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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 352 | Julio 2011
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El Salvador

Decreto 743: ¿Qué hay tras todo esto?

Desde varias ventanas hay que asomarse a la crisis de institucionalidad que vive El Salvador por la apresurada aprobación del Decreto 743. Abrimos varias de esas ventanas, sabiendo que aún se abrirán otras para esclarecer el sentido y las consecuencias de este “conflicto de poderes”.

Elaine Freedman

En 2009 se quebró en El Salvador una tradición histórica: el control absoluto, y a su antojo, que la oligarquía ejercía en
los tres poderes del Estado, Ejecutivo Legislativo y Judicial.

En las elecciones legislativas de enero de 2009 el FMLN ganó 35 de los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa, más que en cualquier elección anterior. Aunque esto no le garantizó una mayoría calificada (56 votos), ni siquiera una mayoría simple (43 votos) sobre el conjunto de partidos de derecha, fue un avance significativo, profundizado posteriormente al resquebrajarse la unidad de la derecha salvadoreña. En esas elecciones ARENA sacó 32 diputados, pero a lo largo del 2009-2010, perdió a 13 de ellos, que migraron a la naciente “opción de derecha” llamada GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional). ARENA quedó con una escasa banca legislativa de 19 diputados.

Dos meses después de este quiebre en el Legislativo, las elecciones presidenciales representaron el peor revés político electoral de la historia de la derecha. El 15 de marzo de 2009 el FMLN -un partido definido en sus estatutos como “democrático, revolucionario y socialista”-, ganó las elecciones presidenciales”. Aunque el recorrido del Presidente Funes dista mucho de estos principios, es evidente que el primer mandatario rompió con la tradición palaciega de incondicionalidad hacia los oligarcas salvadoreños. Después de estas dos consecutivas derrotas electorales, la gota que rebasó el vaso de la derecha fue la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sólo un mes después de la toma de posesión del Presidente Funes.

MAGISTRADOS NUEVOS
EN LA CORTE SUPREMA

En 1992, los Acuerdos de Paz definieron algunos mecanismos de democratización de la Corte Suprema. Uno fue la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) como primera instancia de elección para los candidatos a la terna trianual de cinco magistrados nuevos. La Corte se compone de 15 magistrados y los 5 que se eligen cada tres años pueden alterar la correlación interna que siempre ha sido no sólo favorable, sino fiel, a la oligarquía, aún cuando ésta le llevaba a chocar con la política contrainsurgente de Estados Unidos ejecutada por el Presidente Duarte durante la guerra de los años 80. En ese período se tuvieron que sacrificar, en más de una ocasión, los intereses económicos de la oligarquía salvadoreña en pos de un interés mayor: aplastar al FMLN como fuerza política militar. En estos casos, la Corte Suprema solía ser la voz de la corriente más conservadora y menos comprensiva con estos sacrificios.

El mecanismo de elección de los magistrados es el siguiente: El CNJ realiza elecciones entre los abogados agremiados para conformar una lista de posibles candidatos a Magistrados de la Corte Suprema. Posteriormente, la Asamblea Legislativa escoge a cinco de ese listado. En esta última ocasión, y en un hecho sin precedentes, el partido ARENA se mostró insatisfecho con la terna presentada por la CNJ y la viceministra de turismo del gobierno arenero de Saca, una aspirante a pre-candidata, presentó una demanda de amparo para paralizar el proceso de elección. La Corte de ese entonces falló a favor de la demandante, paralizando durante tres meses la elección.

Superado este impasse, en julio de 2009 se eligió a los cinco magistrados, incluyendo a cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional: Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, quienes toman decisiones sobre acciones legislativas y ejecutivas que pueden considerarse inconstitucionales. Por esto, se le considera la sala más importante del Poder Judicial. También fue electa una magistrada de la Sala de lo Civil: María Luz Regalado.

