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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 368 | Noviembre 2012
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Costa Rica

De Calero a la Trocha

El conflicto limítrofe entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica ha sido recurrente a lo largo del período republicano de ambas naciones. El más reciente de esos conflictos cobró mayor fuerza a partir de octubre de 2010. Y se mantiene activado. He aquí datos esenciales para reflexionar sobre lo ocurrido en estos dos años.

Carlos Sandoval García

Desde octubre del año 2010, y durante el 2011, el dragado del fronterizo río San Juan, ordenado por el gobierno de Nicaragua, dio lugar a una nueva disputa acerca del modo de determinar la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. La disputa fue conocida por la OEA y dio lugar a una denuncia en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

2005-2011: LA MISMA DISPUTA

El gobierno de Nicaragua ha reiterado que el dragado expresa la soberanía que le asiste sobre el río San Juan. El gobierno de Costa Rica ha denunciado el daño ambiental que ha producido el dragado y el cambio causado en el cauce del río, que convertiría una franja del territorio costarricense, conocida como isla Calero, en territorio nicaragüense. Las autoridades nicaragüenses han insistido en que el dragado no produce el daño ambiental que las autoridades costarricenses han denunciado y también han aducido que el trazado de un canal llamado Harbor Head, facilitado por el dragado, le devolverá al río San Juan su cauce natural, modificado a lo largo de los años por procesos de sedimentación.

Tanto la evaluación del daño ambiental como la determinación del curso del cauce y la interpretación de tratados y laudos, documentos suscritos por ambos Estados, ha sido motivo de múltiples controversias durante años. En 2005 el gobierno de Costa Rica presentó una denuncia ante la CIJ por los derechos de navegación en el río. Fue fallada en 2009. En 2010 el gobierno costarricense presentó también ante la CIJ un nuevo caso referido al dragado. La CIJ vertió su primer pronunciamiento en marzo de 2011. A su vez, la carretera que construye el gobierno costarricense en la ribera del río dio lugar a una denuncia de Nicaragua ante la CIJ y ante la Corte Centroamericana de Justicia.

En resumen, entre los años 2005-2011 la Corte Internacional de Justicia ha conocido tres casos referidos a aspectos de una misma disputa, lo cual da cuenta de las dificultades de un diálogo binacional, a pesar de las iniciativas que las cancillerías de ambos países habían desarrollado, con el apoyo de la cooperación internacional, entre los años 2003 y 2007.

“CERRAR FILAS”
NO ES LA ALTERNATIVA

El análisis del conflicto limítrofe en torno al río San Juan plantea al menos dos retos teórico-metodológicos. El teórico consiste en trascender la identificación de las ciencias sociales con los intereses asociados al Estado y a las sociedades de los cuales forman parte. En el análisis de conflictos limítrofes emerge con singular fuerza el llamado “nacionalismo metodológico”, que a menudo impide comprender, por ejemplo, que en ambos lados de una frontera se elaboran narrativas de nacionalidad que, aunque se opongan, comparten una serie de recursos retóricos: sentido de unicidad, mitos fundadores, referencias socio-espaciales, comidas, por mencionar sólo unos pocos. El desafío parece ser cómo convertir el sí mismo nacional, el “nosotros”, en “otro para uno mismo”. El segundo reto consiste en comprender este conflicto reciente en perspectiva histórica, pues si algo lo ha caracterizado es su recurrencia a lo largo del período republicano. Se trata, pues, de no reproducir el refugio de las ciencias sociales en el presente.

Trascender tanto el nacionalismo metodológico como el presentismo de las ciencias sociales forma parte de una búsqueda de otros vocabularios para pensar y tratar de comprender estos eventos y otros similares. Esta tarea no es fácil, pues las élites, y en general las sociedades, tanto las de Costa Rica como las de Nicaragua, ignoran lo que en el otro país se piensa sobre el río y su significación en la constitución del Estado-nación. Se evade, por ejemplo, que el río, además de dividir, une tanto a comunidades fronterizas como a miles de familias binacionales, o a los también miles de niños, niñas y adolescentes costarricenses, hijos e hijas de padres o madres nicaragüenses.

Es indispensable no asumir que el “cerrar filas”, una frase frecuente empleada en este conflicto por los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua sea la alternativa. Se requiere otro lenguaje, un tercer espacio, a lo mejor el de una ciudadanía binacional “desde abajo”, que nos ayude a comprender y a comprendernos. Hay que aportar en esa dirección, y para ello tener en cuenta que, si bien la discusión académica insiste en el carácter histórico y socialmente construido de las naciones, no hay que perder de vista que a menudo éstas son asumidas como únicas y perennes.

