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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 377 | Agosto 2013
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Centroamérica

El lavado de dinero: un desafío a la seguridad regional

La preocupación por las consecuencias que el lavado de dinero tiene en la economía de nuestra región es creciente, como también es creciente el dinero ilícito que se lava diariamente en nuestros países. He aquí algunas informaciones básicas sobre este delito, que está teniendo ya un poder corruptor y demoledor de nuestras sociedades y de nuestras débiles democracias.

Red centroamericana de Pensamiento e Incidencia

El lavado de dinero es una actividad delictiva que pasa casi inadvertida, pero que tiene impactos letales en nuestras sociedades y en nuestra institucionalidad. La legitimación de activos proveniente de actividades ilícitas pareciera invisible al ciudadano común, como si sólo importara a las autoridades responsables de la supervisión bancaria y de la estabilidad monetaria. La atención se concentra casi siempre en las muertes violentas y muy poco se trata el tema del lavado de dinero o la legitimación de activos en la región.

Lavar dinero es una operación que, en sí misma, no produce sangre, cadáveres o hechos estridentes de violencia. Pero es una actividad que tiene un inmenso poder corruptor en nuestras sociedades e instituciones. Los delitos que preceden al lavado y que generan la necesidad de lavar ganancias en nuestros sistemas productivos y financieros, así como la cantidad de delitos resultantes de esas acciones, crean redes de procesos y empresas de lavado que corrompen una gran diversidad de actividades y de instituciones públicas y privadas. Eso sería ya suficiente como para tener esta actividad en la mira de nuestros esfuerzos nacionales y regionales para fortalecer la prevención y persecución del delito. Además, somos países pequeños con instituciones y sistemas de seguridad frágiles, que sufrimos un drenaje constante de recursos públicos para atender el combate a la criminalidad y a la inseguridad ciudadana.

LA TENTACIÓN
DEL “REALISMO PRÁCTICO”

Hasta muy recientemente, no producíamos drogas en Centroamérica. Procedían mayoritariamente de los países andinos. Ha sido hasta hace muy poco que se han detectado indicios de la existencia de pequeños laboratorios clandestinos para producción de droga sintética en tres países centroamericanos. El principal mercado está en el Norte. Pero nuestros presupuestos públicos se “sesgan” y se abultan hacia el combate y el control del narcotráfico, quitándole recursos importantes a otros importantes temas de desarrollo e incluso a otros temas de seguridad ciudadana.

Frente a estas distorsiones y frente a la percepción ciudadana de la ineficacia en la lucha por asegurar la seguridad ciudadana es posible caer en las tentaciones del “realismo práctico”: pensar que, ante la ineficacia en la lucha contra el crimen organizado y sus secuelas, podría resultar políticamente más “razonable” realizar acciones públicas de impacto mediático que la opinión pública interprete como muestras de que se intenta hacer lo que se puede, cuando en la práctica el Estado pareciera resignarse a dejar hacer. A esto se suma la percepción de que estructuras institucionales llamadas a esta lucha -la justicia, la seguridad pública y los sistemas financieros- no están sumando los esfuerzos necesarios.

ESFUERZOS CONTRA EL LAVADO:
“DONDE MÁS LES DUELE”

Caer en la tentación del “realismo práctico” podría hacer entrar al Estado en una muy delicada y muy compleja ruta de la gestación y desarrollo del “Estado máscara” o “Estado-cáscara”: una institucionalidad pública formal que recubre altos niveles de impunidad. En cambio, fijar los ojos y desarrollar destrezas en el ámbito del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas concentra esfuerzos en donde más les duele a las organizaciones criminales transnacionales de cualquier tipo: en la posibilidad de disfrutar de sus ganancias después de haberlas legitimado. Es en ese terreno, actuando sobre números y operaciones que son rastreables y comprobables, en donde se pueden desarrollar acciones eficaces que prevengan la ilegalidad y la infección de nuestras economías y de nuestros sistemas políticos.

