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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 342 | Septiembre 2010
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Nicaragua

Migrantes: ¿víctimas sumisas o en desobediencia civil?

El empeño tozudo de los migrantes nicaragüenses -y de todos los migrantes-, cruzando fronteras contra viento y marea, nos indica que ni son ni debemos verlos como víctimas. Son pioneros de una nueva forma de desobediencia civil. Ellos saben que violan la legalidad, pero su transgresión, en nombre de la justicia, porque “van buscando vida” anuncia rasgos de otro mundo posible: un mundo más equitativo y más libre.

José Luis Rocha

Imaginemos a un almidonado funcionario del Banco Mundial que atusándose un frondoso mostacho y
ajustándose la corbata marca Gucci abriera un panel sobre incentivos a las exportaciones con las siguientes palabras: “Los precios de la carne han descendido un 5%, pero el incremento en los volúmenes de filetes de primera calidad han compensado este descenso. Hemos registrado un fenómeno similar en las exportaciones de frijoles, piñas, bananos y ajonjolí. En cambio, nos vemos obligados a reconocer que, a pesar de las encomiables mejoras en carreteras, puentes, certificaciones y clusters promovidos con fondos del Banco Mundial, los rendimientos de la exportación de pobres han descendido”.

“Hace un año -continuaría- ese rubro generó 990 millones de dólares en Nicaragua. En la actualidad el valor bruto de ese rubro apenas llega a los 800 millones de dólares. A este valor hay que restarle los cada día más numerosos casos de colocaciones fallidas (eso que los funcionarios de migración llaman deportaciones), el alza en los costos del transporte (coyotaje), la competitividad de clusters adversos y muy bien organizados (Los Zetas-Cártel del Golfo) y la multiplicación de las barreras no arancelarias, cuya severidad crece exponencialmente: muros, patrullas fronterizas, paramilitares, sensores de movimiento…”

“EXPORTEMOS POBRES DE MEJOR CALIDAD”

Imaginemos que el funcionario del Banco Mundial carraspea y añade: “Los planes económicos del gobierno no han conseguido diseñar una estrategia con incentivos adecuados que permitan a Nicaragua abrirse paso en nichos del mercado de pobres. Una estrategia idónea debe regirse por tres principios: colocar más pobres, colocar pobres de mejor calidad y colocar pobres con altos sentimientos nacionalistas y fuertes ataduras familiares”.

“Sabemos cómo colocar nuestra carne, pero no sabemos cómo colocar nuestros pobres. Hemos agregado valor al café mediante procesos de torrefacción y marcas, pero a nuestra vista y paciencia la calidad de nuestros pobres cae en picada. Nuestros quesos superan todos los controles fitosanitarios y nuestros pobres son impresentables. Nuestros bananos tienen aspecto impecable y el de nuestros pobres es deleznable. Suprimimos el chicuís de la carne de venado y nos es imposible disimular la ordinariez de nuestros pobres. La calidad de los pobres está descendiendo y eso multiplica su rechazo: en los años 80 colocamos gente con elevados niveles educativos y logramos las mejores tasas de exportación de pobres con blancura y bachillerato. En los días que corren los pobres que enviamos están retostados y con suerte han cursado la primaria, “registrándose un creciente volumen de analfabetos que inunda los mercados intrarregionales”.

¿Soluciones? Prepararlos mejor, establecer alianzas con las empresas de transporte, empacarlos adecuadamente y mejorar los sistemas de certificación: un dominio embrionario del inglés, sin SIDA, sin alcoholismo y con bajos niveles de testosterona...”

PAGAN CUATRO U OCHO VECES MÁSPOR SU VIAJE
QUE LOS MILLONARIOS

Probablemente alguien que en el auditorio escuchara este discurso saltaría indignado y protestaría por tan grosera mercantilización de los seres humanos.

Sin embargo, el discurso del tecnócrata reflejaría un tratamiento más gentil que el que hoy se depara a las personas migrantes: los tomadores de decisión ni piensan en ellas, ni hablan de ellas, ni se ocupan de ellas. Y su afirmación central sería rigurosamente cierta desde una perspectiva tecnócrata: sabemos colocar la carne de res, pero los gobiernos no hacen nada por la carne humana, que aquí ya no es carne de cañón ni de trinchera, sino de alambradas, toletazos, redadas y grilletes electrónicos.

Los gobiernos centroamericanos, con la excepción del gobierno de El Salvador, apenas tienen políticas hacia los migrantes. Y se requieren políticas que mejoren las condiciones en que realizan el tránsito, en las que viven los procesos de deportación y en las que se insertan en las sociedades de destino.

Esa carencia de políticas, y no sólo la voluntad de segregar y expulsar es en gran medida la raíz de que las deportaciones aumenten y de que los migrantes sean sometidos a procesos que no respetan las mínimas garantías legales.

Zygmunt Bauman afirma que los migrantes deben pagar “más por la superpoblada tercera clase de un bote pestilente y derrengado que otros por los lujos dorados de la business class”. En dimensiones latinoamericanas, los migrantes pagan de cuatro o hasta ocho veces lo que cuesta un viaje aéreo en primera clase para realizar un viaje arduo y riesgoso, a pie, en bus, en tren, evadiendo a Los Zetas y a otras bandas delincuenciales, un alto costo que se explica por las asimetrías de la globalización.

TRES OBSTÁCULOS PARA LOS MIGRANTES DETENIDOS EN NICARAGUA

Son muchos los migrantes que tienen que atravesar Nicaragua para alcanzar su destino. En 2006 los migrantes transcontinentales en nuestro país eran el 18% de los detenidos. En 2009 ya eran casi el 60%. Los africanos pasaron de 6 a 201 en esos tres años. Somalia, Etiopía y Eritrea van a la cabeza: saltaron de 4 a 197 detenidos. El flujo de detenidos de todas las nacionalidades se incrementó de 350 a 423. En 2010 se multiplicaron los migrantes de China, Nepal y Camboya. No faltaron hondureños que huyeron de la represión tras el golpe contra Zelaya. Y fueron capturados migrantes con orígenes inusitados: Pakistán, Bangladesh, Irak, Marruecos y Camerún. Entre un 15 y un 30% de los migrantes detenidos en Nicaragua son mujeres.

Son osadas, son temerarios, son muy hábiles. Hubo detenidos que aprendieron el español en apenas dos, tres, seis meses. Tanto tiempo se extendieron sus procesos de detención. Tres factores contribuyen a estirarlos hasta colmar la paciencia de los detenidos. Primer factor: la ausencia de consulados con los que negociar. Nicaragua es un país pequeño, pobre y de escasa importancia en la geopolítica mundial. La mayoría de los países de los cuales proceden los migrantes africanos y asiáticos no tienen representaciones diplomáticas en nuestro país. No las tienen China, Nepal, Camboya, Camerún, Etiopía y Eritrea, y no podría tenerlas Somalia, país de un Estado colapsado. Los trámites se hacen por correo y mediante llamadas telefónicas muy costosas. Una condición de posibilidad ineluctable de los trámites es la comunicación.