PRIORIDAD LATINOAMERICANA:
FIJAR FRONTERAS

La determinación de límites constituyó una de las prioridades de los Estados latinoamericanos durante el siglo 19 y hasta el siglo 20. Las disputas entre los nuevos Estados estuvieron acompañadas a menudo de los intereses e influencia de las potencias imperiales. En el caso de Costa Rica y Nicaragua, la presencia de intereses británicos, estadounidenses, incluso franceses, en torno a la posibilidad de construir un canal empleando el río San Juan son indispensables para comprender, tantola dinámica de las disputas, como los modos en que se lograron acuerdos.

El Tratado Cañas-Jérez (1858) entre Costa Rica y Nicaragua, luego de que ambos Estados casi van a la guerra, el Laudo Cleveland (1888), llamado así por el apellido del entonces Presidente de Estados Unidos Grover Cleveland (1885-1889) y el Laudo Alexander (1900), nombrado así por el mismo Presidente Cleveland, expresan este vínculo entre los conflictos interestatales y la geopolítica imperial. Y si bien los intereses imperiales en torno al río disminuyeron cuando el canal finalmente se construyó en Panamá, las disputas interestatales han persistido hasta la actualidad.

EL RÍO Y EL CANAL

En Nicaragua, las dificultades que tuvieron las élites liberales en la transición del siglo 19 al siglo 20 para legitimar un proyecto de Estado-nación, una experiencia que se repitió incluso también durante la Revolución sandinista, convirtió al río San Juan en una referencia de nacionalidad, a lo mejor sólo comparable con la relevancia de la figura de Rubén Darío. Las sucesivas iniciativas por construir un canal, mencionadas durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), y regresadas de nuevo a la escena política por Daniel Ortega en el año 2012, confirman cuán arraigado es en Nicaragua el sueño de ese canal, al menos en los discursos de las élites políticas nicaragüenses.

EL RÍO Y LOS “OTROS”

En Costa Rica, la referencia al río San Juan no ocupa la misma centralidad, pero es indudable que el Estado y la sociedad nicaragüenses son un “otro” en torno al cual se ha representado el sentido de la identidad nacional costarricense. En el siglo 20 las fuerzas políticas triunfantes en la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica y la dictadura de los Somoza en Nicaragua mantuvieron una mutua hostilidad. Somoza García, el primer miembro de la dinastía, apoyó la invasión organizada por las fuerzas derrotadas después de la Guerra Civil. En 1954, José Figueres Ferrer simpatizó con un intento de golpe de Estado a Somoza. A su vez, Somoza dio su respaldo a otra invasión a Costa Rica en 1955.

En Costa Rica, el apoyo a la lucha contra la dictadura de los Somoza pronto cedió su lugar a la representación de la Revolución sandinista como una amenaza comunista. Con el triunfo de Violeta Chamorro en 1990, la amenaza empezó a asociarse con más intensidad a la inmigración que, si bien en los últimos años ya no reporta un crecimiento destacable, sí es constantemente criminalizada.

2005: DERECHOS DE NAVEGACIÓN

El antecedente más inmediato del conflicto actual fue la disputa por los derechos de navegación por el río San Juan que llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por iniciativa del gobierno de Costa Rica en 2005.

La Corte comunicó su decisión el 13 de julio de 2009. En su resolución reitera que el Estado de Costa Rica tiene derecho a la libre navegación por el río San Juan, incluyendo navegación tanto comercial como de turismo, en cuyo caso las personas no requerirán de visas o tarjetas de turismo expedidas por el Estado de Nicaragua. Asimismo, la Corte determinó que el Estado de Costa Rica no tiene derecho a la navegación de embarcaciones policiales, excepto para proceder a la rotación de personal. El fallo también establece que el Estado de Nicaragua tiene derecho a exigir que las embarcaciones se detengan, que las personas que viajen porten documentos de identidad, así como a expedir documentos de autorización de salida para las embarcaciones.

Se trató de un fallo balanceado: confirma la soberanía nicaragüense sobre el río San Juan, al tiempo que autoriza la libre navegación comercial por parte de Costa Rica.

