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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 355 | Octubre 2011
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México

Interrogantes ante el Corredor Eólico

La generación de energía eólica se presenta como una alternativa totalmente limpia y benéfica para la sociedad. Sin embargo, persisten muchas interrogantes sobre las implicaciones sociales y también ambientales de esta fuente de energía. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, están abiertas esas interrogantes. Es necesario debatir en qué medida la energía eólica enfrenta realmente el cambio climático.

Emiliano Castillo Jara

Ante el problema del cambio climático se viene promocionando el uso de energías renovables, incluida la que produce el viento, la eólica. La promueven empresas transnacionales, organismos financieros internacionales, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, Alemania, Japón y España -que han desarrollado esas tecnologías-, mientras que México no tiene la capacidad, ni económica ni política, para hacerlo. El desarrollo de energías renovables se ha convertido en una competencia entre un puñado de países ricos y sus empresas transnacionales, que buscan obtener ganancias promoviendo el uso de energías limpias. Reforzar así relaciones de dominación, más que proteger el medio ambiente, es su propósito. Éste es el caso de la generación de energía eólica en México, en particular en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca.

JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS

A pesar de su aparente carácter local, la construcción de centrales de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec tiene implicaciones internacionales que se relacionan con uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el ser humano: el cambio climático global, causado en gran medida por el uso de combustibles fósiles. La energía eólica se concibe como una forma menos contaminante de generar energía eléctrica, fundamental para la iluminación, la producción de bienes y servicios, el transporte de mercancías y personas y el funcionamiento de aparatos electrónicos, entre otras actividades de la vida diaria.

Pero al analizar la energía eólica hay que tener en cuenta cuestiones de justicia social y de respeto a los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en las inmediaciones de esas centrales eólicas. En el Istmo de Tehuantepec está en juego la definición de una nueva forma de convivencia con la Naturaleza que sea menos dañina.

“AMENAZAN NUESTRA VIDA”

A finales de julio, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de las Tierras y el Territorio demandó cancelar averiguaciones, órdenes de arresto y causas penales iniciadas por empresas españolas contra quienes defienden sus derechos étnicos y repudian el desarrollo eólico en el Istmo de Tehuantepec.

La Asamblea denunció a las empresas Preneal, Enel, Unión Fenosa, Iberdrola, Acciona, Demex, Renovalia, Gamesa, Eyra, Peñoles, Edf, Eoliatec y Femsa-Mcquaire, que “dividen a nuestros pueblos, amenazan nuestra vida y nos despojan de tierras”. Y calificaron al gobierno de impulsor y cómplice del proyecto mediante instancias como la Procuraduría Agraria, la Secretaria de la Reforma Agraria, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad y el Poder Judicial. Los pueblos y comunidades del Istmo se declararon dispuestos a defender su territorio “de los negocios sucios a nombre de la llamada energía limpia”.

El Istmo de Tehuantepec tiene un gran potencial de generación de energía eólica para uso comercial. La región es considerada una de las mejores a nivel mundial. Empresas transnacionales -en especial españolas como Iberdrola y Acciona- desarrollan centrales de energía eólica en territorios de comunidades indígenas y campesinas. Son responsables del megaproyecto Corredor Eólico.

El proyecto es financiado por el Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo (BID). Las operaciones iniciaron en 1994, pero a partir de 2005 tomaron más fuerza con el incremento de la inversión extranjera. Las centrales producen ya electricidad, suministrada en gran medida a empresas ubicadas en Mesoamérica, aunque muy poca llega a la población del Istmo de Tehuantepec.

El megaproyecto eólico se construye en beneficio de los intereses de los países desarrollados y de sus empresas transnacionales: las ganancias se transfieren al exterior, se incrementa la deuda externa de México por los préstamos otorgados por los organismos financieros internacionales y México tiene que pagar por las patentes de los principales componentes tecnológicos utilizados en la construcción de las centrales eólicas, que son propiedad de los países desarrollados.

SE TERMINA EL PETRÓLEO...

El Corredor Eólico promueve la participación de capital privado en la generación de energía eléctrica, que vende a la compañía estatal de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, ésta la distribuye en el territorio nacional. Así, el capital privado tiene una gran influencia en definir por qué y para qué se produce esta energía. Hoy, un porcentaje importante de la electricidad que se consume en México la generan empresas privadas como Iberdrola.

