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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 361 | Abril 2012
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Estados Unidos

Las políticas migratorias en los tiempos de Obama

Hay en Estados Unidos respecto a los inmigrantes una ambivalencia histórica. Se proclaman los derechos humanos para los ciudadanos de la Unión y se niega a los demás la ciudadanía asociada a esos derechos humanos. Se necesita a los inmigrantes para que trabajen y se les dan empleos y a la vez se les niegan los papeles. La parálisis del gobierno de Obama no es falta de política. Las políticas migratorias en tiempos de Obama expresan crudamente esa ambivalencia.

José Luis Rocha

El fracaso de una reforma comprehensiva a la legislación migratoria estadounidense en junio de 2007 dejó abierta la cancha de las políticas migratorias de “bateo libre” de los legisladores estatales. Miles de iniciativas de ley se sucedieron, traslaparon y compitieron en los meses y años siguientes. A nivel federal el único punto de consenso había sido la premura por repellar las fisuras y completar el muro fronterizo y su vigilancia para acabar de una vez con la amenazante porosidad de la frontera sur. Plantar dique a un flujo de migrantes que parecía incontenible era el punto de partida para poner orden mínimo en una casa en donde, a juicio de muchos, ya no había cama pa’tanta gente. Pero ¿qué hacer con los que ya estaban enfrascados en amena tertulia en el living room, cortando el césped en el backyard, repantigados en el couch para watchear el Oprah Winfrey Show, dorando unas enchiladas en el grill?

TOLERANTES Y REACIOS

Los más tolerantes se inclinaban por la pragmática convivencia con los hechos consumados, en un desigual abanico que iba -y va- desde ciertas modalidades de migrofilia hasta un cálculo inteligente y egoísta del papel que los migrantes desempeñan en la economía estadounidense. Sin agotar el catálogo, podríamos incluir entre los primeros a un sinnúmero de activistas y entre los segundos a ese sector del empresariado, que en modo alguno está satisfecho con las exiguas cuotas y criterios de la migración temporal permitidas por el Department of Homeland Security (DHS).

Los más reacios a los “invasores” encontraron en James Sensenbrenner y su propuesta anti-inmigrante HR 4437 un Moisés y su torá. La propuesta reflejaba el paraíso de los xenófobos: un muro de 1,120 kilómetros a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México en los puntos de mayor cruce de inmigrantes indocumentados, entrega al gobierno federal de la custodia de los illegal aliens -extranjeros ilegales- detenidos por autoridades locales, empleadores verificando el estatus legal de sus trabajadores a través de medios electrónicos, envío de informes al Congreso para asegurarse de que esas verificaciones estén siendo realizadas, eliminación de las ciudades santuario -Chicago o New York han tenido esas políticas particulares, que hacen caso omiso de disposiciones más restrictivas-, incorporación de las comunicaciones satelitales entre oficiales de inmigración, deportables abonando 3 mil dólares para su repatriación voluntaria, un mínimo de 10 años de cárcel por portación de documentos falsos, requerimiento de un récord criminal -con garantía de estar fuera de la lista de terroristas- a cualquier extranjero que solicite la concesión del estatus legal, tres años de prisión para quienes hospeden a indocumentados, etcétera, etc. La HR 4437 -Ley de 2005 para la Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal- fue aprobada por la Cámara de Representantes (239 vs. 182 votos), pero rechazada por el Senado.

LEY DE ARIZONA:
LEVES CAMBIOS EN LA LETRA

Ninguna propuesta -migrofílica o migrofóbica- generó consenso. Entonces se aceleraron las pugnas locales. La tercia pasó a la arena de los 50 estados. Solamente en el primer trimestre de 2011 fueron introducidos 1,538 proyectos de ley y resoluciones. El migro-conservadurismo fue más activo en su cabildeo: la mejor defensa es el ataque, dicen los abusones de la historia, que no la escriben pero la decoran a su gusto. La xenofobia -vetusta pero con renovado sex appeal- ganó la partida en varios estados sureños. Arizona debutó en julio de 2010 con su ley SB 1070, que prodigó reclamos de documentos, multas, encarcelamientos a migrantes indocumentados y a quienes los hospeden, empleen o transporten. Jan Brewer -la gobernadora que firmó la ley- y Joe Arpaio -el sheriff dispuesto a aplicarla con todas sus rudezas, las de la ley y las de su propia iniciativa- se convirtieron en personajes casi hollywoodenses capaces de competir en popularidad, eficacia mediática y tosquedad con John Wayne y Margaret Hamilton, la bruja mala en “El mago de Oz”.

