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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 361 | Abril 2012
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Guatemala

¿Despenalizar las drogas? ¿Caja de Pandora o sendero de paz?

¿Qué hay detrás de la propuesta del Presidente de Guatemala de despenalizar las drogas en Centroamérica? Haya lo que haya, es importante y novedoso haber puesto sobre la mesa este necesario debate. Y aunque despenalizar las drogas sin reflexión sería ciertamente abrir una caja de Pandora, de incontrolables consecuencias, un debate fundamentado del que surjan decisiones responsables podría abrirnos un sendero hacia una paz que hoy no disfrutamos en nuestra región.

Juan Hernández Pico, SJ

Era inevitable que la propuesta del recién estrenado Presidente de Guatemala, el general en retiro Otto Pérez Molina, de debatir la despenalización de las drogas, y hasta de legalizarla en Centroamérica, se tradujera en titulares de los medios masivos de comunicación, no sólo de nuestra región, sino de todo el mundo.

Se trata de una propuesta desacostumbrada en un gobernante centroamericano, al menos por su finalidad de querer alinear a ella a seis de los siete gobernantes de la región -Belize suele ser siempre dejado de lado por Guatemala- y de hacer de ella tema de discusión en la agenda de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias. El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos expresó su convicción de que se debe discutir en Cartagena la propuesta de Guatemala y cualquier otra para afrontar las consecuencias más violentas del narconegocio.

No es la primera vez que una propuesta novedosa sobre las drogas se presenta a nivel presidencial. En una Cumbre de Presidentes de Centroamérica en 2010 la recién electa Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declaró que no era buena política emplear los escasos recursos de nuestros países en combatir el narcotráfico, cuando los centroamericanos no recibimos de Estados Unidos una ayuda suficiente para que ese combate tenga perspectivas de éxito.

NAPOLITANO Y BIDEN: NO Y SÍ

La reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. Tajantemente, la Secretaria de Seguridad, Janet Napolitano, negó la conveniencia y oportunidad de la propuesta de Pérez Molina, dando a entender que sería como una patente de corso para el crimen organizado y como una caja de Pandora que al abrirse esparciría una especie de epidemia que afectaría la salud de multitud de jóvenes y adultos en el hemisferio occidental.

Sin embargo, Estados Unidos tomó en serio la polvareda levantada por la propuesta guatemalteca. No sólo envió
a Centroamérica a Janet Napolitano, también al Subsecretario de Estado adjunto para la lucha antinarcóticos, William Brownfield. Y en la Cumbre de presidentes centroamericanos celebrada el 7 de marzo en Honduras con ocasión de la visita del vicepresidente estadounidense Joseph Biden, éste reconoció que comprendía la frustración de los centroamericanos ante la gran cantidad de víctimas de la lucha aparentemente sin resultados contra el narcotráfico. Aunque Biden defiende la postura oficial de Estados Unidos, aceptó abrir ese debate.

¿CUÁL ES EL TRASFONDO?

¿Qué llevó a Pérez Molina a plantear un debate sobre mejores métodos para enfrentar el narcotráfico y el consumo de drogas en la región? La primera respuesta a esta pregunta es que él, como todos, están cada vez más convencidos del fracaso de la estrategia militar para combatir este negocio, hoy globalizado.

Debemos contar también con otras hipótesis verosímiles. Una sería que Pérez Molina esté tratando de forzar con su propuesta una ayuda económica y militar de Estados Unidos mucho mayor a la actual. Otra hipótesis: Que Pérez Molina quiera asumir la hegemonía en Centroamérica y, con el espíritu de la Capitanía General de la Colonia, aspire a un liderazgo regional que le coloque ante la población guatemalteca como cumplidor de su promesa de hacer vivir a Guatemala y a Mesoamérica una nueva era en este 2012, culminación y cierre de una era maya de 13 baktunes.
Otra hipótesis a tener en cuenta es que, habiéndose sentido Pérez Molina traicionado como militar en los años 90 por el gobierno de Bill Clinton, viéndose obligado a firmar una paz que le robaba el triunfo militar, estuviera hoy proponiendo ese debate con el nacionalismo propio de los militares.

