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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 376 | Julio 2013
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Honduras

La tregua de las maras y las otras treguas que necesita este país

La tregua unilateral anunciada en mayo por las dos maras más violentas de Honduras ha sido recibida con silencio oficial, con escepticismo social y hasta con el revanchismo de ciertos sectores. Las maras han dado el primer paso. Pero no son las únicas generadoras de violencia en el país. Hay otros violentos, “otras pandillas” que deberían tomar el ejemplo y decretar una tregua. Porque son muchas las treguas que necesita Honduras.

Ismael Moreno, SJ

Acuatro años del golpe de Estado, Honduras tiene más alertas rojas encendidas que nunca. Mientras el gobierno se afana en desmentir que seamos el país con más muertes violentas del planeta, los cadáveres con señales de crueldad, los secuestros y asesinatos de periodistas, las extorsiones y el pánico siguen siendo la tónica que se respira en muy diversos ambientes de la sociedad. En un taxi colectivo de una de las ciudades de la costa norte se lee este aviso: “El pasaje ha subido dos lempiras por la gasolina y otras circunstancias”.

Las otras circunstancias no necesitan explicación, porque todo mundo sabe que se trata de las extorsiones, a las que se ve sometida una inmensa mayoría de gente, especialmente la de los estratos más populares.

LA VIOLENCIA QUE NO CESA


Mientras la policía y el ejército desplegaban un amplio operativo para rastrear el destino del periodista de televisión Aníbal Barrow, secuestrado el día 24 de junio, muy poca atención se le dio a siete cadáveres de jóvenes encontrados en el entorno de la búsqueda del comunicador, cuatro de los cuales se encontraban amontonados dentro de un lujoso vehículo en las inmediaciones de un centro comercial de San Pedro Sula.

Cada día aumenta el número de familias que emigra de un barrio a otro, de una ciudad a otra, huyendo
de las extorsiones, que siempre van acompañadas de amenazas de muerte. Amenazas que suelen cumplirse
al pie de la letra. Un hombre aseguró a “Envío” que está sometido a la extorsión de una banda que comenzó pidiéndole 10 mil lempiras (550 dólares), el mes siguiente le pidieron otros 10 mil y ahora le piden 10 mil más. Y es un profesional de clase media que con su sueldo paga deudas. Se le humedecen los ojos cuando dice, mirando a ninguna parte porque no abriga esperanzas: “En las noches espero que mi esposa se duerma para salir a la sala a llorar”.

LA TREGUA DE LAS MARAS

2013 es año electoral y eso parece estar alborotando más lo que ya estaba muy revuelto. Y entre tanto rumbo incierto, los roles parecen invertirse. Mientras los actores políticos y los grandes empresarios en el poder se escudan en su tradicional intransigencia para atajar cualquier propuesta de cambio, los líderes de las pandillas Mara 18 y MS -señaladas en los últimos quince años como promotoras de la criminalidad, la delincuencia y la inseguridad ciudadana- propusieron una tregua negociada con las instituciones de seguridad del Estado, hecho inimaginable hace poco.

El antecedente decisivo fue la tregua que en abril de 2012 decretaron estas mismas pandillas en El Salvador, a lo que se atribuye la reducción de la criminalidad en el país vecino, bajando el número de homicidios diarios de 14 a 5.5. Sin embargo, la diversidad de actores causantes de la criminalidad en Honduras hace menos posible el éxito de la tregua declarada aquí. No obstante, en el contexto de la aguda profundización de los conflictos e intolerancias que caracterizan a este país, el anuncio hecho por los cabecillas de las pandillas rompe la creencia de que las maras no entienden de diálogo.

LAS MARAS PIDEN UNA OPORTUNIDAD

Desde la cárcel donde guardan prisión los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 anunciaron una tregua unilateral en el uso de extorsiones y crímenes, teniendo como mediador del proceso al obispo auxiliar de San Pedro Sula, Monseñor Rómulo Emiliani. La decisión fue hecha pública el 28 de mayo.

