundizando.

La insistencia en la institucionalidad y en la democracia política también ha ido alejando el discurso opositor de la mente y el corazón de mayorías crecientemente empobrecidas en el campo y en la ciudad por falta de democracia económica, a las que o sólo les llegan las dádivas gubernamentales que apenas alivian su pobreza o no les llega nada o tienen que emigrar buscando vida en otros países.

ALGUNAS CIFRAS
DE LA DESIGUALDAD

Conviene repasar algunas -sólo algunas- cifras sobre la realidad económica del país cruzándolas con las apasionadas palabras del Papa Francisco sobre la inequidad social.

El economista Néstor Avendaño analizó recientemente en su blog la quinta y última encuesta nacional de nivel de vida (EMNV) realizada en el país. Corresponde a 2009. Ahí se informa que el 76.8% de las familias nicaragüenses cuenta con un ingreso mensual que oscila entre un mínimo al equivalente de 34 dólares y un máximo de 587. Es un dato que revela una escandalosa y estructural desigualdad social: más de las tres cuartas partes de las familias del país viven en situación de indigencia, de pobreza o de precariedad.

Estos datos -comenta Avendaño en su blog- revelan que en el 23.2% del total de familias nicaragüenses, un porcentaje que él calcula bastante aproximado al 19% de la población económicamente activa, se concentran los recursos que les permiten adquirir más allá de lo estrictamente básico. “Son resultados -dice- que también ayudan a demostrar la progresiva extinción de la clase media del país”.

Otro economista independiente, Adolfo Acevedo, ha puesto su mira en el futuro, lo que supone mirar a niños y niñas. Señala que, según la CEPAL, y según las últimas encuestas de hogares, mientras la pobreza afecta al 58.3% de la población total y la indigencia al 29.3%, en el caso de niños y niñas, el 70.4% vive en hogares pobres y el 39.1% en hogares indigentes. “Esto significa -comenta- que los niños padecen niveles de pobreza y de indigencia muy superiores a los que afectan en promedio a la población como un todo”. Significa que la inequidad social cae con más fuerza sobre los más chiquitos.

UNA ECONOMÍA INEQUITATIVA
Y EXCLUYENTE

¿Qué ha cambiado a lo largo de los más de siete años de este gobierno? ¿En qué medida los millonarios recursos de la cooperación venezolana, que tanto han beneficiado a quienes están en el círculo del poder y a sus aliados de la élite empresarial han ahondado la inequidad?

No existen datos precisos, pero cabe imaginarlos, teniendo en cuenta que la factura petrolera ha dejado correr en el país unos 3 mil millones de dólares y que los recursos vinculados a los negocios del consorcio ALBA son tantos que quienes los conocen de cerca los caracterizan así: “Parecen no tener horizonte”.

Avendaño concluye: “La economía nicaragüense continúa siendo excluyente e inequitativa. La mayor parte del crecimiento económico de nuestro país se ha concentrado en pocas manos y el Estado tiene pocos instrumentos para redistribuir el ingreso. Se los quitó el Consenso de Washington en la década de los 90 con la implementación de los dos primeros draconianos programas ESAF en nuestro país, retratados con la reducción del gasto social, la privatización del acervo público y el masivo desempleo”. Y añade: “Si en estos momentos no existe una suficiente capacidad estatal para redistribuir el ingreso, el diálogo tripartito gobierno-empresarios-sindicatos, ya elevado a rango constitucional, por lo menos debería insistir en la garantía de la igualdad de oportunidades para todas las familias nicaragüenses”.

En páginas siguientes, Sinforiano Cáceres habla también de la urgencia de un “cuatripartismo”, que supere la exclusión y la inequidad que padece el sector de la economía social: medio millón de personas que sostienen con su trabajo la producción en el campo, que son protagonistas en la economía nacional, y con las que no se dialoga porque no tienen representación reconocida en la Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria”.

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO”

Señalar la inequidad, poner el dedo en una llaga social que no se puede esconder -que es visible cuando en algunas zonas de Managua vemos levantarse mansiones suntuosas, cuando vemos el parque vehicular de la capital, de un lujo desproporcionado al país en que vivimos, cuando a diario conocemos de los veloces enriquecimientos de funcionarios y empresarios, exhibidos sin pudor ninguno- debería ser prioridad en la agenda pastoral de los obispos.

Es ésta la prioridad que señala el Papa Francisco en su primer texto de amplio alcance y escrito de su puño y letra: la exhortación apostólica Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio). Es un texto extenso, dedicado a sacudir, con un lenguaje ágil, apasionado y fresco, a obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, para que salgan a las periferias y sean alegres acompañantes y no severos jueces condenadores. En medio de ese mensaje central, también habla Francisco de lo que más le duele y preocupa en el mundo actual. Muchas de sus ideas deberían tener eco en Nicaragua, pues contradicen hechos y discursos que a diario vemos y escuchamos.

Parte el Papa de que la fe cristiana “tiene consecuencias sociales”, de que existe en la fe “un vínculo inseparable” con la situación de los pobres y de que “tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales”.

¿NOS BASTA
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO?

Se refiere alarmado Francisco a una “economía que mata”. Es la del actual modelo, “basado en la libertad absoluta de los mercados y en la especulación financiera”. En el contexto de una economía así diseñada, dice: “Algunos todavía defienden las teorías del “derrame”, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social”.

Y afirma que “esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los me¬canismos sacralizados del sistema económico imperante”.