A pesar de lo comprobable, nuestra investigación tuvo enormes dificultades para obtener información confiable y públicamente comprobable, por lo que resulta difícil dimensionar el tamaño y alcance de las actividades de lavado de dinero y su verdadero impacto sobre el universo legítimo de nuestras economías. Las autoridades consultadas compartieron documentos oficiales: la legislación vigente y aspectos reglamentarios. En privado compartieron apreciaciones, valoraciones y sugerencias de cómo mejorar. Pero las instituciones bancarias consultadas en todos los países fueron reacias a dar información concreta que pudiera ser citada. Las instituciones que conforman la RED agradecen a todos los que colaboraron a generar los insumos de análisis de este estudio, aunque no en todos los casos ha sido posible citarles como fuentes de información.

UN DELITO MUY ANTIGUO

La historia del lavado de dinero, como la de los delitos económicos nacionales o globales, es tan antigua como la historia de las sociedades. Se remonta al momento en el que se empezó a acuñar moneda. Incluso antes, como explica Roberto Uribe: Los delitos “con el dinero (tanto la falsificación como el lavado) han existido inclusive antes de que el dinero existiera tal y como lo conocemos hoy”. El uso o costumbre de emplear prácticas para disfrazar ingresos que provenían de actividades ilícitas se acrecentó cuando la usura fue declarada como delito.

El concepto de “lavado” empieza a utilizarse con mayor frecuencia a partir de la década de los años 20 en Estados Unidos, cuando las mafias dedicadas a traficar con bebidas alcohólicas crearon una serie de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero que ganaban de sus actividades criminales. El mecanismo que utilizaban era la presentación de las ganancias provenientes de actividades ilícitas dentro del negocio del lavado de ropa. Las ganancias provenientes de extorsiones, prostitución, tráfico de armas y de bebidas alcohólicas se mezclaban con las del lavado de ropa, y al no poder distinguir qué dólar o centavo de dólar provenía de una actividad lícita o no, se consiguió burlar durante mucho tiempo a las autoridades.

CON LA DROGA
EMPEZÓ EL LAVADO A MAYOR ESCALA

En la década de los años 70 el lavado de dinero se asoció al narcotráfico, cuando grandes cantidades de dinero producto de la comercialización de la droga eran depositadas en los bancos de Estados Unidos sin ningún control. Según Bruno Tondini, “en 1982 fue la primera vez que la expresión fue utilizada de forma judicial con la confiscación de dinero blanqueado supuestamente originado en el contrabando de cocaína”.
Con el incremento del tráfico de droga, surgió el lavado de dinero a una escala mayor. Las cantidades de dinero originadas por la venta de droga, porque se realiza en billetes de baja denominación, son tan grandes que superan en peso el mismo peso de la droga traficada. Es importante señalar que la lógica de desregulación del sistema financiero global, así como la interconexión y facilidad para realizar transacciones financieras que se han producido a nivel global en los últimos veinte años, principalmente originadas en los países desarrollados, han repercutido en facilidades cada vez mayores para blanquear dinero. El secreto bancario, las dificultades para realizar intercambios de información en tiempo real y la práctica de establecer paraísos fiscales -o jurisdicciones opacas- agravan la magnitud del problema.

DEFINICIÓN DE ESTE DELITO

El reciclaje de dinero ha sido definido según las características de cada país y sus respectivas legislaciones. La mayoría de conceptualizaciones lo considera como un delito en sí mismo, distinguiéndose de los delitos que le dan origen, y por tanto se le asigna un tratamiento independiente en el sistema de justicia penal.
El doctor Guillermo Ritcher, Presidente de la Comisión de Gobierno, Policía Nacional y Acción Antidrogas del Congreso de Bolivia, define así el lavado de dinero: “El procedimiento subrepticio, clandestino, mediante el cual los fondos o ganancias provenientes de actividades ilícitas, como son: armamento, prostitución, trata de blancas, delitos comunes, económicos, políticos y conexos, contrabando, evasión tributaria y narcotráfico, son reciclados al circuito normal de capitales o bienes y luego usufructuados mediante ardides tan heterogéneos como tácticamente hábiles”.

La Guía de referencia para el antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo se refiere al lavado de activos como un concepto fundamentalmente sencillo: “Es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de una actividad delictiva son encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos. Básicamente, el lavado de activos comprende las ganancias obtenidas de bienes de origen delictivo más que de los bienes mismos”.