Y ahí tenemos el segundo obstáculo: la lengua. ¿Cómo conseguir traductores que hablen tigriña, lengua etíope? Por fortuna, la mayoría de ellos habla inglés, y lo mismo ocurre con otros africanos. Pero ¿qué hacer con los que llegan de Irak o de China? Los oficiales de migración nicaragüense sentencian: “No tenemos quien hable chino”. Ésa es apenas la diminuta paja del problema: la verdadera viga consiste en que en China, aunque el mandarín es usado como lengua franca por unos 850 millones, existen entre seis y doce principales grupos lingüísticos regionales y en China se hablan 205 idiomas.

El tercer obstáculo es la falta de recursos para costear los pasajes. La obtención de un pasaje, mediante presiones para el autofinanciamiento o ante la Organización Internacional de Migraciones (OIM) u otras instancias, puede demorar meses. Todos estos elementos prolongan los períodos de detención y sirven de detonante a huelgas de hambre, agresividad y reyertas. Sólo el poderoso caballero, don dinero, puede acelerar procesos, abrir celdas y obtener boletos de avión.

“INTENTAMOS AYUDARLES”

La cautela policial nicaragüense también ralentiza los procesos. Uno de los oficiales de migración nos compartió el motivo: “Nosotros intentamos ayudarles. Nuestro país también es un país de migraciones por muchas circunstancias: por guerras, por economía. Sabemos lo que eso significa. Pero también existen acuerdos y políticas que hay que respetar y por eso los detenemos. Si nosotros dejamos que esta gente entre y salga de manera irregular, cuando ellos quieren, estamos dando pie a redes de delincuencia”.

Por eso granean los casos de costarricenses y hondureños que demoran meses detenidos mientras son investigados cuando sus ocupaciones, relaciones e identidad resultan sospechosas. Los oficiales que custodian el centro están atentos a los casos de narcotráfico y trata, asociados a los desplazamientos de quienes buscan mejor vida. Analizan todo indicio de irregularidad.

CIENTOS DE HISTORIAS ENTRELAZADAS

El centro de retención de migrantes de Nicaragua aloja personalidades de variada catadura: peruanas que se hacen pasar por sordomudas, gringos que dicen dirigirse a Argentina para encontrarse con Dios y que son capturados durmiendo en un contenedor de basura, hondureños que purgaron en la cárcel de Tipitapa seis años de prisión por narcotráfico, militares colombianos que no tienen quien les escriba ni les dé información sobre sus procesos y que estallan en improperios contra su negligente cónsul, y ecuatorianas que vivieron 15 años en Bélgica pero retornaron sólo para ser timadas con la infumable patraña de que es más fácil obtener la visa para España desde Nicaragua.

Hay también impenetrables iraquíes, somalíes que se quejan a diario de no poder hacer llamadas telefónicas, empresarios pakistaníes que dicen haber resistido a la extorsión de los oficiales fronterizos, mexicanas no reconocidas por su consulado, chinos que recuperan súbitamente sus pasaportes y que en dos meses de detención aprenden español, chilenos casados con nicaragüenses que los han desplumado, dominicanos en pleno ataque de nervios a los que no doblegan ni gritos ni la visión de las armas, canadienses con ostensibles crucifijos y cargados de libros, cubanas que enseñan español a sus compañeras de reclusión chinas, cantautores mexicanos con dos nacionalidades centroamericanas, salvadoreños hipertatuados a los que acusan de ser mareros, y blufileños apátridas que se hacen pasar por mexicanos para ser deportados y seguir rumbo al Norte. Son cientos de historias entrelazadas en una prisión donde comparten horas, días, meses. Son vidas intensas y azarosas que deseando el Norte serán regresados de nuevo al Sur.

QUÉ PIDEN A LAS AUTORIDADES

En el último año los migrantes detenidos en Nicaragua han recibido visitas de la Procuraduría de Derechos Humanos, novedad que introduce una mejoría, no sólo porque esa presencia implica interés de parte de otra entidad estatal, sino también porque esas visitas pueden infundir esperanzas en los detenidos y disuadir abusos de autoridad, en caso de que se presentara la tentación. Los detenidos aprovechan para presentar sus quejas, a veces con gran agudeza jurídica y espíritu contestatario. En una de las visitas, un peruano le dijo a la delegación que los visitó: “Aquí no nos maltratan. No nos golpean ni nada de eso. Pero nos parece injusto que nos tengan detenidos sin justificación. Eso va contra la ley”.

En sus visitas, la Procuradora especial para la defensa de los derechos de la mujer, Deborah Grandison, ha recogido algunas de las demandas de los migrantes. El pliego completo sería inmenso. Un catálogo mínimo incluye: Traslado de menores, enfermos, ancianos, personas con discapacidad o víctimas de algún tipo de violencia a un albergue especial donde puedan recibir la asistencia que necesitan, según establece el artículo 10, inciso C, de la Ley de protección a refugiados. Trato especial para las mujeres embarazadas. Medicación adecuada para todo tipo de dolencias y muy especialmente si son crónicas. Multiplicar y regularizar las visitas de la Procuraduría. Acceso a la legislación nacional mediante un folleto que detalle sus derechos y obligaciones. Poner fin a las indicaciones cambiantes: por ejemplo, requerimiento de multa para quedarse y ulterior entrega de una orden de deportación. Ágil y frecuente comunicación con las delegaciones consulares de sus países, cuando las haya. Menos demoras para conseguir los pasajes. Y, la última y más importante, la clave de toda buena relación: información que mitigue la incertidumbre y subsiguiente ansiedad. De hecho, para el caso de los potenciales refugiados el artículo 18 de la Ley de protección a refugiados establece que “todo solicitante deberá ser informado de los derechos inherentes al debido proceso legal”.

PASAR DE MIGRANTE DETENIDO A REFUGIADO

Los africanos califican en bloque para obtener la condición de refugiados, según las circunstancias que la Ley de protección a refugiados establece que deben concurrir para el reconocimiento oficial de dicho estatus: “A) Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; B) Que careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en el inciso anterior, se encuentre fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; C) Que haya huido de su país o del país donde antes tuviera su residencia habitual, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

DEMASIADO “VINO NUEVO”
EN UN ODRE VIEJO Y ARTESANAL

Estos rasgos de los africanos, de no pocos asiáticos, y recientemente de algunos hondureños, deberían bastar para acelerar los procesos. Pero el sistema dispone de escaso personal e insuficiente presupuesto. El gobierno nicaragüense tiene que hacerse cargo del problema medular: los odres viejos de este centro de retención se han quedado chicos y raídos y difícilmente pueden contener el vino de las nuevas oleadas de migrantes. Las dimensiones del centro, el presupuesto y la capacitación del personal quizás fueron adecuados para flujos menores y menos variopintos. La ola migratoria, su creciente volumen, la variedad de los tonos y la complejidad de las situaciones, los tomó desprevenidos, aferrados a un trabajo artesanal que depende a veces de la prodigiosa memoria de los oficiales, quienes a ojo de buen cubero identifican por segunda y tercera vez a migrantes que ya habían pernoctado en el centro.

El sistema de rastreo, de detención y de procesamiento también requiere de ajustes. Las dilaciones suponen que se ha forzado la detención más allá del tiempo que establece la Ley de protección a refugiados: “En el caso de que un solicitante de la condición de refugiado sea detenido por encontrarse indocumentado y/o haber ingresado al territorio nacional de forma irregular, la autoridad competente no podrá retenerlo por más de siete días, tiempo en el cual podrá realizar las investigaciones pertinentes”. Las investigaciones y el proceso toman casi indefectiblemente más de un mes para los africanos que solicitan refugio.

