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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 340 | Julio 2010
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Nicaragua

A 31 años de la revolución: La contradictoria herencia de la reforma agraria sandinista

Treinta y un años después del triunfo de la revolución aún hay huellas por todo el país de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno sandinista. Algunas huellas han quedado grabadas en lava ardiente, otras ya ni se ven: fueron tan sólo pisadas en la arena… ¿Cuáles fueron los logros de este proyecto? ¿Cuáles sus contradicciones? ¿Cuántos aciertos, cuántos errores? ¿Cuánto de paternalismo? ¿Qué herencia nos queda de la reforma agraria, para bien y para mal?

José Luis Rocha

La aventura de la reforma agraria emprendida en la Nicaragua de los años 80, con el aliento de un gobierno revolucionario deseoso de protagonizar grandes transformaciones, fue Estado-céntrica en sus inicios, tardía en su avance, instrumentalizadora en el pico del conflicto armado, ambigua en sus resultados y conflictiva desde la coronilla hasta los pies.

La ambigüedad y el conflicto fueron sellos que la marcaron y continúan señalando actualmente sus derivados. La amargura de los confiscados y el júbilo de los beneficiados de los años 80 se tornó ganancia de los indemnizados y embargos bancarios que en los años 90 redujeron a pesadilla el alegre sueño de los beneficiados. Titulaciones frágiles e insuficientes, devoluciones conflictivas e indemnizaciones amañadas generaron una carga onerosa que los contribuyentes todavía pagamos y una incertidumbre sobre la tenencia de la tierra que bloquea el acceso al crédito, frena inversiones de largo plazo y mina la productividad.

Hubo quimera y realismo. Hubo principios y pragmatismo. Hubo grandeza y miseria en la reforma agraria. Pero sobre todo hubo un escenario donde se enfrentaron diversas concepciones reformistas y anti-reformistas, emprendiendo un camino sin retorno -las devoluciones, indemnizaciones y reconcentración de tierras no lo son-, donde la propiedad fue sacudida hasta sedimentar en un cambio sustancial en la estructura de la tenencia de la tierra, no tan penetrante y amplio como -a juicio de muchos- la justicia hubiera exigido, pero sí lo suficiente como para que 31 años después podamos percibir sus huellas, unas gravadas en lava ardiente, otras quizás en arena.

¿Cuáles fueron sus logros y deslices? ¿Qué herencia nos dejó para bien y para mal? Esas son las preguntas que queman. Proporcionemos datos y aventuremos reflexiones para situarnos en posición de ir esbozando las respuestas.

POCOS PROPIETARIOS CON MUCHA TIERRA

Cuando el gobierno sandinista tomó la sartén por el mango y el mango también encontró una estructura de distribución de la tierra con alta concentración en la llamada burguesía agraria. De los 8 millones de manzanas de tierras bajo explotación agropecuaria, casi 3 millones (36%) estaban repartidas en propiedades superiores a las 500 manzanas. Las finquitas de menos de 50 manzanas sólo representaban el 17.5% de la tierra en explotación. La concentración de la tierra estaba ligada a la concentración del crédito: en las décadas de los años 60 y 70 el 90% de los préstamos con destino agrícola fueron absorbidos por los grandes latifundistas agroexportadores.

En el agro los sectores pobres sumaban el 61.4 % de la población económicamente activa (PEA). Entre ellos, un 36.5% eran proletarios/minifundistas, un 17.4% obreros agrícolas que constituían la fuerza de trabajo permanente de las haciendas agroexportadoras y un 7.5% trabajadores agrícolas estacionales que sólo conseguían pleno empleo en las temporadas de corte de café, algodón y caña.

PRIMEROS, SEGUNDOS, TERCEROS PASOS

Tan pronto como Somoza emprendió vuelo y el FSLN asumió el poder, el tercer decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional ordenó la confiscación de las tierras de la familia Somoza y de sus allegados: soldados y oficiales del régimen derrocado. Otro decreto extendió las confiscaciones a “las personas relacionadas con el somocismo”. Estos dos decretos afectaron el 20% de la tierra en fincas y dieron origen al Área Propiedad del Pueblo (APP). Las tierras confiscadas no fueron distribuidas, sino organizadas en 1,500 haciendas estatales bajo la administración del recién creado Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA).

Alrededor de 50 mil trabajadores -quizás el 13% de todos los obreros agrícolas- fueron empleados por el Estado en esas empresas. Pero los sin tierra y los propietarios de minifundios quedaron en el limbo con las primeras políticas estatales. Estos dos grupos sumaban 322,549 personas.

No obstante los propósitos revolucionarios del gobierno sandinista, dos años después de asumir el gobierno, en el discurso de lanzamiento de la Ley de Reforma Agraria se denunció que aún entonces el 1.2% de la población poseía el 47.1% de la tierra, mientras un 30% de la población rural carecía de propiedad. En los dos años anteriores habían sido expropiadas a los somocistas y a altos militares alrededor de 1.6 millones de mazanas. Pero como esas tierras estaban organizadas en forma de grandes plantaciones con decenas de miles de obreros agrícolas, el gobierno estimó que no eran susceptibles de ser distribuidas entre los campesinos.