Los líderes de las dos pandillas fueron muy claros: la tregua que declaraban unilateralmente es una decisión firme que cumplirán con estricta disciplina. Acto seguido, pidieron perdón a Dios, a la sociedad y a las autoridades. Sostuvieron, que su decisión es sólo un primer paso en el proceso que puede conducir a ponerle punto final a sus acciones.

Aseveraron que desean reinsertarse en la sociedad como ciudadanos y trabajadores para que sus hijos tengan la oportunidad de crecer y educarse como personas de bien. Pidieron una oportunidad para afirmar su condición de seres humanos comprometidos con sus familias, con deseos de superación, amantes de la vida y con la fe puesta en Dios,
valores que llevan en sus corazones, endurecidos y curtidos por la discriminación y la criminalidad.

PERO NO SE REDUJO LA VIOLENCIA

La decisión de los pandilleros está rodeada de muchas dudas e incluso de sospechas, normales cuando se trata de propuestas tan poco usuales. También lógicas porque de ellos la sociedad sólo espera acciones violentas, camino por el que han llegado a ser tan ampliamente estigmatizados.

Los medios de comunicación han sabido atizar las dudas, haciendo ver y sentir que para todo mundo puede existir redención menos para los mareros. Muchos comentarios negativos aparecidos en diversos medios de comunicación tras el anuncio de la tregua delatan la predisposición vengativa y destructiva incubada en importantes sectores de la sociedad. Es una paradoja de este momento: mientras los “malos” pidieron perdón, los “buenos” exigieron eliminación física. ”¡Que mueran, que arrasen con esos perros!”, se oye decir a alguna gente que no mira la violencia que se incuba por fuera de las maras.

Otra gente esperaba que, por arte de magia, se redujera la criminalidad y la inseguridad en las calles. Pero pasaron los días y las semanas, y la inseguridad y la criminalidad no sólo no disminuyeron sino que existen indicios racionales
para afirmar que incrementaron, aunque algunos portavoces oficiales informen lo contrario. Así lo demuestra el aumento del costo del transporte público en algunas ciudades de la Costa Norte, causado -según los empresarios de este rubro- porque el “impuesto de guerra” a aumentado drásticamente.

LOS “OTROS” VIOLENTOS

A diferencia de la tregua declarada en El Salvador, el anuncio hecho por las pandillas hondureñas no ha surtido el efecto deseado, abriendo así muchas dudas sobre la autoridad que tienen sus jefes en reclusión y sobre la responsabilidad de las pandillas en la espiral de criminalidad y violencia que abate al país.

Los jefes de ambas pandillas declararon que desean hacerle saber a la sociedad que muchos crímenes que se cometen en Honduras son responsabilidad de otros grupos, aunque se les atribuyen a las maras. Existen también indicios reales de la existencia de sectores interesados en boicotear cualquier diálogo entre los pandilleros y el gobierno, para que las acciones de violencia oficiales se mantengan en el anonimato o se camuflen en las maras.

Si las pandillas declararon una tregua, y no obstante la violencia y la criminalidad continúan en ascenso, la explicación estaría en la existencia de otros poderes, encubiertos, dispersos y con autonomía para decidir y actuar. Es evidente que, aunque existen dos grandes pandillas que controlan amplios territorios del país y las principales ciudades, también existen otras “pandillas”, con estructuras propias y mandos a cargo de personas vinculadas al poder político y al narcotráfico, que ejercen su autoridad en territorios circunscritos a instituciones específicas.

Se trata de poderes sueltos, sin una articulación nacional, vinculados a cárteles del narcotráfico que interactúan en el amplio corredor que desde Colombia sube hasta Estados Unidos, pasando por Honduras. Ejercen control sobre nuestro país a través de grupos y “bandas” territoriales. Por eso, los líderes de las pandillas sólo pueden contribuir a reducir la criminalidad en porcentajes muy limitados, porque la mayoría de la violencia no la ejercen las pandillas juveniles, sino otros grupos más poderosos y más mortíferos.