Otra área que demanda ajustes inmediatos es la aplicación de multas. Las penalizaciones pecuniarias son una violación al artículo 10 de la Ley de protección a refugiados: “No se impondrán sanciones penales o administrativas, por causa de la entrada o presencia irregular, a los refugiados o solicitantes de la condición de refugiado que hayan entrado o se encuentren en el territorio nacional sin autorización, a condición de que se presenten ante la autoridad competente a más tardar en el término de un año, alegando causa razonable de su entrada o presencia irregular”.

Los efectos negativos del hambre de multas hemos empezado a percibirlos en carne propia: a los inmigrantes que residen en Costa Rica la nueva ley migratoria les impone multas de 100 dólares por cada mes de permanencia irregular en ese país.

LOS DEPORTABLES NICARAGÜENSES
EN COSTA RICA

¿Y cuándo los nicas son los retenidos, detenidos y deportados en otros países? Los estudios más recientes, basados en el censo nacional de 2005, nos dicen que el 57% de los migrantes nicaragüenses viven en otro país centroamericano y que el 47% están concentrados en un solo país: Costa Rica. Se trata de un destino migratorio tradicional, pero en constante actualización: el mayor volumen (47.7%) se asentó en el país vecino entre 2001-2005.

Las relaciones Nicaragua-Costa Rica han experimentado bandazos que se reflejan en las políticas migratorias. Costa Rica ha establecido regímenes de amnistía migratoria en tres ocasiones. En 1990 se facilitó la radicación de los extranjeros en situación de irregularidad, que ingresaron al país antes del 2 de julio de 1990. Un segundo régimen de excepción fue decretado por los mismos funcionarios en enero de 1994 para beneficiar a los extranjeros que ingresaron a Costa Rica antes del 31 de julio de 1993. Y en noviembre de 1998, el gobierno de Costa Rica anunció una amnistía general para que pudieran radicarse todos los inmigrantes centroamericanos irregulares -de Nicaragua, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá- que ingresaron antes del 9 de noviembre de 1998.

La oferta fue presentada como una contribución costarricense al alivio de la situación económica y social de los países y familias afectados por el huracán Mitch, emulando el Estatus de Protección Temporal -mejor conocido por sus siglas en inglés como TPS-, concedido el 29 de diciembre de 1998 por el Presidente Bill Clinton para los inmigrantes de Honduras y Nicaragua. En Costa Rica ese régimen de excep¬ción migratoria estuvo vigente entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 1999 y recibió 155 mil 316 aplicaciones de inmi¬gran¬tes. El 97.4% eran nicaragüenses. Al finalizar el proceso,¬ unos 140 mil nicaragüenses habían sido beneficiados con reso¬luciones favorables.

En más de diez años, el Estado costarricense no ha vuelto a presentar una oferta ni remotamente semejante. Muy por el contrario, el 1 de marzo de 2010 entró en vigencia la Ley de Migración -Ley 8764, aprobada por unanimidad en el Legislativo el 3 de agosto de 2009-, un instrumento que penaliza severamente la migración irregular. Más de 200 mil nicaragüenses son potenciales multables y deportables.

¿QUIÉNES SON LOS DEPORTADOS
EN EL ALBERGUE DE SAN CARLOS?

Aunque es muy prematuro ponderar las consecuencias visibles de la implementación de esta ley, sí podemos suponer que, de ser aplicada con todo su rigor, en los próximos meses tendremos una multiplicación de las situaciones que detectamos durante más de un año monitoreando a los 570 huéspedes de la Casa Albergue que la Pastoral de Movilidad Humana tiene en San Carlos, Río San Juan. Todos fueron víctimas de deportaciones desde el puesto migratorio costarricense de Los Chiles.

La mitad son muy jóvenes y sin hijos. Aunque los oficios y profesiones son muy variados, el predominio de quienes se dedicaban a la agricultura es aplastante: 42%. La mayoría fueron detenidos mientras se desplazaban o intentaban hacerlo: en buses y paradas de buses (14%), calles y carreteras (18%) y parques (22%). El 1.6% fue capturado en su casa de habitación y únicamente el 0.9% en su centro laboral. Solamente al 0.4% le fue aplicada la deportación. La enorme mayoría fue objeto de rechazo administrativo, una medida expedita y sin consecuencias legales de largo alcance. La generosidad con que es aplicada y la insistencia de los migrantes resulta en altas tasas de reincidencia. Uno de los entrevistados llevaba en su haber 20 rechazos. El 13% había sido capturado y rechazado al menos dos veces.

El nudo del problema sigue siendo la indocumentación: el 63% viajó sin ningún documento de identificación. Quienes viajaron con documentos no llevaban los adecuados: 28.6% viajó solamente con la cédula de identidad, 3.6% con partida de nacimiento, 3.2% con pasaporte, 1.3% con colilla de cédula y 0.6% con pasaporte provisional. Algunos de nuestros entrevistados viajaron sin documentos después de cuatro meses de esperar en vano su pasaporte.

Las autoridades migratorias toman ventaja de la indefensión de los migrantes. Del 30.4% que dio testimonio de la violación de sus derechos, el 30% señaló a la policía o a las autoridades de migración como perpetradoras y sólo el 0.4% declaró que el abuso fue cometido por su empleador. El 28% padeció fallas en el debido proceso y el 2% fue objeto de maltrato físico, verbal y/o psicológico. Las fallas en el debido proceso fueron generalmente: incomunicación, detenciones colectivas, separación de hijos menores y falta de información sobre el proceso.

En nuestra investigación apareció un elemento novedoso: la administración de medicamentos a un grupo de deportados. Anastasia Félix, de Los Chiles, declaró: “Eran dos hombres y el resto éramos mujeres. Éramos cinco los que íbamos. Donde nos agarran, una mujer estaba pidiéndole a Dios que no nos agarraran y ¡qué va! Más rápido nos agarraron. Nos mandaron a una celda y en ese lugar dormimos. En la mañana nos dieron una pastilla para que nos la bebiéramos y así mandarnos para nuestro lugar, a nuestro país. Sí, nos dieron esa pastilla. Yo me la bebí. El compañero no fue tonto y no se la bebió. Se la metió debajo de la lengua y, cuando el policía dio la vuelta, la tiró”.

El cóctel pre-vuelo fue denunciado en 2004 por The Washington Post: entre 2003 y mayo de 2004 más de 250 inmigrantes fueron drogados -sin prescripción médica- antes de su vuelo de repatriación. En Río San Juan el cóctel pre-vuelo fue aplicado como cóctel pre-navegación.

DERECHO A MIGRAR=DERECHO A DOCUMENTOS

La experiencia de Wilbert es más frustrante: “Me deportaron tres veces. Pero la última vez que me deportaron fue la propia migración y sin derecho a entrar. La deportación fue de esta manera: yo fui y saqué en el consulado nicaragüense un pasaporte provisional, que le llaman. Allí me dieron ese pasaporte provisional y con eso anduve. Con eso a mí me decían que fuera a sacar documentos. Una vez yo me atreví y me fui a migración. Entonces fui y sí me ayudaron y me dieron documentos. De ahí me dijeron que sí me iban a hacer los trámites y tenía cita cada mes, pero en el transcurso de un año me dijeron los de migración que había llegado la firma y la orden para que me deportaran directamente desde San José porque no habían aprobado mi solicitud, mi trámite. Entonces ahí nomás me quitaron mis documentos y llamaron a la ley para que me llegaran a traer. Me llegaron a traer, me deportaron y me dijeron que no podía entrar hasta que pasaran diez años. Que si yo entraba antes de los diez años, entonces yo estaba violando las leyes y me echarían preso”.