En los albores de la reforma agraria se optó por expropiar grandes fincas, como La Fundadora y La Cumplida, para convertirlas en empresas estatales. También se expropiaron medianas propiedades susceptibles de ser unidas y convertidas en grandes haciendas y administradas por el Estado.

Un sector del sandinismo creía de buena fe que la segmentación de las haciendas grandes y medianas en pequeñas parcelas reduciría su productividad y pondría en riesgo la generación de divisas, esenciales para que el gobierno revolucionario cumpliera con sus promesas sociales en un horizonte donde ya se vislumbraban los negros nubarrones del bloqueo y de la agresión armada, de la mano de la administración Reagan. Entonces se decidió avanzar sobre el latifundio ocioso y, un año después del triunfo de la revolución, se comenzó a formular la Ley de Reforma Agraria.

La ley agilizó el proceso de reforma agraria y dio lugar al auge de diversas formas de propiedad. Fueron declaradas potencialmente afectables las propiedades que estuvieran ociosas, deficientemente explotadas o abandonadas con más de 500 manzanas en el Pacífico y más de mil en el interior. Aún así, en aquella primera oleada (1981-84) sólo fueron afectadas 558 propiedades que abarcaban un área de medio millón de manzanas. Posteriormente, la ley número 14 del 11 de enero de 1986 permitió afectar todo tipo de propiedades ociosas o insuficientemente explotadas, independientemente de cuál fuera su tamaño. El banco de tierras disponible incrementado por esta ley aceleró la reforma agraria.

En 1988, dos años antes de la derrota electoral del FSLN, de las 8 millones de manzanas productivas, 48% eran parte del sector reformado y el sector privado había pasado de poseer 8 millones a sólo 3.7 millones. Las propiedades de más de 500 manzanas bajaron de representar casi 3 millones (36%) a medio millón (6.4%). Muchos otros eventos -no sólo la voluntad reformista- presionaron el acelerador que condujo hacia esa tan revolucionada estructura de tenencia.

En esos años las cooperativas y las Unidades de Producción Estatal (UPE) se convirtieron en formas de propiedad con elevada absorción de tierras. Casi el 12% de las tierras se convirtieron en propiedad estatal y cerca del 14% quedaron en manos de las cooperativas: 11.4% para las de propiedad colectiva (Cooperativas Agrícolas Sandinistas) y 1.7% para las de crédito y servicios (CCS). Fue un giro sin precedentes en los patrones de propiedad agraria. Casi la cuarta parte de las tierras pasó a ser explotada de forma colectiva. Era el paradigma impulsado por la revolución.

En 1984, expropiando fincas, se había incrementado el banco de tierras para ser redistribuidas. Fue una medida para castigar a los contrarrevolucionarios, era la posibilidad de cumplir promesas, fue un premio a los sandinistas, era una estrategia de autodefensa y, sobre todo, fue un reconocimiento de los derechos de “toma de tierras” (ocupaciones e invasiones). La titulación especial legalizó la reforma agraria de facto que había venido ocurriendo desde antes del triunfo de la revolución.

La guerra, un cambio de directivos regionales del INRA en Matagalpa y Jinotega y un giro en la concepción de las máximas autoridades del INRA marcaron otra tendencia en la reforma agraria: menos propiedad estatal y más propiedad campesina. Detrás, al frente, abajo y sobre esta tendencia estuvo la lucha, el conflicto y el enfrentamiento de concepciones de dos organizaciones rurales: la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).

ATC: DEMANDAN SALARIOS Y NO TIERRA

La ATC se constituyó el 25 de marzo de 1978 como organización de los trabajadores agrícolas y semiproletarios. Un año después contaba con 47,851 afiliados. Durante la etapa previa al triunfo de la revolución tejió una red de apoyo logístico a los guerrilleros. Sus miembros cortaban la comunicación -teléfonos y caminos-, se integraban al combate y transmitían información, teniendo una base territorial de operaciones, un trabajo por comunidades y comarcas.

Tras el triunfo, la ATC organizó las Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS), que después pasaron a llamarse Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS), conformadas por colectivos de obreros agrícolas organizados que ocupaban fincas somocistas y las trabajaban de forma colectiva. De esta forma, la ATC se convirtió en una fuerza de tarea clave abocada a la estrategia de no fragmentar los latifundios, considerados por los ideólogos de la política agraria sandinista como expresiones de un máximo desarrollo agrícola, debido a su elevada concentración de capital, tierra y proletarios y al uso de una superior tecnología. Al nuevo gobierno le preocupaba el hecho de que los campesinos se estuvieran lanzando a ocupar fincas antes de que el INRA formalizara la confiscación.

Originalmente, los campesinos, pequeños y medianos propietarios, estuvieron organizados en la ATC. Pero la diferencia de perspectivas e intereses entre ellos y los obreros agrícolas hizo difícil su convivencia dentro de una misma organización. Debido a la composición de su dirigencia, la ATC se interesó más en defender los intereses de los obreros agrícolas. Las demandas campesinas por tierra eran muy distintas de las demandas obreras por salario. Cuando los campesinos se organizaron en la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la ATC se redefinió como organización de los asalariados agrícolas.

A partir de entonces la ATC priorizó la organización de los trabajadores de las empresas estatales de reforma agraria. La estructura sobre una base territorial comarcal fue sustituida por un tendido de sindicatos en las haciendas. En 1983 ya contaban con 44,413 afiliados.