LOS DELITOS QUE “LAVAN” SUS RENTAS

El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero (GAFI por sus siglas en francés) -una institución intergubernamental creada en 1989 por el G7 para desarrollar políticas que ayuden a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo- señala que los delitos más usuales que producen rentas considerables que posteriormente se legitiman con el lavado son la trata de personas para fines de explotación sexual, la prostitución, el matrimonio forzado, los trabajos forzosos, las adopciones ilegales, el tráfico de migrantes, la comercialización de niños y niñas, la comercialización de órganos humanos, el comercio y trasiego de armas, el tráfico de drogas y su venta al por mayor o por menudeo, la fabricación de precursores para la fabricación de drogas, el contrabando y la corrupción.

LAVAR = COLOCAR-OCULTAR-INVERTIR

Para comprender la complejidad del proceso de legitimación se requiere conocer las diferentes fases o etapas a través de las cuales se realiza el lavado o blanqueo de capitales y sobre las cuales existe un acuerdo entre los estudiosos del tema. Éstas son las etapas del lavado de dinero:

COLOCACIÓN – Los fondos de origen ilegal se colocan en el sistema financiero de diversas formas: apertura de cuentas bancarias, transacciones de divisas, compra de instrumentos financieros y otras.

OCULTAMIENTO – El objetivo de esta etapa es alejar las ganancias ilícitas de su fuente delictiva. Algunos teóricos llaman a esta etapa estratificación, intercalación o diversificación. Los métodos utilizados en esta etapa son varios: El dinero es convertido en instrumentos de pago a través de la compra de valores, transferencias entre jurisdicciones o realizando “pagos” por bienes o servicios adquiridos. También se hacen transferencias electrónicas de fondos. Actualmente es el método más utilizado y eficaz. Al término de esta etapa “el legitimador” ha separado el dinero de su origen ilícito y ha borrado el rastro contable del origen ilícito, encubriéndolo mediante complicadas y diversas transacciones financieras.

INTEGRACIÓN O INVERSIÓN – En esta etapa el dinero se integra a la economía legítima. El “dinero ya limpio” se inyecta en los sistemas financieros nacionales e internacionales. El objetivo de esta etapa es invertir de las más diversas formas el dinero limpiado en la economía o en las economías escogidas para estas operaciones. Una vez integrado a un sistema financiero esas ganancias aparentan ser lícitas, fundiéndose y confundiéndose con el resto de las actividades lícitas de la economía infiltrada.

EL LAVADO DE DINERO
EN LAS ISLAS CAIMÁN

Por las características del lavado de activos no se pueden obtener con exactitud estadísticas que den cuenta exacta de la magnitud del problema a nivel mundial, dado que las personas y organizaciones que se dedican a actividades ilícitas evitan ser detectadas y no dejan registros públicos de sus transacciones.

Según lo declarado por Calvin Wilson, Director del GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) a un medio televisivo de Venezuela, en ocasión de celebrarse la 34 reunión plenaria y la 18 reunión del Consejo de Ministros del GAFIC, en las caribeñas Islas Caimán el lavado de dinero mundial asciende a la significativa cifra de 500 mil millones de dólares anuales.

En este sentido, vale destacar que “en el mundo, y particularmente en América Latina, los tres principales delitos predecesores del lavado de activos son la venta de drogas, la corrupción en autoridades públicas y la evasión fiscal”, tal como señaló Gabriel Gómez, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

TIPOLOGÍAS MÁS FRECUENTES
EN AMÉRICA LATINA

Las formas que los delincuentes utilizan para legitimar los bienes generados en actividades ilícitas son diversas y dependen de las características de cada país y de los medios utilizados. Y cambian con el tiempo de acuerdo a las medidas que los Estados implementan para atajar el problema. Tanto el GAFI como los grupos regionales elaboran constantemente fichas técnicas sobre esas formas o “tipologías” de lavado de dinero, que actualizan siste¬máticamente.