Probablemente Wilbert fue engañado por uno de los muchos bufetes de abogados -verdaderos abogangsters- que han proliferado en suelo costarricense para hacerse con suculentas ganancias hincando el colmillo retorcido a la siempre creciente mina de indocumentados nicaragüenses. Es presumible que a Wilbert no le explicaron que el pasaporte provisional es un documento apenas suficiente para un único cruce de frontera y válido por un mes. No se lo explicó el abogado que llevó su caso y que le pidió dinero mes a mes durante un año. Más grave aún: no se lo explicaron las autoridades consulares nicaragüenses, que le vendieron el pasaporte y que deberían haber visto en él algo más que a un cliente del mercado consular.

El artículo 8 de la Convención internacional de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, un instrumento jurídico que el gobierno de Nicaragua ratificó en 2005 y que tiene más de cuatro años y medio de estar en vigencia, establece el derecho de toda persona a “salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de origen”. Si Nicaragua no proporciona los documentos o suministra documentos inadecuados para salir del país y establecerse en otro Estado, viola ese derecho. Sin documentos no hay derecho a migrar.

LA ANTESALA DEL SUEÑO AMERICANO
ES LA PESADILLA MEXICANA

Los desafíos de quienes regresan al Sur deseando el Norte son muy distintos de quienes van al Norte deseando visa para un sueño. En apenas cinco años México se ha convertido en un terreno lóbrego donde “la migra” ya no es la principal ni la más temida amenaza.

Hechos recientes lo confirman. El 23 de agosto de 2010 el ejército mexicano encontró los cadáveres de 72 migrantes en un rancho de Tamaulipas. Había brasileños, hondureños, salvadoreños y ecuatorianos: 58 hombres y 14 mujeres que habían ingresado por Chiapas y se dirigían a la frontera de Matamoros-Brownsville. Fueron atacados por una cuadrilla de Los Zetas, mercenarios que hicieron su debut como fichas del cártel del Golfo y que de un tiempo a esta parte operan de forma independiente, dedicados al sicariato, el narcotráfico y el secuestro y extorsión de migrantes. Los migrantes no pudieron huir, pese a que alguien dio la voz de alerta cuando los delincuentes empezaron a rodearlos. Fueron secuestrados, recluidos en la finca, interrogados para sondear las posibilidades de extorsión y luego ejecutados.

Todo esto lo narró un joven ecuatoriano de 19 años, identificado como Luis Fredy Lala Pomadilla, sobreviviente de la masacre con una herida de bala en el rostro y ahora internado en un hospital de Matamoros. El joven dio parte a efectivos del ejército que, en su recorrido hasta el lugar de los hechos, interceptaron a un grupo armado con el que sostuvieron un enfrentamiento y al que decomisaron un arsenal de armas, uniformes de camuflaje y una camioneta clonada de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Inspirado en este horrendo episodio, el caricaturista nica Pedro Molina tituló su viñeta del día “Dilema emigrante”: dos migrantes conversan y uno de ellos dice: El problema es que ahora para llegar al “sueño americano” tienes que pasar por la “pesadilla mexicana”.

El Proyecto Kino, que la Compañía de Jesús tiene en la frontera de Nogales, denunció la masacre como un efecto “de la nociva política migratoria del Estado mexicano y de la falta de prevención de las actividades ilícitas cometidas en su agravio”. También señaló que la masacre no es un suceso aislado, sino “una muestra clara de cómo se agudiza la violencia contra las y los migrantes por parte de agentes del Estado y particulares”.

En éste y en otros casos -dicen- constatamos cómo las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate, sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para otros fines ilícitos. Cabe señalar que el delito de secuestro contra migrantes es un hecho grave que se suma a los abusos perpetrados, tanto por servidores públicos, como por miembros de la delincuencia organizada y común. Estas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes son consecuencia de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria: la precariedad institucional, la criminalización de facto de la migración en situación irregular, y la corrupción y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno”. La respuesta del gobierno mexicano fue un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que intentó negar la dimensión de la tragedia.

Entre otras peticiones, el Proyecto Kino y muchas otras instancias que suscribieron el comunicado, manifestaron “la urgente necesidad de modificar el enfoque actual de la política migratoria, cuya consecuencia es la perpetuación de la violencia, la sistemática generación de víctimas invisibles y, como en este caso, la masacre de 72 personas”.

MASACRE DE TAMAULIPAS:
NI PRIMERA NI ÚLTIMA

Lamentablemente, la denuncia tiene toda la razón, precisamente en su punto medular: lo ocurrido en Tamaulipas no es un caso excepcional y la negligencia del gobierno mexicano ha sido un elemento imprescindible para su posibilidad. Un informe de Amnistía Internacional, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México, denuncia la captura de migrantes por policías mexicanos para entregarlos a Los Zetas.

El informe también denunció los usos excesivos de fuerza, como el ocurrido cuando “el 31 de marzo de 2008, el tren (que llevaba un grupo de migrantes) fue interceptado por agen¬tes del INM (Instituto Nacional de Migración) apoyados por 50 miembros de la Marina mexicana que empuñaban rifles y macanas... Los migrantes trataron de huir, pero los miembros de la Marina los persiguieron y los golpearon con macanas, obligándolos a tumbarse en el suelo”. Otro exceso documentado ocurrió “el 9 de enero de 2009, cuando la policía del estado abrió fuego contra un camión que transportaba a unos 45 migrantes irregulares de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador y China. Tres migrantes murieron y otros ocho resultaron heridos de gravedad en el incidente, que tuvo lugar cerca de la localidad de San Cristóbal de las Casas, estado de Chiapas. Según varios sobrevivientes, cuatro agentes iban en un autopatrulla que estuvo siguiendo al camión. Los agentes dieron el alto al camión y, como éste no se detuvo, hicieron varios disparos de munición real. Un migrante dijo que ‘los policías nos dispararon como animales’”.

Los casos de extorsión no escasean: “El 23 de enero de 2010, tres vehículos de la Policía Federal hicieron detenerse a un tren de carga en el que viajaban más de un centenar de migrantes irregulares… Según varios migrantes, unos policías uniformados y armados obligaron a los migrantes a bajar del tren y a tumbarse boca abajo, y luego les robaron sus pertenencias”.

También hay abuso físico: de 90 mujeres entrevistadas en la estación migratoria de Iztapalapa, 23 declararon haber sufrido algún tipo de violencia, incluida la violencia sexual, y 13 señalaron a funcionarios estatales como perpetradores del acto. Los oficiales operan en la más completa impunidad: en febrero de 2010 el INEM, informó a Amnistía Internacional que ninguno de sus agentes había sido destituido por violaciones de derechos humanos debido a que “éstas no constituyen motivo de destitución en virtud de las leyes laborales federales”.

Un testimonio de la inoperancia de las autoridades mexicanas nos lo proporciona el pronunciado contraste entre los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que dio cuenta de 9 mil 758 migrantes secuestrados en 6 meses entre fines de 2008 e inicios de 2009 y las cifras del Gobierno Federal: 393 víctimas de secuestros entre enero de 2008 y abril de 2010 y 17 operativos en los primeros 4 meses de 2010 para liberar a 57 detenidos.

