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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 375 | Junio 2013
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Costa Rica

A medio año de las elecciones: ¿Pura vida country?

La reciente visita de Barack Obama a Costa Rica para asistir a la reunión de mandatarios centroamericanos permite algunas reflexiones sobre la gestión presidencial de Laura Chinchilla ya a punto de finalizar. A medio año de que el país celebre elecciones podemos decirle a Obama: “Welcome ¿to Pura Vida Country?”

Karina Fonseca Vindas

El 3 de mayo un buen grupo de costarricenses se ubicó a lo largo de la autopista General Cañas, ondeando sus banderitas y aplaudiendo al paso de la caravana presidencial estadounidense. El rostro de Barack Obama no estuvo al alcance de quienes se sumaron con tanto entusiasmo al recibimiento. Sólo fueron testigos del imponente paso de “La Bestia”, el cadillac negro dotado de un sofisticadísimo sistema de seguridad en el que se trasladó el mandatario desde el aeropuerto hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Paradójicamente, “La Bestia” es como suele llamarse a los trenes de carga en los que viajan miles de migrantes centroamericanos en su peligroso tránsito por México hacia el país que lidera Obama, trenes en los que sufren vejaciones e incluso pierden la vida varios de los 400 mil que estimamos se ven forzados a hacer esta travesía.

Cientos de oficiales de seguridad local y fuerzas especializadas estadounidenses se encargaron de paralizar la capital para resguardar al Presidente Obama en las 20 horas que estuvo en Costa Rica. Esta visita es la quinta que un Presidente de Estados Unidos realiza de forma oficial a nuestro país. Cincuenta años antes, John F. Kennedy fue el primero en hacerlo, para asistir a una cumbre de presidentes centroamericanos. Fue el 18 de marzo de 1963, ocho meses antes de su asesinato.

NO TAN PURA VIDA

Obama no pudo resistirse a mencionar en español, como cualquier turista que visita el país, la famosa expresión: “pura vida”. Su publicitada y ostentosa visita permite hilvanar algunas consideraciones sobre dos rasgos preocupantes de la coyuntura costarricense al final de la administración de Laura Chinchilla, que expresan que aquí esto no es pura vida...

La primera tiene que ver con el tratamiento del tema migratorio y las evidentes contradicciones de las medidas promovidas por las autoridades. Aunque son presentadas como prácticas ejemplares, no resisten la comprobación empírica al medir sus supuestos alcances y logros.

A propósito de la reforma migratoria que se cocina, sazona y desazona en este momento en Estados Unidos, Obama manifestó en San José: “Debemos crear un camino para que los once millones de inmigrantes ilegales pasen… Será un camino largo, duro, pero justo”.

El Estado costarricense no se sintió interpelado por sus declaraciones porque prevalece el convencimiento de que se avanza a buen paso en las oportunidades de regularización migratoria para quienes habitan y trabajan en suelo tico.

La segunda consideración preocupante es la ingobernabilidad en ascenso y la seguidilla de pésimas decisiones y de actores políticos involucrados en irregularidades durante el actual período presidencial. Escándalos de corrupción e impacto medioambiental con la construcción de la trocha fronteriza abierta a escasos 50 metros de la margen del río San Juan. Imposibilidad del gobierno de lograr consenso para la reforma tributaria promovida desde el tiempo de la campaña. Y el indigno acuerdo político que permitió el nombramiento del diputado evangélico Justo Orozco como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa durante el 2012. Son apenas tres desafortunadas acciones políticas en un amplísimo repertorio de muchas más.

¿SERÁ ARAYA
EL SUCESOR DE CHINCHILLA?

Laura Chinchilla es la presidenta latinoamericana con más baja popularidad en el continente. Por esto, es difícil entender cómo a pesar de la insatisfacción generalizada en muchos sectores de la sociedad, el candidato del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya Monge, va a la cabeza de las encuestas en intención de voto para las elecciones de febrero 2014.

Araya ha sido el alcalde del cantón central de San José en los últimos veinte años y ha maquillado hábilmente sus escasos logros con eventos visibles. El masivo “Festival de la luz” de diciembre y el embellecimiento de la ciudad capital -sobre el que pesan muchas dudas- son sus dos únicas cartas como candidato.

