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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 353 | Agosto 2011
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Nicaragua

¿Qué puede hacer, qué debería hacer un nuevo gobierno?

José Luis Medal, economista, compartió con Envío sus reflexiones sobre algunas de las promesas electorales de los candidatos y sobre los cambios que podría hacer un nuevo gobierno, o el actual partido de gobierno si es reelecto, para mejorar la realidad de nuestro país.

José Luis Medal

El candidato del PLC Arnoldo Alemán anda ofreciendo que en cinco años creará un millón de empleos. Edmundo Jarquín -candidato a vicepresidente en fórmula con Fabio Gadea- promete que si ganan las elecciones el país crecerá al 7% anual. El Presidente Ortega -candidato de facto que pretende reelegirse- anunció el 19 de Julio que su programa de gobierno será “seguir haciendo lo mismo” y algunos de sus voceros anuncian que ganarán con mayoría y “cambiarán el sistema”.

Vamos a analizar brevemente estos mensajes, teniendo en cuenta el contexto de la economía nicaragüense, teniendo en cuenta cuáles son los factores y las variables que controla el gobierno y cuáles son los que no controla, y centrándonos en cuál puede y debe ser el papel del Estado en un país como Nicaragua.

¿Qué debe hacer y qué no debe hacer un futuro gobierno? Antes, una brevísima reseña histórica de lo que han hecho los gobiernos anteriores en política económica. En el período de gobierno de los Somoza, en las décadas de los años 50, 60 y 70, no sólo actuaban las leyes del mercado, como algunos piensan. Había un grado de intervención del Estado bastante fuerte: el Banco Nacional de Desarrollo y el INFONAC (Instituto de Fomento Nacional) jugaban un papel muy importante en la economía. En el período de los Somoza había más intervención estatal en la economía que la que hay hoy. Había entonces una gran influencia de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), que en aquellos años promovía la industrialización desde el Estado en el marco del Mercado Común Centroamericano. Había educación pública y salud pública gratuitas. No hay que pensar -como hoy le hacen creer a mucha gente joven- que la educación gratuita y la salud gratuita las inventó el actual gobierno del Frente Sandinista. La escuela pública gratuita existe desde el tiempo de Zelaya. Y en el período de los Somoza hubo en Nicaragua escuelas públicas de mayor calidad que las que hay ahora. También el Seguro Social funcionaba mejor que ahora. Y esto lo dice alguien que fue un opositor al somocismo.

Todos los economistas coinciden en que en tiempos de los Somoza la macroeconomía se manejó muy bien. Y todos los índices prueban que durante el gobierno de los Somoza hubo un notable crecimiento económico. La estrategia de desarrollo de los Somoza se basó en el modelo agroexportador, combinado con la industrialización sustitutiva de importaciones que promovía la CEPAL. Las tasas de crecimiento más altas que ha tenido Nicaragua en toda su historia se dieron en las décadas de los 50, 60 y 70. Nicaragua creció en los años 60 más del 7% del PIB, una de las tasas más altas de América Latina. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Crecíamos gracias a los Somoza? No. Crecíamos fundamentalmente por dos razones. Primera, porque la economía mundial se estaba reactivando ágilmente después de la Segunda Guerra Mundial y eso provocó un boom en las exportaciones. Segunda, porque nuevas tierras se incorporaron a la ganadería y al algodón, un cultivo que floreció en aquellos años. Todo eso contribuyó al crecimiento económico de nuestro país.

Había crecimiento económico, pero no había desarrollo sostenible. No es lo mismo crecimiento económico que desarrollo sostenible, que incluye sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad institucional. El algodón deterioró el ambiente en Occidente y, después de más de cuatro décadas de gobierno, el empeño de la familia Somoza en perpetuarse en el poder, en reelegirse, generó una gran conflictividad y llevó al país a una guerra civil. Fue la mala calidad de las instituciones democráticas, la ausencia de gobernabilidad democrática, lo que dio al traste con el crecimiento económico que se había logrado. La lección del período de los Somoza es simple: crecer no es suficiente, un desarrollo sostenible requiere de una sólida institucionalidad democrática.

Con la revolución, el papel del Estado se expandió y se fortaleció. Y aunque el ideal del Frente Sandinista era el modelo cubano, por razón de la correlación de fuerzas existente, no podían implementar una economía centralmente planificada, en la que el gobierno es dueño de todo, y decidieron, por razones tácticas, un modelo de economía mixta. Nacionalizaron la banca, nacionalizaron el comercio exterior, establecieron controles en el comercio interno, hicieron una reforma agraria, establecieron control de precios y control de cambios, confiscaron propiedades…

La economía de Nicaragua se hundió en los años 80, en parte por la guerra pero no sólo por la guerra. Estas políticas y la errónea política macroeconómica influyeron en el hundimiento de la economía. Los años 80 se denominaron en América Latina “la década perdida”. En Nicaragua no sólo fue una década en la que no crecimos, sino en la que nos hundimos. Hay estudios que afirman que la productividad de Nicaragua, que creció en los años 50, 60 y 70, se hundió en los años 80 y no se ha recuperado nunca. Eso significa que hoy tenemos los niveles de productividad de hace 50 años. La principal lección de los años 80 es lo que un gobierno no debe de hacer. No debe estatizar la economía, no debe establecer controles de precios y de cambios, no debe nacionalizar la banca ni el comercio exterior ni realizar confiscaciones.