CAPTURADOS, DETENIDOS Y DEPORTADOS
SON “ASEGURADOS, ALOJADOS Y DEVUELTOS”

Para quien disfruta de los eufemismos, los servicios mexicanos de migración son toda una autoridad que ha llevado el género a sus cotas más exquisitas. El gobierno mexicano no captura migrantes: los “asegura”. Tampoco los recluye en centros de detención: amablemente los “aloja”. Y por supuesto que jamás los deporta: los “devuelve” a los países de origen.

Asegurar es una palabra muy polisémica. El diccionario admite varias acepciones. Suponemos que asegurar es “preservar de daño a las personas y las cosas”. Pero la migra mexicana debió tener en mente una acepción menos benévola: “Poner a una persona en condiciones que le impidan huir o defenderse”. Algo semejante ocurre con alojar. Uno podría suponer que la migración hace referencia a la acepción más común: “Hospedar o aposentar”, cuando hay que concluir que se refieren a “colocar una cosa dentro de otra, y especialmente en cavidad adecuada”: los migrantes dentro de las prisiones. En cuanto a “devolver”, no parece suscitar dudas: “Volver una cosa al estado o situación que tenía”, siendo ese estado un Estado y la situación la misma pobreza de la que quisieron huir. ¿O se referirán a la acepción que hace de “devolver” un sinónimo de “vomitar”, “arrojar de sí violentamente una cosa que tiene dentro”? ¿Arrojar migrantes que están dentro de su territorio?

En los casi 10 años que van desde 2001 hasta julio de 2010, México ha asegurado, alojado y devuelto a 2 millones 496 mil 890 centroamericanos. En los primeros siete meses de 2010 ha deportado a 541 nicaragüenses. En 2009 deportó a 900. 17 por semana.

UNA MAREA QUE CRECE Y NADIE DETIENE

Con 77 deportados desde México al mes no estamos en el momento pico de las deportaciones. El cuatrienio de 2005 a 2008 reportó 233 nicaragüenses deportados cada mes. También fue el peor período para los hondureños. Los salvadoreños y guatemaltecos fueron más afectados en 2001-2004. El año 2005 fue el de mayor tapisca de centroamericanos para la migra: más de 8 mil guatemaltecos, 6 mil 585 salvadoreños, 3 mil 579 hondureños y 300 nicaragüenses cada mes.

A partir de ese año las capturas han disminuido. Quizás debido a un adelgazamiento del flujo por razones que hay que escarbar en las condiciones de Estados Unidos: la crisis económica, el reforzamiento del muro y la aplicación de políticas xenófobas, entre las cuales la ley de Arizona es sólo la más desvergonzada, pero de ningún modo una golondrina que no hace verano. El verano -desértico- era previo a esa perversa golondrina. Quizás el decremento del flujo sea también un efecto de los temibles Zetas, que sin piedad e incluso contra todo cálculo egoísta están matando a su gallina de los huevos de oro.

Sin embargo, los migrantes siguen cruzando, evadiendo peligros y acechando oportunidades. Tal y como los vio en 1992 el periodista español Javier Reverte: “Sale el que puede camino de Estados Unidos. Y salen también esos desesperados espaldas mojadas que durante el día han estado sentados junto a las vallas altas de latón, contemplando el otro lado de la frontera, los anchos campos de Yanquilandia, los horizontes de su particular American Dream. Ahora, con la oscuridad, saltan la valla, corren entre las alambradas, alcanzan la autopista y cruzan rezando para que no les golpee un carro surgido de la lejanía como un cohete. Al otro lado de la autopista les espera el contrabandista al que han pagado el sueldo de un año para que les cruce a Estados Unidos. Irán a parar al fondo del maletero de un auto, o al centro de un camión repleto de cerdos o de ovejas, para iniciar un viaje a los oficios más miserables, a los suburbios más malolientes de Estados Unidos, a los downtowns de las grandes metrópolis donde huele a basura y a humanidad doliente, al fondo de la noche la mayoría de ellos”.

Este año el Servicio Jesuita para Migrantes no pudo conversar con los nicaragüenses deportados desde México porque el gobierno nicaragüense no nos permitió acompañar los procesos de deportación de quienes entran por la frontera de El Guasaule. No pudimos recoger sus estremece¬dores testimonios, brindados al filo del cansancio tras una extenuante jornada de viaje sin reposo desde Tapachula hasta Managua. Esperamos encontrarlos en las comunidades para ser fieles transmisores de la audacia que los anima y las vejaciones que padecieron.



NICAS DEPORTADOS DESDE ESTADOS UNIDOS:
INJUSTICIAS Y FALTA DE INFORMACIÓN


La migración irregular a Estados Unidos y las deportaciones desde ese país siguen siendo un síntoma de lo que el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos llama “globalismos asimétricos”: puerta ancha para las mercancías, ojo de aguja para las personas. 2009 es el último año cuyas estadísticas en asuntos migratorios pone a disposición del público el Department of Homeland Security.

Ese año finalizó con 79 mil 632 deportados centroamericanos: apenas 191 menos que en 2008, año récord en deportaciones de centroamericanos. Un vistazo a la serie histórica más reciente -los últimos 10 años- nos muestra un incremento de 541% si partimos de los 12 mil 414 de 1999. La deportación de nicaragüenses pasó de 444 a 2 mil 98 en ese lapso de 10 años.

El Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica, en colaboración con la Iniciativa Kino de Nogales, la Universidad de San Francisco y el Servicio Jesuita para Migran¬tes de México, está construyendo una base de datos de mi¬gran¬tes deportados desde Estados Unidos. La base aún es incipiente, pero nos permite un análisis embrionario sobre los atropellos a los derechos humanos de los migrantes.

Nos posibilita, por ejemplo, conocer que el 44% de los deportados nicaragüenses tiene 30-39 años y casi el 30% tiene 20-29 años. El 74% de los deportados tiene menos de 40 años. El 3.7% entró a Estados Unidos portando visa y fue deportado porque había vencido cuando las autoridades de migración los increparon. El 22% fue repatriado antes de empezar a trabajar. La mayoría (26%) trabajó en la construcción o en restaurantes (7.4%). El 11% hizo hasta cuatro intentos para atravesar la frontera México-Estados Unidos. La mayoría lo hizo en Reynosa/McAllen (19%) y en las proximidades de San Antonio (15%). El 78% pagó más de 3 mil dólares al coyote y el 3.7% entre 1 y 2 mil dólares, pero éstos únicamente pagaron el trayecto de la capital de México a Houston, Texas.

Su tránsito por México estuvo plagado de amenazas. Durante el trayecto al norte el 22% fue víctima de asaltos, el 11% fue extorsionado, 11% padeció otros delitos y el 7.4% fue secuestrado por Los Zetas u otros grupos. El 26% fue agredido y asaltado por pandilleros. Entre ellos, el 3.7% señala a la policía mexicana como autora de extorsiones y maltrato.

Al ser capturados, el 26% de los deportados no fueron informados de sus derechos ni sobre el proceso de deportación al que serían sometidos. De los que sí tuvieron acceso a información, el 7.4% no la comprendió. El 48% declaró no haber tenido acceso a abogados que llevaran su proceso. Cerca del 60% no tuvo audiencia antes del juicio y, sin embargo, el 90% firmó documentos legales -en inglés e incomprensibles, en el 50% y 22% de los casos- reconociendo su ingreso irregular al país y, por consiguiente, su violación a las leyes de Estados Unidos. El 48% dijo haber sido obligado a firmar.