LOS PERROS ROTTWEILER:
SÍMBOLOS DE SOBERANÍA

Un antecedente no vinculado al conflicto limítrofe en sí, pero que ha tenido repercusiones duraderas en el imaginario social costarricense fue la muerte en noviembre de 2005 en Costa Rica del inmigrante nicaragüense Natividad Canda Mairena. Canda ingresó a un predio privado en la noche y murió despedazado por el feroz ataque de dos perros rottweiler, ante la mirada impávida de ocho policías que no lo socorrieron. Días después, en una escalada xenófoba de la que hacía varios años no se tenía registro, un costarricense acabó con la vida de José Ariel Silva e hirió a otros dos nicaragüenses durante una discusión en torno a la muerte de Canda.

Si bien los policías fueron llevados a juicio y fue hasta septiembre de 2012 que finalmente fueron absueltos de su responsabilidad por omisión, la trágica muerte de Canda fue registrada en el imaginario social costarricense asociada a los perros rottweiler, símbolos que se emplean desde entonces para representar la defensa de la nación y del territorio costarricense y que volvieron a aparecer en la nueva disputa limítrofe que arrancó en 2010.

LA DISPUTA LIMÍTROFE
SE HACE CRUZADA NACIONAL

Si las disputas fronterizas han sido una constante en la historia de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, ¿qué es lo nuevo en el conflicto que desencadenó el dragado del río San Juan? Una posible respuesta sería la intensidad con la cual la disputa se articuló en términos de defensa de la nación. Ambos gobiernos escalaron rápidamente en retórica y acciones que volvieron muy difícil las posibilidades de diálogo y negociación. A ello se sumó la identificación de los medios de comunicación con las tesis
de los gobiernos.

Las redes sociales y otros soportes digitales, que no estuvieron disponibles en otras coyunturas y que se postulan como expresión de la globalización, abundaron en el nacionalismo y la xenofobia. Uno de los elementos que marcó la escalada del conflicto fue la definición de éste como un asunto de seguridad. El ex-Ministro de Seguridad de Costa Rica, José María Tijerino, mantuvo un acentuado protagonismo para divulgar esta definición y frente a él la Cancillería costarricense fue percibida en un segundo plano, sobre todo antes de ventilar el caso en la OEA.

Las declaraciones de Tijerino y el despliegue de efectivos de la Guardia Civil costarricense armados con equipo militar en la frontera enrarecieron, sin duda, el panorama. El 2 de noviembre de 2010 Tijerino dijo de los nicaragüenses apostados allí para realizar el dragado: “Estos señores se retirarán por la razón o la fuerza, apoyados nosotros por el derecho internacional, por los mecanismos que el derecho internacional tiene dispuestos, en los que también está el uso de la fuerza”. Sus declaraciones circularon en Nicaragua y se citan en el llamado “Libro Blanco” publicado por el gobierno de Nicaragua, titulado “Las verdades que Costa Rica oculta”, un documento de 76 páginas disponible en formato digital, en el que el gobierno de Daniel Ortega elabora una serie de consideraciones acerca del conflicto.

Igual relevancia tiene en el “Libro Blanco” el tema del narcotráfico en la zona, asunto sobre el cual el gobierno de Costa Rica no se pronunció sino hasta en mayo de 2011, cuando se instaló una agenda sobre seguridad entre ambos gobiernos. “Las verdades que Costa Rica oculta” detalla que quienes denunciaron por primera vez el dragado eran miembros de una familia, consignada erróneamente como costarricense y en realidad nicaragüense, propietarios de la Finca Aragón, quienes estarían vinculados con el narcotráfico. Según el “Libro Blanco”, el dragado les estaría impidiendo movilizar la droga en la región.

VIRULENCIA EN LOS MEDIOS

La virulencia gubernamental se acompañó de la estridencia de los medios de comunicación. En Costa Rica, el grupo REPRETEL, que incluye canales de televisión y emisoras de radio, convocó a una marcha a la que se sumó la presidenta Laura Chinchilla y a la que se invitó a la población a vestir de blanco. Pronto, REPRETEL exhortó a colocar banderas en viviendas
y automóviles como modo de manifestar “nuestro repudio” en contra de las acciones del gobierno de Nicaragua. Como se reseña críticamente en el sitio web Fusildechispas, desde este “porrismo emotivo” “se leyeron editoriales en sus noticieros de televisión (6 y 11) y en sus emisoras de radio (Reloj y Monumental). Y en la edición estelar de Noticias Repretel el set de TV apareció forrado en tricolor…Sólo faltaron los faroles, tapa de dulce y un yigüirro”.