Existen planes para suministrar la electricidad producida por las centrales eólicas a la infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones y de transportes de Mesoamérica. Estos planes -también financiados por el BM y el BID- busca unificar los mercados energéticos de la zona incrementando la inversión privada en la generación de electricidad.

Estamos ante una violación a la soberanía nacional mexicana porque la generación de energía eléctrica es una actividad estratégica que debe conducir el Estado para garantizar el suministro de electricidad a la población. Se trata de una estrategia de largo plazo considerando que las reservas de petróleo nacional no durarán por mucho más tiempo y que actualmente México depende del petróleo para la producción de energía y como fuente de gran parte de sus ingresos públicos.

LO QUE DEJÓ
LA REFORMA AGRARIA

Los impactos sociales y ambientales que están provocando las centrales eólicas no se entienden sin la reforma agraria de 1992, que permitió privatizar los derechos de propiedad de tierras ejidales y comunales, pertenecientes en muchos casos a comunidades campesinas e indígenas. La privatización de los derechos de la tierra se realizó creando grandes propiedades individuales, sociedades mercantiles y formas combinadas de ejido con propiedad privada.

La reforma agraria significó un distanciamiento del Estado en la regulación de las actividades de venta y renta de terrenos. A partir de la reforma, los ejidatarios pueden aprovechar su terreno concediendo a otras personas o a empresas su uso, sin necesitar de la autorización de alguna autoridad. Esto implica que empresas privadas tienen el camino libre para desarrollar sus diferentes proyectos sin la participación o intromisión del Estado.

El cambio en la tenencia de la tierra provocó también mayores índices de pobreza en el campo mexicano, migración hacia Estados Unidos y un respaldo del Estado a las grandes empresas agrícolas en detrimento de atender las necesidades de los pequeños y medianos productores agrícolas. En especial, se han descuidado cultivos tradicionales de subsistencia como el maíz y el frijol. La reforma ha significado una mayor marginación de grupos campesinos e indígenas, ahora imposibilitados de ejercer autonomía sobre sus territorios y sus recursos naturales.

TIERRAS ARRENDADAS
Y DESPOJO DE TIERRAS

Las empresas transnacionales que desarrollan el megaproyecto eólico necesitan modificar la propiedad de estas tierras, haciéndolas pasar de colectivas a privadas con contratos de arrendamiento. La firma de esos contratos otorga a las empresas derechos sobre la tierra por 30 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 30 años más y de fijar pagos mínimos a las comunidades por la renta de su tierra, que en ningún caso pueden compensar totalmente los daños que generan las centrales eólicas. Algunos campesinos reciben apenas unos 100-150 pesos anuales de renta por cada hectárea arrendada.

El despojo de tierras ha sido el principal motivo para que organizaciones como el Grupo Solidario La Venta, la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, el Consejo de Ancianas y Ancianos de Ranchu Gubiña , el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, entre muchos otros, se hayan unido para oponerse al Corredor Eólico.

Varios de estos grupos existían antes de la construcción del Corredor Eólico y contaban ya con una fuerza consolidada y con vinculación con movimientos sociales a nivel regional, nacional e internacional. Esto contribuyó a dar mayor fuerza y organización a la resistencia al megaproyecto eólico, aún a pesar de la diversidad cultural que existe en el Istmo de Tehuantepec y a pesar del fraccionamiento de algunos grupos.

NUEVO MÉTODO DE SAQUEO

El despojo de tierras campesinas e indígenas para construir megaproyectos no es una situación exclusiva de México. En otros países de América Latina también existen movimientos sociales y organizaciones que los rechazan por considerarlos nuevos métodos de saqueo de los recursos naturales, que contaminan el medio ambiente y dan continuidad a la colonización del imperialismo.

Si bien todos los casos son diferentes, la mayoría de estos megaproyectos comparten dos características: las decisiones están tomadas de antemano y las comunidades, usualmente indígenas y campesinas, no son informadas ni consultadas sobre sus formas de organización y sobre el conocimiento tradicional que tienen sobre el medio ambiente de sus zonas.