Aunque aprobada en olor de multitud, la ley de Arizona levantó polvo y oposición. La primera propuesta fue modificada por el proyecto de ley de la Cámara de Arizona, HB 2162, con el fin de abordar algunas de las preocupaciones. A los congresistas de Arizona no les quedó otra opción que dorar la cáustica píldora mediante la iniciativa HB 2162, una apresurada modificación que suprime los matices más palmariamente racistas. Por ejemplo, dice: el oficial que aplique la ley “no considerará solamente la raza, el color o el origen nacional”. Aun así, el añadido que más recurrente modera
el racismo de nuevo cuño, autoriza el ya establecido, reconociendo de forma tácita su existencia: “El oficial
o agencia encargados de aplicar la ley en este estado, condado, ciudad, pueblo u otra subdivisión política no pueden considerar la raza, el color o el origen nacional en la implementación de esta sección, excepto en la medida que lo permitan la Constitución de los Estados Unidos o de Arizona”. La reforma también especifica que el estatus migratorio debe ser requerido y verificado sólo por los oficiales que el gobierno federal autorice para tal cometido. Los días de detención para primeras violaciones a la ley y algunas multas fueron reducidas a la mitad o incluso eliminadas: sobre todo las aplicables a empleadores. En síntesis: se cambiaron algunas letras y cifras para salvar el feroz espíritu.

Estas leves enmiendas no disolvieron la oposición. El 28 de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, la juez de Phoenix Susan Bolton ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas. La ley también fue impugnada como inconstitucional y no acorde con los derechos civiles por el Departamento de Justicia y el Tribunal de Apelaciones estadounidense, que pudo torcerle el brazo hasta lograr la suspensión de las disposiciones más controvertidas.

EL BOICOT CONTRA ARIZONA

Políticos de otros estados decidieron arremeter contra la desfachatez del racismo en Arizona. El 15 de junio de 2010, el Consejo de la ciudad de Sacramento emitió la consideración número 2010 para oponerse a la SB 1070 y la HB 2162 mediante el boicot al estado de Arizona y a las empresas que tuvieran allí sus cuarteles generales. El consejo de la ciudad -reconocida como la más diversa e integrada de Estados Unidos- fundamentó su boicot en su tradicional lucha contra la discriminación por raza, origen nacional, género, orientación sexual y discapacidad.

Las medidas adoptadas, en tanto Arizona no modifique su nueva legislación migratoria son las siguientes: ningún funcionario o empleado de Sacramento asistirá a conferencias o viajará a localidades en Arizona con los recursos de la ciudad de Sacramento; cuando sea posible y no implique costos adicionales significativos, la ciudad de Sacramento no suscribirá, modificará o extenderá contratos para procurar o vender bienes y servicios a negocios o entidades cuya casa matriz se ubique en Arizona; y la ciudad de Sacramento revisará los contratos previamente existentes para explorar oportunidades de su cancelación legal.

Ajeno a -o incentivado por- la granizada de reacciones contra la HB 2162, el nunca suficientemente difamado sheriff Joe Arpaio ha continuado con sus arrestos. Como consecuencia de su reciente legislación, de la fama de Arpaio y de la cadena de anticuerpos que desatan, Arizona ha cosechado un saldo de doble filo: el número de indocumentados -por huidas, que no por capturas- se redujo en 100 mil sólo en 2010, pero así también lo hizo el número de empleados, al que le siguió el desplome de los volúmenes de compradores, ventas, dividendos e impuestos. Mientras el senador republicano Russell Pearce, que respaldó la SB 1070, trompeteaba que “el éxodo de indocumentados ha sido la mayor victoria para reducir los costos de los servicios de salud y educación provistos a los hijos de indocumentados nacidos estadounidenses”, el Center for American Progress (CAP), un tanque de pensamiento progresista, contrastó la política actual y sus resultados con un enfoque opuesto: la aplicación de la ley podría llevar a una caída del 17.2% del empleo y causar pérdidas a la economía estatal por hasta 48 mil 800 millones de dólares, mientras que la legalización de los indocumentados podría generar incrementos del 8% en el empleo y de 1 mil 680 millones de dólares en recaudación.

A principios de 2011, la comunidad empresarial señaló que el boicot contra Arizona ya había costado 140 millones de dólares en pérdidas a la industria de las conferencias. Su lobby fue efectivo: en los albores de 2011, el Senado de Arizona rechazó varias propuestas legislativas que flage¬larían aún más a los inmigrantes. Una de ellas negaba la nacionalidad estadounidense a los hijos de indocumentados nacidos en Arizona.

ARIZONA: LABORATORIO
DE LEYES ANTI-INMIGRANTES

Las impugnaciones a las políticas xenófobas siguen siendo golondrinas que no hacen verano. Y esta aparatosa derrota la muestran los resultados de una encuesta lanzada por Angus Reid Public Opinion en el lapso transcurrido entre la aprobación y la entrada en vigencia de la ley de Arizona: el 71% dijo que apoyarían el requerimiento policial del estatus migratorio cuando exista una “sospecha razonable” de que alguien es un “ilegal” y el arresto si se comprobase la residencia irregular, el 64% afirmó que la inmigración daña a los Estados Unidos, el 58% sostuvo que los inmigrantes indocumentados le quitan los empleos a los estadounidenses y el 45% dijo que la solución es la deportación masiva. Apenas el 16% se decantó por permitirles continuar como trabajadores temporales y el 28% por admitir que permanezcan y apliquen a la ciudadanía estadounidense. En el mediooeste, esta encuesta, realizada a lo largo y ancho de Estados Unidos, obtuvo las respuestas más adversas a la inmigración.