Durante su confinamiento, el 18.5% manifestó haber estado recluido en celdas sin ventilación y el 11% recordó no haber tenido un régimen de tres comidas al día. Sólo al 48% se le brindó la oportunidad de contactar a su consulado. Apenas el 22% pudo tener acceso a llamadas telefónicas sin restricciones. Sólo el 18% pudo comunicarse con sus familiares con regularidad y el 23% no pudo ni siquiera contactar a su familia al momento de su llegada. Únicamente el 7.4% pudo contactar servicios de asesoría legal gratuita porque sólo ese porcentaje fue informado de esa posibilidad. En los centros de detención suelen estar colgadas hojas con nombres de ONG y asociaciones de abogados que ofrecen sus servicios sin costo alguno. Pero los detenidos necesitan que les suministren detalles sobre estas oportunidades.

Los procesos de deportación también registran anomalías. El 26% declaró haber sido deportado sin ropa adecuada al clima, el 3.7% dijo haber sido drogado para su deportación y el 18.5% denunció haber sido víctima de abuso verbal y acoso de parte de las autoridades de migración.

¿QUÉ PODRÍAN HACER
NUESTROS CONSULADOS?


Las diferencias de condiciones y trato en los diversos centros de detención para migrantes en Estados Unidos son muy acusadas. El Estado de derecho, incluso en una democracia liberal tan paradigmática como la de Estados Unidos, deja un amplio margen a la discrecionalidad de los directores de las prisiones, jueces y agentes de migración. El desafortunado migrante que caiga en las garras del Sheriff Arpaio, en el condado Maricopa, de Arizona, será alojado en ciudades tienda y forzado a trabajar en cuadrillas de cinco encadenados y a ingerir comida que cuesta sólo 30 centavos de dólar el plato.

Existe la oportunidad de conseguir unos estándares básicos de respeto a la dignidad de los detenidos por las autoridades migratorias y de homogeneidad en su acceso a servicios e información. Depende de que se active la protección consular nicaragüense, derecho contemplado en los artículos 23 y 63 de la ley 290, ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, un derecho que todos nuestros entrevistados consideran inexistente en la práctica. La imposibilidad de tener presencia consular en todas las localidades donde hay juzgados y centros de detención migratoria obliga a diseñar estrategias. La primera consiste en la creación -o reconversión- de consulados nacionales en consulados de los países del CA-4: Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Consulados centroamericanos que presten servicios a los migrantes que proceden de los cuatro países más afectados por las deportaciones.



Esta opción tendría las ventajas de multiplicar los servicios sin expandir los costos de manera excesiva y la de aprovechar el largo camino recorrido por los consulados salvadoreños, que llevan la delantera a sus homónimos de la región en protección consular, contacto de abogados, organización de eventos culturales y entrega de información sobre los TPS y otros programas. Esta estrategia sería también aplicable en México, donde las amenazas de la delincuencia organizada y los abusos de las autoridades urgen la defensa de los centroamericanos.

La segunda estrategia consiste en establecer alianzas con ONG, asociaciones de abogados y bufetes universitarios que brindan servicios gratuitos de representación legal a personas que enfrentan juicios en los juzgados de migración. Los consulados no pueden prestar todos los servicios ni dar seguimiento a tantos miles de casos. Pero sí pueden hacer de puentes entre los migrantes y las personas e instituciones que están al servicio de los migrantes y que pueden ofrecer monitoreo, asesoría legal y auxilio humanitario en las cuatro áreas donde nuestros entrevistados detectaron abusos y anomalías: captura, juicio, detención y deportación.

¿SÓLO VÍCTIMAS?

Los migrantes nicaragüenses están lejos de convertirse en lo que la tradición marxista llamaba clase para sí, a pesar de que hay tantos intereses y experiencias en común que los acercan a perfilarse como clase en sí que requiere una emancipación en los mismos planos sociopolíticos.

No hay una transnacionalización del sindicalismo. Ni siquiera en Europa los sindicatos han sido capaces de impulsar iniciativas que tengan en la Unión Europea la misma fuerza que tienen sus luchas nacionales. El internacionalismo proletario va muy a la zaga del internacionalismo en la movilidad de la fuerza laboral. Por el contrario, las asociaciones de salvadoreños y ciertos aspectos de los programas 2 x 1 ó 3 x 1 pueden ser interpretados, desde cierta óptica, como un síntoma de cómo el gran capital transnacionalizado logra que los sectores vulnerables claudiquen en su intento de toma del poder estatal y recurran a estrategias que los convierten en cómplices involuntarios del desmantelamiento de las inversiones sociales del Estado.

El germen de un internacionalismo de la clase trabajadora parece estar sometido al congelamiento a base de redadas, muros y extorsiones. Sin embargo, no hay que reducir a los migrantes a la condición de víctimas. Nada más lejos de la intención de este recuento de los atropellos a los que se ven sometidos. Hay un elemento fuertemente contestatario en el empeño tozudo de los migrantes indocumentados que buscan cruzar fronteras contra viento y marea. Y hay que dar cuenta de los provocadores alcances de ese empeño mediante una interpretación que redime su ilegalidad y le abre las puertas a un reconocimiento de su potencial legitimidad: la interpretación del ingreso irregular a un país como un acto de desobediencia civil en una dimensión transnacional.

LOS MIGRANTES VOTAN CON SUS PIES

¿Por qué traer a colación el recurso a la desobediencia civil y la caracterización del ingreso ilegal en un territorio nacional como un acto de desobediencia civil? Porque aún está muy difundida la idea de que la soberanía nacional tiene precedencia sobre otros principios y porque la mayoría de los políticos “abiertos” a la migración consideran sagradas las divisiones fronterizas.

Pero los migrantes votan con sus pies contra estas arraigadísimas convicciones sociales. Es decir, saltan a un tiempo el muro y la construcción social que lo soporta. Mientras los soberanófilos veneran las fronteras como tamices especiales e incuestionables que limpian de derechos, los migrantes se siguen filtrando por ellas, a cuentagotas y en grandes grupos, activando la cuenta regresiva de la negación de sus derechos y del punto culminante en que cada tamiz -aunque no desaparezca- cambiará su carácter.

El lamentable hecho de que en Estados Unidos los políticos más “liberales” aboguen por una amnistía, pero insistan en el reforzamiento del control fronterizo es un timbrazo que alerta sobre la necesidad de una mirada distinta y un planteamiento que, nutriéndose de la tradición liberal -para mejor aterrizar en los constitucionales suelos estadounidenses y costarricenses-, argumente el perfil legítimo que puede adquirir una violación deliberada y sistemática de un precepto legal: no ingresar a un territorio sin ser legalmente admitido por las autoridades competentes.

ES CUESTIÓN DE JUSTICIA:
“VAMOS BUSCANDO VIDA”

El filósofo liberal estadounidense John Rawls ha reflexionado agudamente sobre la desobediencia civil en su libro Justicia como equidad. Su idea “es que en un régimen democrático razonablemente justo (aunque por supuesto no perfectamente justo) la desobediencia civil, cuando está justificada, ha de entenderse normalmente como una acción política dirigida al sentido de justicia de la mayoría a fin de instalarla a reconsiderar las medidas objeto de protesta y advertir que en la firme opinión de los disidentes no se están respetando las condiciones de la cooperación social”.