En ese entonces, Jaime -el que asumiría la presidencia de la Corte- fue caracterizado por Eliseo Ortiz, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), como “un hombre de ARENA y de los dueños de los bancos”, puesto que había fungido anteriormente como jurídico del Banco Cuscatlán, cuando el accionista mayoritario era Alfredo Cristiani, ex-Presidente de la República y presidente del máximo organismo de conducción de ARENA, el COENA, desde mayo de 2009.

“LOS CUATRO FANTÁSTICOS”
EMPIEZAN A ACTUAR

A pesar de esta predicción, la actuación de Jaime, en conjunto con la de Blanco, Meléndez y González ha sido inédita en la historia de la Corte Suprema. Desde que entraron, han tomado decisiones, a veces unánimes, en acuerdo con su colega Nelson Castaneda y a veces en su contra.

Castaneda, el quinto miembro de la Sala de lo Constitucional fue electo en el año 2003 y ha votado a favor de decisiones como la de exonerar al ex-Presidente Francisco Flores, a su esposa y a miembros de su gabinete por señalamientos de “irregularidades” en sus declaraciones patrimoniales. A solicitud del Banco Agrícola, el Banco Salvadoreño y el Banco Cuscatlán, la sección de Probidad de la Corte Suprema, encargada de este tipo de investigaciones, fue disuelta en 2005.

Los cuatro nuevos magistrados entraron a sus cargos asumiendo una tremenda mora judicial, que incluía 700 denuncias engavetadas contra jueces. Removieron jefaturas vinculadas con el nepotismo, el despilfarro y la corrupción, impulsaron una investigación sobre 32 plazas vendidas, y promovieron medidas de austeridad. Todo esto provocó malestar en sus colegas, los magistrados de otras salas. Posteriormente, la Sala de lo Constitucional entró en choque con el Ejecutivo cuando prohibió el traslado de fondos de ministerios a la bolsa de “gastos imprevistos” del Presidente, borrando así de un plumazo la infame “partida secreta”, pero también la flexibilidad presupuestaria. Obligó a la Asamblea Legislativa, contra su voluntad, a modificar la Ley Electoral para inscribir candidaturas independientes e incluir fotografías de candidatas y candidatos en las papeletas de votación, inicialmente en sustitución de las banderas partidarias. Cancelaron a los tradicionales partidos de derecha Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) por haber recibido menos del 3% de los votos en la elección presidencial de 2004 y destituyeron a los magistrados de estos partidos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Estos fallos les ganaron el apodo de “los cuatro fantásticos”. Así los bautizó Salvador Samayoa, ex-dirigente del FMLN y funcionario del gobierno de Francisco Flores, quien según cables revelados por Wikileaks, viajó a España en diciembre de 2008 para abogar a favor de que Alfredo Cristiani no fuera incluido en la lista de imputados por el asesinato de los jesuitas en el caso que actualmente se litiga en ese país.

DECRETO 743:
LA RESPUESTA DE LA DERECHA

El 2 de junio de 2011 el conjunto de partidos de derecha (ARENA, PDC, PCN y GANA) reformaron en la Asamblea la Ley Orgánica Judicial con dispensa de trámite. Esta reforma, conocida por el número del decreto (Decreto 743) fue como una dedicatoria a los cuatro magistrados: de aquí en adelante, los fallos de la Sala de lo Constitucional tendrían que ser decisiones unánimes, contando con el voto de los cinco magistrados que componen la sala, y no por mayoría calificada, como hasta entonces.

Paradójicamente, eran los mismos partidos que, diez semanas antes habían votado para “liberar” la Sala de lo Contencioso de la Corte del requisito de las votaciones unánimes, porque, según el proyecto del decreto anterior, “la unanimidad es una medida que retrasa los procesos, contribuye poco a la calidad de las resoluciones y, sobre todo, perjudica a las personas en la obtención de la pronta justicia”.