Esta audaz propuesta podría también intentar correr un tupido velo sobre las acusaciones de violador de los derechos humanos durante la guerra que pesan sobre Pérez Molina

Mucho se ha hablado también de que en algún momento de su carrera militar, o posteriormente a ella, Pérez Molina tuvo conexiones con el narconegocio. Hace unos años, primero su esposa y su hijo y luego su hija, sufrieron un atentado, comentándose entonces que los responsables fueron narcotraficantes a quienes no se les habían entregado las millonarias ganancias de un negocio de droga. Es sólo un rumor sobre el que nunca hubo pruebas, aunque en estos asuntos son obviamente siempre difíciles de aportar.

UNA HIPÓTESIS:
LA EXPERIENCIA ANTI-GUERRILLA

Me inclino más a analizar la motivación de la propuesta de Pérez Molina desde otra perspectiva más racional.
Pérez Molina combatió en una guerra contra un enemigo ilegal y -para él y sus colegas, aunque no para parte importante del pueblo guatemalteco- un enemigo ilegítimo, que encontró en la clandestinidad la forma de extender su lucha social revolucionaria y de defenderse del estigma de ilegalidad que acompañaba el uso de las armas, declarado monopolio del Estado, y el estigma de la “subversión”, sinónimo entonces de “comunismo”, un fantasma architemido en un país que no temía los horrores del capitalismo, en estado de acumulación primitiva, que estaba viviendo.

El general y sus colegas vencieron en esa guerra militarmente, pero no pudieron aniquilar a su enemigo. A pesar de que su enemigo guerrillero abrazaba claramente la filosofía y la ideología marxista, el Estado guatemalteco y el Ejército nacional que entonces lideraba y representaba al Estado, no tuvo más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones. La opinión pública internacional estimaba más peligroso que un armisticio el carácter terrorista y genocida de los medios usados por ese Ejército y ese Estado contra los derechos humanos. Y porque la tendencia del mundo occidental a promover gobiernos democráticos, aunque fueran formales, no estaba ya amenazada por el polo que en los años de la guerra fría representó la Unión Soviética. También Cuba había dejado de ser potencial exportadora de revoluciones.

Esta experiencia personal e institucional llevó a Pérez Molina y a sus colegas a pronunciar un desilusionado “Ganamos la guerra, pero perdimos la paz”. Naturalmente, exageraban la victoria militar, porque no habían logrado aniquilar al enemigo, sino sólo arrinconarlo relativamente. Y porque su horrenda violación de los derechos humanos y de los derechos humanitarios, que deben ser respetados en cualquier guerra, le habían quitado cualquier legitimidad a su guerra.

Perdieron la paz porque en el acuerdo de reconciliación nacional y en su correspondiente ley no pudieron incluir, como sucedió en Argentina y Uruguay en los años 80 y en El Salvador en los 90, la decisión política de un “punto final” que garantizara borrón y cuenta nueva, olvido de los crímenes de lesa humanidad (genocidio, desapariciones forzosas, torturas). Tuvieron que aceptar que la espada de la justicia y contra la impunidad siguieran pendiendo sobre sus cabezas.

Que esa espada tiene filo lo está demostrando la reciente condena de los militares autores de la masacre de las Dos Erres en Petén, la condena de los militares autores de la masacre de Plan de Sánchez en Rabinal (Baja Verapaz) y la prisión y enjuiciamiento de varios generales pertenecientes a la cumbre de la cadena de mando durante la guerra, especialmente del mismísimo general Efraín Ríos Montt.

No es irracional, pues, analizar que Pérez Molina no quiera embarcar al Ejército de Guatemala, a la Policía Nacional Civil, a la desastrada Aviación Nacional y a la pequeña Marina de nuestro país en una guerra con innumerables víctimas, sin posibilidades de triunfo y contra una fuerza económico-militar tan clandestina o más que lo que fue la guerrilla. Es una guerra contra un imperio globalizado, con un poder de financiamiento y un acceso a armas muy superior al que tuvo la segunda ola guerrillera de Guatemala entre los años 70 y 90.

NARCONEGOCIO GLOBALIZADO:
EL CAPITALISMO MÁS SALVAJE

Se suele denominar al capitalismo en su etapa de acumulación primitiva como “capitalismo salvaje”. Y se lo suele estigmatizar socialmente. También eclesialmente. Así lo llamó, condenándolo, el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica de 1991, conmemorando el centenario de la primera carta encíclica social Rerum novarum. El obispo brasileño Pedro Casaldáliga añade lapidariamente: “Todo capitalismo es salvaje”. Ésa es su naturaleza.