El grupo REPRETEL en Costa Rica y algunos canales de televisión en Nicaragua, en los cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen acciones, fueron los medios de comunicación más estridentes en ambos lados de la frontera. En ambos países, el mexicano Ángel González sería uno de los accionistas principales de esos canales, aunque conocer exactamente la propiedad de los medios de comunicación es un misterio permanente…

“YO NO TENGO BANDERA”

Pese al predominio de la estridencia nacionalista, también hubo esfuerzos por subvertir esta pesada carga de hostilidad. En el caso de Costa Rica, Andrea Aguilar publicó un artículo en el diario “La Nación” (16 noviembre 2010) titulado “Yo no tengo bandera”, en el que escribió: “Yo no tengo patria. Yo tengo un mundo. Y si por defender ese mundo, si por defender la igualdad humana antes que la nacionalidad, tengo que dejar a un lado el blanco, azul y rojo, pues soy la primera en cortar el asta
de cualquier bandera que me separe de otros que son iguales a mí. Siempre me ha gustado ser tica, pero, ante todo, siempre me ha gustado ser humana”. Hasta diciembre de 2010 este texto había recibido 150 comentarios en la edición digital del diario “La Nación”.

¿MANTENER SOBERANÍA
O MANTENER CONFLICTO?

En el caso de Nicaragua, la virulencia fue semejante, sobre todo en la televisión controlada por los Ortega-Murillo. Camisetas con la consigna “El río San Juan es nica” volvieron a aparecer. Era la misma consigna promovida por el gobierno de Arnoldo Alemán años antes. “Toda Nicaragua es el río San Juan” fue una frase recogida en una canción del conocido grupo Dimensión Costeña, lanzada a propósito del conflicto.

Los dos diarios de circulación nacional de Nicaragua, de oposición al gobierno, ofrecieron por eso posibilidades de perspectivas apartadas de la retórica nacionalista. Quien mejor condensó una perspectiva crítica, apartada de las lealtades nacionalistas, fue Dora María Téllez, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista. En una entrevista publicada por “El Nuevo Diario” el 13 de noviembre de 2010, manifestó: “Te lo voy a decir en los siguientes términos aunque sea muy riesgoso: Yo, si fuera el gobierno de Nicaragua retiraría a los soldados de la zona, no porque no acepte que ellos tienen soberanía allí, sino porque acepto que eso es una fuente de conflicto. Retirar a los soldados, ubicarlos 15 metros más adentro no me quita la soberanía de Nicaragua, pero me quita el conflicto… Y desde el punto de vista de Nicaragua, nosotros somos los más interesados en evitar el conflicto sin ceder soberanía. No necesariamente mantener la soberanía significa mantener el conflicto. Quienes creen que la soberanía solamente se mantiene con conflicto, son los que tienen la visión de matones de barrio”. “Este conflicto tiene algo de artificial” fue el título de esta entrevista. Quizá pueda decirse que la artificialidad estuvo y ha estado presente a ambos lados de la frontera.

LAS 3 LEYES DE ORTEGA

Una encuesta de la firma M&R, realizada en Nicaragua entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, en pleno conflicto, concluyó que el 95.6% de la población encuestada sostenía que ambas naciones “deben priorizar las relaciones de cooperación por encima del conflicto”. Al mismo tiempo, y en contraste con esto, una mayoría avalaba la conducción del conflicto por el Presidente Ortega. Algo semejante ocurría en Costa Rica. Sandinistas y no sandinistas se dividían en cuanto a desmilitarizar la zona: mientras los sandinistas coincidían en que desmilitarizar sería poner en peligro la soberanía, los no sandinistas no veían ese riesgo.

En la coyuntura del conflicto, en diciembre de 2010, el Presidente Ortega envió con trámite de urgencia tres iniciativas de ley a la Asamblea Nacional: la Ley de Defensa de la República de Nicaragua, la Ley de Seguridad Nacional de la República de Nicaragua y la Ley de Régimen Jurídico de las Fronteras. En la motivación de la primera se lee: “Por la posición geográfica de nuestro país y por consideraciones geopolíticas de otras naciones, Nicaragua a lo largo de su historia se ha visto afectada de forma directa en el surgimiento y desarrollo de diversos conflictos. Nicaragua ha sido objeto de constantes pretensiones, e incluso de intervenciones armadas extranjeras en nuestro territorio patrio”.

En lo fundamental, estas leyes le otorgan facultades discrecionales al Ejecutivo y le permiten justificar -bajo ciertas condiciones- la subordinación del Ejército al Poder Ejecutivo. Así, el conflicto fronterizo, además de contribuir a legitimar la polémica candidatura a la reelección de Ortega -conocida y discutida desde finales de 2009-, le permitió justificar cambios institucionales de largo alcance.

