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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 340 | Julio 2010
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México

Una espiral de crímenes sin castigo

Todos los días los medios de comunicación insisten en la espiral de acciones delictivas del crimen organizado instalado en México. Mucho menos destacan la espiral de violencia de los crímenes de Estado contra los movimientos populares y contra las protestas sociales, crímenes que quedan impunes, sin castigo.

Jorge Alonso

México se encuentra en una situación deplorable. El país se desmorona. El premio Nobel de economía Joseph Stiglitz afirma que México vive un desastre económico. Datos oficiales del primer trimestre de 2010 revelan que 23 millones de mexicanos padecen hambre y que 43.4 millones no tienen acceso a la salud. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la mitad de los nuevos pobres causados por la crisis económica en América Latina son mexicanos.

Un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos concluyó que la guerra desatada en México por el Presidente Calderón había fracasado. A decir de Muñoz Ledo, esa guerra encubre las tumbas de más de 23 mil víctimas de una violencia evitable.

CUATRO HECHOS GRAVES
QUE EXPLICAN MUCHO

El gobierno mexicano ha abierto otro frente de batalla en contra de trabajadores y movimientos populares. El cuestionado Presidente Calderón quiere celebrar el bicentenario de la independencia mexicana revirtiendo las conquistas sociales, sobre todo las laborales. Uno de los pocos obispos mexicanos que quedan del lado de los pobres, Raúl Vera, se ha opuesto a los intentos de reversión de la legislación laboral, argumentando que no es moral hacer leyes que violen la dignidad de los obreros en aras de una competitividad económica y comercial donde lo humano no cuenta y ha exigido que no se pretenda legalizar la injusticia. Human Rights Watch no ha dejado de instar al gobierno de México a que respete los derechos humanos. Y Amnistía Internacional ha constatado que impera la impunidad, y que han crecido los abusos del ejército y de la policía contra civiles. También ha señalado que los ataques contra comunidades y luchadores sociales son cada vez más violentos y que los asesinatos, desapariciones y violaciones no sólo aumentan sino que se consuman en formas más graves, a menudo sólo por el solo hecho de que las víctimas reclaman sus derechos.

Cuatro hechos resultan paradigmáticos para entender el estilo de los graves ataques gubernamentales contra elementales derechos populares.El asedio a un sindicato independiente. La violenta toma de la mina de Cananea. El desalojo de la boca de mina de Pasta de Conchos. Y la represión sangrienta, a manos de paramilitares, de caravanas pacíficas que apoyan la autonomía de una comunidad indígena.

CONTRA “LUZ Y FUERZA”
Y CONTRA SU SINDICATO

En octubre 2009 las fuerzas policiacas y militares tomaron las instalaciones de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC). El Presidente publicó un decreto extinguiendo esa empresa y su sindicato argumentando que tenía graves problemas financieros porque las transferencias del gobierno a la empresa crecían de manera insostenible. Ocultaba que eso ocurría por decisiones del mismo gobierno: había mantenido acotada la capacidad de generación de la empresa y la obligaba a adquirir de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) el fluido, que le era revendido a una tarifa mayor a la aplicada al público. Esto ocasionaba las pérdidas.

Además, el gobierno pretendía golpear a un sindicato independiente que había estado presente en muchas de las protestas populares contra la política neoliberal. El sindicato resultaba un obstáculo a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada y a la entrega del millonario negocio de la fibra óptica y de las redes eléctricas a grandes empresarios nacionales.

BIEN ORGANIZADOS
Y BUSCANDO VÍAS JURÍDICAS

Contra la ley de transparencia, y aduciendo razones de seguridad nacional, el gobierno mandó a reserva los expedientes en que se basó para la desaparición de la CFE, razón por la que por mucho tiempo no se podrán consultar. Después se supo que, meses antes, un empresario sonorense, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio -quien después encabezó el Consejo Coordinador Empresarial- había solicitado al gobierno acabar con esta empresa estatal, asegurándole que contra el enojo de más de 40 mil trabajadores que lanzaban a la calle, obtendría el aplauso de muchos más empresarios.