Lo prueban el regateo de los salarios mínimos, el escandaloso beneficio de las empresas farmacéuticas, la amenaza de las grandes empresas con golpes de Estado si se adopta el impuesto progresivo. Lo prueban la expulsión de mozos colonos de fincas de café sin ninguna indemnización, el inhumano ritmo de trabajo en las maquilas, la ideología de la superioridad para justificar la creciente desigualdad entre quienes se benefician más del sistema y quienes no reciben nada de él.

Y lo ha probado hasta la saciedad la primera gran crisis del capitalismo globalizado, con los millones de expulsados del trabajo y de sus casas en tantos países del mundo por productos financieros sin regulación estatal ninguna. Lo prueba la intensa lucha del salvaje capitalismo neoliberal por reducir y hasta suprimir impuestos a los más ricos. Es ésa la bandera del Partido Republicano desde los tiempos de Ronald Reagan.

Lo mayor prueba de un capitalismo que funciona sin ninguna regulación, sin ley alguna y sin ninguna compasión es el narconegocio globalizado y armado. Confrontarlo con armas, con una estrategia militar, es una locura. México lo está demostrando. Cada cabecilla abatido o encarcelado del cartel de Sinaloa o del cartel del Golfo o de la Familia Michoacana o de Los Zetas o de cualquier otro cartel o cartelito es inmediatamente relevado por otro. Han aprendido la lección que tomó desprevenido al cartel de Medellín cuando perdió a Pablo Escobar.

Otto Pérez Molina sabe esto perfectamente. Sabe que la guerra es ahora contra una multinacional capitalista globalizada. Y de ese conocimiento puede haber brotado su propuesta de debatir la despenalización e incluso la legalización de las drogas.La frustración por Irak y Afganistán Cuando el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, en su encuentro con los Presidentes de Centroamérica en Honduras, reconoce la frustración de los centroamericanos ante la gran cantidad de víctimas de la lucha contra el narcotráfico, sin que se vean los resultados, está reflejando otra razón para que la despenalización y la legalización de las drogas sea objeto de reflexión y debate.

Esa razón se llama Irak y Afganistán, países donde Estados Unidos ha invertido militarmente cantidades enormes, desangrando tanto a la juventud estadounidense enrolada en esas guerras como, en mayor medida a la de esos países, sin lograr desactivar el islamismo radical, aun cuando ya ejecutaron extrajudicialmente a Osama Bin Laden.

Las aventuras militares de Estados Unidos, hasta ahora el país económicamente más poderoso del mundo, le han impuesto una carga financiera tan enorme que lo han llevado a estar cerca de ceder ese primer lugar a la República Popular China. Hace 40 años terminó la guerra en Vietnam con parecidas consecuencias: Estados Unidos perdió entonces más de 58 mil vidas y perdió una guerra en la que los vietnamitas perdieron entre unos 4-6 millones de personas, además de los gigantescos daños medioambientales, a causa de la aplicación masiva del “agente naranja”. Durante una década Estados Unidos tuvo sobre sí el peso del “síndrome de Vietnam”.

¿PARA PROVOCAR MAYOR AYUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA?

Por su carácter y experiencia militar, Pérez Molina sabe, o debería saber, que los pequeños países centroamericanos -en Centroamérica viven unos 40 millones de personas, menos de la séptima parte de la población de Estados Unidos y una tercera parte de la población de México- son impotentes policial y militarmente frente al narcotráfico y a su penetración en las instituciones públicas y privadas de la región.

Impotentes para extinguir o disminuir la amenaza, sí tienen una gran potencialidad para acumular víctimas. Es una hipótesis razonable que Pérez Molina, sin estar convencido plenamente de la justeza del debate que propone, le esté enviando un mensaje a Estados Unidos: debe involucrarse con más ayuda económica y financiera, tanto propia como de las instituciones financieras multilaterales, en el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población regional y generen empleos que eviten la tentación de tanta gente de vincularse al narcotráfico como forma de vida, de trabajo y de progreso económico.

Sería una ayuda integral de este tipo lo único que desincentivaría a la población centroamericana, y en especial a la guatemalteca, a emigrar a Estados Unidos a través de México y eso debilitaría también a grupos armados del narconegocio, como Los Zetas, dedicados a secuestrar migrantes chantajeándolos o amenazándolos para que se integren a sus filas, convirtiéndolos en carne de cañón o asesinándolos si se niegan, como parece sucedió con los 72 asesinados de Tamaulipas en 2011.