El Grupo Egmont -organismo internacional que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) gubernamentales para intercambiar información, conocimientos y tecnología- también ha realizado una amplia compilación de casos para compartirlos con sus miembros. Y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) -agrupa a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, México, Costa Rica y Panamá- elaboró en 2010 una herramienta de apoyo para contribuir a la implementación, ajuste y mejoría de los controles para enfrentar el lavado de dinero, que contiene las tipologías utilizadas con mayor frecuencia en países latinoamericanos. Entre ellas se encuentran:

- Lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos.
- Lavado de fondos a través de casinos.
- Explotación y comercialización de oro para financiar terrorismo.
- Utilización de productos financieros de las sociedades cooperativas y de las asociaciones mutuales.
- Ingreso declarado de divisas desde el exterior para operaciones de cambio.
- Transporte transfronterizo de divisas.
- Creación de sociedades de inversión.
- Transporte clandestino de metales preciosos por frontera.
- Utilización de empresas de fachada para apoyar las actividades de lavado de activos (paraísos fiscales).
- Uso de empresas de Call-Centers y negocios online para la movilización y ocultamiento de fondos.
- Utilización irregular de fondos de pensiones.
- Importación de materias primas y maquinaria.
- Utilización de entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de educación.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
EMISORAS DE ESTÁNDARES

La existencia de mecanismos de transferencia más ágiles en un mundo interconectado, y el reconocimiento de que el narcotráfico es un problema de escala mundial, ha provocado esfuerzos multilaterales de colaboración ante este problema.

La Organización de las Naciones Unidas fue la primera en establecer una base universal de acciones para combatir el lavado de activos y los instrumentos jurídicos, a través de los cuales ha iniciado acciones. Son la Convención de Viena, aprobada en 1988, en vigor desde 1990 y que contó con la participación y firma de 169 países; y la Convención de Palermo, que amplía la gama de delitos subyacentes al lavado de activos. Entró en vigor en 2003, fue firmada por 147 países y ratificada por 82.

El Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (GAFI) es un organismo sui géneris del que se puede ser parte únicamente por medio de invitación y no por cumplimiento de requisitos, como en el caso de otros organismos internacionales. En este momento (junio 2012) está formado por 32 países, tres de América Latina (México, Brasil y Argentina). Este grupo emite los estándares internacionales por los que los países del mundo son calificados y así se elaboran “listas negras” y se imponen sanciones a na¬cio¬nes que no cumplen con la normativa establecida.

Las tres funciones principales del GAFI con respecto al lavado de activos son supervisar el progreso de los miembros en la aplicación de medidas contra el lavado de activos; analizar y presentar informes sobre las tendencias, técnicas y contramedidas del lavado de activos y promover la aprobación y aplicación de los estándares de antilavado de activos del GAFI en todo el mundo.

CENTROAMÉRICA:
FRONTERAS VULNERABLES

La ubicación geopolítica de Centroamérica y el Acuerdo Regional de Procedimientos CA-4 para la extensión de la visa única centroamericana permite el tránsito libre, sin control migratorio, de personas y bienes. Como efecto negativo, esto estimula mayor vulnerabilidad en las fronteras, facilitando el comercio transnacional de ilícitos, de personas, de sustancias sicotrópicas y el contrabando de bienes.

Amparada en este acuerdo y en la debilidad de controles, la criminalidad traspasa con facilidad las fronteras centroamericanas, con un efecto dominó, pues lo que ocurre en un Estado afecta a las naciones vecinas, lo que explica el desplazamiento intrarregional de las redes del crimen organizado cuando la persecución recrudece en algún país de la región, pues son redes interrelacionadas. El endurecimiento de las regulaciones financieras en México y el combate frontal al narcotráfico en ese país han provocado que las actividades de lavado se muden a Centroamérica.

Las organizaciones criminales y del narcotráfico presentes en los extremos geográficos de Centroamérica evidencian el incremento de estos grupos en la región. Es el caso de Guatemala. Según informe de laRed en 2011, “las actividades del crimen organizado han evolucionado de manera tal que rebasan la idea de que la región es un puente o una bodega”. Centroamérica se ha convertido en estación de servicios utilizada por el narcotráfico y el crimen organizado para abastecerse y garantizar el envío de su mercancía a Estados Unidos y para tener condiciones adecuadas para el retorno y blanqueo de las utilidades que generan sus actividades ilícitas.

CENTROAMÉRICA:
FALTA UNA LEGISLACIÓN ARMONIZADA

Preocupados por la multiplicidad y expansión de los mecanismos de legitimación de capitales y sus consecuencias, los países centroamericanos han adoptado una serie de compromisos a partir de la ratificación de convenciones internacionales que regulan la materia (la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).

