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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 368 | Noviembre 2012
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Guatemala

Totonicapán: la primera masacre después de la paz

El 4 de octubre, en Totonicapán, en una zona estratégica geográficamente, en una zona con una organización indígena territorial muy organizada, el ejército disparó contra una manifestación de pobladores que reclamaban por una causa justa. Ésta es la crónica de los acontecimientos, éste el contexto histórico y político, éstos los mensajes y las lecciones que deja este conflicto.

Ricardo Falla

El miércoles 3 de octubre estaba en Quetzaltenango, a una hora de Totonicapán, dando un taller de liderazgo maya a jóvenes indígenas. Había gentes de Totonicapán que nos alertaron que habría una manifestación el día siguiente. Tuve que dormir en Quetzaltenango, porque la manifestación había interrumpido el paso en un nudo de comunicaciones llamado Cuatro Caminos.

COMO EN LOS TIEMPOS
DEL CONFLICTO ARMADO

Al día siguiente me enteré de las noticias. Había habido muertos y el Ministro de Gobernación, Teniente Coronel Mauricio López Bonilla, junto con el Ministro de la Defensa, General Ulises Anzueto, declaraban, con la seguridad acostumbrada de que nadie los contradiga, que el equipo que llevaba la policía y el equipo de reserva del ejército era de “armas no letales” y que los heridos se debían a “enfrentamientos tumultuosos”. Daban a entender que las muertes las provocaron los mismos manifestantes. Aducían que la mayoría de campesinos heridos presentaba señales del uso de machetes. Los manifestantes eran presentados como “turbas” peligrosas. Aunque no tenía información para contradecirlas, estas versiones me recordaron inmediatamente los partes del ejército en los tiempos del conflicto armado cuando cometían una masacre de civiles.

El Presidente de la República llamaba a la calma, pero cambiaba los hechos. “Por favor, por favor, tengan calma, aquí estamos nosotros con los líderes desde las 8 de la mañana”. Pero no era cierto, porque no recibió a los dirigentes de la manifestación que le llevaban el pliego de demandas a la capital sino hasta después de que hubo muertos,
en la tarde. La mentira del Presidente no quedaría al desnudo sino hasta el día siguiente.

Logré entonces comunicarme con alguien que en Totonicapán había estado en Cuatro Caminos, pero no en la cumbre de Alaska, donde ocurrió la masacre. Me dijo que cerca de Cuatro Caminos había estado la Policía Antimotines (FEP: Fuerzas Especiales de la Policía), pero no había habido muertos. Los muertos eran de la cumbre. Me decía que la gente que había participado en la manifestación en la cumbre y los heridos en el hospital decían, sin duda alguna, que había sido el ejército el que había disparado contra ellos. También me mencionó que un helicóptero militar había dado vueltas, primero sobre los manifestantes en Alaska y después sobre los de Cuatro Caminos, tirándoles bombas. Me reclamó que por qué no le había contestado el celular cuando me llamó como a las 3 de la tarde. Él y otros dirigentes en Cuatro Caminos estaban preocupados cuando se enteraron de lo que sucedía en la cumbre, y hacían llamadas para ver cómo acceder al gobierno a través de terceros para detener la masacre. Pero esas llamadas no quedaron registradas en mi celular, lo que nos hizo pensar que en ciertas áreas muy focalizadas hubo intervención para cortar o confundir las llamadas, como sucedió en San Félix, Chiriquí (Panamá) cuando los ngobes cortaron la carretera interamericana en enero 2012.

EL LUGAR DE LA MASACRE

¿Dónde ocurrieron los hechos? Desde la capital de Guatemala viene hacia el occidente la carretera interamericana, que llega hasta la frontera de México. Es ondulante porque atraviesa mucha montaña y terrenos quebrados, casi todo territorio indígena de estirpe maya. Hacia el kilómetro 160 deja a un lado un pueblo enorme que se llama Nahualá, que tiene muchos emigrantes en Nueva York, y trepa, siempre con mucha curva, hasta la cumbre que llaman Alaska, de poco más de 3 mil metros sobre el nivel del mar. Antes de cruzar la cumbre hay un desvío a la derecha, que se dirige a Santa Catarina Ixtahuacán La Nueva, otro pueblo kiché, y que baja a Totonicapán. En ese lugar del desvío se dio el bloqueo de Alaska. Ese lugar fue el escenario de la masacre.

Cuatro Caminos es eso: un cruce de caminos. Gran parte del poder de la famosa organización de Los 48 Cantones de Totonicapán es que está cerca de Cuatro Caminos y tiene capacidad organizativa para tomar ese punto y bloquear las salidas. Tomando ese lugar estratégico tiembla el país: es como si le apretaran una arteria que va al corazón.

“OTTO PÉREZ ACESINO”

El 5 de octubre, sabiendo lo ocurrido, agarré la moto y me dirigí a Totonicapán muy de mañana, para ver a los sacerdotes de la parroquia y a alguna gente amiga. Ya estaban velando a los seis muertos. Había un clima crispado de profundo dolor y a la vez de indignación. La tapa de los ataúdes estaba descubierta. Varios tenían los ojos abiertos. Era gente del campo, como de 35 años. Parecían vivos.

Cuando ya me iba de Toto, me detuve en el parque frente a la Municipalidad. Allí está la estatua de Atanasio Tzul. Venía un grupo de jóvenes con un par de mantas. Se subieron al monumento y le pusieron una tela negra a Atanasio, como capa. Ciertamente, Totonicapán estaba de luto. También era un polvorín. Cualquier chispa podía desatar una reacción. Me dijeron que algunos querían quemar la municipalidad, pero la cordura y la organización de las autoridades comunales los frenó.

Entre la Municipalidad y Los 48 hay una relación tensa, en esos momentos tensada al extremo, porque aunque paradójicamente buena parte del pueblo de Totonicapán había votado por el Alcalde del Partido Patriota, el partido gobernante, ahora Otto Pérez Molina, el Presidente, de ese partido, los había asesinado. Ésa era la interpretación
de los hechos en las dos mantas que colocaron al lado del monumento. Decían: “Otto Pérez Acesino” y “Mauricio López Bonilla Acesino”.