Para que los trabajadores aceptaran su indemnización, el gobierno ofrecía un pago por encima de lo estipulado por la ley y prometía a quienes lo aceptaran ser recontratados por la CFE. Más de dos tercios recibieron la indemnización, pero la recontratación no llegó a 400 casos. Miles de quienes rechazaron ser liquidados mantuvieron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y se organizaron para buscar vías jurídicas que revocaran el decreto de extinción. Sobre todo, han recordado la forma legal del patrono sustituto: quien adquiere una empresa liquidada se hace cargo titular de las obligaciones del patrón anterior.

Los diputados de partidos de izquierda apoyaron que la Suprema Corte revisara las fallas jurídicas en el decreto de extinción, aunque sus fallos judiciales suelen ser ideológicos y políticos. La agrupación de abogados democráticos aducía que el decreto de extinción era ilegal.

ESTA HUELGA DE HAMBRE
LA SILENCIAN

Además de la lucha legal, los miembros del sindicato electricista han hecho también marchas, manifestaciones y huelgas de hambre. La primera, a finales de 2009, duró 17 días y concluyó ante el anuncio de que el gobierno establecería una mesa de negociación con el SME. Sin embargo, no se propiciaron acuerdos, y a finales de abril de 2010 se inició una segunda huelga de hambre grupal que ha durado más de dos meses.

Relevante en esta huelga de hambre fue que mientras algunos legisladores del partido de gobierno pedían visas para visitar a huelguistas de hambre en Cuba, nunca visitaron a los compatriotas que tenían cerca, en el Zócalo de la ciudad
de México. Los grandes medios de comunicación publicitaban la huelga de hambre en Cuba mientras denostaban o ignoraban la del SME. En Cuba la huelga de hambre consiguió que el gobierno de la isla aplicara algunas medidas favorables a las peticiones de los huelguistas, mientras en México el gobierno ha sido insensible a los trabajadores en huelga de hambre.

APAGONES CON RESPONSABLES

La desaparición de LFC provocó muchas fallas eléctricas en el centro del país. El gobierno las manipuló para acusar a los miembros del SME de estar haciendo sabotajes, lo que nunca pudo probar. Finalmente, altos funcionarios tuvieron que reconocer lo que los trabajadores repetían: el problema era que el gobierno no había dado mantenimiento a las instalaciones eléctricas. La represión y la amenaza de encarcelamiento han aparecido en distintas ocasiones. A finales de mayo, 600 policías desalojaron con violencia a trabajadores electricistas que mantenían una protesta en Cuernavaca. Pese a todos los obstáculos y ataques, la resistencia de los miembros del SME se ha mantenido.

CONTRA LOS MINEROS
DE CANANEA

Un laudo de la junta federal de conciliación y arbitraje de mediados de abril de 2009 respaldó a la empresa dueña de la histórica mina de Cananea en el estado de Sonora -una de las más grandes productoras de cobre- para liquidar a sus trabajadores, que llevaban mucho tiempo en huelga, sin que los patrones quisieran sentarse a la mesa para alcanzar un arreglo. La huelga proseguía gracias al fallo de un tribunal, que había dicho que la huelga debía persistir mientras estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo.

En febrero de 2010 un tribunal colegiado avaló que terminara la relación laboral, cuando los trabajadores llevaban más de 30 meses en huelga. El prestigiado abogado laboralista Arturo Alcalde denunció que esa decisión era una maniobra del gobierno a favor de los dueños de la mina avalada por el poder judicial sin bases sólidas. Afirmó Alcalde que después de 40 años de estar en el sector laboral nunca había visto un caso tan grotesco -tan burda maniobra para acabar con un sindicato- desde el punto de vista jurídico.

