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  Número 376 | Julio 2013
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Nicaragua

El desafío de los demás

Si es cierto, como los científicos nos demuestran que lo es, que la inteligencia nació y se desarrolló en los cerebros de nuestra especie, en la larga andadura de la evolución, ante “el desafío de los demás”, este mes ha sido un buen ejemplo de cómo se emplea la inteligencia social en el gobierno de Nicaragua. Triste evidencia en un nuevo aniversario de la Revolución.

Equipo Envío

Hacía tiempo que Nicaragua no estaba en el foco de las noticias internacionales. Este mes asomó con dos temas. Un macroproyecto -el anuncio de que construirá un Canal Interoceánico en su territorio- y una microprotesta -decenas de ancianas y ancianos pobres reclamando en un rincón de Managua una mínima pensión de vejez, sometidos a un cerco policial sazonado con represión- despertaron el interés de los medios globales.

A distinta escala informativa, en el escenario nacional ambos acontecimientos están relacionados. Ambos expresan una forma de gobernar y de entender el poder: menospreciando a “los demás”.

LA APROBACIÓN

Jueves 13 de junio, 1.32 pm. Con 61 votos, los de todos los parlamentarios del partido de gobierno -menos dos, uno ausente que no quiso llegar y una presente que no quiso votar, a la que su partido despojó días después de su escaño de diputada-, más los de tres aliados incondicionales, quedó aprobada la iniciativa del Ejecutivo que convierte en ley el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación para la construcción en Nicaragua de un Gran Canal Interoceánico y “otras Infraestructuras asociadas”.

Tal vez en ningún país un proyecto de tal magnitud haya sido aprobado con esta precipitación. La iniciativa de ley llegó al Parlamento el viernes 7 de junio, en una sesión plenaria convocada de urgencia por orden del Presidente. Con el paréntesis del fin de semana, el lunes 10 la iniciativa de ley ya estaba dictaminada por las comisiones parlamentarias, con mayoría del partido de gobierno, sin cambiarle ni una coma y con apenas una docena de horas de “consultas” en las que los diputados escucharon la defensa de la concesión canalera que hicieron dos altos funcionarios del gobierno y las preocupaciones que plantearon representantes de las dos agrupaciones de la gran empresa privada del país.

El martes 11 y el miércoles 12 empezaron a escucharse en los medios las voces de alerta de asociaciones profesionales, organizaciones ambientalistas, periodistas, expertos en distintas materias y personas comunes que señalaban graves aspectos de lo que se iba a aprobar y trataban de divulgar algunos contenidos de la ley, urgidos por los inapelables plazos impuestos por el Ejecutivo.

El jueves 13, mientras los diputados del partido de gobierno aprobaban la concesión, leídos todos sus contenidos por los oficialistas a ininteligible por vertiginosa velocidad, unas 150 personas coreaban en las puertas de la Asamblea Nacional “¡Ortega vendepatria!” En el hemiciclo, los 25 diputados de oposición lanzaban a Ortega el mismo apelativo. Después de presentar todos -menos uno- su oposición al proyecto, se retiraron del edificio cuando iniciaba la apresurada lectura “en lo particular” de la voluminosa ley, comprometiéndose a recorrer el país para explicar los negativos alcances de la onerosa concesión canalera.

LA FIRMA

Viernes 15 de junio, 7.35 pm. En cadena nacional de radio y televisión, el Presidente Ortega firmó con el empresario chino Wang Jing el Acuerdo Marco. “Llegó el día de alcanzar la tierra prometida” dijo Ortega. “Hoy es día de profecías cumpliéndose” dijo Murillo. “El mundo cambiará por nosotros, vamos a traer más felicidad, libertad y alegría al planeta” dijo Wang Jing.

El Acuerdo firmado esa noche en Managua se publicó el 17 de junio en La Gaceta Diario Oficial e, insólitamente, se publicó también en inglés en sus páginas el 24 de junio, pues entre las condicionalidades de la concesión entregada a Wang se establece que cualquier controversia que surja en el desarrollo del proyecto canalero se arbitrará en tribunales internacionales, en Londres y en idioma inglés.

