Un gobierno fuerte con los débiles y débil con los fuertes

Por su falta de capacidad ante las mafias del crimen organizado, incrustadas en las instituciones estatales y en los poderes locales, por su falta de capacidad ante la empresa privada, siempre renuente a una redistribución de las riquezas por una reforma fiscal, por abrirle puertas a los inversores extranjeros que explotan nuestros recursos y despojan a las comunidades de sus territorios, el gobierno de Álvaro Colom es fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

Fundación Guillermo Toriello

Desde 2008, cuando inició su gobierno la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Álvaro Colom al frente, han ido apareciendo raíces estructurales que reproducen fenómenos permanentes en la vida nacional y también expresiones coyunturales que se exacerban de acuerdo a los intereses en disputa.

PRIMERA PREOCUPACIÓN:
LA INSEGURIDAD

La primera preocupación de los guatemaltecos sigue siendo la delincuencia y la inseguridad (46.1%), un problema generalizado y estrechamente ligado a la actividad del crimen organizado y a la impunidad y debilitamiento de las instituciones del Estado encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía.La disputa que se expresó en las comisiones postuladoras para el nombramiento de la máxima autoridad del Ministerio Público, y que se viene manifestando también para la nominación jefatura de la Defensa Pública Penal, para la elección del Contralor de Cuentas y, sin duda alguna, se expresará en la elección de la Corte de Constitucionalidad en 2011, ha sido encarnizada y opaca.

Afortunadamente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró detener procesos que hubieran supuesto la consolidación de un “pacto de impunidad” entre estas entidades y frenó una involución en los avances logrados, de haberse mantenido en su cargo el nombrado Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume.

Después de este incidente, la lucha contra la impunidad sigue lenta pero activa. No ha sido doblegada. Tiene en ella un papel destacado la sociedad civil, especialmente las organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos. Hasta hoy han logrado contener algo la maquinaria de la impunidad y abrir algunas posibilidades de combate a los poderes del crimen organizado, lo que se mantendrá, sobre todo si la CICIG sigue actuando según sus líneas iniciales.

LA EXACERBACIÓN
DE LA CRIMINALIDAD

La criminalidad y la actividad delictiva se han exacerbado en diferentes partes del país, en especial en la capital y en municipios vecinos. Son actividades orientadas a generar terror y miedo a inhibir la participación social y a ampliar los espacios de los cuerpos ilegales y del crimen organizado, que atraviesan y se incrustan en los sectores económicos y políticos hasta dominarlos y someterlos.

El gobierno de Álvaro Colom no ha ejercido la rectoría y el control que esta problemática le exigía. Durante su período ya han sido nombrados cinco ministros de gobernación, varios de ellos perseguidos por su complicidad en hechos delictivos. La oposición económica, política y mediática encuentra en este vacío gubernamental la principal fuente para deslegitimar el gobierno de la UNE y el principal punto de apoyo para posicionarse.

La oposición trata de capitalizar la percepción y opinión públicas, generalizada en amplios sectores de la población, que exigen políticas y mecanismos que endurezcan la acción del Estado. Se comienza a generalizar una opinión favorable a la aplicación de la pena de muerte, se avalan las ejecuciones extrajudiciales, la represión y criminalización de las luchas sociales, la privatización de la seguridad, los linchamientos... Está “pegando” el discurso de la “mano dura” y se reaviva el aprecio a imágenes autoritarias, como vimos en el homenaje del alcalde capitalino Álvaro Arzú al dictador Ubico, en la reaparición de la consigna “Dios, Patria y Libertad” y en las propuestas represivas que hacen el Partido Patriota, el Libertad Democrática Renovada (LIDER) y otros movimientos cívicos conservadores.

Estas manifestaciones apuntan a generar la aceptación de que la seguridad debe prevalecer aun a costa de la democracia. Y alimentan la falsa expectativa de que el autoritarismo garantiza mejores alternativas de crecimiento económico para la población. Lamentablemente, estas ideas están teniendo respaldo de esa ciudadanía pasiva que cuenta en las urnas, tal como ha sucedido en otros países de América Latina, según observadores de la vigencia de la participación democrática.

