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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 382 | Enero 2014
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Nicaragua

Ejército: el último paso

Las mismas manos que impusieron las reformas a la Constitución de la República son las que han diseñado las reformas al Código Militar. Ambas reformas son complementarias. Se necesitan una a la otra, se acoplan, son eslabones de una misma cadena. Atraer al Ejército a su proyecto político y alinearlo a él era el último paso que tenía que dar Daniel Ortega para terminar de articular su estrategia de poder.

Equipo Envío

Con una premura muy parecida a la que vimos con las reformas constitucionales, fue reformado también el Código Militar. El 12 de noviembre el Presidente Ortega envió el proyecto a la Asamblea Nacional. Sólo se consultó a quienes ya conocían los cambios: sólo acudieron a expresar su opinión, positiva, los oficiales del alto mando del Ejército. Diputados del FSLN declararon que el visto bueno de los militares era suficiente y advirtieron que ningún otro sector sería consultado.

Desde que Ortega consiguió, con el fraude en las elecciones de 2011, la mayoría absoluta de diputados para aprobarlas, éstas eran reformas anunciadas. A pesar de lo anunciadas y esperadas, lo que sí llama la atención es la forma atropellada en que se aprobaron cambios de tal importancia y consecuencias. El 10 de diciembre, paradójicamente Día Internacional de los Derechos Humanos, se aprobaron en primera legislatura las reformas constitucionales. El 13 de diciembre, horas antes de las vacaciones parlamentarias, el proyecto de reforma al Código Militar ya estaba dictaminado sólo por los diputados del FSLN, sin ningún cambio, listo para la aprobación parlamentaria. De regreso de las vacaciones, el 28 y 29 de enero los diputados del FSLN aprobaron definitivamente las reformas constitucionales en segunda legislatura y el 30 de enero aprobaron el nuevo Código Militar.

El Código Militar reformado es pareja imprescindible de la Constitución reformada. No se entiende una sin el otro. Ambas terminan de revelar los alcances del proyecto político de Ortega, en el que lo único que faltaba era el componente militar.

CÓDIGO MILITAR: QUÉ DICE

¿Qué es lo más relevante en el nuevo Código Militar? Un análisis jurídico muy detallado entre el Código anterior y el reformado, elaborado por el teniente coronel en retiro y jurista Irving Dávila, auspiciado por el Instituto para el Estudio de Estrategias y Políticas Públicas (IEEPP), financiado por la NED del Partido Demócrata de Estados Unidos y presentado en Managua el 26 de enero, acentúa varios aspectos preocupantes.

Entre artículos derogados, añadidos y reformados, éstos son algunos. A la tarea esencial del Ejército, la Defensa Nacional, se le suma ahora la “Seguridad Nacional”. Este concepto, de evocaciones tan negativas en la memoria de América Latina, aparece reiterado decenas de veces en el texto reformado. La “conducción política” del Ejército queda ahora en manos del Presidente de la República, con lo que la sujeción institucional del poder militar al poder civil, a través del Ministerio de Defensa, será ahora sujeción de la institución al poder personal presidencial. El espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones quedan en manos del Ejército, considerándolas ámbito de la “seguridad nacional”. Militares en activo podrán ocupar cargos en el Ejecutivo y el Ejército podrá llamar de nuevo a sus filas a militares retirados para crear “unidades de reserva”, sin que se especifique a qué se dedicarán. La Dirección de Información para la Defensa será ahora también un órgano “especializado en información estratégica de Estado”, lo que puede abrir puertas al espionaje político. Ahora, la carrera militar podrá ser hasta de 40 años, pasando a retiro hasta los 65 años, lo que indicaría que Ortega desconfía de las nuevas generaciones. “De una o de otra manera, las generaciones jóvenes van a reaccionar”, opina Dávila.

FIN DE UN LOGRO DE 20 AÑOS

Preocupa también en el nuevo Código que instala la posibilidad de una permanencia indefinida del Jefe del Ejército en su cargo, a discreción del Presidente, pues se elimina el plazo de vencimiento de este cargo, aunque se especifica que el Presidente podrá destituirlo “por desobediencia”.