Si quedara duda de que el decreto 743 era un freno a la actuación de “los cuatro”, el sello era su carácter transitorio; el decreto era aplicable sólo a la Sala de lo Constitucional y perdía vigencia el 31 de julio de 2012. Sólo los diputados del FMLN no votaron el Decreto 743. El decreto fue sancionado por el Presidente de la República y enviado al Diario Oficial el mismo día e incluso el mandatario ya había reservado espacio para su publicación inmediata. Esto dio pie a la sospecha de que se trataba de “un tamal bien amarrado”.

UN CORO DE VOCES
ANTI-DECRETO

Las reacciones y respuestas al decreto fueron tan veloces como el proceso de aprobación. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) fue la primera en pronunciarse calificando el decreto como “un verdadero golpe a la democracia salvadoreña”. Fue un primer signo de que sucedía algo fuera de la normalidad política: la derecha económica estaba pronunciándose contra la derecha política.

Pronto aparecieron distintas agrupaciones de nacimiento “espontáneo”, todas llamándose “sociedad civil”: Movimiento por la Dignidad, Movimiento por la Defensa del Estado de Derecho y los Indignados de El Salvador, que se manifestaron en la calle, en páginas de Facebook y en los medios de comunicación masiva. Todos contra del decreto. Lo llamativo de estos movimientos era la obvia predominancia de organizaciones de derecha como la ANEP y FUSADES, gremios de abogados sin mayor credibilidad y jóvenes de la burguesía y de capas medias.

También se sumaron al rechazo organizaciones reconocidas por su posición en defensa de los derechos humanos, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, pero no eran mayoritarias y sus voces se perdieron entre las voces de los “perfumados”. La posición de estas otras organizaciones era reafirmar su apoyo a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como se lo venían brindando desde que comenzaron las polémicas en su contra. Expresaban que los cuatro magistrados “cuentan con el apoyo de la población honrada de El Salvador, aquella que busca justicia pronta y cumplida”.

ACUSAN A FUNES Y AL FMLN

La voz cantante en esta autollamada sociedad civil acusaba agriamente al Presidente Funes como si él fuera el autor del decreto, a la vez que hacía una incondicional defensa de la separación de los tres poderes del Estado, sin incluir en este clamor retórico ningún análisis de las relaciones de poder entre estos tres órganos estatales y los grupos de poder económico. Los medios de comunicación de la derecha aprovecharon la ocasión para desacreditar al gobierno de Funes, pero sin hacer cosquillas a los partidos de derecha que habían aprobado el Decreto.

Algunos acusaron al FMLN de haber votado por el decreto, aunque el registro de la votación mostraba lo contrario. Basaron la acusación en el hecho de que diputados del FMLN, en su calidad de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, firmaron el 743 para darle salida en la Asamblea. Firmar toda legislación que este órgano emita, independientemente de que estén o no de acuerdo con la pieza legislativa, es un deber de los miembros de la Directiva. La acusación era evidentemente malintencionada. El FMLN publicó un comunicado reafirmando su posición de no haber votado por el decreto y llamando a un diálogo entre los presidentes de los poderes del Estado.

CRISTIANI INTENTA
SACAR LA PATA Y METE LA OTRA

Seis días después de la aprobación del decreto, y en claro reconocimiento al desacuerdo de los gremios empresariales -de los cuales Cristiani y otros miembros del COENA son miembros-, el ex-Presidente de la República y actual presidente de ARENA, admitió que la aprobación del Decreto fue equivocada y que no habían medido bien las consecuencias.

Con un mea culpa -cuya obvia intención era acercarse al discurso de la “sociedad civil” a la cuál él también pertenece, en su calidad de miembro de la Cámara de Comercio y la ANEP- abogó por la institucionalidad y la gobernabilidad del país. En sus declaraciones explicó que la prisa de los legisladores fue motivada por miedo a que la Sala de lo Constitucional derogara la Ley de Amnistía, la que calificó como “piedra angular de nuestra democracia”. Echando más leña al fuego, expresó que ya no albergaba ese miedo porque “existía la certeza de que la Ley de Amnistía” no sería declarada inconstitucional por la Sala y que, por el contrario “iban a defenderla”.

