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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 350 | Mayo 2011
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Nicaragua

Una tormenta estalló cuando el cielo parecía calmo

En abril y mayo, antes de que se instale oficialmente el invierno, con sus esperadas lluvias, se siente siempre en el aire la tensión de un calor sofocante. Y sólo toca esperar. Mientras el bochorno de una calma en tensa espera dominaba el clima electoral, al partido de gobierno le tocó enfrentar una violenta tormenta con intensa rayería, que reflejó las graves implicaciones del modelo que ha impuesto en la administración pública.

Equipo Envío

En la segunda semana de abril, Walter Porras, director general de la institución recaudadora de impuestos, la DGI, fue sacado de su cargo de forma terminante e intempestiva. Dos meses antes, “El Nuevo Diario” había informado, documentadamente, sobre algunas irregularidades que Porras fomentaba en la DGI: nepotismo, tráfico de influencias, anomalías en el manejo de los recursos públicos. El señalado lo negó todo. Como es habitual, nadie en el gobierno dijo una palabra. Y Porras -uno de los funcionarios gubernamentales más obsecuentes e incondicionales del Presidente Ortega- continuó en su cargo. Dos meses después su destitución pareció inicialmente estar relacionada con aquellas revelaciones periodísticas. Pero no. Las razones eran mucho más graves.

ESTALLA EL WALTERGATE

La salida de Walter Porras de la DGI está rodeada de importantes incógnitas. Valiéndose de un diputado de confianza, Porras fue conminado a abandonar su oficina de la noche a la mañana por órdenes directas e inapelables -así le dijeron- del Presidente Ortega. Ese día la Policía Nacional capturó a una funcionaria de la DGI para interrogarla y al día siguiente allanaba una casa de otra funcionaria de la institución incautando miles de dólares, vehículos y computadoras con documentación. Mientras, en una entrevista televisiva Porras alababa reiteradamente la “sabiduría” de Ortega en todo lo que hace y decide, llamándolo “mi comandante, mi máximo líder, al que seguiré apoyando con el mismo fervor”.

Después de estas declaraciones, el funcionario defenestrado resultó ilocalizable para los medios. Y las autoridades de la Policía permanecieron herméticas, negándose a brindar ninguna información. Pero pasada la semana santa, un documento con la investigación preliminar realizada en la DGI por la Dirección de Investigaciones Económicas y la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía llegó al semanario “Confidencial”, dirigido por Carlos Fernando Chamorro. (¿A través de qué manos en la Policía, una institución cada vez más controlada por Ortega?) El contenido de la investigación trascendió a la opinión pública a través de extensos reportajes en “Confidencial”, en “El Nuevo Diario” y en los programas televisivos que dirige Chamorro, todos medios de comunicación denostados permanentemente por los medios oficiales. Estallaba el Walter-gate.

LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La investigación policial, aún no concluida y basada en declaraciones de más de una docena de funcionarios y de algunos empresarios, demuestra que Porras dirigía en la DGI una enmarañada red de funcionarios que le eran leales y que estaba organizada para traficar influencias, recibir coimas y defraudar recursos públicos valiéndose para ello del mecanismo legal de la devolución de impuestos. Este mecanismo obliga al fisco a devolver a las empresas lo que hayan entregado de más al pagar varios impuestos, entre ellos la compra de bienes y de servicios que tienen exoneración fiscal.

Una red de gestoras y gestores, amparados por funcionarios a las órdenes de Porras negociaban con las empresas la entrega, ágil y sin mayor revisión, de parte de esas devoluciones, a cambio de quedarse con otra parte en carácter de comisiones, que iban del 2% al 60% del monto de la devolución.

La investigación indica que algunos empresarios fueron convencidos de participar en este ilícito porque se les animaba a colaborar con la campaña electoral del partido de gobierno y que otros fueron extorsionados. La investigación policial brinda nombres de 37 empresas contactadas. Aunque la investigación policial no tipifica los delitos que la red habría cometido, expertos fiscales señalan al menos cuatro: asociación para delinquir, malversación de caudales públicos, extorsión y defraudación al Estado. Expertos penales añaden: cohecho, tráfico de influencias, fraude, peculado, daño al patrimonio nacional.