Hasta aquí un breve recuento de unos días que conmovieron a Nicaragua, de unos hechos que seguirán conmoviéndonos durante mucho tiempo y a los que tendremos que referirnos mes tras mes reflexionando sobre sus variados ángulos.

NO ESCUCHARONA SUS ALIADOS

Desde que llegó al gobierno en 2006, el Presidente Ortega ha encontrado sus más firmes aliados en la élite empresarial agrupada en el COSEP. En todos estos años ha sido sólo con los grandes empresarios con los que el gobierno se ha reunido para negociar y consensuar leyes de contenido económico. “Hasta 69 leyes”, se gloría el empresariado.

En el acelerado proceso de esta megaley para este megaproyecto no se consultó a nadie. Ni a las autoridades municipales por donde pasará ese Canal, ni a las poblaciones de esos municipios, ni a las universidades del país, ni a expertos ambientalistas -tampoco fue convocado a consulta el asesor ambiental del Presidente-, ni a nadie que pudiera ser una opinión “disidente”...

Ni siquiera los directivos del Banco Central de Nicaragua fueron informados de que el Acuerdo Marco establece que el BCN, como el resto de instituciones públicas del país, renuncia a la inmunidad soberana y, en su caso, deberá responder con las reservas internacionales ante cualquier demanda que planteen las empresas inversoras contratadas por Wang Jing. Tampoco la Asociación de Bancos Privados conocía de esta condicionalidad de la ley.

No hubo ninguna escucha para tantos importantes “demás”, y a diferencia de otras negociaciones entre el gobierno y la élite empresarial, prolongadas y a veces -sólo a veces- acompañadas de ciertas tensiones, esta vez sólo se les concedió una breve escucha: un par de horas ante una comisión parlamentaria.

LAS PREOCUPACIONES DEL EMPRESARIADO

Ante la comisión parlamentaria, el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, presentó el 10 de junio varias preocupaciones sobre la ley que se iba a aprobar tres días después, sorprendido, como tantos otros, por “la dinámica seguida para su elaboración, dictamen y aprobación”, sin consulta y sin consenso nacional. Sin “los demás”.

Aguerri pidió que se respetara la inmunidad soberana del Banco Central “para proteger los recursos de todos los depositantes, así como la estabilidad de la política macroeconómica del país”. Solicitó que a las personas que serán expropiadas en la ruta por donde pase el Canal, y en donde se construyan los ocho subproyectos también concesionados a Wang Jing -las “otras infraestructuras asociadas”- les sean indemnizadas sus tierras a “precio justo”, a precio de mercado y no en base al valor catastral, tal como ahora establece la ley.

Otra preocupación externada por Aguerri fue que como la concesión “no determina los límites territoriales donde se desarrollará el Canal esto podría atrasar otras iniciativas de inversión”. Aquí no pudo hacer ningún aporte concreto porque la magnitud del Canal y la de los ocho subproyectos han dejado concesionado prácticamente todo el territorio nacional.

Aguerri propuso también que en el texto del Acuerdo “se incorpore una disposición que permita que, ante un eventual incumplimiento del concesionario, se pueda cancelar la concesión y no se causen obligaciones onerosas al país”.

Finalmente, para poder participar en el desarrollo de estas megainversiones, el COSEP pidió, tanto para su gremio como para la academia y las organizaciones ambientalistas, asientos en la Comisión del Proyecto, nueva instancia creada por el Acuerdo Marco. Hasta el último momento, los empresarios del COSEP esperaban que sus aportes fueran incluidos. El propio asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, declaró: “Imagino que serán tomados en cuenta”. Pero no fue así. Ninguna de las propuestas fue incluida, no se cambió ni una letra ni una coma, no habrá asiento para ellos, no hay lugar para “demás” en este mega¬negocio.

CORONEL KAUTZ: UN BUEN REPRESENTANTE

Tampoco Aguerri o algún otro representante de la élite empresarial fueron invitados al lujoso y también selectivo y hermético acto de la firma Ortega-Wang-Coronel, pues hubo esta tercera firma en la concesión. A la par del binomio presidencial esa noche estaba sentado únicamente el Vicecanciller Manuel Coronel Kautz, nombrado por Ortega en 2012 para presidir la Autoridad del Gran Canal.