EL TRABAJO EN EL “CAPITALISMO BUROCRÁTICO”

La ATC fijó dos líneas de acción prioritarias: elevar la productividad y capacitar a los obreros para que en el futuro se hicieran cargo de la administración de las UPE. En la práctica, en esta etapa la ATC concentró sus demandas en los salarios y los precios de los bienes de consumo. La administración de las haciendas fue potestad de la burocracia estatal. Los obreros agrícolas ya no rendían cuentas al patrón-hacendado, sino al patrón-Estado, al patrón burócrata, característico en lo que Cornelius Castoriadis llamó “capitalismo burocrático”, basado en la división social entre el proletariado y una burocracia que excluye a los trabajadores de la gestión de la producción.

Y aunque la intervención de la ATC logró que las empresas mantuvieran el salario de los obreros movilizados en la lucha armada con la Contra, hubo muchas limitaciones en sus conquistas. Por ejemplo, jamás los sindicatos lograron que los patrones incorporaran como permanentes a los trabajadores eventuales. Tampoco lograron siquiera el mantenimiento del valor de sus salarios: el pago nominal por lata en los cortes de café sólo aumentó 15 centavos de córdoba entre 1980-1983. En términos reales, y de acuerdo a su poder adquisitivo, significó una reducción de casi el 40%. El salario de los cortadores de café fue uno de los más afectados, en tiempos de buenos precios internacionales. Los precios del maíz y el frijol se redujeron en menos del 5% y los salarios de los cortadores de algodón en un 28%.

Cierto es también que los salarios degradados caminaron de la mano con una disciplina laboral decadente, aplicándose una socarrona definición del socialismo: “Sistema en el que el Estado simula que paga y los obreros simulan que trabajan.” La percepción de que la revolución debía cambiar las reglas del juego y acondicionar un escenario laboral más relajado estaba muy difundida. De hecho, la reducción de la jornada laboral a dos o tres horas diarias fue detectada como uno de los más contundentes diques que en aquellos años frenó la producción. Los sin tierra ansiaban una reforma agraria más agresiva y los obreros agrícolas esperaban sus vacaciones históricas.

NACE LA UNAG CON SELLO CAMPESINO

En abril de 1981 nació la UNAG, nutrida por campesinos de origen pobre, pero que habían experimentado un rápido ascenso económico durante la expansión cafetalera y ganadera de los años previos al triunfo de la revolución. Muchos de ellos habían sido colaboradores de la guerrilla y mantenían fidelidad al FSLN, aun cuando no siempre comulgaran con sus políticas.

Reunidos en el teatro Perla de Matagalpa, 3 mil pequeños y medianos productores -representando a 100 mil campesinos- rompieron públicamente con la Cooperativa Central de Cafetaleros, creada durante el somocismo y manipulada por la burguesía opositora al FSLN, que aspiraba a construir un frente amplio adverso a la revolución. Los campesinos ahí reunidos fueron el embrión de la UNAG.

Eran campesinos que tenían una mediana dotación de tierras, habían quedado al margen de las organizaciones y estaban siendo objeto de la labor proselitista de las organizaciones de empresarios rurales contrarios a la revolución. La UNAG vino a cubrir un vacío y a neutralizar los avances del campesinado opuesto a la revolución.

La UNAG buscaba agrupar a todos los productores agropecuarios independientemente de su situación de clase para así lograr la hegemonía entre el sector campesino que la ATC no había organizado. De ahí que contribuyera a atenuar el temor que las incesantes demandas de tierras habían generado entre una gran capa del campesinado del interior del país, dueños de tierra y empleadores de algunos obreros. Este sector de campesinos decía necesitar ante todo crédito de largo plazo, insumos, asistencia técnica, caminos de penetración, participación en las instituciones estatales y decisión sobre los precios y la comercialización. También estaban muy interesados en la tierra. Fueron ellos quienes presionaron al INRA para que en 1981 promulgara la Ley de Reforma Agraria.

UNAG: HASTA 1986 LA LUCHA POR LA TIERRA

Al inicio, y por orientación del FSLN, la UNAG trabajó con los cooperativistas y buscó que muchos de sus miembros se asociaran en Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS). Por eso en los años 80 el 93% de sus afiliados eran cooperativistas, mayoritariamente de las CCS. Con el caldeamiento de la guerra con la Contra, la UNAG buscó en 1984 extender su base social llegando a otros pequeños y medianos productores no cooperativizados e incluso a productores catalogados como representantes de la “burguesía patriótica”. La forma de incorporarlos consistió en promover asociaciones y comisiones de productores por rubro e imprimir dinamismo a los Comités Comarcales.

Mientras la ATC se dedicaba exclusivamente a los obreros agrícolas, los campesinos pobres -reclutados en el trabajo por comarcas- se unieron a los campesinos medios y acomodados en la UNAG, lo cual fue dotando a la UNAG de una base social muy heterogénea. Esta situación no dejó de tener desventajas para algunos. El predominio de campesinos con tierras hizo que las demandas de la UNAG fueran las del mediano productor preocupado por los precios, la comercialización, el transporte y el acceso a insumos, y no las del campesino pobre que reclamaba tierra. Al inicio, el FSLN temía que la demanda de tierras de los campesinos pobres -no absorbidos por las empresas estatales- pudiera colapsar su proyecto de unidad nacional basada en una alianza con la burguesía agraria. El FSLN no quería renunciar a este proyecto y no quería distribuir las tierras de las empresas estatales, concebidas como el eje de acumulación nacional.