De conformidad con estas Convenciones, los Estados deben actualizar su legislación interna de acuerdo con los preceptos contenidos en las mismas. En este sentido, se registra un avance importante en la aprobación de legislación interna, especialmente de carácter penal, ya que se ha tipificado el delito de legitimación de capitales, y además se han incluido o redefinido, entre otras, conductas delictivas como la corrupción, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otras.

También en la legislación procesal penal se identifican avances. En algunos países se cuenta con técnicas especiales de investigación, adecuadas para la investigación y persecución de este tipo de delitos. También con normativas tributarias para evitar el contrabando, la evasión y elusión fiscal y el lavado de dinero. Pero el hecho de que cierto tipo de legislación exista sólo en unos países y en otros no representa tal vez la mayor dificultad en los esfuerzos para hacer eficiente y eficaz el esfuerzo.

A pesar de los avances legislativos, la falta de uniformidad legislativa a nivel regional explica que los alcances de estos avances sean dispares. Así, por ejemplo, en El Salvador estos delitos se ubican dentro de los que atentan contra el orden económico, mientras que en Costa Rica están en la categoría de delitos contra la administración de justicia, con lo cual se dificultan las posibilidades de una interpretación judicial regional armonizada. Tampoco el decomiso de bienes producto de lavado de dinero tiene una legislación armonizada.

Otro punto a considerar es la importancia de distinguir entre el delito de legitimación de capitales y la evasión fiscal. Su diferencia está en el origen de las operaciones, así como en la finalidad de las mismas: la evasión fiscal parte de ingresos legalmente adquiridos que se intentan ocultar para eximirse del pago de impuestos, mientras que en la legitimación de capitales sucede totalmente lo contrario: se parte de ingresos adquiridos por medios ilegales a los que se trata de dar la apariencia de legalidad. Estas dificultades se agravan si se toma en cuenta que en algunos países de la región aún no se han regulado otras conductas íntimamente relacionadas con la legitimación de capitales como el enriquecimiento ilícito o la responsabilidad penal de los empleados y directivos de las entidades bancarias, financieras y controladoras que faciliten u oculten información respecto a estas actividades.

UN PROBLEMA PARA LA DEMOCRACIA

La integración económica de Centroamérica requiere fluidez de sistemas financieros y de tránsito de mercancías, pero esa agilidad propicia el movimiento de flujos ilegales. Es necesario conciliar los intereses de la integración centroamericana con la necesidad de reducir y detener estas actividades ilegales, a fin de incentivar la inversión nacional y extranjera legítima en actividades que contribuyan al desarrollo económico y social de la región.

Desde la década pasada se señalaba la penetración de los capitales ilícitos en las economías formales e informales, y en la institucionalidad de los países centroamericanos, así como el progresivo consentimiento social a la presencia de estos capitales y a su utilización, particularmente cuando dan respuesta a necesidades básicas de comunidades a las que el Estado no ha logrado responder. El tráfico ilícito de recursos genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad en todos sus niveles. Los efectos en la región centroamericana son de naturaleza multicausal, impactan en la micro y la macroeconomía, en la gobernabilidad y en la democracia.

Para el Premio Nobel de Economía Gary S. Becker la criminalidad contribuye a la pobreza y a un lento desarrollo al imponer mayores costos de operación a las empresas y a los hogares impactando negativamente en la economía. Afirma que las altas tasas de criminalidad se relacionan con los bajos ingresos de la población y con la corrupción en el cumplimiento de los contratos y las regulaciones. Estas relaciones causales se convierten en círculos viciosos difíciles de romper. Algunos países centroamericanos presentan la relación que aduce Becker. Según el Índice de Percepción de Transparencia Internacional de 2010, Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los países latinoamericanos con los más altos índices de corrupción. Guatemala y Honduras, con los mayores índices de homicidios.

Según información de los sistemas financieros y bancarios de Centroamérica, la mayor fuente de activos ilícitos es la corrupción, acto ilegal que atenta contra la gobernabilidad y provoca descomposición y demolición de los sistemas democráticos, dando lugar a ingobernabilidad y a democracias frágiles y, a su vez, benefician las condiciones del mercado y la economía de la criminalidad.