Las instituciones sucumbían ante los poderes fácticos. No obstante, los trabajadores acordaron no abandonar su fuente de trabajo, defenderla hasta sus últimas consecuencias y ponerse en vigilancia. La central obrera ALF-CIO condenó el fallo judicial contra los mineros de Cananea porque anulaba el derecho de huelga en México. Miembros de la Otra Campaña acordaron solidarizarse con los mineros y partieron de varios puntos del país para formar un cordón de solidaridad. Los trabajadores mineros denunciaron ante la CIDH al Estado mexicano. Un juez federal concedió una suspensión provisional en vía de amparo, por el cual no podían ser desalojados. La junta federal de conciliación y arbitraje declaró tres veces ilegal la huelga, pero otras tantas veces esas resoluciones fueron revertidas por apelaciones en tribunales. Finalmente, la Suprema Corte apoyó a los dueños de la mina, que son la tercera familia más rica en México, para dar por terminadas las relaciones laborales.

UNA HISTÓRICA Y OSCURA PÁGINA ANTI-OBRERA

Durante la noche del domingo 6 de junio de 2010 fuerzas federales y estatales tomaron por la fuerza el control de la mina. El gobierno declaró que la acción se realizó con saldo blanco. Pero las informaciones lo desmintieron: hubo represión violenta. Se utilizaron armas y gases lacrimógenos, dos mineros resultaron heridos, un grupo de choque incendió un edificio y hubo golpeados y detenidos. Los empresarios anunciaron que indemnizarían a los trabajadores y harían nuevas contrataciones y echaron mano de un sindicato “blanco” fiel a los empresarios. Los trabajadores respondieron que lo único que querían era trabajar conforme a su contrato colectivo, y aseguraron que retomarían la mina. En su primer intento por recuperarla volvieron a ser reprimidos, los cuerpos policiacos llevaron la refriega hasta la misma población.

Organismos populares protestaron: el Estado mexicano había volcado su aparato represivo, policiaco, militar y paramilitar, en contra de los trabajadores de Cananea. Telefonistas, electricistas y organizaciones campesinas condenaron la toma de Cananea y advirtieron que sus protestas subirían de tono. El presidente de United Steel Workers acusó al Presidente mexicano de haber puesto en marcha un régimen de terror contra los trabajadores, e hizo un llamado al Congreso de Estados Unidos para que detuviera la entrega de fondos a las fuerzas de seguridad mexicanas por ser utilizadas para atacar a los trabajadores que ejercían su libertad de asociación. Los trabajadores denunciaron que la acción evidenciaba la supeditación cómplice del gobierno a los dueños del dinero. Los hechos demostraban que la administración no deseaba diálogo ni negociación, sino que optaba por las vías de la violencia, hipócritamente camufladas en falsos argumentos legales.

Esta violación quedará en las páginas más oscuras de la política antiobrera y antisindical en México. Gobierno y capital echaban por tierra el derecho de huelga al más puro estilo de la época del Porfiriato, previa a la revolución mexicana.

MINEROS AGREDIDOS,
EMPRESARIOS SATISFECHOS

Los trabajadores calificaron la agresión como inconstitucional. Mientras el asunto del conflicto en Cananea se encontraba ante una comisión especial de la Cámara de Diputados, que buscaba encontrar una salida negociada, el gobierno optó por la represión y los empresarios del país expresaron su satisfacción por la derrota de los obreros.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, La Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, el Observatorio Eclesial y muchas otras organizaciones populares exigieron al gobierno la instalación inmediata de una mesa de negociación que resolviera las demandas de los mineros. El 11 de junio el Secretario de Gobernación ofreció una reunión con dirigentes de la empresa y los mineros para negociar. Los trabajadores aceptaron, pero los empresarios dijeron que ya no era tiempo de negociaciones.

Los mineros han puesto sus esperanzas en instancias internacionales. A la intervención de la CIDH, que habían solicitado, han añadido una ampliación por los nuevos agravios del desalojo ilegal, que violó derechos constitucionales y laborales. Los trabajadores buscan defender el derecho de huelga, mantener su fuente de empleo, que se respete su contrato colectivo y no caer en manos de un sindicato manipulado por los patrones.