A medida que avanzaron la crisis económica en el campo y la desilusión de los campesinos ante sus demandas insatisfechas, se erosionó el poder real de convocatoria de la UNAG, aunque nunca cesó de crecer en número de miembros. La UNAG se fue tornando -especialmente después de 1986- muy crítica del FSLN y de sus políticas agropecuarias. Fue entonces cuando canalizó con éxito la demanda de tierras de los campesinos. Poniéndose al frente de sus movilizaciones se proyectó nuevamente como organización fundamental en el campo, cambiando discurso y práctica. Su lema en 1986 fue “Una organización para luchar”. Y la lucha era por la tierra. Este giro remozó y fortaleció nuevamente a la UNAG.

COOPERATIVAS = SOLIDARIDAD

Desde el inicio de la revolución, el gobierno sandinista promovió las cooperativas para impulsar “el espíritu de solidaridad y cooperación” y superar “las relaciones de competencia y explotación entre los hombres”. La competencia era percibida como un mal del capitalismo que debía ser suprimido. La solidaridad era el rasgo clave del “hombre nuevo” y para promoverla se emplearon múltiples dispositivos.

Este ímpetu colectivista provenía, en parte, de una especie de deuda ideológica con Sandino, quien en los años 20 dijo ser “partidario más bien de que la tierra sea del Estado” e inclinarse “por un régimen de cooperativa” en la zona del Coco. Las cooperativas formaban parte del programa histórico del FSLN, comprometido a estimular y fomentar que los campesinos se organizaran y tomaran en sus propias manos su destino, participando directamente en el desarrollo del país.

El trabajo colectivo era visto como caldo de cultivo de la solidaridad. Además, trabajar como empresa propietaria de un latifundio, bajo la concepción de las economías de escala, posibilitaba el empleo del riego, la mecanización y la aplicación de tecnología moderna. Operar como grupo facilitaría también la gestión del crédito, la asistencia técnica, la compra y almacenamiento de cosechas y el abastecimiento de insumos. El plan también incluía brindar programas educativos y servicios de salud, vivienda y cultura. En 1988 se llegó incluso a eximir a las cooperativas de producción del pago de impuestos sobre la renta.

El proyecto cooperativizador alcanzó pronto una cobertura muy amplia: en 1982 ya se habían organizado 2,849 cooperativas con 65,820 socios. Controlaban un área de poco más de un millón de manzanas. En 1988 las cooperativas habían ganado más terreno: llegaban a las 3,151 y agrupaban a 76,715 socios, que controlaban un millón y medio de manzanas.

UNAG VS. MIDINRA:
PREOBRAZHENSKI VS. BUJARIN

No todos los tipos de cooperativas mostraron la misma evolución. Desde su surgimiento, en el concepto sobre las cooperativas, la UNAG impugnó la posición del MIDINRA, institución ministerial en la que se transmutó el INRA. Y entre ambas instituciones se suscitó una controversia. El cientista social Peter Marchetti comparó aquella controversia con la que sostuvieron en 1924 Eugene Preobrazhenski y Nikolái Bujarin en el contexto de la Nueva Política Económica aplicada en la Unión Soviética entre 1921 y 1929.

Preobrazhenski se inclinaba por una transición al socialismo rápida, mediante el apoyo a una expansión de las empresas estatales y a la industrialización a expensas del campesinado. El MIDINRA apoyó los proyectos de gran escala, con propiedad estatal (APP o CAS), controlando el acopio y comercialización para asegurar en las ciudades el abastecimiento de productos agropecuarios baratos. Preobrazhenski y el MIDINRA visualizaron en el campesinado un sector atrasado, un semillero de capitalismo. En el otro extremo estaban Bujarin y la UNAG, para quienes una alianza con el campesinado era vital por motivos éticos, para atender los factores culturales, frenar el monopolio estatal, promover la alianza obrero/campesina, responder a las fuerzas del mercado y aprovechar mejor todo el potencial productivo nacional.

La ley de cooperativas expresó esas visiones antagónicas en la posibilidad de constituir dos tipos de cooperativas: de servicios (con propiedad de la tierra individual) y de producción (con propiedad colectiva). Las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), representantes del primer tipo, como una forma de organización más flexible, permite que la mayor parte de las capas de productores del país se integren a ella, porque no implicaban colectivización ni compromiso con el Estado. Las CAS, mayoritarias representantes del tipo de cooperativas de producción, tuvieron menor número al inicio porque dependían de las asignaciones de tierras de reforma agraria. Inicialmente tenían la séptima parte de tierras y socios que tuvieron las CCS.

Los campesinos sin tierra eran los más dispuestos a organizarse en CAS. Las CCS estaban integradas por campesinos con tierras, de medianos ingresos, interesados en asociarse como una forma de obtener crédito. Como el gobierno ofrecía crédito con la condición de cooperativizarse, muchos campesinos se registraron como miembros de CCS sin cumplir con los requisitos mínimos de funcionamiento. Muchas CCS aparecían nominalmente como constituidas sin que jamás hubieran convocado a una asamblea de socios y sin que éstos hicieran nada en común, salvo las gestiones crediticias. La Ley de Cooperativas de 1981 establecía que “el Estado revolucionario otorgará a las Cooperativas Agropecuarias un especial apoyo financiero a través de programas que ofrezcan tasas de intereses preferenciales”. En la práctica, no sólo se distribuyó el crédito. Las condona¬ciones de las deudas fueron norma implícita de la que se beneficiaron en grande las cooperativas.

