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  Número 356 | Noviembre 2011
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Nicaragua

Roberto Courtney Director Ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia, organismo nicaragüense de observación electoral, compartió con Envío valoraciones del rumbo que llevaba el proceso electoral, diez días antes de la jornada de las votaciones, en una charla que transcribimos para que nuestros lectores juzguen lo que ya se veía venir.

Roberto Courtney

Ética y Transparencia, capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional, era hace 15 años la segunda o tercera organización de observación electoral nacional que funcionaba en América Latina. Hoy observa elecciones en tres continentes y asesora a gobiernos y a grupos similares en una veintena de países. La observación electoral nacional está en pleno proceso de evolución y expansión, desarrollando metodologías que capitalizan sus ventajas prácticas, que incluyen la soberanía de sus miembros ante las autoridades y el fundamento en derechos básicos para vigilar al Estado, dos elementos que limitan a la observación electoral internacional. Por su parte, la observación internacional también está empezando a reconocer las ventajas de mantener una relación simbiótica con los observadores nacionales para mejorar la calidad de su monitoreo y aportar a un esfuerzo conjunto para multiplicar el alcance de su voz en los corredores del poder.

Los observadores nacionales no vemos en las autoridades electorales, y en ninguna otra autoridad del país, a ningún soberano. Vemos en las autoridades a empleados públicos a quienes les hemos confiado un mandato, con unos términos de referencia y a quienes les pagamos un salario generoso para que lo cumplan. Los ciudadanos no requerimos de permisos para opinar sobre el trabajo de los empleados y servidores públicos. Tenemos el derecho y el deber de vigilar cómo las autoridades hacen su trabajo.

En Nicaragua, el modelo cooperativo, aquel en que el Estado trabaja con la sociedad civil organizada, no está funcionando en materia electoral. En un modelo no cooperativo, como es actualmente el nuestro, tienen que activarse con mayor fuerza los derechos ciudadanos. En este proceso electoral, cuando los observadores nacionales no fuimos acreditados, por tercera ocasión consecutiva y con el antecedente de dos elecciones fraudulentas en serie (las municipales de 2008 y las caribeñas de 2010), se nos duplicaron las responsabilidades y la obligación de estar presentes en todos los espacios en los que podamos estar. Para cumplir con esa tarea disponemos de numerosas metodologías.

En la medida en que el aparato electoral de cualquier país retrocede y se pone al servicio de un partido es más necesaria la observación electoral. Mientras más se vista de opaco el sistema, el trabajo de meterle luz y transparencia desde otros ángulos y sectores se vuelve más necesario. La meta es avanzar siempre en la calidad de la democracia. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Perseguimos un efecto profiláctico: tratando de prevenir y documentar, con la observación, los problemas que vemos venir: desde cómo se hacen las elecciones hasta cómo se manejan los desaciertos en ellas. Nos lo indica así el principio de incertidumbre de la física cuántica de Heisenberg, que nos enseña que el hecho de observar algo cambia su naturaleza. Cuando la observación persigue objetivos, esos objetivos se fomentan a partir de su sola presencia Nos lo indica a diario nuestra experiencia: cuando encendemos la luz en nuestras cocinas las cucarachas se esconden. Con la luz y la transparencia se abren avenidas que mejoran condiciones que en la oscuridad sólo tienden a degenerarse.

Con esa misma lógica nuestra, la lógica profiláctica, llegaron a Nicaragua los observadores de la OEA y de la Unión Europea. Ambas misiones le dijeron al Poder Electoral no más llegar al país un par de cosas, con respecto a un manual de capacitación de miembros de las mesas de votación, que llevaba el sello oficial del Consejo Supremo Electoral (CSE) y que estaba utilizando el partido de gobierno: “Si ustedes no quieren encontrar en nuestro informe final críticas lapidarias sobre disposiciones aberrantes como las que ahí aparecen -entrenar a funcionarios electorales diciendo que no habrá observadores en el conteo de los votos y que no habrá copias fieles del acta de escrutinio para los fiscales de los partidos-, supriman ambas disposiciones”. Advertido, el CSE encontró la manera de abandonar esas dos locuritas que había planeado, declarando que no eran disposiciones oficiales sino “apócrifas”. Es una prueba de que en la observación electoral hay un importante objetivo de profilaxis. La sola presencia de observadores genera mejores condiciones a un proceso electoral. Sin embargo, resta por ver si la voluntad política de negar transparencia y confiabilidad para facilitar acciones fraudulentas, que toma forma en ese documento, encuentra otros caminos para actuar.