El anterior Código Militar, aprobado en un momento crucial del proceso de transición nicaragüense, fijó en cinco años la duración de tan delicado cargo. La sucesión regular en la jefatura militar -todo un logro- se produjo puntualmente en los últimos 20 años: el General Joaquín Cuadra sucedió al General Humberto Ortega, quien dirigió el Ejército Popular Sandinista desde 1979 hasta 1995; el General Javier Carrión sucedió a Cuadra, el General Omar Halleslevens sucedió a Carrión y el actual General Julio César Avilés sucedió a Halleslevens.

La deliberada omisión del tiempo reglamentario para dirigir la institución militar “convierte al Jefe del Ejército en un cliente político del Presidente de la República”, comenta Dávila, quien no duda de que los cambios al Código Militar los elaboró Ortega con la “complicidad” del alto mando del Ejército.

RETIRO DE BALLADARES,
EL NÚMERO 2

El control hegemónico que Ortega tenía ya sobre todas las instituciones del Estado incluye ahora al Ejército y quedó evidenciado antes de la aprobación del Código en el Parlamento.

En diciembre, ya en el ambiente navideño -época en la que siempre suceden cosas importantes en Nicaragua-, se conoció que el primero en la línea de sucesión del General Avilés al frente del Ejército, el Jefe del Estado Mayor Óscar Balladares, pasaba a retiro, a pesar de sus 52 años y de una trayectoria y experiencia indiscutibles durante 33 años en las filas del Ejército. Avilés culminaría su período de cinco años el 21 de febrero de 2015.

Después de días de rumores y silencios, después de que en noviembre se informara que Balladares entraría a formar parte de la comisión técnica del proyecto del Canal Interoceánico, el Ejército lo pasó a retiro y Ortega lo nombró asesor presidencial en temas de infraestructura con rango de ministro. Una remoción inexplicable y un destino a tareas irrelevantes, aunque con una sustancial mejoría económica: muy buena pensión como militar y muy buen salario como ministro.

Según el experto en seguridad, Roberto Cajina, quien fuera asesor del General Humberto Ortega en los años 80, “lo más peligroso” en la remoción de Balladares es “la intervención política” de Daniel Ortega en un proceso que durante veinte años había decidido el alto mando del Ejército con “un relativo grado de autonomía”. Cajina expresó “estupor” por la sustitución de Balladares -de quien dijo “conoce la operatividad del Ejército desde sus entrañas, desde que fue guerrillero”-, por un general “burócrata”.

Calificó así a su sustituto, el General Óscar Mojica. Cajina lo considera un “comodín” para un lapso de tiempo. Mojica fue, desde el ascenso de Daniel Ortega al gobierno en 2007, director del Instituto de Previsión y Seguridad Militar (IPSM), la institución que maneja los fondos de pensión de los militares y para ello realiza inversiones millonarias dentro y fuera de Nicaragua.

UNA GRAVE RUPTURA

Sin confianza política en Balladares, Ortega lo habría apartado de la línea de sucesión para que Avilés continúe en el cargo hasta que convenga a sus planes. Según otro experto en seguridad, Roberto Orozco, “con Balladares Ortega está retirando de la Comandancia General del Ejército al último tropista, dejándola en manos de oficiales de Inteligencia y Contrainteligencia”, que venían ya copando en estos años las estructuras de mando y decisión. “Responden más a los intereses de Ortega”, considera Orozco. En el Ejército se llama tropis¬tas a los militares que están en el día a día de la marcha del Ejército, los más cercanos a las tropas.

Siendo prácticamente Balladares, por el escalafón militar y por su brillante historial, quien sería el nuevo Jefe del Ejército a partir de 2015, no hubo ningún análisis, ni de otros expertos ni de los militares retirados que se atreven a hablar, que no considerara que, con la decisión de impedir su ascenso y con los contenidos del nuevo Código Militar, Ortega ha roto la cadena de mando en el Ejército y ha provocado en la institución militar una grave ruptura que lesiona la institucionalidad del cuerpo castrense. Culmina así el proceso de asedio de Ortega al Ejército de Nicaragua.