Los defensores del “derrame” están en Nicaragua. Lo gobiernan y son la élite empresarial aliada de quienes gobiernan. Sin mencionar la palabra “derrame” -tal vez por considerarla obsoleta- hablan a diario de lo bien que va la economía del país refiriéndose enfáticamente al crecimiento económico, indicador que pregonan sobre cualquier otro, como garantía de empleo y bienestar.

Dice Francisco: “Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo”.

Y como una de las más aceitadas herramientas para distribuir el ingreso es el sistema tributario, el Papa señala también críticamente la “evasión fiscal egoísta” como una de las razones que permite que “mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz”.

LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE LA POBREZA

No hay duda que convivimos hoy en Nicaragua con una minoría feliz. Tampoco hay duda de que esa minoría practica una evasión fiscal egoísta, manteniendo exoneraciones y exenciones injustificadas. El sistema tributario de nuestro país, uno de los más inequitativos del continente, por no ser progresivo, y por eso ser injusto, es uno de los problemas históricos que generan desigualdades y que nunca han querido resolverse en Nicaragua, ni con esta institucionalidad demolida por Ortega ni con las anteriores.

“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar”, dice Francisco, “no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevarla a nuevas crisis”.

En las zonas rurales, las causas estructurales de la pobreza no han desaparecido. La falta de tierra es una de esas causas. El investigador de Nitlapan-UCA, Alfredo Ruiz, compartió hace menos de un año en Envío datos del censo agropecuario de 2011. Indican que el 7% de la población nicaragüense concentra el 57% de la tierra. “Hoy estamos asistiendo -dijo Ruiz- al regreso del modelo de la gran hacienda. Hay una creciente concentración de tierras en manos de capital extranjero, mientras el 40% de las familias rurales, unas 160-170 mil familias, no tienen acceso a tierra. Y no es evidente la voluntad política del gobierno para responder a esta realidad”.

¿MENOS POBRES
Y MÁS DESIGUALDAD?

Está ya probado que gobiernos de distinto signo ideológico pueden combatir la pobreza y hasta reducirla, mientras se incrementa la desigualdad. Es el caso de Chile, uno de los países que más ha reducido la pobreza y, a la vez, el país con mayor inequidad y brecha de desigualdad social en el continente. Abundan los programas que enfatizan la lucha contra la extrema pobreza y no hay ninguno que ponga su atención en como enfrentar la extrema riqueza.

En Nicaragua vamos caminando por ese mismo rumbo… Mientras el abismo de la desigualdad social se profundiza, la oferta del gobierno de Ortega busca “combatir la pobreza”. La oferta se ha centrado en programas sociales paliativos, importantes para quienes nunca recibieron nada de anteriores gobiernos, pero que son coyunturales y no tocan causas estructurales.

Critica Francisco “el mero asistencialismo” y se refiere también a este tipo de programas: “Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la ine¬quidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales”.

EL FRÁGIL MEDIO AMBIENTE

Se refiere Francisco al “afán de poder y de tener, que no conoce límites” y señala una de sus consecuencias: “En este sistema, que tiende a fago¬citarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”.

Hace un par de meses el Centro Humboldt presentó un informe sobre la indefensión creciente de nuestra geografía. Entre 2011 y 2013, unos 2 mil 900 kilómetros cuadrados más de nuestro territorio fueron entregados a concesiones mineras extranjeras. Actualmente, el área del país concesio¬nada a la minería extranjera es ya el 13.4% de todo el territorio nacional. Y este gobierno sigue “vendiendo” por el mundo a Nicaragua para nuevas inversiones mineras, destructoras del ambiente, generadoras de muy poco empleo y con casi nula tributación al Estado. Con esa misma codicia el gobierno ha “vendido” el país entero para la concesión canalera y sectores vinculados a los negocios del ALBA están deforestando la Reserva de Bosawás.

En su texto, Francisco habla con la espiritualidad de un ambientalista, como lo fue el de Asís: “Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación”.

LA “EFÍMERA PAZ”
DE “UNA MINORÍRA FELIZ”

El Papa se refiere a dos temas cru¬ciales. “Considero -argumenta- que determinarán el futuro de la humanidad: la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social.

Resume así lo que debería ser la agenda permanente de quienes buscan un cambio de rumbo, tanto en el mundo como en nuestro país, un cambio que no se logrará sin sobresaltos y sin renuncias.
Sin mencionar la palabra “insti¬tucionalidad”, Francisco la sugiere al vincular así lo político y lo económico: “La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden”.

“Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios…”

“No necesitamos un proyecto de unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social y cultural”.

ES EL TEMA
DE NUESTRO TIEMPO

La preocupación del Papa Francisco coincide con la de un creciente sector intelectual que piensa críticamente el rumbo actual del mundo.

Recientemente apareció “El capital en el siglo 21”, del economista francés Thomas Piketty. De este libro, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman afirma que será el best seller de la década. Su tema central es también la desigualdad en ingresos, riquezas y oportunidades como característica de esta hora de la historia humana.

Piketty documenta la concentración, sin precedentes en los últimos veinte años, del ingreso en manos de una pequeña élite económica y demuestra que está de regreso un “capitalismo patrimonial” en el que “las palancas fundamentales de la economía están dominadas por la riqueza que se hereda, una herencia que es más importante que el esfuerzo y el talento”.

Hace unos meses los obispos de Nicaragua advirtieron que las reformas constitucionales impuestas por quienes controlan este gobierno favorecen “el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”.

Capitalismo patrimonial y poder dinástico: en el mundo y en nuestro país se está hablando de realidades muy cercanas, muy similares.

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