Ética y Transparencia no solicitó acreditación al CSE para actuar como observadores buscando enfatizar la idea de la soberanía ciudadana, que no requiere de permisos especiales para vigilar al Estado. En esta situación, quedamos obligados a una mayor responsabilidad en la vigilancia de todo el proceso y el manejo de la crisis post electoral de un proceso que ha dado pésimas señales. De 13 indicadores mínimos de calidad del proceso electoral, que son los llamados estándares internacionales, medibles al día de hoy, el sistema electoral y el proceso electoral salen aplazados en 11, salvándose sólo en materia de violencia y libertad de expresión…y sólo hasta esta fecha.

Algo que estamos haciendo en este proceso todos los observadores nacionales es advertir sobre la importancia que tiene en Nicaragua conservar la salida electoral. Vivimos en un país que en 180 años de historia se ha ido a la guerra, en promedio, cada 14 años y que sólo ha tenido 30 años consecutivos de paz una vez…¡en el siglo 19! Y siempre el conflicto militar ha tenido raíz en disputas de poder, por quién manda. En un país así es muy importante tener despejada la salida electoral, independientemente de que en un momento concreto la preferencia ciudadana pueda coincidir con la preferencia del aparato electoral, que es lo que pudiera suceder en estas elecciones en la elección presidencial. Son muchas las encuestas y muy amplios los márgenes en ellas para descartarlas. Parecen vaticinios realistas. Pero aún así, sigue siendo importante que el aparato electoral no tenga preferencias para el día, si este día llega, en que las cosas cambien.Es estratégico que el aparato electoral no esté casado con un resultado previo y que esté comprometido con organizar un proceso transparente para así evitar los recurrentes episodios de nuestra historia, cuando cambiar a quien está arriba ha sido al precio de mucha sangre, condenándonos así a la pobreza, la que sufren los pueblos que se dedicana dispararse a sí mismos en episodios prácticamente calendarizados.

Otra cosa, nos parece, ocurrirá, en la elección para las diputaciones nacionales y departamentales. Creemos que un aparato electoral como el actual inflará estos resultados por diseño. Es inevitable. Y es razonable esperar que esta inflación será decisiva en los resultados de al menos una decena de diputaciones favorables al partido de gobierno.

Nos interesa mucho que cada nicaragüense sea un observador, iniciativa audaz y muy sostenible que queremos sea un legado de estas elecciones. Aunque algunos vivan esta elección con el fanatismo con el que viven un partido de béisbol, y aunque estén contentos con el resultado, independientemente de la calidad del arbitraje, es importante pregonar y conocer la importancia de las reglas del juego justo. Esta conciencia puede generar las condiciones para un cambio, muy necesario, de nuestro sistema electoral y así mantener abierta la vía pacífica.

Dadas las circunstancias, hemos considerado estratégico hacer de cada nicaragüense un observador. Hemos querido sacar de la nebulosa técnica el oficio de observar para que todo mundo sepa cómo hacerlo. Es bastante sencillo, y aunque hay elementos técnicos más sofisticados, cada nicaragüense puede ser un buen observador. Por eso, hemos hecho el esfuerzo de repetir por todos lados cómo observar, compartiendo masivamente con la gente los mismos contenidos con los que siempre hemos capacitado a nuestros observadores. Le hemos advertido a la ciudadanía en qué cosas se debe fijar para convertirla en observadores.

El corazón de la observación y calificación de un proceso electoral está en cuatro elementos o áreas claves,
en el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos que se aglutinan en cuatro categorías: participación, campañas, votación y conteos.