Atanasio Tzul es el lider histórico de Totonicapán. Junto con Lucas Aguilar se rebeló contra el pago de los tributos
y los servicios eclesiásticos en 1820 y se declaró Rey de Totonicapán y de los pueblos vecinos un año antes de la Independencia de la República de Guatemala. Es un símbolo de la resistencia de los kichés de Totonicapán.

UNA FOTO REVELADORA

La masacre impactó al país y la progresiva revelación de lo que había acontecido le dio a la noticia un interés y una continuidad que pocas noticias tienen. ¿Quién decía la verdad? ¿Quién mentía? ¿El gobierno ocultaba la realidad? Todos estábamos al tanto de quién decía qué cosa y si lo que decía era desmentido por la evidencia.

Al día siguiente de la masacre, se presentó, en algunos rotativos una fotografía que tuvo un impacto enorme. En ella, un soldado empuña “un arma letal”, un fusil Galil, en postura de disparo y en el lugar de los hechos, como se podía comprobar por las vallas de propaganda al fondo y por el terreno arenoso donde se dió el enfrentamiento. Una evidencia de que el Ministro de Gobernación, flanqueado por el Ministro de la Defensa, había mentido el día antes.

“Prensa Libre”, un periódico conservador que ha estado protegiendo la imagen del Presidente, un ex-militar, no pudo menos que sacar la foto, cuya fuente era la agencia EFE. Si no la sacaba se quedaba atrás de “El Periódico”, que la puso en portada. Algún periodista logró colar como pie de foto esto: “Un soldado empuña un fusil, a pesar de que las autoridades afirmaron que no iban armados”.

“DISPARARON AL AIRE”

El 5 de octubre los cadáveres de los seis muertos fueron velados en la sede de Los 48, luego llevados ante el monumento de Atanasio Tzul y despedidos en el parque San Miguel para después ser enterrados en los cementerios de sus comunidades.

La lucha por la verdad en los medios de comunicación proseguía. Todo el mundo (“Controversia en todo el país”, decía “Prensa Libre”) estaba pendiente de la versión del gobierno. En conferencia de prensa el Presidente Pérez Molina afirmó: “Siete soldados aceptaron que ellos dispararon al aire”. Ése era el punto clave de su versión: los soldados
sí iban armados, lo que contradecía la declaración del Ministro el día antes. Pero los excusaba: dispararon al aire.

El relato del Presidente avalaba como cierta una versión de los acontecimientos: que la violencia se había desencadenado cuando un guardia de seguridad privada de un camión cargado con cemento le había disparado a la gente que se manifestaba. Y que los siete soldados que dispararon, entre los diez que iban armados, lo habían hecho “porque temieron por su vida, pues al conductor del camión no lo dejaban bajar y el camión estaba ardiendo. Dispararon porque estaban diciendo que los iban a quemar”.

Hasta el momento en que escribo -un mes después de la masacre-, el Ministerio Público (MP) no había publicado exactamente cómo comenzó el ejército a disparar sobre la gente y qué responsabilidad tuvo ese guardia privado. Lo que llamó la atención fue la frescura con que el Presidente de la República dio declaraciones en momentos tan críticos sin percatarse que el país vive en un momento democrático en el que los medios de comunicación y la opinión pública no se traga cualquier informe y hay celulares con camaritas por todos lados.

Como después se haría evidente que los soldados sí habían disparado a matar, al Presidente se le caería la máscara
y aparecería la violencia y la mentira, no sólo de su régimen, sino de su persona. En medio de la tragedia, hubo muchas personas que se gozaron porque la masacre de Totonicapán le había quitado la máscara a este gobierno, tan cuidadoso de su imagen.

SE CAE LA VERSIÓN

El 5 de octubre, Rigoberta Menchú, muy de mañanita, alumbrada por el sol de la cumbre, recogió en el lugar de los hechos casquillos calibre 5.56, los que usa el Galil. Los entregó al Procurador de los Derechos Humanos, que reiteró que el MP era la institución que debía esclarecer los hechos.

El MP no se había presentado al lugar de los hechos a reconocer los cadáveres cuando la gente se los llevó.
Así, “la escena del crimen” quedó viciada, lo que permitió a Rigoberta encontrar todos los casquillos.

Los medios de comunicación se hicieron presentes en el lugar el 5 de octubre. “El Periódico” obtuvo testimonios de personas que afirmaban que hubo heridos que tenían disparos en las piernas. Un herido dijo que creyó que se trataba de disparos al aire, pero se dio cuenta que no era así al ver sangre en su pantalón y sentir que ya no podía correr.
Ya ese día el Presidente de la República decidió que el MP investigara los hechos y permitió, cosa nunca vista, que el MP entrara a la Guardia de Honor a hacer entrevistas y que los fusiles de los soldados fueran embalados
y entregados al MP para la investigación balística.

Al día siguiente, sábado 6 de octubre, machacando el efecto de la famosa fotografía, “Prensa Libre” publicó otra foto, ésta aumentada y de la agencia AP, del mismo soldado en la misma posición de combate y con el dedo en el gatillo. Evidenciaba por su uniforme que el soldado era un antimotín, quien, por esto, no debía ir armado. A estas alturas, la versión presidencial de que los soldados habían disparado al aire ya era ridícula.

“UNA INVESTIGACIÓN CREÍBLE”

El 5 de octubre nos llamó el Decano de la iglesia del departamento de Totonicapán, padre Luis Gregorio Bautista Gómez, párroco de Momostenango, quien coordina a los párrocos de la zona pastoral de Totonicapán. Nos invitó a una reunión en Totonicapán el sábado 6 para ver qué iba a decir la Iglesia católica local ante los acontecimientos. Nuestro pronunciamiento se leería el domingo en todas las parroquias del decanato y nuestra posición llegaría a todo el Arzobispado de Los Altos y más allá.