Estas palabras abrieron otra caja de Pandora. Por un lado, se hicieron visibles los extremos a los que ARENA sería capaz de llegar para que no se reabriera el debate sobre la Ley de Amnistía, que deja a los areneros muy mal parados. Con declaraciones y actuaciones en esa dirección volvieron a demostrarle a la población lo que ya se sabe: ARENA es el hogar de muchos criminales de guerra que temen, con razón, que una derogación de la Ley de Amnistía abriría las puertas a una condena de los fundadores vivos y muertos del partido tricolor.

EL CASO DE LOS JESUITAS
APUNTA A ARENA

Vale mencionar que el Decreto fue aprobado en el contexto de otro acontecimiento importante para la justicia en el país, que es otro talón de aquiles de ARENA.

Cuatro días antes de nacer el 743, a más de 13 mil kilómetros de El Salvador, el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, hizo público un auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio en España a veinte militares salvadoreños acusados de haber participado en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus trabajadoras en 1989. Velasco decretó orden de captura internacional para estos hombres que incluyen a tres generales: el ex-Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, el ex-Viceministro de Defensa, Juan Orlando Zepeda y el ex-jefe de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo, que deben comparecer ante tribunales de Madrid.

Al llegar a la Cancillería salvadoreña la orden internacional, conocida como “difusión roja”, procede la captura en
El Salvador. En este momento, los quince magistrados de la Corte Suprema tienen que decidir si hacen efectiva o no la extradición de estos veinte militares.


En mayo de 2010, cuando la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Suprema de El Salvador un informe sobre el caso de los jesuitas, la Corte rechazó el pedido bajo el argumento de la vigencia de la Ley de Amnistía. Obviamente, éste es un momento sensible para la dirección de ARENA quienes, según rumores, son chantajeados por los militares, que les piden resguardar su seguridad a cambio de silenciar información que puede comprometer a otros.

Las palabras de Cristiani generaron más inquietudes sobre la relación entre ARENA y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién o quiénes le habían dado la “certeza” que no se declararía inconstitucional la Amnistía?

El diputado de este partido Mario Valiente fue todavía más lejos al afirmar que habían recibido garantías de que tampoco se declararía inconstitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El magistrado Belarmino Jaime fue oportuno y contundente al declarar que no se había reunido con el ex-Presidente Cristiani para discutir “ese tema”; comentario que dejó la puerta abierta para creer que posiblemente sí se habían reunido para discutir otros temas.

¿COLABORÓ FUNES
EN EL DECRETO?

Los ataques viscerales contra el Presidente Funes por su participación en la institucionalización del Decreto 743 sirvieron de abundante agua para el molino de la derecha.

Aunque el mandatario no fue el autor del decreto ni tampoco el artífice del “madrugón”, su colaboración fue innegable. Militantes de la izquierda también participaron en la campaña “Funes-traidor”, siendo coherentes con la vieja práctica de tirar todas sus piedras a los “propios” por los errores cometidos, dejando al enemigo principal tranquilo, sin siquiera rozarlo, impune.

¿Cómo entender la actuación del Presidente Funes? “La sanción no amarra procesos de la Corte -dijo-, no viola la Constitución y, por el contrario, viene a reforzar la democracia”. Esto fue insuficiente para explicar lo actuado por él. Tampoco ayudaron las inculpaciones de sus oponentes afirmando que el Presidente es “autoritario”. Más que explicar, esto desplazaba su decisión desde el ámbito de la actuación política a lo puramente subjetivo.

LAS RAZONES DE FUNES:
NO A LA AMNISTÍA

Hay tres elementos que ayudan a entender la actuación de Funes, aunque es difícil decir cuál pesó más. El primero, recordar que desde su campaña presidencial, sostuvo que no promovería la derogación de la Ley de Amnistía y repitió hasta la saciedad que no hay que reabrir las heridas del pasado. En este sentido, no sería extraño que pudiera capitular a las exigencias de la derecha sobre lo relacionado con este asunto.