En consecuencia, la ley de Arizona plantó lo que más se temía: el efecto demostración, la imitación de las peores prácticas, la apertura de una caja de Pandora repleta de leyes, decretos, operativos y demás tábanos de la política migratoria más represiva. Arizona fue el laboratorio anti-inmigrante, desde el cual se empezaron a exportar leyes a muchos Estados de la Unión. En Florida los representantes votaron por la obligatoriedad del programa federal E-verify. Los senadores, sin debate alguno, votaron 23 a 16 por la SB 2040, dejando sin efecto dicha obligatoriedad, pero autorizando que, incluso entre los detenidos por delitos menores, la policía verifique el estatus migratorio y entregue indocumentados a las autoridades.

Otro ladrillo del muro antiinmigrantes fue aportado por el Comité de Educación Superior del Senado de Florida al rechazar un proyecto de ley que permitía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos acceder a la educación superior pública. Se trata del proyecto de ley SB 1018, respaldado por el senador de Miami René García, quien indicó al comité que ése no era un asunto de inmigración, sino de “desigualdad entre ciudadanos estadounidenses”. En medio de la amargura de esta derrota, los activistas consiguieron que otra ley -la HB 7089, hecha a imagen y semejanza de la ley de Arizona- fuera rechazada por la Cámara de Representantes.

ALABAMA:
UN REGRESO AL PASADO RACISTA

En Georgia, la HB 87 -fotocopia de la ley de Arizona- fue votada por 112 contra 59 representantes pocas horas después de su aprobación en el Senado. Entró en vigencia el 1 de julio de 2011, restringiendo el tipo de documentos aceptables como válidos para recibir beneficios del estado, pero aplicando algunas de sus cláusulas más duras: las que autorizaban a la policía local a verificar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados y la penalización de quienes transportaran o albergaran a inmigrantes sin papeles.

Incansables en el combate y rabiosos en su parcial derrota, en febrero de 2012 los representantes republicanos en el Senado estatal presentaron la propuesta SB 458 para obligar a todas las universidades públicas del estado a verificar el estatus migratorio de los estudiantes en una base de datos federal y a negar el acceso a aquellos que no puedan demostrar que se encuentran legalmente en el país. No les basta que los indocumentados, aun siendo admitidos en razón de sus excelentes calificaciones, no puedan recibir auxilio financiero federal ni estatal y deban pagar la tarifa asignada a quienes no residen en Georgia.

Alabama no quiso quedarse atrás. Desde septiembre de 2011, la HB 56 impuso la detención de indocumentados después de una mera infracción de tránsito, la imposibilidad de que las empresas declaren como gastos los salarios pagados a indocumentados y la extensión del E-verify a los niños en las escuelas. Es una nueva versión de la ley de Arizona, “pero con un sabor de Alabama”, dijo André Segura, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). De inmediato, una ola de inmigrantes corrió a los bufetes legales para acreditar a terceros como responsables por sus hijos y sus bienes materiales.

Los activistas han declarado que, después de medios siglo, Alabama volvió a ser la “zona cero” en la lucha por los derechos civiles. “Esta ley es producto de la ignorancia y de quienes, aun en el siglo 21, siguen creyendo que los blancos son superiores a los demás. Esto nos regresa al pasado de racismo en el estado”, dijo el juez jubilado U.W. Clemon, activista junto a Martin Luther King y primer magistrado negro en un tribunal federal bajo la presidencia de Carter.

Lanzada por la Iglesia Bautista de la Calle 16 -primera iglesia negra en Birmingham, donde el 15 de septiembre de 1973 murieron cuatro niñas, víctimas de una bomba del Ku Klux Klan- la campaña “Una familia, una Alabama” busca impugnar la reciente ley. Académicos se unieron a activistas y están aportando su granito de mostaza a la lucha: la Universidad de Alabama advirtió que la HB 56 provocará la huida de entre 70 y 140 mil empleados, disminuirá la demanda de bienes y servicios, reducirá las recaudaciones fiscales entre 56.7 y 264.5 millones de dólares anuales y ocasionará pérdidas a la economía estatal de entre 2,300 (1% del PIB) y 10,800 millones de dólares (6% del PIB).

“DISPARARLES COMO A CERDOS”

El senador republicano Rick Perry impulsó una iniciativa de ley que en junio de 2011 fue aprobada por el senado de Texas: 19 contra 12. La ley insta a que los policías interroguen a los detenidos acerca de su estatus migratorio, sin importar lo insignificante que sea el motivo de la detención. En ese mismo estado, el representante republicano Debbie Riddle presentó una propuesta de ley que penaliza la contratación de indocumentados, exceptuando domésticas, niñeras y jardineros.

Los demócratas acusaron a Riddle de ser un hipócrita al pretender deshacerse de los migrantes irregulares, salvo si son las nannies de sus amigos. Para sorpresa del talentoso Míster Riddle, el Movimiento Juvenil Inmigrante de San Antonio -formado mayoritariamente por jóvenes indocumentados- está defendiendo el derecho de los jóvenes sin documentos a realizar estudios universitarios. Iniciativas como la de Riddle, inspiradas en las iniciativas de Florida, amenazan a 16,500 universitarios indocu-mentados que -hasta el momento- tienen derecho a pagar las mismas tarifas que los ciudadanos o residentes y que se han comprometido a regularizar su situación.

