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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 53 | Noviembre 1985

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Nicaragua

El país en Emergencia

El gobierno de Nicaragua prolongó por un año los alcances del Estado de Emergencia, vigente desde 1982, aunque había sido bastante reducido desde julio de 1984, poco antes de iniciarse la campaña electoral.

Equipo Envío

La medida, tomada el 15 de octubre, sorprendió en Nicaragua, tanto por la solemnidad y el dramatismo con que se hizo el anuncio como porque lo habían precedido, tan sólo unos días antes, balances oficiales muy optimistas sobre la situación militar. En el exterior, la emergencia -interpretada aún con más dramatismo- no sólo causó sorpresa sino también duras críticas de amigos y de enemigos. La emergencia levantó también muchas preguntas sobre la actual coyuntura nicaragüense. Las respuestas a algunas de estas preguntas pueden aclarar mejor el contexto de la actual medida.

La situación militar es favorable a la revolución

Aunque la decisión sobre la ampliación del Estado de Emergencia se enmarca en la grave situación de guerra de agresión que enfrenta el país desde 1982, esta medida obedece más que a la situación militar de guerra impuesta, a la interpretación sobre la situación interna del país desde el actual coyuntura militar. Así, se decreta la emergencia no para afrontar una nueva coyuntura militar sino para consolidar la actual coyuntura militar con controles y medidas de contención políticas.

Unas horas antes de decretarse el Estado de Emergencia, el Viceministro de Defensa Comandante Joaquín Cuadra, dio una amplia explicación sobre la actual situación militar. En 10 de octubre había aparecido en el diario "Barricada" de Managua la extensa entrevista que sobre la coyuntura militar ofreció el pasado septiembre el Ministro de Defensa, Comandante Humberto Ortega, a una periodista del "The Washington Post".

Los análisis optimistas hechos por las más altas autoridades militares sandinistas tienen en Nicaragua una fácil comprobación en el diario intercambio con quienes viven en zonas de guerra o incluso con quienes como soldados del ejército nicaragüense participan en esta guerra. Tanto estos recientes análisis oficiales como los encuentros informales que mantenemos habitualmente con distintos sectores sociales conducen a esta realidad: la correlación de fuerzas militares es hoy por hoy favorable el todo al gobierno de Nicaragua y la contrarrevolución ha sufrido una seria derrota estratégica, situación que no parece podrá ser revertida a no ser que la guerra adoptara unas características cualitativamente distintas a las que tiene desde hace años.

A lo largo de todo el año 1985 se ha ido consiguiendo esta situación de ventaja sandinista, como resultado de una importante acumulación de esfuerzos por parte del ejército nicaragüense en 1984 y de la permanente crisis de unidad, de honestidad y de proyecto político que padece la contrarrevolución armada, hoy más acentuada.

En 1984 la contrarrevolución logró sus mayores avances militares, tuvo presencia estable o frecuente en algunos territorios estratégicos, logró por distintos medios (coerción, propaganda, secuestros, hábil aprovechamiento de errores sandinistas) captar una cierta base social campesina que le permitía reponer sus bajas y aun superarlas y alcanzó el mayor número de hombres en armas que ha logrado tener: 16 mil.

Fue el año mejor para la contrarrevolución. Su objetivo global para ese año era consolidar grandes unidades para desarrollar grandes operativos. Pero desde fines ese mismo año comenzó a iniciarse su declive y su derrota, que hoy ya pueden evaluarse sintéticamente como la desarticulación de esas grandes unidades y la derrota de todos los grandes operativos emprendidos con ellas. Un factor militar decisivo para conseguir esto fue la incorporación masiva al ejército sandinista de jóvenes ya bien organizados y entrenados que cumplían su servicio militar integrando los Batallones de Lucha Irregular. Estos BLI han sido y son la pieza militar clave en el combate a la contrarrevolución en una guerra compleja, que es muy exigente desde el punto de vista físico -requiere especializarse en lo irregular-.

En el primer semestre de 1985, a una mayor consolidación y extensión de los BLI, el ejército sandinista unió la introducción al país y el empleo de helicópteros soviéticos de transporte, suministro y combate, que han sido decisivos para la movilización y abastecimiento de la tropa en zonas de difícil acceso y que también juegan un papel devastador -el calificativo es de Adolfo Calero, de la FDN- cuando abren fuego a los contrarrevolucionarios.

También en este tiempo, una reorganización de los recursos humanos y materiales permitió establecer un mejor control en las fronteras, frenando tanto y las infiltraciones como las retiradas impunes desde y hacia los campamentos hondureños y cortando rutas de suministro tradicionales de los grupos armados. Frente a los principales campamentos contrarrevolucionarios de la FDN en Honduras, instalados cerca de la frontera con Nicaragua -en donde se calculan 2,500 contrarrevolucionarios de los más fogueados, dispuestos a una infiltración masiva para un golpe estratégico-, el ejército sandinista controla hoy hasta el último cerro, según declaraciones del Comandante cuadra. "Esta es la guerra de los cerros comentaba al IHCA un combatiente sandinista, de regreso de los grandes combates que desarticularon en agosto el plan contrarrevolucionario llamado Repunte-85. Quien controla los cerros tiene la victoria, tiene controlado al enemigo. En ese control de cerros, nosotros hemos avanzado muchísimo".

Hoy la situación de ventaja sandinista, mantenida a todo lo largo de 1985 está suficientemente consolidada y se traduce, entre otras ocas por:

- Una reducción general del número de combates. (Hay menor número de contrarrevolucionarios en el interior del país y los que hay no presentan combate y han disminuido sus iniciativas).

- Un desarrollo cada vez más frecuente de los combates más grandes en zonas hacia el norte, hacia las fronteras o en zonas montañosas especialmente y grupos más pequeños buscan la retirada hacia Honduras o se han recluido y estancado en zonas aisladas, en donde son atacados por sandinistas).

- Una presencia más extensa pero más dispersa de los contrarrevolucionarios, que actúan hoy en 9 de los 16 departamentos. Esta extensión no es índice de mayor poder, pues el accionar de estos grupos extendidos muestra que se trata de una presencia a la defensiva, con escaso significado estratégico. (Los contrarrevolucionarios están actuando cada vez más como bandas dedicadas al pillaje . Este pillaje y el suministro aéreo que continuan recibiendo impunente desde Honduras o Costa Rica y frente al que la defensa antiaérea sandinista no resulta eficaz, explica la permanencia enquistada de muchos de estos grupos).

- Una sensible disminución de las bajas sandinistas (nunca se dan números), tanto en los combates como en cualquiera de los ataques en los que el ejército nicaragüense lleva la iniciativa. (El mayor número de bajas sandinistas se está produciendo hoy como resultado de emboscadas contrarrevolucionarias, muchas de ellas ejecutadas en zonas en las que la FDN aún domina "los cerros").

Contrarrevolución: "un proyecto militar en decadencia
y virtualmente agotado"

Después de meses de mantener esta favorable situación militar en ambas fronteras de Nicaragua, el Comandante Cuadra describe hoy a la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) como "un proyecto militar en decadencia y virtualmente agotado" y a la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), como un grupo disperso en vías de desaparición. En la caracterización del actual momento militar hay que señalar especialmente esta situación de deterioro final de ARDE y el control efectivo de la frontera norte de Costa Rica por las fuerzas del FDN como un elemento importante y preocupante para Nicaragua, dadas las vinculadas directas de la FDN con la CIA y el componente somocista que caracteriza la dirección de este grupo.

La FDN se ha ido trasladando a Costa Rica desde Honduras y hoy, prácticamente todos los efectivos de ARDE que sobrevivieron a la exitosa "Operación Soberanía" que el ejército sandinista desarrolló entre mayo y julio ha sido reclutada o se ha incorporado voluntariamente a la FDN, aunque muchos miembros de ARDE han dejado ya la guerra.

En esta situación global la que permite a las autoridades nicaragüenses hablar de una victoria sandinista. "La victoria consiste en estos momentos -dice el Comandante Humberto Ortega- en la imposibilidad de las fuerzas mercenarias de desarrollarse estratégicamente como una amenaza militar para la revolución. Esto ya es imposible". "Los hemos llevado -añade- a una situación defensiva, a una situación en la cual o tienen perspectivas de desarrollo estratégico, militar y político, porque no tienen una base social propia para ello".

Los importantes avances de la Reforma Agraria y la eficacia que tuvo la implementación parcial de la primera fase del plan de reasentamientos campesinos, son factores político-sociales importantes que hay que sumar a los factores militares para explicar mejor esta victoria.

La reforma agraria y los reasentamientos:dos factores favorables

El 16 de octubre, para celebrar el 4o. aniversario de la Reforma Agraria y el 40 aniversario de la FAO, organización de las Naciones Unidas para la alimentación, se celebró en San Dionisio (Matagalpa) una importante entrega de tierras. Ese día, 588 familias de la zona recibieron los títulos de propiedad de un total de 7,063 manzanas de tierra. Fue un acto significativo, no sólo por la titulación de las tierras -se ha hecho esto e múltiples ocasiones anteriores- sino porque en el acto de San Dionisio se rompió del todo un cierto "esquema burocrático", de "arriba a abajo", que ha acompañado otras entregas y otros actos, y hubo la más auténtica participación campesina en todo el proceso, desde la elección de las tierras hasta la misma organización de la entrega.