La diputada Norma Guevara, del FMLN, lo aclaró más: “Quiero decir con honradez que ni en nuestro Programa de Gobierno, ni Legislativo ni Ejecutivo, tenemos contemplado eso. Porque sabíamos que un compromiso así requiere de una correlación bastante mayor y hoy por hoy no la tenemos. Algún día no sé si cambiará la situación, pero en este momento no tenemos fuerza.”

Si este factor pesó en la decisión de Funes, las fuerzas de izquierda que lo desprestigian como “traidor” quedarían sin fundamento porque él jamás prometió otra cosa.

PARA SALVAR
EL PRESUPUESTO

El segundo elemento, con fundamentos aún mayores, es el hecho de que la Sala de lo Constitucional aceptó cuatro días después del Decreto, un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto nacional de 2011, ya en ejecución. Anteriormente, la Sala de lo Constitucional había declarado inconstitucional la transferencia de fondos entre ministerios sin la autorización legislativa (agosto 2010). A consecuencia de esto, cada semana el Ejecutivo pide autorización a la Asamblea para transferir fondos. En la última sesión plenaria, se aprobaron cuatro dictámenes para traslado de presupuesto a los ministerios.

Aún y así, el presupuesto de 2011, que contó con los votos de todas las bancadas legislativas menos la de ARENA, dice en el rubro de los gastos imprevistos: “Facúltase al Consejo de Ministros para que efectúe transferencias de recursos entre Unidades Presupuestarias de “Financiamiento de Gastos Imprevistos” consignados en los presupuestos de cada una de las Unidades Primarias de Organización, a fin de cubrir las necesidades urgentes e inaplazables que surjan durante la ejecución del presupuesto en las áreas sociales, económicas, de conducción administrativa, seguridad ciudadana y defensa nacional, las cuales no dispongan de cobertura presupuestaria, informando a la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor de treinta días”.

En el momento de la discusión parlamentaria para aprobar el presupuesto, ARENA usó el argumento de inconstitucionalidad para justificar no dar sus votos, aunque a simple vista fue obvio que la razón de fondo era bloquear la iniciativa del gobierno.

En el caso de fallar la Sala de lo Constitucional a favor de los demandantes, podrían dejar sin efecto el presupuesto en ejecución, paralizando todas las labores del gobierno. Evitar una posibilidad de este tipo, que vendría a convertirse en un “golpe técnico” al Ejecutivo, sería razón suficiente para entender la actuación del Presidente Funes al sancionar velozmente el Decreto 743.

¿TAMBIÉN
POR AMENAZAS?

Finalmente, hay que situar estos dos elementos a la luz de las amenazas sistemáticas de diferentes miembros de la dirección de ARENA. En los días del golpe de Estado en Honduras, su vicepresidente de Ideología, Jorge Velado, fue bien concreto: “Si el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, actúa como Zelaya, puede pasar aquí lo mismo que en Honduras”. Aunque Funes ya no continúa la tradición nacional de obediencia incondicional a los empresarios, se sabe que, por miedo a estas amenazas, o por coincidencias, muchas veces les complace.

LA JUGADA DE ARENA
CONTRA EL FMLN

El FMLN fue firme al no votar por el decreto y su actuación fue coherente con posiciones que habían externado sus diputados en otros momentos respecto a la Sala de lo Constitucional y a los cuatro magistrados. Sin embargo, una vez aprobado el Decreto, su compromiso pareció desvanecerse y su secretario general y jefe de fracción legislativa, Medardo González, apeló para que “los cuatro” abandonaran su estado de rebeldía al declarar inaplicable el Decreto.

A los días, su inconformidad comenzó a esclarecerse. En su famoso discurso de “rectificación”, Cristiani emplazó al FMLN a acompañar a ARENA en la derogatoria del decreto dejando de lado a los otros tres partidos de derecha que participaron en su aprobación. En esta jugada, ARENA hizo lo inesperado: tiró la pelota a la cancha del FMLN. Producto de esta maniobra, los partidos de derecha, los manifestantes y los medios de comunicación señalaron al FMLN de ser responsable del decreto.