Manuel Coronel Kautz y su hermano Ricardo fundaron a finales de los años 90 el Bloque de Empresarios del FSLN y lograron llevar a este grupo a posiciones importantes dentro del engranaje partidario. Manuel Coronel Kautz jugó un rol protagónico durante las negociaciones del FSLN con el PLC, que desembocaron en el pacto Alemán-Ortega y así consta en la foto histórica de aquel nefasto trato entre caudillos.

En su condición de ingeniero a cargo de los megaproyectos agroindustriales de la Revolución en los años 80 -todos fracasados-, Manuel Coronel Kautz se destacó por presentarlos y “venderlos” como la “solución” a los atrasos de Nicaragua y por diseñarlos e iniciarlos sin contar con la gente. En ese sentido, es un conspicuo representante del ejercicio del poder no inteligente, el que no entiende “el desafío de los demás”.

¿SÓLO “DIFERENCIAS”?

Aprobada la ley y firmada la concesión, Aguerri anunció que el COSEP interpondrá ante la Corte Suprema un recurso por inconstitucionalidad refiriéndose concretamente al derecho de propiedad privada no respetado en los mecanismos de expropiación de tierras. Evitó referirse a otras graves violaciones a la Constitución que contiene la concesión canalera. Expertos han calculado unas 30.

Uno de los aspectos políticos más llamativos de este delicado momento nacional ha sido el ninguneo de la élite empresarial por parte del gobierno, cuando estos “demás” eran siempre los consultados, los tenidos en cuenta, los invitados, los que han conseguido asientos en más de 50 instituciones y comisiones gubernamentales.

Es ligereza hablar ya de una ruptura. Después de firmada la concesión, Aguerri optó por su habitual lenguaje tibio y habló sólo de “diferencias”. Apenas dos semanas después, hubo otra “diferencia”. El gobierno hizo oídos sordos a las preocupaciones del COSEP sobre la “ley de escáners”, ya aprobada por la bancada oficialista y publicada en La Gaceta. La ley otorga a una empresa panameña que vende escáners una concesión por 30 años. El empresariado considera exagerado ese plazo. La ley establece también un nuevo impuesto a las mercancías que entran y salen por las aduanas del país, que el empresariado considera viola las leyes del comercio internacional.

VENEZUELA EDIFICÓ LA ALIANZA

Las “diferencias” y la competencia desleal -porque utilizan a su favor todos los mecanismos institucionales que controlan- entre la élite de poder económico que en torno a Ortega se ha desarrollado aceleradamente desde 2007 y el empresariado tradicional de Nicaragua es sorda, avanza, existe.

La disimula la alianza Ortega-COSEP, basada durante años en los millonarios recursos de la cooperación venezolana. Esos fondos, usados a discreción por Ortega, han sofocado con dádivas cualquier potencial conflicto social, lo que le ha procurado al empresariado el mejor “clima de negocios” que pudieran imaginar. Esas dádivas y los subsidios que el gobierno financia con dinero venezolano le han permitido además a la élite empresarial no responder a sus obligaciones tributarias con justicia. Esas ventajas y la apertura del mercado venezolano a grandes empresas del capital tradicional han edificado la armonía de estos años.

El hecho de no responder a ninguna de las demandas de sus aliados en el proyecto del Canal es un dato que hace aún más turbia e inquietante la génesis de este megaproyecto. ¿Por qué no hay espacio para ningún “demás” en un megaproyecto que, por definición, debería ser un esfuerzo nacional? ¿Estará suficientemente preocupada la élite empresarial por lo que podrían significar para ellos -o para el país- algunas de las condicionalidades que establece la concesión?

UNA PUERTA AL LAVADO DE DINERO

En el contexto de estas “diferencias”, no deja de ser significativa la aparición, en el escenario post-concesión, del político conservador y jurista Noel Vidaurre, defensor legal de los intereses empresariales de la familia y del consorcio Pellas, el mayor poder económico del país desde hace un siglo. Vidaurre cuestionó en medios escritos, radiales y televisados que se le hubieran otorgado “capacidades de extrago¬bierno a una persona, a un señor de China desconocido por los nicaragüenses, que viene a decidir qué se expropia, qué se confisca”. Sin perder la ocasión, habló de la necesidad de crear una fuerza política que aglutine a toda la nación.