UNA TREGUA NACIONAL

El anuncio hecho por los líderes de las pandillas debería abrir un debate sobre la tregua que necesita el país, una tregua que abarque toda la criminalidad y la violencia reinantes.

El punto de partida de esa tregua sería que cada sector que posea una cuota de poder se comprometa a dejar de hacer lo que ha venido haciendo en las últimas tres décadas. Los líderes de las pandillas dieron el primer paso, quizá sin estar muy seguros de poder cumplir con todo lo prometido, pero manifestaron voluntad de renunciar a las actividades delictivas que han venido cometiendo en los últimos quince años. Los sectores de poder que se expresan a través de los medios de comunicación corporativos exigen a los cabecillas de las maras que sean sinceros y cumplan su palabra. Mucho más importante sería que exigieran a otros sectores que cumplan con lo que afirman y prometen, que cada sector de poder se pregunte si está dispuesto a dejar de hacer lo que ha venido haciendo en las últimas décadas. Sería un primer paso obligado para caminar juntos hacia un “estado de tregua” general, que contribuiría mucho a cambiar el signo negativo de la inseguridad ciudadana por el signo positivo de la paz ciudadana.

¿Qué significa iniciar un “estado de tregua”? Ya lo han anticipadolos jefes de las pandillas. Que quienes con sus acciones generan violencia y criminalidad, las detengan, renunciando a actuar así para dialogar francamente con el Estado y la sociedad. Para poder generalizar el “estado de tregua”, esto implicaría que la mayoría de los políticos renuncien a conductas reñidas con la transparencia y la ética del servidor público, abriéndose al diálogo con la sociedad. ¿Se atreverán los políticos involucrados en actos de corrupción pública a reconocer que son corruptos? ¿Pedirán perdón por los yerros cometidos desde la transición política iniciada en 1982?

UNA TREGUA EN EL AGRO

Una tregua general debe involucrar a todos los sectores, incluyendo, por ejemplo, a los sectores agroexportadores dedicados al cultivo de palma africana y caña de azúcar. Varias decenas de asesinatos han ocurrido en las zonas productoras por la férrea voluntad de estos empresarios de poseer y controlar tierras que no les pertenecen legítimamente, o que están por encima de la extensión que autoriza la legislación agraria. Mantener su voluntad de violencia significa aceptar que el derramamiento de sangre continuará en el Bajo Aguán y el valle de Sula y que muchos campesinos, por necesidad o por ser azuzados por intereses ajenos, seguirán activos en las tomas de tierras. Sólo una tregua general daría la oportunidad de dialogar franca y sinceramente para buscar y encontrar caminos de solución a estos graves conflictos. El agro nacional es, sin duda, un foco de aguda conflictividad, donde se reclama con urgencia la declaración de un estado de tregua.

UNA TREGUA EN LA MINERÍA

Una tregua general debe involucrar también a las empresas mineras y a los empresarios interesados en construir represas hidroeléctricas, que han provocado focos de aguda conflictividad en las áreas rurales.

En el norte del departamento de Intibucá, en la zona de Río Blanco, empresarios nacionales asociados con capitales asiáticos y beneficiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsan la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque. Alrededor de diez comunidades indígenas lencas, agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se declararon en resistencia para impedir la construcción de la represa. Los líderes comunitarios sostienen que no se oponen a la construcción de represas, puesto que generan energía limpia. Lo que rechazan es que se construyan al margen y en contra de sus comunidades. Rechazan que este negocio esté bajo control de empresarios que durante muchos años han manchado sus manos en negocios de energía sucia, con capitales que sólo han traído miseria a las comunidades originarias.

En este lugar, la respuesta del Estado ha sido violenta. Las comunidades indígenas en resistencia fueron cercadas por policías y militares, aumentando la tensión y atizando un conflicto que amenaza con desembocar en el derramamiento de sangre. Una tregua en la construcción de esta represa sería un paso decisivo, tanto para abrir nuevos espacios de diálogo como para encontrarle salidas adecuadas a la conflictividad en el volátil occidente hondureño.