Hasta fines de 1985 serán tituladas y entregadas, tratando de conseguir igual participación de abajo a arriba, 400 mil manzanas más, con lo que se habrán repartido, desde el triunfo revolucionario, 2 millones 225 mil 609 manzanas, beneficiando con ellas a la mitad de las familias campesinas del país. Con la Reforma Agraria, y especialmente con el giro que ha tenido ésta en 1985 y del que ya hablamos en el Envío de septiembre/85, se va avanzando en la consolidación de la alianza de la revolución con el campesinado más pobre, con lo que se consiguen triunfos políticos sobre la contrarrevolución armada, que ha tenido en el descontento del campesinado sin tierra, desabastecido o marginado por sus aislamientos de los beneficios sociales, un campo abonado para su propaganda y para el reclutamiento de bases.

Por otra parte, ya puede hacerse una valoración de conjunto sobre los resultados de la política de reasentamientos campesinos en zonas de guerra que se desarrolló en los últimos meses. El proyecto fue llevado a cabo en un 100%, pero tan sólo en una de las iniciales y puntuales fases con las que se había previsto un proyecto mucho más amplio y ambicioso. Este proyecto amplio no se desarrollará. Ya no es necesario, dada la favorable coyuntura militar. Por otra parte, sus elevados costos económicos le sirven también de freno. Los resultados de lo que llegó a hacerse fueron positivos, social y militarmente.

Respecto de los evacuados de zonas militares conflictivas de la Región I (Murra, Quilalí y San Juan del Río Coco) y de la VI (La Rica en Yalí) -muchos de ellos con vínculos familiares con la contrarrevolución- puede decirse que, pese al trauma de la evacuación forzosa, del traslado y el reasentamiento, no tienen actitudes hostiles contra la revolución y sí tienen expectativas positivas sobre su nueva vida. Esto se debe a que recibieron mejores tierras de las que antes tenían,a la tranquilidad de la que ahora goza, viniendo de zonas de guerra, y a un trabajo político cuidadoso que el FSLN ha desarrollado con esta población. Respecto de la contrarrevolución, las evacuaciones cortaron significativamente su operatividad en las zonas clave en donde vivían antes los trasladados, que les servían de apoyo logístico.

Comandante Humberto Ortega: un optimista análisis

A través del optimista análisis del Comandante Humberto Ortega y de varias declaraciones del Presidente Daniel Ortega en ocasión de su visita a Estados Unidos para participar en las sesiones de la ONU, Nicaragua ha insistido este mes en llevar a los oídos de la Administración Reagan el mensaje clave de que la contrarrevolución ha sido derrotada estratégicamente.

Esta convicción ha sido asumida ya en los círculos del poder norteamericano. Sin embargo, así como de parte de Nicaragua el mensaje busca provocar una reacción de sensatez -si ya no hay posibilidades de éxito militar, entendámonos políticamente-, altos funcionarios norteamericanos lo han captado y asimilado, pero no para cambiar de rumbo, y empiezan a hablar de la derrota sólo para señalar la inevitabilidad de una intervención directa. En esta dimensión hay que ubicar las declaraciones del Subsecretario de Defensa, Fred Ikle, que el 31 de octubre reconoció que "según diversas fuentes los sandinistas llevan la delantera y han ganado la iniciativa en el campo militar".

Aceptando estas fuentes, Ikle afirmó: "No estamos satisfechos en absoluto con la situación de las fuerzas llamadas contras". Ante esta insatisfacción, señaló la necesidad de más ayuda, pues si no mejorara la situación se tendrá que recurrir más adelante al empleo directo de fuerzas norteamericanas para desalojar a los sandinistas del poder, objetivo que como indican estas declaraciones ya ni se encubre con eufemismos.

Es claro que en el tipo de guerra planteada por la contrarrevolución al ejército de Nicaragua, el objetivo de los contrarrevolucionarios tiene que ser el incidir constantemente en nuevos territorios, pues la victoria no se logrará nunca por grandes batallas sino por la extensión de la incidencia desestablizadora en más y más territorios, a la manera de un cáncer. En este sentido, el estancamiento en un territorio determinado sin posibilidades de avance ni de incidencia es ya una derrota estratégica.

Los análisis oficiales o identifican victoria con eliminación total de la contrarrevolución. Miles de contrarrevolucionarios actúan aun dentro de Nicaragua y son abastecidos desde los países vecinos, tienen buen armamento y equipos de comunicación y aún conservan capacidad de acción destructiva y de propaganda ideológica para retener en sus filas a campesinos alzados de determinadas zonas. Es por esto que el gobierno de Nicaragua cuenta con una guerra prolongada. Prolongarla no fue el objetivo norteamericano, pues la Administración Reagan esperaba resultados más "satisfactorios" -incluso definitivos- en un corto plazo. Prolongarla es hoy objetivo del gobierno nicaragüense para ganarla del todo. Prolongarla es hoy objetivo del gobierno nicaragüense para ganarla del todo. "No tenemos una estrategia de conformarnos con el enemigo -dice el Comandante Humberto Ortega-, no tenemos una estrategia de convivir con ellos", aunque añade: "uno puede vivir con parásitos y no morirse", expresando en esa comparación el cambio fundamental operado en la situación militar y la distinta óptica con que hoy empieza a plantearse la guerra el gobierno de Nicaragua.

Para eliminar del todo a los contrarrevolucionarios el ejército sandinista continua combatiéndolos y desgastándolos más con el desarrollo de maniobras especiales, de emboscadas, del minado de sus caminos tradicionales y de trabajos de descomposición y de infiltración. También prepara actualmente batallones aún más especializados en lucha irregular que los ya probados BLI.

Continúa la guerra y se inicia el Servicio Militar de Reserva

En el mes que analizamos, los datos de diversos informes del Ministerio de Defensa reportan 210 contrarrevolucionarios muertos en combates desarrollados en distintas zonas del país. Un promedio de 7 muertos diarios indica la magnitud que tienen los combates y la guerra misma.

Después de la desarticulación, arrinconamiento y dispersión experimentadas por la contrarrevolución, la zona en donde ésta mantiene aún mayores agrupaciones es la zona central atlántica, en donde desde 1984 actúa el Comando de la FDN "Jorge Salazar", muy numeroso en miembros aunque uno de los menos capacitados militarmente. La región en donde se asienta esta agrupación -muy aislada- es una de las menos influidas por la revolución a todos los niveles.

Militarmente, no fue considerada prioritariamente, por las difíciles características del terreno y por la imposibilidad del ejército sandinista de cubrir todos los frentes. Hoy ya no es así. Y muchos de los actuales combates se desarrollan como parte de una gran ofensiva contra el "Jorge Salazar", utilizando con gran eficacia en estos terrenos selváticos, pantanosos, enormes y vacíos, los helicópteros de combate y de transporte.

En otras zonas del país, los contrarrevolucionarios no se han repuesto aún de las derrotas de los pasados meses en su fracasado "Plan Repunte". Y se observa una desmoralización entre ellos, causada en parte por los ambiciosos objetivos que se propusieron en este plan y que resultaron fallidos. La desmoralización se refleja, entre otras coas, en un creciente número de "desalzamientos" (campesinos alzados que se acogen a la amnistía, entregándose, a veces, durante los mismos combates) o también en el creciente número de capturas que el ejército sandinista logra hacer ahora en pleno combate, capturas generales de campesinos ex-secuestrados o alzados, siendo en algunos casos difícil delimitar con claridad la diferencia.

Aunque desalzamientos o capturas no son aún un fenómeno masivo y generalizado, sí comienzan a observarse síntomas significativos en esa dirección siendo cada vez más frecuentes las ruedas de prensa en las que desalzados, capturados, ex-secuestrados o evasores del "reclutamiento forzoso" que realiza la contrarrevolución en algunas zonas, relatan su historia y sus experiencias personales en las filas contrarrevolucionarias. En todas estas historias se percibe una gran descomposición en las tropas de la FDN y una desmoralización que con frecuencia intentan superar los contrarrevolucionarios con el uso de drogas alucinógenas, hecho del que hay ya bastantes testimonios.

Los jóvenes desmovilizados que regresan a la vida civil

En noviembre, miles de jóvenes que han cumplido sus dos años de servicio militar, volverán a sus trabajos habituales y a sus estudios, con una enorme experiencia humana sobre las espaldas. Ante esta realidad totalmente nueva en el proceso revolucionario, surgen muchas preguntas. ¿Serán capaces de integrarse creativamente a la rutina de la retaguardia, sin que un contraste tan fuerte les afecte de manera negativa? ¿Sabrá la sociedad nicaragüense, tan indisciplinada, aprovechar bien las energías de estos muchachos curtidos en disciplina? ¿Sabrá la sociedad dejarse enseñar por quienes aprendieron aceleradamente en la montaña muchos de los valores que hoy son tan urgentes para la lucha por la supervivencia en la retaguardia: la generosidad, la decisión, la resistencia...? ¿Qué cambios cualitativos pueden esperarse del aporte que estos jóvenes darán a las estructuras productivas, administrativas, organizativas y partidarias de la nación?