LAURA CHINCHILLA:
ASCENSO Y DECLIVE

En Costa Rica, el conflicto fronterizo tomó forma seis meses después de que la Presidenta Laura Chinchilla iniciara su gestión. Chinchilla obtuvo un 46.78% de los votos válidos, 5.86% más votos que los obtenidos por Óscar Arias en las elecciones de 2006. La diferencia de votos de Chinchilla con respecto a Ottón Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana, quien ocupó el segundo lugar, es la más alta después de los resultados de las elecciones presidenciales de 1953 y 1982.

Sin embargo, conflictos al interior de su partido -el intento de aumentar el salario a los diputados, el nombramiento del Canciller y la temprana candidatura de Rodrigo Arias Sánchez, hermano del ex-Presidente Arias, entre otros-, así como una serie de demandas y movilizaciones sociales -la lucha contra la explotación minera a cielo abierto en Crucitas, las deficiencias de la construcción de la autopista a Caldera, la resistencia a la privatización de los muelles en Limón, las protestas de estudiantes universitarios y vendedores ambulantes- convirtieron los primeros meses de gestión presidencial de Chinchilla en un escenario difícil de descifrar, continuando hasta hoy las disputas, tanto al interior del gabinete como con sectores del partido gobernante y la oposición.

En julio de 2010, a pocos meses de haber iniciado su gestión presidencial, una encuesta de la empresa Unimer reportaba que un 74% de la población encuestada consideraba que la Presidenta Chinchilla tenía el liderazgo necesario para dirigir el país. En marzo de 2011, el reconocimiento del liderazgo de la Presidenta disminuyó a un 58%. Ante la pregunta ¿cuál es el principal logro de Chinchilla?, el 46% de las 366 personas que respondieron señaló el buen manejo del conflicto por Isla Calero, como suele llamársele en Costa Rica al conflicto fronterizo.

Sin embargo, después de mayo de 2011, cuando el conflicto fronterizo dejó de constituir tema en los medios de comunicación y ya se había inaugurado el nuevo Estadio Nacional con apoyo del gobierno de la República de China, evento en el cual la Presidenta procuró la mayor exposición pública posible, sólo un 14% de los encuestados estimaba que la mandataria tenía la conducción del gobierno.

Planeado o no, el conflicto en torno al río San Juan redituó políticamente a la Presidenta Chinchilla, pues colocó las tensiones hacia afuera en una coyuntura en que las principales fricciones y conflictos políticos estaban en el mismo partido gobernante, incluido el papel del ex-Presidente Arias, quien incluso declaró: “Laura Chinchilla es honesta, pero no es firme, es gelatinosa, blandengue y malagradecida”.

“LA MÁS GRAVE AFRENTA”

En las celebraciones del 11 de abril, fecha en que Costa Rica rememora la Batalla de Rivas, ocurrida en Nicaragua, en la cual tropas costarricenses encabezadas por Juan Santamaría derrotaron a mediados del siglo 19 a las fuerzas de William Walker al mando de filibusteros del sur esclavista de Estados Unidos, la Presidenta manifestó en su discurso: “¡Qué ironía la de la historia, que del mismo país donde Juan Santamaría ofrendó su vida para defenderlo, llegaron ahora nuevas botas filibusteras a ultrajarnos! Nuestro héroe no murió para que la más grave afrenta contra nuestra soberanía que hemos vivido en nuestra historia, viniera del mismo país que él defendió con su sacrificio”.

A pesar de la crítica que varios sectores y actores políticos señalaron por la comparación expresada por la Presidenta, ésta no pareció registrar los riesgos en los que incurrió al asimilar el conflicto actual a la Batalla de Rivas. Ignoró que en Nicaragua también se celebra el 14 de septiembre una efeméride semejante, la Batalla de San Jacinto, en que también se recuerda
la derrota de los filibusteros.

NICARAGUA: UN ENEMIGO

Varios miembros del gabinete de la Presidenta Chinchilla también externaron consideraciones que despertaron numerosas reacciones adversas. Unos meses antes de dejar su puesto como Canciller, René Castro concluyó: “El ser pacifistas está en el alma costarricense, pero fuerzas externas nos están obligando a considerar posturas históricas nuestras”, declaración que incluso en enero de 2012, un año después, continúa despertando comentarios que ya suman 154 en la edición digital de “La Nación”. Castro detalló que el cuerpo policial costarricense podría ser semejante a los Carabineros de Chile. Cuando la Presidenta Chinchilla sugirió que incluso sería necesario “un impuesto para la seguridad nacional”, el entonces Canciller Castro aclaró: “La idea original es mía”.