CONTRA LOS FAMILIARES
DE LOS MINEROS MUERTOS

El mismo día en que la familia dueña de la poderosa empresa Grupo México se apoderó de la mina de Cananea, la misma familia, con apoyo policial tomó la entrada de la mina de carbón Pasta de Conchos, situada en Coahuila. Parientes de mineros fallecidos en febrero de 2006, a causa de una explosión debida a fallas de seguridad imputadas a la irresponsabilidad criminal de los dueños, y que proseguían exigiendo el rescate de sus muertos para darles sepultura, fueron desalojados por la fuerza. La empresa declaró que sellaría la entrada de la mina, dejando dentro los 63 cadáveres.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció que el sellamiento de la mina de carbón de Pasta de Conchos significaba que el Grupo México borraba sus crímenes para tapar toda evidencia de lo que aquellos restos revelaban. Señaló que muchas de las viudas que había dejado la tragedia mantenían litigios con la empresa y no habían podido resolver su pensión. Recalcó que la compañía que realizara el sellado de la bocamina incurría en un acto ilegal y deploró que al gobierno no le importara que los familiares de los mineros muertos hubieran cumplido 1 mil 582 días exigiendo justicia y reclamando les entregaran los cuerpos de sus muertos para sepultarlos. Lo que existía era un litigio entre la dignidad de los mineros y la codicia y voracidad de los dueños. Algunos familiares de los mineros muertos se sumaron a la huelga de hambre del SME.

Organismos de derechos humanos reprobaron el desalojo de los familiares de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos. La comisión especial de la Cámara de Diputados para los conflictos mineros demandó al gobierno federal que ordenara la salida inmediata de la fuerza pública desplegada en las dos minas. La comisión permanente del Congreso de la Unión envió una enérgica condena al Presidente Calderón por los actos represivos contra los mineros. Comentaristas independientes analizaron cómo el mantenimiento de una política neoliberal, el apoyo incondicional a los ricos, la creciente represión a los pobres y a los trabajadores conducía al gobierno a incendiar aún más el país.

CONTRA UN MUNICIPIO
AUTÓNOMO EN OAXACA

Desde principios de 2007 se organizó en el estado de Oaxaca un municipio autónomo indígena en la comunidad de San Juan Copala. Fue un acuerdo de los barrios y comunidades de la región Triqui en contra del municipio oficial, controlado por los caciques desde un pueblo cercano. Los habitantes de esa comunidad quisieron recuperar el estatus de municipio que la legislatura de Oaxaca les arrebató en 1948. Están contra el saqueo y la explotación y pretenden crear condiciones de vida digna. Pero el gobierno estatal ha alentado el hostigamiento de ese municipio por paramilitares.

En abril de 2010 el municipio autonómo denunció que la comunidad estaba cercada por un contingente fuertemente armado, que les cortaban la luz, el agua y el teléfono y mantenían retenes a pocos kilómetros del ingreso a la población. Los habitantes de San Juan Copala corrían mucho riesgo al salir de su poblado para conseguir agua y alimento. El cerco ha corrido por cuenta de un grupo del PRI que, para confundir, ha adoptado el nombre de Unión de Bienestar Social de la región Triqui (Ubisort).

CONTRA UNA CARAVANA HUMANITARIA

Ante el llamado de auxilio se organizó una caravana pacífica de observación internacional para llevar a la comunidad alimentos y ropa. En la caravana iban miembros de organismos civiles de México, Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania. Cuando el 27 de abril ya estaba cercana al municipio autónomo, hombres armados de Ubisort abrieron fuego contra ellos. Hubo heridos y fueron asesinadas dos personas: Beatriz Alberta Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus) y un activista internacional originario de Finlandia, Tyri Antero Jaakkola. Muchos integrantes de la caravana se internaron en el bosque en busca de refugio y tardaron varios días en ser rescatados. La reacción del gobernador Ulises Ruiz recordó la conducta de antiguos dictadores latinoamericanos, pues lo único que declaró fue que era “rara la participación de extranjeros”. El grupo asesino declaró cínicamente que la caravana buscó mártires para llamar la atención y pidió la militarización de la zona.