Según la investigación, las devoluciones de impuestos se habían duplicado entre 2009 y 2010, una irregularidad que se venía observando desde hacía un tiempo, aunque nadie decía nada. El informe calcula que al menos 67 millones y medio de córdobas (unos 20 millones de dólares) habrían ido a manos de los miembros de la red dirigida por Porras.

Es evidente que este escándalo, más aún si no hay sanción para los responsables, deteriora la imagen internacional de Nicaragua, afecta las relaciones del gobierno con la empresa privada y se convierte en piedra de tropiezo -eso significa la palabra escándalo- para los contribuyentes, que comprobamos la existencia de una mafia al interior de la institución recaudadora.

El daño para la imagen internacional de Nicaragua es especialmente significativo recordando las inversiones millonarias que durante años ha hecho la cooperación internacional para lograr mejoras sustantivas en la DGI, que garanticen una mayor sostenibilidad económica al país.

INCÓGNITAS Y CONFUSIÓN

¿Se despejarán todas las incógnitas que ha abierto el Waltergate? Son demasiadas. Al poner punto final a estas reflexiones, no había ningún detenido y no era claro si se abriría un proceso judicial y a quiénes.

Las contradicciones aparecen por todos lados. Después de conocerse, sólo por los medios, el informe policial -no desmentido por nadie en el gobierno- Porras regresó a la televisión a reiterar su inocencia, declarando que el informe es una fabricación de los medios y que a él nadie lo ha investigado. Extrañamente, el informe no incluye ninguna declaración de este personaje, que está en el centro del escándalo. La Contraloría -institución encargada de investigar el uso o el abuso de los recursos públicos- dijo que no habían sido convocados a asumir el caso. La Fiscalía afirmó que no había sido tenida en cuenta. Y la Jefa de la Policía, Aminta Granera, informó, sólo después de hacerse público el informe filtrado a los medios, que el Presidente Ortega orientó que la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía desarrollara una labor permanente de prevención e investigación en todas las instituciones del Estado.

“PONEMOS ORDEN EN LA CASA”

Hasta el 9 de mayo, el único alto funcionario del Ejecutivo que había hablado del caso era Bayardo Arce, asesor económico de Ortega. El resto, estricto silencio.

Arce reconoció que había “algo anómalo” en la DGI. Se atribuyó haberlo sospechado él mismo al observar un extraño incremento en las devoluciones fiscales. Trató de tranquilizar a la gran empresa privada organizada en el COSEP -con quien el FSLN mantiene las mejores relaciones-, afirmando que ninguno de sus agremiados aparecía vinculado a la red. Sin embargo, el informe policial señala a algunas empresas vinculadas al COSEP negociando con los gestores de la red de Porras.

Y queriendo quitar mérito a los medios de comunicación y darlo a la voluntad de transparencia del gobierno, dijo: “El gobierno es el que inició la investigación. No se está haciendo una investigación para el morbo de lectores de periódicos, sino para poner en orden la casa”.

Por su parte, la primera reacción de José Adán Aguerri, empresario presidente del COSEP, resultó por lo menos tibia. Al referirse al escándalo en la DGI, abogó porque “no se den este tipo de situaciones, donde hay fallas humanas. Lo ideal para nosotros sería que no se tengan que pagar esos impuestos para que al final de cuentas no existan ese tipo de situaciones donde se puedan provocar las tentaciones y estas situaciones que hoy estamos viviendo”.

¿PREPARADOS
PARA ESTA “TORMENTA”?

La investigación policial empezó a poner algún orden en la casa de la DGI brindando el organigrama de la red del Waltergate. En él aparecen identificados los nombres y apellidos de 13 personas que actuaban siguiendo las indicaciones de Walter Porras. Pero en la cúspide de esta estructura organizativa no aparecen identificados quiénes era las dos personas que estaban por encima de Porras. Es un punto clave y pendiente.
También informa la investigación que una de las gestoras integradas a la red reconoció en sus declaraciones ante la Policía que su jefe es el coronel retirado Lenín Cerna, quien actualmente es secretario de organización del FSLN, responsable de estructurar el tendido electoral del partido de gobierno.

Apenas en febrero, Cerna había afirmado que el FSLN estaba listo para cualquier “variante” en el proceso electoral: “Nos estamos preparando para las tormentas y para las aguas calmas”, dijo.