Araya es sobrino del ex-Presidente Luis Alberto Monge, quien a inicios de la década de los 80 abrió el país a los Programa de Ajuste Estructural. La publicidad preelectoral que lo llevó al gobierno en 1982 pronosticaba “un nuevo amanecer” para el país, pero Monge generó las condiciones para “un nuevo oscurecer” al marcar el arranque de la era neoliberal, caracterizada por el incremento paulatino de la brecha entre ricos y pobres, la precarización laboral y la caída de la inversión social del Estado.

URGE UNA REFORMA
MIGRATORIA INTEGRAL

Costa Rica no es el país más feliz del mundo. Menos lo es para los inmigrantes, quienes padecen constantes restricciones y violaciones a sus derechos y el endurecimiento solapado de los mecanismos de control migratorio.

Uno de los precursores de la ley migratoria aprobada a mediados de 2009 es ahora Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, cuestionado por una serie de acciones represivas contra protestas en San José en 2012. Los manifestantes reprimidos exigían una intervención inmediata para rescatar la institución emblema del país: la Caja Costarricense del Seguro Social.

Si en algo podría establecerse una similitud puntual entre Costa Rica y Estados Unidos, aunque en muy distintas magnitudes, es la urgencia de una reforma migratoria integral. Pero las autoridades de gobierno no tienen esta convicción y los mensajes oficiales reiteran que la normativa es de avanzada, cuando lo cierto es que el supuesto enfoque de integración social y derechos humanos es contradictorio con los inviables procesos de regularización migratoria, las multas y las sanciones previstas en la ley.

Mientras no se reconozca que hay que reformar la ley de migración, los aspectos que podrían señalarse como positivos lucen desteñidos y hasta contradictorios.

NUEVA LEY: VACÍOS, LIMITACIONES Y CONTRADICCIONES

El 1 de marzo de 2010 entró en vigencia en Costa Rica la Ley General de Migración y Extranjería (N° 8764). Esta normativa incorpora discursivamente en sus principios rectores una perspectiva de derechos humanos e integración de las personas migrantes.

El artículo 3 establece: “Mediante la presente Ley se regula el control de las personas migrantes y se fomenta la integración de éstas a la sociedad, con base en los principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como a los derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país”.

A poco más de tres años de la implementación de esta ley quedan al descubierto una serie de vacíos y dificultades que atentan contra esos principios, que deben ser revisados con prontitud.

¿Cómo conciliar los “mecanismos de control” y la “integración”? Los altos costos y las multas a inmigrantes y empleadores, así como la cantidad desproporcionada de requisitos para la obtención y renovación de cédulas de residencia y de permisos laborales, no incentivan a los inmigrantes a realizar los trámites de regularización migratoria. Varias organizaciones han insistido en que no es posible pensar en integración sin procesos de regularización que estén verdaderamente al alcance de las personas inmigrantes.

Hemos comprobado que entre 2008 y 2010 las solicitudes de cédula de residencia presentadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) mantuvieron un comportamiento estable, pero en 2011 se registró una caída de casi el 50% de las solicitudes presentadas. Esto evidencia que en el primer año de vigencia la Ley no favoreció el acceso a los mecanismos de documentación migratoria que prometió.

Además, las serias limitaciones para acceder a permisos laborales, no sólo por los costos y requisitos, sino también por la negativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de recomendar a las autoridades migratorias otras ocupaciones en las que habitualmente se desempeñan los inmigrantes, deja desprotegidos a muchos trabajadores y trabajadoras. Tal es el caso de los guardas de seguridad privada.

“PONER PAPELES AL DÍA”:
¿TRANSITORIOS EXITOSOS?

Desde 2012, la DGME estableció un plazo de seis a nueve meses denominado “Tiempo de oportunidad para poner sus papeles al día” para que algunos grupos de inmigrantes tuvieran mejores condiciones para regularizar su situación migratoria con requisitos ligeramente más sencillos. Por falta de información eficaz, los inmigrantes lo interpretaron como el equivalente a una amnistía. Estaba bastante lejos de serlo. Lo más significativo fue la condonación de un par de requisitos.