En Kansas el representante republicano Virgil Peck hizo una irresistible invitación: “Me parece que si dispararle a los inmigrantes como a fieros cerdos funciona, tal vez habríamos encontrado una solución a nuestro problema migratorio”. Los activistas denunciaron que, con el incentivo de este tipo de declaraciones ultrajantes, desde el 2003 se ha registrado un 40% de incremento en crímenes de odio contra latinos, y que un estudio del Southern Poverty Law Center mostró que en 2010 el número de grupos de odio racial en Estados Unidos subió a más de mil, 40% más que en 2009. Finalmente, la presión de los activistas subió de tono y obligó a que el gobernador Sam Brownback y la cúpula republicana de Kansas sancionaron a Peck con una doble sentencia reparadora: “Mis afirmaciones fueron lamentables” y “Por favor, acepten mis disculpas”.

LLEGA LA MAREA ANTI-INMIGRANTE

Tanto en Kansas como en Oklahoma los empresarios se opusieron a importar la legislación de Arizona, alegando que semejantes medidas pondrían en desventaja a sus estados en relación con aquellos que siguieran permitiendo la mano de obra de indocumentados. También en Colorado y Nebraska se hicieron intentos fallidos por poner en escena legislaciones similares.

Pero las mareas penalizadoras de indocumentados alcanzaron tres estados relativamente tolerantes: New Mexico, Washington y Utah, los únicos tres estados donde se conceden licencias de conducir sin discriminar por estatus migratorio. Los emisores de licencias aseguran que hay 83 mil indocumentados conduciendo en New Mexico. Aunque legisladores republicanos intentaron hacer una distinción entre licencias de indocumentados y de documentados, los activistas dijeron que es una buena señal conceder licencias a personas que viven, trabajan y pagan impuestos en sus estados, no importa cuál sea su condición migratoria.

En el estado de Washington, el debate -aunque encarnizado- fue zanjado por razones económicas: la tecnología para verificar dicho estatus tendría un costo de 1.5 millones anuales. En Utah, en virtud de la HB 497, la policía cheque¬ará el estatus migratorio de los sospechosos de haber cometido un delito grave o mostrar notoria mala conducta, pe¬ro no en caso de delitos menores. Pero de nuevo hubo una concesión a los empleadores: se propuso una ley para crear una comisión laboral que reclute trabajadores en el estado mexicano de Nuevo León y se discute una ley para crear un programa de trabajadores temporales en el año 2013, que compromete al gobernador y al fiscal estatal a negociar con el gobierno federal una licencia especial para que los empleadores de Utah puedan contratar a obreros indocumentados.

“REFORZAR LA FRONTERA”
¿Y DESPUÉS?

¿Soplan mejores vientos en la amplia arena federal? Desde su creación a trompicones tras los ataques del 11-S el DHS ha respondido asiduamente a las fuerzas anti-inmigrantes que demandan del gobierno federal un compromiso con la restricción a la inmigración irregular. A inicios de la segunda edición de la administración Bush junior, los paladines de una frontera herméticamente cerrada y de una política migratoria artillada abrevaron de temores atávicos
y recurrieron a la nueva ideología anti-terrorista, ubicua y aplicable más allá y más acá de las fronteras.

La agenda de trabajo del DHS era punteada por conservadores y restriccionistas, en un coro con escasas disonancias. El 19 de enero del año 2006 algunos prominentes conservadores -muchos de ellos provectos senadores y representantes- enviaron una carta al presidente Bush que titularon -un tanto pretenciosamente- “Primero lo primero en inmigración”, donde sostenían con ardor que “la frontera y la aplicación interna de las leyes debería ser financiada, operativizada, implementada y realizada con probado éxito, y sólo entonces podemos debatir el estatus de los inmigrantes ilegales que ya están en el país o la necesidad de un nuevo programa de trabajadores migrantes temporales”.

Entre los infrascritos figuraba Newt Gingrich, pre-candidato republicano a la presidencia. Organizada por el ultraconservador Hudson Institute, la carta era portadora de un consenso entre conservadores tradicionales, restriccionistas de la inmigración, conservadores en materia de políticas sociales, neoconservadores y líderes políticos republicanos. La más inopinada aparición en ese melting-pot xenófobo fue la de los neoconservadores,
que ocupaban importantes puestos en el área de asuntos exteriores del gobierno Bush y que, liderados por neoconservadores judíos de fresca ascendencia inmigrante, solían ser una voz pro-inmigrante hasta el ataque
a las Torres Gemelas el 11-S.

¿“COMUNIDADES SEGURAS”
O LIMPIEZA ÉTNICA?

En el nuevo contexto dominado por la ideología de la seguridad nacional, su voz se sumó al creciente coro anti-inmigrante. En los siguientes años, la posición “primero reforzar la frontera” cobró fuerza incluso entre los republicanos que habían sido más afectos a la reforma migratoria comprehensiva. Haciendo caso omiso del palmario oportunismo político de este planteamiento -“primero reforzar la frontera” probablemente seguirá con “segundo reforzar la frontera y limpiar la casa”- muchos moderados e incluso demócratas liberales mordieron el anzuelo y se suman a esa posición.