Con el fin de la revolución, cambió toda la política económica. Yo sostengo que desde 1990 hasta hoy, a lo largo de cuatro gobiernos, la política económica ha sido la misma en lo fundamental. Y sostengo que, en lo fundamental, seguirá siendo la misma, sea cual sea el gobierno que resulte electo este año. ¿Cuáles han sido los denominadores comunes a lo largo de esos años? Desde 1990 hasta hoy Nicaragua ha firmado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Es fundamental en esos acuerdos que el gobierno se compromete a no usar la maquinita para imprimir dinero sin respaldo, como se hizo durante la revolución. Recuerden aquellos billetes de 5 millones de córdobas que circularon en los años 80. Este control contribuye a frenar la inflación, que siempre perjudica a los más pobres. Ésa es una política fondomonetarista. ¿Es mala? No, no es mala. Es buena. Es la misma que se aplicó durante el tiempo de los Somoza y la que se aplica desde el gobierno de doña Violeta. Otro elemento fundamental en los acuerdos con el Fondo es evitar que aumente el déficit fiscal. Es otra política fondomentarista. Y no es mala. Si no, vean lo que le está pasando a varios países europeos, que no respetaron los equilibrios fiscales. El actual gobierno sigue convenientemente estas políticas fondomonetaristas, llamadas neoliberales, aunque poniéndoles una salsita populista para darles mejor sabor.

Muchas de las llamadas políticas neoliberales son positivas. Es positivo tener libertad de precios, libertad de comercio, desgravación arancelaria y apertura comercial externa, liberalización financiera, libertad cambiaria, promoción de la inversión nacional y extranjera y respeto a la propiedad privada. Todas esas políticas las han aplicado todos los gobiernos desde 1990 hasta hoy. Aunque el actual gobierno habla de “los 16 años de gobiernos neoliberales”, en la realidad tenemos 20 años de gobiernos neoliberales, incluyendo a éste. Y no es malo, es bueno. Sin embargo, a pesar de estas políticas la tasa de crecimiento promedio del PIB durante estos 20 años ha sido mediocre y prevalecen altos niveles de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar? ¿Qué debe hacer y qué no debe de hacer un futuro gobierno?

Para reflexionar adecuadamente, lo primero es tener claro qué puede o debe hacer un gobierno y qué variables o factores controla y cuáles no para hacerlo. Y naturalmente, hay que tener también en cuenta si un gobierno es legítimo o no lo es. Nicaragua no debe repetir el error que se cometió en el período de los Somoza: por el deseo de perpetuarse una familia en el poder, el gobierno perdió la legitimidad y esto generó una gran conflictividad política. La Constitución de la República es clara: prohíbe la reelección y nadie está facultado -como han hecho unos supuestos magistrados- para declarar inconstitucional la Constitución, o inaplicable alguno de sus artículos, que es lo mismo. Aunque es innecesario decirlo, hay que decirlo: la primera condición de un futuro gobierno debe ser la legitimidad.

Un buen gobierno no puede ser corrupto ni demagógico. Tampoco cabe un gobierno que fomente la corrupción o haga promesas sin fundamento. El señor Alemán no debería ser candidato presidencial por los niveles de corrupción promovidos durante su gobierno, los mayores observados en la historia de Nicaragua. Ahora, este señor anda ofreciendo crear un millón de empleos. Voy a referirme brevemente a esa promesa sin sustento tomando los datos del sector formal del mercado laboral nicaragüense, que incluye únicamente a los trabajadores afiliados al Seguro Social. Pues bien, cuando este señor llegó al gobierno en 1997 había 227 mil 600 afiliados al INSS (Instituto Nicaragüense de Seguro Social) y cuando en 2001 dejó el gobierno había 306 mil. En total, en su período se crearon 15 mil 800 empleos anuales en el sector laboral formal. Y no los creó Alemán, los creó la economía. Se crearon por el crecimiento inercial de la economía. Ahora, este señor dice que él creará 200 mil empleos anuales y dice que serán empleos de calidad, lo que significa que serán empleos del sector formal. Pura demagogia. Dice que los empleos saldrán de cinco proyectos que él hará, uno de riego, otro de reforestación... Pero, ¿dónde están los estudios de factibilidad de esos proyectos? Simplemente no existen.

Cuando se habla de proyectos generadores de empleos, hay que tener en cuenta que el programa de inversiones públicas de cualquier gobierno inicia siempre con los proyectos que están en lo que se conoce como “la tubería de proyectos”. En sus tres primeros años todo gobierno lo que hace en el programa de inversión pública es ejecutar los proyectos de arrastre del anterior gobierno. El actual gobierno ejecutó hasta 2010 los proyectos que le dejó diseñados y pagados el gobierno de Bolaños. Algunos proyectos que tiene entre manos el actual gobierno vienen desde el tiempo de los Somoza: Monkey Point y Tumarín son proyectos de la época somocista. Esto implica que en los tres primeros años del próximo gobierno lo que hará será simplemente implementar los proyectos de arrastre que queden a finales de este año. Es simple demagogia hacer creer que se podrá superponer una cartera enorme de nuevos proyectos a los que están ya “en tubería”.

Veamos también el contexto del empleo en Nicaragua. Actualmente, la fuerza de trabajo nacional anda por los 2 millones y medio de personas, pero solamente 566 mil personas están afiliadas al Seguro Social. Eso indica que en los últimos años los empleos que se han creado en Nicaragua son empleos informales, sin contrato, temporales. El problema central en Nicaragua no es el desempleo. Según el Banco Central, la tasa actual de desempleo abierto es sólo del 7.5%, menor que la de Estados Unidos, donde es más del 9%. El problema central en Nicaragua es el subempleo, esos empleos de baja calidad que surgen por todos lados: gente vendiendo agua helada o lotería o poniendo un negocito de cualquier cosa que hoy aparece y mañana desaparece…Trabajos de muy mala calidad, mal remunerados y nunca de tiempo completo. Lo que abunda en nuestro país es ese subempleo.