En el texto decíamos entre otras cosas: “Los sacerdotes de la zona pastoral de Totonicapán, ante los trágicos sucesos acaecidos el pasado jueves 4 de octubre que trajeron como consecuencia al menos 8 personas fallecidas y un número mayor de heridos… Acompañamos sinceramente en su dolor a los padres y madres, a los hijos e hijas de los muertos y pedimos para ellos la ayuda que están necesitando y urgimos a nuestras autoridades nacionales y cantonales que se hagan presentes con la ayuda que en justicia les debemos… Exigimos una investigación creíble y no plagada de contradicciones como las que hasta este momento han sido la versión oficial del gobierno: “iban desarmados… dispararon al aire, etc.” Denunciamos la responsabilidad del gobierno en esta masacre por enfrentar una manifestación ciudadana con soldados armados. Éste es el fondo de la cuestión. Y prevenimos que no se vaya a culpar solamente a personas particulares, como un agente de seguridad o soldados en lo individual, que resulten siendo chivos expiatorios para excusar al gobierno de la progresiva militarización a la que se está llevando al país. Y pedimos a nuestras autoridades políticas y judiciales que sean honrados y valientes al descubrir
y castigar como es debido a los culpables. El pueblo lo necesita y lo está pidiendo a gritos”.

“Llamamos la atención de que no sólo se trata de un hecho coyuntural sino de una política de Estado respaldada
por grupos de poder que discrimina a los pueblos indígenas y no atiende con respuestas concretas a sus necesidades básicas. Defendemos el derecho de los 48 cantones a manifestarse para ser oídos y atendidos prontamente en sus demandas siempre que esa manifestación responda a los intereses de sus bases, sea pacífica y no exponga a su gente a la muerte...”

UNA POLÍTICA DE PROGRESIVA MILITARIZACIÓN

“El fondo de la cuestión” era ése: el gobierno enfrentaba una manifestación ciudadana con soldados armados. ¿Fueron atacados primero, cómo dispararon, recibieron la orden de un alto mando para atacar? Ésas eran circunstancias importantes, pero no eran el fondo de la cuestión. Por eso, ya ese día, cuando ya se habían iniciado las investigaciones del MP, temíamos que se fueran por las ramas, culpando a “chivos expiatorios” para dejar libres de responsabilidad a los diseñadores de la política del actual gobierno, de progresiva militarización. Más responsables que tal o cual soldado que hubiera disparado, y aun si el responsable hubiera sido el jefe de la tropa, eran responsables los gobernantes, incluyendo al Presidente de la República. Ni siquiera son los militares que ahora están en este gobierno los que han diseñado la estructura estatal que discrimina a los pueblos indígenas. Ellos son representantes de esa estructura socioeconómica, dirigida por grupos de poder que exigen guardianes armados que les saquen las castañas del fuego y defiendan sus intereses.

El Decreto 40-2000, que permite que “las fuerzas de seguridad civil podrán ser apoyadas en sus funciones de prevenir y combatir el crimen organizado y la delincuencia común” (art. 1) data del 7 de junio de 2000, cuando Alfonso Portillo era Presidente de la República y el ex-Jefe de Estado golpista, General Efraín Ríos Montt, era presidente del Congreso.
Pero se estableció para “combatir el crimen organizado y la delincuencia”, no las manifestaciones pacíficas, aunque bloqueen carreteras. El bloqueo de carreteras no es producto ni del crimen organizado ni de la delincuencia, a no ser que se retuerza la ley.

“NO ES UNA GUERRA,
ES UNA MANIFESTACIÓN”

En el fin de semana, 6 y 7 de octubre, el Presidente Pérez Molina no figuró de manera pública, aunque en la noche del domingo 7 pasó un mensaje televisivo pidiendo respeto a la ley y a las autoridades. Ya el lunes 8 de octubre se lanzó a recuperar su imagen maltrecha ante la comunidad internacional. El canciller Harold Caballeros le preparó la reunión con los embajadores. El Presidente se presentó rodeado de su equipo pesado. A la derecha, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el Comisionado nacional para el diálogo, Miguel Angel Balcárcel; y el Comisionado presidencial para el desarrollo rural, Adrián Zapata. A la izquierda, el Canciller Caballeros; y el Secretario de la paz, Antonio Arenales.

Los diplomáticos le cuestionaron el uso del ejército en el desalojo. Y el embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, le dijo que no es el papel del ejército actuar en esas situaciones. Y el embajador de Israel, Eliahú López: “No es una guerra, ni un conflicto armado, es una manifestación donde se debe tener capacidad de manejarla”. Añadió que los soldados no tienen capacidad de mediar en conflictos sociales. El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Guatemala enfatizó que “el riesgo de mantener fuerzas militares en tareas de seguridad pública es altísimo”.

El Presidente respondió con una promesa generosísima, pero retórica y vaga: “Los protocolos que tengamos que revisar, los vamos a revisar. Los procesos de seguridad que tengamos que revisar, los vamos a revisar. Los cambios que tengamos que hacer, los tenemos que hacer”. Y queriendo hacer a un lado el fantasma de la guerra, que lo persigue, dijo: “La comunidad internacional sabe que nosotros no combatimos. No fue un hecho pensado. Sabe que no es nuestra política, sabe que hemos tenido 338 desalojos en 270 días y es la primera vez que hemos tenido un lamentable accidente”.

Se comprometió a revisar los protocolos de seguridad, incluida la participación del ejército en esos casos, pero no se comprometió a excluir desde ya la participación del ejército. Y de hecho, no cumplió su palabra, porque cinco días después, el 13 de octubre, los comunitarios de la aldea Los Laureles, en el municipio de La Libertad, Petén, retuvieron a 21 soldados, 2 oficiales y 5 policías exigiendo que cesara el patrullaje combinado de estos efectivos.