Aunque a simple vista pareció un gesto positivo de parte del gobierno para favorecer la documentación de los inmigrantes, analizado en profundidad el período de transitorios no deja de ser la constatación más evidente de que la ley de migración y sus reglamentos no responden adecuadamente a una arista vital para el país: contar con mecanismos de regularización migratoria ágiles, que atiendan adecuadamente las especificidades y requerimientos de las personas inmigrantes y sus familiares, en correspondencia con la demanda y oferta de mano de obra que tiene nuestro país.

Los transitorios se impulsaron sin considerar las dificultades que se avecinarían. En primer lugar, se inició un proceso para el que, tanto la institucionalidad costarricense como la nicaragüense, no estaban preparadas. Son nicaragüenses la mayoría de inmigrantes en Costa Rica. En el censo se calculan más de 300 mil. Si de previo no se contaba con capacidad suficiente para resolver solicitudes en los 90 días que establece la ley, los transitorios adicionaron una nueva dificultad: el abarrotamiento de las oficinas centrales y regionales de la DGME, las de la Policía, las de las organizaciones de atención directa a inmigrantes y los consulados de Nicaragua.

En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos que se promovieron con cooperantes de Naciones Unidas y de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), las estrategias de divulgación e información sobre estas modalidades de regularización fueron muy limitadas y no alcanzaron adecuadamente a los potenciales beneficiarios, propiciando que muchas personas intentaran hacer trámites para los cuales no calificaban. Muchas otras quedaron fuera y otras tantas confiaron altas sumas de dinero y documentos de identificación a funcionarios corruptos o tramitadores dedicados a la estafa.

DATOS QUE NO MIENTEN

Se impulsaron cuatro modalidades de transitorios. El transitorio #1 daba oportunidad de renovación de cédulas vencidas. El #2 regularizaba a progenitores extranjeros de hijos costarricenses menores edad. El #3 era para personas con arraigo en el país, que fueran menores de 25 años y que hubiesen ingresado siendo menores de edad. El #4 daba permisos laborales a trabajadoras domésticas, peones de construcción y trabajadores agrícolas.

Según datos suministrados por la DGME sobre las renovaciones anuales de documentos de identidad migratorios, el año 2009 se registraron 49 mil renovaciones, en el 2010 32 mil, y en el 2011 56 mil. Ante estas cifras llama la atención que las autoridades migratorias presentaran como un gran logro el transitorio #1, cuando entre mayo y octubre de 2012, fueron tan sólo 40 mil 735 las renovaciones.

Al consultar si esas renovaciones correspondan al “período de transitorios” o a las que habitualmente se hacen cada año, respondieron que todo iba junto. Es fácil constatar que no se puede aceptar el calificativo de “exitoso”, pues el número de renovaciones se mantuvo cercano al promedio habitual de los últimos cuatro años.

Otro elemento para sostener que el triunfo de los transitorios no resiste el cotejo empírico, es éste: según información emitida por el subproceso de Valoración Técnica de la Gestión de Extranjería de la DGME, en abril 2013 existían alrededor de 25 mil expedientes de transitorios #2, 3 y 4 sin resolver. De ellos, un 85% estaba con la documentación incompleta y el 15% completa. ¿Cuántas personas lograrán concluir con la presentación de los atestados en tiempo y forma? Es difícil pensar en porcentajes optimistas.

Esto tiene que ver con la saturación institucional derivada de esta iniciativa. Muchas personas introdujeron sus expedientes con los documentos que tenían a mano y la DGME se los recibió, con el fin de que los solicitantes no quedaran fuera de los plazos. Y si bien algunas personas podrán completar sus expedientes en un plazo razonable, es esperable que una buena cantidad no logrará hacerlo por razones económicas, porque no califican adecuadamente para el transitorio o por falta de tiempo o de la información necesaria para concluir con la gestión.