Con Michael Chertoff y con Janet Napolitano, el DHS se ha comprometido con el reforzamiento de la frontera.
Aun cuando Obama ofreció buscar una reforma migratoria liberal que incluiría la legalización y nuevos programas para trabajadores extranjeros legales, Janet Napolitano, entronizada como directora del DHS, dijo que aplicaría la ley
sin paliataivos: el DHS tiene la responsabilidad de aplicar la ley, no de cambiarla. A finales de marzo de 2009 Napolitano dijo que su administración gastaría 700 millones de dólares más en seguridad de las fronteras: “Todo es para la seguridad, para garantizar que el derrame de violencia no se extienda a nuestro país”.

Dando un paso más allá de la consigna “primero reforzar la frontera”, empapada de la ideología de la lucha contra el terrorismo en versión “puertas adentro”, Napolitano se ufanó de que el programa “Comunidades seguras” -cursi etiqueta para un operativo de limpieza étnica- hubiera producido en 2010 la cifra récord de 195 mil deportados con antecedentes penales. La expansión del programa de 14 jurisdicciones en 2008 a más de 1 mil en 2011 -con la frontera suroeste como blanco predilecto- obró la abultada cifra, que ha afectado a muchos migrantes con delitos menores. Sólo en Carolina del Sur el programa identificó a 3 mil 800 indocumentados.

Napolitano también celebró que desde 2009 el ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha auditado a más de 3 mil 600 empleadores sospechosos del abominable delito de dar trabajo a indocumentados y ha suspendido
la licencia a 260 empresas y personas y cosechado 56 millones de dólares en multas. Napolitano también reportó que el programa voluntario E-Verify-verificación electrónica del estatus migratorio en centros de trabajo- está siendo usado por más de 249 mil empleadores.

OBAMA PROMETE
Y NAPOLITANO CIERRA

“Comunidades seguras” podría extender sus tentáculos en virtud de que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó su obligatoriedad en todos los estados del país. Aún falta la resolución del pleno de la Cámara baja. Para quienes defienden la extensión, se trata de beneficiar a 23 millones de desempleados nativos en un país donde 7 millones trabajan de forma ilegal. Pero los empresarios del sector agrícola -deseosos de mano de obra barata- se oponen con uñas y dientes.

En su única visita a Centroamérica -a Guatemala el 27 de febrero-, Janet Napolitano se reunió con el Presidente Otto Pérez Molina y con el canciller Harold Caballeros para tratar dos temas: el combate a las drogas y el estatus de protección temporal para guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Drogas y migrantes se sirven en el mismo plato. Las primeras como plato principal. Los segundos como un postre que se puede rehusar alegando su exceso de calorías.

Mientras a Napolitano y al DHS bajo su mando -y también a los gobiernos centroamericanos- no les escandalice esa combinación, no podemos esperar que la reforma impulsada por los “liberales” sea la que desean los migrantes. Lo que sí podemos esperar es que la concepción y estructura del DHS terminará condicionando las agendas migratorias de los gobiernos del istmo centroamericano, que acabarán intercambiando represión al narcotráfico por efímeros convenios de protección temporal, es decir, una moratoria de las deportaciones.

Obama agotó su período gubernamental prometiendo una reforma de la legislación migratoria que fue a empedrar el infierno de las buenas intenciones. En lugar de empujar la prometida reforma, que se podría imponer y superponer a toda legislación local -porque la regulación migratoria corresponde al nivel federal-, se contentó con shows mediático-leguleyos de recursos, apelaciones e impugna¬ciones -servidos con la cucharilla del azúcar- contra las leyes de Arizona y Alabama.

Fueron meras tácticas dilatorias para ganar tiempo mientras Napolitano limpiaba la casa y enfriaba los ánimos
y animosidades, despachando deportaciones con la cuchara grande. Mientras la mano invisible de la reforma comprehensiva prometida por Obama se hacía también intangible y apenas audible, la enérgica mano de Napolitano sacudía los rincones y daba claras señales de que la administración Obama estaba comprometida con las políticas restrictivas. En su ámbito, las manos estatales suplieron la parálisis legislativa federal con un ominoso y confuso mosaico de leyes estatales.

ESE POLÍTICO QUE ES OBAMA

Esta parálisis legislativa descansa sobre tres patas. La primera y más coyuntural es el talante político particular de Barack Obama, un personaje que evita producir conflictos y le huye a las confrontaciones que llegan a su puerta. La aplanadora republicana en la Cámara baja ha boicoteado todas las iniciativas de Obama, a su vista y paciencia. En más de una ocasión Obama hubiera podido poner en evidencia el daño al país que se deriva de la intransigencia republicana, pero optó por amagar el golpe, tragar grueso y sonreír. El sociólogo estadounidense James McGregor Burns distingue entre dos tipos de liderazgo presidencial: “Los líderes transaccionales, que intentan negociar, conciliar y operar dentro de un sistema determinado” y “los líderes transformadores, que responden a las necesidades, los deseos, las esperanzas y las expectativas fundamentales de la gente; los que, en lugar de operar simplemente dentro de un sistema político buscan reconstruirlo y trascender”.