LAS “PANDILLAS” MINERAS Y SUS VIOLENCIAS

Otro foco de aguda conflictividad se encuentra en el norteño departamento de Atlántida, caribeño y multicultural. Varias comunidades, respaldadas por la parroquia católica de Arizona, se han declarado en pie de lucha para defender sus recursos naturales, amenazados por empresas mineras que pretenden extraer allí óxido de hierro. El empresario que ha mostrado más agresividad es yerno de Miguel Facussé, uno de los emblemas del empresariado hondureño, destacado por su participación en controvertidos proyectos de inversión y por su inescrupulosa y voraz conducta en defensa de sus negocios.

Los empresarios mineros, confabulados con las autoridades municipales de Tela y Arizona, y apoyados por el ejército
y la policía, desplegaron operativos conjuntos para atemorizar a los pobladores, intentando sobornar a líderes y comunidades, respaldados por autoridades del ramo ambiental y de los recursos naturales. La situación ha llegado al extremo de amenazar de muerte al párroco y a varios líderes comunitarios. En esta zona, la tregua debe nacer, en primer lugar, de los empresarios mineros, quienes en lugar de insistir en explotar la riqueza minera en detrimento de los intereses comunitarios, deben abrirse al diálogo con los pobladores y tomar la iniciativa de un uso innovador de los recursos naturales en armonía con la naturaleza, respetando los derechos comunitarios, beneficiando a la población local y produciendo ingresos justos para el fisco nacional.

Un tercer foco de conflicto está en las montañas del departamento de Yoro, territorio ancestral de los tolupanes, concretamente en la zona de Locomapa, ubicada en la porción oriental de ese departamento. Una empresa canadiense se instaló allí hace diez años para explotar varios minerales, entre otros oro, plata y antimonio. La vinculación de esta empresa con empresarios locales ha unido el conflicto que provoca la minería con otro, más antiguo y muy sensible, el conflicto de la explotación maderera, que ha sido una permanente fuente de enfrentamientos entre las tribus tolupanes, los empresarios de la madera y los aserraderos de esa zona. Las vinculaciones y consecuencias del conflicto en Locomapa pueden ir más allá de las estrictamente económicas o jurídicas. De no detenerse, este conflicto puede extenderse hasta el valle de Sula al afectar el área de Guaymas, bañada por el río Guaymón, cuyas aguas llevan cianuro y otros químicos utilizados por las mineras en explotaciones a cielo abierto en las montañas de Locomapa.

Establecer una tregua allí, interrumpiendo el modelo impuesto por las empresas mineras y madereras hasta la fecha, significaría detener un seguro derramamiento de sangre y crear una oportunidad para dialogar con los tolupanes y las organizaciones ambientalistas, para que empresarios, indígenas y otros pobladores encuentren juntos la solución a conflictos que cada día empobrecen más a uno de nuestros pueblos originarios.

UNA TREGUA EN LA EDUCACIÓN

Una tregua también es necesaria en la educación pública nacional. Los dirigentes de los gremios de los maestros, y muchas de sus bases, están inconformes con las decisiones tomadas por el titular de la Secretaría de Educación, decisiones que en más de una ocasión han quedado sin efecto por resolución de la Corte Suprema de Justicia. Este estira y encoge convierte a la educación pública en un campo de batalla y no en lo que debería ser, el terreno más importante para que florezca el desarrollo nacional.

La tensión prevaleciente entre el gobierno y los maestros del sector público de todos los niveles imposibilita la construcción de un auténtico proyecto que, en calidad y en cantidad, supere las deficiencias del sistema actual. Tanto las tensiones como las deficiencias se vinculan, además, con la corrupción que atraviesa las coordenadas de este sector, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

En la educación pública se ha agudizado en las últimas tres décadas un conflicto creciente. Los actores enfrentados
se ubican en sus trincheras, buscando el mayor beneficio para su causa en cada oportunidad que se les presenta,
sin ser la mejora de la educación pública la principal motivación de las decisiones que asumen, tanto los gremios como
los poderes del Estado. Una tregua en la educación pública significaría una oportunidad para decretar un alto
a la corrupción y a la colusión de no pocos de los dirigentes del gremio magisterial con funcionarios de la Secretaría de Educación, creando así una nueva oportunidad para un diálogo constructivo que encuentre el camino hacia una propuesta de política pública estratégica sobre la educación nacional.