¿Habrá tenido también en cuenta Pérez Molina que, despenalizadas las drogas, las luchas armadas entre los grupos de narcotraficantes desaparecerían por la vía del mutuo exterminio? ¿Habrá tenido en cuenta que lo que el narcotráfico dejaría de acumular, por los precios astronómicos que hoy alcanzan las drogas al ser un producto clandestino, ilegal y penalizado, lo podrían ganar los mismos narcotraficantes, pero ya en seguridad, gozando de sus ganancias en paz?

SOCIOS PARA EL DESARROLLO: ESTADOS UNIDOS Y EL SALVADOR

Después de lanzar su propuesta, que dio que hablar a todo mundo, Pérez Molina convocó para el 24 de marzo en Antigua a los presidentes centroamericanos para debatir juntos la idea. Asistieron a la reunión el Presidente Martinelli de Panamá y la Presidenta Chinchilla de Costa Rica. Los otros tres no. Pérez Molina declaró que el gobierno de Estados Unidos boicoteó la reunión utilizando para ello al Presidente salvadoreño.

¿Por qué el Presidente de El Salvador Mauricio Funes y los Presidentes de Honduras y de Nicaragua, Porfirio Lobo
y Daniel Ortega, torpedearon con su inasistencia la cumbre de Antigua? ¿Por qué hicieron así improbable que este tema fuera punto de agenda común en la Cumbre de Cartagena?

Después de que en un primerísimo momento, el Presidente Funes apoyó la propuesta de Pérez Molina, se desdijo de inmediato cuando el gobierno de Estados Unidos no la aceptó. Funes afirma que la despenalización de las drogas no le parece un camino para afrontar este problema e insiste en que su decisión es autónoma.

Sin embargo, las fuentes que he consultado coinciden en indicar que Funes responde a su calidad de “Socio para el Desarrollo”, compromiso de firme alianza con Estados Unidos, lo que no le permite adoptar posturas políticas enfrentadas con las de su socio.

No hay que olvidar que Funes fue recibido por Obama enseguida de iniciar su mandato y que Obama eligió
El Salvador en su visita a Centroamérica. Además, a El Salvador el gobierno de Estados Unidos le está prorrogando,
año tras año y sin mayores problemas, el estatuto de trabajo temporal por 18 meses (TPS) para los emigrantes salvadoreños que entraron indocumentados a Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001.

¿ESTRATEGIA “COLOMBIANA”
EN EL SALVADOR?

Negando que su ausencia en Antigua haya sido motivada por plegarse a la estrategia antidrogas del gigante del Norte, Funes afirma que se debió a que Pérez Molina alteró la agenda acordada: se debatirían únicamente alternativas en la estrategia contra el narcotráfico con aportes de expertos, pero no se elaboraría una propuesta centroamericana para presentarla en conjunto en la Cumbre de Cartagena.

No es improbable que el presidente Funes maneje la posibilidad de una estrategia alternativa en El Salvador como la que funcionó en Colombia: cerco y aniquilamiento del cartel de Medellín a cambio de un cierto pacto del gobierno con el cartel de Cali.

En Colombia eliminaron a Pablo Escobar, pero el gobierno pactó con los Rodríguez Orejuela de Cali, dejándolos actuar en territorios restringidos y con el compromiso de que el cartel tuviera actitudes menos sanguinarias. Al final, durante el gobierno de Samper -quien fue acusado de recibir dinero del cartel de Cali para su campaña- también se descabezó al cartel de Cali, extraditando a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela a Estados Unidos, aunque con acuerdos de reducción de pena.

LOBO Y ORTEGA:
¿POR QUÉ NO APOYAN?

La lucha por el liderazgo en la región centroamericana se añade probablemente a las razones del Presidente Funes para no haber asistido a Antigua.

Esto también podría explicar la rapidez con que el Presidente Lobo de Honduras se adhirió a la negativa. Lobo es presidente de turno del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) y a él le tocaba convocar a los demás presidentes. En esa situación no podía permitir que el Presidente de Guatemala “le comiera el mandado”, como se dice popularmente.