Las negociaciones realizadas con autoridades y empresas para el arrendamiento de tierras han sido criticadas por la coalición de organizaciones opositoras. Afirman que se llevan a cabo sin información transparente y veraz sobre las implicaciones de los contratos. Algunos de los propietarios de las tierras no saben con precisión los derechos que tienen, una vez que las han arrendado a las empresas. Tampoco saben que sucederá con las centrales eólicas cuando finalice el contrato de arrendamiento.

PROTESTAS, DENUNCIAS

Los grupos de oposición al proyecto han dirigido las protestas contra las amenazas y hostigamientos que los representantes de las empresas hacen a los propietarios para obligarlos a firmar los contratos. O denuncian la realización de asambleas en los ejidos con las firmas de personas fallecidas o que no pertenecen a ese ejido. Las reuniones públicas que se hacen para informar sobre los proyectos de energía eólica no logran el objetivo de recoger los intereses de las comunidades, lo que tensa las relaciones entre las comunidades, las empresas y el gobierno mexicano.

También existen ejidatarios que no se oponen a la energía eólica y sólo exigen un pago justo por la renta de la tierra para así obtener ingresos adicionales a los que consiguen por sus actividades agrícolas. Esto ha causado conflictos dentro de las comunidades entre quienes apoyan y quienes rechazan el megaproyecto eólico.

¿QUÉ DEMANDAN?

Una de las principales demandas que exigen los grupos opositores es la nulidad de los contratos de arrendamiento, lo que significaría la cancelación del megaproyecto. Exigen también acceso a información verídica sobre los impactos ocasionados en los territorios de las comunidades y sobre las características de las negociaciones de los contratos. Conocen que la consulta a los pueblos, en base a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, es fundamental para decidir sobre la ejecución de un megaproyecto como éste. Estos artículos exigen que, de acuerdo con sus instituciones representativas, los pueblos sean consultados, respetando así su derecho a decidir sobre sus prioridades.

Las autoridades gubernamentales mexicanas y las empresas transnacionales han ignorado las demandas de las comunidades, minimizan la magnitud de los impactos negativos y han intentado cooptar, intimidar y reprimir la movilización social y las manifestaciones de rechazo. La excusa es la necesidad de atraer inversión extranjera y el afán de construir ante la opinión pública una imagen positiva de la energía eólica como alternativa limpia y eficiente.

UN MALESTAR CRECIENTE

Han sido muchas las manifestaciones de rechazo al Corredor Eólico. Desde 1994, los campesinos de la región expusieron quejas por irregularidades en las negociaciones para la firma de los contratos de arrendamiento, ya que el gobierno les ofrecía 100 pesos por hectárea, aunque señalaba que habían logrado acuerdos para que a los campesinos les tocará una renta anual de 8 mil pesos.

Protestaban también contra los impactos en la fauna y en la flora, en particular la pérdida de algunas plantas medicinales que tradicionalmente les habían servido a los pobladores. Reclamaban también por el incumplimiento de las promesas del gobierno que les había ofrecido pavimentar calles y cubrir el consumo eléctrico del sistema de agua potable a cambio de usar las tierras ejidales donde se instalaron las centrales eólicas.

De 1994 a 2005 y 2006 la tensión entre las comunidades, las empresas y el gobierno mexicano se mantuvo latente, pues fue hasta 2005 que se presentó una expansión territorial del megaproyecto y con esto un mayor despojo de tierras. En 2006 la resistencia social comenzó a crecer con mayor fuerza, con demandas en marchas, movilizaciones, foros y reuniones.

HITOS DE UNA LUCHA

Varios hechos han jalonado la resistencia de las comunidades. El 12 de junio de 2006 se presentó una denuncia pública ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por los daños ecológicos de la central eólica La Venta I. El 19 de agosto de 2008 comuneros de los municipios de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo y Xadani exigieron a un juzgado respuesta a las 120 demandas de nulidad de los contratos de arrendamiento que firmaron con empresas transnacionales, después de no recibir respuesta durante siete meses.