EL TENSO RETIRO DE HUMBERTO ORTEGA

Las relaciones de Daniel Ortega con el Ejército han experimentado altibajos. La derrota de la Revolución en las urnas en 1990 significó también el fin de la guerra civil de los años 80. Una de las consecuencias más importantes, entre otras muchas, de aquel inesperado y drástico “cambio de mundo” fue la reducción del Ejército Popular Sandinista.

El plan de reducción del EPS, que en algunos momentos de la guerra de los años 80 llegó a tener hasta 100 mil hombres entre unidades permanentes (profesionales), unidades de reserva (voluntarios) y unidades de milicias, fue diseñado para ejecutarse en cinco años, pero se llevó a cabo en apenas dos años y medio. En ese plazo sólo 14 mil 500 hombres quedaron en las filas militares. Hoy son algo más de 12 mil, el ejército más pequeño de Centroamérica.

Concluido el tenso y complejo proceso de reducción de las fuerzas militares -con huellas que aún permanecen, por la precariedad en que sobreviven muchos retirados de menor rango, abandonados a su suerte-, vino después un momento especialmente crítico.

Sin previo acuerdo con los altos mandos del EPS, la Presidenta Chamorro anunció el 2 de septiembre de 1993, en la celebración del Día del Ejército y ante las tropas, su “deseo” de pasar a retiro en 1994 al General Humberto Ortega.

Al terminar el acto, el General Ortega afirmó en breve rueda de prensa que su pase a retiro dependía de los plazos establecidos en la nueva Ley de Organización Militar -se refería al Código que ahora se reformó-, cuyo texto acababa de entregar a la Presidenta para que lo enviara al Legislativo para su discusión y posterior aprobación.

Mientras el General Humberto Ortega hablaba, se produjo un choque verbal público entre su hermano, el ex-Presidente Daniel Ortega y la Presidenta. “¡Vos no sos la dueña de Nicaragua!”, le espetó Ortega. “¡Soy la Presidenta y a mí nadie me levanta la voz!”, le respondió doña Violeta.

La crisis que este día inició con tensión de tan alto voltaje remecía el eje que sostenía la muy frágil transición nicaragüense: la alianza Ejecutivo-Ejército, o más exactamente, la alianza entre el poderoso primer ministro Antonio Lacayo y Humberto Ortega.

La tensión se incrementó, duró meses. Pero, tanto el gobierno como el General Ortega lograron sortear la crisis conservando la compleja estabilidad nacional a la que se podía aspirar en aquel momento, en un país polarizado políticamente y paralizado económicamente por los estrictos programas de ajuste que imponía el gobierno Chamorro, inapropiados para un país que salía de una guerra y que nunca gozó del entonces tan publicitado “dividendo de la paz”.

“LO QUE HABÍA QUE HACER”

La sensatez se impuso y se consiguieron dos resultados estratégicos. El primero, no ceder a las presiones de la ultraderecha de Estados Unidos, que en aquel momento no sólo apostaba al retiro de Ortega, sino al retiro de todo el Estado Mayor del EPS. El segundo, garantizar la modernización del Ejército e iniciar su transición de Ejército partidario a Ejército nacional.

El 21 de febrero de 1995 el General Humberto Ortega pasó a retiro. Lo sustituyó, tras ser nombrado el 21 de diciembre de 1994 por la Presidenta Chamorro, el General Joaquín Cuadra, guerrillero de larga trayectoria en la lucha contra Somoza, uno de los militares responsables de la derrota militar de la Contrarrevolución, que contaba con amplio consenso en el país.

Al despedirse, el General Ortega afirmó: “No se hizo lo que querían algunos en Nicaragua, no se hizo lo que querían algunos en el extranjero, no se hizo lo que yo quería. Se hizo lo que había que hacer”.