Si en otros países, el lavado de dinero representa un problema de evasión de impuestos, en Centroamérica es un problema para la gobernabilidad y para la democracia. El poder del dinero ilícito es capaz de comprar fallos judiciales y de incidir en el rumbo de agendas legislativas. Compra protección, desvía recursos públicos para su beneficio y adquiere poder político financiando partidos políticos.

El crimen organizado y el narcotráfico entorpecen el desarrollo normal de las actividades económicas cotidianas y tradicionales, especialmente en áreas rurales del interior de los países, porque normalmente desarrollan sus operativos con una violencia que genera inseguridad y zozobra en las poblaciones. Además, inducen a la población a abandonar actividades económicas menos rentables. Las sociedades o empresas utilizadas para lavar dinero pueden ser empleadas para controlar las industrias y actividades económicas de algunos sectores, distorsionando artificialmente los precios.

DIFICULTADES PARA MEDIR EL DELITO

El crimen organizado y el narcotráfico aprovechan la situación de pobreza y falta de oportunidades de empleo para incorporar a la gente a sus actividades a cambio de sumas de dinero que superan lo que usualmente podría obtener una persona empleada en tareas lícitas.

Por lo subterráneo de la naturaleza de las operaciones que realizan, es dificultoso medir el impacto de las operaciones ilícitas. Sin embargo, a través de diversas metodologías, entre ellas las encuestas a nivel empresarial, se determina el aporte de cada uno de los sectores que integran el PIB y alrededor de algunos de estos sectores ha habido la presunción de que las actividades ganaderas y las de construcción podrían estar recibiendo y encubriendo inversiones de recursos provenientes del narcotráfico.

Al analizar la balanza de pagos -sobre las operaciones que los países realizan con el resto del mundo, alimentada con información recabada por los bancos centrales con el auxilio de otras instituciones del sector público -como las aduanas-, del sistema bancario y del sector empresarial, al cierre del período anual correspondiente se presentan discrepancias estadísticas que son registradas en la cuenta “Errores y Omisiones”, para anotar las operaciones que por diversas razones no quedan anotadas en las estadísticas oficiales. Esa cuenta incluye operaciones como, por ejemplo, diferencias ocasionadas por la disparidad entre el criterio utilizado para valorar las transacciones, como es el caso de las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos que se hacen a valor FOB (Free on Board, operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía se realiza por barco), en tanto que el país de destino las valora CIF (que incluye seguro y flete en su valor total). Esto genera una diferencia no controlada.

También existen diferencias en cuanto a la fecha en que se exporta un bien y la fecha en que llega al destino final, lo que deriva en que los valores se registren en tiempos diferentes y ocasionen diferencias en la compilación de los datos. Puede también ser el caso de remesas familiares entregadas personalmente por un familiar y que no quedan registradas en las transacciones bancarias. Es también del conocimiento general que en las fronteras de los países de la región y de otros países vecinos, ingresan y salen mercaderías que no solo no pagan impuestos (contrabando), sino que no queda ningún registro estadístico ni de su volumen ni de su valor.

A pesar de todas las dificultades para medir el impacto, según un estudio realizado por el Banco Mundial, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos viene a través del corredor centroamericano, señalando además que los flujos financieros relacionados también son enormes y el valor agregado del flujo de cocaína del corredor centroamericano alcanzaría el 5% del PIB regional. Este porcentaje podría ser mayor si se incluyera el tráfico originado por otras operaciones ilícitas que utilizan el corredor de los países centroamericanos. Extraoficialmente se calcula que para Guatemala ese porcentaje podría ubicarse en torno al 7.7% del PIB nacional.

UN DEMOLEDOR PODER CORRUPTOR

Cada uno de los países de Centroamérica podrán difícilmente por sí solos enfrentar el fenómeno de la criminalidad organizada y del narcotráfico. Las experiencias de otros países que han enfrentado estos fenómenos como una lucha armada aún con recursos económicos, tecnológicos y humanos especializados sólo han podido atenuar el fenómeno pero no erradicarlo ni evitar el derramamiento de sangre de personas inocentes o evitar la inseguridad en las áreas afectadas.

