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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 358 | Enero 2012
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Nicaragua

“Tenemos fundamentación empírica en los datos electorales recabados y en la percepción generalizada de la población de que las irregularidades en las elecciones de 2011 fueron tan amplias y variadas que no permiten conocer el verdadero resultado”. Así se expresó el politólogo José Antonio Peraza al presentar en Managua el más detallado informe del que disponemos sobre el fraude electoral del 6 de noviembre de 2011.

José Antonio Peraza

Antes de la imposición de la banda presidencial a Daniel Ortega el 10 de enero, un grupo de estadísticos y matemáticos nicaragüenses, coordinado por el politólogo José Antonio Peraza, y respaldado por el Movimiento por Nicaragua y Hagamos Democracia, presentó en Managua un estudio titulado Elecciones 2011: ¿Manipulación o ruptura del patrón electoral histórico?, que buscó probar científicamente el fraude electoral del 6 de noviembre de 2011.

”Si no hubo fraude es porque a partir de 2008, y con mucha más fuerza en 2011, el patrón histórico se rompió. Pero nosotros consideramos que es muy difícil romper ese patrón en la cantidad que dicen que se rompió”, afirmó Peraza al presentar el estudio, fundamentado en el análisis del comportamiento histórico del electorado en las elecciones generales y municipales celebradas en Nicaragua desde 1990. Posteriormente, Peraza publicó otro texto, que tituló Una radiografía de los fraudes electorales de 2008 y 2011. A continuación, ambos textos, editados ligeramente para su mejor comprensión.

¿MANIPULACIÓN O RUPTURA
DEL PATRÓN ELECTORAL HISTÓRICO?

Las denuncias de la ciudadanía y de los partidos políticos, así como la revisión de los informes de los organismos de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, muestran una percepción generalizada de que las irregularidades en el proceso electoral del 2011 fueron tan amplias y variadas, que no permiten conocer el verdadero resultado de las pasadas elecciones. Estas percepciones tienen fundamentación empírica en los datos electorales recabados.

La hipótesis de trabajo, a partir de la cual esos datos electorales fueron analizados, permite sustentar un elemento central: que los resultados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tienen una historia. Desde 1990, las JRV han tenido un comportamiento histórico extremadamente regular y predecible en términos de la cantidad de votos sandinistas y la cantidad de votos antisandinistas. Una alteración radical a ese patrón de comportamiento, en un sistema electoral tan estable como el nicaragüense, es muy difícil de explicar simplemente como un cambio de opción política de los electores.

Éste ha sido el patrón reiterado en las elecciones generales y municipales entre 1990 y 2006, en donde el voto antisandinista superó siempre, en proporciones similares, al voto sandinista:
1990 (57% vs 43%)
1996 (60% vs 40%)
2000 (59% vs 41%)
2001 (58% vs 42%)
2004 (56% vs 44%)
2006 (59% vs 41%)
También se descubre una consistencia histórica del voto antisandinista superando al voto sandinista en el municipio de Managua, tanto en las elecciones generales de 2001 y 2006 como en las municipales de 2004.

COMPARANDO JUNTAS, VOTOS Y ACTAS

En la elección municipal de 2008 los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) indicaron una alteración radical en el comportamiento de las JRV en la mayoría de los municipios del país. ¿Se rompió el patrón histórico de comportamiento de los votantes nicaragüenses o hubo un fraude electoral? Como no pudimos recabar información de las JRV de todos los municipios, y sí de un número significativo de JRV de Managua, investigamos esas JRV. Y con la información recabada en Managua es posible responder a la interrogante de si en 2008 hubo fraude o hubo una ruptura del patrón histórico.

En las elecciones de 2008 los resultados de la totalidad de las JRV de Managua no fueron publicados en la página web del CSE. Lo que pudimos recopilar fueron las actas de escrutinio de 604 JRV de Managua, único municipio con ese nivel de documentación. Esas actas las recuperó y las hizo públicas el Movimiento Vamos con Eduardo en el diario “La Prensa”. Con las actas recuperadas, y a partir de los registros de las JRV del municipio de Managua en las elecciones generales de 2006 iniciamos un proceso de análisis para tratar de dar explicación al fraude electoral del 2008.