EL EJÉRCITO EMPRESARIO

Ya antes del pase a retiro de Ortega se desarrolló un amplio debate en la Asamblea Nacional sobre el nuevo Código de Organización Militar, surgido de un nada fácil acuerdo entre el Ejecutivo y el EPS.

Mientras los defensores del Código resaltaban que, por primera vez en la historia de Nicaragua, la institución castrense tendría una regulación, sectores empresariales y políticos de oposición argumentaban que el Código creaba una “casta privilegiada” y “un Estado dentro del Estado” al autorizar al Ejército -que empezaría a llamarse Ejército de Nicaragua- a ser propietario de empresas.

Para entonces, el General Humberto Ortega, beneficiándose de la política fiscal neoliberal que dirigía el Ministro de Finanzas Emilio Pereira, había construido ya un complejo militar-agroindustrial-comercial que comenzaba a pesar en la economía nacional.

Durante el debate sobre el Código, el General Ortega afirmó ante la Asamblea Nacional que las empresas del Ejército “no tienen mayor peso en el monto global de la actividad económica material financiera de este país”. Su sucesor, el Mayor General Joaquín Cuadra, había declarado a un diario de Costa Rica que “el volumen de los fondos de esas empresas es considerable en comparación con el tamaño de la economía nicaragüense”.

1994: LA INTENSA DISCUSIÓN
DEL CÓDIGO MILITAR

Después de una intensa polémica en los medios y de consultas a diferentes sectores sociales y políticos del país, la Asamblea Nacional aprobó el Código Militar en lo general en julio, con 49 votos a favor y 37 en contra. En los días siguientes se inició un intenso, y por eso, lento debate artículo por artículo. 16 horas duró, por ejemplo, el debate para aprobar los dos primeros artículos. Algo totalmente diferente de lo que ha ocurrido ahora, cuando bastaron minutos para que la mayoría parlamentaria del FSLN pasara de uno a otro artículo del Código reformado, aprobándolos sin debatir ni modificar ni justificar sus contenidos.

El año 1994 concluyó con un Código Militar que definía al Ejército como una institución “de carácter nacional, apartidista, apolítico, y profesional”, cuyas orientaciones estratégicas y dirección estarían sometidas al poder civil. Concluyó también con la evidencia de que el cuerpo castrense era ya un actor activo en el mundo empresarial.

Aunque el Ejército nunca olvidó sus orígenes sandinistas y, aunque su subordinación al poder civil fue relativa, el avance fue importante y la población empezó a percibirlo como un Ejército nacional, de todos, no sólo de un partido.

DESDE EL PRIMER MOMENTO

Se mantuvieron así las cosas en los siguientes dos períodos presidenciales -el de Alemán y el de Bolaños-, etapas en las que Daniel Ortega y el FSLN estaban gobernando “desde abajo”, en la oposición. Tanto Alemán como Bolaños quisieron imponerle al Ejército otros Jefes al llegar el tiempo de la sucesión, pero el Ejército “les golpeó la mesa” y así fue construyendo no sólo su profesionalismo, sino también su autonomía.

Con su regreso al gobierno, Daniel Ortega iba a iniciar el asedio a esta institución. Señala el general en retiro Hugo Torres: “Desde el primer momento, cuando juramentó el 10 de enero de 2007 a la jefatura del Ejército y de la Policía, les recordó en su discurso a ambos cuerpos armados sus orígenes revolucionarios y sandinistas, como que alguno de esos oficiales lo ignorara o se avergonzara de ese origen. No, lo hizo con una intención bien definida: enviarles el mensaje de cuál debía ser la posición del Ejército y de la Policía en el nuevo gobierno. Les enrostró eso, se lo restregó a ellos y a todo el país. Desde entonces, Ortega no dejó de manifestar su voluntad de controlar a las dos instituciones armadas, para desnaturalizarlas y convertirlas en instituciones subordinadas a su proyecto político”.