El lavado de dinero y sus delitos predecesores no son solamente un problema técnico de los entes especializados de supervisión bancaria. Están asociados directamente a esquemas criminales transnacionales así como a problemas de corrupción e impunidad en los Estados centroamericanos, y afectan por tanto a la convivencia democrática en un Estado de Derecho, como a la gobernabilidad de nuestros países.

El lavado de dinero y los delitos asociados, tanto los que cometen quienes necesitan legitimar las ganancias de sus operaciones ilícitas, como los de las estructuras, públicas y privadas, que los aceptan, tienen un poder corruptor demoledor de nuestras sociedades y de nuestras instituciones. Por ser una actividad que en sí no se asocia de manera directa a hechos de sangre y violencia, no se debe ignorar ni olvidar que es un eslabón clave en la cadena delictiva, tanto para los delitos predecesores que requieren del lavado, como para la multiplicación de actividades posteriores reñidas con la ley.

Corruptores y corrompidos se convierten en agentes de infección y desnaturalización de nuestros sistemas políticos y de nuestra convivencia ciudadana. El combate al lavado de dinero, por lo tanto, es una de las piezas clave -no la única- en el enfrentamiento de las actividades criminales transnacionales, así como de los esfuerzos por fortalecer la transparencia, el Estado de Derecho y la participación democrática.

REQUERIMOS
COOPERACIÓN REGIONAL E INTERNACIONAL

El lavado de dinero y sus delitos predecesores son un problema global. Por eso, se requiere de una visión regional integrada e integral. El lavado de dinero y sus delitos precedentes más graves -la narcoactividad, la criminalidad organizada, la corrupción y el terrorismo- han dejado de ser fenómenos locales que comprometen la paz y la seguridad ciudadana de un determinado país y se han convertido en un problema global que pone en riesgo la estabilidad de naciones y regiones enteras.

En virtud de este peligro, Centroamérica debe trabajar con una visión integrada e integral para afrontar no sólo el combate sino, además, articular de manera integrada la prevención de estas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. El esfuerzo nacional, al que cada Estado y sociedad están obligados, debe conjugarse con un esfuerzo regional cada vez más coordinado. Centroamérica necesita fortalecer su cooperación intrarregional y con la comunidad internacional.

Centro¬américa ha ratificado los principales instrumentos internacionales adoptados por la comunidad internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en el ámbito regional, en materia de narcotráfico, delincuencia organizada, terrorismo, financiamiento al terrorismo, corrupción, lavado de dinero y asistencia jurídica mutua en materia penal. Sus países son miembros del GAFIC.

Sin embargo, es necesario profundizar la cooperación y colaboración de las entidades en la lucha contra estos crímenes y, en particular, es necesario coordinar las acciones relacionadas con la prevención, persecución y castigo al lavado de dinero en todo su territorio, así como en las empresas y entidades financieras y no financieras.

Para este tipo de tareas la frontera geográfica de Centroamérica, del Darién -con Colombia- al Petén -con México-, debe reconfigurarse transnacionalmente, tal como ha ocurrido con el comercio, con las finanzas o con la información digital.

Centroamérica necesita armonizar la información que permita dar seguimiento a las transacciones sospechosas. Necesita coordinar y armonizar la implementación adecuada de medidas eficaces de diligencia sobre los clientes y el mantenimiento de registro de requisitos, tanto de las entidades financieras reguladas como de otras entidades no reguladas. Sobre todo, debe coordinar la implementación de un programa adecuado de supervisión y prevención de lavado de dinero en todo el sector financiero regional, asegurando que sus Unidades de Inteligencia Financiera puedan trabajar de manera coordinada para dar seguimiento a operaciones sospechosas de lavado en la región.

Centroamérica necesita armonizar la legislación vigente para incrementar sus capacidades, tanto para proteger actividades económicas transfronterizas legítimas, así como para ser más eficaces en la prevención y persecución de actividades delictivas transnacionales.