¿Cómo se crean trabajos de calidad? Cualquier economista dirá que para lograrlo hay que trabajar en la oferta de trabajo, mejorando la capacitación de la fuerza laboral, y hay que trabajar en la demanda de trabajo. Y cualquier economista sabe que para saber los resultados de estos esfuerzos hay que conocer cuánto invierte un país en enseñanza técnica y vocacional. En Nicaragua esa inversión es muy escasa. Hoy, de las aulas están saliendo muchos bachilleres que no saben nada y de las universidades montones de abogados que no encuentran quehacer y montones de administradores de empresas que no tienen empresas que administrar. Si en los últimos años no se han creado en Nicaragua trabajos de calidad, es previsible que los trabajos que se crearán en los próximos años difícilmente lo sean. Porque los jóvenes que salen al mercado laboral no tienen preparación suficiente. Porque no hay suficiente inversión en capital humano.

Un nuevo gobierno debe reorientar el gasto público a favor de los más pobres. Hay aquí una variable que sí controla el gobierno. Cómo se distribuye el gasto público, a quiénes se asigna, qué se prioriza, son variables que sí controla el gobierno. Un nuevo gobierno debería cambiar la estructura del presupuesto que se destina a la educación pública. En un país como Nicaragua, con tanto subempleo, resulta injusto que el gobierno entregue el 6% del presupuesto nacional a las universidades. Esa proporción es absurda si la comparamos con lo que el presupuesto destina a la educación primaria y a la educación técnica y vocacional, apenas 100 dólares al año por estudiante, una cantidad totalmente insuficiente. En Nicaragua hay que priorizar la educación primaria y la técnica. ¿Por qué no se priorizan? Porque las universidades públicas son un grupo de presión muy poderoso. Los estudiantes de primaria no pueden violar la ley protestando y exigiendo más presupuesto haciendo estallar morteros, los universitarios sí.
Veamos otra promesa electoral. La ha hecho Edmundo Jarquín, candidato a vicepresidente en fórmula con Fabio Gadea en la Alianza PLI-UNE. Promete un crecimiento económico anual de 7%. ¿Nicaragua puede crecer un 7% cada año? Potencialmente sí. Ya lo hizo. ¿Qué se requiere para eso? Se requieren muchas cosas que hoy no tenemos. Y que no se consiguen de un día para otro, de un gobierno a otro. Tendríamos que mejorar la inversión, aumentar la productividad, elevar la eficiencia, erradicar los niveles de corrupción que se han instalado en la administración pública…Tendríamos que tener un país con una calidad institucional -con todo lo que eso abarca- que hoy no tenemos. Por eso, cualquiera que diga que creceremos al 7% repentinamente no dice la verdad. A pesar de esto, debo señalar que, en mi opinión, la fórmula Gadea-Jarquín es la que muestra indicios de una voluntad decidida a mejorar un poco la deteriorada calidad institucional de Nicaragua, lo que contribuiría al crecimiento económico.

La calidad institucional es fundamental para un desarrollo sostenible. Y ésa es otra variable que sí controla el gobierno.
El gobierno no controla el precio internacional del café, de la carne o del azúcar, ni controla el precio internacional del petróleo, pero sí controla la calidad de las instituciones. Calidad de las instituciones significa que si voy a un juicio no tendré que pagar una mordida ni temer que van a sobornar al juez. Significa que las pequeñas y las medianas empresas, cualquier empresa, puede desaduanar sus productos sin tener que esperar meses o pagar coimas. Calidad de las instituciones significa que la Contraloría General de la República cuida el uso de los recursos públicos y que existe un Poder Judicial independiente, no partidarizado. Calidad institucional es un gobierno con funcionarios eficaces y eficientes. Es que respeten nuestros derechos. Si en Nicaragua hubiera instituciones con calidad, instituciones sólidas, creceríamos más, mejoraría la economía. Y no es que la calidad de nuestras instituciones se haya puesto mal en estos cuatro años. No, sólo se ha puesto peor. Esa baja calidad institucional viene desde hace mucho tiempo. Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional demuestra que si en Nicaragua hubiera instituciones de la calidad de las que hay en Chile creceríamos al menos en promedio anual un 3.4% más. Llegaríamos tendencialmente a ese 7% de crecimiento del que habla la promesa electoral.

El PIB per cápita de Nicaragua es 1 mil 200 dólares anuales y el de nuestra vecina Costa Rica es 7 mil 400 dólares.
¿Por qué Costa Rica tiene hoy siete veces un PIB per cápita superior al nuestro? En los años 40, 50 y 60 estábamos casi iguales, con una diferencia chiquita a favor de Costa Rica. Hoy, aquella diferencia chiquita se ha hecho abismal. ¿Son más inteligentes los ticos? ¿Somos brutos los nicas? ¿Tienen más territorio los ticos? ¿Qué explica este abismo? La calidad de las instituciones. Costa Rica ha tenido mejor calidad de instituciones que Nicaragua desde hace un siglo. Y eso es lo que en buena medida explica que Costa Rica supere hoy a Nicaragua y a todo el resto de Centroamérica en este indicador y en casi todos.