Un presidente transformador fue -y lo sigue siendo por aclamación sostenida- Franklin Delano Roosevelt, cabeza visible del New Deal, quien en el siglo 20 sacó a Estados Unidos del gran colapso de los años 30. Obama es el arquetipo del líder transaccional, para bien de los republicanos y pesar de los inmigrantes. Obama no se atreverá a usar los instrumentos de que dispone para liberalizar la política migratoria -ni siquiera a entibiar su represión- sin el imprimatur de los republicanos. Por eso Janet Napolitano hace sus tareas con ejemplar dedicación, rellenando sus planas… con los nombres de los deportables. Obama el conciliador seguirá dando nutridas lluvias de palos y baby carrots a los inmigrantes.

“NO ES UNO DE NOSOTROS”

Desde su campaña, Obama se presentó como el hombre que buscaba la unidad. Con ese discurso desarmó y venció a una gratuitamente confrontativa Hillary Clinton. Pero sus rivales republicanos no han hecho otra cosa que explotar y leer señales de debilidad en ese prurito de consenso. El resultado es un Obama mucho menos independiente de los republicanos de lo que cabía desear.

Una serie de sucesos desafortunados han profundizado la dependencia de Obama de los republicanos. El primero fue el intento de impulsar una reforma del sistema de salud de la mano de las compañías aseguradoras y la industria farmacéutica. Eso le enajenó las simpatías de gran parte del progresismo blando que apoyó su campaña. Lo fallido del intento le valió los vituperios de tirios y troyanos.

Sus otros asideros se le escurren de las manos. Se le escurrió su sello inevitable: lo negro. Precisamente por su talante de peacemaker contra viento y marea, Obama lanzó un discurso que pretendía abolir las diferencias: “No hay un Estados Unidos negro y un Estados Unidos blanco y un Estados Unidos latino y un Estados Unidos asiático.
Hay un Estados Unidos de América”. Craso error. Hay un solo Estados Unidos de América en el horizonte utópico. Negar la realidad de su fragmentación es rehusarse a corregir las discriminaciones que saltan a la vista. Enseguida un armónico coro negro ripostó: “No es suficientemente negro”, “No es uno de nosotros”.

La medalla de primer presidente negro de los Estados Unidos se la arrebataron los activistas afroamericanos:
“En nuestra realidad sociopolítica -escribió la ensayista estadounidense Debra Dickerson en 2010-, ‘negro’
es aquel que desciende de los esclavos que fueron traídos desde el África occidental. Los inmigrantes voluntarios de origen africano (aun los que descienden de esclavos del África occidental) son sólo eso, inmigrantes voluntarios de origen africano, y tienen una perspectiva muy diferente sobre el papel que juega la raza en sus vidas y en la política. Lo único que tienen en común un taxista nigeriano y un nativo de Harlem de tercera generación es que un policía no se molestará en distinguirlos. Ambos son ‘negros’ en lo que concierne al color de su piel y el ADN, pero desde nuestro punto de vista sólo el de Harlem, para bien o para mal, es política y culturalmente negro”.

INMIGRANTES: CHIVOS EXPIATORIOS

El segundo suceso -también segunda pata de la parálisis legislativa-, es la crisis económica. A los ojos de la opinión pública la crisis empezó siendo una catástrofe made in Republican Party, pero Obama se la apropió al clonar la misma política republicana de salvar a los culpables: los financieros filibusteros. No cabía esperar otros resultados, habida cuenta de las condiciones: su equipo económico estaba integrado por veteranos del gabinete de Bush y Clinton. “La misma gente -nos dice el investigador estadounidense Robert Kuttner- que con su política de desregulación había generado el colapso financiero. Como asesor económico estaba Lawrence Summers (ex-secretario del Tesoro de Clinton); como jefe de la Reserva Federal, Ben Bernanke (ex-presidente del Consejo de Asesores Económicos de Bush, quien lo había designado para un primer mandato en la Reserva Federal); y como secretario del Tesoro, Timothy Geithner (ex-asistente del secretario del Tesoro con Summers y posterior presidente de la Reserva Federal de Nueva York con Bernanke)”. Esos enroques -para hacer un nuevo tablero económico con las mismas vetustas piezas y canosos zorros del mismo piñal- emitieron una señal decepcionante para quienes esperaban un giro de timón.

El desempleo siguió creciendo durante el mandato de Obama. La tasa de desempleo supera el 9% y algunos ana¬listas sostienen que llega al 16% si incluimos a quienes ya han dejado de buscar trabajo o no consiguen un empleo regular. El valor de las casas y los ahorros jubilatorios se evaporaron. Y el sistema bancario sigue siendo igual de frágil. En ese contexto, ¿cómo abordar la política migratoria? No sólo se trata de que otros temas lo anteceden en las prioridades de votantes y políticos, sino también de que las crisis son terreno propicio para que los inmigrantes sean estigmatizados como chivos expiatorios. Si hay desempleo es porque la mano de obra inmigrante compite con la nativa y termina desplazándola.