Lo primero que hay que observar es la participación. El principio universal es que todo ciudadano que va a vivir bajo una autoridad tiene el derecho a elegir a esa autoridad. Es éste un principio universal de la democracia. El desafío es cómo el aparato electoral genera las condiciones para que toda la ciudadanía vote. En Nicaragua eso se traduce en el proceso de cedulación.

La falta de cedulación de toda la población puede deberse a que existe gente extremadamente pobre y aislada o a que existen autoridades muy incompetentes para garantizar este derecho. En el actual proceso electoral no son ésas las explicaciones. Hay elementos que nos indican que en la entrega de las cédulas el aparato electoral tiene un sesgo político que trata de marginar a ciertos sectores de la población. Hay señales que apuntan en esa dirección, algunas muy descaradas, como el hecho de entregar gratuitamente en meses previos a las elecciones el nuevo formato de la cédula de identidad a los empleados públicos, por definición los más cercanos al partido de gobierno, al mismo tiempo que ninguna de las oficinas municipales de cedulación había abierto dos meses antes del proceso, que algunas no abrieron nunca, que muchas de las que abrieron declararon no tener papelería y que muchas de las que tenían papelería sólo entregaban la colilla para retirar la cédula al que llegaba con una carta de recomendación de los CPC (Consejos del Poder Ciudadano) del partido de gobierno. Y al mismo tiempo que las oficinas públicas cerraban sus puertas o ponían trabas para entregar cédulas, en la casa del partido de gobierno de muchos municipios hacían el trámite de cédula. Incluso, activistas del partido tocaban las puertas de las casas ofreciendo la cédula a domicilio a sus simpatizantes o a quienes querían ganarse para que les dieran el voto.

Según nuestro análisis, un mínimo del 2% al 5% de los ciudadanos nicaragüenses con derecho a votar (unos 200 mil) quedaron fuera del juego porque el tribunal electoral no les entregó la cédula, por sesgo político, por ser opositores al partido de gobierno. Esa cantidad, por pequeña que parezca, hace no certificable cualquier elección, porque es en esos márgenes de abstención, en los que cae típicamente un puñado de diputaciones.

El segundo elemento que hay que observar son las campañas electorales. En los mundos soñados hay campañas en las que se conocen y debaten los programas y los temas nacionales, y lo hacen candidatos que informan sobre el financiamiento de sus campañas. En los mundos soñados el aparato electoral que vigila esas campañas, donde no se abusa de los bienes del Estado, es una institución neutral y compiten candidaturas reconocidas como legales por todos los contendientes. De hecho, el mundo soñado es bastante más común en América Latina de lo que imaginamos. Aquí debemos conformarnos con ver si se cumplen los mínimos.

¿Cuáles son los dos mínimos que deben cumplirse? Que las campañas estén libres de violencia, sobre todo de la instigada oficialmente. Y que el acceso a las calles y a los medios de comunicación no sea discriminatorio para ningún partido. En lo demás, nuestro sistema está aplazado. El abuso de los bienes del Estado lo vemos por doquier, tanto que cuesta encontrar una escuela o una oficina pública sin banderas y sin propaganda del FSLN. Pero, como en Nicaragua los gobiernos nunca se han abstenido de usar los recursos públicos para hacer proselitismo político, y este gobierno solamente ha agravado esa tendencia, difícilmente se podría descalificar una elección en nuestro país por esa razón.

En cuanto al financiamiento de las campañas, la única prohibición en nuestra Ley Electoral es el artículo 103, que prohíbe de forma absoluta el uso de dinero de empresas con participación del Estado nacional o de un Estado extranjero. ¿Respeta el modelo del ALBA en nuestro país esta disposición legal?

Respecto a la independencia de la autoridad electoral no vale siquiera la pena hablar. Y de la legalidad de las candidaturas veamos los dos raseros: está tranquilo el candidato y Presidente Ortega, que se saltó dos candados constitucionales en 72 horas y permanecen amenazados por la Corte Suprema y por el CSE de ser inhibidos, si ganan, 50 diputados de la Alianza PLI, amenazados por magistrados que desde hace años alcahuetean lo que sea para debilitar a los opositores.