¿Qué es desobediencia civil? Rawls dice que “es un acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y habitualmente realizado con la intención de producir un cambio en las políticas o en las leyes del gobierno”. La desobediencia civil “se dirige a los principios de justicia comunes cuya observancia pueden los hombres exigirse mutuamente, y no a las aspiraciones del amor, que no pueden exigirse los unos a los otros”.

Los migrantes ingresan con sobrado conocimiento de que su entrada no cuenta con la bendición legal de las autoridades ni con el beneplácito de una gran porción de la opinión pública. Pero saben que su acto tiene un carácter ambiguo. Por un lado es transgresor. Por otro tiene el respaldo de un principio elemental, fundacional: “Vamos buscando vida”.

Su ingreso e inserción indocumentada tiene oportunidad de éxito, no debido a la caridad, sino porque apela a un principio común de justicia -el derecho a trabajar y a mantener a la familia- y a una demanda del mercado -su mano de obra es necesaria en la sociedad de destino. Su intento busca producir un cambio en la política general -cuando están organizados o bien acechan una amnistía o una prolongación del TPS, regímenes de excepción a la ordinaria severidad de las políticas- o en la aplicación de la política a su caso particular, cuando logran colarse por los intersticios que deja abiertos la heterogeneidad estatal asentándose en ciudades santuario, invocando el nivel nacional contra el nivel local, procreando hijos estadounidenses, incorporándose a una comunidad étnica o religiosa con bien aceitados vínculos políticos, todas situaciones, condiciones y dispositivos capaces de revertir su condición de infractores de la ley. Porque, como señala Rawls, “aunque hay que reconocer la desobediencia civil como una forma de acción política dentro de los límites de la fidelidad al imperio de la ley, es al mismo tiempo un acto más bien desesperado precisamente dentro de esos límites”.

Según Rawls, no importa si se violan leyes democráticamente aprobadas porque en una democracia liberal “no se nos exige que aceptemos el quebrantamiento de libertades fundamentales por mayorías democráticas que se han mostrado ciegas a los principios de justicia en los que descansa la justificación de la Constitución”.

Rawls sostiene que el desobediente civil apela a principios más fundamentales atropellados por las leyes y políticas que, con su acto de desobediencia, procura abolir. En el caso de los migrantes, procuran que la aplicación de ciertas leyes quede en suspenso. Los migrantes apuestan a que el sistema recapacite o tome medidas excepcionales que den un giro a su estatus legal. Apuestan a que el sistema se transforme porque de diferentes formas intuyen que “la desobediencia civil legítima, ejercida en la debida forma, es un dispositivo estabilizador en un régimen constitucional, un dispositivo que tiende a hacerlo más firmemente justo”.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE UN ACTO DE DESOBEDIENCIA CIVIL

Rawls sintetiza en 10 rasgos las características de un acto de desobediencia civil legítimo. Los expongo a continuación, aplicados a las situaciones que enfrentan las personas que migran:

1. Estar convencido de que la ley, el sistema, las políticas, son injustas. Es la convicción más omnipresente. “No es justo. Nosotros sólo queremos trabajar” es una afirmación común ante las redadas y deportaciones. Ivania, una migrante chinandegana que fue deportada de España en las mismas puertas del país -el aeropuerto de Barajas-, esbozó un análisis de la injusticia y sus raíces: “Muchas personas lloraron, muchas personas se sintieron super frustradas. Aquello es otra sociedad. Aunque tengamos el mismo idioma, se notan las grandes diferencias. Para ellos el dinero vale mucho. Lógicamente el dinero vale, por supuesto que sí. Allá y aquí y en todas partes. Pero para ellos, para poder ir a España, el dinero está mucho, pero mucho, mucho, de por medio. Además de que son personas super racistas. Tienen bien afianzado el racismo. Vi maltrato. Yo no fui maltratada de manera personal pero sí vi maltrato”.

Rosario, chinandegana de 30 años, consciente de la injusticia de su deportación, se negó a hacerla efectiva: “Sí, me deportaron de Costa Rica, pero no me vine. Me hicieron un documento. Pero como yo ya había comprado mi pasaje y mi maleta no la tenía cuando me agarraron, entonces a mí sólo me hicieron el documento y me dejaron ir por la maleta, pero no me trajeron ellos. Eso de que me sacaran era injusto. Entonces yo no salí del país y seguí trabajando”.

2. Considerar que los asiste un derecho más elemental y fundacional de la comunidad humana. Se apela ante todo al derecho a trabajar. Ése fue el alegato de Ulises: “En el 97 me fui mojado. Era más duro, caminamos bastante. Por veredas cruzamos la frontera. Seis personas íbamos en ese entonces. Y pasamos tres días para llegar hasta San José. Estando ya allí nos agarraron y nos sacaron para afuera. La policía migratoria. De ahí volvimos a entrar. De la frontera nos volvimos para adentro. Y otra vez nos agarraron. Nos preguntaron qué andábamos haciendo, que si andábamos haciendo alguna cosa mala. No, les dije, nosotros lo que andamos haciendo es buscando trabajo”.

3. Conocer los riesgos que su acto de desobediencia entraña. Cuidarse de “la migra” es un principio básico. Lo fue para Samuel y muchos otros: “Me fui por montes. Pasamos a la par de la frontera. Pagamos un coyote que nos pasara y cuando íbamos pasando por unos potreros tuvimos que pagar plata para poder pasarlos. El coyote le dio plata al guardia para que nos pasara. Íbamos preparados para pagar o ser deportados”.

Como Samael, Ivania también vio migrantes preparadas estratégicamente para los interrogatorios: “Nos hacían muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Si su salario dice que es de tanto por qué usted viene acá? Y decían: Bueno, yo estoy de vacaciones en mi país y, como soy devota de la Virgen del Pilar, vengo a pagar una promesa. Tengo una deuda con ella y vengo a pagar esa deuda”.

4. Realizar un acto público que se dirige al sentido de justicia de la mayoría. Así lo demostró Wilbert en una declaración donde aceptaba, al tiempo que apelaba: “Me trataron bien porque acepté venir deportado. Pero yo les decía que venía deportado pero que volvería a entrar. Ustedes me deportan, pero yo voy a volver a entrar, les dije. Porque ustedes saben que uno no puede estar sin trabajar. Me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, pero que ellos me tenían que deportar porque así son las leyes. Sí, esta bien, les dije yo, no se preocupen”.

5. Tener voluntad de transformar un principio, una ley, y no sólo de cometer una violación puntual. Este mandamiento de Rawls no es cumplido a cabalidad por la mayoría de los migrantes. Pero en muchos de ellos anida una voluntad de desafiar principios legales generales, como los que niegan la reunificación familiar o, como en el caso de Noel, la emisión de documentos a menores que tienen familias que mantener: “No saqué documentos porque mi papá no estaba acá, no vivía con nosotros. Yo estaba sacando los documentos, pero me dijeron que tenía que estar aquí mi papá para dar la firma porque yo era menor de edad. Pero yo tenía familia que mantener y me fui por la urgencia”.