UN ATAQUE PARAMILITAR
ANUNCIADO E IMPUNE

Organizaciones populares y de defensa de derechos humanos alzaron la voz para exigir un alto a la represión y a la militarización del país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas imputó el ataque al Estado mexicano por no cumplir con sus obligaciones de prevenir y proteger el derecho a la vida y exigió una investigación exhaustiva. Amnistía Internacional demandó que las autoridades mexicanas investigaran de manera profunda e imparcial el ataque contra una misión internacional de observadores de derechos humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la emboscada. La Unión Europea pidió castigo a los culpables.

Un dato clave es que los paramilitares habían anunciado por radio que atacarían, y el gobierno de Oaxaca nada hizo antes para impedirlo, ni después para detener a los asesinos. El abogado Francisco López Bárcenas, indígena triqui, publicó un artículo en el que destacó la saña con la que se atacó a personas indefensas, y denunció la campaña de desinformación montada por los medios de comunicación de Oaxaca.

PROMOVIDO POR
“EL MAL GOBIERNO”

Varios editorialistas independientes en la prensa de ciudad de México resaltaron que se trató de una agresión a mansalva, anunciada como si estuviera prohibido circular en territorios dominados por paramilitares ahijados por el gobierno estatal. Fue evidente la impunidad de los asesinos. Uno de los principales responsables señalados fue el gobernador Ulises Ruiz, quien con sus declaraciones violó el derecho a la solidaridad. Un reportero de “Contralínea” fue herido de bala y el director de la revista acusó de negligencia al gobierno federal.

En un foro europeo celebrado a principios de mayo de 2010, al que asistía el Presidente Calderón, éste se topó con una manifestación que demandaba justicia por el ataque a la caravana. La especialista en derecho indígena, Magdalena Gómez, apuntó que el gobierno utilizaba a paramilitares para ocultar la represión y revestir la agresión como producto de conflictos intercomunitarios. Organizaciones indígenas insistían en que eran acciones de enfrentamiento promovidas por “el mal gobierno”. Pero, pese a condenas nacionales e internacionales, no se logró una respuesta congruente de los gobiernos estatal y nacional.

GRUPOS PARAMILITARES
Y UN GOBIERNO LOCAL CORRUPTO

El 11 de mayo el municipio autónomo pidió a organizaciones civiles que realizaran una nueva caravana de observación, que llevaría el nombre de los activistas asesinados en la caravana anterior. Argumentaba que las condiciones humanitarias de la comunidad eran extremas. Llamó también a los medios de comunicación nacionales e internacionales comprometidos con la verdad a que documentaran la realidad de San Juan Copala. Adujo que la integridad y seguridad de quienes fueran en esta nueva caravana eran responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, pues los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales no podían ser limitados por grupos paramilitares o gobiernos locales corruptos.

A mediados de mayo el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo solicitó al gobierno español
que durante la Cumbre México-Unión Europea fuera abordado el caso de los activistas asesinados en la emboscada en Oaxaca y que demandara una investigación urgente, transparente, rigurosa e imparcial sobre esos hechos. La Unión Europea debería exigir a México presentar a los responsables del ataque ante la justicia. Una eurodiputada finlandesa lamentó los altos niveles de impunidad existentes en México donde las vidas de defensores de derechos humanos corren riesgos.

CRÍMENES SIN CASTIGO

Hasta después de 21 días de ocurrida la emboscada, el Presidente Calderón, en plática con la Presidenta de Finlandia,
expresó el compromiso de su gobierno en esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

No obstante, la Ubisort seguía imponiendo su voluntad en la región. Impunemente, y una vez más, plagió a un grupo de mujeres y niños de San Juan Copala. Después de muchas horas de retención y amenazas de muerte, les robó el dinero que llevaban proveniente del programa Oportunidades. El Ubisort se dio también el lujo de amenazar públicamente a la nueva caravana.