En el fondo, se mantiene un forcejeo entre poderes, unos ocultos en la institucionalidad del Estado, otros agazapados en las estructuras de la iniciativa privada. Y otros navegando libremente en sectores descompuestos socialmente o que no encuentran alternativas económicas. Es una lucha muy infiltrada ya por las mafias del crimen organizado y de la narcoactividad, que tocan e invaden cada día más las instancias institucionales y a los actores sociales y locales, disputándole al Estado el empleo de la violencia. Según informes de inteligencia militar de Estados Unidos, estas mafias ocupan ya el 75% del territorio guatemalteco.

COMBATIENDO
EL CRIMEN CON EL CRIMEN

Según denuncia la CICIG, han ido apareciendo los entramados criminales manejados desde instancias públicas, apañados, financiados y al servicio de la iniciativa privada en los gobiernos anteriores al actual, evidenciando las conexiones con las estructuras de seguridad y los vínculos con la política contrainsurgente.

Resultado: una simbiosis de lo público y de lo privado para combatir el crimen con el crimen. Hay así una línea de continuidad con los gobiernos militares y hay cuadros de inteligencia provenientes del ejército que han manejado las oficinas secretas de los órganos de la seguridad.

Ante la inseguridad y ante las evidencias del rol jugado por las instituciones públicas, es necesario contribuir a la lucha contra la impunidad desde lo pequeño, desde lo cotidiano que ocurre en los entornos cercanos hasta con movimientos e iniciativas de mayor alcance, que tienen que ver con la aprobación de una agenda legislativa para luchar contra la impunidad, propuesta por diferentes comisiones generadas en los Acuerdos de Paz, por la sociedad civil y, más recientemente, por la CICIG. Es necesario ir creando algunas condiciones que garanticen los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, que fortalezcan las instituciones democráticas, que desmantelen las influencias de las estructuras del pasado no dejando al margen de esta lucha a ningún ciudadano y a ningún colectivo.

Si en esta etapa de la posguerra se entroniza definitivamente el poder del crimen organizado en los movimientos financieros, en las principales esferas políticas y en los sectores sociales, los logros que con gran esfuerzo hemos ido obteniendo en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, se frustrarán. Los propósitos estratégicos de los Acuerdos -democratización del poder, desarrollo con justicia social, y derecho de los pueblos- se perderán en el abismo.

LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS
Y SUS SECUELAS

Los problemas económicos, la pobreza y sus secuelas, son la segunda preocupación de los guatemaltecos. Así opina un 36% de la población. En buena medida la gente se refiere al desempleo y al deterioro del consumo, especialmente los sectores urbanos. A pesar de todo, la pobreza no pareciera ser una preocupación social generalizada, sino el reflejo, en buena medida, de cómo el neoliberalismo ha permeado a la sociedad y a los individuos.

Es evidente que hay dinero circulando de diferentes orígenes. Circula dinero de la narcoactividad, que salpica a muchos sectores de la población. También circulan las remesas de los emigrantes que -aunque han tenido un descenso de un 10% en los dos últimos años- siguen horizontalizando las divisas. Circula la inyección económica del programa “Mi familia progresa”, que introduce en el consumo a miles de familias. También hay actividades productivas que repuntan económicamente. Pueden haber otros circulantes. Generan desequilibrios e inflación y no son indicadores del fortalecimiento de la economía.

Como lo vienen expresando los datos del Informe de Desarrollo Humano, no avanzamos en la superación de la pobreza y de la extrema pobreza. El modelo no lo permite hasta que el Estado ejerza su misión de distribuir las riquezas de manera sostenible. Hasta que haya una profunda y progresiva reforma fiscal.