¿QUÉ SON OCHO MUERTOS?

En la reunión con el cuerpo diplomático la intervención del Canciller resultó el hazmerreír de toda Guatemala. Las cosas que llevan al ridículo son las que Guatemala mejor asimila y, aun dentro del dolor, las goza. Harold Caballeros dijo: “Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande… Aunque suena muy mal decirlo, todos los días tenemos el doble de muertos que ocho. Entonces, como que tampoco es una llamada de atención tan grande”. Las redes sociales lo criticaron y él respondió con el hígado ese mismo día a las críticas en Twitter llamando a los críticos “burros” y “pendejos”, aunque al día siguiente se disculpó: “Alguien me llamó burro y reaccioné con el hígado. Lo siento. No va a repetirse”.

El Canciller fue añadido a la lista de los Ministros a los que se pedía renunciaran o fueran depuestos por el Presidente.
En carta abierta a los presidentes de los tres poderes del Estado, una larga lista de “estudiantes, académicos, activistas
y todos los indignados e indignadas nacionales y extranjeros” se solidarizaron el 8 de octubre con otras peticiones de organizaciones exigiendo la destitución inmediata de los Ministros de Gobernacion y de la Defensa, responsables últimos de la masacre. El 9 de octubre siete organizaciones campesinas que se concentraron en el parque Totonicapán, convocados por la Convergencia nacional maya Waqib’ Kej, exigieron la destitución de los dos ministros y del Canciller.

A FAVOR DEL GOBIERNO

Casi inmediatamente después del 4 de octubre se fueron presentando en los medios de comunicación opiniones a favor del gobierno. A grandes líneas y con sus variantes, insistían en estas ideas: ¡Calma, calma! Estamos al borde de la anarquía y peligra la gobernabilidad. Los responsables de esta situación son agitadores de izquierda, -llamados a veces “terroristas” y “vándalos”-, que no han asumido su derrota en el conflicto armado y se quieren sacar la espina resucitando los fantasmas del pasado. Necesitan mártires para impulsar su causa y ahora están satisfechos y contentos porque los consiguieron en Totonicapán. Son los causantes del continuo bloqueo ilegal de carreteras, violando el derecho a la libre locomoción, ocasionando pérdidas millonarias para la economía y debilitando la competitividad de la libre empresa. El gobierno -”indolente” le llegaban a decir al Presidente los más radicales- está jugando con fuego y no tiene que tener contemplaciones con ellos. Debe garantizar la libre locomoción, castigar a cualquier guatemalteco fuera de la ley e investigar a los manifestantes de Totonicapán, que se lanzaron a incendiar camiones y a atacar a los soldados. Los soldados no son culpables de los muertos, se defendían de una muerte espantosa, como ser quemados vivos. Se lamentaban profundamente de lo sucedido en la cumbre de Alaska... pero los muertos no son víctimas inocentes, como se lo creen los extranjeros, aliados de esos líderes de izquierda, que incluso pueden llevar en el futuro al Presidente ante tribunales internacionales. Los medios de comunicación tampoco han sido lo suficientemente claros para desenmascarar las posiciones de la izquierda trasnochada.

ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS...

El jueves 11 de octubre, una semana después de los hechos, el MP presentó por fin el esperado resultado de su investigación. Para investigar desplegó 125 fiscales, 50 investigadores y técnicos de escena del crimen de la DICRI (Dirección de Investigaciones Criminalísticas) y 10 analistas de su Unidad de Análisis. Recolectó 108 casquillos, 89 restos de gas lacrimógeno, 11 muestras de sangre, 18 prendas de vestir y 12 Galiles. Utilizó 69 informes periciales del INACIF (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), analizó más de 50 imágenes y videos, recibió más de 150 declaraciones y procesó un kilómetro de la escena del crimen. Lo presentó todo en un power point que voló por Internet.

La investigación explica que al lugar de la concentración llegó el ejército con dos camiones cargados de tropa y un pickup en donde iba el comandante de la operación, el Coronel Juan Chiroy Sal y 6 elementos. En el primer camión iban 36 elementos y en el segundo 47. En total, 90. De ellos iban armados 6 en el pickup, incluido el Coronel, 3 en el primer camión, incluida una mujer, y 4 en el segundo. En total, 13 elementos armados. Los elementos armados van vestidos como soldados en campaña, cargan su fusil y bolsas para las municiones. Los elementos “civiles” van con casco, máscara contra lacrimógenas, hombreras, rodilleras, chaleco antibalas y portan un escudo transparente que les protege casi todo el cuerpo.

Los armados -esto no lo dice el MP- van armados para defenderse a sí mismos, a los “civiles” y a los vehículos. Su instrumento es un arma de ataque “letal”, que mata. Pero van completamente desarmados contra ataques de piedra. Por eso, no es de extrañar que la pobre muchacha del primer camión, que iba armada, saliera herida en la cara. Por eso, no es de extrañar que al ser atacados con piedras y no tener ni escudo ni casco ni chaleco para defenderse, se defendieran con balas. Tal vez dispararon primero al aire, después a las piernas y después a matar. Por eso, la peligrosidad de incluir elemento armado para disolver manifestaciones o desalojar bloqueos. No son aptos para ello, porque no tienen equipo para defenderse de la población civil.

BALAS POR LA ESPALDA
Y POR EL PECHO

Según el informe del MP, entre 9 y 10 de la mañana el contingente de soldados salió de la Guardia de Honor en la capital rumbo a Alaska. A esas horas salieron 80 agentes de las FEP (Fuerzas Especiales de la Policía), en muchos pickups, que llegaron antes que el ejército al lugar. Cuando llegaron los militares, el subcomisario de las FEP les hizo señales para que se detuvieran, pero el Coronel Chiroy, según el MP, no hizo caso y avanzó. Según el reglamento, los militares debían haberse sometido al subcomisario, jefe de la operación conjunta. En la primera audiencia ante el juzgado, el Coronel negó esto, pero el juzgado lo ligó al proceso.