Otro hecho tensionó aún más la situación regional. El 20 de mayo fueron asesinados un importante líder promotor de la autonomía del municipio de San Juan Copala y su esposa. El representante de la comisión de derechos humanos del municipio autónomo hizo un llamado para que ese asesinato no impidiera la caravana de paz y ayuda, programada para el 8 de junio. Algunos habitantes del municipio autónomo y legisladores perredistas realizaron una manifestación frente a la representación del gobierno del estado de Oaxaca en el Distrito Federal exigiendo al gobernador Ulises Ruiz castigo a los responsables de la agresión armada y la disolución del grupo paramilitar.

Un representante del municipio autónomo responsabilizó de las más de cien de muertes en la zona Triqui al gobernador Ulises Ruiz. El líder de los diputados perredistas calificó de absurdo que el gobernador reconociera que no podía garantizar abastecimiento de alimentos y medicinas al municipio, pero sí urnas para las elecciones estatales del 4 de julio.

¿CUÁNTOS CRÍMENES MÁS
SERÁN NECESARIOS?

La jurista Magdalena Gómez se pronunció por romper el cerco al municipio autónomo y lamentó que la inocultable situación de ingobernabilidad e impunidad que se vive en esta región oaxaqueña poco le importaba al Estado: más allá de las versiones oficiales, los grupos paramilitares eran utilizados por el Estado para incentivar y acrecentar supuestos conflictos intracomunitarios. La exculpación que pretendían hacer los políticos oficialistas eludía el cumplimiento de la obligación de todo Estado de garantizar el estado de derecho.

Preguntó Gómez cuántos crímenes debían ocurrir para que el Estado retirara a los paramilitares y los sometiera a la justicia y exigió que se investigara y probara quién había eliminado a uno de los más destacados promotores del municipio autónomo y quién había ordenado su ejecución. Activistas de la Unión Finlandesa por la Paz interpusieron una queja ante el organismo mexicano de derechos humanos por la emboscada en San Juan Copala.

OTRA CARAVANA HUMANITARIA
BAJO ACOSO

Miembros de la Otra Campaña condenaron el ataque instrumentado por el Estado dentro de su política de represión hacia los movimientos sociales y en contra del municipio autónomo de San Juan Copala. Denunciaron la indolencia con la que actuaba el Estado ante el ataque a la caravana de solidaridad internacional y el asesinato del líder Triqui y su esposa. Responsabilizaron de estos crímenes al gobierno del Presidente Calderón y al gobernador Ulises Ruiz. Les quedaba claro que la intención era exterminar el esfuerzo de autonomía. La Red Unidos por los Derechos Humanos de la Otra Campaña anunció que se integraría a la nueva caravana humanitaria, y se pronunció porque en ella no participaran miembros de partidos políticos. Exigió el desarme de los grupos paramilitares que impunemente actúan en la región Triqui, castigo a quienes los encabezan y a los funcionarios que los promueven y solapan. Y responsabilizó al Presidente Calderón y al gobernador Ulises Ruiz de cualquier agresión o intimidación contra la caravana.

La caravana del 8 de junio se preparó con sumo cuidado. El 2 de junio los integrantes no habían recibido respuestas del Secretario de Gobernación, de la Defensa Nacional y del gobernador de Oaxaca a las cartas que les habían enviado para que ordenaran acciones conducentes a garantizar la vida, la libertad y la seguridad de los participantes. También eurodiputados y diputados del Parlamento alemán pidieron al Ejecutivo mexicano asegurar condiciones de seguridad a los participantes. Una respuesta que provenía del gobierno local indicó que la Ubisort había redoblado el bloqueo del camino hacia el municipio autónomo. Legisladores perredistas de la Cámara de Diputados denunciaron al gobierno de Ulises Ruiz por negarse a otorgar garantías mínimas de seguridad a la caravana, en la que irían diputados del PRD. La CNDH dio a conocer que uno de sus visitadores iría en la caravana.

“TODOS SABEMOS
QUIÉN DIRIGE A LOS CRIMINALES”

Dos días antes de que partiera la caravana desde el Distrito Federal, un vocero del municipio autónomo dio a conocer un comunicado público en el que destacaba que el 8 de junio quedaría registrado en la historia de las comunidades indígenas por la solidaridad desinteresada, máxima expresión de amor.