OBAMA: UN RESCATE EXPRESS
A LA PRESIDENTA CHINCHILLA

El arribo de Obama a Costa Rica no pudo darse en un mejor momento para el gobierno. Operó como un plan de “rescate express” para la deteriorada imagen de la Presidenta Chinchilla. Y si bien la razón de la visita fue asistir al encuentro con los gobernantes centroamericanos en el marco de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el gobierno no dudó en promocionarla como un reconocimiento al país por sus atributos y conquistas.

Días antes de la cita del SICA, en la página web de la Cancillería, el Ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, manifestó que la visita era “también un reconocimiento al posicionamiento político regional que tiene Costa Rica como un país de avanzada en muchos campos, por sus políticas comerciales, su modelo democrático, así como por el desarrollo, el medioambiente, y como país de avanzada en materia de derechos humanos”.

Pero el paso de Barack Obama por Costa Rica no logrará revertir de forma duradera los bajos índices de popularidad del gobierno. Tan rápido como el pueblo tico se emocionó ante la llegada del carismático mandatario estadounidense, retornó el malestar, el vacío generalizado y un nuevo escándalo de la Presidenta.

LAS CIFRAS
DEL MALESTAR CIUDADANO

Si hay insatisfacciones que se ponen de manifiesto como reacción ante las pésimas decisiones, la corrupción o las arbitrariedades del gobierno, hay inconformidades de orden estructural que se van acentuando y desdibujan cada vez más la imagen de que somos un país ejemplar en la región centroamericana.

Según una encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada en el Semanario Universidad, existe un profundo pesimismo sobre el rumbo del país y la gestión del Gobierno. El 64% de los encuestados cree que el rumbo del país es malo o muy malo, el 65% califica el desempeño del gobierno como malo o muy malo. La corrupción es el problema nacional más mencionado por los entrevistados (18%). El 71% no es afín a ningún partido.

El estancamiento y retroceso de Costa Rica en algunos indicadores asociados al bienestar de las mayorías, inciden también en las insatisfacciones de la sociedad costarricense. El 18 Informe del Estado de la Nación revela que Costa Rica no logra disminuir la proporción de personas pobres, que se mantiene en un 20%. En el 2011 la pobreza afectó al 21.6% de los hogares. Se estima que de los 4 millones 301 mil 712 habitantes, según el Censo Nacional de 2011, 1 millón 140 mil 435 son pobres, cifra máxima en la historia costarricense. De ellos, 336 mil 305 viven en condiciones de pobreza extrema.

La desigualdad sigue en escalada. En los últimos años la brecha entre los hogares con mayores niveles de ingreso y los hogares con niveles de ingreso más bajos sigue ensanchándose. En 2010, la relación entre el ingreso per cápita en los hogares de mayor ingreso respecto a los de menor ingreso fue de 16.7 veces. En 2011 esa relación era ya de 18.2 veces.

LA FERTILIZACIÓN IN VITRO

Un hecho acaparó este año la atención nacional e internacional. El 20 de diciembre de 2012 se hizo público el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó legalizar en Costa Rica la fertilización in vitro. La prohibición de este método, vigente desde el año 2000, violentaba el derecho fundamental a tener hijos, por medios naturales o asistidos.

Hasta ahora, quien practicara esta técnica podía ser acusado por la vía penal. El argumento era que los embriones, aún antes de ser implantados, eran personas y no podían desecharse. Previo a este fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había intimado al gobierno costarricense a permitir la fertilización in vitro, pero las presiones de la Iglesia católica enterraron un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, razón por la que el caso fue elevado con éxito a la última instancia interamericana.

A pesar del fallo, el clero católico ha mantenido de manera inamovible su postura en contra, y así lo ha externado en diferentes medios y espacios públicos. El arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes, dijo que tal procedimiento “está contra la vida, puesto que hay vida desde la fecundación”.

Meses antes de que la Corte Interamericana hiciera público el fallo contra el Estado costarricense, se escuchó en emisoras católicas una campaña radiofónica, en la que una niña decía: “Hola, soy Sofi, la tercera de tres hermanitos, y aunque mis papitos me amen con todo su corazón, sé que para venir al mundo mis otros siete hermanitos murieron en un laboratorio”. La voz de un locutor remachaba: “¿Quién tiene derecho a decidir sobre la vida de los otros? La fecundación in vitro atenta contra la vida”.