El MP ya no detalla cómo se dio la refriega. Le interesó dar resultados balísticos y le dio más importancia a lo técnico que a lo testimonial. Presentó uno por uno el diseño del curso de las balas en los seis fallecidos. A José Eusebio Puac Barreno y a Santos Nicolás Hernández Menchú, las balas les entraron por la espalda. Probablemente estaban huyendo. Los otros cuatro -Rafael Nicolás Batz Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Arturo Félix Sapón Yax, y Jesús Francisco Puac Ordoñez- las recibieron de frente. Tal vez estaban tirando una piedra, como David a Goliat.

El MP sólo presenta la investigación de estos seis. Sabemos los nombres de otros dos muertos, Domingo Pascual Solís y Jesús Domingo Caniz. El 27 de octubre apareció el cuerpo de un tercero, desaparecido desde el 4 de octubre: Domingo Pablo Puac Vásquez, de la misma comunidad Chi Puac de varios de los seis.

Por la investigación, se dedujo que de 7 de los fusiles salieron disparos. Pero sólo en un caso se pudo probar que había “coincidencia balística”: la bala de qué fusil mató a quién. Lo que quedó claro es que 7 de los 13 elementos que llegaron armados dispararon.

SOLDADOS INDÍGENAS
CONTRA POBLADORES INDÍGENAS

En suma, el MP comprobó fehacientemente la responsabilidad del ejército en la masacre. Los soldados dispararon y mataron con esos disparos. Y el Coronel fue responsable de varios delitos: los principales, no obedecer el alto de la Policía y después abandonar a la tropa.

Con este dictamen, aunque se realizaba una investigación como nunca se había hecho antes de la participación de la tropa en una masacre, se cortaba la cadena de mando hacia arriba, atribuyéndole al Coronel toda la responsabilidad al declararlo desobediente a su superior policial. Conociendo todo el despliegue de esfuerzos que el MP utilizó para la investigación, quedan muchas cosas pendientes.

Es notable que la tropa y el mando que se utilizó para reprimir la manifestación fue de indígenas. Constan sus apellidos. Más de dos tercios de ellos son claramente mayas. El otro tercio, puede serlo, pero sólo por los apellidos no se puede determinar con seguridad. Y el comandante también era indígena.

Por un lado, nos recuerda el conflicto armado, cuando se entrenaba tropa indígena para matar a indígenas, cosa que hoy suele usarse como argumento pretendiendo probar que no hubo genocidio. Y por otro lado, a la hora de deducir las responsabilidades, ¿quiénes son los condenados? Miembros de los Pueblos Indígenas. Así funciona el racismo en Guatemala.

TOTONICAPÁN:
UNA FUERTE ORGANIZACIÓN

Según un comunicado de apoyo de más de 25 organizaciones europeas, canadienses, estadounidenses y guatemaltecas, fundamentado en datos de SEGEPLAN (Secretaría General de Planificación y Programación) de la Presidencia y del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el departamento de Totonicapán se acerca ya a casi medio millón de habitantes con un 97% de población indígena de origen maya.

Es uno de los departamentos con menos homicidios porcentualmente: 6 por 100 mil habitantes en 2011, frente a la tasa nacional de 39 por 100 mil. Algunos analistas han explicado la poca violencia en la región vinculándola con el grado de cohesión local que se ha logrado mantener por la fortaleza que tiene la organización indígena tradicional, una de cuyas expresiones son Los 48 Cantones del Municipio de Totonicapán.

El municipio, que es cabecera departamental, tiene unos 130 mil habitantes, con un 97% de población indígena y un 53% de población rural. Su fuerza estriba en su organización, de raíces indígenas tradicionales, y también en otros factores: el número de habitantes; la mezcla del alto porcentaje de población urbana consciente, estudiada, profesionalmente preparada, que difícilmente se deja engañar, con una población rural, artesana y campesina, que tiene experiencia migratoria en Estados Unidos y ha mejorado su nivel de vida, por ejemplo, con electrodomésticos; el recurso boscoso de sus terrenos comunales; la riqueza hidraúlica de sus cientos de nacimientos de agua -tal vez hasta mil- y de la red de tuberías con las que aprovechan este recurso, le dan mantenimiento y lo defienden a como dé lugar frente a las amenazas de la minería o de las leyes de privatización del agua; finalmente, la cercanía a la carretera interamericana, que en determinados momentos pueden bloquear.

LOS 48: UNA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Aquí, la organización no es de clase social, aunque la mayoría de sus integrantes son pobres. Tampoco es una organización campesina popular con alcance nacional, como el CUC (Comité de Unidad Campesina), ni una organización con la experiencia de nexo con las organizaciones guerrilleras del tiempo de la guerra. Totonicapán núnca sufrió una masacre, como las del Quiché. Es una organización territorial con identidad en la historia de la lucha contra los tributos en 1820, cuando Atanasio Tzul fue coronado como Rey, al mismo nivel que el rey Fernando de España.

Esta territorialidad saca de quicio al gobierno nacional, cuando los indígenas le exigen a los funcionarios venir
a Totonicapán a las negociaciones y no aceptan gente de segunda o de tercera, porque quieren hablar
con “los meros meros”. También son cuestionados por otras organizaciones populares, que comentan que Los 48 sólo luchan por sus cosas.

CON CUATRO LLAVES
Y CUATRO CANDADOS

Para captar el estilo de la fuerza identitaria oigamos lo que nos decía un amigo de Totonicapán: “Los títulos del pueblo... A esos títulos no tiene acceso la población. Se revisan solamente dos veces al año. En Toto decimos que una persona que ha cumplido con su pueblo es la que ha visto los títulos del pueblo dos veces. Porque cuando uno llega a ser alcalde o alguacil, delegado de baño o delegado de recursos naturales, es obligatorio estar presente en la revisión de los documentos del pueblo. Eso se hace en junio y diciembre, antes del cambio de las autoridades. Allí encuentra uno el título de los bosques de los Altos, el título donde está asentada la cumbre María Tecúm, las aldeas Barreneche, La Esperanza, La Concordia, las comunidades Chimente, Tzanixnam, Maktzul, Pachoc, Chomasan, Panquix, Rancho de Teja, Pacapox, Chuicaxtun, Chuipachec... Todas esas comunidades...”