Creamos primeramente un escenario electoral hipotético a dos bandas, donde unimos los resultados electorales de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para conocer en cuántas JRV hubiesen ganado en las elecciones generales de 2006 de haber ido unidos. Partiendo de este escenario determinamos que en 2006 existían en el municipio de Managua 1,124 JRV en donde ALN + PLC ganaban con una diferencia igual o mayor al 10% sobre el FSLN si hubieran ido unidos, y que en esas JRV la oposición obtenía el 63.68% de los votos y el FSLN un 36.62%. Son las JRV que aseguraban el triunfo a la oposición al FSLN. El CSE no publicó o desapareció precisamente los resultados de esas JRV, creando un resultado favorable al FSLN. Sólo publicó las JRV donde el FSLN ha ganado históricamente o donde la oposición al FSLN gana, pero con una leve ventaja.

En las actas de las 604 JRV que se lograron rescatar -datos no publicados por el CSE- Montealegre ganaba en 552. Cuando comparamos esas 552 JRV no publicadas por el CSE con las JRV ganadas por la oposición hipotéticamente unida en el municipio de Managua en 2006 el nivel de coincidencia se observó en 505 JRV (91.49%). Esa coincidencia muestra la estrecha relación que ha existido entre las JRV en que el voto antisandi¬nista ha ganado históricamente y las JRV que han sido objeto de ocultamiento, destrucción, fraude y todo tipo de alteraciones y abusos de parte del CSE.

UBICANDO LAS JUNTAS
EN “ESCENARIO DE RIESGO”

Para analizar el fraude electoral de 2011 creamos un escenario a tres bandas PLI - PLC - FSLN y definimos las únicas seis posibles ordenaciones en escenarios que podían obtener estos tres partidos políticos. Los resultados de las elecciones de 2006 y de 2011 los ordenamos en base a los seis escenarios creados para poder determinar los cambios ocurridos desde la elección de 2006 a la de 2011.

Posteriormente, a las JRV ordenadas por escenarios se les agregó el criterio de que debían haber sido ganadas por el PLI con un porcentaje igual o mayor al 10% sobre el FSLN. Así creamos el escenario de JRV “en riesgo de fraude”. Analizamos entonces la “migración” de JRV entre partidos entre 2006 y 2011, cruzándolas con las JRV ganadas en 2006 por el PLI (en aquel año el PLI era ALN + MRS) que resultaron “desaparecidas” en 2011. Esas JRV suman 1,496 en el total nacional. Las distribuimos por departamento en relación al “escenario de riesgo” previamente ubicado, contrastándolas con las que el PLI (ALN + MRS) ganó en 2006 en Managua y obtuvimos varios hallazgos.

NUESTROS HALLAZGOS
EN LA INVESTIGACIÓN

El CSE ha empleado la estrategia de ocultar, de “desaparecer”, las JRV donde históricamente la oposición le ha ganado al FSLN. Generalmente, los resultados de estas JRV tienen una diferencia porcentual igual o mayor al 10% de la votación favorable a la oposición. Esta estrategia se hizo más evidente a partir del fraude electoral de 2008, principalmente en el municipio de Managua.

Estas JRV han sido ganadas por la oposición históricamente de forma consistente, aún cuando la oposición se haya presentado en opciones separadas. Sumando los votos de los partidos de oposición en estas JRV siempre le dan un triunfo mayoritario sobre el FSLN en todas las elecciones, desde 1990 hasta 2011. Esto quedó demostrado en la elección de 2008 en el municipio de Managua, al coincidir en 91.49% las JRV desaparecidas con las identificadas como las de “escenario de riesgo”.

Este mismo patrón de conducta es el que encontramos en las elecciones de 2011. De las 4,470 JRV ganadas en 2006 por el PLI (ALN + MRS) sólo tenemos registro de 2,974 y no se tiene registro de 1,494. De las que no se tiene registro un 70.19% (1,050 JRV) pertenecen al “escenario de riesgo”. Estas 1,050 JRV representan un 33% del total de 3,260 JRV identificadas en riesgo a nivel nacional para la elección de 2011. El 55% de estas JRV están localizadas en el departamento de Managua, 10% en el de Chinandega, 8.22% en el de Granada y 5% en el de Carazo. Son los departamentos en los que la ciudadanía hizo más denuncias de fraude.

De las 816 JRV que se ubican en el departamento de Managua, 748 (91.67%) pertenece al municipio de Managua. De estas 748, el 65.24% (488 JRV) pertenecen al “escenario de riesgo”. De las 488 JRV desaparecidas e identificadas en riesgo para el municipio de Managua en 2011, 259 (53%) no fueron presentadas por el CSE en 2008. La mayoría de las 488 JRV en riesgo en el municipio de Managua se ubicaron en los distritos 6, 3 y 5 de la capital. De las 9,134 JRV de las que tenemos registro en la elección de 2011, 1,249 son JRV creadas posteriormente a las elecciones de 2006, muchas de ellas creadas en el último momento por el CSE como JRV “virtuales”.