Poco después, esta campaña -un mecanismo poderoso de manipulación- fue censurada por involucrar a niños y niñas en su producción. En este tema la jerarquía católica y un buen número de pastores evangélicos encuentran un claro punto de coincidencia claro.

En enero de 2012, y en medio del debate sobre el tema, la Presidenta Chinchilla afirmó públicamente que “no hay familias cuando no hay niños y niñas”, lo que generó un fuerte rechazo. Su declaración fue catalogada como una ironía por las parejas que buscaban que la Asamblea Legislativa aprobara la técnica de la fecundación in vitro. También sacudió a grupos de la diversidad sexual, que durante años han insistido en que hay que abrirse a modelos diferentes de familia, más allá del modelo tradicional.

A pesar de las polémicas, la sentencia de la Corte Interamericana llegó y es inapelable y de acatamiento obligatorio. Dejó sin efecto el fallo del año 2000 de la Sala Constitucional, que determinaba que el procedimiento atentaba contra la vida. Aunque el gobierno no ha correspondido en tiempo y forma a todas las obligaciones señaladas por la sentencia de la Corte, ha afirmado que lo hará.

Ya fueron indemnizadas las 18 personas afectadas por la prohibición con 400 mil dólares en total: 20 mil para cada accionante y otros 5 mil para cada una de las 8 que sufrieron daño material, pues demostraron que tuvieron que salir de Costa Rica para optar por el método de fecundación asistida. Queda pendiente la creación de la normativa interna para iniciar esta práctica en el país y la respectiva incorporación de este procedimiento en la institucionalidad pública de salud.

¿DERECHOS HUMANOS
O CAPRICHOS HUMANOS?

Entre grupos organizados para la defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexual y universitarios, entre otros, uno de los principales rechazos a la actual administración es que pactó con dos diputados evangélicos para alcanzar los mínimos necesarios en votaciones que se consideraban estratégicas en la Asamblea Legislativa.

En 2012, el diputado evangélico del Partido Renovación Costarricense, el pastor Justo Orozco, fue electo como presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos con cinco votos del PLN a favor y dos en contra. En esa comisión se discutiría, entre otros temas, la fecundación in vitro y el proyecto de ley de unión entre personas del mismo sexo. A ambos temas el legislador ha mostrado su absoluta oposición con declaraciones que van más allá de lo inaceptable y que no dejan duda de sus escasas habilidades y formación para referirse a los Derechos Humanos, a los que él no ha dudado en calificar, en algunos casos, como “caprichos humanos”.

Existen sitios web donde se pueden hacer recorridos por sus frases célebres. Orozco ha señalado que la unión legal de parejas del mismo sexo “cercena la posibilidad de relevo generacional y de felicidad de la familia”. En otro momento, en el que fue interpelado por sus acciones “anti-gay” afirmó a modo de defensa: “¿Quién los molesta? Ni los identificamos si ellos no se declaran, si no se les ve el plumero. Si no se declaran así, uno no sabe quiénes son”.

Lo penoso de la presencia mediática de Justo Orozco es que fue el partido de gobierno quien lo llevó a ocupar puestos de gran relevancia en donde se tratan iniciativas de Derechos Humanos, logrando paralizar proyectos relativos a esa materia.

Además, contrario a lo que suelen imaginar la mayoría de sus detractores, hay miles de personas vinculadas a grupos evangélicos o neopentecostales que suscriben las posiciones de este pastor, lo que podría abrir un espacio para nuevas figuras como él en la constitución de la próxima Asamblea Legislativa 2014-2018 que surja de las elecciones.

OBAMA
EN LA LA RUTA DE LA DISCORDIA

La llegada de Obama a suelo costarricense aconteció sólo nueve días después de la anulación por parte del gobierno del contrato con la empresa constructora brasileña OAS, a la que se le había concesionado la modernización de los 58 kilómetros de la carretera San José-San Ramón.