A quienes se estaban organizando para conocer lo que sucedía en el municipio autónomo de Copala les agradecían su respeto por la autonomía del pueblo. “Todos sabemos que las nuevas amenazas que aparecen en los medios de comunicación lanzadas por el dirigente de una banda de criminales que opera en la región Triqui obedecen a la orden criminal del poderoso que mal gobierna nuestro estado”, decían.

La comunidad de San Juan Copala volvía a exigir que los gobiernos estatal y federal asumieran su responsabilidad de garantizar el libre tránsito y la seguridad de la nueva caravana integrada por 300 personas de varias organizaciones civiles, centros de derechos humanos, iglesias, grupos solidarios, organizaciones políticas, sindicatos y medios de comunicación. Llevaban 35 toneladas de víveres.

UN GOBIERNO
QUE PROTEGE ASESINOS

Cuando llegó a un paraje situado a ocho kilómetros del municipio autónomo, la caravana desistió de su intento de proseguir ante las barricadas y los grupos armados de Ubisort, que hicieron disparos intimidatorios. Integrantes de la caravana expresaron que era vergonzoso que un grupo de caciques al margen de la ley impusieran sus condiciones violentando la legalidad. El vocero del municipio autónomo anunció que solicitaría al comité internacional de la Cruz Roja y a la ONU su intervención para el envío y recepción de los víveres que llevaba la caravana. El municipio autónomo denunció la complicidad de los gobiernos federal y estatal con el grupo de criminales que mantenían cercado al municipio autónomo. Quedó claro que el gobierno estatal había instrumentado un cerco gubernamental de protección a la Ubisort para impedir que la caravana ingresara a Copala.

El gobierno de Ulises Ruiz había cobijado el cerco de los paramilitares con otro cerco de policías estatales y de funcionarios, quienes en vez de garantizar la seguridad y el libre tránsito, se dedicaron a proteger a los asesinos. Por su parte, la policía federal, bajo la responsabilidad última del Presidente Calderón, también estaba ahí para disuadir a la caravana a proseguir, en vez de detener a los agresores.

MILITARIZACIÓN
Y PARAMILITARIZACIÓN

Nuevamente, Amnistía Internacional y organismos populares condenaron el clima de violencia contra el municipio autónomo. Activistas de la Otra Campaña manifestaron su molestia porque miembros de la clase política habían querido instrumentar la caravana a favor de sus campañas electorales, y reiteraron su solidaridad al proyecto del municipio autónomo.

La Otra Campaña sintetizó la situación: en México impera una política de Estado represiva, de terror, hacia los movimientos sociales que luchan y resisten, que cuestionan y se oponen al avance de las políticas capitalistas. Esa represión se extiende a la mayoría de la población que, en el marco de la crisis estructural, sufre el despojo, la miseria, la explotación y la marginación. La militarización y paramilitarización son parte de esa política de Estado. El Estado ataca los esfuerzos de organización independiente de la clase obrera y trabajadora, de los indígenas, estudiantes, de los explotados y oprimidos del campo, la ciudad y el mar, que luchan por defender sus derechos, la tierra, el territorio y su derecho a organizarse de manera autónoma para decidir.

REPRESIÓN Y RESISTENCIA

Estos cuatro hechos de represión oficial no son los únicos. Hay muchas más. Sin embargo, pese a la represión en auge, prosiguen también muchas resistencias. En éstas, los trabajadores se irán convenciendo de la necesidad de liberarse de las ataduras del viejo corporativismo para encontrar expresiones propias autónomas y así no quedar expuestos a negociaciones entre diversas élites.

Todos los días en todos los rincones del país los de arriba se esfuerzan por profundizar su proyecto explotador y de sometimiento. Pero también todos los días, y por muchas partes, los de abajo ensayan expresiones para vivir al margen del capital y del Estado. Sólo una gran convergencia de auténtica solidaridad convertirá en masa crítica todos esas expresiones.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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