Una de las principales constataciones de este estudio es la enorme disparidad de legislaciones en cada uno de los países, desde la tipificación de lo que es considerado como delito en cada uno de los países centroamericanos, su nivel de gravedad y la disparidad de las penas, hasta la disparidad entre las atribuciones y competencias de las diversas instituciones, y su capacidad y grados de intervención para prevenir, procesar y sancionar estas actividades ilegales. Centroamérica necesita coordinar y armonizar la legislación correspondiente, así como la coordinación interinstitucional tanto dentro de cada país como regionalmente.

NO SÓLO EN LOS BANCOS,
EN TODA LA ECONOMÍA

Ante los riesgos del lavado de dinero en el sector financiero no regulado y en otros sectores económicos de la región Centroamérica debe valorar que no es suficiente que los bancos estén a salvo del lavado de dinero. Es necesario prevenir los riesgos de actividades de lavado dinero en el resto de la economía nacional. En la medida en que importantes sujetos, empresas y sectores de alto riesgo -financieros o no financieros- continúen trabajando sin adoptar ningún programa de prevención de lavado de dinero, generarán mayores riesgos de contagio para la economía regional y su sistema financiero.

De especial importancia son las empresas financieras o relacionadas que no cuentan con un programa de prevención supervisado: cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones o sociedades de microfinanzas, casas de remesas de dinero, casas de cambio, casas de empeño, casinos y salas de juego. Avanzar en materia de prevención en estas empresas hará más fácil establecer en el futuro algún mecanismo de control o información sobre profesiones especialmente sensibles a la actividad de lavado de dinero o activos: abogados, notarios, agentes de bienes y raíces, joyeros o comerciantes de piedras preciosas, contadores, auditores y entidades de fideicomiso.

CON RESPETO A LOS DERECHOS INDIVIDUALES
Y A LAS CONVENCIONES FIRMADAS

Centroamérica debe cumplir con los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, pero sus procedimientos para elaboración y análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) debe evitar poner en riesgo el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas objeto de un ROS, a quienes deben respetárseles en todo momento derechos fundamentales: el principio de presunción de inocencia, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a la privacidad, a la honra y el derecho de habeas data (derecho a acceder a cualquier banco de datos para conocer qué información existe sobre su persona y derecho a solicitar la corrección o eliminación de esa información si le causa algún perjuicio).

Centroamérica debe valorar que la coordinación del funcionamiento de las unidades de inteligencia financiera, que responda a los estándares internacionales del GAFI y del Grupo Egmont (organismo internacional que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) gubernamentales para intercambiar información, conocimientos y tecnología, que también ha realizado una amplia compilación de casos para compartirlos con sus miembros) constituye sólo un primer elemento institucional de la lucha contra el lavado de dinero para dar paso a una acción armonizada. De acuerdo con los compromisos internacionales suscritos dichas unidades deben constituirse en “una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero”.

Pero las acciones de la región no pueden ser integrales si no se cuenta con una entidad supraestatal con capacidad para armonizar adecuadamente los programas antilavado nacionales, que además pueda recibir, analizar y concluir los análisis de la información financiera a partir de las alertas y sospechas presentadas por las entidades financieras y las empresas o sujetos obligados en cada Estado como instancia supranacional.

ES NECESARIO UN PROGRAMA REGIONAL

Centroamérica debe ir creando las condiciones para lograr en unos años la puesta en marcha de un programa regional de prevención y combate del lavado de dinero y del combate al terrorismo que implique procedimientos seguros y expeditos en el manejo de los ROS, mejorar los resultados del seguimiento y un mejor control de las investigaciones de inteligencia financiera, que asegure la confidencialidad de la información suministrada por los sujetos obligados, de manera que esa información sea útil para las acciones judiciales y, a la vez, sea debidamente resguardada y nunca mal utilizada o manipulada para intereses ajenos.

FRAGMENTOS DEL INFORME
“SIGUIENDO LA RUTA DEL DINERO EN CENTROAMÉRICA. LAVADO DE DINERO Y SUS IMPLICACIONES
EN LA SEGURIDAD REGIONAL”, DE JUNIO DE 2012.

ELABORADO POR LA RED CENTROAMERICANA
DE CENTROS DE PENSAMIENTO E INCIDENCIA (LARED)
Y LA FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER.

EDITORES RESPONSABLES: EDUARDO STEIN,
NINETTE SCHAWARZBAUER Y LORENA ESCOBAR.

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