El anuncio lo hizo la Presidenta Chinchilla en cadena nacional de televisión. Para muchos, la decisión fue empujada por el temor a que un ambiente caldeado por manifestantes invadiera la carretera en la que transitaría la comitiva presidencial estadounidense.

La Presidenta y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, se negaron durante meses a escuchar el clamor ciudadano contra la concesión y eso propició el fortalecimiento de la organización del Foro de Occidente, que reunió bases locales organizadas en cantones de Alajuela y de otras zonas, que se verían afectadas con la concesión. “¡No a la concesión, sí a la carretera!” fue la consigna que dio impulso a la movilización ciudadana en contra del acuerdo firmado por el Estado y la empresa transnacional OAS.

Según investigaciones del Semanario Universidad, el monto de la concesión en la carretera San José-San Ramón era todo un misterio para ciudadanos, instituciones y expertos. Originalmente, la concesión de la carretera en el contrato del año 2004 se planteó con un costo de 197 millones de dólares, pero para el documento firmado a inicios de 2013 el monto se actualizó en 523 millones.

El Ministro Castro expresó en diferentes intervenciones que la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) realizó un estudio de actualización del monto de la concesión, aunque la CCC lo niega. También dijo reiteradamente que los 523 millones de dólres correspondían a convertir el monto original a un valor del presente, considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación de los últimos nueve años.

En lo que sí resultó ser muy reservado Castro es en el hecho de que, antes de asumir como titular de la cartera a cargo de estas coordinaciones, fungió como asesor de la empresa OAS y fue quien desarrolló el estudio técnico que permitiría que la empresa concesionaria justificara el incremento de 25 a 30 años en el control de los peajes. Castro recibió por su consultoría 10 mil dólares y poco después se integró al gabinete de la administración Chinchilla.

Las OAS hubiese recaudado en cinco años por cobro de peajes los 523 millones que invertiría en la carretera
y al final de los 30 años de concesión contaría en sus arcas con un total de 4 mil 931 millones, un monto que excedería en 8.3 veces la inversión inicial.

Si, por ejemplo, un poblador del cantón de Palmares que viajara a la capital a su trabajo utilizara la ruta de esa carretera de lunes a viernes y de ida y vuelta durante los 30 años de la concesión se habría visto obligado a pagar un monto total en colones equivalente a 57 mil dólares, a razón de 4 mil colones por día (8 dólares).

EL AVIONETAZO:
¿ÚLTIMO ESCÁNDALO?

A un día de cumplirse tres años de la toma de posesión de Laura Chinchilla como Presidenta de Costa Rica aconteció un nuevo escándalo que terminó de drenar el ya de por sí seco capital político de la mandataria. El 7 de mayo Chinchilla viajó a Perú en un avión privado a la boda del hijo del Vicepresidente de la República Luis Liberman. Aprovecharía su viaje a Lima para hacer una visita de cortesía al Presidente peruano Ollanta Humala.

La empresa THX Energy facilitó el vuelo de cortesía a la mandataria, que viajó acompañada de algunos de sus familiares y colaboradores cercanos. La aeronave pertenecía al colombiano Gabriel Morales Fallón, de quien se sospecha habría negociado con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) su protección en suelo costarricense a cambio de información sobre narcotráfico y lavado de dinero. Morales gozaba de la condición de ciudadano costarricense por tener un matrimonio realizado “por poder” con una costarricense de 18 años.

Destapado el escándalo, Francisco Chacón, ahora ex-Ministro de Comunicación del gobierno de Chinchilla, argumentó durante la conferencia de prensa en la que puso su renuncia, que “la compañía que yo defendí como una compañía incuestionable resultó no serlo”. Una baja sensible, dado que Chacón era considerado la mano derecha de la Presidenta. A esta renuncia se sumaron dos más del equipo cercano a la Presidencia.

Con estas salidas se buscó a toda costa insistir en que el uso del avión se debió a fallas en los controles de la seguridad presidencial, para liberar así de responsabilidad a la mandataria. Algunos medios de comunicación señalaron que el monto del viaje a Perú durante los dos días que Chinchilla estuvo fuera se calcula en 60 mil dólares. Llamó la atención que no se enfatizara en que el costoso viaje se diera en el marco de una actividad privada.