Días después, Funes, Lobo y Ortega se reunieron en El Salvador para analizar el desarrollo del Golfo de Fonseca,
que los tres países comparten. ¿Olvidarían en esos acuerdos que el Golfo es uno de los corredores usados por los narconegociantes para trasladar droga hacia Estados Unidos?

El caso del Presidente Ortega en Nicaragua, que no se presentó en Antigua y tuvo las declaraciones más tajantes contra la propuesta de Pérez Molina (“Sería legalizar el crimen, sería decir que estamos derrotados. Con la consigna de Sandino, “Ni me vendo, ni me rindo”, nosotros, frente al narcotráfico y al crimen organizado, ¡ni nos vendemos, ni nos rendimos!”, dijo Ortega), ha sido analizado en ese país como otra señal de Ortega de no querer “molestar” a Estados Unidos por la frágil posición en la que se encuentra actualmente ante congresistas republicanos y demócratas después del fraude electoral con que inició su tercer período de gobierno. Esos congresistas están exigiendo al gobierno de Obama que sancione a Ortega.

Según el general retirado nicaragüense Hugo Torres, “a Ortega se le ha enturbiado el panorama a nivel interno
y externo y, ante la incertidumbre de la aprobación o no de dos dispensas económicas que este año tiene que otorgarle Estados Unidos a Nicaragua no quiere molestar, no quiere perder las posibilidades de financiamiento que significan la aprobación de esas dispensas”.

¿Y LA RESPONSABILIDAD
DE ESTADOS UNIDOS?

La pregunta del millón es por qué el gobierno de Estados Unidos no invierte mayor fuerza policial o militar en su territorio para enfrentar el narconegocio, siendo su población el primer cliente mundial de drogas.

La complejidad del sistema de gobierno federal y de gobiernos estatales en Estados Unidos, que establece qué delitos pueden ser perseguidos federalmente, es decir interestatalmente, y los que sólo pueden ser perseguidos por las policías estatales o municipales, aporta una primera aproximación a alguna respuesta.

Sin embargo, la DEA (Drug Enforcement Administration) comparte con el FBI la persecución federal de narcóticos
y narcotraficantes y es la única agencia del gobierno de Estados Unidos destinada a perseguir a los narconegociantes fuera de Estados Unidos. Se habla mucho de que no pocos de sus más de 5 mil agentes especiales -la otra mitad de sus empleados son burócratas o administrativos- han sido corrompidos por el narcotráfico. Se habla de que en su momento se asociaron con Manuel Antonio Noriega en Panamá hasta que a los intereses de los Estados Unidos le resultó negativo ese pacto y entonces abandonaron a Noriega y facilitaron datos cruciales para el bombardeo y la invasión del país canalero en diciembre de 1989.

Obviamente, es muy difícil, por no decir imposible, obtener pruebas de esta corrupción, aunque la hubiera. Pero no se puede afirmar que es improbable que la haya provocado el potencial de soborno que tienen los enormes capitales que se obtienen con las drogas. Sin olvidar que en el siglo 19 el imperio británico y otras potencias occidentales fabricaron las “guerras del opio” para vender droga en China, deteriorar con la droga a su población y hacer del Imperio Celeste una presa más fácil de dominar.

CONSUMIR DROGAS:
UN SÍMBOLO DE ESTATUS

Algunos expertos me sugieren que, teniendo en cuenta estas razones, la principal razón de la débil lucha del gobierno de Estados Unidos contra el imperio de las drogas en su territorio es que el consumo de un importante y poderoso segmento de su población es un hábito cultural intensamente arraigado como para poder ser erradicado o significativamente disminuido.

Las drogas se han vuelto lo que fue el alcohol durante la “prohibición” o lo que ha sido siempre el buen tabaco (habanos, pipas talladas, cigarrillos caros): símbolo de estatus, aunque ese símbolo fuera apropiado en un momento por la subcultura de los hippies, de los conjuntos musicales y de las estrellas de cine.