2007: CHOQUE EJÉRCITO–ORTEGA

Cuando días antes de mostrar sus intenciones en la ceremonia de toma de posesión, Daniel Ortega conformaba su gabinete, conocimos en “Envío”, y así lo informamos en el número de enero de 2007, que decidió poner al frente del Ministerio de Defensa a Marisol Castillo, esposa de Lenín Cerna, lo que causó malestar en los altos mandos del Ejército, empezando por su Jefe, el General Omar Halleslevens. Cerna se había retirado del Ejército el año 2000.

El veto del Ejército a Castillo no agradó a la pareja presidencial, que percibió cuestionada su naciente autoridad nacional. Durante semanas, Ortega se alejó de la cúpula castrense y hasta hizo dos o tres declaraciones públicas que reflejaban su malestar. En una de ellas se refirió a los intereses empresariales militares en la construcción de la megapresa Copalar, proyecto que Ortega ordenó detener al iniciar su gobierno. (La presa hidroeléctrica Tumarín, que construirá ahora la empresa brasileña CHN, es sólo uno de los tres embalses de lo que hubiera sido Copalar. Se habla de inversiones militares en este proyecto, cuyos terrenos ya están siendo “protegidos” por miembros del Ejército).

TRES DECISIONES

Para destensar las relaciones con la cúpula militar, Ortega tomó tres decisiones. La primera, no nombrar a nadie en el Ministerio de Defensa, creado en 1994 para perfilar mejor la subordinación de la institución militar al poder civil. (Este Ministerio estuvo acéfalo hasta enero de 2014, cuando Ortega nombró ministra a Martha Elena Ruiz. Pero el nuevo Código establece que será al Presidente de la República a quien se subordine la institución).

Otra decisión fue trasladar al Ejército las competencias de Defensa Civil y de la DID (Inteligencia), funciones asignadas al Ministerio de Defensa en los tres gobiernos anteriores. (En el nuevo Código se establece legalmente este traslado). Con su tercera decisión inauguró lo que sería habitual táctica de captación, y de cooptación, de los oficiales: nombró a Eduardo Halleslevens, hermano del Jefe del Ejército, como presidente ejecutivo de INISER, el instituto estatal de seguros, cargo en el que aún está.

DETRÁS ESTÁN LOS NEGOCIOS

Desde entonces, Daniel Ortega ha utilizado esta táctica en su proyecto estratégico. Hace tres años, el general en retiro Hugo Torres decía a “Envío”. “Ortega tiene un arsenal de recursos para tratar de minar el Ejército: el halago, los abrazos, los amiguismos, los compadrazgos, la presión, el chantaje, las oportunidades de hacer negocios…”

Para Roberto Orozco, tras este último y exitoso asedio al Ejército está eso. “Están los negocios”, afirmó convencido. Orozco recordó que durante estos años Ortega no ha dejado de nombrar a ex-militares en cargos de gobierno, ha empleado a sus esposas y familiares en instituciones estatales, ha dado a los militares participación accionaria en empresas de ALBANISA, les ha otorgado concesiones… En febrero de 2013, el semanario “Confidencial” contó casi dos docenas de militares en retiro nombrados por Ortega al frente de instituciones estatales y de empresas de ALBANISA.

¿POR QUÉ TANTA URGENCIA?

Nicaragua tiene ya una nueva Constitución. Y también otro Ejército. Las consecuencias que estos dos cambios trascendentales puedan tener en la vida nacional no son visibles ahora, no pueden ser calculados ni a simple vista ni en el cortísimo ni en el corto plazo. Sólo se irán desplegando en el tiempo.

La velocidad con que esto ha ocurrido no tiene otra explicación que la urgencia de Ortega por dar el último paso: el alineamiento del Ejército a su proyecto político. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Sólo por darle legitimidad constitucional a las ilegalidades cometidas en estos años (reelección presidencial en 2011, decenas de magistrados y altos funcionarios de facto ocupando sus cargos y tantas otras)?