“Entonces, en la bóveda de San Miguel, allí en la auxiliatura, se guardan y se hacen los turnos de 24 por 24, para cuidar esos títulos. Entonces esa bóveda, aunque ya aparentemente lo indígena ya no existe dentro del pueblo, esa bóveda tiene cuatro llaves. Hay cuatro candados. Una llave la tiene el alcalde de la primera quincena, una llave la tiene el alcalde de la segunda quincena, la otra la tiene el presidente de los alguaciles de 48 y la otra el Regidor cuarto”.

Escribí esa palabra, “aparentemente”, en cursiva, porque Toto no es un municipio folclórico turístico. Tiene esa fuerza indígena oculta en sus luchas, tan oculta que observadores superficiales ven en ellos terroristas o turbas desorganizadas.

La autoridad máxima es el Consejo de los 48 Cantones. Es un equipo de 45 personas de 5 Juntas directivas, 9 por cada una. La cabeza visible es la Junta de los alcaldes, “pero las decisiones siempre se toman con las 5 directivas y las 5 asambleas”. Las Juntas directivas son la de los alcaldes, la de los alguaciles de primera quincena, la de los alguaciles de segunda quincena, la de los delegados de baños y la de recursos naturales (agua, bosques...) Cada junta tiene una asamblea de 48. Cuando se juntan las juntas directivas y las 5 asambleas son teóricamente 240 personas, todos con su señal de autoridad, la famosa vara con cabeza plateada, un símbolo antiquísimo de los pueblos mayas, aunque entonces tuviera otra forma. Cuando se reúne la asamblea de autoridades para toma de decisiones importantes, se juntan más de 1,200 personas.

DESPUÉS DE ESA REUNIÓN

Descontentos con el servicio de energía eléctrica, por las alzas de tarifas, porque se va la luz y se les queman los electrodomésticos, porque les cobran alumbrado público sin dárselo, Los 48 comenzaron la negociación “despuesito de Semana Santa” de 2012 haciendo llegar a Totonicapán al Ministro de Energía y Minas, a la representante de la Comisión de Energía Eléctrica y al directivo de la empresa.

La empresa española Unión Fenosa vendió en mayo de 2011 la totalidad de sus acciones al Fondo de Inversiones inglés Actis, y en agosto de 2012 cambió de nombre en Guatemala: de DEOCSA y DEORSA, distribuidoras del occidente y oriente del país, se cambió a Energuate. La reunión fue en el salón de usos múltiples y “yo calculo -me dice alguien- que había aproximadamente 2 mil 500 personas”. Estaba también la corporación municipal y apareció que había una deuda de la municipalidad con Unión Fenosa. La gente no se aclaró dónde se había perdido el dinero que ya habían pagado, si se lo había robado el Alcalde municipal o Unión Fenosa. La reunión no dio frutos. Se tuvo una segunda y una tercera reunión. Pero ya en la última los altos jefes mandaron representantes. Entonces, Los 48 “les dijeron a los representantes. Señores, el negocio no es con ustedes, sino con sus jefes. Con ustedes no vamos a negociar. O vienen sus jefes o hasta que nos confirmen que van a venir ustedes pueden irse libres”. Y los retuvieron.

Presentaron una denuncia contra Los 48, pero llamaron a sus jefes, que prometieron llegar a los ocho días. Sin embargo, no llegaron. Toda la gente se fue molesta y más molesta cuando no llegaron los jefes. Así fue como “la asamblea de los 2 mil y fracción de gentes tomó la decisión de llevar un petitorio a Guatemala y para que les atendieran decidieron bloquear la carretera”. Todavía “se hicieron asambleas comunitarias en donde se preguntó: ¿Vamos a tapar la carretera o no vamos a tapar la carretera?”. Así se tomó la decisión.

“LEVANTAMIENTOS” DE LOS 48

El petitorio, además de la mejora de la energía eléctrica, incluía otros dos puntos: rechazo a la reforma educativa que añade dos años a la carrera de maestros y rechazo a las reformas constitucionales, que incluyen un articulado sobre los pueblos indígenas que despierta desconfianza. En los últimos años las principales luchas de Los 48 Cantones frente
al Estado han sido cinco o seis. Siempre sucedieron enviando una delegación a Guatemala y haciendo un acto
de presión en la carretera. El primer “levantamiento” en la época democrática fue en tiempos del Presidente Vinicio Cerezo (1987), cuando se modificó la ley del IVA (impuesto de valor agregado) y la gente de Toto se metió a la Administración de Rentas, sacó los formularios de pago de impuestos y los quemó. Pero el IVA es un impuesto que automáticamente viene incluido en todos los artículos de consumo y no necesita formularios. El segundo levantamiento ocurrió después de la firma de la paz en tiempos del Presidente Arzú, cuando se aprobóla ley del IUSI (impuesto único sobre inmuebles).

Otra vez reclamaron en 2001por el IVA, cuando lo subieron del 10% al 12%. El Estado decretó entonces estado de sitio en todo el departamento, aunque sólo la cabecera se involucró en la protesta. “La protesta, igual que ahora, era pacífica, pero alguien la agarró en contra de los diputados y le quemaron la casa al alcalde. Buscaron la casa de los funcionarios municipales que lamentablemente han estado vinculados al Partido que siempre ha estado haciendo las modificaciones.” El alcalde era Edgar Arévalo y el diputado Iván Arévalo. Los dos hermanos (no indígenas) han estado gobernando los últimos veinte años en Totonicapán. Se muestra así la tensión entre la autoridad municipal y la autoridad consuetudinaria. A la vez se ve de dónde le viene a Los 48 su principal debilidad. Le viene de la autoridad municipal, controlada por los partidos políticos, especialmente por el FRG y después por el Partido Patriota.