Los muchachos que serán desmovilizados vuelven a la vida civil, pasando automáticamente a integrar las fuerzas de la reserva. Para ir organizando con ellos y con otros esta Reserva como una nueva estructura de la defensa militar nacional, se comenzó a implementar en este mes el Servicio Militar de Reserva (SMR).

El SMR ya estaba establecido en la Ley de Servicio Militar promulgada en 1983, pero los esfuerzos organizativos del ejército se habían dirigido hasta ahora todos hacia la organización del Servicio Militar Patriótico (SMP) para los jóvenes. Consolidando suficientemente éste, se inicia ahora la Reserva. A ella están convocados según lo indica la ley, todos los ciudadanos nicaragüenses entre 25 y 40 años. Sin embargo, esta forma del servicio militar se ha iniciado con una serie de características que revelan con claridad a qué estrategia militar responde.

Quién se inscriben en los Batallones de Reserva

La guerra de defensa que afronta hoy Nicaragua no necesita de la reserva. Por eso ésta está pensada y se organizará en función de la eventualidad de la intervención directa de los Estados Unidos en la guerra, en función de la invasión, variable permanentemente presente en los análisis y denuncias que hace Nicaragua y en los análisis y amenazas que hace la Administración norteamericana. Así como el SMP se organizó para la guerra irregular en todo el territorio, el SMR se organizará para asegurar la defensa de las ciudades del Pacífico y especialmente de Managua, blanco prioritario si se diera la intervención directa de Estados Unidos.

Por esta razón de fondo las inscripciones de ciudadanos para la reserva se han hecho sólo en Managua, entendiendo que para la defensa territorial de zonas campesinas, las milicias -hoy reorganizadas- son ya una reserva permanente. Las inscripciones llevadas a cabo los días 30 y 31 de octubre y los primeros días de noviembre ni siquiera se realizaron entre todos los ciudadanos de la capital sino únicamente entre los trabajadores de una serie de empresas, fábricas e instituciones estatales o del FSLN que contaba con plantillas de 100 o más trabajadores. En la lista de centros de trabajo seleccionados, sólo 17 empresas eran de propiedad privada. Así, la inscripción afectó sólo a unos 45 mil trabajadores.

Pero ni tan siquiera se trata del reclutamiento de todos estos trabajadores ya inscritos. A fines de noviembre se seleccionará a un 43% de ellos (algo más de 19 mil), para ser entrenados intensivamente por un período de 30 días al año -iniciándose los entrenamientos ya en 1986-, y para ser asignados a una unidad de reserva de la capital, vinculada al lugar en donde vive o trabaja el reservista, facilitando así capital, vinculada al lugar en donde vive o trabaja el reservista, facilitando así su ubicación y movilización inmediata en caso de emergencia. Los criterios de selección serán la edad y, sobre todo, la experiencia combativa previa y la especialización laboral.

Muchos de los trabajadores que hoy se inscriben son o han sido milicianos o han pertenecido a los batallones de reserva con los que se enfrentó a la contrarrevolución hasta 1983, cuando se implementó el servicio militar para los jóvenes. También se hará la selección cuidando afectar lo menos posible la producción, evitando movilizar a muchos trabajadores de una misma empresa, conservando los directores e éstas la facultad de definir qué técnicos no son movilizables, dada su especialización.

A diferencia de lo que sucedió cuando se inició el SMP, el inicio del SMR no ha ido acompañado de las tensiones y angustias familiares con las que comenzó la inscripción juvenil. Más bien, se inscribieron más trabajadores de los previstos y en la mayoría de los centros era palpable el entusiasmo, explicable en parte por la mala conciencia que muchos experimentaban gozando de la paz que se vive en Managua, mientras compañeros de trabajo más jóvenes arriesgan su vida en la montaña. Se espera que el SMP no provocará las deserciones -por vía de exilio, clandestino o no- que provocó y continua provocando el SMP, aun cuando se hayan dado algunos casos aislados.

La situación económica es muy difícil

Si la coyuntura militar es favorable a la revolución, la coyuntura económica, aguda y compleja, favorece situaciones de descontento que podría ser aprovechadas por la contrarrevolución para "repuntar" por el lado socio-político lo que ya no logran repuntar por el lado militar. Así, se decreta la emergencia para poder controlar mejor y también para desalentar estos intentos de desestabilización política, ya que resulta prácticamente imposible al gobierno controlar a corto plazo con medidas adecuadas los desequilibrios económicos que enfrenta el país, provocados en gran medida por la guerra.

El paquete de medidas económicas puesto en práctica desde comienzos de 1985 -y del que hemos informado en distintos números de Envío- intentaba corregir desequilibrios económicos acumulados en 4 años. Esto ha limitado, ya de entrada, sus efectos positivos. En la contención de la inflación, por ejemplo, no se logró lo esperado. La inflación es a fines de este año el doble de lo que estaba previsto con las medidas. También se considera como un límite al logro de efectos más positivos, el desorden en la aplicación de medidas que necesitaban de una mayor coordinación para conseguir eficacia.

La situación de deterioro en que se encuentra el poder adquisitivo del asalariado urbano es más conocida, después de varios meses de aplicación de las medidas. En el campo, aunque la situación es menos conocida, es de mayor deterioro, considerándose ya, con bastante unanimidad, que se trató de un paquete de medidas muy urbanas, con las que se reforzó la tradicional en la economía nicaragüense. La situación es más preocupante si se tiene en cuenta que en el campo se arrastra un serio problema desde hace años, al que no se le ha podido dar eficaz solución, que es el de la desarticulación de las redes tradicionales de comercio y abastecimiento.

La situación general de desequilibrio económico crea malestar social y se convierte en caldo de cultivo para el desarrollo de actitudes individualistas. Acaparadores, especuladores y todo tipo de comerciantes vivianes -tradicionales o nuevos en el sector informal de la economía- viven muy bien o relativamente bien, sin que el Estado pueda controlarlos eficazmente ni se aprevisible este control a corto plazo sin recurrir a medidas represivas y coercitivas drásticas, que hasta ahora no se han querido emplear por las consecuencias políticas negativas que podrían tener en un "país de comerciantes" como es Nicaragua. Sin embargo, medidas drásticas se hacen cada vez más imprescindibles si se quiere evitar llegar a una situación de "economía ingobernable".

Quién quiere producir... y a cambio de qué

El grueso de la problemática económica es también una problemática política: ¿quién quiere producir y a cambio de qué? Sigue habiendo mucho traspase del sector productivo al incontrolable y corrupto sector comercial, que da mucho más dinero, permite mayor indisciplina y comporta menos deberes. La escasez de divisas condiciona las opciones productivas. En córdobas resulta rentable producir cualquier cosa, pero la inflación y la escasez de la oferta desestimulan la producción, como también desestimulan el ahorro.

Existe, sin embargo, todavía una enorme capa de productores medios y pequeños en el sector agrícola a los que puede estimulárseles, no sólo monetariamente, sino asegurándoles el abastecimiento de insumos esenciales (llantas de vehículos, por ejemplo). Este abastecimiento, que no es tan difícil con una mayor planificación, es uno de los propósitos del gobierno al iniciarse el tiempo de las grandes cosechas con las que obtiene Nicaragua sus divisas.

Ya empezó la cosecha de café en la zona norte, en donde el grano madura más pronto. Empieza con perspectivas optimistas pues el precio internacional del café es bueno y este año podrá cortarse en 12 mil manzanas en donde el pasado año la guerra lo impidió. La previsión es cortar un millón 100 mil quintales de café a nivel nacional. De ellos, el 85% del café de mejor calidad se destinará a la exportación (en 1984 se exportó el 78% de lo cortado). Cada quintal dejará de ganancia al país unos $100. Se calcula que casi la mitad de las divisas por exportación vendrán este año del café.

Son "los dólares más limpios" que obtendrá Nicaragua, dada la baja en los precios internacionales del algodón y las plagas y afectaciones climáticas que ha tenido este cultivo en esta temporada . Por esto, se tratará de asegurar la cosecha cafetalera de la mejor manera, con estímulos bien concretos a productores y cortadores tradicionales y movilizando a la juventud al corte voluntario, como en años anteriores. Según los cálculos, serán 30 mil los cortadores, 17 mil de ellos estudiantes o empleados estatales que cortarán voluntariamente.

El déficit en el sector externo es uno de los condicionamientos más serios que tiene hoy la desequilibrada economía nicaragüense para ir saliendo de su crisis, al menos a un mediano plazo. Sanear mínimamente el sector externo es condición previa para adoptar cualquier medida eficaz, teniendo en cuenta la débil estructura económica del país, en la que no se pueden realizar cambios cualitativos a corto plazo.

Con exportaciones que no alcanzarán este año los $400 millones tradicionales, Nicaragua necesita importar productos e insumos básicos por valor de $800 millones . En este sentido, los créditos y donaciones de los países socialistas han sido amplios y básicos y están resolviendo problemas sustanciales: petróleo, insumos industriales, maquinarias, acero y hierro, alimentos, etc. La ejecución comercial de lo prometido o concertado con los países de Europa occidental en abril de 1985, a raíz del embargo norteamericano, no se ha concretado aún con eficacia. Además, los posibles créditos del mundo capitalista tienen cada vez más condicionamientos políticos.