Enrique Castillo, quien reemplazó a Castro como Canciller, de quien se hubiese esperado una estrategia menos confrontativa, manifestó en sus primeras declaraciones a la prensa: “Yo creo que tenemos que considerar al gobierno de Nicaragua como un enemigo mientras sigan usurpando”. Una actitud semejante manifestó Daisy Corrales, nueva Ministra de Salud de Costa Rica, quien en su primer día de funciones declaró a los medios de comunicación que la atención a personas migrantes es uno de los factores que explican las dificultades financieras de la Caja Costarricense del Seguro Social, posiblemente uno de los temas más complejos de la administración Chinchilla durante el año 2011. En uno de los pocos temas en que el gabinete de la Presidenta Chinchilla y la Ministra parecen tener una perspectiva compartida es en el de convertir el conflicto fronterizo con el gobierno de Nicaragua en un asunto de “seguridad nacional”.

“NO AGRAVAR LA DISPUTA”

Al igual que ocurrió diez años antes, el conflicto por el dragado del río San Juan llevó nuevamente a la CIJ la disputa. La tesis que Costa Rica alega, según la Corte es “su derecho a afirmar soberanía sobre toda la isla Portillos y sobre el río Colorado y, por otra parte, su derecho a proteger el ambiente en esas áreas sobre la que es soberana”.

Nicaragua, por su parte, alega que “tiene título de soberanía sobre la parte norte de isla Portillos, es decir, el área de humedal de unos tres kilómetros cuadrados entre la ribera derecha del caño disputado, la ribera derecha del río San Juan hasta su desembocadura en el mar Caribe y la laguna Harbor Head (de aquí en adelante “territorio en disputa”), y argumenta que el dragado del río San Juan, sobre el que tiene soberanía, sólo tiene un impacto insignificante sobre el flujo del río Colorado, sobre el que Costa Rica tiene soberanía”.

El gobierno de Costa Rica solicita que Nicaragua “(1) no estacionará tropas u otro personal alguno, (2) no emprenderá la construcción o ampliación de un canal, (3) no talará árboles o eliminará vegetación o suelo, (4) no descargará sedimentos”.
Frente a estos alegatos y a la solicitud de medidas cautelares por parte del gobierno de Costa Rica, en marzo de 2011 la CIJ “solicita a las partes abstenerse de enviar o mantener en el territorio en disputa, incluyendo el caño, a cualquier personal, ya sea civil, de policía o de seguridad; autoriza a Costa Rica, en ciertas circunstancias especiales, a despachar personal civil encargado de la protección del ambiente; y ordena a las partes no agravar ni ampliar la disputa ante la Corte o dificultar su resolución”.

Se trata de una primera resolución, en la que se advierte el énfasis de la Corte en prevenir una escalada del conflicto. Más que atribuirse un triunfo, algo que ambos gobiernos se atribuyeron, lo resuelto es un primer paso que posiblemente sólo puede ser secundado por una agenda de desarrollo en la que la perspectiva bilateral y regional sea determinante, porque, con o sin conflicto, a ambos lados de la frontera están situados los municipios más pobres de ambos Estados, que mantienen en diferentes escalas y dimensiones relaciones de interdependencia.

DESARROLLO:
EL GRAN AUSENTE

Un mes después de la resolución de la CIJ, la cual tendrá que resolver sobre el fondo de la causa interpuesta por el gobierno de Costa Rica, se produjo un primer encuentro de representantes de ambos gobiernos. Inicialmente, la reunión iba a ser conducida por los respectivos cancilleres, pero al final fueron los vicecancilleres los funcionarios de más alto nivel que participaron, lo cual evidenció las tensiones y dificultades imperantes. En general, no hubo preparación para consensuar los términos del encuentro. Se pudo haber iniciado en un tercer país e ir acercándose a la zona en disputa. Proceder al contrario condujo a que incluso se tuviera que cortar la malla que separa los territorios de ambos Estados en la frontera norte de Costa Rica para iniciar el encuentro.