El método atropellado para aprobar estas reformas es más extraño aún si se tiene en cuenta que Ortega contaba con encontrar más apoyo a las reformas del que en la realidad encontró. El rechazo generalizado con el que las reformas constitucionales fueron acogidas en sectores empresariales, políticos y religiosos, en todos los que están más allá del círculo del poder, no lo esperaba. Sin embargo, las impuso en tiempo récord, lo que evidencia aún más su apremio. ¿Por qué?

“LO MÁS DELICADO”
QUE HA OCURRIDO DESDE 2007

La reforma militar también fue impuesta con precipitación y recibida con recelo generalizado, no tanto entre la población -que no logra vincular sus pequeños y vitales problemas diarios con las grandes crisis institucionales-, pero sí entre los sectores pensantes y hablantes.

En páginas siguientes, la comandante guerrillera Mónica Baltodano habla con notable preocupación de este paso y concluye: “A mi juicio, es lo más peligroso y lo más delicado de todo lo que ha ocurrido desde que Ortega llegó al gobierno”.

Lo explica, yendo más allá de algunos aspectos concretos del nuevo articulado legal: “El Sandinismo le heredó a Nicaragua un Ejército que no era propiedad de nadie, que terminó siendo un Ejército nacional, una institución muy respetada. Lo que están haciendo ahora es aniquilar esa pre-condición para la paz. Es una regresión muy profunda. Al reconvertir ese Ejército, factor decisivo para conservar la paz, lo están acercando a aquella guardia pretoriana que destruimos en 1979”.

A la espera de que se experimenten sus consecuencias en la vida nacional, los contenidos del nuevo Código Militar indican una involución hacia la principal y nada positiva característica política de los años 80: el modelo Estado-Partido-Ejército.

EJÉRCITO:
SON MAYORES SUS DESAFÍOS

En la transición nicaragüense la evolución del Ejército de Nicaragua profe¬sionalizándose a partir de sus orígenes guerrilleros y contribuyendo a consolidar la institucionalidad democrática, fue motivo de admiración, y hasta de investigaciones y estudios. En Centroamérica era una referencia positiva, al compararlo con los ejércitos de los países de la región, nunca plenamente alejados de sus orígenes represivos. Durante muchos años, el Ejército ha sido la institución mejor valorada por la población en sucesivas encuestas de opinión.

Con los nuevos protagonismos que Ortega le ha dado ahora al Ejército, los desafíos de la institución armada son mayores. Deberán incrementarse si quiere conservar prestigio y legitimidad. Y si quiere abonar a la paz, su principal razón de ser, como señala Mónica Baltodano.

El Ejército tiene ahora el desafío de centuplicar esfuerzos de acercamiento con todos los sectores de la sociedad para lograr ser un factor de paz, de cohesión social y no de división.

Sólo un ejemplo de estos desafíos pendientes, ahora más urgentes. En 2013 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) recibió 23 denuncias por violaciones a derechos humanos de miembros del Ejército. Se trata de hechos que requieren de una investigación y de una investigación que requiere de un acercamiento, de un diálogo. Pero desde el año 2008, y a raíz de la ejecución arbitraria por el Ejército de tres campesinos en la hacienda El Encanto (Nueva Guinea), fue el Ejército el que cortó, hasta hoy, el habitual y constructivo canal de comunicación que había mantenido la institución castrense durante años con el organismo de derechos humanos para colaborar en investigaciones, incluso delicadas, que el CENIDH llevaba a cabo y que implicaban al Ejército. Es de esperar que esto cambie.

CON UN IMPORTANTE
RESPALDO SOCIAL

Según la última encuesta nacional de M&R, realizada en enero, el 65% de los encuestados valora positivamente la gestión de Daniel Ortega, pero sólo el 22% de la población respalda todas las reformas constitucionales. Y una de cada cuatro personas que dijeron ser simpatizantes del FSLN afirmó oponerse a la reelección presidencial indefinida, un dato relevante porque es el continuismo presidencial y la perpetuación del modelo el aspecto central de las reformas. En las encuestas de esta firma no deja de incrementarse la población que, si pudiera, se iría del país. Creció en 6% entre 2012 y 2013 y ya se acerca al 60%.