LLUEVE SOBRE MOJADO

Los problemas económicos se vienen agravando por los cambios climáticos que sufre la región centroamericana. En Guatemala, al comienzo de este invierno la erupción de volcán Pacaya y las tormentas Ágata y Alex, seguidas de lluvias persistentes, han causado desastres con grandes costos humanos, materiales y financieros, que agudizan la pobreza crónica y la amplían a otros sectores de la sociedad. Los alimentos han experimentado una inflación del 5%. Los desastres han dejado al descubierto, tanto en la ciudad como en las áreas rurales, la vulnerabilidad de Guatemala ante el fenómeno del cambio climático. Nuestro país ha sido señalado como uno de los más vulnerables del planeta.

La rehabilitación y reconstrucción de lo afectado por los desastres necesita de fondos adicionales, que no fluyen
como se requeriría, tanto de aportes internacionales como de fondos nacionales, mucho menos de la iniciativa privada nacional. El propio Vicepresidente de la República reconoció que el gobierno no tiene recursos para rehabilitar lo que destruyan las tormentas del final del invierno, las más copiosas.

Con aprobación del Congreso, el gobierno reorientó un préstamo del BID de 39 millones de dólares destinados a la emergencia y a primeras acciones para rehabilitar las infraestructuras. Ya en julio, el Presidente Colom declaró que eran 7 mil millones de quetzales los que requería la reconstrucción.

Un financiamiento de este monto difícilmente será aprobado por el Congreso en una etapa pre-electoral, a pesar de la concesión que hizo el gobierno, con la aprobación de 4 mil 500 millones en bonos del tesoro, normalmente adquiridos por los bancos privados que son los que se benefician finalmente de ellos. Estos bonos aumentarán la deuda pública, que ronda ya un 20% del PIB y no resuelven la demanda de recursos para la reconstrucción, con desastres incrementados mes tras mes.

EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Los problemas económicos y la pobreza están estrechamente relacionados con el problema del desarrollo rural.
Así lo documentan diferentes organismos nacionales e internacionales: FAO, PNUD, SESAN, INE, MAGA. Este tema ha sido posicionado con fuerza alrededor de la Iniciativa de Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, inspirada en los Acuerdos de Paz. En esta iniciativa se cifran muchas esperanzas a mediano plazo. Tiene dictamen unánime y favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca (Iniciativa 4084) desde noviembre de 2009. Su argumentación es contundente y goza de un amplio respaldo social, expresado en cientos de audiencias llevadas a cabo en el Congreso. Sin embargo, esto no garantiza su aprobación inmediata.

Existe también una oposición cerrada y corporativa de diversas entidades empresariales ligadas al CACIF con capacidad de cabildeo y presión sobre el Congreso. Se resisten a abordar el tema agrario, que es imprescindible, aunque no único, como establecen los Acuerdos de Paz, para poder acceder al desarrollo rural. Hay tácticas dilatorias para que no se discuta la iniciativa, lo que la dejaría en un prolongado impasse.

A pesar de lo moderada que es en el tema agrario, esta herramienta jurídica es clave para ampliar la población que acceda a otras dinámicas económicas. Es una vía para democratizar la riqueza. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones de las organizaciones campesinas y sus aliados, no es previsible su aprobación y la de sus mecanismos reglamentarios y financieros durante este gobierno.

Esta iniciativa ha absorbido la agenda del movimiento campesino en los últimos años. De ser aprobada en 2010 y de entrar en vigor en 2011 podría neutralizar de manera más sostenible algunos de los problemas de la pobreza rural. Fortalecería también actores económicos, sociales y políticos con capacidad de incidir en las políticas de desarrollo rural y agrarias, actualmente monopolizados por la Cámara del Agro. Seria un factor de contrapeso económico y político que abriría posibilidades concretas para una democratización del acceso a la riqueza.

OTRAS INICIATIVAS
DE LEYES NECESARIAS

Hay otras iniciativas de ley menos conocidas y debatidas por el conjunto de la sociedad, aunque tienen un soporte social organizado importante, como la Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Iniciativa 38/69), que está también en la línea de los Acuerdos de Paz y se contrapone al contenido de la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos aprobada en 1996 y a otras iniciativas que apoyan los intereses de financieras y de la Cámara de la Construcción, enfocadas al mercado y al negocio y no al ejercicio del derecho a la vivienda, hoy negado a la mitad de la población, 1 millón 200 mil familias.