El Waltergate es, sin duda, una “tormenta” que estalla cuando el calendario electoral es aún de “aguas calmas”. ¿Será una “variante” que afectará la campaña electoral del FSLN? ¿El estallido de este escándalo expresa, revela, demuestra, las luchas internas en el FSLN? Hasta el momento es el caso de corrupción más sonado, aunque no el único, que los medios han hecho detonar ante el cerrado muro de silencio que rodea al gobierno. Y por lo que los medios han dado a conocer muestra una cadena que conduce al círculo de poder que rodea al Presidente-Candidato. Días después de esta “tormenta”, comenzaron a aparecer, o a reaparecer, datos sobre actos de corrupción en la Alcaldía de Managua y en la Dirección General de Aduanas, vinculadas también a personas del estrecho círculo presidencial. El presidente de la comisión de justicia en el Parlamento, diputado liberal José Pallais, considera que no son actos aislados. Declaró: “Hay pisadas de animal grande, hay una gran fiesta, una gran danza millonaria de corrupción institucionalizada”.

DIAGNÓSTICO
DE LA ENFERMEDAD

La investigación policial no habla de “fallas humanas” ni de “tentaciones”. Identifica claramente el problema: “La discrecionalidad absoluta con que actuó (Porras) para autorizar las devoluciones”. Y concluye: esa discrecionalidad dio como resultado una red de funcionarios dedicados a “negociar directamente con los contribuyentes para obtener un lucro personal”.

El diagnóstico es certero. Y resulta válido para ampliar la reflexión al conjunto de la administración pública. Las implicaciones del Waltergate son graves y deben alertar a la ciudadanía. Y mucho más al gobierno. La secretividad y la falta de transparencia y de acatamiento a los estándares democráticos de información sobre la cosa pública, la escasa o nula rendición de cuentas en las instituciones públicas y, por tanto, una absoluta discrecionalidad en la administración de los recursos públicos, tiene límites. No respetarlos provoca tormentas de consecuencias graves, impredecibles. El caso de la DGI lo demuestra.

Por su parte, el experto fiscal Julio Francisco Báez profundizó más el diagnóstico: “Lo que ha ocurrido es el asomo de una pústula en un cuerpo enfermo. Las exoneraciones fiscales y los tratamientos especiales son la madre de las devoluciones fiscales. Es imperativo que abordemos el por qué de tantos privilegios y exoneraciones, que han enfermado de gravedad el cuerpo, el injusto sistema tributario nacional”.

CANDIDATURA
“ESCRITA EN PIEDRA”

Mientras esta poderosa tormenta estallaba, continuó desarrollándose el proceso electoral en aguas relativamente calmas. Calmas más por previsibles que por carecer de incertidumbres.

Como era de esperar, en la mañana del 7 de abril el Consejo Supremo Electoral (CSE) aceptó la inscripción del Presidente Daniel Ortega como candidato presidencial para la reelección, desestimando todos los recursos de impugnación presentados por los partidos políticos que participan en los comicios. Roberto Rivas, al frente del CSE, aunque con período vencido, declaró que la inscripción de Ortega estaba “escrita en piedra” y “sin marcha atrás”.

El CSE justificó en el acatamiento a una polémica resolución de la Corte Suprema -elaborada en tiempo récord y sólo por magistrados afines al FSLN- el inscribir a Ortega como candidato presidencial, a pesar de la prohibición constitucional a la reelección consecutiva y a un tercer período en el gobierno.

Según el Grupo Cívico Ética y Transparencia -organismo de observación electoral nacional, recogiendo la opinión de numerosos grupos, instituciones y juristas- la candidatura de Ortega “incrementa las posibilidades de que el proceso electoral no pueda obtener la calificación de legitimidad necesaria para abonar a la paz y democracia del país, así como para garantizar la aceptación nacional e internacional de las autoridades a ser electas”.

¿POR QUÉ LA PRÓRROGA?

Inscritas ya las cinco fórmulas presidenciales que aparecerán en la boleta electoral el 6 de noviembre, el CSE prolongó sorpresivamente el 3 de mayo -en pleno estallido del Waltergate- la fecha de inscripción de las listas a candidatos a diputados: del 6 al 23 de mayo.

El CSE no dio ninguna explicación del por qué de esta prórroga. Y como ninguno de los cuatro partidos que no son el de gobierno la había solicitado, fue lógico pensar que, estando el CSE controlado por el FSLN, la decisión respondió a una solicitud de los rojinegros. ¿Para ganar tiempo en el que resolver sus pugnas internas en la confección de las listas de diputados? ¿O para prolongar durante otras dos semanas las pugnas internas de los otros partidos?