Cid-Gallup, empresa más creíble por su independencia, publicó días después su encuesta nacional, realizada en fechas similares. Según esta encuestadora, el 49% de la población aprueba la gestión de Ortega, mientras que un 45% la desaprueba. Ambas encuestas colocan al FSLN como el único partido con caudal electoral, superior en ambas al 50% de los encuestados. En ambas, los partidos de oposición apenas superan un dígito de preferencia.

No hay duda de que la capacidad de maniobra de Ortega está más que demostrada y que el respaldo social con que cuenta es muy importante, un respaldo mayor entre la población sandi¬nista más disciplinada y aferrada a las tradiciones partidarias y entre la población no sandinista más pobre y menos informada. En ambos ambientes las reformas constitucionales y militares no son motivo ni de rechazo ni de reflexión.

EN UN CONTEXTO ECONÓMICO
POCO OPTIMISTA

Control político y respaldo social alientan a Ortega. Sin embargo, el contexto económico en el que aparecen las reformas no llama al optimismo.

La situación económica no será tan buena en 2014 como lo venía siendo en los últimos años. La crisis del café, por la plaga de la roya y la caída de los precios internacionales, empieza a hacerse notar con fuerza. También han caído los precios internacionales del maní y del azúcar. Ha habido en 2013 un estancamiento de la inversión privada y FUNIDES, la Fundación que representa el “think tank” del empresariado, advierte de la incertidumbre que podrían generar en la economía las reformas constitucionales.

El déficit externo de Nicaragua sigue siendo alto, uno de los más altos del continente. El gobierno reconoce ya un déficit en la recaudación de impuestos, a pesar de la nueva Ley Tributaria. Ya se habla de un recorte del presupuesto recientemente aprobado. Por primera vez desde 2009 el gobierno comienza a exigir “recortes” y “austeridad” a las instituciones y a las municipalidades. “Las instituciones -dijo el diputado del FSLN Wálmaro Gutiérrez, quien funge como vocero económico de Ortega- deben tener un plan contingente, deben hacer ajustes y desacelerar el gasto a lo interno”.

En la última nota informativa del FMI sobre Nicaragua (13 diciembre 2013) se menciona de nuevo la vulnerabilidad de Nicaragua por su dependencia de Venezuela. El FMI menciona específicamente “la incertidumbre sobre el esquema de financiamiento de la importación de petróleo acordado con Venezuela” e insiste en “la divulgación completa” de cómo el gobierno estructura ese esquema. A pesar de la caótica situación económica que se observa en Venezuela, no hay ninguna información que indique que ya se hayan producido cambios en el esquema petrolero.

Las reformas constitucionales y militares no han sido buenas noticias para importantes sectores nacionales. Tampoco lo han sido para los principales aliados del gobierno, los grandes empresarios agremiados en el COSEP. Refiriéndose a los cambios que Ortega negoció en el último momento y a puertas cerradas con ellos, dejando fuera a sus propios diputados, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, reconoció con rostro compungido: “Hicimos lo que pudimos. De todas formas las reformas las iban a aprobar. Sólo pudimos tratar de atenuar algunos impactos negativos”.

Sin embargo, los aspectos negativos más importantes -la instalación del continuismo y la centralización del poder en una persona sin contrapesos ni equilibrios- no fueron ni atenuados ni siquiera tocados.

AUTISMO

Pareciera que la incertidumbre que provocan las reformas constitucionales y militares en los aliados empresariales y en los sectores medios y más informados de la población la está desconociendo el gobierno.

Pareciera que quienes deciden el rumbo del país empiezan a padecer de un cierto autismo, una dolencia que afecta la imaginación, anula la empatía y que se evidencia en formas de comunicación reiterativas e insistentes que nacen de la ausencia del sentido de la reciprocidad social.

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