Se nos hizo evidente, a partir de estas comparaciones y cuantificaciones, que el contrincante principal para el FSLN en la elección de 2011 fue la Alianza PLI. Esto podría explicar por qué un número sustantivo (1,496) de las JRV de las cuales no tenemos información en estas elecciones son JRV ganadas por el PLI (ALN + MRS) en 2006. Las JRV con las mismas características para el PLC son sustancialmente menores (425).

UNA RADIOGRAFÍA
DEL FRAUDE ELECTORAL DE 2008

A la luz de las múltiples irregularidades y denuncias de fraude electoral, no cabe duda para cualquier observador informado que en las elecciones municipales de 2008 y en las presidenciales de 2011 hubo fraude. No obstante, los énfasis y las modalidades de ambos fraudes fueron distintos.

En 2008 los fiscales del FSLN impugnaron las Juntas Receptoras de Votos (JRV) donde el FSLN ha perdido históricamente con una diferencia porcentual igual o mayor al 10% de los votos. También expulsaron a los fiscales de la oposición para que no pudiesen observar el escrutinio de las JRV. La lógica electoral del fraude de 2008 fue eliminar o alterar la mayor cantidad de JRV donde la oposición le ganaba al FSLN. Anulando JRV todos los partidos perdían votos, pero la oposición perdía más porque en esas JRV había sido más votada.

Aquel año los miembros del FSLN que integraron las JRV y sus aliados provocaron la mayor cantidad de errores posibles para impugnar y pedir la nulidad de las JRV escogidas para el fraude. Errores como alterar los códigos de seguridad y las firmas de los miembros en las boletas electorales y cambiar los códigos de la JRV en las actas de apertura, de cierre y de escrutinio.

Además de este proceder, la mayoría de las irregularidades se dieron en los Centros Municipales de Cómputo, donde los funcionarios de los Consejos Electorales Municipales (CEM) y los fiscales del FSLN se coludieron para el fraude. Los fiscales impugnaron de forma ilegal JRV en los CEM, cuando por ley sólo pueden ser impugnadas en las propias JRV. Y los funcionarios de los CEM aceptaron esas impugnaciones para eliminar las JRV donde perdía el FSLN. Además, ambos, también en complicidad, alteraron, cambiaron y desaparecieron actas de escrutinio.

En 2008 una práctica muy burda, pero extendida, fue alterar en las actas los resultados agregando un 1 o un 2 a la izquierda de los resultados en las JRV donde el FSLN había perdido. Si el FSLN había recibido 85 votos en una JRV le ponían un 1 ó 2 a la izquierda para que en el acta apareciera que el FSLN había recibido 185 ó 285 votos.

Funcionarios del Consejo Supremo Electoral anularon votos y JRV enteras en los CEM y en los Consejos Electorales Departamentales (CED). Y nunca se conoció ninguna causal de por qué se anularon esos votos o esas JRV. Indistintamente, se omitieron también actas de escrutinio en las actas sumatorias de los Centros Municipales de Cómputos y de los Centros Departamentales de Cómputo. Como corolario, los Consejos Electorales Departamentales aceptaron todos los recursos interpuestos por los fiscales sandinistas en los Centros Municipales de Cómputo, aun sabiendo que su recepción y resolución era ilegal.

La estrategia básica en las elecciones municipales de 2008 fue restar la mayor cantidad de votos a la oposición utilizando la anulación de votos y JRV en los Centros de Municipales de Cómputos a través de impugnaciones infundadas. El fraude electoral de 2011 fue más sofisticado y contó con la colaboración, no sólo de los funcionarios del Consejo Supremo Electoral y de los fiscales del FSLN. También actuaron con ese objetivo los micropartidos políticos participantes: Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Alianza por la República (APRE). Muchas de las piezas de este rompecabezas se fueron tejiendo en los meses y días anteriores a la elección y fueron muy poco detectadas por la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) y por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

LOS SEIS PILARES EN QUE SE BASÓ
EL FRAUDE ELECTORAL DEL 2011

Aunque fueron muchas las irregularidades, el fraude de 2011 descansó en seis pilares fundamentales de los cuales se derivaron todos las demás.