El tercer elemento que hay que observar es el meollo de la cuestión. Porque tanto la participación como las campañas se refieren a condiciones de competencia y votos hipotéticos. El meollo de la cuestión es cómo se trata el voto ya emitido: si todo el mundo puede votar, si se cumplen los candados para que nadie vote dos veces y si se cumple con que el voto sea secreto. En Nicaragua, con ilegalidades y sesgo político de parte del CSE, todo el aparato electoral está absoluta y totalmente en manos del partido de gobierno, con apenas algunos espacios para fiscalizar y documentar por otros actores, los que se cierran de forma sistemática y constante. Esto multiplica las posibilidades de tergiversar o manipular los votos emitidos y facilita también votos y conteos a discreción del CSE-FSLN.

Manchar el dedo del votante después de depositar su voto con tinta indeleble es prácticamente el único candado disponible para impedir que alguien vote dos veces. En esta ocasión, sabiendo que casi 100 mil personas del aparato de gobierno recibieron gratuitamente el nuevo formato de cédula, sin que haya seguridad de que se les retiró el viejo formato, manchar el dedo del votante se vuelve aún más imprescindible. Esta medida puede parecer una pequeñez, pero si no se cumple, y en las juntas se multiplican los casos de votantes sin el dedo manchado de forma efectiva, estaríamos ante una irregularidad mayúscula. Sin embargo, a pesar de un dedo bien manchado, que impida el voto doble o triple, hay mecanismos casi infinitos, algunos menos obvios y mas insidiosos en el menú internacional y nacional para alterar el voto y sus condiciones de emisión y conteo, cuando lo único que limita a los actores partidarios no son ya los actores del otro partido, sino sólo su propia imaginación y autocontrol.

El cuarto elemento a observar es también esencial, es el conteo final de los votos. Pero este elemento observable sólo adquiere relevancia si se materializa el derecho pleno a fiscalizar. Sin fiscales, los conteos pueden ser oficiales y falsos a la vez, y su publicación no ser más que un descaro. Si tenemos fiscalización a como lo manda la lógica y la ley, debemos asirnos de los pocos elementos de transparencia en esa fiscalización. En otros países, se le abren los centros de votación a la gente a la hora de los conteos. En Nicaragua es la hora en que se cierran las puertas y se saca a todos. En las elecciones municipales de 2008 se sacó a los fiscales de oposición en un 10% de las juntas.

Nuestra Ley Electoral establece que el escrutinio final de los resultados de cada junta debe exhibirse en un cartelón en la puerta para que toda la ciudadanía pueda verlo. En relación a los resultados lo que hay que observar son las irregularidades que causan nulidades. Las nulidades deben ser siempre pocas y aleatorias. En las elecciones municipales de 2008, comprobamos que en el 91% de las juntas los resultados eran nítidos y en el 9% estaban mal. Puede parecer un porcentaje insignificante, pero resulta insoportable cuando descubrimos cuál era la tendencia en esas juntas con resultados malos: todas eran juntas donde los resultados no favorecían al partido de gobierno y por eso fueron anuladas. Por eso, si hay irregularidades tienen que ser pocas y aleatorias, lo que significa que si llueve tiene que llover en todos los tejados y de forma parecida, porque si llueve sólo sobre algunos tejados, que son los del principal contendiente del partido de gobierno, eso ya no sería lluvia. Indicaría que es una maniobra claramente observable como señal de fraude.

Capítulo aparte merecen los fiscales. El mal diseño del sistema nicaragüense y las violaciones a sus propias leyes por el CSE han generado una situación donde tres partidos apenas tendrán algún representante en 4 mil de las 13 mil juntas y en 30 de los 153 municipios. Y eso, como máximo. Esto es grave, porque es en esos lugares donde se gerencian las elecciones y se decide qué votos se anulan. No teniendo a nadie que los represente en el resto de espacios, o como máximo teniendo a alguien sólo en un tercio de los espacios, la posición de la oposición resulta sumamente desventajosa. Ante esta situación, el requisito de que al menos tengan fiscales que los representen en las 13 mil juntas se convierte en un elemento crucial. Y los observadores lo hemos manifestado así, ante el notorio accionar del CSE para impedir la fiscalización plena de estas elecciones.