De gran importancia fue la referencia de Vidaurre a otro derecho que la ley de la concesión canalera da a los inversores que convoque Wang Jing, el gestor de la magna obra. En el artículo 19 el Acuerdo establece que las instituciones financieras, nacionales o internacionales, que financien el Canal o cualquiera de los otros ocho subproyectos, no tienen que registrarse ante la Superintendencia de Bancos y, por tanto, no tienen que demostrar el origen de los fondos que inviertan en Nicaragua.

Con la falta de transparencia informativa y con el apresuramiento con que el gobierno ha manejado este proyecto nos corresponde ejercer el derecho a sospechar que por ahí se abre una puerta a operaciones de lavado de dinero.

LAS LÁMINAS DE PAUL OQUIST

Después de no haber tenido en cuenta la opinión de ningún “demás”, y después de la humillación nacional que supuso ver a Wang Jing adueñarse prácticamente del país, en un proceso oscuro y oscurecido a voluntad de Ortega, el gobierno desplegó una estrategia de comunicación favorable al megaproyecto dirigida por el Ministro Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, el estadounidense Paul Oquist, estrecho colaborador del gobierno del FSLN en los años 80.

Oquist se reunió con rectores de universidades y comenzó a recorrer el país con un power point que ha confeccionado para explicar los beneficios que traerá a Nicaragua la construcción del Canal. En sus láminas, Oquist hace compatibles el uso del Lago Cociboca para que el Canal pase por sus aguas con el uso de esas aguas para riego, para agua potable y para turismo, desconociendo las características de nuestro lago, lo que desmiente en detalle y con alarma el ingeniero Víctor Campos en las páginas siguientes de este número de Envío.

¿EMPLEO PARA TODOS?

Llaman la atención las láminas que hablan del despegue económico del país. Oquist anuncia que ya en el año 2014, por el solo anuncio del Canal, Nicaragua tendrá un crecimiento económico de 10.8% y en 2015 de 15.1%. En su escenario ideal, entre 2014 y 2018 Nicaragua será ya el tercer país del mundo en crecimiento promedio anual, cifrándolo Oquist en 11.67%.

Otra lámina cuenta que entre 2013 y 2018, en sólo cinco años, el empleo formal crecerá en Nicaragua en un 300% y las 600 mil personas que hoy tienen empleo formal y cotizan a la seguridad social rozarán ya los 2 millones.

El economista y candidato a la Vicepresidencia de la República en 2011, Edmundo Jarquín, “desinfló” las cifras ideales de Oquist contrastándolas con cifras reales del Canal de Panamá. Recordó que “la actual ampliación del Canal de Panamá tiene empleados temporalmente a 12 mil personas entre obreros, maquinistas, ingenieros, economistas, oficinistas, etc. y se prevé que 4 mil de esos empleados y empleadas quedarán en la planilla permanente del Canal, con lo cual la planilla llegará a 14 mil personas. El incremento temporal del empleo directo en la ampliación del Canal es del 1% de lo que Oquist dice ocurrirá en Nicaragua”.

Jarquín admite que el proyecto del Canal de Nicaragua es ocho veces mayor que la ampliación del Canal de Panamá -40 mil millones de dólares aquí y 5 mil millones allá- y argumenta que aun así, los empleos que “se crearían representan sólo el 8% de lo que el ministro dijo. Y no hablemos de los empleos permanentes, que solamente representarán, con los mismos cálculos, el 2.5% de lo que dijo el vocero de Ortega”.

UNA BURLA A LOS POBRES

Jarquín califica esta inflación de cifras “bordeando los límites de la burla a los nicaragüenses, en especial a los más pobres, a quienes se ofrece el milagro de la felicidad en este mundo de la noche a la mañana”.

Burla ya en acción, cuando en algunos municipios del país secretarios políticos del FSLN andan ofreciendo trabajo en el Canal a albañiles desempleados y ya hay personas preguntando ansiosas por la oficina “en donde están dando empleos para hacer el Canal”.

Esos “demás”, que son los 44 de cada 100 nicaragüenses que viven en pobreza, los 70 de cada 100 nicaragüenses que no tienen un empleo fijo con un salario digno, tal vez se esperancen con la “tierra prometida” o más bien con “las aguas prometidas”... Cuando la realidad los decepcione pondrán en evidencia para qué emplea la inteligencia social quienes nos gobiernan.