Vamos ahora a las promesas económicas del actual gobierno. Lo que Ortega promete es que seguirá haciendo lo mismo. ¿Es exitosa la economía con el gobierno actual? La propaganda gubernamental afirma que la economía nunca ha estado mejor que ahora. Afirma que en 2010 crecimos el 4.5% y que en 2011 creceremos también el 4.5%. Pero si analizamos las estadísticas que publica el Banco Central de Nicaragua, observamos que entre 1990 y 2010 la economía creció en promedio anual un 3%. En los seis años anteriores a este gobierno creció algo más de 4%. En los primeros cuatro años del actual gobierno la tasa promedio de crecimiento fue apenas de 2.3% Esto se ve haciendo un sencillo promedio aritmético: si en 2009 la tasa de crecimiento fue negativa ( -1.5%) y en 2010 fue positiva (4.5%), basta promediar. Lo demás es propaganda.

Lo que explica la reactivación de la economía nicaragüense en 2010 es el buen precio internacional de los bienes primarios, los que ahora llaman commodities, debido a la relativa reactivación de la economía internacional después de la crisis financiera de 2009. Lo que quiero decir es que la mediocre tasa de crecimiento de estos últimos cuatro años en Nicaragua y la reactivación del año 2010 y la que se espera para 2011 se explica en buena medida por factores externos de la economía mundial y no por lo que el gobierno haya hecho o no haya hecho internamente.

Se explica también por la aplicación del modelo neoliberal. Se explica porque mantenemos el modelo agroexportador dentro de la globalización. Se explica por nuestra vinculación con el criticado “imperialismo norteamericano”. Desde hace mucho, Nicaragua sostiene su economía en un modelo agroexportador y con él nos hemos insertado en la economía global como exportadores de bienes primarios para el mercado capitalista mundial. Y eso es lo que explica el crecimiento de las exportaciones.

Veamos algunos datos para analizar mejor la propaganda: en 2010 exportamos 1 mil 900 millones de dólares. ¿Cuánto exportábamos hace 33 años en dólares constantes? Exportábamos más. Porque el dólar pierde el poder de compra y un dólar de 1977 equivale a 3.62 dólares de hoy. En 1977, con una población que era la mitad de la que es hoy, exportamos 637 millones de dólares. Si multiplicamos esa cifra por 3.62, aquel año exportamos prácticamente lo mismo que en 2010. Entonces, ¿de cuál éxito económico habla el gobierno? Veamos otro dato para poner en su sitio la propaganda oficial: el producto interno bruto per cápita es en 2011 menor que el que teníamos en 1975. Que el PIB por persona sea hoy menor al de hace 35 años hace ridícula la pretensión de un supuesto gran éxito económico. También el salario real se ha reducido en los cuatro años de este gobierno, según cifras del Banco Central, aunque debo señalar que esta reducción no es responsabilidad del gobierno. El salario real se redujo en estos años por la alta inflación que hubo en 2007 y en 2008, que se explica en buena medida por el alza del precio del petróleo, que llegó a 140 dólares el barril.

Ante este panorama, ¿qué podría y debería hacer el gobierno que asuma en 2012? Desde hace doce años un grupo de economistas venimos planteando la urgencia de una reforma tributaria a fondo, profunda, auténtica. Y auténtica significa, en síntesis, algo muy simple: que los ricos paguen impuestos, que paguen más impuestos y que los pobres paguen menos impuestos.

El sistema tributario nicaragüense es regresivo. Esto quiere decir que la mayor carga tributaria la tienen los impuestos indirectos: la carga está en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es del 15%, y que el consumidor paga por muchos de los productos que compra. El impuesto que pagan los asalariados también es totalmente injusto. En Nicaragua, en proporción a su ingreso, un asalariado paga más impuestos, por retención, que los que pagan los empresarios más ricos en base a sus ganancias. En Nicaragua las clases medias pagan más impuestos sobre la renta que quienes tienen el mismo nivel de ingresos en Estados Unidos. Tenemos un sistema tributario injusto.

¿Por qué el gobierno no ha hecho una verdadera reforma tributaria? A la que hizo en 2009 ya le llaman “la reformita”. Apenas cambió nada. El gobierno no la hace porque no quiere alterar la alianza estratégica que tiene con el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada). No quiere afectar a los grupos de interés que son sus aliados. Una auténtica reforma tributaria eliminaría las exoneraciones y los tratamientos especiales, lo que beneficiaría a los empresarios que no tienen exenciones, ya que permitiría reducir tasas impositivas.

La mayor parte de los economistas coinciden en que un sistema tributario debe basarse en los principios de eutralidad, equidad y generalidad de los tributos. El principio de equidad (horizontal y vertical) es fundamental para el sistema tributario. Este principio implica mayor tributación a mayores niveles de renta -que quienes ganan más paguen más en proporción a su ingreso- y que quienes ganan menos paguen menos, dando un tratamiento igual a los iguales. Los principios de neutralidad y de generalidad también son fundamentales, ya que los tratamientos fiscales preferenciales son inequitativos, pues el impuesto que no paga Pedro lo termina pagando Juan.

En Nicaragua el sector turístico tiene un montón de exoneraciones, las zonas francas tienen muchas exoneraciones y hay un montón de exoneraciones para el sector agropecuario en la Bolsa Agropecuaria, que aglutina al gran sector ganadero y agricultor y que prácticamente no paga impuestos, porque pagan anualmente apenas el 1-2% de lo que llaman “retención definitiva”. En Nicaragua las exoneraciones representan un 6% del PIB. Si se desmantelaran las exoneraciones y tratamientos especiales -y ésas sí son variables que controla el gobierno- podría haber más recursos para inversión pública en la educación primaria y en la educación técnica y vocacional. Podría incluso avanzarse a un sistema impositivo con tasas bajas y base amplia.