LA FALSA TREGUA DE LOS MEDIOS

En lo que va del año 2013 ha habido varios signos que anuncian la posibilidad de una tregua que interrumpa la actual lógica de resquebrajamiento total del Estado y de su institucionalidad.

Uno de esos signos fue la propuesta de ley sobre medios de comunicación social, originada en el Poder Ejecutivo
y respaldada por varios sectores de la sociedad civil. Aunque desde el inicio se advirtieron riesgos y manipulaciones, esta iniciativa legal desarticulaba el férreo control ejercido por unas pocas familias pudientes sobre las frecuencias radioeléctricas, que además gozan de millonarias exoneraciones y privilegios fiscales. El boicot contra esta propuesta de ley fue impulsado por esas familias, utilizando las influencias políticas que tienen en el gobierno actual y el peso que aún tienen en la sociedad.

La principal justificación para boicotear la propuesta de ley fue caracterizar sus contenidos con los de una “ley mordaza”, que atentaría contrala libertad de expresión y supondría una amenaza contra otras libertades públicas. La situación es paradójica: los dueños monopólicos de las frecuencias de radio y televisión, constitucionalmente propiedad del Estado hondureño, se transformaron repentinamente en defensores de la libertad de expresión y de otras libertades públicas que ellos mismos no han sabido o no han querido respetar. En el colmo del cinismo y la hipocresía, y para no aparecer como los más rígidos en la negociación entablada con el Estado, propusieron una especie de “tregua”, a la que llamaron “pacto de los medios”, hecha a la medida de los cálculos e intereses de las poderosas familias que poseen los grandes medios.

Este “pacto”, inducido y conducido por intereses mezquinos, parece más una propuesta para moralizar el contenido
de la programación de los medios, que un acuerdo para lograr una distribución más equitativa del espacio radioeléctrico nacional. En lugar de conseguir una “tregua” o un “pacto”, el resultado de toda la discusión alrededor de los medios y de su regulación por el Estado, la negociación atizó la falta de consenso nacional, expresándose una vez más la inequidad social, la corrupción, la impunidad y la debilidad de instituciones que se rinden ante los más poderosos del país.

UN SIGNO ALENTADOR

Otro signo positivo, que parece anunciar una tregua en nuestro contexto de violencia y criminalidad, proviene de la propuesta de unidad en la lucha contra la impunidad, encabezada por la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, quien cuestiona la situación prevaleciente en las instituciones de justicia y propone cambios sustantivos en su operatividad.

La lucha contra la impunidad nació de las propias víctimas de su inoperancia. Su dinamismo genera actualmente controversias, polémicas y debates que dejan al descubierto la podredumbre del sistema de justicia, atrapado en las garras de la corrupción, la colusión, la negligencia y la violación de los derechos humanos.

Una de las consecuencias de los primeros pasos en la lucha contra la impunidad es el remezón que sufren actualmente la Policía Nacional y el Ministerio Público. En la Policía, provocó revanchas entre oficiales y funcionarios afectados por las remociones, despidos y amenazas de investigación y de juicio dentro del proceso de cambios ya iniciado. A pesar de todo, la lucha contra la impunidad ha logrado abrirse paso durante el año, en un contexto altamente controlado por intereses nuevos y tradicionales, excesivamente vulnerable a la manipulación mediática y expuesto a sobresaltos como el del golpe de Estado de 2009.