CIFRAS QUE SON INCREIBLES

Los “demás” que están siendo tenidos en cuenta y ya han empezado a cobrar por iniciar estudios y armar costosas ofensivas de relaciones públicas son las empresas contratadas por Wang Jing para el proyecto. Algunos expertos han calculado en 4 mil millones de dólares los estudios previos, ya que el megaproyecto del Canal es de 40 mil millones -cuatro veces el PIB de Nicaragua-, como han dicho Ortega y Wang, su socio y “hermano” -así lo llamó-, ya que es usual que los estudios de una obra de semejante envergadura lleguen a costar el 10% del total invertido.

El boliviano Ronald McLean Abaroa, quien fuera Canciller del dictador Hugo Bánzer, hoy vocero y “director de noticia” de la empresa HKND, creada en agosto de 2012 sólo para el Canal, siendo Wang Jing su único socio -incluso la página web de HKND Group no existía hasta el 6 de mayo de 2013-, ha afirmado que el costo de todos los estudios que valorarán la factibilidad financiera, técnica y ambiental del proyecto durarán uno o dos años -increíble velocidad, dada la complejidad de tan gigantescas obras- y que todos esos estudios los pagará de su bolsillo Wang Jing y, por lo tanto, Nicaragua no arriesga nada.

En conferencia de prensa en Pekín, y ante una pantalla gigante que mostraba un distorsionado e irreconocible mapa de nuestro país, con un falseado curso del Canal, Wang Jing afirmó que el Canal se comenzará a construir en 2014 y estará listo en sólo seis años.

El día en que se le entregó en Managua la concesión, Wang Jing presentó al equipo que ya ha contratado para que le acompañe. Son firmas conocidas y reconocidas.

Presentó a Bill Wild, primer consultor de ingeniería Xin Wei -nombre de la empresa de telecomunicaciones de Wang- y ahora su principal asesor en HKND. Presentó a David MacArthur, representante de la firma británica ERM (Environmental Resources Managemet), que hará el estudio de impacto ambiental. (En páginas siguientes, Víctor Campos informa sobre el aval que dio ERM al oleoducto Alaska-Texas que transportará de norte a sur el muy contaminante petróleo de esquisto).

Presentó también Wang Jing a Stefan Matzinger, de la consultora McKinsey, y finalmente, a Li Chuan, de la firma MacLarty&Associates, un bufete de abogados ubicado en Shangai, vinculado al equipo de Clinton, en el que participan connotados personajes de la derecha estadounidense como Henry Kissinger y John Negroponte. El bufete se encargará del lobby para captar inversores.

LA PROTESTA DE “LOS VIEJITOS”

Entre el 7 y el 14 de junio vivió Nicaragua una semana muy intensa al ritmo de estos acontecimientos. Cuando empezábamos a conocer con más detalles los contenidos del acuerdo Ortega-Wang y a imaginar las consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales, ambientales, geopolíticas y de todo orden que esto puede tener para el país en los próximos años, iniciaron las protestas de “los viejitos”.

El 17 de junio, unos 200 ancianos y ancianas ocuparon pacíficamente el edificio del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reclamando una “pensión reducida” de vejez, mientras en las inmediaciones del edificio, en la calle, un número parecido de ancianos los acuerpaban.

Estos viejitos tienen más de 60 años, algunos bastante más, trabajaron durante un período de su vida, pero no lograron completar las 750 semanas cotizadas que la ley establece para tener derecho a una “pensión completa”. Les corresponde por ley una “reducida”, pero desde el año 1994, y alegando la difícil situación financiera del INSS, esa pensión se dejó de pagar después de un decreto presidencial que la canceló.

El gobierno actual sigue responsabilizando hasta el día de hoy a los anteriores gobiernos neoliberales por haberlos despojado de este derecho, sin haber hecho nada durante más de seis años por restituírselo a los afectados.

¿CUÁNTOS SON? ¿CUÁNTO RECLAMAN?