Este mes se reunieron en Managua 36 representantes de 9 países socialistas integrados en el CAME (Consejo Económico de Ayuda Mutua), organismo del que Nicaragua es observador y que financia varios proyectos estratégicos de la revolución: textil, agroexportador, portuario, etc. En este momento, resultan trascendentales los acuerdos firmados este mes con la República Democrática Alemana (RDA) para asegurar el mantenimiento de la infraestructura productiva. Este mantenimiento es prioridad económica en el actual momento. Es una prioridad difícil de cumplir, pues necesita de divisas líquidas, ya que es más fácil obtener créditos para comparar tractores nuevos que parar comprar las piezas de repuesto que necesitan los tractores deteriorados. La RDA financió un proyecto para fortalecer los talleres para la fabricación de piezas y de repuestos y para el diseño tecnológico en la rama metalmecánica.

El embargo de Estados Unidos y la deuda externa: dos factores desfavorables

El embargo comercial decretado por Estados Unidos contra Nicaragua el pasado 1 de mayo ha afectado desde entonces la economía nicaragüense. La Administración Reagan está dispuesta a que continúe afectándola. El 31 de octubre, el Presidente norteamericano envió un mensaje al Congreso ratificando el embargo y profundizándolo, al suprimir definitivamente las licencias para la exportación que, aun con el embargo, quedaron vigentes, pues habían sido contratadas antes del 1o. de mayo. En Nicaragua se calculó que 40 empresas transnacionales y empresas del sector privado nicaragüense se verán afectadas en sus intereses por esta ampliación del embargo. La política y las acciones del gobierno de Nicaragua -decía el mensaje de Reagan al justificar su decisión- siguen presentando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos.

La deuda externa, que también para Nicaragua es "impagable", se convierte en una afectación permanente a la economía del país. Este trastorno se agrava con la escasez de divisas. En Naciones Unidas, Nicaragua, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, expresó más que su posición sobre posibles fórmulas de pago o no pago, su difícil situación, haciendo énfasis en la solución de la solidaridad internacional. Así se expresó el Presidente Ortega:

"Desde la profunda crisis económica que nos causa la agresión de los gobernantes norteamericanos, Nicaragua ha hecho grandes sacrificios para tratar de cumplir con los compromisos financieros de la deuda que heredamos del somocismo con la banca internacional y organismos multilaterales, así como los de la deuda que hemos contraído con gobiernos amigos desde 1979. Con sangre y sudor del pueblo de Nicaragua, en 5 años hemos pagado 621 millones de dólares en servicio de la deuda. Es decir, que en 5 años hemos invertido el total de las exportaciones de 2 años para cumplir con parte de nuestras obligaciones financieras. Con la prolongación de la agresión del gobierno de los Estados Unidos, la situación es tan grave que cuando, según estudios del Banco Mundial, debíamos estar exportando mil millones de dólares al año, estamos exportando 300 millones de dólares anuales solamente. Como puede apreciarse, enfrentamos una situación extrema que no sólo limita sino que elimina nuestra capacidad de pago. En estas dramáticas circunstancias, Nicaragua demanda una urgente acción concertada de solidaridad internacional, un apoyo decidido de los países con los cuales Nicaragua tiene relaciones financieras bilaterales y un cambio de actitud de las instituciones acreedoras".

Pequeños e imprevistos problemasque afectan la economía

En esta difícil situación coyuntural que pesa sobre una economía de estructuras tan débiles, influye el embargo e influye la deuda pero también influyen pequeñas e imprevistas variaciones. 100 millones de córdobas se han gastado ya para frenar la epidemia del dengue, con resultados bastante positivos, aunque o ha sido erradicada del todo y 8 personas han muerto ya a causa del dengue hemorrágico, variable mortal de la enfermedad. A esta calamidad se sumaron en los primeros días de noviembre unas lluvias torrenciales que causaron inundaciones perjudiciales para el plátano y los granos básicos, con pérdidas que aun no fueron evaluadas.

Estas lluvias y la acumulación de aguas de desagüe en la laguna de Tiscapa de Managua provocaron el 2 de noviembre el hundimiento del escenario flotante que con ayuda de Francia se construyó en 1982 en la laguna, escenario en el que se celebraron inolvidables festivales musicales nacionales e internacionales que dieron mucha alegría a la capital. El hundimiento de esta obra es como un símbolo de la fragilidad de la infraestructura de este país, superada únicamente y día a día por la voluntad de un pueblo orgulloso, con mil batallas perdidas, de un pueblo que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar, como varias veces se cantó en ese hermoso escenario hoy hundido.

La Ley de Emergencia del 15 de octubre: sorpresa, contradicciones y distorsiones

En esta situación de ventaja militar de los sandinistas y de crisis económica irresoluble a corto plazo, una muy buena "salida" para la contrarrevolución es la consolidación de un frente político interno que aglutine a los descontentos y fomente más descontento, aprovechándose para ello de las dificultades económicas y del malestar que produce la prolongación de la guerra. De consolidarse este "frente interno" contrarrevolucionario, especialmente en las ciudades del Pacífico que viven de lejos la guerra, la revolución estaría ante un difícil problema que podría neutralizar sus avances en el terreno militar.

"Cuando alguien está perdiendo, o se rinde o negocia o lanza una contraofensiva. Ellos no van a negociar ni a rendirse", dijo el Presidente de Nicaragua pocos días después de decretarse la emergencia, indicando que era para frenar esta contraofensiva para la que se dictaba la ley.

En marzo de 1982 se decretó en Nicaragua el Estado de Emergencia, suspendiéndose entonces mayor número de derechos y garantías de los que ahora quedaron suspensos. La ley fue promulgada en aquel momento en un tenso ambiente provocado por los primeros sabotajes estratégicos de la contrarrevolución (voladura de dos puentes en el norte del país) y de las primeras revelaciones sobre las conexiones de la CIA con los contrarrevolucionarios.

En aquellos días la intervención directa de los Estados Unidos, como un hecho inminente, formó parte del marco de justificación de la ley. En la realidad, y después de unas primeras semanas de alta tensión mantenidas por los medios de comunicación oficiales, cada quien fue comprobando en la práctica diaria que la ley no obstruía en nada su vida normal y que tampoco era en nada similar a los toques de queda o Estados de Sitio que son tan conocidos en los países latinoamericanos, en los que el ejército se adueña de las calles y la arbitrariedad policial comienza a expresarse en desapariciones, torturas o situaciones de terror. Nada de eso ocurrió en Nicaragua entre marzo de 1982 y julio de 1984, período en el que estuvo vigente este Estado de Emergencia, más rígido que el actual.

Observadores de varios organismos internacionales de derechos humanos de reconocido prestigio visitaron el país en estos dos años y medio y nunca denunciaron situaciones de violación sistemática de los derechos humanos. Incluso la siempre mencionada censura de prensa, que se oficializó en marzo de 1982 en forma de "censura previa", atravesó en estos años por períodos muy desiguales en la rigidez de su aplicación, dándose etapas de gran flexibilidad e incluso de relajo.

En julio de 1984 el Estado de Emergencia fue prácticamente suprimido con ocasión de la campaña electoral que se iba a iniciar, a pesar de que la guerra de agresión era entonces muchísimo más grave que lo que era o se preveía en marzo de 1982. Ya entonces, al atenuar la Emergencia, se señaló que cuando desapareciera la agresión norteamericana desaparecería automáticamente la emergencia y cualquier recorte de los derechos ciudadanos. Después de las elecciones y del inicio en enero/85 del nuevo gobierno, se mantuvo la ley en el bajo nivel fijado en julio.

Es necesario decir que, con emergencia o sin emergencia, el Estado revolucionario nunca se ha caracterizado por la rigidez en la aplicación de las leyes, sean éstas coercitivas o flexibles, sean éstas herencia del pasado somocista o conquistas del presente revolucionario. Más bien, la sociedad nicaragüense arrastra aún arraigados hábitos de anarquía, libertinaje, permisividad, relajo e indisciplina, que hacen difícil una aplicación sistemática de la ley, sea cual sea.

En momentos en que se da un giro trascendental en la correlación de fuerzas militares, la indisciplina o la permisividad pueden representar un peligro. Si a esto se une la crisis económica descrita, el riesgo es mayor. Nicaragua está en una permanente situación-límite, cada vez más límite por el desgaste de la guerra. La gran libertad de expresión, de manifestación y de actividad política que acompañaron el período pre-electoral no se corresponden con la situación actual. La emergencia viene a cerrar un período de flexibilidad iniciado entonces y busca dar un marco jurídico más estricto al control que se quiere empezar a ejercer sobre actividades de conspiración, sabotaje o desestabilización social.

Hay que tener en cuenta también que el sistema judicial nicaragüense ha evolucionado muy poco y en nada encaja con la real situación política y militar que vive el país. Es un sistema que resulta anacrónico hasta para enfrentar la delincuencia juvenil. Menos aún tiene capacidad para enfrentar la actividad contrarrevolucionaria.

¿Por qué la Emergencia?

¿Por qué se decreta la Emergencia el 15 de octubre y no el 15 de julio, por ejemplo, si la situación hace dos meses era muy similar a la actual? No es fácil dar respuesta a esta lógica pregunta, a partir de datos públicos. Existen informes secretos de inteligencia que indican que estaríamos entrando en una coyuntura en que la CIA y la FDN se disponen a activar la descomposición política en las ciudades del Pacífico a través de células conspirativas, planes de sabotaje o atentados, en el marco de la organización de un frente interno, que deslegitime y debilite la defensa militar y cree un malestar social incontrolable.