¿El acceso a los servicios de salud no es universal ni es posible expandir el gasto público en esa área? Ahí está la explicación, en los parques y barriadas de Hialeah, Los Ángeles, Houston: esos atorrantes latinoamericanos están sobrecargando el gasto público porque son unos mantenidos en las cárceles, mientras sus mujeres -imparables paridoras- saturan las escuelas de niños que estudian a costillas del erario público. Obama no se quedó de brazos cruzados. No consiguió la reforma migratoria, pero hizo lo que hubieran hecho los perversos republicanos:

se dedicó a echar del país a los que sobrecargaban los servicios estatales. Señaló a los culpables sin nombrarlos.

DAR EMPLEO Y NEGAR PAPELES

Una tercera pata de la parálisis legislativa es la ambivalencia de las políticas migratorias estadounidenses. La movilidad de los trabajadores y trabajadoras está poniendo inquietos a los mandatarios de los países receptores de migrantes,
y a una parte de su población. Ocurre en muchos países. Estados Unidos es un escenario paradigmático: el invasor resulta invadido, el colonizador es objeto de una colonización sin charreteras ni armas. Esos “pocos” pueden tornarse “muchos” y transformar el país. Esos pocos, frecuentemente percibidos como amenazantes, se han rebelado imprescindibles. Por eso las oleadas migratorias han activado las reacciones ambivalentes con que una sociedad -por medio de su producción ideológica y de su coerción estatal- trata de digerirlas. Esa sociedad produce estatus de protección temporal y redadas, empresarios que reclaman la mano de obra migrante y patrullas fronterizas,
así como aplausos para los latinos convertidos en artistas.

La ambivalencia se mantiene porque, en el terreno económico, es un mecanismo que permite parasitar del reclutamiento irregular de mano de obra. Proporcionar empleo y negar papeles produce los trabajadores sin ciudadanía que complacen al sistema. Trabajadores no acreditados como tales son más funcionales que los trabajadores sumisos. Muchas industrias los desean y prosperan a sus costillas.

LAS FRESAS DE CALIFORNIA

A principios de los años 50 California producía únicamente la tercera parte de las fresas de Estados Unidos. En la actualidad produce el 80%, un volumen que genera 840 millones de dólares al año. Los rendimientos por hectárea de la fresa pueden ser superiores a los de cualquier otro cultivo, excepto la marihuana. En la medida en que aumenta la demanda de fresas, también lo hace el número de trabajadores necesarios para su recolección. Hay poblados donde más del 85% de los recolectores de fresas son latinos, con predominio de los indocumentados. De los emigrantes que alberga California en la actualidad, entre el 30 y el 60 % -en función del cultivo de que se trate- son clandestinos. Siempre hay trabajo para ellos, y siempre su condición de indocumentados permite pagarles por debajo del nivel mínimo.

La ambivalencia también permite que el Estado de bienestar parasite de la precariedad de los 12 millones de inmigrantes no autorizados. A muchos de ellos les son deducidos 2,450 dólares anuales, que van a las arcas de la seguridad social. Se calcula que los indocumentados aportan anualmente no menos de 7 mil millones de dólares. Al no estar inscritos como ciudadanos, no recibirán beneficio alguno por sus contribuciones. El sistema los ha convertido en invisibles proveedores de un generoso subsidio.

¿Cómo se perpetúa este sistema? ¿Cómo se instituciona¬liza la ambivalencia? Aquí entran los políticos y las leyes. Las dos Cámaras del Legislativo estadounidense debatieron durante meses en torno a una ley que mantenía la ambivalencia, pero que indudablemente se decantaba hacia un drástico dique a las migraciones: contenía amnistía para los que ya entraron y medidas de reforzamiento de los filtros que detienen a los que están en la puerta. Pretendían quedarse con los que son útiles y frenar la posibilidad de mano de obra excedente. Un propósito similar tienen las propuestas de los organismos multilaterales con sus programas de migraciones circulares: círculos que buscan el retorno de los trabajadores a su país de origen: El trabajador-mercancía es desechado al cabo de cierto tiempo.

DERECHOS NEGADOS


Al estancar la posibilidad de una reforma federal, el debate se trasladó al colorido espacio de las legislaciones estatales
y locales, que llevan la ambivalencia al terreno geográfico e idiosincrásico, a la celebración de la multiculturalidad
y al rancio racismo: hay estados y ciudades reconocidas como paraísos para los inmigrantes, y hay estados extremadamente represivos. He tratado de reseñar dónde se ubican en este momento: qué serpentinos huevos incuban y sucuban.

También están los defensores de los derechos humanos, quienes también caen en la viscosa ambivalencia del sistema. Aplaudieron el hecho de que desde septiembre de 2007 el DHS se decidió a aplicar una disposición establecida en 2000 por el Congreso: la U visa, creada como parte de la ley de víctimas de la trata y la prevención de la violencia, será concedida de forma automática a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia doméstica. Ese estatus migratorio coloca a su poseedor en la senda de la residencia permanente. Dada la escasez de matrimonios interraciales, especialmente entre indocu¬mentados, podemos presumir que los denunciados serán también indocumentados. Así, cada denuncia, produce, en la mayoría de los casos, una deportación expedita. Se trata de una buena causa inserta -o, al menos, al servicio de- un programa político de deleznables propósitos.