GANÓ PREOBRAZHENSKI

Pronto estuvo claro qué modelo sería el ganador. En 1982 la estrategia de desarrollo cooperativo priorizó el acceso a tierras, crédito y abastecimiento técnico de las CAS. Una muestra de la priorización de las CAS resulta palpable en este hecho: al inicio de la reforma agraria se habían concedido a las cooperativas un promedio de 16 - 17 manzanas por socio. En 1988 las CCS se mantenían en ese rango, mientras las CAS habían subido a un promedio de 28 manzanas, gracias a la transformación de empresas estatales en cooperativas.

En 1986 las CAS ya habían recibido el 75% de la tierra asignada por la reforma agraria a cooperativas y propietarios individuales. Las CAS crecieron significativamente entre 1982 y 1988: 129% en cooperativas, 217% en socios y 453% en área. Las CCS disminuyeron 6% en cooperativas, 14% en socios y 38% en área controlada. Las CCS también fueron severamente afectadas por la guerra y disminuyeron en un 17% en el interior del país. También muchas de las CCS que sólo existían de nombre se iban disolviendo. La guerra fortaleció las CAS -tenían una deuda mayor con el FSLN- y disolvió las CCS por el temor a la contrarrevolución armada.

Es significativo que las primeras bandas contrarrevolucionarias armadas, las MILPAS (Milicias Populares Anti-Sandinistas), surgieran en 1980 en el Norte, apoyadas por pequeños y medianos cafetaleros y ganaderos, temerosos de que la creciente estatización de la economía rural terminara expropiándolos. Los dirigentes de las MILPAS fueron ex-guerrilleros sandinistas descontentos porque las tierras confiscadas fueron convertidas en empresas estatales y no distribuidas entre los campesinos sin tierra.

El Estado apostaba por el modelo de las CAS, considerado como una forma organizativa superior. Se hicieron cambios en las políticas del MIDINRA que favorecieron más a las CAS. Aunque en la Ley de Reforma Agraria de 1981 estaba prevista la posibilidad de transferir tierras estatales y expropiadas a las cooperativas, antes de 1983 esta modalidad sólo se aplicaba cuando la tierra ya estaba de hecho en manos de campesinos y cooperativistas o cuando las fincas eran muy pequeñas para ser administradas de forma eficiente por el Estado. La alianza política con la burguesía agropecuaria frenaba las distribuciones a gran escala.

LA GUERRA OBLIGÓ
A PISAR EL ACELERADOR

La guerra cambió el panorama y las políticas. Con la multiplicación de los ataques contrarrevolucionarios inició una amplia redistribución de tierras estatales para recuperar la iniciativa política y promover la defensa de los territorios aledaños.

En 1983 las incursiones armadas de los grupos contrarrevolucionarios se recrudecieron y el FSLN decretó el Servicio Militar Patriótico (SMP). Patriótico significó obligatorio. Las bandas armadas contrarrevolucionarias pululaban en la región fronteriza con Honduras, con áreas montañosas que la convertían en terreno propicio para la insurgencia. Entre 1981 y 1985 la contrarrevolución realizó 133 ataques en esa zona, dejando 242 muertos, 49 heridos y 44 secuestrados, sólo entre miembros de cooperativas y trabajadores de empresas agropecuarias estatales.

La guerra arrojó carbón al proceso de reforma agraria. Había que cumplir las promesas. Y era urgente frenar el avance de la contrarrevolución y su exitosa labor proselitista debida al deterioro económico que muchos productores empezaban a experimentar. Especialmente descontentos estaban los finqueros confiscados y los que se consideraban potencialmente expropiables. La mayor parte de los dirigentes de la contrarrevolución armada provino de los finqueros de Matagalpa y Jinotega, que vieron en la revolución una amenaza. Había que mitigar el descontento.

La política de intervención estatal en la tenencia de la tierra estaba diseñada, en términos simples, para confiscar a 10 y entregar a 100. El año puntero de la reforma agraria fue 1984. De los 3.9 millones de manzanas afectadas por la reforma agraria, 37% fueron entregadas como titulación especial: reconocimiento legal del derecho de ocupación a familias que venían cultivando pequeñas parcelas por décadas. Incluso este tipo de titulación recibió su motor propulsor tras el inicio de la guerra: el 66% de las tierras reformadas bajo esa modalidad fueron “entregadas” en 1984. Solamente el 13.57% fueron tituladas antes de ese año. No muy distinta fue la reforma que benefició a cooperativistas: el 86% de las tierras les fueron concedidas en 1983-1987. En los tres primeros años de la revolución, los cooperativistas apenas recibieron el 10% del total que se les entregaría en la década de los 80.