Una reforma tributaria profunda debería instalar un sistema de renta global. Actualmente existe en Nicaragua un sistema
de renta cedular o dual. A la renta pasiva (dividendos e intereses) se le aplica una tasa de impuesto sobre la renta del 10%, lo que discrimina en contra del ingreso de los asalariados, sujetos a tasas marginales que van del 10% al 30%. Discrimina también contra la renta de los empresarios activos (30% tasa de IR para personas jurídicas). También discrimina contra medianos empresarios sujetos a la tasa del 30% del IR, que es igual al de las grandes empresas.

Una diferencia fundamental entre el sistema de renta cedular o dual que tiene Nicaragua, con el de renta global que se propone, es que el sistema de renta dual actual no es acorde con el principio de equidad horizontal y vertical, y el de renta global sí lo es. El sistema de renta global permite al impuesto sobre la renta adecuarse al nivel de renta de cada contribuyente. No es lo mismo aplicar la tasa del 10% de impuesto sobre una renta de capital de una persona que gana unos mil dólares anuales, que aplicar ese mismo 10% a una persona con renta de capital anual de un millón de dólares. Bajo el sistema global, la primera persona no pagaría ningún impuesto y a la segunda se le aplicaría la tasa progresiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es absurdo que a un rentista pasivo que tiene una enorme renta se le aplique una tasa uniforme y única del 10%, y a los asalariados tasas marginales, que van del 10% al 30%. Esto discrimina contra los trabajadores.

En un libro que publiqué recientemente (“Aportes a la discusión de la Reforma Fiscal”, octubre de 2010) señalé la necesidad de una reforma tributaria basada en desmantelar el amplio sistema de exenciones y tratamientos tributarios especiales, que siguen vigentes a pesar de varios intentos de reforma. Propuse también adoptar un sistema de Impuesto sobre la Renta de carácter global y no el cedular que establece la Ley 712 de noviembre de 2009. Sugerí además reducir el impuesto que pagan las pequeñas empresas y las microempresas, que en Nicaragua son miles y miles. Debería también reducirse gradualmente el IVA al 14% y hasta al 13% para que el sistema fuera menos regresivo. Debe además revisarse el sistema arancelario. Y hay que hacerlo a nivel centroamericano, eliminando elementos de proteccionismo arancelario que aún subsisten en beneficio de oligopolios y en perjuicio de los consumidores.

Hay mucho que cambiar en nuestro sistema tributario. Algunos funcionarios de este gobierno han dicho que la reforma la harán en 2012, después de las elecciones. Esperemos que los grupos de interés y los grupos de presión no sigan imponiéndose y manteniendo las exoneraciones y tratamientos especiales y que se adopte por fin el sistema de renta global para hacer menos inequitativo al sistema tributario. La reforma fiscal es una variable que controlan los gobiernos. Pero, siendo franco, no creo que se haga en el 2012 una verdadera reforma tributaria. Los grupos de presión en Nicaragua han sido siempre muy efectivos para impedirla.

Otra variable que controla el gobierno es la asignación del gasto público. Y al igual que hay priorizar el presupuesto para la educación primaria, técnica y vocacional, que es la que beneficia a los más pobres, también un nuevo gobierno debería hacer una ley de regulación salarial de todo el sector público. Los altos cargos públicos, los magistrados y contralores, ganan muchísimo y se autorecetan elevadas pensiones de jubilación. También los concejales de la alcaldía de Managua se recetan dietas excesivas. También es injusto el sistema de pensiones para el sector público. ¿Por qué un magistrado debe recibir una pensión de 5 mil dólares de por vida y una persona que trabajó toda su vida sólo alcanza una pensión de 3 mil córdobas? En cómo se asigna el gasto público hay mucho que hacer. Pero también aquí el poder de la alta burocracia, que es un grupo de presión, impide una más justa asignación del gasto público.

Además de la reforma tributaria y de la revisión del gasto público, ¿qué más debería hacer un nuevo gobierno y qué no debe de hacer? ¿Cuáles otras variables controla el gobierno y decide en ellas? ¿Debe un futuro gobierno terminar con la libertad de precios? No. El control de precios sólo se justifica cuando hay estructuras monopólicas de mercado. Por ejemplo, en la energía eléctrica. El gobierno debe regular los precios de la energía eléctrica. Pero, ¿quién regula hoy a los reguladores? ¿Es transparente actualmente la fijación de los precios de la energía eléctrica? No. Estoy en contra de la privatización de las empresas públicas que se hizo en años anteriores, incluida la de la energía eléctrica. Pero, una vez que se privatizó la energía eléctrica en Nicaragua, me parece muy positivo que el Estado tenga acciones en Unión Fenosa. Pero, ¿quién supervisa la participación ahí del Estado, a quién le dan cuenta? ¿A las empresas del ALBA? También el gobierno debe regular los precios de la gasolina porque la refinería es un monopolio y ahora hay un grupo llamado Albanisa que es un monopolio en la distribución de los combustibles. Y hay un subsidio al combustible que Venezuela le vende a Nicaragua, pero que nadie sabe por dónde pasa ni para dónde va. Cualquier futuro gobierno debe transparentar ese subsidio incorporándolo al presupuesto nacional. Bienvenida la cooperación venezolana, pero debe transparentarse. Un nuevo gobierno no debe pelearse con las fuentes de cooperación externa. Y debe diversificarlas, porque no es conveniente que una economía dependa de una sola fuente de cooperación.