En el Congreso se generan espacios de debate y a veces de denuncia. Pero la población tiene pocas expectativas de que las cosas se resuelven a su favor dada la correlación de fuerzas en el propio Congreso y en la opinión pública. Esto no evita que se logren algunas reformas parciales que favorecen la lucha de sectores. Así ocurrió con la reforma al Código municipal, llevada a cabo en el primer semestre del año, que incluye reformas favorables a la participación de la mujeres en las estructuras municipales.

La variante que manejó el Ejecutivo para impulsar el decreto ley de reforma fiscal, en la que se cifraban algunas expectativas para ampliar políticas sociales, acceso a la tierra y al resarcimiento, no encontró salida. Prácticamente fracasó por la cerrada oposición y por la debilidad del gobierno. En ese contexto renunció Juan Alberto Fuentes Knight, uno de los ministros más valiosos que tenía el gobierno de la UNE, cuyo propósito al aceptar el cargo al comienzo del gobierno de Colom fue precisamente impulsar esta reforma fiscal.

Hay iniciativas y esfuerzos de la sociedad civil y de algunas instituciones por reformar leyes clave que abordan temas de alta conflictividad en el país, como la Ley de Minería vigente (1997), altamente lesiva a los intereses nacionales y a los de los pueblos indígenas, intereses que no calan en la mayoría de los diputados.

Todo esto sigue indicando que un tema de fondo que rebasa todas las coyunturas, por ser de carácter más estructural, es el poder de decisión política en temas estratégicos que tienen los empresarios y los grandes capitales. Apunta también a la poca autonomía de los poderes del Estado ante estas estructuras.

Es evidente la ausencia de un sujeto político que haga avanzar estos procesos, que acumule fuerza social y dé direccionalidad a la lucha. Hay un vacío y falta de referencias. El discurso y las estrategias son fragmentadas, la dirigencia campesina no se remoza y ahora ya está encajonada y diversificada, por no decir fraccionada ante la perspectiva electoral. Aunque con más claridad en su dirigencia y con una real base social o territorial organizada, otras organizaciones campesinas y colectivos sociales se mueven muy lentamente y pareciera que no tienen la energía necesaria para avanzar en la unidad del movimiento indígena y del movimiento campesino.

PUERTAS ABIERTAS
AL DESPOJO

El pueblo de Guatemala comienza a expresarse de manera más organizada y coordinada en defensa de los territorios y sus recursos naturales. Las consultas comunitarias sobre recursos naturales y la presencia de transnacionales en sus territorios han generado la movilización comunitaria.

La posición del gobierno de Álvaro Colom y de la UNE en este tema es la evidencia más clara de su alineamiento con un modelo de desarrollo vinculado a la explotación de los territorios a partir de la instalación de empresas globalizadas, de las cuales los empresarios, también financiadores de la UNE, estarían pensando en ser socios y accionistas locales.

Éste es un gobierno que abre de par en par las puertas a las empresas mineras en la costa sur, a las hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango y Quiché, sin consultar a las comunidades y a sus autoridades. Es un gobierno que prolonga el contrato a la empresa Perenco para la explotación petrolera en el parque nacional Laguna del Tigre sin exponer claramente las bases económicas, jurídicas y ambientales del contrato. Es un gobierno que amenaza, presiona y militariza las comunidades para desalojarlas de los territorios codiciados. El gobierno de Colom es un gobierno fuerte con los débiles y débil con los fuertes.

El gobierno privilegia la reconcentración de grandes extensiones de tierra para monocultivos, retrocediendo en los logros alcanzados con los Acuerdos de Paz en cuanto al acceso a la tierra y la seguridad jurídica de las comunidades rurales. En el primer semestre de 2010 se hizo pública la subasta de 37 fincas en el Valle de Polochic (Panzós, El Estor, La Tinta), adquiridas por el ingenio Chabil Utzaj S.A., propiedad de la familia Widman, con financiamiento del BCIE, para cultivo de caña y generación de biodiesel. El fracaso del proyecto y de la inversión, que sirvieron en bandeja los organismos financieros internacionales y las instituciones nacionales, dejó a la deriva a los trabajadores, a quienes les habían ofrecido un paraíso laboral.