CON LOS MISMOS ERRORES
DE LA REFORMA AGRARIA DE MÉXICO

Urgía fortalecer un frente campesino fiel a la revolución que frenara el avance de los contrarrevolucionarios. Se logró constituir un cordón de retención de la contrarrevolución colocando simpatizantes del FSLN individuales y cooperativizados, beneficiados con tierras de reciente expropiación o sustraídas al amplio bolsón de tierras del APP. De las tierras entregadas en 1986 y 1987, el 39% procedía de fincas superiores a las 500 manzanas. Sólo el 8% eran tierras de fincas inferiores a ese rango. El resto era APP. La guerra hizo que el modelo de Bujarin/UNAG se expandiera.

Aquellas distribuciones de aquellos años constituyeron una estructura de tenencia de tierra con la base social más propicia para que en Nicaragua prosperaran interesantes experiencias de producción orgánica e inserción en las redes del comercio justo.

Estos logros de amplia resonancia la hubieran tenido aún mayor de no ser por las limitaciones que señala Michel Merlet, experto en agroeconomía: “Entre 1985 y 1987, cerca de la mitad del sector del Estado es redistribuido a cooperativas o a campesinos. Estas medidas ayudaron al gobierno a retomar el control de la situación: la producción de granos básicos aumentó, se detuvo el avance de la Contra, pero subsistía una verdadera división, un real desgarramiento en el seno del campesinado. La flexibilización de la política agraria a partir de 1984 no se transformó en una revisión radical. Apenas el país logró salir de la situación de emergencia, el FSLN detuvo el progreso de ampliación y ahondamiento de la reforma agraria”.

El saldo es desalentador: “En 1988 la transformación de la estructura de tenencia de la tierra era efectiva, pero limitada. Las grandes explotaciones (más de 500 manzanas) sólo representaba el 19% de la superficie agropecuaria (7% privadas y 12% fincas del Estado) en vez del 36% de 1978. Las cooperativas de producción trabajaban 12% de las tierras y el resto se encontraba en manos de productores campesinos individuales y de las capas de la pequeña burguesía agraria. 70 mil familias campesinas recibieron tierras: cerca de una familia de campesinos de cada dos. Pero la superficie redistribuida bajo la forma de usufructo individual representaba únicamente el 5% de la superficie agro¬pecuaria”.

Cincuenta años después, la reforma agraria sandinista repitió todos los vicios, errores y desmanes de la reforma que Lázaro Cárdenas emprendió en el México de los años 40: parcelación tardía, sucesivas condonaciones de deudas, imposibilidad de enajenar la tierra, sub-utilización de parcelas, caída de la producción y la productividad, mezcla de paternalismo y sujeción, e inversiones desperdiciadas en proyectos extravagantes.

LA PIÑATA SANDINISTA Y EL GIRO NEOLIBERAL

La década de los años 90 trajo un brusco giro de timón. El triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro abrió espacios en el gabinete de gobierno a un grupo de tecnócratas formados en universidades estadounidenses donde se habían nutrido de las teorías envasadas por los paladines del monetarismo y la ideología neoliberal. Sumados a los empresarios con fe en la mano invisible del mercado, o al menos devotos de la mano ausente del Estado, implementaron una serie de políticas orientadas a desmontar los controles estatales, a privatizar el Área Propiedad del Pueblo y a atenuar los impuestos.

La Junta General de Corporaciones del Sector Público (CORNAP) fue creada en 1990. A dicha entidad se le transfirió la función empresarial del Estado. Fue la instancia responsable de la privatización del Área Propiedad del Pueblo. Antes de que la CORNAP se gestara en el vientre neoliberal, ya las privatizaciones habían sido iniciadas por el régimen sandinista. En los dos escasos meses que mediaron entre la derrota electoral del FSLN (febrero) y la entrega del poder (abril), la cúpula sandinista ejecutó el traspaso de bienes más vertiginoso de la historia nacional: fincas, viviendas, edificios, fábricas, vehículos, tractores, isletas, millones de dólares en efectivo dejaron de ser Área Propiedad del Pueblo para convertirse en coto exclusivo de la élite sandinista. La piñata sandinista hizo palidecer cualquier otra distribución de los años 80 y contribuyó a una regresión -nunca bien ponderada- de la reforma agraria. Algunas de las mejores fincas del país pasaron a manos sandinistas, incluyendo las del ministro y los viceministros de reforma agraria.

Con los restos de la piñata sandinista empezó a operar la CORNAP. La mayoría de las propiedades adjudicadas por la CORNAP quedaron en manos de compradores privados: 52% de las transacciones y 59% del valor de las mismas. Los trabajadores -obreros del APP- se beneficiaron con el 23% y 30% de las transacciones y de su valor, respectivamente.

SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA MILITAR

La participación relativa de los ex-combatientes -tanto del Ejército Popular Sandinista como de la Resistencia Nacional- en el proceso de privatización fue muy reducida. Aunque fueron beneficiarios de 241 de las 1,532 transacciones llevadas a cabo por la CORNAP en 1991-1994, el valor de las propiedades que les fueron adjudicadas -poco más de 15 millones de córdobas- apenas representó el 1.36% del monto total de las transacciones. Su descontento se hizo sentir de inmediato. Mientras, el gobierno de los Estados Unidos -que desembolsó generosamente millones para mantener en armas a la contrarrevolución armada- se desentendía de sus “paladines de la libertad” y presionaba al gobierno de Violeta Barrios para reducir el Ejército sandinista a su mínima expresión. El número de efectivos del Ejército pasó de 86,810 en enero de 1990 a 16,200 en 1992 y descendió hasta 14,553 en 1994. El Ejército de Nicaragua se convirtió así en el más pequeño de Centroamérica. Según el experto en asuntos militares Roberto Cajina, con una tasa global de reducción de 86% y una tasa anual de 21.5%, la reducción del Ejército nicaragüense no tiene precedentes en la historia militar contemporánea.