¿Qué hacer en la política crediticia? En el período de los Somoza había lo que se llamaba “topes de cartera” para que la banca privada destinara créditos al sector agrícola y al sector industrial. Y también el gobierno financiaba al sector agropecuario, en medida nada comparable a lo que hace ahora el banquito Produzcamos. ¿Qué financia ahora la banca privada? Muy poco la producción y mucho el consumo y las tarjetas de crédito, que están endeudando a mucha gente. ¿Es conveniente que el gobierno obligue a los bancos a otorgar créditos a los sectores productivos? La palabra “obligar” no cabe. Sí se pueden adoptar políticas para inducirlos e incentivarlos. Y hay maneras de hacerlo.

Tampoco hay que creer que en Nicaragua los bancos están más sólidos que una piedra. Las utilidades y la estabilidad de los bancos en 2009 y 2010 no fue tan excelente que digamos. Y si comienzan a aumentar las deudas de créditos no recuperables al calor del movimiento No Pago, ese movimiento no sólo va a afectar a las microfinancieras, sino que de pasada también afectará a la banca. Esa cultura del no pago, que ya sabemos dónde se fomenta, es muy negativa. ¿Qué debe hacer un gobierno en la política crediticia? Debe tener disciplina en el crédito y debe disciplinar a los beneficiarios del crédito. No debe politizar ni partidarizar el crédito. Ésa es una variable que controla el gobierno.

El gobierno también controla la calidad de la administración pública. El actual gobierno aumentó los empleados públicos en el nivel central de 44 mil a 82 mil. Y sé de instituciones en donde existe una planilla donde buena parte de los empleados no trabajan, sino que son activistas políticos. Esto es inmoral. Y es ilegal que con los impuestos de todos se le pague un salario a activistas de un partido.

¿Puede un nuevo gobierno hacer cambios en la política salarial? Este gobierno ha aplicado la misma política salarial de los gobiernos anteriores: ha acordado con el COSEP no ajustar demasiado los salarios mínimos porque eso crearía una presión inflacionaria. En Nicaragua necesitamos salarios dignos. Pero cualquier economista dirá que la mejora de los salarios a mediano y largo plazo se logra aumentando la productividad de la fuerza de trabajo. Y que la productividad se incrementa invirtiendo en capital humano y aumentando la tasa de inversión en la economía. Y que eso se logra creando un entorno institucional que permita un clima de negocios que facilite mayor inversión nacional y extranjera. En política salarial no veo cambios en el futuro, ni en el salario mínimo ni en el salario nominal promedio, que anda ya por los 5 mil 500-6 mil córdobas, muy por debajo del costo de la canasta básica que ya anda por los 10 mil córdobas.

Este gobierno ha adoptado las políticas neoliberales del Consenso de Washington. Pero no todas. Y hay algunas de esas políticas que un nuevo gobierno debería aplicar. El documento original del Consenso de Washington establece dedicar buena parte del presupuesto nacional a la educación primaria, técnica y vocacional. También establece el desmantelamiento de las exoneraciones fiscales y los tratamientos especiales en el sistema tributario.

¿El actual gobierno del Frente Sandinista cambiará el sistema? El actual gobierno usa varios sombreros. Usa el sombrero fondomonetarista y neoliberal, usa también un sombrero populista, usa el sombrero cristiano. Y a veces usa también el sombrero “revolucionario” de cambio del modelo económico. Y hay gente en el gobierno diciendo que si ganan las elecciones con un 56-60%, tendrán mayoría parlamentaria y entonces no sólo habrá Pueblo Presidente, sino también Pueblo Legislador, y entonces “cambiarán el sistema”.

Analicemos esto. Y hagámoslo seriamente. El proyecto de este gobierno se define como “socialista”. Suponemos que si cambian el sistema será hacia el socialismo. Pero, ¿qué significado tiene eso? Hay que recordar que el socialismo se definía como la propiedad estatal de los medios de producción y que así fue el socialismo real en la Unión Soviética y en los países del socialismo real en Europa. Y hay que recordar que ese modelo socialista fracasó al final de los años 80.

Aquí hablan ahora de un “cambio de sistema” y ni siquiera discuten por qué se hundió el sistema en la Unión Soviética. ¿Fue por el ataque del odiado “imperialismo norteamericano”? No. Fue por la ineficiencia del sistema de planificación centralizada. Porque cuando el Estado tiene la propiedad total de los medios de producción se genera ineficiencia y corrupción.

Mi opinión es que en Nicaragua debemos tener un modelo que no sea ni capitalismo salvaje ni socialismo salvaje. Soy partidario de una economía social de mercado. En América Latina nunca ningún país, a excepción de Cuba, se ha ido a ningún extremo. Y aunque el Frente Sandinista deseaba hacerlo en los años 80, no se lo permitió la correlación de fuerzas. Con variantes, la política del Consenso de Washington se ha aplicado prácticamente en toda América Latina y se sigue aplicando en Nicaragua con el actual gobierno.