Este gobierno deja a la negociación de bancos y grandes empresas la salida a un problema que afecta directamente derechos colectivos de las comunidades q’eqchi’: derechos laborales, agrarios, a la alimentación, al resarcimiento, a su libre locomoción y organización. El gobierno mira hacia otro lado y aparece como aparato represivo de la mano de las empresas. Y excepcionalmente, después de largas gestiones, aparece para autorizar a algunas comunidades su “derecho de permanencia” en la franja de amortiguamiento del área protegida de la Sierra de las Minas.

EN DEFENSA
DE LOS RECURSOS NATURALES

Alrededor de la organización de las comunidades indígenas, cada día más y mejor informadas para la reivindicación de sus recursos agrarios, hídricos, forestales, mineros, culturales, ecoturísticos y alimentarios, comienzan a articularse importantes procesos que pueden impulsar otra perspectiva del desarrollo en Guatemala.

La estructura organizativa comunitaria, ligada a territorios más amplios, a algunos sectores sociales y a algunas instituciones nacionales, comienza a ser pieza básica de una estrategia fundamental para detener los nuevos despojos que se están preparando en el país ante nuestros ojos.

Esta lucha y esta confrontación, ya muy fuertes en algunas partes del país, se puede prever de grandes consecuencias, porque los intereses económicos de las empresas no se detienen y no hay poder político que pueda o quiera detenerlos. La represión contra dirigentes y activistas que se oponen al abuso de trasnacionales como Unión Fenosa, se ha incrementado especialmente en San Marcos. Y desde organizaciones nacionales de la sociedad civil y entidades especializadas se fortalecen también los cabildeos, se intensifican las presiones sobre el gobierno y se buscan aliados internacionales para poner freno a los atropellos y despojos.

La presencia en Guatemala del relator de los Derechos de los Pueblos James Amaya, un abogado de Arizona con experiencia en litigios estratégicos sobre territorios y comunidades indígenas, legitima, favorece y amplía los espacios de estas luchas. Su presencia fue un factor de movilización y de sistematización de reivindicaciones en defensa de los territorios indígenas. El informe que presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) legitima la lucha de los pueblos indígenas y obliga al gobierno a aplicar medidas cautelares en relación a las operaciones de la Mina Marlin, creando mejores condiciones para la movilización en defensa de sus recursos naturales de las poblaciones en sus territorios. Todo esto pone en entredicho, aunque no los detiene, los grandes proyectos que se preparan para la generación y comercialización de energía eléctrica, la explotación minera y la exploración petrolera.

LUCHA POLÍTICA PRE-ELECTORAL

La abierta lucha pre-electoral se expresa en una batalla campal entre la derecha más tradicional y sus medios de opinión y el gobierno, que aprovecha sus programas sociales para ampliar su base electoral. El objetivo central de los grupos económicos tradicionales parece ser el de hacer inviable la candidatura de Sandra Torres de Colom y de su equipo de operadores, argumentando su deslizamiento hacia las corrientes de izquierda latinoamericana. Ésta podría seguir siendo la tónica dominante, con graves consecuencias para el ejercicio de las responsabilidades de quienes actualmente cumplen funciones públicas. Según las últimas encuestas, en el primer semestre de 2010 un 46% avala el gobierno de Colom y un 53% lo reprueba. Son porcentajes similares desde hace más de un año.

En este marco la izquierda realiza esfuerzos por articularse electoralmente. El Tribunal Supremo Electoral formalizó en julio la inscripción de Alternativa Nueva Nación (ANN), que está forjando una alianza con la URNG. También trata de formar su partido el Movimiento Nueva Republica (MNR) y Winaq’ con la idea de hacer alianzas con grupos afines en mejores condiciones. Son pasos que no trascienden al ámbito nacional ni, según sus propios dirigentes, les abren la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral.