El experto en seguridad social Manuel Israel Ruiz sostiene que hay que hacer un censo para saber cuántas son en realidad las personas que se encuentran en esta situación. Calcula que son 15 mil y que deberían recibir en promedio una pensión de unos 1,700 córdobas mensuales, equivalente a unos 60 dólares.

Ruiz considera que el INSS puede asumir esos egresos con los ingresos que recibe cada mes por las cotizaciones de los asegurados. Algunos economistas han señalado que la pensión que reclaman los viejitos podría salir también de la actual sobrerecaudación de impuestos documentada en cifras oficiales.

Aunque el gobierno de Ortega decidió no resolver el problema, y las reservas del INSS siguieron usándose durante su gobierno para inversiones no transparentemente auditadas -como lo hicieron los gobiernos anteriores-, los sindicatos afines al orteguismo, los del FNT, contribuyeron a organizar a los ancianos que reclamaban la pensión reducida.

Desde fines de 2007 los viejitos se agruparon en lo que llamaron Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM). También el FNT financiaba algunas de sus actividades. Han hecho de todo exigiendo su derecho: marchas, declaraciones, reuniones, hasta huelgas de hambre.

Después de reuniones infructuosas con funcionarios del gobierno y con diputados que nunca llegaban a nada y de promesas y llamados a la paciencia, varios miles de estos ancianos -oficialmente se dice que unos 8 mil- comenzaron a recibir del gobierno, no la pensión, sino un “bono solidario” que sale de los recursos de la cooperación venezolana y que equivale más o menos a lo que sería la pensión que reclaman.

PENSIÓN NO, BONO SÍ: TODO UN MODELO

En esta equivalencia monetaria pensión ganada – bono regalado se expresa una de las características de la relación que este gobierno está determinado a establecer ante “el desafío de los demás”, especialmente si esos demás son gente empobrecida y con necesidades, categoría en la que se encuentra una gran cantidad de nicaragüenses.

Antes de que esas personas necesitadas reclamen sus derechos -o incluso cuando comienzan a reclamarlos, como es el caso de los viejitos reclamando durante años-, les ofrece a cambio dádivas. Es todo un modelo, que el gobierno califica a diario, en discursos, vallas, mensajes y camisetas como “cristiano, socialista y solidario”.

En ese modelo, quienes son sujetos de derechos son convertidos en objetos de ayudas. Con ese modelo se generaliza en Nicaragua la percepción de que los deberes del gobierno con la población no son obligaciones, sino favores que concede generosamente el gobernante, a pesar de que la población cumple con sus deberes, entre otros el de pagar impuestos.

Esta percepción favorece una actitud de sumiso agradecimiento -a veces de queja, a veces también de
temor-, pero no construye la conciencia ciudadana que caracteriza a una sociedad democrática. Ha sido éste, por cierto, el modelo paternalista y limosnero de un Cristianismo mal entendido que no respeta a los pobres. También ha sido el sello de los programas asistencialistas del modelo neoliberal, que los excluye.

Un anciano o una anciana de la UNAM que acude cada mes a las oficinas del INSS a retirar su pensión entra y sale libremente, recibe su dinero y no vive pendiente de si le mantendrán o le quitarán el bono que graciosamente le otorga el gobierno, al que tiene que agradecerle y que lo mantiene a la expectativa, porque no está garantizado en ninguna ley. Sucede lo mismo a los miles de maestras y maestros de la educación pública. Ganan salarios de miseria, pero, en vez de aumentárselos en el presupuesto, el generoso gobernante les avisa cada mes que ya pueden ir a hacer filas en los bancos para recibir la compensación del “bono solidario”.

RESPETO, ADMIRACIÓN,COMPASIÓN, CARIÑO

La toma del edificio del INSS por la UNAM estuvo precedida a lo largo de los primeros meses del año 2013 de marchas de los ancianos en Managua y en distintos departamentos del país, con declaraciones que indicaban que estaban determinados a conseguir por fin la pensión a la que tienen derecho y no los bonos.

Los viejitos y viejitas que el lunes 17 de junio “arreciaron su protesta” -como dijeron- tomándose el edificio del INSS y las calles aledañas vieron cómo enseguida la Policía cercaba a los manifestantes con varios cordones policiales y vallas de seguridad. En el edificio les cortaron el agua y la luz para hacerlos desistir.