El surgimiento de la Alianza por la Paz y la Justicia y la Coalición contra la Impunidad, conformada por organizaciones locales de víctimas, indica su capacidad de ser un factor de cohesión social, especialmente entre los sectores políticos y sociales que buscan propiciar importantes transformaciones en el Estado y la sociedad. La conciencia que empieza a generarse en diversas instancias de la sociedad civil -animada por el ideal de caminar hacia la justicia mientras lucha contra la impunidad- va marcando un nuevo sendero, alternativo a la polarización política y social que prevalece desde 2009 con el golpe de Estado. La lucha contra la impunidad es una “cuña” que aprieta la podrida estructura de las instituciones de justicia.

LOBO ANTE LA TORMENTA

El Estado interviene su propia institucionalidad. Ésa ha sido su principal estrategia para sobrevivir, tanto la del gobierno actual como la de la mayoría de los gobiernos bipartidistas desde la transición de 1982, que sabían bien que sobrevivir significa, literalmente, “vivir con escasos medios”.

Con la institucionalidad del Estado tan resquebrajada, Honduras vive una situación parecida a la que se produce cuando un huracán arrasa viviendas y las familias resisten las siguientes lluvias con casas de cartón y techos con láminas que alguna vez fueron de zinc, con tablones, clavos y residuos de plástico rescatados de una larga serie de inundaciones. Así luce el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que finaliza su mandato sosteniéndose en una institucionalidad averiada por todas partes en su razón de ser, en una institucionalidad alquilada. La única finalidad es llegar hasta el final a como dé lugar.

Honduras ha asumido la precariedad como forma de gobierno. Ve pasar el agua y la tormenta que la azota y se oculta como sea aceptando resignadamente la crisis permanente, sin horizonte alguno. Los nubarrones negros del pasado y el presente ocultan la dramática realidad que exige en este momento la claridad de un buen gobierno. Así finalizará su administración Lobo Sosa: gobernando desde fuera de la institucionalidad del Estado, con una institucionalidad prestada.

UN GOBIERNO DE COMISIONES Y SUBCOMISIONES

Al menos once comisiones interventoras de instituciones públicas han sido nombradas en los tres años y medio ya cumplidos por el gobierno de Lobo. Y a las comisiones interventoras han seguido las subcomisiones y decenas de figuras jurídicas y decretos ejecutivos o legislativos para fingir que puede gobernar el aparato estatal. Las improvisaciones y el número de comisiones e instancias extraordinarias nombradas buscan hacerle frente a los conflictos que estallan por todas partes. Lo único que demuestran es el calibre de la crisis de institucionalidad que atraviesa al Estado. La precariedad evidencia no sólo el resquebrajamiento de la institucionalidad estatal, sino también la pérdida de su propia identidad y la ignorancia de sus fines. Si las instituciones públicas cumplieran a cabalidad las funciones para las que fueron creadas, todos los problemas y conflictos serían resueltos en el marco de la institucionalidad ya existente. Pero la mayoría de las instituciones públicas, además de encontrarse debilitadas por el incumplimiento de las funciones que les son propias, también han sucumbido ante la arbitraria y caprichosa ley de los más fuertes y poderosos.

Hoy vivimos en la institucionalidad de las comisiones y las subcomisiones interventoras, con un gobierno que gobierna por decretos ejecutivos o por leyes reformadas y vueltas a reformar por el Congreso Nacional. Esto avala la percepción de que la vida y los derechos ciudadanos se encuentran amenazados y en riesgo permanente.

SON TIEMPOS DE EMERGENCIA

La crisis en la seguridad pública y en las instituciones de justicia es un ejemplo patente de esta indefensión, que crecerá mientras el gobierno siga asumiendo que, ante más crisis y conflictos, mayor debe ser el número de comisiones e instancias extraordinarias, único medio para encubrir una institucionalidad formal colapsada, en la que no cree ni el mismo Presidente de la República.

La crisis se le escapó de las manos al gobierno. Los conflictos rebasaron su capacidad y la del Estado. Vivimos en un permanente estado de emergencia nacional donde la institucionalidad formal sólo cumple funciones incompatibles con un Estado de derecho.