AÚN SIN OBSERVACIÓN

Como era de esperar, el tema de la observación permanece estancado. El gobierno aún no decide nada claro sobre la observación electoral. El CSE continúa hablando de “acompañamiento” en lugar de “observación”, considera innecesaria la llegada temprana de cualquier misión de observadores internacionales y anuncia para agosto la publicación del reglamento al que deberán someterse los “acompañantes”.

Hay que recordar que el concepto de “acompañamiento electoral” es un término que el CSE nicaragüense ha tomado de la modalidad impuesta por el gobierno de Chávez, especialmente en las últimas y muy reñidas elecciones parlamentarias venezolanas de 2010.

Para vender mejor el nuevo concepto, el partido de gobierno moviliza a estudiantes de colegios públicos y a grupos de sus jóvenes militantes, quienes con cantos, mantas y consignas diseminan por las calles el mensaje de que reclamar observación es promover injerencia y atentar contra la soberanía nacional.

Aunque no era de esperar, la directiva de la Asamblea Nacional, controlada por diputados del FSLN y del PLC, rechazó recibir de manos de representantes de la sociedad civil un proyecto de ley que establece la obligación del CSE de acreditar la observación electoral nacional e internacional. Posteriormente, rechazó también poner en el orden del día este proyecto, a pesar de que cumplió el requisito de llegar al Parlamento con el respaldo de 30 mil firmas.

La embajada de Alemania encabeza a los países de la Unión Europea que promueven la llegada al país de observadores electorales. Sin embargo, la comunidad internacional considera, atinadamente, que quienes deben ser prioritariamente acreditados son los observadores nacionales.

Tres organizaciones de observación nicaragüenses -Ética y Transparencia (EyT), IPADE y Hagamos Democracia- se están preparando para la eventualidad de que se les niegue la acreditación estableciendo coordinaciones y promoviendo capacitaciones para que el mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, además de depositar su voto en las urnas, puedan ser observadores de todas las irregularidades que ocurran en la jornada electoral. Hagamos Democracia anunció que tiene garantizados a 3 mil voluntarios para esta tarea y que los capacitará con financiamiento de la Unión Europea.

CEDULACIÓN
“POLÍTICAMENTE SESGADA”

Pasa el tiempo y el proceso de entrega a la población de la cédula de identidad ciudadana -documento indispensable para votar y para cualquier otra gestión- continúa siendo denunciado por estas tres organizaciones porque se entrega rápida o incluso exclusivamente a simpatizantes del FSLN, poniéndole a quienes las estructuras del CSE perciben como opositores obstáculos, retrasos injustificados o incluso negándosela.

Según EyT, la entrega de cédulas se hace “políticamente sesgada” y la falta de verificación de lo que se hace con la cédula que se desecha al entregar las cédulas de nuevo formato hace temer el “riesgo de doble voto”.

El proceso de cedulación ha generado preocupaciones y suspicacias. El IPADE desarrolló una investigación en 80 municipios de los 153 que hay en el país, constatando que sólo en 18 hay delegaciones de cedulación. El IPADE informó también que en 62 municipios donde sí existen oficinas de cedulación quienes hacen los trámites son miembros del FSLN y no funcionarios públicos del CSE.

UN PADRÓN NO CONFIABLE

Pasa el tiempo y mientras el CSE entrega periódicamente al partido de gobierno el padrón electoral para que afine sus tácticas de campaña -según confiaron a Envío jóvenes militantes del FSLN-, los restantes partidos no reciben copia del padrón. Todos advierten sobre su falta de actualización, por incluir a difuntos y a migrantes.

Según cálculos de IPADE, un 10% de los inscritos en el padrón han fallecido o están fuera del país. Tratando de justificarse, a inicios de abril Roberto Rivas declaró temerariamente que ningún país de América Latina tiene depurado su padrón de votantes, “y el que lo diga está mintiendo”, aunque no aportó ninguna prueba de esa afirmación.

Anunció ese mismo día que el padrón de este año contaba con 4 millones 200 mil votantes, lo que creó suspicacias sobre la posibilidad de que el CSE haya elaborado un padrón inflado, no sólo con ausentes del país o de la vida, también con adolescentes que no han cumplido 16 años, pero que han sido inscritos por pertenecer a entornos simpatizantes al FSLN, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones por dirigentes del Movimiento Renovador Sandinista.