CHINCHILLA
EN LA RECTA FINAL

Laura Chinchilla y su inestable gabinete sobreviven a duras penas en la recta final de su periodo. Únicamente siete de sus ministros y ministras se han sostenido en el equipo a lo largo de estos tres años y quince han renunciado de forma voluntaria o bajo presión.

Además de los múltiples escándalos, el cuestionable trato dado a las migraciones y los datos sobre el declive de los indicadores asociados al bienestar de las mayorías, evidencian que en el país no todo es pura vida... Temas claves como derechos humanos, migraciones, protección al ambiente, procesos democráticos y la ruta hacia el desarrollo son explotados por las instancias oficiales como la cara positiva del país en ámbitos internacionales.

Previo al referéndum del SÍ o NO al TLC del año 2007 el entonces Presidente Oscar Arias, decía: “Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW. Y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz. En esto consiste el desarrollo”.

Esta promesa desesperada y populista de Arias en el momento fundamental del debate sobre el TLC retrata a una clase política capaz de cualquier artilugio retórico para perpetuar la idea de que Costa Rica avanza hacia el crecimiento económico y que es un país “excepcional” en Centroamérica.

Urge que nuestras universidades públicas mantengan y fortalezcan su compromiso con desenmascarar las contradicciones entre las narrativas del gobierno y las realidades sociales. Las universidades pueden ser también actores importantes para dinamizar procesos de formación y de empoderamiento en ámbitos locales o con grupos que enfrentan vulnerabilidades y atropellos.

LA ESTRATEGIA QUE FALTA

El desencanto con la gestión de Chinchilla, especialmente de grupos movilizados, sectoriales o comunitarios, debe ser reorientado hacia la edificación de alternativas duraderas. La protesta social necesita ir más allá de marchas, plantones o campañas de desaprobación en redes sociales, pues en la mayoría de los casos se carece de seguimiento y al poco tiempo los bríos se evaporan y aparece una nueva causa por la cual indignarse.

La movilización social es muy necesaria y no debe ser subestimada, pero hay que evitar volverla “el fin” o reducirla exclusivamente a la calendarización de manifestaciones. Se requiere de protestas públicas, pero como un componente en una estrategia mayor, donde confluyan acciones de información y formación sobre las luchas en curso y se creen vasos comunicantes entre los diversos esfuerzos sociales que buscan transformaciones.

Las agrupaciones políticas que se presentarán como oposición al partido de gobierno en las elecciones de febrero 2014, están dispersas. Se habla de una coalición, pero todos quieren ser el candidato presidencial de esa coalición. No se avanza aún en la elaboración de una propuesta orientada a tener impacto entre los grupos mayoritarios de votantes, entre los cuales estos partidos no han construido arraigo y no se han identificado con las necesidades más sentidas y con agendas que den respuestas claras a sus demandas.

El acercamiento comunitario y la construcción de alternativas han sido acciones tímidas o no priorizadas por los partidos políticos que promueven el cambio.

EL PROYECTO QUE FALTA

El Partido Acción Ciudadana, que podría recuperar el capital político cosechado hace poco más de una década, cuenta hoy con cinco precandidatos, lo que más que abonar a procesos democráticos, pone de manifiesto la división interna y la falta de propuestas consensuadas como opción política.

La ausencia hasta hoy de un proyecto diferente al desgastado oficialismo, con liderazgos renovados y participación social amplia, podría ser hábilmente aprovechado por el PLN, con las añejas estrategias de siempre, las que han llevado al poder a los mismos de siempre.

Ahí está uno de los retos que se proyecta como imprescindible. ¿Será capaz la sociedad costarricense de dar el viraje que se requiere? ¿Será capaz el malestar social acumulado derivar en procesos de cambios? Hay esperanza. Algunas luchas emblemáticas en las últimas dos décadas han dado cuenta de ello, pero hoy vivimos bajo la alerta de que el desencanto no se transforme en indiferencia, sino en alternativas viables que dignifiquen a las mayorías.

DIRECTORA DEL SERVICIO JESUITA DE MIGRANTES (SJM) DE COSTA RICA.

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