Sin embargo, la necesidad de encontrar salida a los conflictos coyunturales y las crisis permanentes conducen a diversas instancias de la sociedad civil a respaldar con su participación las comisiones y los organismos paralelos a la institucionalidad formal. Si el Ministerio Público ha sido un auténtico desastre administrativo y ha sido utilizado como cueva de la corrupción y de otras transacciones delincuenciales, es natural que en la búsqueda de justicia y en la lucha contra la impunidad las organizaciones aglutinadas en la Alianza por la Paz y la Justicia no sólo hayan propuesto una Junta Interventora del Ministerio Público, sino también candidatos para integrar ese organismo, planteando que sea la propia Alianza la que lidere la evaluación actual del Ministerio Público. De hecho, ya lograron la renuncia del Fiscal General y la de su adjunto.

A pesar de éste y otros esfuerzos similares, es evidente que estas instancias extraordinarias no resolverán el problema de fondo que genera los conflictos que terminan en nuevas crisis. El problema de fondo es la precariedad o la ausencia total de institucionalidad del Estado. Por eso, la labor más importante no consiste tanto en sustituir la función de la institucionalidad formal con instancias extraordinarias, sino contribuir a recuperar y a restituir la funcionalidad que legitime a la institución estatal ya existente.

¿ENTIENDEN DE TREGUA LOS POLÍTICOS?

Una tregua de los partidos políticos en el actual proceso electoral contribuiría a reducir el enfrentamiento y la polarización, hoy más agrios que nunca. Sin embargo, a juzgar por lo que vemos todos los días, la manera tan peculiar y dañina con que se lleva a cabo la campaña electoral hacia las elecciones generales de noviembre no da señal alguna de que los políticos piensen en una tregua entre los partidos en beneficio de la salud pública. Por el contrario, la coyuntura electoral se desarrolla en un ambiente de hostilidad y de canibalismo similar al que vivimos en las elecciones primarias de los partidos en noviembre de 2012.

Los fraudes y las irregularidades que se produjeron en aquellas elecciones internas confirmaron que, tanto el procedimiento electoral, ya convertido en hábito y sistema, como los mismos partidos políticos, los viejos y los nuevos,
son el problema y no la solución que la profunda crisis nacional exige a gritos.

EL CARNAVAL ELECTORAL

Tres décadas después de iniciados estos procesos electorales, con sus vicios, es la primera vez que diversos sectores sociales se preguntan, seriamente, si efectivamente habrá elecciones a final de este año. El surgimiento de esa duda es en sí mismo un problema grave, porque cuando el río suena piedras trae…

En esto coinciden los datos recogidos por los sondeos de opinión más objetivos, que advierten de un proceso electoral plagado de irregularidades, deshonestidad y conductas cercanas a lo delictivo.

Los partidos y las cúpulas políticas están demostrando que nada han aprendido del pasado lejano y tampoco del pasado reciente. Siguen acumulando trampas sobre las trampas que ellos mismos inventaron ayer y antier, para seguir aferrados al poder, sin importarles si sus actos son legítimos o no. Lo único que cuenta son sus propios cálculos y para todo lo demás tienen a sus abogados-diputados, que en el momento preciso ajustarán la legislación a esos cálculos. En estos escenarios, el carnaval electoral sigue a su propio ritmo, sin tregua y sin un breve, aunque fuese brevísimo, alto en el camino para reflexionar en el enorme daño que se le hace a la democracia y a la ética que debe prevalecer en toda actividad política orientada al bien común.

LAS PANDILLAS ESPERAN

Los jefes de las pandillas anunciaron públicamente una tregua unilateral en su accionar delictivo. Su anuncio fue seguido por el silencio o por la respuesta revanchista, irreflexiva y hasta violenta de ciertos sectores de opinión. Pero ningún actor poderoso se dio por aludido ante este ejemplo, y mucho menos, ninguno ha correspondido con una propuesta a la altura que las circunstancias actuales demandan.

El silencio oficial y el escepticismo social son las únicas respuestas que ha dejado el anuncio de los portavoces de las pandillas, quienes siguen esperando una respuesta gubernamental.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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