Los procesos de licenciamiento de los militares sandinistas fueron acelerados, injustos y caóticos. Hubo diversos planes. En unos privó el criterio de la antigüedad y en otros el del rango alcanzado. También las modalidades de indemnización (casas, tierras, dinero, escalonamiento de los desembolsos) variaron de un plan a otro. Y lo más grave es que nunca fueron esclarecidos los criterios para determinar quién permanecía activo en el Ejército y quién pasaba a retiro. Este hecho, sumado a la desigualdad en las indemnizaciones y al ulterior incumplimiento del gobierno por no disponer de recursos suficientes, abonó el resentimiento.

RECOMPAS Y RECONTRAS:
REVUELTOS POR LA TIERRA

Entre abril y diciembre de 1992 muchos retirados del ejército, hartos de promesas, protagonizaron una serie de protestas y huelgas de hambre reclamando al gobierno el incumplimiento de los acuerdos suscritos en los tres planes de licenciamiento. Ponían énfasis en la legalización de propiedades y el acceso a crédito y asistencia técnica. Y sostenían que la adjudicación de tierras a los militares retirados se había hecho con criterios elitistas y había favorecido exclusivamente a la alta oficialidad: un total de 582 militares (2 coroneles, 25 tenientes coroneles, 97 mayores y 458 capitanes), que representaban apenas el 5.84% de los oficiales licenciados. Muchos militares retirados además estaban siendo afectados por la modalidad de indemnizarles en desembolsos de largo plazo.

Muchos descontentos se organizaron en bandas de rearmados para continuar la actividad bélica. Los ex-miembros de la Resistencia Nacional también estaban descontentos. El problema en su caso fue el estancamiento del proceso de titulación y de las devoluciones e indemnizaciones asumidas como prioridad en el acuerdo número 2 del Protocolo de desarme. Magros recursos gotearon para amparar a lisiados de guerra, huérfanos y viudas. Míseras pensiones. Se empezó a hablar de una frontera social que no permitía que los servicios llegaran hasta las regiones en que se encontraban asentados los desmovilizados de la Resistencia.

Bandas de ex-miembros del Ejército (recompas) y de la Resistencia (recontras) convirtieron en un modus vivendi el realzarse en armas para reclamar entregas de tierras y otras promesas no cumplidas. Aunque al inicio algunos grupos de recompas se activaron como reacción ante los abusos de los recontras, muchas veces recontras y recompas encontraron intereses comunes y se unieron en bandas popularmente conocidas como “revueltos”. Tenían una demanda común: tierra.

LA “REFORMA AGRARIA” CHAMORRISTA

Tras la reforma agraria sandinista vino la reforma agraria chamorrista, que funcionó más como un instrumento de indemnización y compensación por desempleo a los desmovilizados del Ejército y la Resistencia y de oferta para el apaciguamiento de los brotes de rearmados.

Aunque el gobierno no siempre cumplió sus promesas, hubo una distribución de tierras, en parte por el avance de la frontera agrícola -atizando a veces el fuego de conflictos étnicos con los pueblos del Caribe- y en parte por la privatización de propiedades estatales. De los 22 mil desmovilizados de la contrarrevolución, 11,385 ya habían accedido en 1992 a 330 mil manzanas de tierra. Algunas de estas y otras dotaciones entraron en conflicto con otras iniciativas estatales.

Por ejemplo, el gobierno de Violeta Barrios concedió tierras en áreas que después fueron demarcadas como reservas forestales, generando un proceso conflictivo en ambas direcciones: la presencia de colonos tenía un efecto de demostración que atraía nuevos invasores a las áreas de la reserva y el ejército emprendía desalojos que eran lícitos de acuerdo con una ley, pero violatorios de otra.

A fines de los años 80, la ATC -con 65 mil afiliados- había ido agrupando las secciones sindicales por rubro de producción y por empresa. En las empresas cafetaleras la ATC garantizó la participación de los obreros. Apostaron a una “desprofesionalización” en sus estructuras para sacudirse a los burócratas y permitir una mayor participación de los sindicatos en la gestión económica de las empresas.

Con la privatización de las empresas estatales en los años 90, este proceso se aceleró, especialmente tras las tomas de haciendas promovidas por la ATC para trastocar los planes de privatización a favor de empresarios ligados al gobierno de Violeta Barrios. La ATC pudo concretar el objetivo perseguido en los talleres de capacitación recibidos en los años 80: obreros administrando las empresas estatales. Pero en este caso los obreros también se convirtieron en dueños, situación no prevista en los planes iniciales del gobierno revolucionario.