¿Puede el Frente Sandinista si gana con mayoría parlamentaria cambiar el sistema? Creo que esa propuesta es demagogia para tontos, un engañabobos. ¿Qué entenderán quienes esto anuncian por un nuevo sistema? Los economistas hablan de sistema económico, de modelo económico, de plan de desarrollo económico… En el siglo 20 se hablaba de la contradicción entre el sistema capitalista y el sistema socialista. En cuanto al desarrollo económico, se ha hablado del modelo asiático, del modelo de desarrollo hacia fuera, del modelo de desarrollo hacia adentro…

Hoy hablan del modelo del Socialismo del Siglo 21. He leído el libro de Hanz Dieterich, que está en Internet, y que explica en qué consiste eso. No tiene sustentación teórica alguna. Es más, distorsiona la teoría del valor-trabajo de Carlos Marx al proponer cosas como ésta: un sistema en el que se pueda intercambiar una hora de trabajo por otra hora de trabajo, independientemente de la calificación que tenga la fuerza de trabajo. Lo que significaría que la hora de trabajo de un hombre que no estudió nada y que desmonta un predio se pagará igual a la hora de trabajo de un médico o de un físico nuclear. Cosas como ésta: propone crear una gran matriz de valores (precios) para establecer todo el intercambio de mercaderías a nivel mundial. Cualquier economista serio se ríe cuando lee cosas como éstas.

¿Qué ha hecho el Socialismo del Siglo 21 de Hugo Chávez? Cosas que Nicaragua ya no hace porque aprendió la lección de los años 80. En Venezuela acaban de sacar ahora una ley de precios justos y de costos justos. En los años 80 Nicaragua aprendió que el control de precios fomenta el mercado negro. Y el mercado negro nos demostró que es peor el remedio que la enfermedad. Este gobierno ya no hizo eso, y si vuelve a ganar seguirán con la misma política neoliberal de precios libres. Chávez ha establecido control de precios y control de cambios y ha ejecutado expropiaciones, todo lo que el Frente Sandinista hizo en los años 80 y ya no ha vuelto a hacer.

Ése es el Socialismo del Siglo 21 venezolano, que se mantiene en pie porque ese país está parado sobre un mar de petróleo. Sin ese mar de petróleo, ese socialismo ya se habría derrumbado. Y hacia ese sistema no vamos a cambiar porque aquí no estamos sobre un mar de petróleo. ¿Cambiar hacia el modelo cubano, que ha fracasado económicamente, como ya reconoció Fidel Castro?

Este gobierno y mucha gente confunde socialismo con políticas sociales. Pero estar a favor de lo social no es socialismo. Se pueden aplicar muchas políticas sociales dentro del capitalismo. En Nicaragua nunca se ha hecho un debate sobre el Socialismo. Nicaragua necesita una economía social de mercado. Y no la tiene. Un economista muy poco ético dijo que con este gobierno ya estábamos en una economía social de mercado, que funciona bien y que es la mejor que hemos tenido. Nada más falso. Una economía social de mercado requiere de institucionalidad democrática.

Debatir sobre un modelo teórico es desgastante. Los economistas preferimos discutir sobre cosas concretas. ¿Cabe hacer hoy una reforma agraria? ¿Qué presupuesto público se proyecta para los próximos años? En Nicaragua ya está proyectado el de 2012 y es un presupuesto neoliberal. El próximo año ya está definido. Discutamos sobre cosas concretas. Por ejemplo, si los grandes empresarios de la Bolsa Agropecuaria pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde sobre sus ganancias millonarias, en vez del 1-2% de “retención definitiva” que hoy pagan, ésa sería una medida concreta de equidad tributaria. Otra medida concreta: promover la propiedad accionaria de los trabajadores en las empresas. Yo creo que lo único posible es reformar el capitalismo. Eliminar el sistema de mercado no es posible ni deseable. Lo que es posible es que el Estado intervenga cuando sea conveniente hacerlo y que lo haga en beneficio de toda la sociedad.

El dilema entre Estado y mercado en cierto sentido es falso. Hay fallas del mercado y fallas del Estado. Lo que necesitamos es más y mejores mercados y más y mejor Estado. No cabe repetir los errores del modelo soviético estatizando todos los medios de producción. Ni cabe dejar los mercados sin ninguna intervención estatal, aunque hay que ser muy cuidadosos con las intervenciones estatales, que muchas veces son más perjudiciales que las fallas del mercado. El análisis técnico y la discusión pública abierta y transparente pueden señalarnos adecuadamente las conveniencias e inconveniencias de los diferentes mecanismos de intervención estatal.

Cuando se derrumbó el bloque del socialismo real la historia no terminó, como dijo Fukuyama, y la lección que se aprendió es que ese socialismo real no funcionó. También se ha aprendido que el capitalismo real es muy imperfecto y además es injusto. La prueba son los agudos problemas de distribución del ingreso que vemos en Estados Unidos. ¿Qué capitalismo nos parece mejor? Para algunos, el mejor es el capitalismo sueco, el de los países escandinavos, con impuestos sobre la renta por arriba del 50% y con políticas redistributivas muy adecuadas. Para el caso de Nicaragua, más que subir tasas impositivas lo que habría que hacer es desmantelar el amplio sistema de exenciones e introducir el sistema de renta global para así focalizar mejor el gasto público a favor de los más pobres.

Ideológicamente, los que se autodenominan “la izquierda” no tienen ninguna visión clara de lo que entienden por socialismo ni de lo que quieren hacer. El consenso entre los economistas es que se necesita más y mejor Estado y más y mejores mercados. Eso significa un Estado asumiendo adecuadamente sus funciones elementales: crear una buena infraestructura pública, organizar una justicia independiente, crear un sistema educativo eficiente, un sistema eficiente de salud pública y de seguridad social. No tiene sentido promover excesivas intervenciones estatales y menos hablar de “cambio de sistema” cuando el Estado en Nicaragua ni siquiera realiza adecuadamente esas funciones elementales.