En relación con la fecha, hay que señalar que el 20 de octubre se vencía el plazo de la emergencia en forma atenuada que se había iniciado en julio de 1984 y había que decidir sobre si prorrogarla con esas características, suspenderla del todo o incrementarla. En vista de la coyuntura, se decidió esto último.

La gran solemnidad con que se anunció la Emergencia agarró por sorpresa a la mayoría de los nicaragüenses y a los periodistas extranjeros. Como desde hace años la interpretación de la gravedad del momento ha dependido sobre todo de la valoración del curso de la guerra en lo estrictamente militar, y se sabía que había un respiro y notables victorias, surgió el desconcierto. De repente, sin previa preparación, se había quebrado una rutina en la propaganda, tan centrada en lo militar, y esto levantó contradicciones. ¿Por qué la Dirección Nacional del FSLN y el gabinete en pleno y varias veces la cadena radial anunciando la medida? ¿Por qué un cierto misterio al detallar en qué iba a consistir? ¿Por qué un tono tan dramático? ¿Qué había detrás? Fueron éstas las preguntas del primer momento. Las fomentó una pésima presentación de la medida, llena de errores de comunicación.

Pero como es la primera vez en la historia de la revolución que sucede algo así, desconcertante, bastaron 24 horas para comprender que era "lo de siempre", que no se trataba de ninguna gravedad mayor que fuera afectar la vida cotidiana de la mayoría. Y en 24 horas los temas de interés ya eran otros, los que sí afectan la vida cotidiana de la mayoría: la escasez del pan o el problema del transporte o el alza de los precios y hasta los resultados del béisbol de Grandes Ligas...

El excesivo dramatismo fue un error

El excesivo dramatismo fue un error. Pero frente a las presentaciones dramáticas coexiste en Nicaragua una doble reacción: se le resta importancia y, a la vez, se interpreta como lo que es: una reiterada llamada a la conciencia nacional sobre la gravedad de la guerra. Las "puestas en escena" de la revolución nicaragüense tienen siempre algo de espectaculares. Se corresponden con la conciencia de un pueblo cuya cultura nacional es tan dramática como irreverente.

Los periodistas extranjeros que comunicaron al mundo la noticia, por no estar habituados a esto o por intereses políticos, magnificaron las intenciones de la ley y dieron la imagen de un país amordazado, con una población privada de todos sus derechos, sometida, pasto de todas las arbitrariedades de un totalitarismo ya declarado. Se produjo una vez más el divorcio entre el país real y la imagen de un país al que se aplica la lupa del mundo. 48 horas antes, el gobierno salvadoreño había prorrogado por un mes más un férreo Estado de Sitio que se prolonga desde hace años y otras fueron las reacciones, si acaso llegó a haberlas. Unos días después, el gobierno argentino decretó una emergencia y otros fueron los criterios de interpretación. Se producía una vez más el fenómeno de la ley del embudo.

Toda esta problemática de desfase entre Nicaragua vivida desde dentro y Nicaragua vista -glorificada o condenada- desde fuera debe ser tenida en cuenta a la hora de entender la emergencia del 15 de octubre. ¿Sobrevivir o tener buena imagen? ¿Frenar a tiempo un proyecto de terrorismo contrarrevolucionario en las ciudades o tener buena imagen? ¿Resolver la problemática real interna con medidas adecuadas o tener buena imagen? Es el dilema perpetuo de la revolución sandinista. Todo el mundo reconoce que el anuncio y la misma explicación interna de la ley durante los primeros días fueron una acumulación de debilidades, incluso para la imagen interna. Pero eso es fácilmente rectificable al interior de Nicaragua, donde son tantas las debilidades.

El asunto es si la ley misma, es un error o una debilidad. Y eso ya es más discutible. Y cuando se discuta sobre eso, no puede olvidarse que Nicaragua está en guerra. En una guerra en la que no existe ni pena de muerte ni cortes marciales, en que no existen procedimientos sumarios ni siquiera prisioneros de guerra; en una guerra con una emergencia que se prolonga a la par que se prolonga una generosa amnistía por la que cualquier alzado en armas -incluso un dirigente- puede reintegrarse a la vida normal de un día a otro, con toda facilidad y hasta con actos de bienvenida en su comunidad, como es el caso de decenas de campesinos. Esta guerra tan especial, que es igual a todas en la sangre y destrucción diaria que cuesta, se olvida fácilmente en el extranjero.

Qué derechos y garantías suspende la Emergencia

La Ley de Emergencia suspende por un año varios derechos y garantías consignados en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses del 21 de agosto de 1979. Los derechos que fueron afectados son: determinadas garantías procesuales en caso de detención (incluido el hábeas corpus), la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento, la de información, la de reunión, la de manifestación, la de asociación, la de organización, la de huelga y el derecho de amparo.

En el primer momento y vista en frío, sin ninguna explicación de sus alcances concretos, la ley parecía "durísima" como la calificaron algunos dirigentes de partidos parlamentarios. Pronto se vio que se trataba de una ley que se iba a ejercer de una manera muy limitada y selectiva.

El Comandante Jaime Wheelock, en el acto de Reforma Agraria celebrado el 16 de octubre en San Dionisio, Matagalpa, fue el primero en ir señalando sus límites. Se trata -dijo- de "la suspensión de las garantías que tenían aquí los enemigos de la revolución ...Estamos cancelando a los falsos profetas y a los terratenientes el libertinaje para atacar la revolución".

El 21 de octubre, el Vicepresidente de Nicaragua explicó artículo por artículo los alcances de la ley, que fue evidentemente redactada con prisa, formulada sin matices y presentada sin comentarios, prestándose por eso a todo tipo de confusiones. El Vicepresidente tuvo que anunciar que la Gaceta Oficial publicaría un Decreto Aclaratorio.

Ramírez especificó que todas las garantías procesuales siguen vigentes para los reos comunes, incluso el hábeas corpus y que la entrada de la policía a un domicilio no estaba destinada a ejercerse masivamente -a la manera, por ejemplo, de los cateos típicos del Estado de Sitio salvadoreño-, sino muy selectivamente. Respecto a manifestaciones y reuniones, éstas pueden celebrarse con permiso previo y éste se dará siempre que se trate de situaciones normales. Se aclaró que no existen prohibiciones para circular de noche y por cualquier lugar. Sobre la censura de prensa recordó que nunca dejó de ejercitarse sobre los temas militares y de seguridad. En relación a la huelga, señaló la difícil situación del país. En el proceso de clarificación de los alcances de la ley también indicó que el recurso de amparo seguía vigente para resolver cualquier diferente entre el Estado y el ciudadano en las leyes ordinarias no relacionadas con la seguridad.

El 30 de octubre, y según lo establece la ley, la Asamblea Nacional con 76 de sus 90 miembros presentes, discutió el Derecho de Emergencia emanado del ejecutivo. Fue un debate muy candente y muy largo, en el que se presentaron matices importantes a la ley, aun entre la bancada del FSLN. Del debate surgió la ratificación del Decreto, pro 58 votos a favor y 2 en contra, con 9 votos apoyando la propuesta del Partido Popular Socialcristiano (PPSC) secundada por socialistas y comunistas, para que la Emergencia fuera derogada.

La Asamblea añadió a la ley cuatro artículos, que son verdaderas rectificaciones a la emergencia en su primera formulación: se conserva el hábeas corpus para todos los delitos que no atenten contra la seguridad de la nación y sigue vigente el derecho de amparo para que el ciudadano se defienda frente a cualquier acción administrativa del Ejecutivo si considera que lesiona sus intereses.

Aunque el debate fue duro, lo fue menos de lo que se podía esperar, teniendo en cuenta que el día anterior, 4 partidos parlamentarios de oposición (liberales, conservadores, socialistas y comunistas) junto al abstencionista Partido Social Cristiano (PSC) y al minoritario PUCA, celebraron, lideredos por el PLI, una reunión y rueda de prensa pública contra el Estado de Emergencia y repartieron escritos expresando su posición y anunciando que si no se derogaba la ley se retirarían de la Asamblea y abandonarían también la discusión sobre la Constitución. Todo esto con emergencia vigente. A pesar de todo, el agua no llegó al río y el debate en la Asamblea mostró avances en la discusión y en la argumentación de los parlamentarios, sandinistas y opositores.

Dos días después de decretada la emergencia fueron presentados a los periodistas varios hombres vinculados a un complot terrorista con explosivos que planeaban volar un supermercado dedicado recientemente al abastecimiento de los trabajadores a precios más baratos, una subestación eléctrica, las oficinas de Aeroflot, la central del transporte urbano y la del abastecimiento interno.

También se hizo público en esos días la captura en Jinotega de 130 personas -buhoneros, comerciantes, campesinos, etc.- que formaban una red contrarrevolucionaria de correos, informantes y reclutadores y que eran responsables de emboscadas, de distribución de propaganda, de elaborar listas de personas para ser asesinadas y que ahora planificaban atentados con explosivos. Los atentados con explosivos han sido muy poco frecuentes en esta guerra; sin embargo, parece haber indicios de que estas acciones entrarían cada vez más como elementos de desestabilización en los planes de la contrarrevolución. En estos dos grupos de detenidos se puede apreciar quiénes van a ser los objetivos más directos de las medidas de emergencias.