El siguiente levantamiento se dio en 2004, cuando se empezaron a divulgar los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se dio entonces el famoso caso Chi Yax. Tres muchachos de fuera de la comunidad se metieron a una casa y le robaron el equipo de sonido a una familia adventista que había ido al culto. La comunidad de Chi Yax se juntó y le quitaron los bienes a los ladrones, les quemaron el auto y los entregaron a la Policía. Ya estaba firmado el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y se logró un acuerdo entre las autoridades de Los 48 y los organismos estatales de justicia, teniendo como garante a la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que la comunidad los juzgara. La comunidad los juzgó y no los metió a la cárcel, sino les impuso el trabajo de ayudar en la construcción de la escuela de Chi Yax. Los muchachos pidieron perdón a la comunidad y después de un mes regresaron a sus casas en Cantel y Momostenango.

LO QUE HACEN
Y DESHACEN LOS PARTIDOS

El último levantamiento ocurrió en 2005 y fue contra la minería, cuando se obstruyó el paso de un cilindro que iba a la mina Marlin de San Miguel Ixtahuacán. En ese entonces se llegó a un acuerdo con el gobierno, que suscribió el compromiso de cancelar toda licencia de exploración y explotación minera en el departamento y se comprometió a no suscribir ninguna otra licencia. Es un compromiso del que el pueblo puede hacer uso, ya que el gobierno lo hizo a nombre del Estado. Se firmó en presencia de Monseñor Víctor Hugo Martínez, entonces obispo de Los Altos y el Vicepresidente Eduardo Stein vino a firmarlo.

A través de la municipalidad, los partidos políticos, recortan el poder de Los 48. Ante todo, los dividen al luchar
por el voto de mil maneras halando a la población para un lado y para otro. Una señal de esto se dio en las elecciones de 2011. Los números hablan. Para la elección de la corporación municipal el gobernante PP sacó 11,315 votos (31%); la UNE-Gana, 9,338 (26%); Líder, 4,670 (13%); Creo, 4,338 (12%); Viva, 1,782 (5%); Victoria, 1,651 (5%); Pan, 921 (3%) y Casa, 595 (2%). ¡Ocho partidos peléandose por una población! La deshacen, y no lo logran del todo por una actitud que hay en Los 48 de respetar la decisión de su gente en este terreno, aunque en otros terrenos, como en los señalados, se exija el respeto a la autoridad comunitaria. Sin embargo, aunque se haga esta distinción, no puede menos de influir un campo en el otro.

El resultado de la última elección, a favor del alcalde del partido gobernante (PP), Miguel B. Chavaloc, enganchó directamente a la Municipalidad con el diputado Iván Arévalo, quien a través del funcionario indígena mantiene un control de años en la municipalidad. Ya no es su hermano el alcalde, pero da lo mismo, porque el alcalde es Chavaloc, quien fue su concejal, utiliza el poder de los hermanos Arévalo en el gobierno para prometer cuanto proyecto pueda en función de disminuir la autoridad de los alcaldes comunales. Por eso, el día después de la masacre, cuando Totonicapán hervía de dolor y enojo, muchos temieron que algunos fueran a quemar la Municipalidad, intención que lograron controlar las autoridades comunitarias.

Para entender ese enojo y frustración hay que oir lo que una viuda le decía en kiché a gritos en el hospital a su marido muerto: “¿Jas kinbij in che la ak’ojol chi are le gobierno xekamisanik, are le gobierno le uj mismo xeqatuyub’a’?” (¿Qué le voy a decir a tu hijo? ¿Qué el gobierno los mató, ese gobierno que nosotros mismos sentamos?). Aunque en la segunda vuelta Otto Pérez Molina no ganó en el municipio de Totonicapán, sí logró un 45% y, por lo que decía la viuda, su esposo había sido de los que lo llevaron al poder.

Otro elemento es la fuerte presencia del partido gobernante en Totonicapán, que ejerce una continua infiltración intentando comprar a las autoridades comunitarias para controlarlas o incluso, como lo he podido oír, para despeñarlas en acciones violentas. Estas son las limitaciones concretas que experimentan Los 48 y de las que la gente en Totonicapan es muy consciente y trata de superarlas.

UNA NUEVA JUVENTUD

Después de la masacre ha crecido la opinión de que en el país hay una intensa conflictividad social que va en aumento. Las derechas creen que los líderes trasnochados y frustrados son el hilo conductor de los conflictos. Pero algunos factores que están detrás de esta situación -que algunos llaman anarquía y crisis de gobernabilidad y otros auge de la resistencia popular- están ahí, no pueden ocultarse.

El primero, como mar de fondo, es la situación de marginalidad de grandes poblaciones empobrecidas que no viven el “estado de Derecho” porque se encuentran privadas del derecho a la salud, del derecho a la tierra y al empleo, del derecho a la vivienda y a los servicios (agua potable, energía eléctrica...). Hay entre ellos una desnutrición que clama al cielo.

El segundo es la penetración de un capital trasnacional que se lanza con voracidad sobre los territorios. Hay sociólogos que afirman que cuando las fuentes de nueva acumulación de capital -lo que Marx llamaba acumulación primitiva del capital- y los procesos que conllevan son territoriales, nunca han dejado de ser violentos. Lo fueron la fiebre del oro en California, la extracción de petróleo en la URSS y ahora en Rusia, las minas de carbón en Inglaterra y Gales, las minas de diamantes en Sudáfrica y Namibia... Estos capitales son aventureros y dispuestos a todo, aunque sus contrapartes nacionales los presenten como vehículos del desarrollo.