6. Aceptar el arresto y castigo sin resistencia, sin violencia y con respeto por los procedimientos legales, pero con rechazo y conciencia de que se está padeciendo una injusticia. Ivania era consciente del trato injusto. Sin embargo, aceptó la deportación con estoicismo: “Cuando uno se predispone, se le quita un poco el miedo. Eso es lo que me pasó a mí. Se le quita el miedo y uno ya prácticamente tiene realizado qué es lo que uno va hacer o de qué manera uno va actuar, con tranquilidad, cuando lo deportan”.

Algunos, como doña Felipa -migrante, esposa de migrante y madre de hijos migrantes en Costa Rica- pueden enfrentar la situación incluso con humor: “Sí, me deportaron y a mí me daba risa. Sólo era carcajadas. No le tomé importancia a eso. ¿Sólo porque me habían agarrado yo iba a decir ‘éstos tal por cual’? Yo no. Eran carcajadas para mí. En el grupo en que yo iba, me reía de que me hubieran agarrado. Me mandaron por Los Chiles en un barquito a salir a San Carlos. Después nos metieron en un gallinero. Alegre era eso de andar huyendo. Agarrarlo a uno y devolverlo es su trabajo”. Con ese talante festivo, doña Felipa hizo caso omiso de la deportación, retornó a Costa Rica, hizo ahorros y, cuando regresó a Nicaragua transformó su casita de plástico en una vivienda de bloques y zinc con su piso de baldosas.

7. El acto de desobediencia no debe perjudicar los derechos de los demás. “No hemos venido a robar”, dicen los migrantes, buscando deslindar su conducta de actos criminales y aludiendo a un acto reconocido como universalmente delictivo. ¿El robo es un acto de desobediencia civil? En algunas circunstancias podría ser interpretado como un acto de protesta y rectificación de una desigual distribución de la riqueza. Pero es un acto que implica un perjuicio directo a terceros y, por eso, sí puede ser identificado como genuinamente delictivo por los migrantes, en contraposición a su relativamente inocuo cruce irregular de fronteras. ¿Su acto daña la soberanía territorial? Es un reclamo en nombre de una abstracción. ¿Perjudica la gobernabilidad? Rawls sostiene que “si la desobediencia civil legítima parece amenazar la paz civil, la responsabilidad no cae tanto del lado de quienes protestan como del de aquellos cuyo abuso de autoridad y poder justifica tal oposición”.

8. Querer corregir una injusticia que se repite.En el caso de Estados Unidos, Costa Rica y España, no sólo hay una negativa a corregir la injusticia, sino una intención de perpetuarla, expandirla y reforzarla. La mayor parte de los cambios legislativos van en esa dirección. Ahí está la ley de Arizona para dar testimonio de ello. Se trata, como dice Rawls, no sólo de “una grave injusticia en la ley sino incluso de una negativa, más o menos deliberada, a corregirla”.

9. Intentar producir un cambio que elimine violaciones sustanciales.Lo sustancial a eliminar sería la negación del ingreso y del estatus legal. Cumplida esa meta se establecerían las bases para eliminar las restantes injusticias: el acceso a un proceso jurídico con todas las garantías legales, la educación, los servicios de salud, el empleo, salarios no inferiores al mínimo, no reducirse a una ciudadanía de segunda clase en los países de destino. Las violaciones a la justicia que la desobediencia civil pretende rectificar son violaciones cuya desaparición establecerá una base para eliminar las restantes injusticias.

10. Apelar a la ciudadanía del país. Rawls señala que “el último tribunal de apelación no es el Tribunal Supremo, ni el Congreso, ni el Presidente, sino el electorado en su conjunto. El civilmente desobediente apela en realidad a este cuerpo”. Es obvio que los migrantes, una vez evadidos los controles migratorios, apelan a ese tribunal social de última instancia: las empresas los contratan, las ONG los defienden, los activistas salen a las calles a defender sus derechos, los académicos aplauden el enriquecimiento cultural que su presencia alimenta…

GRANDES DESOBEDIENTES CIVILES

En Estados Unidos la estirpe de los desobedientes civiles incluye a personalidades emblemáticas que han marcado la historia de ese país. Henry David Thoureau, a quien los ecologistas consideran una especie de santo patrón, no sólo escribió sobre el tema, sino que lo practicó negándose en redondo a contribuir con sus impuestos a la guerra que Estados Unidos hizo a México para tragarse Texas y Arizona. Martin Luther King retó la discriminación racial y llamó a desobedecer sus leyes. Ambos hicieron avanzar la legislación de su país hacia un estadio más equitativo y justo.

Empalmar el cruce ilegal de fronteras y el establecimiento irregular en el territorio de un Estado-nación con esa tradición de desobediencia civil implica un salto conceptual. La caracterización de la desobediencia civil de Rawls fue aplicada a cuestiones de política interna. Los desobedientes civiles que son ciudadanos de un país tienen un estatus sociopolítico respecto de la legislación y de las autoridades nacionales -también respecto de la opinión pública- muy distinto del de aquellos que no sólo carecen de la ciudadanía, sino también de los documentos que acreditan un ingreso permitido legalmente.

Rawls basa su argumentación en la teoría del contrato social. De acuerdo a esa construcción heurística de Rousseau, ¿qué pasa con aquellos que, estando fuera, quieren entrar en el contrato? En el caso de los migrantes no se trata de que unos individuos atentan contra el contrato por renegar de él, sino por forzar su inclusión contra la renuencia del contrato. Por consiguiente, la calificación de desobediencia civil de los ingresos irregulares de los migrantes se argumenta en el marco de un paradigma donde esos actos se sitúan en el terreno de una transnacionalización de la desobediencia civil. En esta concepción cosmopolita se opera una transposición de la desobediencia civil a un escenario jurídico transnacional.

Esa transposición no hunde su raíces en una autoridad supranacional a la que puedan apelar los migrantes -Naciones Unidas, por ejemplo, no los defiende contra los abusos de las intocables legislaciones nacionales-, sino en unos principios de derecho universal que están en la base de los cuerpos jurídicos nacionales y que hacen posible el sistema de relaciones inter-estatales.

Para las democracias liberales, los derechos se juegan en un sistema interestatal donde el Estado-nación es la exclusiva unidad política y de análisis. Pero esas unidades y sus interrelaciones no son viables políticamente si no existe un reconocimiento mutuo que se basa en principios más elementales como el derecho a la hospitalidad y a un mínimo de libertades incuestionables. Por eso Rawls habla de libertades que definen el común estatus de ciudadanía e insiste en que su negación deliberada “por un período de tiempo más o menos extenso, y ello en presencia de una protesta política normal, es, en general, un objeto de desobediencia civil apropiado”.

NO SON VÍCTIMAS, SON PIONEROS

Las comunidades de migrantes han tomado conciencia de que están siendo víctimas de vejaciones que atentan contra derechos elementales y han acentuado sus protestas llevándolas a campos de desobediencia civil más explícitos, como el boicot del censo 2010 en cinco estados de Estados Unidos. La negativa a brindar la información requerida fue una forma de decir: De acuerdo, ustedes dicen que no existimos, entonces no cuenten con nosotros; ni siquiera nos cuenten a nosotros.

Rompiendo con la tendencia habitual de los monitoreos de derechos humanos, nos urgía subrayar en éste que los migrantes no son víctimas dóciles. Construyen, a golpes de ingresos ilegales, nuevos horizontes jurídicos. Son pioneros de otra forma de desobediencia civil.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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