"Podríamos descabezarlos, pero actuar dentro del marco jurídico"

Cuando explicaba el Estado de Emergencia, una periodista preguntó al Vicepresidente Sergio Ramírez:

- Un dirigente del PLI dijo que el gobierno revolucionario aún sin Estado de Emergencia, hubiera descabezado este plan terrorista (se refería al primero de los citados).

Ramírez respondió: "Eso sería una invitación a tomar acciones al margen del marco de la ley. A través del poder revolucionario se podría aquí descabezar este tipo de acciones. Pero, precisamente, lo que nosotros estamos haciendo es hacer uso de los mecanismos jurídicos que las mismas leyes nos dan para, a través de medidas de excepción, hacer frente a estas situaciones".

Hay algunas de estas situaciones detectadas por la emergencia que son conocidas ya públicamente. Otras no lo son. La mayoría, tal vez, la constituirán muchas situaciones frenadas a tiempo. Pues en esta ley no sólo hay que evaluar los aspectos coercitivos sino los preventivos y de contención.

¿La Emergencia es contra el Cardenal Obando?

Muchas interpretaciones sobre la Ley de Emergencia del 15 de octubre señalan que el objetivo principal de la Ley es reprimir a la iglesia católica y especialmente al Cardenal Obando. Esta apreciación magnifica en exceso la furia del Arzobispo de Managua. Sin embargo, no puede dejar de señalarse, una vez más, que la actividad que despliega Mons. Obando desde hace años y especialmente desde su investidura, es un permanente elemento de confrontación. Con esta actividad, el Cardenal parece estar siendo cada vez más estimulado a disputar a la revolución los sectores populares y a llevar a la revolución a un enfrentamiento político revertido de religiosidad. Los planes de la contrarrevolución armada se benefician de esta situación de continua confrontación.

Al conocerse el Estado de Emergencia, el Departamento de Estado norteamericano, a través de su portavoz Larry Speakes, deploró la medida como una decisión "totalitaria". El jefe de la FDN, Adolfo Calero, señaló que se trataba del reconocimiento ya abierto de los sandinistas de su "proyecto totalitario". El Cardenal Obando declaró en Managua a la agencia AP: "Nos inquieta este hecho, pues parece que estuviéramos dando pasos hacia el totalitarismo". Una vez más las coincidencias en la interpretación de la realidad de Nicaragua entre el gobierno norteamericano, los contrarrevolucionarios y el Arzobispo se hacían patentes.

Esta coincidencia preocupa al gobierno nicaragüense, que ha señalado en muchas ocasiones que bajo una argumentación y simbología religiosa, el Cardenal y los sectores sacerdotales y religiosos que le son incondicionales tratan de difundir mensajes públicos que son ilegales precisamente por la coincidencia que hay entre ellos y los del gobierno norteamericano y la contrarrevolución armada.

Esto se aprecia especialmente en la caracterización que se hace de la guerra de agresión como "guerra civil" (Obando la llama "guerra entre hermanos"), en la deslegitimación que se hace del servicio militar y de la defensa en general (Obando insiste en el pecado de los que llevan odio en su corazón y un fusil en las manos), y en la propaganda que se hace a la fórmula de paz que sería un diálogo con la contrarrevolución (Obando habla de "reconciliación nacional"). Como jamás el Cardenal ha condenado ni uno solo de los actos de violencia terrorista de la contrarrevolución cuando habla de la guerra y como jamás se ha referido siquiera en sus mensajes públicos a otras fórmulas de paz ya en marcha como son la ley de amnistía, el proceso de autonomía costeña o el proyecto de Contadora, sus "mensajes religiosos" pueden ser calificados de parcializados políticamente.

Muchos han visto en el Cardenal Obando a un opositor político que actúa como tal. Pero desde que el Arzobispo fue nombrado Cardenal puede observarse que el Cardenal está siendo estimulado a convertirse en la cabeza de un proyecto de oposición política, fomentando para ello la religiosidad tradicional que gran parte del pueblo nicaragüense.

En este sentido, llaman poderosamente la atención las giras de Mons. Obando por el país desde que fue nombrado Cardenal. Desde entonces -abril- hasta fines de octubre, el Cardenal ha hecho ya 80 visitas, 66 de las cuales, desde junio, después de regresar de su investidura en Roma. Algunos lugares han sido visitados hasta 5 y 6 veces. En el mes de septiembre hubo 16 visitas, en el de octubre, 15. Todo el acto de la visita gira alrededor de la persona del Cardenal, del honor que representa para el lugar su llegada y de a reverencia con la que debe ser escuchado su mensaje. Esta actividad no había sido usual en Mons. Obando hasta que fue investido Cardenal. Y no es usual en ningún pastor cuando recibe este nombramiento.

Todo sugiere que tras el Cardenalato de Obando hay un proyecto. Y que quienes se oponen a la revolución, incluso con las armas, encuentran en la actividad de Mons. Obando un excelente "paraguas" para protegerse, proyectarse, desarrollar actividades y expresarse. El caso más extremo es el de la FDN, que en sus transmisiones radiales desde Honduras hace propaganda a las visitas de Obando como si fueran parte de su programa de actividades antisandinistas. Las fotos del Cardenal -como las del Papa- aparecen siempre entre los impresos que reparte la contrarrevolución armada. "Con todo eso están quemando al Cardenal". Es ésta una opinión que se escucha a menudo. La pregunta que surge inmediatamente después es: "Pero, ¿cómo el Cardenal permite que lo quemen así?".

Ha sido también una característica de la actuación del Cardenal y de los sacerdotes que le son más incondicionales en la Arquidiócesis el desacato a las leyes, el permanente desconocimiento de las autoridades. En el último acto que el P. Bismark Carballo denunció internacionalmente como de "persecución a la Iglesia", y que se produjo unos días antes de decretarse la Emergencia, se expresa esta continua voluntad de desacato.

Desde septiembre venía anunciándose en la hoja dominical de la Arquidiócesis y en el diario "La Prensa" la aparición de un nuevo informativo eclesiástico que sería quincenal y se llamaría "Iglesia". Al conocer el gobierno por este medio del proyecto, avisó al P. Carballo, responsable de medios de comunicación en la Arquidiócesis, que debía inscribir la publicación en el registro, según lo establece la ley, como también que debía presentar su contenido para someterlo a "censura previa" según lo establece también la ley. Reiteradas veces el sacerdote se negó a escuchar esta advertencia y en la última ocasión respondió que la Iglesia no estaba afectada por ninguna de esas leyes y que el periódico saldría sin cumplirlas. Así lo hizo el 12 de octubre, día en que comenzaron a distribuirse los primeros ejemplares de una tirada inicial de 10 mil copias.

El gobierno incautó la edición ilegal del periódico en algunos lugares en donde había sido ya distribuido y en la entidad donde estaba ubicada la imprenta, COPROSA (Comisión de Promoción Social Arquidiocesana) . La ocupación y posterior investigación de COPROSA por funcionarios del Ministerio de Justicia se hizo también en base a criterios jurídicos. COPRASA es una entidad cooperativa que no tiene ni nunca ha procurado tener personalidad jurídica según lo prescribe la ley. Sin tener personalidad legal, desde hace años, COPRASA ha recibido fondos del exterior, hacía préstamos como entidad financiera y desarrollaba toda una serie de actividades paralelas o marginales a las del Estado en el campo de la salud, la vivienda, la enseñanza, pero hasta ahora había sido tolerante: La Emergencia ha puesto fin a esta tolerancia. Estos sucesos de confrontación con la Arquidiócesis ocurrieron unos días antes de decretarse la Ley de Emergencia. A casos como éstos intenta poner freno la Ley con un rigor que antes se había apenas ejercido.

¿Qué ha pasado desde la Emergencia con las visitas de Mons. Obando? Estas han seguido desarrollándose sin dificultades mayores. En algunos casos, las autoridades policiales han permitido las manifestaciones de bienvenida al aire libre o las procesiones con imágenes que preceden la misa (caso de Estelí). En otros lugares sólo se ha permitido la actividad bajo echo (misas en San Marcos o Tipitapa).

En esta decisión influyen criterios sobre las garantías que haya de que los miembros del comité de recibimiento o el mismo párroco del lugar den o no una connotación político al acto, como sucedió en algunas visitas antes de decretarse la Ley de Emergencia. El Cardenal no sólo ha seguido movilizándose sino que ha continuado hablando en los mismos términos sobre la fatalidad de la guerra y del odio entre hermanos y la necesidad de reconciliación. Como ha venido sucediendo hasta ahora, la mayoría de sus oyentes -gente sencilla, de religiosidad muy tradicional, entre las que se encuentran a veces hasta militares sandinistas- no logra trasladar este mensaje del plano de los principios morales al de las posiciones políticas.

A la par que se ha permitido a Mons. Obando proseguir sus visitas, los sacerdotes y religiosos extranjeros de todo el país -que son la mayoría del clero- fueron avisados por las autoridades del significado que tiene la emergencia en relación con posibles contenidos políticos en sus prédicas dominicales. Al conocerse la Ley, el P. Bismarck Carballo había anunciado públicamente por radio que se desafiaría la ley "desde los púlpitos".