El tercer factor es que dentro de la población pobre hay sectores que se han ido superando, tienen más educación y más conciencia. Saben, por ejemplo, leer las complejas facturas eléctricas... y se encuentran en todas partes del país. Ya no se les da atol con el dedo. Estos sectores lideran las protestas, sin necesariamente estar formando una organización popular nacional, ni haber tenido la experiencia del conflicto armado. Dentro de ellos hay mucho joven entusiasta y atrevido, que, como pudimos ver en algunas fotos, apedreaban a los antimotines del ejército carcajeándose. Estos sectores están utilizando espontáneamente sus organizaciones territoriales comunitarias, a nivel de aldea o, como en Totonicapán, de municipio. Por eso, los focos de conflicto son muy localizados, aunque exista ese mar de fondo de la pobreza que los comunica y que les da conciencia de que están marginados del estado de Derecho y, por lo tanto, la legalidad tiene poco sentido para ellos.

EL PODER DE LOS MEDIOS

El cuarto factor es el hilo conductor o, más bien la red que conecta todos estos focos: los medios de comunicación. Y no sólo la prensa y la TV, sino sobre todo el celular, a través del cual fluye la lengua nativa y se confirman los hechos. La masacre de Totonicapán, el intento de encubrimiento del Presidente y de sus ministros y el juzgamiento de los soldados fue una noticia que llegó al Petén, no sabemos cómo, pero llegó, y envalentonó a una aldea de La Libertad a retener a 21 soldados (¡21 soldados se dejaron retener durante ocho horas!) y llegó también a San Marcos, donde también agarraron a rehenes para que soltaran a un compañero... Y así seguirá sucediendo, probablemente.

A este efecto hay que añadir que los medios de comunicación, con el impulso que dan al consumismo, están generando también una explosión de expectativas, muy mezcladas, porque fomentan también la criminalidad delincuencial, la ensoñación que está detrás de la migración al Norte, no sólo por la pobreza, e incluso el deseo sexual que se mezcla con la violencia en forma de violaciones y de femicidios u homicidios de adolescentes después de la violación. La globalización no sólo abre la compuerta a la voracidad de la inversión aventurera, también la abre a las estrellas inalcanzables, pero ansiosamente deseadas, de la sociedad del espectáculo.

ESTADO AZUZADO POR RACISTAS

El quinto factor que provoca conflictividad es el debilitamiento del Estado que, aunque cada vez consuma un mayor presupuesto, carece de los cauces institucionales para resolver las crecientes demandas de la gente, ya sea porque fiscalmente está maniatado por una sociedad racista, que no quiere abrir la mano para pagar impuestos -aunque sí quiera un Estado fuerte para reprimir movimientos “peligrosos”-, ya sea porque está empantanada en la corrupción que insensibiliza a los funcionarios frente a los pobres, ya sea porque encubre la verdad a los ciudadanos, ya sea porque se encuentra en una guerra contra el narcotráfico.

En Guatemala tenemos un Estado -no sólo un gobierno- débil, con la tendencia a esconder su debilidad con golpes violentos, como sucedió en la cumbre de Alaska. Es un gobierno azuzado por sectores sociales conservadores y racistas que quieren encubrir la responsabilidad social que tienen exaltando el estado de Derecho y el castigo a quien transgrede la ley. Para ellos, la gente que protesta y toma las carreteras como medida de presión son turbas enloquecidas, sedientas de linchar a los soldados, delincuentes radicales, líderes que no han superado el síndrome del conflicto interno armado. Proclaman mucho la necesidad de resolver las cosas por medio del diálogo. ¿Qué diálogo? Hasta hoy el que han realizado es sólo una táctica dilatoria y distractora que no resuelve los problemas, porque dialogan con los dados cargados y en el diálogo nunca están presentes los verdaderos responsables de los problemas y de las crisis.

LA LEGÍTIMA RESISTENCIA

Un sexto factor es la creciente legitimación de la resistencia, por encima de lo que digan las leyes, ya que en Guatemala el estado de Derecho no es para todos.

La admiración, incluso en los círculos académicos, de lo que en inglés se llama agency (carácter activo de los sujetos), término difícil de traducir, el rechazo a la conceptualización de los oprimidos y reprimidos (masacres) como víctimas pasivas, la desconfianza, incluso ante la palabra “mártires”, el enaltecimiento de la lucha de los civiles frente a la de los guerrilleros... Hay una apreciación que saca a la ley del foco de la atención para poner el foco en la justicia y levantar la causa de la resistencia de los pueblos, si no usando el símil bíblico de David contra Goliat, sí el de Jun Junajpú derribando al Guacamayo soberbio con un cerbatanazo en la quijada, en el Popol Vuj.

La población de Totonicapán ve a los masacrados como héroes que ofrendaron su vida por el bien del pueblo, aunque tal vez murieron con una piedra en la mano y atravesado su pecho por una bala... Eso nadie lo puede sacar de sus sentimientos. No ven que estaban delinquiendo por obstruir el paso a los vehículos, sino que se estaban defendiendo del ejército. Y aunque los mataron, ellos ganaron la batalla porque los hicieron retroceder. No creo yo que esa idea suprima en ellos la compasión por la muchacha soldado que fue herida en la boca.

Lo que está de fondo es la sensación de que “no tenemos derecho al Derecho”, como escribió un columnista. No niegan el valor de la ley, pero sienten que por encima de la ley está la justicia. Idea peligrosa, porque cualquiera puede proclamarse intérprete fiel de la justicia y al luchar por la causa propia puede pisotear el derecho de los demás.
A pesar de todo, es una idea que nos orienta a buscar el fondo de los hechos.

Un último factor: el mundo del crimen organizado y del narcotráfico, debilitan realmente y más al Estado pretendiendo ser como un Estado, ya sea enfrentándose a él, ya sea penetrándolo desde adentro, o las dos cosas a la vez, con el peligro de que las fuerzas de seguridad confundan, voluntaria o intencionadamente, a la resistencia legítima con esas otras manifestaciones de la violencia organizada.

ANTROPÓLOGO.COLABORADOR DE ENVÍO.

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