La noticia captó el interés y produjo admiración y también compasión. La cultura nicaragüense conserva gran respeto y cariño por abuelitas y abuelitos. Ante el desafío de estos “demás” hay una especial sensibilidad en toda la población. “No tienen qué comer, no tienen agua… ¿Y si están enfermos?”, decía mucha gente… Y sucedió algo interesante: el martes 18 una veintena de jóvenes decidió llegar hasta el lugar de la protesta. Estaban los viejitos encerrados en el edificio y muchos más en las calles. Les llevaron comida, agua, ofrecían acompañarlos, querían conocerlos. Pasaron la noche en guardia con ellos.

#OCUPAINSS: POR PRIMERA VEZ

El miércoles llegaron más jóvenes y la Policía comenzó a actuar agresivamente, impidiendo con violencia que comida y agua llegaran hasta los viejitos y reprimiendo a los jóvenes que aparecían en mayor número.

Ese día hubo lesionados y hasta varios jóvenes arrestados durante horas en celdas de castigo de El Chipote, amenazados con que serían torturados. Esa noche, en la madrugada, la Policía sacó a los viejitos del edificio diciéndoles que los iban a llevar a hospitales y después a sus casas. No ofrecieron resistencia. El edificio quedó desalojado, pero a la mañana siguiente los sacados regresaron a las calles y se juntaron más.

Para entonces ya había sucedido algo muy novedoso en Nicaragua por ser la primera vez, algo cada vez más habitual en otros países: en las redes sociales apareció #OcupaINSS y al llamado de ese hashtag estudiantes de diversas universidades y jóvenes de otros sectores llegaron por centenares a la calle de la protesta a apoyar a los ancianos. Llevaban comida, agua, colchones, frazadas, medicinas -estudiantes de Medicina atendían a los viejitos-. Llevaban compañía y música. La calle se convirtió en lugar de encuentro de dos generaciones. El viernes, un concierto de grupos musicales muy populares alegró la noche.

“UNA CONSPIRACIÓN DE LA DERECHA”

La inteligencia social del gobierno fue puesta a prueba ante el desafío de estos “demás”, viejitos reclamando cívicamente un derecho y jóvenes apoyando cívicamente su reclamo. Tanto la UNAM como la juventud insistían en que el reclamo era social y la solidaridad era humanitaria. Mientras los obispos, la élite empresarial y otros sectores pedían diálogo, el gobierno sintió que el asunto se le escapaba de las manos y decidió actuar con una desmedida exhibición de fuerza.

El jueves 20, Roberto López, presidente del INSS, convocó a los sindicatos oficialistas para demostrarles que el INSS no tiene recursos para responder a la pensión reducida e infló las cifras de los ancianos que la demandan, afirmando que son casi 59 mil.

Ese mismo día, y ante una audiencia también oficialista, el diputado y dirigente del FNT, Gustavo Porras, reiteró que con el reclamo lo que se pretende es quebrar al INSS. Afirmó que los ancianos estaban siendo instrumentalizados por una “conspiración de la derecha”. “¡Se equivocan -clamó enardecido- quienes creen que en Nicaragua van a poder hacer las primaveras árabes y la plaza de Turquía!”, algo totalmente desproporcionado a lo que ocurría en la calle y que sólo puede interpretarse como un síntoma de miedo o de paranoia.

VANDALISMO OFICIAL

Gustavo Porras lanzó la solución frente a “la conspiración”: el lunes habría una masiva manifestación “para defender el gobierno del comandante Daniel Ortega”.

Antes, como llegaban más jóvenes y como los ancianos no cejaban en su demanda, decidieron otra “solución”: en la madrugada del viernes 22, cuando en la calle había unos 40 ancianos que dormían y unos 60 jóvenes que los acompañaban, llegaron al lugar centenares de individuos organizados paramilitarmente por el gobierno y trasladados al lugar en camiones de la Alcaldía de Managua, encapuchados y armados con palos y fierros. Atacaron a los jóvenes dispersándolos a golpes, desnudando a algunos, amenazando a las muchachas con violarlas, robándoles todo lo que tenían: documentación, celulares, relojes, billeteras, instrumentos musicales, también los vehículos de siete de ellos. Todo esto ocurrió frente a los agentes de la Policía Nacional que no hicieron nada para detener el vandalismo.