Teniendo en cuenta la desunión que existe en las filas contrarrevolucionarias -cada vez más pública, cada vez más preocupante para las autoridades norteamericanas- y teniendo en cuenta la falta de liderazgo que hay en esas filas, unidad o desunidas no es extraño que los enemigos de la revolución vena en el Cardenal, investido ahora del rojo simbólico de lo sagrado, y en sus sacerdotes, orgánicamente estructurados y con tribunas públicas semanales, el mejor de los caminos para ir estructurando y consolidando dentro de Nicaragua una oposición al sandinismo más orgánica y masiva de lo que han conseguido organizar hasta ahora. Para desalentar a tiempo las expectativas que pueda haber sobre un proyecto de esta naturaleza se decretó también la Ley de Emergencia.

La Emergencia, ¿carta de negociación en el terreno internacional?

La Ley de Emergencia obedece a razones internas -que hemos tratado de describir y de alianzar- y no a un agravamiento de la situación internacional con respecto a Nicaragua. Sin embargo, algunos han juzgado que en el actual momento internacional la Ley resulta muy inoportuna y se convierte en un factor innecesario de agravamiento.

Para otros, la Ley es una carta más de negociación para la revolución en una situación internacional cada vez más cerrada y por eso cada vez más crítica. Esta apreciación no carece de fundamento. La situación es cerrada porque pasa el tiempo, surgen iniciativas, y la voluntad de guerra de Estados Unidos no sufre la más mínima variación. Porque la cuenta atrás de Contadora llega a su fin, el Acta propuesta contiene variaciones sustanciales y de hecho, nadie la firma. Es cerrada y crítica -y así se ha visto en la ONU- porque el presidente norteamericano se empeña en no aceptar la naturaleza de su disputa con Nicaragua y en ubicar este conflicto en el marco Este-Oeste.

La cuenta atrás de Contadora

Una vez más Contadora se ha estancado. Pero esta vez, el estancamiento ocurre cuando ya se ha fijado y anunciado de la manera más solemne una fecha para la firma final del acta: el 20 de noviembre. La crisis es la de siempre. Pero esta vez las fórmulas y los plazos parecen más agotados que nunca y también hay más publicidad que nunca para amplificar un posible fracaso.

Para la firma del Acta habían quedado pendientes tres puntos básicos en los que no se había logrado consenso: maniobras militares en el área, efectivos militares y armamentos en cada país y mecanismos para la verificación y control de los acuerdos del Acta. Se fijaron 45 días de reuniones y discusiones para llegar a un consenso en estos tres temas. Este mes se realizaron ya dos de estas previsiblemente polémicas reuniones. La primera, del 8 al 10 de octubre. De ella nos urgió ningún avance. Del 17 al 19 de octubre la segunda, en la que tampoco se consiguió nada. Una tercera reunión que estaba prevista para el 7 de noviembre se trasladó a la reunión que desde el 10 de noviembre celebran en Luxemburgo los cancilleres de la Comunidad Económica Europea, los de Centroamérica y los de Contadora.

Acta de Contadora: las diferencias se mantienen y son sustanciales

Respecto a las maniobras militares, el Acta de septiembre/84 -que sólo Nicaragua aceptó firmar- las proscribía totalmente. El nuevo texto ha cambiado: establece su regulación, con miras a las proscripción. Y en la regulación establece que las maniobras no puede durar más de 15 días, que deben de participar en ellas un número determinado de tropas y que deben realzarse a más de 50 kms. de la frontera de los países.

Frente a este tema hay dos posturas. Nicaragua considera que la paz exige volver a la proscripción absoluta y propone además dos nuevos puntos en este tema: la proscripción total de maniobras unilaterales (las hechas por el ejército de un país externo al área, las actuales maniobras son conjuntas, de países centroamericanos con el ejército de Estados Unidos) y la prohibición del estacionamiento o tránsito de tropas extranjeras en territorio centroamericano. Honduras y El Salvador, que no aceptaron la proscripción en 1984, tampoco aceptan ahora ni siquiera la regulación que propone el Acta: piden maniobras que duren hasta 3 meses y que se realicen mucho más cerca de las fronteras, con lo que revelan el carácter intimidatorio que tienen estos ejercicios bélicos. Conviene precisar que la proscripción total de maniobras militares hoy desaparecida del Acta está incluida en el Documento de Objetivos de Contadora de 1983.

Respecto a los efectivos militares y armamentos, el Acta, teniendo en cuenta posiciones definidas por Contadora desde 1983, establece como un principio para fijar después las cantidades, un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta las necesidades de seguridad de cada Estado.

Frente a este tema hay también dos posturas. Nicaragua acepta esta definición inicial haciendo una serie de observaciones básicas sobre los criterios para hacer "razonable" este balance. Honduras y El Salvador se oponen al principio y proponen como alternativa el principio de un equilibrio militar mecánico, aun cuando no hubiera cesado, por ejemplo, la guerra contra Nicaragua, con la que ésta quedaría con las manos atadas para adquirir nuevos medios de defensa. Es por esto que Nicaragua señala que especialmente en este punto no se trataría de un Acta de Paz sino de un acta de rendición. como salida a esta disputa, Nicaragua propuso ya en la reunión de mediados de octubre que haya un Protocolo Adicional que Estados Unidos firme, comprometiéndose a cesar la agresión y a no iniciarla de nuevo nunca, para que así Nicaragua pueda aceptar compromisos en materia de seguridad.

En el tema de la mecanismos de verificación y control, la posición de Nicaragua es que todos aquellos acuerdos que se firmen entren en vigor de inmediato y simultáneamente. Honduras y El Salvador quieren que sea hasta 6 meses después de la firma e introducen un elemento nuevo del todo, que tiene además las características de una maniobra dilatoria: además de estos 6 meses, es necesario que, antes de entrar en vigor, el Acta sea discutida y aprobada en cada uno de los cinco parlamentos nacionales.

La incompatibilidad de las posturas -aquí sólo sintetizadas- es insalvable. Los afinamientos hechos al Acta son e realidad cambios de fondo y Nicaragua no puede aceptarlos hasta que Estados Unidos no se comprometa a cesar su guerra de agresión y, de hecho, la cese. Mientras Costa Rica guarda silencio en esta etapa, Honduras y El Salvador tampoco aceptan el Acta. Los afinamientos hechos no les parecen suficientes. Ambos países tratan de "colapsar" a Contadora antes de que se llegue a firmar este nuevo texto, aun y con todos sus cambios, no satisface los intereses norteamericanos, pues lo que estos intereses hegemónicos necesitan es que Contadora desaparezca como instancia negociadora.

Así como en septiembre de 1984, Nicaragua se adelantó a todos los países del área para aceptar la firma de un Acta que, aunque le suponía concesiones aseguraba una paz real, ahora Nicaragua tendrá que adelantarse a todos los países del área para explicar por qué no puede aceptar la firma de un Acta que no toma suficientemente en cuenta el problema central para la paz en el área, que es la política de guerra de Estados Unidos en la región. Develar con firmeza este problema central, señalando un cambio sustancial en la política norteamericana como factor clave para alcanzar la paz va a ser la posición nicaragüense en esta etapa. Es evidente que si Contadora no reacciona ante esto, acentuando más las posiciones nacionalistas y latinoamericanistas de su gestión, también puede ocurrir el colapso. En cualquier caso, entramos en un momento especialmente crítico, de "emergencia internacional".

La ruptura de relaciones de Ecuador con Nicaragua

Como un intento fallido de bloqueo a Contadora y de aislamiento de Nicaragua puede considerarse en la coyuntura de este mes la abrupta ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con Nicaragua.

El 9 de octubre, al anunciar -también abruptamente- que Ecuador ya había entrado a formar parte del Grupo de Apoyo a Contadora, sin que hubiera habido invitación o aceptación por parte de los 4 países que integran este Grupo, el Presidente ecuatoriano León Febres Cordero declaró que propondría "un nuevo enfoque" a Contadora. Y añadió este juicio sobre Nicaragua, que hacía entrever cuál sería ese enfoque: "Mientras no se vaya a legítimas elecciones populares, donde todo el público nicaragüense tenga derecho a autodeterminarse, a escoger su destino, pero sin excluir a nadie, sin palos, sin garrote y sin violencia, vamos a tener una hoguera encendida en Centroamérica".

Inmediatamente, el Presidente de Nicaragua le respondió: "Estados Unidos quiere ocupar al gobierno del Ecuador para que sirva como la manzana de la discordia en el foro regional y en el Grupo e Apoyo". Y refiriéndose más concretamente al juicio del presidente ecuatoriano sobre Nicaragua dijo: "Lo que el señor Febres debería hacer es revisar su propia casa, pues precisamente se está caracterizando por violentar la Constitución de su propio país, donde ha suspendido las elecciones. Se está caracterizando por violentar el orden institucional. Allá el pueblo ecuatoriano cómo resuelva su problema, pero es un hecho claro que Febres no tiene ninguna autoridad moral para estar hablando como está hablando. Primero que busque cómo poner orden en su casa para estar pensando en inmiscuirse, como lo está haciendo, en el proceso nicaragüense, donde ha habido elecciones verdaderamente democráticas" .