Los temas de seguridad y narcotráfico constituyeron la agenda de la reunión, mientras que la palabra “desarrollo” fue la ausente del evento. La principal conclusión fue continuar el diálogo en Guatemala con la participación de los viceministros de seguridad de ambos países. Irónicamente, en 1886, cuando hubo una escalada similar de tensiones entre ambos gobiernos, se convocó a una reunión también en Guatemala, pero en aquella oportunidad fueron los cancilleres quienes acudieron a la cita.

INICIATIVAS QUE FALTAN

Junto a un vacío de contenidos no ha habido condiciones para integrar a otros actores a una mesa de negociación más plural. La distensión pasa por convenir el diálogo y la discusión entre responsables y profesionales de los medios de comunicación,
pues a menudo son éstos los que más incentivan el conflicto.

De igual importancia podría ser invitar al empresariado, un sector que en términos prácticos se sostiene y lucra de la interdependencia entre ambos Estados, en cuanto a mano de obra y en cuanto a comercio de exportación, tanto porque Centroamérica es el segundo destino de las exportaciones costarricenses, como porque Nicaragua no tiene puerto de salida al Atlántico y requiere de exportar por el puerto de Limón en Costa Rica. Durante las semanas de mayor tensión, se mencionó extraoficialmente la posibilidad de un rompimiento de relaciones diplomáticas de Costa Rica con Nicaragua, pero al parecer fue una importante empresa asentada en Costa Rica la que disuadió de tal medida al gobierno de Laura Chinchilla.

El período más álgido de la crisis y del conflicto evidenció la ausencia de iniciativas ciudadanas y académicas a ambos lados de la frontera, capaces de trascender la retórica confrontativa. Hacia finales de 2010, la rectora de la Universidad de Costa Rica, Yamileth González García, invitó a rectores y rectoras de las Universidades de Nicaragua a un encuentro en Costa Rica, a fin de contribuir a una salida negociada. Esta importante iniciativa no cristalizó en un esfuerzo sostenido.

LA POLÉMICA CARRETERA

En marzo de 2011, la Presidenta Chinchilla y su Ministro de la Presidencia publicaron un decreto de emergencia en el periódico oficial “La Gaceta” estableciendo condiciones de excepcionalidad para la construcción de una carretera de 170 kilómetros a lo largo del tramo del río San Juan que sirve de límite entre Nicaragua y Costa Rica.

Con una inversión inicial de 40 millones de dólares se puso en marcha un proyecto que ha despertado críticas entre grupos ambientalistas de ambos países. La principal crítica gira en torno a que el decreto de emergencia eximió al gobierno de Costa Rica de realizar estudios de impacto ambiental y otro tipo de estudios previos. Se ha señalado que la proximidad de la carretera a la margen del río plantea, al menos, dos reservas. Una, que la carretera se construye en una franja inalienable, es decir, no habilitada para la construcción, ya que toda obra tiene que retirarse una cierta cantidad de metros del cauce de un río, sobre todo cuando se trata de un río internacional cuya soberanía corresponde al país vecino, como es el caso del San Juan. La otra reserva, mencionada con frecuencia, es que en casos de desbordamientos, producidos por procesos de sedimentación y un deficiente manejo de cuencas, podrían ocurrir daños cuantiosos en una zona muy frágil y de gran riqueza de biodiversidad.

El 22 de diciembre de 2011 el gobierno de Nicaragua presentó una demanda contra el Estado de Costa Rica en la Corte Internacional de La Haya, sumando ya el tercer caso presentado en menos de siete años. Las principales consideraciones expuestas por Nicaragua se refieren al daño ambiental producido por la construcción de esa carretera. Por su parte, el gobierno de Costa Rica ha reiterado que la carretera integrará comunidades aisladas durante años de centros de población, con lo cual se mejora su calidad de vida. Si bien se trata de un objetivo razonable, permanece la duda de si la proximidad de la carretera al cauce del río tiene alguna justificación.

Grupos ambientalistas nicaragüenses presentaron una acusación por este caso a la Corte Centroamericana de Justicia, cuya jurisdicción no es reconocida por el Estado costarricense. La CCJ dictó una orden dirigida a suspender las obras.

Durante el año 2012 trascendió que contratistas reclutados por el costarricense Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) habrían dado dádivas a funcionarios de esta institución. También se divulgó que algunas de las empresas contratadas para la construcción no habían realizado los trabajos para los cuales habían sido contratadas. Estas situaciones están siendo conocidas por el Ministerio Público de Costa Rica. También se difundió que no hubo un trazado de la vía, que es equivalente en longitud a la distancia que separa la ciudad de San José del puerto de Limón. Se presume también que podría haber existido contrabando de los árboles maderables derribados para la construcción.