La “izquierda” actual no ha definido su modelo. En un seminario con economistas latinoamericanos coincidíamos en eso: en que la solución es más y mejores mercados y más y mejores Estados, ni capitalismo salvaje ni socialismo salvaje, una economía social de mercado. Los economistas definimos posiciones no en algo tan totalizante o ideal como es “el sistema”, lo hacemos en cada tema concreto: propiedad de las empresas, política salarial, política tributaria.. Discutimos cosas concretas poniendo los pies en la tierra.

Otra discusión concreta debe abarcar el Mercado Común Centroamericano, que ya tiene medio siglo de existencia. Se suponía que avanzaría hasta hacer común la libre movilidad de la fuerza de trabajo entre nuestros países, pero nunca pasó de ser una unión aduanera imperfecta, que hoy se trata de perfeccionar. Acercarnos a algo similar a lo que es hoy la Unión Europea no lo veo posible en el corto plazo. En su etapa inicial el Mercado Común implementó una estrategia de desarrollo hacia adentro, de industrialización sustitutiva de importaciones con elevados aranceles. Pero desde los años 90 Centroamérica ha seguido una estrategia de regionalismo abierto, de integración hacia afuera. Eso significa que el arancel proteccionista, que en los años 80 era de un 60%, se redujo al 6%.

Centroamérica se ha insertado en la globalización, algo que la izquierda ha rechazado, oponiéndose a los tratados de libre comercio e insistiendo en que había que priorizar el desarrollo hacia dentro. Ese debate ya ha sido superado. Desarrollo hacia adentro y desarrollo hacia fuera no son contradictorios, son complementarios. Hoy la inserción de Centroamérica en la economía mundial es positiva. A Nicaragua le conviene abrirse a la economía mundial. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Aunque la izquierda ha sostenido que la globalización es mala, haciendo balance la globalización tiene más aspectos positivos que negativos, especialmente para países pequeños como el nuestro.

En lo personal, no me disgusta el socialismo democrático, el de la socialdemocracia europea o el del Partido Socialista Chileno o el del PSOE en España. Para esta corriente, socialismo no implica estatizar los medios de producción ni tener un partido único ni suprimir al mercado. Tampoco se basan en liderazgos autoritarios con Presidentes vitalicios.

¿Es socialismo meterse al Frente Sandinista como mecanismo de ascenso social? ¿Es socialismo que una misma familia esté siempre en el poder o que nadie más que la misma persona pueda ser dirigente en el Frente Sandinista? Eso es servilismo. El mismo servilismo que ya vimos en el período de los Somoza lo veo ahora y basado en lo mismo: es que una sola persona es imprescindible. Carlos Marx jamás dijo que el Socialismo era crear monarquías o presidencias vitalicias. Que si -lamentablemente, ya que no cabe desearle mal a nadie- se enferma gravemente Hugo Chávez debe quedar su hermano Adán Chávez. Que si se enferma Fidel Castro, quede su hermano, Raúl. Que después de Daniel, en los próximos cinco años sea doña Rosario. ¿Quién dice que eso es socialismo?

En ese modelo “monárquico” veo más similitudes con el Partido Nacional Socialista Alemán de Adolfo Hitler. El caudillismo de los países del ALBA tiene, al menos, una importante semejanza con el fascismo: un sistema de poder basado en un caudillo iluminado e imprescindible que tiene una relación atávica con su pueblo, con las masas, y en donde la institucionalidad se desvanece.

Calidad de instituciones implica también calidad de los partidos políticos, que también son instituciones. ¿Tienen calidad nuestros partidos políticos? El PLC es propiedad de una familia. Y el Frente Sandinista pertenece a una familia. El FSLN no ha evolucionado, como lo hizo el Partido Socialista Chileno o el PSOE español a un socialismo democrático basado en una economía social de mercado y en la división real de los poderes. Al contrario, ha retrocedido a un sistema de poder personal y familiar, lo que tiene serias repercusiones en nuestra precaria institucionalidad.

Sinceramente, no creo que el Frente Sandinista actual tenga alguna ideología de la que partir para “cambiar el sistema”. Y creo que no lo va a cambiar. Yo creo que aquí nadie va a cambiar el sistema. Creo que, independientemente de quién gane las “elecciones”, las políticas fondomonetaristas y neoliberales van a seguir. Yo veo hoy más diferencias en temas económicos entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos que las que existen en Nicaragua entre el partido de gobierno y los partidos de oposición. ¿Quién está hablando en la oposición o en el gobierno de una auténtica reforma tributaria?

Y para terminar: además de preguntarnos qué es lo que el gobierno puede y debe hacer -y lo que no debe de hacer-, preguntémonos qué es lo que los ciudadanos podemos y debemos hacer. Lo primero que podemos hacer es educarnos, informarnos, analizar y respetar las diferencias. Lo que no debemos hacer es considerar enemigo al que piensa diferente. Tampoco debemos de abstenernos de ir a votar, aunque el proceso actual tenga trazas de farsa electoral. Los jóvenes, que tienen toda una vida por delante, deben participar en el debate y en la lucha por alcanzar un desarrollo sostenible con instituciones democráticas sólidas. Ese debate y esas luchas van mucho más allá de las “elecciones” del 6 de noviembre.

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