El diputado Roberto Lorenzana expresó claramente la respuesta del FMLN: “Nosotros no votamos, ellos se metieron en ese fango. Que salgan ellos, que salgan con sus socios, que salgan con sus aliados en esa votación. Fue el PCN, GANA y el PDC los que acompañaron a ARENA en eso. ¿Por qué nos piden los votos a nosotros?”

EL CONTEXTO ELECTORAL
TAMBIÉN EXPLICA

El FMLN promovió un diálogo entre las partes en conflicto, pero aclaró que no participaría en la derogación del decreto. Los dirigentes del FMLN han sido claros en manifestar que no se pueden leer los acontecimientos que circundan el Decreto 743 fuera del contexto de la correlación de fuerzas entre derecha e izquierda respecto a la contienda electoral venidera (2012). Aunque esto causó revuelo en la “sociedad civil”, que caracteriza al FMLN como “un partido más preocupado por sus propios intereses que por los intereses del país”, hay que entender la lógica del partido de izquierda.

En este momento de la historia, la vía electoral es la que más conquistas ha propiciado en el avance de los proyectos populares en América Latina. El Salvador no es la excepción, y aunque los avances no han sido al ritmo de lo esperado, es indudable que se están dando.

Una vez que se lee el concepto de “intereses del país” traduciéndolo como “intereses de clase en el país”, es innegable que ARENA y el FMLN defienden intereses contrapuestos y, por lo tanto, que una acumulación electoral favorable al FMLN es lo que puede permitir que se vaya consolidando un proyecto cada vez más coherente con los intereses de las clases populares.

LA LÓGICA ELECTORAL
DEL FMLN

En este lógica, el FMLN se ha encontrado, muchas veces, en contradicción con “los cuatro fantásticos”, puesto que su lógica es otra. La Sala de lo Constitucional ha sido coherente con su deber de interpretar la Constitución y hacer justicia en casos amañados por los administradores de justicia anteriores a ellos. Pero en casos como en la cancelación de los partidos PCN y PDC por no haber logrado el requisito mínimo del 3% de los votos en las elecciones de 2004, es obvio que al FMLN, en aras de competir contra una derecha dividida y no cohesionada en ARENA, le interesa que existan todos los partidos de derecha habidos y por haber.

En cuanto las candidaturas independientes -algo que ha aportado poco a la democracia en los países donde existe-, es obvio que el FMLN no puede estar de acuerdo con decisiones que van encaminadas a hacer desaparecer su bandera en las papeletas electorales ahora, cuando este partido está mejor posicionado que nunca y las banderas de la derecha están en su punto más bajo.

La reciente conquista del FMLN de una mayoría en el Tribunal Supremo Electoral es la llave para desarmar la fortaleza de los fraudes electorales que la derecha ha dirigido históricamente.

Obviamente, las sentencias de la Corte que ponen en riesgo esos logros son vistos negativamente. Pedirle al FMLN que se desinterese por los temas electorales, en un año preelectoral, o que actúe “apolíticamente” siendo la única fuerza política de izquierda que representa una opción real para estar en los poderes donde se determina el rumbo del país, es pedirle peras al olmo.

LA GUERRA ANTI-PARTIDOS
DE LA “SOCIEDAD CIVIL”

Es precisamente en esta encrucijada donde se visualiza mejor el sentido real de la autollamada “sociedad civil”.

El concepto de sociedad civil, tal como lo manejan los grupos que dicen ser parte de ella, opera bajo la lógica de que la división fundamental en el país no es entre “ricos y pobres”, sino entre “clase política” y “organizaciones civiles”.

En su discurso da la impresión de que ellos son la verdadera representación apolítica de los intereses de los salvadoreños, y de todos los salvadoreños por igual. Obviamente, esto niega la realidad de que muchos de sus “dirigentes” -el ANEP es un caso claro- también son miembros de “la clase política”.