El primer pilar fue el control casi absoluto del FSLN de todas las instancias del Consejo Supremo Electoral: Consejos Electorales Departamentales, Consejos Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos.

El segundo pilar del fraude fue la infiltración y sustitución de los miembros y fiscales de las Juntas Receptoras de Votos de la ALN y de la APRE por miembros y fiscales del FSLN. Con esta estrategia, se aisló y controló a los fiscales de la Alianza PLI y del PLC el día de las elecciones para que el FSLN contara en soledad los votos. Estas JRV fueron totalmente controladas por el FSLN a través de miembros de mesa, fiscales, policías electorales y coordinadores de centros de votación, en donde funcionan varias JRV.

El tercer pilar fue no entregar en tiempo y forma sus acreditaciones a miles de fiscales propietarios y suplentes (más de 5 mil) de la Alianza PLI. Esto les impidió ejercer su labor fiscalizadora en las JRV. Esto sucedió, mayoritariamente, en las JRV donde el FSLN ha perdido históricamente por amplios márgenes. A los fiscales de la Alianza PLI que sí estuvieron presentes se les impidió impugnar o se les expulsó de las JRV al momento del escrutinio. Otro incidente gravísimo fue impedir que los fiscales de la Alianza PLI estuvieran presentes en la recepción del material electoral el día anterior a las elecciones y en la apertura de las JRV en las primeras horas de la mañana del día de las votaciones. En muchas JRV al momento de la apertura ya las urnas contenían boletas introducidas ilegalmente por los miembros de la JRV en complicidad con los fiscales del FSLN, de la ALN y de la APRE.

Un cuarto pilar fue la negativa de los miembros de las JRV a contar las boletas, tanto las recibidas en la apertura de la JRV como las no utilizadas al cierre de la votación. Esto hizo imposible contrastar el número de boletas recibidas, las utilizadas y las no utilizadas, para así verificar si se correspondían con el número de personas que votaron, tal como mandata la Ley Electoral en su artículo 123. Con este procedimiento anómalo, los miembros de las JRV controlaron plenamente el número de boletas que se utilizaron en la elección y hace imposible reconstruir el número de boletas que se convirtieron en votos.

En un quinto pilar podemos agrupar las alteraciones de casi todos los procedimientos, históricamente utilizados en las JRV. El Consejo Supremo Electoral diseñó una sola boleta electoral para las cuatro elecciones (presidente, diputados nacionales, departamentales y centroamericanos) cuando le Ley Electoral obliga a emplear una boleta para cada elección. Las boletas venían ya con un código de seguridad preestablecido, contrario a la ley, que establece hacerlo en acuerdo entre los miembros de la JRV en el momento de la apertura. Fueron entregadas en cada JRV 400 boletas por peso, cuando siempre su número era definido por el padrón de la JRV. Se eliminó también la práctica legal de que al menos dos miembros de la mesa firmaran cada boleta.

En el último momento, el Consejo Supremo Electoral nombró un Coordinador para cada Centro de Votación, que agrupa varias JRV. Todos los Coordinadores eran miembros del FSLN y aparecieron y actuaron mimetizados como funcionarios del Consejo Supremo Electoral, ya que les debían obedecer todos los miembros de la JRV. Estos funcionarios, no definidos en la Ley Electoral, violentaron a voluntad la mayoría de los procedimientos de la elección establecidos en la Ley Electoral.

CONTARON A SOLAS URNAS “PREÑADAS”

De todas estas anomalías, podemos extraer algunas conclusiones. La Alianza PLI, mucho menos el PLC, carecieron de capacidad para organizar un ejército de fiscales que hiciera frente a las nuevas condiciones que demandaba el fraude. Enfrentaron las nuevas condiciones con los métodos tradicionales y con menos recursos y capacidades. No fueron capaces de prever la pérdida de control en las JRV de las boletas electorales. Y mucho menos lo fueron de proteger las JRV estratégicas donde siempre le han ganado al FSLN.

La lógica del fraude de 2008 se centró en los Centros Municipales de Cómputos, en la impugnación y anulación ilegal de votos y de JRV. En 2011 la lógica fue el control de las JRV a través de miembros, fiscales, policías electorales y Coordinadores de Centro, todos del FSLN y de sus aliados, dedicados a neutralizar a los fiscales de la Alianza PLI. Esto permitió al FSLN contar solo los votos y preñar las urnas con más votos que los que históricamente ha recibido.

POLITÓLOGO.

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