EyT anunció para el mes de julio una auditoría al cuestionado proceso de cedulación ciudadana y al padrón electoral, que no ha sido auditado de forma independiente desde las elecciones caribeñas de 2006, antes de la llegada al gobierno del FSLN.

¿PARTICIPACIÓN MASIVA?

En el incierto, y por eso sofocante, clima pre-electoral apareció la encuesta realizada por M&R entre el 31 de marzo y el 3 de abril a nivel nacional. Aunque es una encuesta prematura, y los entendidos en estas mediciones esperan a agosto para analizar con mayor fiabilidad, los datos ya permiten hacer algunas reflexiones.

El 55.4% de los encuestados está decidido a votar en las elecciones. Y el 28.4% afirmó que “probablemente” lo haría. Entre los que ya decidieron no votar y los que “probablemente no lo harán suman 14.1%. Si votaran, como indica la encuesta, los ya seguros y los probables (suman un 83.8%) habría una participación masiva, como ha sido tradición en los procesos electorales nicaragüenses desde 1984, siendo especialmente masiva en los comicios de 1990 y en los de 2001.

Hay quienes analizan que sólo una votación masiva, y también polarizada, podría derrotar al mandatario que pretende reelegirse el 6 de noviembre. En febrero de 1990 el desgaste causado por diez años de guerra, y en noviembre de 2001 el temor que provocó la reacción de Estados Unidos al ataque a las Torres Gemelas, fueron los factores que masificaron la participación y polarizaron al electorado en el rechazo a Ortega.

¿ELECCIONES POLARIZADAS?

La encuesta incluyó una pregunta sobre la importancia que la población concede a las elecciones de 2011 comparándolas con las de 1990, las que sacaron del gobierno al FSLN y pusieron fin no sólo a la guerra, también al experimento revolucionario.

El 46.6% considera que son más importantes que las de aquel año. Y el 43.9% las caracteriza como igualmente importantes. ¿Ese 90.5% que así piensa es un índice que anuncia una participación masiva? No está claro. ¿Viajarán los nicas que viven y trabajan en Estados Unidos y en Costa Rica a votar? No está claro. Menos claro aún está cuál podría ser el elemento polarizador que en 2011 hiciera viajar a los ausentes y votar masivamente a los presentes.

Lo que sí está claro es que el contexto internacional -el de la Venezuela de Chávez, el de América Latina, el del resto del mundo- era en 2006, cuando Ortega ganó las elecciones, mucho más favorable al FSLN de lo que es ahora. Y en ese escenario mundial, cambiante, incierto, y en cualquier momento adverso a Ortega, podría generarse la chispa que polarice el proceso electoral en su contra.

¿UNA MAYORÍA ABRUMADORA?

Según el método que empleó M&R -el de la votación simulada y secreta marcando la boleta y depositándola en una urna- el 47.8% de los encuestados que han decidido votar la marcó por Daniel Ortega y un 31.8% no marcó ninguna opción en la boleta. Esa cantidad representa el “voto oculto”. Quienes marcaron la boleta por alguno de los cuatro partidos que no son el FSLN suman 20.5%, un porcentaje muy lejano al que elige a Ortega.

Estas dos cifras coinciden en lo fundamental con los de la encuesta hecha por el partido de gobierno en las mismas fechas y son similares, con pequeñas variantes, a las de la encuesta realizada por M&R en diciembre de 2010.

A la altura de abril, contar con un 47.8% de intención de voto representa una ventaja importante para Ortega, pero no satisface aún las aspiraciones del partido de gobierno. En el número de febrero-marzo de la revista “Correo”-destinada a militantes y activistas del FSLN- queda claro que ese porcentaje no es suficiente. En un discurso, los secretarios políticos del FSLN en Managua oyeron: “Somos más, pero tenemos que ser todavía más para garantizar una victoria contundente, que no tiene número. Nosotros no estamos dando datos de si queremos el 60 o el 50 o el 80 por cien¬to. Lo que debemos saber es que tenemos que ganar con abrumadora mayoría la contienda presidencial y también la Asamblea Nacional…El Pueblo Presidente quiere seguir gobernando y quiere, además, convertirse en el Pueblo Legislador. A eso aspiramos en esta Campaña de las Victorias”

¿La reticencia del partido de gobierno a autorizar la observación electoral estará ligada precisamente a esa aspiración, una abrumadora victoria, la que le permita obtener la mayoría cualificada en el Parlamento (56 diputados)? ¿Será que quieren evitar que algún ojo pueda comprobar o demostrar que la victoria que ya dan por segura no fue tan “contundente”?