Lo arraigado de este hábito cultural explicaría el escaso presupuesto anual de la DEA. Según Wikipedia, asciende
a 2 mil 415 millones de dólares anuales, menos de la mitad del presupuesto anual del Estado guatemalteco. Como la producción, tanto de heroína (base amapola) como de cocaína (base hoja de coca) está muy lejos de Estados Unidos, en el triángulo de oro (Laos, Cambodia, Mianmar) y en Afganistán, y en Bolivia, Perú, Ecuador y sobre todo Colombia, y aparentemente en Estados Unidos sólo se puede producir la menos dañina de las drogas, la marihuana, es fácil proyectar a otros países la responsabilidad, también la culpabilidad, de los daños que a la salud de los ciudadanos estadounidenses, y especialmente a la juventud, causa el consumo de drogas. Y es fácil exigir un mayor combate a los países productores o de tránsito (Centroamérica, México), mientras al gobierno de Estados Unidos le quedan los publicitados triunfos de juicios contra narcotraficantes extraditados o de operativos exitosos de la DEA en el extranjero, triunfos que desdibuja el escándalo de las armas de guerra vendidas a narcotraficantes en la frontera con México como señuelo, con la excusa de rastrearlos hasta sus guaridas.

El gobierno de México ha protestado no pocas veces al de Estados Unidos por la mínima vigilancia que ejerce sobre los negocios de armas que funcionan en los estados fronterizos de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

No se pueden admitir los derechos reconocidos en la segunda y en la novena enmienda a la Constitución de Estados Unidos como impedimentos para un control de los negocios de armas. La novena enmienda afirma que la Constitución no puede despojar a los ciudadanos de derechos adquiridos con anterioridad a su elaboración y aprobación, entre ellos el derecho a tener y a portar armas para la defensa propia. Y la segunda enmienda dice así “Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”.

Es evidente que ninguna de esas dos enmiendas autoriza la venta de armas a sujetos de quienes se sospeche las van a usar fuera de Estados Unidos para defender o imponer los narconegocios o para asegurar las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

¿LEGALIZAR QUÉ?
¿DESPENALIZAR QUÉ?

En este debate es importante precisar los conceptos. Legalizar las drogas significa que la producción, la posesión, el consumo, el almacenamiento, el comercio de mayoreo y menudeo y el tráfico transfronterizo -su importación y exportación- se vuelven absolutamente legales, aplicando el Estado impuestos internos y tarifas, alcabalas o aranceles a la importación y exportación de estos productos.

Si se diera una legalización parcial, significaría que la posesión y el consumo en determinados lugares o en casas de habitación, se vuelven legales, sin perjuicio de mantener ilegal la producción y las operaciones comerciales alrededor de las drogas.

Despenalizar las drogas significa que, manteniendo su ilegalidad, absoluta o parcial, la responsabilidad en que se incurriría al realizar las operaciones ilegales y, por tanto, prohibidas, se trasladaría del campo penal correspondiente al campo administrativo correspondiente a la falta (expropiación, incautación o multas, por ejemplo), o también a otras medidas que el derecho puede elaborar, por ejemplo responsabilidades civiles, como algún tipo de servicio social que se impondría al infractor, limitaciones impuestas a la exportación e importación, límites a la comercialización, condiciones especiales para la distribución, como por ejemplo prohibición de venta a menores de 18 años -tal como se hace con el alcohol en muchos países-, obligaciones impuestas a los consumidores, etc.

ESTADOS Y SOCIEDADES:
LA NECESARIA INSTITUCIONALIDAD

Hay un lado de esta cuestión en extremo importante. Según expertos que ocuparon en su momento cargos gubernamentales relacionados con la seguridad o la justicia en algunos países centroamericanos, cuando se plantea la despenalización, o incluso la legalización de las drogas, y suponiendo que la medida se tomara a lo largo y ancho de toda una región multinacional -como sería el corredor entre Bolivia y Estados Unidos y Canadá, por ejemplo- habría que preguntarse si existe en los Estados que adopten esas medidas la suficiente institucionalidad para que no se vuelvan contraproducentes para la seguridad y la salud de toda la población.

El problema fundamental para decidirse a estos cambios es el de la más o menos sólida institucionalidad que tenga el Estado. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que al tratar con las drogas el Estado está tratando no sólo con el narcotráfico sino con el gran abanico del crimen organizado. El narconegocio y los narconegociantes son, en sus cúpulas y en sus empleados, no una rama normal de empresarios capitalistas, sino una empresa multinacional de las muchas en las que el crimen organizado se especializa globalmente, sin reconocer regulaciones ni leyes y utilizando armas y bancos para su gestión.