Más allá de esto, se fundamentan en la idea de que la institucionalidad del país es favorable a todos por igual y, por lo tanto, debe ser defendida a toda costa. Suponen que la verdadera amenaza a la democracia es la falta de independencia entre los tres poderes del Estado, piedra angular de la institucionalidad. Ignoran que la verdadera dependencia de estos órganos no ha radicado en su articulación, sino en la relación de cada órgano con la clase dominante del país y del mundo a costa de los que siempre han estado abajo. Cuando dicen que todos los partidos son “lo mismo” y que todos buscan “sus propios intereses”, deslegitiman el derecho del pueblo a tener su propio instrumento político. Naturalizan el hecho de que la burguesía siempre ha tenido su partido y naturalizan esta ventaja, tal como normalizan que “siempre ha habido ricos y pobres y, por lo tanto, siempre los habrá”.

UN DISCURSO
CON DEDICATORIA

Sería ingenuo desconocer que los dirigentes políticos, al mantenerse en cargos públicos en un sistema que garantiza a los funcionarios una cantidad de prebendas y privilegios, pueden consolidar intereses personales que se conflictúan con los intereses del sector de la sociedad al que representan.

Pero sería más ingenuo creer que este conflicto se combate privando al pueblo de la posibilidad de organizarse políticamente o creyendo que las organizaciones o las personas que no se integran a los partidos políticos tienen mayor nivel de pureza. No sobran las preguntas de por qué el discurso “anti-partido” se vuelve más intenso en el momento en que el FMLN ha avanzado más. Parece que, al igual que el Decreto 743, el discurso anti-partido tiene una dedicatoria especial.

UNA HISTORIA AÚN SIN FINAL

Aún faltan varios capítulos en esta historia. Después de su aprobación, la Sala de lo Constitucional dictaminó “inaplicable” el 743 y siguieron tomando decisiones importantes por mayoría, como la facultad de que cualquier ciudadano o ciudadana apele a la Corte e introduzca un recurso de nulidad ante la elección de un candidato que según su parecer ganó de forma inadecuada.

La Asamblea Legislativa calificó esto como un desacato. Y la bancada del Partido Demócrata Cristiano pidió la destitución de los magistrados. Al mandar su última sentencia con sólo cuatro firmas a publicarse en el Diario Oficial, el director de esta institución rehusó publicarlo. Hoy por hoy, todos promueven el diálogo y la “pronta resolución del problema”, pero nadie resuelve. Seguramente lo último no ha acontecido aún.

¿QUÉ TIENE
QUE VER CON NOSOTROS?

Mientras los partidos políticos, el Presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema, la autollamada sociedad civil y los medios de comunicación masiva se enfrascan en este conflicto como si fuera el único y principal, las mayorías populares se mantienen al margen, consumidas en otras preocupaciones y otros quehaceres.

Los trabajadores de la Panadera Lido continúan en una huelga que les costó la captura del secretario general de su sindicato. Los brutales asesinatos de menores de edad se mantienen a la orden del día y en la impunidad. Las campesinas y campesinos asociados a la Cooperativa La Maroma aplauden al Presidente Funes por un plan piloto para que en sus tierras siembren maíz-semilla y romper así con la dependencia de los agronegocios. También les entusiasman las promesas de créditos al 4% de interés del estatal Banco de Fomento Agropecuario, la asistencia técnica, el seguro agrícola para desastres naturales y la compra de la producción que el gobierno les garantiza para distribuirlo a precios accesibles a la población consumidora y así evitar a los coyotes.

La mayoría de la población salvadoreña se mantiene ajena, desconocedora y desinteresada de “la crisis de la institucionalidad”. En una reciente asamblea de un gremio comunitario en el departamento norteño de Chalatenango, una campesina organizada en un grupo de mujeres cuestionó al representante del FMLN, quien vino a compartir sus apreciaciones sobre esta coyuntura. “¿Y este tal decreto que pasaron, qué tiene que ver con nosotros?”, le dijo.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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