El Consejo Supremo Electoral, obligado por ley a anunciar cómo estarían compuestas todas las juntas receptoras de votos, no hizo ese anuncio. La suspicacia de que estaban prácticamente copadas por el FSLN y sus aliados era justificada y agrava las circunstancias en que se desarrolla el proceso. La ley Electoral obliga al CSE a entregar credenciales a los 13 mil fiscales de cada partido diez días antes de las elecciones. Diez días antes, el CSE no ha entregado ni una. El CSE ordenó a última hora que las credenciales había que solicitarlas todas en Managua y en un programa informático complejo, generando así nuevos obstáculos para no cumplir con la ley. El CSE les entregará a última hora las credenciales, que seguramente tendrán errores que las anulen, cuando lo normal es entregarle a cada partido una cuota de credenciales para que los propios partidos las rellenen. En esta situación, un 40% de las juntas receptoras de votos podrían no tener fiscales el día de las votaciones. Tanto los observadores nacionales como los internacionales tenemos el ojo puesto en este punto, porque en un sistema totalmente partidarizado como el nuestro la fiscalización es un elemento crucial para poder certificar la transparencia de un proceso electoral.

Sólo si hay condiciones aceptables para el voto, incluida la presencia de todos los fiscales en todas las juntas, evaluaremos los conteos. Pero en la medida en que las condiciones previas no estén, no habrá garantías de que el conteo sea el auténtico, por más que lo revistan de todas las formalidades.

Las primeras declaraciones que han hecho los jefes de misión de la Unión Europea al llegar a Nicaragua han sido muy incisivas. Es una misión con gente muy capaz. Yo anticipo que, dadas las circunstancias de nuestro proceso electoral y sabiendo lo que establecen sus manuales y obligaciones, hay señales que indican que los observadores internacionales no calificarán este proceso como libre, justo y honesto. Considero ya con seguridad que en el informe preliminar de la observación internacional se declarará que el aparato electoral no ha cumplido ni con sus propias leyes ni con los estándares internacionales y que, por eso, carece de confiabilidad. En circunstancias mucho menos extremas que las actuales, estas misiones internacionales ya descalificaron el sistema electoral nicaragüense. Ahora, no veo cómo podrá el CSE librarse de una nueva descalificación. Y hay que tener en cuenta que la relevancia de lo que digan los observadores internacionales no es solamente cómo suena en Nicaragua lo que ellos digan, sino cómo suena lo que digan en las capitales de los países en donde el gobierno de Nicaragua quería sonar bien y por eso los invitó.

Mi vaticinio, a diez días de la jornada electoral, y ante un sistema electoral bien conocido y sobradamente auditado, es que el fraude en el conteo de los votos, especialmente en la elección de diputados, es inevitable. Lo vaticino y no creo que sea un vaticinio aventurado. La razón es bien sencilla: tenemos en el CSE y en todo el aparato electoral el mismo modus operandi del 2008 y aún más agravado. Tres años después de aquellas fraudulentas elecciones, hay hoy mayor control del partido de gobierno en las instancias municipales, epartamentales y en las juntas receptoras de votos, donde la política funciona con dinámicas muy locales, donde todos se conocen. Con seguridad, después de conseguir en el conteo la mayoría parlamentaria simple, buscarán la mayoría parlamentaria cualificada y después buscarán más votos para tener más diputados… Así funciona la condición humana: estarán contando solos y lo único que los limitará será la conciencia y la mesura que tengan. Pero, en ausencia de controles, la tendencia humana es a descontrolarse y a desmesurarse. El partido los puso en el cargo, les dio vía libre desde hace meses, no estableció contrapesos y el “pueblo” los aplaude: eso no deja espacios para desarrollar autocontrol. Eso es lo que va a suceder, eso es lo que se va a imponer sobre la precaución de evitar que el partido de gobierno pague el costo político de ensuciar el proceso. En un escenario electoral como el que se ha ido configurando, la moralidad y la mesura requerirían de candados, de controles y de contrapesos que no existen y de mensajes oficiales que no se están dando.