Esta limitación no niega que tengan sus espacios institucionales positivos para apoyar demandas sociales cada vez más urgentes: vivienda, resarcimiento, costos de la energía eléctrica, defensa de los recursos naturales, desarrollo rural integral, agenda de las mujeres... Al menos declarativamente, estas agrupaciones políticas de izquierda apuntan a organizar un frente con amplia participación social.

La lucha política pre-electoral y sus características están interfiriendo en otras dinámicas, especialmente en las locales. Comienzan a arrastrar y a dividir a organizaciones y a liderazgos, distrayéndolos de procesos de desarrollo en los que están involucrados. Distorsionan la realidad nacional y alejan a algunos actores locales de los esfuerzos por construir
su propio poder local.

Los programas oficiales destinados a la cohesión social están siendo factor de des-cohesión en muchas comunidades, pues se aplican no como derechos incondicionales y regulares, sino como transferencias muy condicionadas políticamente. Debilitan también el presupuesto regular de ministerios estratégicos.

QUÉ HACER EN ESTA HORA

Como organización comprometida socialmente, autónoma políticamente tanto del gobierno como de las agrupaciones políticas, se nos presenta una coyuntura nacional difícil. Hay que atravesarla sin detenerse, y sin ser arrastrados por las corrientes dominantes. Nuestra misión de luchar por el desarrollo local con una perspectiva nacional tiene que salir fortalecida, especialmente en los territorios en los que estamos comprometidos, donde la población trata de crear condiciones para un futuro buen vivir.

La coyuntura electoral invade todos los espacios en los que estamos inmersos. Nuestro sistema político pasa por estos mecanismos cada cuatro años para llevar a cabo los relevos gubernamentales. No es un mecanismo para transformar el poder ni para revolucionarlo, sino para sostenerlo, reproducirlo y hacerlo funcionar.

El reto es evidenciar estas características, desenmascarar sus maniobras y no permitir que la visión del poder dominante se introyecte en la conciencia de los oprimidos hasta hacerla propia. El reto es ir creando las condiciones para transformarlo, en un esfuerzo formativo e informativo a contracorriente.

¿LA EXPERIENCIA DE BOLIVIA?

Hay experiencias consuetudinarias de pueblos y comunidades indígenas de Guatemala, hay experiencias que provienen de los frentes revolucionarios. Y más recientemente, los Acuerdos de Paz demuestran la posibilidad de llevar a cabo una democracia real y participativa. La experiencia de Bolivia, un país con características similares a Guatemala, es un ejemplo concreto en la construcción de un poder autónomo y con identidad.

Debemos aprovechar la coyuntura para mostrar otros argumentos, otras experiencias, otros modelos y prácticas políticas iniciadas desde lo local. Debemos aprovecharla para promover liderazgos de perfil democrático y ético, capaces de formular propuestas de solución a los problemas, promover los liderazgos indígenas con fuerte respaldo comunitario y promover la participación de las mujeres en los espacios de decisión y de poder, ayudando a crear las condiciones concretas para que su participación sea viable.

Somos conscientes de la ausencia de alternativas convincentes en el campo de la izquierda. Esto no justifica el pragmatismo y menos el oportunismo. El criterio “del menos malo”, no debe ser nuestra pauta porque es una trampa que finalmente alimenta estrategias negativas. Debemos mantener nuestra autonomía de las formaciones políticas, aunque tengamos puntos de convergencia e historias comunes en algunos casos.

No vamos a sobredimensionar la trascendencia de las elecciones. Trabajando en todas las coyunturas acumulando fuerza, formando liderazgos, generando propuestas que cambien la correlación de fuerzas hacia otra visión del poder y del desarrollo, estamos construyendo alternativas.

FUNDACIÓN CREADA AL FINAL DE LA GUERRA CIVIL PARA LA REINSERCIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA DE LOS EX–COMBATIENTES DE LA URNG Y PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES DESARRAIGADAS POR LA GUERRA.

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