Rechazando la observación, el partido de gobierno va en contra de una opinión claramente mayoritaria, aún entre su gente: el 95.1% de los encuestados quieren que haya observación electoral. Entre los partidarios del FSLN es el 89.1%. El 84.1% de los encuestados considera que los observadores deben ser libres de emitir opiniones críticas sobre el proceso y apenas un 11.8% se opone a que tengan esa libertad.

EL SEGUNDO LUGAR

Lo más novedoso de la encuesta es el segundo lugar en la intención de voto. Ya no lo ocupa Arnoldo Alemán, como ocurría en anteriores encuestas y sondeos. Lo ocupa Fabio Gadea (PLI-UNE), con un 12.8%, a bastante distancia de Ortega. En un tercer lugar, y a distancia de Gadea, aparece Alemán, con sólo 5.7% de intención de voto. La brecha entre Alemán y Gadea estaría demostrando que la alianza que lidera Gadea está quitándole gente al PLC, aunque no están claros los porcentajes de dónde está ocurriendo el desgrane y la erosión. Informaciones diarias en los medios indican que la cantera en donde Gadea le resta a Alemán está en el mundo rural.

Los miembros de la alianza Unidad Nicaragüense por la Esperanza PLI-UNE saludaron optimistas los resultados de la encuesta, convencidos de que en los próximos meses podrán atraer al 31.8% del voto oculto, ya que un 78% de los encuestados afirmaron que nunca votarán por Alemán. Confían en que lograrán polarizar la elección y convertirla en una disputa Gadea vs. Ortega ganando la contienda o forzando una segunda vuelta.

Otro dato de la encuesta que alimenta ese optimismo es que entre quienes se definen de “oposición” (11.6% del total de encuestados) y quienes se definen “independientes” (47.6%), Fabio Gadea es el candidato que obtiene mejor balance entre “agrado” y “desagrado”: 57.8% entre los opositores y 18.2% entre los independientes, a bastante distancia de los segundos lugares: Alemán entre los opositores (–2.2% en el balance) y Ortega entre los independientes (5.3%).

¿VOTO RURAL?
¿VOTO JOVEN?

El respaldo a Ortega es mayor en las zonas urbanas (49%) que en las rurales (40%). Y crece entre adolescentes y jóvenes (52.1%), lo que demostraría que, a pesar de los programas sociales dirigidos a la población rural más pobre, el FSLN sigue teniendo más fuerza en las zonas urbanas. Y entre la juventud, a la que le está dedicando especial atención en este año electoral.

Se calcula que unos 200-300 mil adolescentes que cumplieron sus 16 años votarán en noviembre por primera vez. Los jóvenes entre 16 y 25 años representarán el 37-38% de los electores el 6 de noviembre. Esa juventud está integrada por muchachos y muchachas que no recuerdan los años 80. Los fantasmas de aquellos años -guerra, escasez, servicio militar, confiscaciones-, que aún asustan a muchos adultos, les son ajenos y lejanos. Han crecido en un ambiente donde el tema político predominante ha sido el de la corrupción: éste roba, el otro roba más, todos robaron…Han crecido envueltos en la tolerancia social a la corrupción y a la impunidad, en donde circula el principio de que es justo valorar a un político aunque robe, si “roba, pero hace”.

¿El Waltergate, la tormenta de corrupción descubierta en la DGI, afectará las percepciones de la juventud que simpatiza con el FSLN y que ve que el partido de gobierno está haciendo por ellos lo que otros gobiernos no hicieron?

Es evidente que el FSLN viene focalizando su campaña electoral prestando especial atención a la juventud: mejora de institutos públicos emblemáticos, becas, canchas deportivas, organización de comunicadores, de deportistas, de ambientalistas…Les da protagonismo en todos los actos públicos.