El 29 de septiembre de 2008, la Asamblea General del Ejido La Venta junto con 150 trabajadores decidieron bloquear los trabajos de construcción de la central eólica que desarrollaba la empresa española Acciona. El objetivo era que Acciona pagara un adeudo y compensara los daños a tierras que se encontraban fuera del área de construcción de las obras.

El 22 de enero de 2009 hubo una manifestación en contra de la inauguración de la central eólica de Acciona. El 12 de agosto de 2009 campesinos de la zona de La Ventosa emplazaron a Iberdrola para que respondiera a sus demandas: pago del 1.5% de lo que obtienen por la generación de energía eléctrica y 50 mil pesos anuales por cada hectárea que la empresa utiliza.

DAÑOS ECOLÓGICOS:
LOS SUELOS, LAS AVES, EL PAISAJE

Ciertamente, la producción de energía eólica es mejor ambientalmente si se la compara con la producida por combustibles fósiles. Sin embargo, también genera daños que el gobierno mexicano y las empresas transnacionales ignoran. Porque, aunque las empresas hacen estudios de impacto ambiental para asegurarse de que no se dañe significativamente el medio ambiente de la zona, estos estudios proponen únicamente la aplicación de leyes y la compensación económica como únicas y simples medidas para la solución de problemas que son complejos.

Entre los principales impactos negativos destacan los daños a los terrenos donde se desarrollan actividades agrícolas, una de las principales fuentes de ingreso para la población local. Este impacto se agudiza por la notable falta de apoyo gubernamental a los pequeños y medianos productores agrícolas, que no tienen certeza de si seguirán pudiendo cultivar en esas tierras una vez que termine la vida útil de las centrales eólicas.

La muerte de aves se ha convertido en otra gran preocupación porque las centrales eólicas se localizan en una importante ruta mundial de aves migratorias. Aunque hay otras actividades económicas que causan más muertes, no por eso debe subestimarse lo que ocurre aquí, más si no existe información transparente sobre los índices de mortalidad de las aves.

Algunos pobladores han señalado que la construcción de más centrales eólicas ha afectado también el paisaje rural. Protestan también, contra los posibles riesgos a la salud de las personas y animales que habitan en las inmediaciones, por el ruido que causan las máquinas y equipos de las centrales.

FALTA CONSENSO
Y FALTA INFORMACIÓN

Para que exista una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo de la energía eólica se requiere de un consenso social, de que exista un proyecto nacional de energía eólica y de la calidad de la información sobre el tema.

El consenso social es el camino para evitar la privatización de los beneficios y la socialización de los costos. Las comunidades de la región deben participar activamente en la toma de decisiones para que sus intereses, sus necesidades y su visión del mundo sean incorporadas en cualquier proyecto de energía eólica. Podrán así recuperar los derechos sobre sus tierras y los proyectos de energía eólica que se desarrollen serán colectivos y se garantizará que se distribuyan equitativamente los beneficios. Falta información de calidad sobre el tema. Los estudios de impacto ambiental en los que se basa la construcción de centrales eólicas necesitan incorporar información verídica, detallada y amplia sobre los impactos positivos y negativos. Y aún cuando no se sepa qué tan dañino puede resultar un impacto se deben tomar medidas de precaución.

FALTA UN PROYECTO NACIONAL

Estos proyectos exigen un proyecto nacional. El papel del Estado mexicano en la generación de energía eólica es fundamental para la resolución de conflictos por la propiedad de la tierra, para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías nacionales, para regular la inversión extranjera y para garantizar la seguridad energética del país. En el suministro de electricidad se debe priorizar a la población nacional por sobre las empresas privadas.

El Corredor Eólico no cumple con estos tres índices de justicia. Es un proyecto que favorece los intereses económicos de las empresas transnacionales y que genera afectaciones sociales y ecológicas inaceptables porque violan los derechos fundamentales de la población del Istmo de Tehuantepec y degradan el ecosistema local.

Con todos estos lastres negativos, ¿cómo afirmar que contribuye a reducir los impactos negativos del cambio climático? Si su implementación se basa en decisiones apresuradas, guiadas por el lucro, irresponsables y poco informadas sobre sus ventajas y desventajas, la contribución es nula.

EGRESADO DE RELACIONES INTERNACIONALES POR LA UNAM DE MÉXICO. COLABORACIÓN CON ENVÍO.

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