El 11 de octubre, Ecuador llamaba de urgencia a su embajador en Managua y el 12 de octubre (¡el día "de la hispanidad!) anunciaba que rompía relaciones con Nicaragua basando la decisión en "la grosera e inadmisible ofensa a la dignidad, soberanía e independencia del Ecuador".

El gobierno de Nicaragua calificó en comunicado oficial la medida como "lamentable, precipitada e injustificable" señalando que con ella Ecuador quedaba definitivamente inhabilitado para participar en cualquier esfuerzo mediador en Centroamérica. Por su parte, el Canciller de Nicaragua dijo que era una decisión lamentable, de una diplomacia trasnochada, pues hace tiempo que eso no se acostumbra, pero es lo que Estados Unidos quiere que se haga en su afán de aislar a Nicaragua".

Era de prever que la participación del ultraconservador gobierno ecuatoriano en Contadora traería fricciones. Detallados declaraciones dio el embajador nicaragüense en Quito sobre las permanentes dificultades que siempre tuvo con el Canciller ecuatoriano y sobre lo inusual y poco diplomático del procedimiento por el que se avisó de la ruptura de las relaciones. Pero a pesar de todos los antecedentes y las expectativas, no era previsible que las fricciones fueran tan fuertes e inmediatas y el desenlace tan expeditivo. Esta ruptura de relaciones añade a Nicaragua un nuevo problema diplomático. Pero perjudica también al gobierno norteamericano que evidentemente habría sacado más provecho de la "participación bloqueadora" de Ecuador en Contadora que de esta ruptura, que no aísla a Nicaragua y sí puede aislar a Ecuador movilizando más sentimientos unitarios en América Latina.

El falso marco del conflicto Este-Oeste

La crisis permanente de Contadora nace de la falta de voluntad política de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Costa Rica, que no aceptan ninguna propuesta de paz de Nicaragua y sirven con sus posiciones a los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el área. La crisis de Contadora está e que el gobierno norteamericano no acepta una solución latinoamericana en su disputa con Nicaragua. Por si quedaban dudas sobre este escollo fundamental, el Presidente Reagan las desplegó en su discurso en la ONU. Sus planteamientos en esta ocasión agravan la situación internacional en general y la situación centroamericana y de Nicaragua, pues expresan una reiterada voluntad de confrontación y una miopía histórica para ver el mundo fuera del marco de la confrontación Este-Oeste.

Nicaragua llevó a la ONU el 21 de octubre un sintético informe sobre los costos humanos y materiales de la guerra de agresión que patrocina Estados Unidos y sobre las propuestas de paz y de apego al orden jurídico con que Nicaragua ha respondido a esta agresión. Pero el Presidente Ortega llevó sobre todo un importante golpe de efecto político al desafiar al Presidente norteamericano en su discurso. Así formuló el reto:

"Desde esta alta tribuna, Nicaragua lanza un llamado al gobierno de Estados Unidos para que, en fiel cumplimiento a las normas de convivencia pacífica entre los Estados, consagradas en la Carta, cese su política de agresión contra Nicaragua, manifestando durante esta misma conmemoración, si está dispuesto a respetar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de un país pequeño; si está dispuesto a acatar la orden provisional de 10 de mayo de 1984 de la Corte Internacional de Justicia y reconocer la jurisdicción de este organismo de Naciones Unidas , si está dispuesto a suspender al guerra contra Nicaragua y declarar la paz... Tiene entonces la palabra el Presidente de los Estados Unidos. Que responda el 24 de octubre, cuando comparezca ante este Asamblea, si su gobierno, en homenaje al 40 aniversario de las Naciones Unidas, está dispuesto a normar sus relaciones con Nicaragua de conformidad con los principios de la Carta y del derecho internacional. Este es el reto por la paz que Nicaragua le formula. La paz en Centroamérica depende de su respuesta".

El 24 de octubre, Reagan habló en la ONU. Como era de esperar, no respondió al reto nicaragüense y, como era también de esperar, centró su discurso en el tema de las diferencias de Estados Unidos con la URSS en vísperas de la Cumbre de Ginebra. En este contexto de diferencias ideológicas fundamentales ubicó el caso de Nicaragua junto al de otros cuatro países, proponiendo para estos "conflictos regionales" un plan que aplicaría Estados Unidos a los conflictos en Camboya, Afganistán, Etiopía, Angola y Nicaragua y que se desarrollaría así:

-Primera fase: Negociaciones entre las partes en conflicto y mejora de las condiciones políticas internas. Estas negociaciones deben de arribar al cese de la violencia, a la retirada de tropas extranjeras y a la reconciliación nacional.

-Segunda fase: Si hay progreso en la primera fase, Estados Unidos y la URSS conversarían sobre el conflicto, reforzando así las negociaciones internas y comprometiéndose a garantizar los acuerdos alcanzados.

-Tercera fase: Si hay éxito en las dos fases, Estados Unidos ayudaría generosamente a los países ya pacificados, aun cuando mantuviera diferencias con ellos.

Sin mencionar otros dramáticos "conflictos regionales" como pueden ser los del Oriente Medio o los de Sudáfrica o el mismo conflicto económico regional que representa la deuda externa de América Latina -temas mencionados una y otra vez como urgentes por otros mandatarios en las Naciones Unidas-; sin mencionar a Contadora ni tener en cuenta su plan de paz para el conflicto regional de Centroamérica, y aferrado tercamente a su concepción ideológica hegemónica que choca con la concepción nacionalista de América latina, el Presidente norteamericano ha querido colocar una vez más a Nicaragua en el tablero de la disputa Este-Oeste, desconociendo la esencia del reto nicaragüense, que centra la disputa en su dimensión real: no es Este-Oeste, es país pequeño - imperio.

Pero no va a ser fácil a Estados Unidos jugar con esta ficha en ese tablero. El 31 de octubre y el 1 de noviembre se desarrollaron conversaciones entre Estados Unidos y la URSS sobre Nicaragua, de las que resultaron declaraciones de los dirigentes soviéticos en las que expresan su rechazado a centrar en el tema de los cinco conflictos regionales la cumbre USA-URSS en Ginebra. A este primer indicio de que la URSS no acepta el planteamiento de Reagan, siguieron diversas declaraciones, incluidas las del Canciller soviético, en las que se expresa una clara línea de respeto a las autodeterminación de Nicaragua.

Desde otro ángulo bien diverso, fuer criticado el planteamiento de Reagan. La Conferencia de Obispos norteamericanos a través de su Secretario Mons. Daniel Hoye, emitió un comunicado, posterior a la intervención de Reagan en la ONU, que resulta de los más directos habidos hasta el momento en la crítica a la política Reagan hacia Nicaragua. Pidiendo a los congresistas miembros de la Comisión de Asignación de la Cámara que apoyen la más amplia prohibición posible en la ayuda a la contrarrevolución, dicen los obispos:

"El recurrir crecientemente a medios militares como instrumento de política en la región, especialmente hacia Nicaragua, pone de relieve la debilidad fundamental de esa política.

El camino hacia la paz y la libertad en Nicaragua no se puede encontrar, en nuestra opinión, a través de métodos de fuerza que prolonguen el sufrimiento de gente inocente. Creemos, más bien, que los medios diplomáticos y políticos de diálogo y negociación, como el propuesto por el proceso de Contadora, ofrecen esperanza de una pacífica solución del actual conflicto.... (La ayuda a la contrarrevolución) es incompatible con nuestro compromiso hacia Contadora y hacia una solución política de la crisis".

Desde el ángulo latinoamericano, las reacciones oficiales de preocupación se han guardado hasta ahora con reserva. Sólo rompió el silencio Luis Herrera Campins, expresidente de Venezuela y fundador de Contadora, en una carta de tono dramático escrita al Presidente mexicano Miguel de La Madrid, en la que se pregunta si no habrá llegado ya la hora de que los Presidentes de Contadora se reúnan para abordar directamente el tema de la política hacia la región:

"Si algo se ha propuesto Contadora es cooperar para que las soluciones del problema centroamericano sean latinoamericanos y dependan de la voluntad y la decisión política de los gobiernos del área para ponerlos a salvo de la confrontación directa Este-Oeste...

Por primera vez se sentarían los Estados Unidos y la Unión Soviética a la mesa de negociaciones para tratar de resolver una situación latinoamericana difícil. Por primera vez, la Unión Soviética sería invitada a tener una presencia activa en el continente y la invita nada menos que la mayor potencia industrial de la tierra. Hoy puede ser por Nicaragua y mañana por cualquier otro país en parecidas circunstancias... Aunque no lo confiese (Reagan) en el fondo busca suplantar a Contadora...".

La crisis total de la opción de Contadora cambiaría algunas reglas del juego a nivel internacional y también a nivel interno en Nicaragua. En esta hipótesis, la Ley de Emergencia representaría también una medida con la que negociar al interior del país nuevos niveles de unidad nacional frente a la política agresiva de Estados Unidos, redoblada si es que logra no sólo bloquear la iniciativa de paz latinoamericana sino suplantarla del todo.

Sean cuales sean los resultados concretos que alcance Contadora en esta su etapa final, la guerra de agresión en todos sus aspectos -militares, económicos, políticos, ideológicos- no va a cesar a corto plazo. Esta agresión sigue siendo el problema número uno para Nicaragua. Para enfrentarlo a fondo el país está en emergencia desde hace varios años.

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