Respecto al voto rural, la pregunta abierta es cuántas voluntades se traducirán en votos a cuenta de los bonos productivos alimentarios que ha distribuido el partido de gobierno a través del programa Hambre Cero, cuántas a cuenta de las diez láminas de zinc para techar viviendas, repartidas entre la población campesina, incluso en zonas rurales en donde el antisandinismo sigue siendo todavía una señal de identidad.

¿EL PROBLEMA PRINCIPAL?

La encuesta no se limitó a lo electoral y sondeó la opinión ciudadana sobre otros temas. Nuevamente, el problema del desempleo aparece como el que una mayoría (28.2%) señala como el principal problema del país. 24.4% de los identificados con el FSLN también lo cree así. En segundo lugar (23.8%) aparece el problema de la pobreza, que puede vincularse al desempleo.

La tolerancia social a la corrupción se expresa en la encuesta, que muestra que la corrupción apenas fue señalada por un 4.5% de las personas como un problema preocupante. A menos del 1% le preocupa el narcotráfico, a pesar de que sus más alarmantes expresiones -tráfico y consumo interno de drogas- avanzan a paso firme y acelerado en Nicaragua.

¿CUÁNTOS QUIEREN IRSE?

Analizar datos abre siempre algunas fisuras. Si el desempleo es la principal sombra que oscurece el cielo electoral de Ortega, quienes aparecen más preocupados por la falta de empleo son precisamente los miembros de esa juventud de 16-25 años, donde cosecha más simpatías el FSLN y a la que apuesta prioritariamente con consignas, camisetas, coloridos afiches y actividades lúdicas.

También es significativo este dato: la mitad de los encuestados (50.1%) quiere irse de Nicaragua (35.3% a Estados Unidos, 26.9% a España y 20.9% a Costa Rica). Y la mayoría de quienes quieren irse (65.9%) es precisamente el segmento de juventud entre 16-25 años. El 41.3% del total de quienes se identifican con el FSLN también dijeron que querían irse del país.

¿Por qué se quiere ir tanta gente: por falta de empleo, por efecto de la televisión y las películas que hacen del “sueño americano” un poderoso imán? ¿O porque presienten que ante ellos se abre un horizonte en donde el empleo o no aparece o no pinta atractivamente como una oportunidad de mejorar significativamente y sienten que en otros países sí encontrarán el “amor, paz y vida” de la nueva consigna oficial?

MUCHO DESEMPLEO
Y MUCHO MÁS SUBEMPLEOS

El desempleo es una realidad presente en todas las zonas del país y en todos los hogares. Y es un problema que agravan las variables que está experimentando la pirámide poblacional nicaragüense, en donde el peso relativo de la población infantil está disminuyendo cada año, mientras aumenta el de la juventud en edad de trabajar. Una mayoría de esa gente joven no encuentra una ocupación y tampoco tiene las herramientas de una buena preparación profesional o técnica que le garantice que la encontrará.

El desempleo abierto se ha duplicado en los últimos cuatro años -los de la administración de Ortega- y el salario real de quienes tienen un empleo se ha devaluado en esos mismos años. El deterioro de las condiciones del mercado laboral nicaragüense es creciente. En 2006, cuando terminó el gobierno de Bolaños, antes de que Ortega ocupara la silla presidencial, el desempleo abierto era el 5.1% de la población económicamente activa. Hoy ya es el 7.83%. El progresivo retiro de muchos de los proyectos de la cooperación internacional contribuirá a incrementar el desempleo.

A pesar de estas cifras, los economistas coinciden en señalar que el principal problema del país no es tanto el desempleo como el subempleo: ocupaciones temporales, efímeras, inseguras y con bajos salarios, y un autoempleo masivo de personas que sobreviven vendiendo cualquier cosa en cualquier lugar. La tasa de subempleo se elevó en 2009-2010 del 40% del total de la población económicamente activa al 53.7%.

PRIMERO DE MAYO ANTICIPADO

Violentando una tradición arraigada, irrespetando una efemérides marcada con sangre en el calendario de la clase trabajadora mundial, y en contraste con sus pares de izquierda del ALBA -que se lucieron con sus masivas manifestaciones-, Daniel Ortega celebró el Primero de Mayo con anticipación de dos días, en la tarde del viernes 29 de abril, para asegurarse una concentración masiva con la participación de los empleados estatales.