Pensar que al final de este proceso todo estará bien pues eso es lo que le conviene a un Presidente que muy probablemente necesitará legitimidad es lo lógico, pero en política la lógica siempre es superada por el empirismo. Las elecciones municipales de 2008 son un perfecto ejemplo: el Frente Sandinista no tenía un mal resultado: no ganaba en las 153 alcaldías, pero sí en 60 y pico, un resultado perfectamente aceptable, más cuando había ganado las elecciones presidenciales con sólo el 38%. Era un buen punto de partida para seguir avanzando. ¿Por qué el fraude, para qué ganar hasta 105 alcaldías? Además, la lógica les indicaba que no debían hacer fraude en las municipales, porque para las elecciones generales de 2011, todos íbamos a estar alerta, tal como hoy lo estamos. Sin embargo, esa lógica no triunfó. Igual les pasó en las elecciones regionales del Caribe en marzo de 2010. Pensábamos que, después de lo del 2008, las elecciones caribeñas iban a ser impecables, porque los concejales que se eligen en el Caribe cuentan poco, no son más que la vía que la clase política nacional ha encontrado para que los líderes más populares del Caribe tengan un cargo y no reclamen mucho más. Las elecciones del Caribe eran una magnífica oportunidad para que el CSE se lavara la cara de lo ocurrido en 2008. Lo necesitaba. Sin embargo, no se la lavó. La Unión Europea calificó esas elecciones como un fraude.

En este 2011 las irregularidades serán inevitables. Sé que hacemos un vaticinio negativo. Lo hacemos para dejar claro a todos los nicaragüenses que nuestro aparato electoral ha colapsado. Puede ser que el partido de gobierno tenga mayoría en la ciudadanía, pero el futuro es siempre cambiante. Esta situación de hoy no altera la urgencia que tiene Nicaragua de instalar un aparato electoral de tal credibilidad que, cuando se altere esa popularidad, si es que sucede, podamos cambiar las cosas por la vía cívica, por la vía electoral, en vez de hacerlo por la trágica vía que hemos adoptado en Nicaragua tantas veces y que nos ha empobrecido tanto. Más allá de lo desastrosa y negativa que pueda estar la jornada electoral, y ése es uno de los escenarios posibles, el llamado es a responder de forma civilizada y pacífica. No porque no se justifique la cólera, sino porque ya caminamos ese camino. No es éste un llamado a la indiferencia, a dejar pasar las cosas, sino a tratar de componerlas sin violencia y sin sangre, por difícil que esto sea.

En cualquier caso, si el aparato electoral no da garantías para la fiscalización, si no hay presencia de fiscales en todas las juntas receptoras de votos, y si todos los fiscales no reciben un acta de escrutinio válida, no se sorprenda nadie de que a las 7 de la noche del domingo 6 de noviembre, o antes incluso, declaremos que el proceso no tiene garantías para ser valorado, lo que invalidaría todo el proceso.

Efectivamente, a las 6 de la tarde, cuando se cerraban los centros de votación en todo el país, Roberto Courtney hizo pública la Valoración Técnica del Informe Técnico Preliminar de Ética y Transparencia (EyT).

Tras referirse a cada una de las 13 condiciones técnicas que permiten acreditar cualquier proceso electoral, (las que señaló en su charla con Envío), y tras señalar las variadas violaciones a la Ley Electoral en la conformación de las instancias claves del proceso y las irregularidades ocurridas el domingo 6 de noviembre en los recintos de votación, en particular la falta de garantías para la secretividad del voto en el 40% de los recintos y la falta de fiscales de los partidos de oposición en al menos el 20% de las juntas receptoras de votos, EyT concluyó que el proceso no cumplía con 11 de las 13 condiciones técnicas que acreditan cualquier proceso electoral.

EyT declaró que la falta de fiscalización se convirtió al final en la “irregularidad definitoria” por sí sola, aunque no faltaban otras evidencias y agravantes. Y concluyó afirmando rotundamente que el proceso no era “ni justo ni honesto ni creíble” y que Nicaragua estaba ante un “sistema electoral que ha desmontado las garantías de forma sistemática y por voluntad política”.

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