LA “NACIONALISTA” TROCHA

En su conjunto, se trata del proyecto de mayor inversión económica de la administración Chinchilla, con el cual la Presidenta parece haber confiado dejar su impronta en el país. Lo denominó “Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras”, apropiándose del simbolismo de la guerra de 1856 contra los filibusteros. Junto a la búsqueda de una impronta, la referencia a la guerra de 1856 parece haber sido una estrategia para proyectar las numerosas dificultades que ha experimentado frente a un “enemigo externo” calificado como “amenaza”.

A pesar de este esfuerzo, las múltiples irregularidades detectadas en la construcción de la carretera parecen haber convertido esa amenaza externa en un nuevo conflicto interno. De nuevo la retórica nacionalista es responsable de un enorme desperdicio de recursos públicos y no resuelve la conflictividad que ha acompañado al gobierno de la Presidenta Chinchilla.

Independientemente de la impronta nacionalista que se le ha pretendido endilgar, la “Ruta 1856” se sigue conociendo en Costa Rica como “la trocha”. Y mientras esa vía se abría, muchos niños y niñas nicaragüenses se aprestaban a iniciar el año escolar 2012 en instituciones costarricenses. El Estado nicaragüense ha sido históricamente incapaz de crear condiciones de vida dignas para las comunidades fronterizas y las disputas en torno a la soberanía de la frontera es un asunto que adquiere notoriedad en las capitales de ambos países, aunque no en los territorios en disputa.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS

Este conflicto fronterizo ha tenido como una de sus principales consecuencias el asumir que las discrepancias entre gobiernos se representan como disputas entre sociedades. Esta simplificación llama a “cerrar filas”, a manifestar “nuestro repudio”. Se legitima así la imagen de que la xenofobia es generalizada y de que la solidaridad, el respeto, así como las familias binacionales, entre muchas expresiones de vínculos, no existen. No es cierto: incluso en los días y semanas de mayor tensión la vida en las comunidades de la frontera no cambió mayormente. Miles de familias tienen parientes a ambos lados de la frontera y, sin duda, al menos para el caso de Costa Rica, el conflicto escalaba más en el centro del país que en la frontera misma.

En este contexto, y sobre todo hacia el final de año, cuando miles de nicaragüenses residentes en Costa Rica viajan a Nicaragua para compartir con parientes las fiestas, el miedo se apoderó de miles. Decidir si viajar o no y el temor a ser deportados fueron temas frecuentes durante diciembre de 2010. El gobierno de Costa Rica tardó en nombrar embajador en Nicaragua y a este retraso hay que sumar una muy débil participación de Costa Rica en las instancias de integración regional, como el Sistema de Integración Centroamericana o las Cumbres Presidenciales, a las cuales la Presidenta Chinchilla apenas había asistido, hasta febrero de 2012, a una de las cuatro celebradas durante su administración.

LA URGENTE AGENDA BINACIONAL

En términos generales, la política exterior del gobierno de la administración Chinchilla ha carecido de iniciativas estratégicas, sobre todo en el contexto de la crisis económica internacional, que, sin duda, implica la reducción de la cooperación internacional y el priorizar proyectos regionales.

En términos de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, orientados a fortalecer políticas de interculturalidad, el conflicto fronterizo significa un gran retroceso. La hostilidad y la xenofobia vuelven muy difícil el reconocimiento de las múltiples interdependencias entre ambas sociedades, tanto en las regiones fronterizas como en lo que respecta a la relación entre la comunidad migrante nicaragüense y la sociedad costarricense.

Iniciativas de promoción de derechos deberán esperar mejores tiempos. El escenario internacional tampoco es el más favorable para promover y legitimar una agenda binacional. La omnipresencia del tema de la inseguridad se convierte en una suerte de encuadre interpretativo del conflicto, desde el cual los retos de las regiones fronterizas se reducen al narcotráfico y al crimen organizado. Necesidades insatisfechas -educación, salud, empleo y vías de comunicación- no aparecen en las agendas gubernamentales. Ni tampoco, lo que parece ser aún más desfavorable, terminan de decantar iniciativas ciudadanas capaces de poner en discusión otras prioridades para colaborar con el protagonismo de las comunidades en nombre de las cuales se reivindica una soberanía que no se traduce en bienestar para ellas.

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). PUBLICADO ORIGINALMENTE EN EL NÚM. 38 DE 2012 DEL ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS DE LA UCR. EDICIÓN DE ENVÍO.

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