Para entender mejor el por qué de este peculiar cambio de fecha, el agudo y perspicaz analista de la cultura política nacional, León Núñez, puso recientemente en circulación un nuevo verbo: “sandinistear”. “Los empleados públicos que participan en las manifestaciones y actividades del FSLN -escribe Núñez- lo hacen bajo la amenaza de que si no asisten a tales eventos perderían sus puestos…Para el empleado público sandinistear o no sandinistear equivale casi a “comer o no comer”, lo cual es más importante que “ser o no ser”… Hecha esta precisión, y desde el punto de vista de la sociología política del lenguaje nicaragüense, tenemos que decir que el sandinisteo va más allá de la figura del empleado público, ya que, por ejemplo, pueden sandinistear, como en efecto viven sandinisteando, altos empresarios, grandes comerciantes, fuertes agricultores, etc., que no son sandi¬nistas pero que sandinistean para proteger sus intereses y aumentar sus ganancias. Es decir, que no solamente se sandinistea para comer, sino que también se sandinistea para ganar”.

EL “BONO SOLIDARIO”

En su discurso del fabricado con antelación Primero de Mayo, el Presidente-Candidato Daniel Ortega anunció que aumentará de 530 a 700 córdobas (unos 30 dólares), el bono que ha entregado el gobierno durante un año a los empleados públicos y a un sector de jubilados (unas 155 mil personas) para mejorar algo los salarios de quienes tienen empleo en el Estado. Ese extra -que el gobierno llama “bono cristiano, socialista y solidario”- no está incluido en el presupuesto nacional y el gobierno dice que sale de la cooperación venezolana.

Este mes el Banco Central, respondiendo a la exigencia del FMI, hizo públicas las cifras de la cooperación venezolana. Según el informe, en 2010 el gobierno dispuso de un total de 511 millones de dólares de Venezuela, por el trato preferencial de pago en el convenio petrolero, por cooperación bilateral y por inversión directa. Si el bono saliera del convenio petrolero estaría generándole deuda al país.

Según el economista de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo, el informe del Banco Central es deficiente porque sólo ofrece “cifras globales e incomprobables” sobre el uso, absolutamente discrecional, que el gobierno hace de esa ayuda.

Según el informe gubernamental, al bono a los trabajadores estatales y a los jubilados el gobierno dedicó 31.5 millones de dólares en 2010. “Perfectamente ese monto pudo ser cubierto por la sobre-recaudación de nuestros impuestos -dice Acevedo- y así pudo ser incorporado de manera permanente al presupuesto, sin que su entrega dependa de la elección o reelección de nadie. Pero existe el empeño de hacerlo aparecer exclusivamente como generosidad del Presidente de la República”.

¿EN DIOS O EN EL DINERO?

Acevedo destacó también que sumando el total de la cooperación venezolana, el monto del presupuesto nacional y la cooperación tradicional no venezolana que el país siguió recibiendo en 2010, “ningún gobierno en la historia de Nicaragua ha tenido una disponibilidad de recursos de semejante magnitud en un solo año”.

Aunque dice “confiar en Dios” que ganará en noviembre, es a la magnitud del poder que le da todo lo que puede hacer o deshacer con esos recursos, administrados a su entera discreción, a quien confía Ortega su reelección.

NUEVAS TORMENTAS

La encuesta que hemos repasado muestra un cierto “fatalismo” entre los encuestados: una mayoría, el 60%, cree que Daniel Ortega ganará las elecciones. ¿Es el efecto de la omnipresente propaganda oficialista, que llena calles, carreteras y oficinas de todas las instituciones públicas? ¿Es la conclusión de quienes ven las costosas concentraciones masivas en las que el partido de gobierno exhibe y demuestra que “son más”?

¿Es la idea que se desprende de las declaraciones agradecidas de quienes han sido beneficiados por los programas sociales del gobierno? ¿Es la expresión de una pasividad resignada, de raíces religiosas, que parece haberse apoderado de un sector cada vez más amplio de nuestra población?

¿Cambiarán estas percepciones? No sabemos. Lo que aprendimos este mes es que el modelo, el estilo y el rumbo que ha impuesto el partido de gobierno en la administración pública, con falta de transparencia, sin rendición de cuentas y con “discrecionalidad absoluta” sobre bienes públicos que deberían ser equitativamente distribuidos para el “bien común”, pueden estar anunciando nuevas tormentas de consecuencias muy negativas para el partido de gobierno y para quienes habitamos este país. Para el país.

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