El tema de los migrantes en Estados Unidos ha sido equiparado a la Ley de Derechos Civiles, que tantos debates desató en los años 50 y 60. Aquí brota otra ambigüedad criminal. En sus discursos -Obama, baby Bush, Clinton, Bush el viejo...- hacen encendidas apologías de los derechos humanos, al mismo tiempo que aplicaron políticas que han atropellado los derechos de los migrantes.

La ambivalencia, en este caso, consiste en suscribir los derechos civiles -circunscritos a los ciudadanos de una nación- y negar a los demás los derechos humanos reconocidos como universales. No se niegan los derechos, se niega la ciudadanía asociada a determinados derechos. La criminalidad de esta ambivalencia en todos los terrenos -jurídico, económico, político- está haciendo que Estados Unidos tome distancia de su proyecto de nación multiétnica, una olla donde todo se mezcla, para convertirse en una tela de parches yuxtapuestos con ciudadanías segmentadas por un desigual acceso a derechos. La parálisis de la administración de Obama no es síntoma de ausencia de política. Es funcional. Continúa una tradición: la inamovible ambiva¬lencia del país de inmigrantes/país de deportados: immigration nation/deportation nation.

OTRA POLÍTICA ES POSIBLE


No todo es “color de hormiga”. En los resquicios de esa ambivalencia se han colado interesantes iniciativas que hacen de California un oasis en la aridez de las últimas reformas migratorias estatales.

El gobernador de California Jerry Brown, al frente de la octava economía mundial, ha mantenido una continua racha de ratificaciones de leyes benéficas para los inmigrantes. La AB 130 -primera parte del Dream Act- permite a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para su educación universitaria. La AB 131 -la segunda parte de la Dream Act de California- autoriza a los universitarios indocu¬mentados a solicitar becas del estado, y beneficiará a 2,500 alumnos sin residencia que estarían en disposición de recibir la ayuda pública.

La AB 1236 prohíbe a las ciudades y condados aprobar leyes que obliguen a los empleadores a hacer uso del programa E-verify para determinar el estatus migratorio de sus empleados. La AB 207 unifica los requisitos para ingresar a las escuelas públicas independientemente del estatus migratorio de los estudiantes. Y la AB 353 restringe la capacidad de las autoridades para decomisar vehículos conducidos por personas sin licencia y facilita su devolución. California nada contra corriente. Pero podría estar sentando precedentes imitables a mediano plazo. En el menos optimista de los casos, California ha demostrado que otro trato hacia los migrantes es posible y que sus derechos humanos pueden prevalecer.

¿Y DESPUÉS DE LAS ELECCIONES?


La campaña electoral en ciernes vuelve a situar el debate en la arena federal, donde vemos nuevas arremetidas de viejas propuestas. En el episodio más reciente, Newt Gingrich, precandidato presidencial por el Partido Republicano, prometió un paquete muy idiosincrático: incluir a México entre los países que supervisa el Comando Sur, implementar estrategias para que Fidel Castro sea el último dictador en Cuba, ser más agresivo con Chávez para salvar a los venezolanos y librar a Estados Unidos de un presidente anti-estadounidense -ganarle los 100 metros planos al cáncer- y acabar con la inmigración no autorizada en un quinquenio, mediante la revisión de cada caso de inmigración irregular por parte de las autoridades locales
y la flexibilización del sistema de concesión de visas.

En estas propuestas podemos catar una curiosa mezcla de conservadurismo extremo y oportunismo consciente de que los latinos son una cantera electoral importante. ¿Será una mano ultraconservadora la que desate el nudo gordiano de la inmigración? De momento sólo sabemos que conservadores y liberales han sido igualmente inoperantes a nivel federal. La reforma migratoria sigue esperando, mientras esa curiosa mezcla no pase del nivel retórico al nivel práctico en los últimos presidentes de la Unión.

Obama subió al poder con el apoyo del 67% de los latinos. Sólo el 31% votaron por McCain. ¿Le atinaron? ¿La derramaron? En una espesa atmósfera de recelo, emerge una duda: Si hubiera ganado McCain, ¿otro gallo cantaría a los inmigrantes?

La política de Obama hacia los indocumen¬tados -más de lo mismo que repartieron los republicanos- parece confirmar el lúcido análisis de Gore Vidal en los años 70: “En Estados Unidos sólo hay un partido, el partido de la propiedad... y tiene dos alas de derecha: republicanos y demócratas. Los republicanos son un poco más estúpidos, más rígidos y más doctrinarios en su capitalismo de laissez-faire que los demócratas, quienes son más elegantes, más bonitos, un poco más corruptos -hasta hace poco-... y más deseosos que los republicanos de hacer pequeños ajustes cuando los pobres, los negros y los anti-imperialistas se les salen de las manos. Pero, esencialmente, no hay diferencia entre los dos partidos”.


INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM). MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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