En su informe sobre estos hechos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) “condena la evidente confabulación entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Managua y el Gobierno Central orientada a acallar la protesta social, una conducta que no abona a la paz social y evidencia el estilo autoritario de un gobierno que ha instalado la política de tolerancia cero contra las manifestaciones sociales que no giran en torno a su círculo de poder”.

LOS LOGROS DE ESTA JORNADA

El lunes, simpatizantes del gobierno se juntaron con miles de empleados del Estado, de Managua y de varios departamentos, obligados a participaron en la marcha “en apoyo a Daniel” y “en respaldo a la justa lucha de los adultos mayores”.

Los dos dirigentes de la UNAM se vieron obligados a aparecer en la tribuna oficial y al día siguiente iniciaron nuevas negociaciones con funcionarios del gobierno, que volvieron a decirles que no hay recursos para lo que piden y que extenderían a un número mayor la entrega de “bonos solidarios”.

Dos semanas después de estos sucesos, los ancianos han sido acallados esperando que de las negociaciones salga por fin la pensión reducida que los ha movilizado con tanta entereza. Consiguieron lo que reclamaban: obligaron al gobierno a sentarse de nuevo a la mesa para negociar cómo conseguirla.

Los jóvenes que participaron en #OcupaINSS y los que fueron aterrorizados en la noche vivieron una experiencia que les ha servido de escuela, que los marcará, y están indignados. Consiguieron, sin quererlo, que el gobierno demostrara una vez más su intolerancia, obligándolo a una demostración de fuerza, que sólo expresa debilidad y temor.

La perseverancia demostrada durante años por los ancianos de la UNAM y el estilo “dadivoso” del gobierno anuncia tal vez nuevas protestas de los viejitos con el mismo reclamo. La indignación nacida en estos días entre un sector de la juventud anuncia tal vez una mejor organización de sus vigores, hasta hoy o dormidos o dispersos. De lo que no hay duda es que este mes ha sido pródigo en acontecimientos que sólo el tiempo madurará. O no, no todavía...

¿SE HARÁ EL CANAL? LO QUE SÍ SE HARÁ

El principal acontecimiento es, sin duda -y lo seguirá siendo- la megaconcesión Ortega-Wang. ¿Megaproyecto o megaestafa? La falta de seriedad con que se ha manejado la concesión canalera permite sospechar que el proyecto no va en serio, que detrás de Wang hay otros con otros objetivos.

Tal vez nunca se haga ese Canal. Lo que la concesión y la turbiedad en la que nació este proyecto y la irresponsabilidad con que lo defiende el gobierno nos anuncian todo lo que sí se hará, y ya se está haciendo, a cuenta del Canal: meganegocios, derroche de recursos en estudios ya elaborados, deudas, salarios y contratos fantasmas, en su momento confiscaciones y expropiaciones… y quiénes saben cuántas más cosas las que ocurrirán.

Es sugerente la explicación que da el diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco, quien fuera Vicecanciller del gobierno revolucionario en los 80, sobre lo ya ocurrido, que es la ley de la concesión. Afirma Tinoco que lo que ha ocurrido es que “Ortega presidente le concedió a Ortega empresario el derecho a decidir a quién y cuándo le vende el derecho a hacer el Canal”.

Esto sólo nos anuncia la determinación de Ortega, su familia y su grupo empresarial más cercano de consolidar un prácticamente total control político y económico sobre todo el país y sobre toda la población.

Que lo logre depende de muchos factores que hoy escapan de la imaginación. Dependerá también de cómo cada uno de nosotros y de nosotras usemos nuestra inteligencia social ante el desafío de los demás.

PRUEBAS PATÉTICAS

Cada vez con más certeza y evidencias científicas sabemos que “el desafío de los demás” contribuyó, más que ningún otro factor, al desarrollo de la inteligencia social en la especie humana a la que pertenecemos. En el largo camino de nuestra evolución como especie, la inteligencia nació en nuestros cerebros, se desarrolló, y se sigue desarrollando, en la relación que establecemos con los demás. La inteligencia social nos sirve para entender y comprender a los demás o para manipularlos y engañarlos. El gobierno dio este mes patéticas pruebas de para qué la usa.

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