No pocos narconegociantes mantienen alianzas con traficantes de armas, de personas, de órganos, de madera, con cadenas ilegales de adopción de niños, con traficantes de desechos nucleares u otros perjudiciales para el medio ambiente, con traficantes de artículos de lujo, etcétera, etc.

Para enfrentar la despenalización de las drogas o su legalización y seguir siendo capaces de perseguir otros tráficos letales que deben prohibirse, es preciso haber constituido ministerios fiscales capacitados y honestos, tribunales de justicia de calidad y honestidad blindados contra el soborno, cuerpos policiales reformados, compañías privadas de seguridad no contaminadas por el crimen, partidos políticos básicamente honestos, poderes del Estado libres de corrupción y con un servicio civil desarrollado y -en el caso, siempre excepcional, en que se empleen para garantizar la seguridad ciudadana- ejércitos leales a la Constitución y respetuosos de los derechos humanos.

Para enfrentar la despenalización de las drogas o su legalización es necesario también que la sociedad civil funcione con una vigilancia y participación ciudadana honesta y valiente en su función de auditoría social y de denuncia del delito y de sus cómplices.

En todas las instituciones y en todos los países existe corrupción. No sólo en Centroamérica. También hay descomposición social en las sociedades civiles de todo el mundo. Pocos países tienen los estándares de Noruega y fue en Noruega donde un loco fanático destrozó en 2011 la vida de centenares de familias ametrallando jóvenes.

Pretender la incorruptibilidad absoluta como exigencia previa a legalizar o a despenalizar las drogas sería evidentemente utópico en el peor de los sentidos: sería fantasioso e imposible. Esperar a tener una institucionalidad estatal y social utópica para después usar estrategias menos represivas y menos militares para enfrentar el narcotráfico y el narconegocio puede paralizar toda alternativa novedosa.

LAS DROGAS MÁS PELIGROSAS

Al reflexionar o decidir sobre la legalización de las drogas, hay que tener en cuenta cuáles son las más peligrosas. Según una investigación aparecida en la mejor revista médica inglesa, The Lancet, en una escala de 1 a 100 por su peligrosidad para la salud privada y pública el alcohol ocupa el primer lugar (72 sobre 100), la heroína el segundo (55/100), el crack el tercero (54/100), la metanfetamina en cristal el cuarto (33/100), la cocaína el quinto (27/100) y el tabaco el sexto (26/100). El cannabis, de donde se derivan la marihuana y el hachís cierra la lista (20/100). Otras drogas muy usadas hoy como el éxtasis o ayer como el LSD están muy abajo en su capacidad dañina (9/100 y 7/100 respectivamente), lo que no significa que no hayan sido letales en casos concretos.

En Centroamérica lo que más abunda es el alcohol -aguardiente sobre todo-, el crack y la marihuana, por la baja capacidad adquisitiva de la mayoría de la población para consumir drogas menos nocivas.

En cualquier caso, es importante atender a estos resultados científicos, aun cuando no se puedan trasladar automáticamente a Centroamérica. La sabiduría popular, antes que la investigación, sabe perfectamente que pocas drogas trastornan tanto la seguridad pública -manejo irresponsable de automóviles- y la vida en los hogares centroamericanos como el alcohol, que afecta a todas las clases sociales y que abunda en todos los ambientes urbanos y rurales. Y a pesar de eso, goza de un estatus sin límites políticos y sociales y es legal su comercialización y su consumo, excepto formalmente a los menores de edad.

POR UNA “VIDA DECENTE”

No hay duda de que resulta muy novedoso que un Presidente centroamericano, que fue militar, haya puesto sobre la mesa este necesario debate. Como también resulta novedoso que otros dos Presidentes de la región -Panamá y Costa Rica- lo apoyen. Y aunque despenalizar las drogas sin reflexión y sin debate sería, ciertamente, abrir una caja de Pandora, un debate fundamentado y con conocimiento sobre este tema puede abrirnos un sendero hacia la paz que hoy no disfrutamos.

Qué más quisiéramos, como diría Boaventura de Sousa Santos, que en Centroamérica se estuviera debatiendo
y practicando “un conocimiento prudente para una vida decente”. Con esta expresión pretendía este intelectual significar que en la actual sociedad, revolucionada por la ciencia, no basta el paradigma científico (el paradigma de un conocimiento prudente), sino que se exige, además, la contribución a un paradigma social (el paradigma de una vida decente).

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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