MEJOR MOZO EN FINCA AJENA
QUE PATRÓN EN LA PROPIA

Los obreros agrícolas organizados en la ATC lograron adquirir 9 haciendas cafetaleras y un beneficio de café. Desde 1990 conformaron con todo esto la sociedad cafetalera AGROCAFE, S.A., integrada por 2,032 socios. El 98% de ellos eran trabajadores de esas empresas, que juntas cubrían un área de 23,482 manzanas, distribuidas en Matagalpa, Jinotega, Carazo y Managua. Se trataba de fincas que combinaban el cultivo de café con el de granos básicos y la ganadería. Disponían también de una amplia extensión de bosques. Según AGROCAFE, esas empresas de la ahora llamada Área Propiedad de los Trabajadores (APT) eran responsables del 7% de la producción cafetalera del país.

Pero ya en 1994 la situación de los obreros/empresarios en esas fincas no era muy prometedora. En una de esas empresas, la Adolfo García, propietaria de 365 manzanas de café en El Crucero, sólo 16 de los 165 socios sabían leer y escribir. La deserción escolar no les auguraba un futuro mejor: de los 250 hijos de los obreros agrícolas, sólo 125 lograron terminar el año escolar en 1993. Estaban muy conscientes de cuán limitados estaban para conducir su empresa. Además, los asfixiaba una deuda financiera de 583 mil córdobas y la escasez de insumos productivos. La migración de algunos socios hacia otras fincas, a las ciudades y a Costa Rica, empezó a minar la capacidad de autogestión. Los 10 córdobas al día que conseguían como mozos de fincas ajenas casi duplicaban sus ingresos como patrones de la propia. Algunas de estas fincas fueron vendidas o se mantuvieron improductivas por falta de crédito.

Diversas circunstancias conspiraron contra la gestión obrera. Merlet señala que pesó mucho “la inseguridad económica: la política de reajuste estructural cambió brutalmente las reglas del juego al suprimir los diversos subsidios que beneficiaban a los productores. No sólo los nuevos pequeños productores y las empresas del Estado privatizadas en beneficio de los trabajadores fueron sometidas a las presiones de los antiguos propietarios y de la policía, sufriendo de una gran inseguridad en la posesión de la tierra, justificada por varios problemas legales dejados en suspenso, sino también se encontraron asfixiados económicamente por la reducción drástica del acceso al crédito y por la ausencia o la inadecuación de las renegociaciones de las deudas contratadas anteriormente por sus cooperativas o sus empresas”.

“A pesar de las disposiciones legales, fueron masivas las ventas de tierras reformadas, a precios muy inferiores de su valor de mercado, en parte debido a su legalización imperfecta, y esto, sobre todo en las tierras más ricas o con un potencial turístico o urbanístico. Si se hace un balance tomando en cuenta los avances (tierras concedidas a los antiguos combatientes, por ejemplo) y las pérdidas (ventas, restituciones a los antiguos propietarios), los beneficiarios del sector reformado perdieron unas 400 mil hectáreas entre 1990 y el 2000. Y el proceso continúa”.

¿31 AÑOS DESPUÉS?

Mucho se ha dicho que en la última década ha tenido lugar un proceso de reconcentración de la tierra, una contra-reforma agraria, espoleada por el acaparamiento de finquitas, fincas y fincotas protagonizado por las viejas y nuevas élites. El cuadro, de un reciente texto de Eduardo Baumeister, da cuenta del estado de la tenencia de la tierra en cuatro momentos de la historia de Nicaragua. Cuatro hitos que con bastante aproximación marcan las fechas censales: inicio de la decadencia del somozato, final del somozato, final de la reforma agraria sandinista y saldo de dos gobiernos neoliberales (Violeta Barrios y Arnoldo Alemán).

Entre 1963 y 1978 no ocurrieron cambios significativos. La disminución relativa del área en fincas de más de 500 manzanas se puede explicar por el impacto segmentador de las herencias. La transformación en ese estrato -no tan grande como algunos desearon- ocurrió entre 1978 y 1988. Las formas colectivas absorbieron el 25.5% de la superficie en explotación agropecuaria y las fincas de los estratos más voluminosos -más de 200 manzanas- perdieron 26 puntos porcentuales. Básicamente las formas colectivas se nutrieron de las grandes fincas.



La transformación más significativa en los estratos menores ocurrió entre 1988 y 2001: los tres segmentos de fincas de menor tamaño -200 manzanas o menos- crecieron en casi 13 puntos porcentuales, en parte debido a la lotificación de cooperativas y fincas estatales, en parte por la entrega de tierras a ex-combatientes de ambos bandos y a retornados. El que las formas colectivas experimentaran una reducción de más de 20 puntos porcentuales refleja no sólo su parcelación en beneficio de los obreros agrícolas y cooperativistas. Una gran parte de esa área fue devuelta a sus antiguos dueños o adquirida por viejos o nuevos grandes propietarios. De ahí el repunte de las fincas ubicadas en los dos estratos más voluminosos.

La multiplicación de los minifundios no implica una multiplicación de los pequeños productores. No hay que confundir la superficie de las fincas con el sector económico. Muchas finquitas han sido adquiridas por personas de la clase media para diversificar ingresos y también para esparcimiento.

La situación actual puede ser peligrosamente utilizada por el partido de gobierno, abanderando la Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria” -como proclama su más reciente consigna pre-electoral- para reeditar un trasnochado Estado-paternalista que emprenda nuevas confiscaciones y distribuya esas propiedades entre los “buenos”, que en esta “segunda etapa de la revolución” -como afirman sus discursos- son los sumisos, los incondicionales.

Sin duda, un nuevo intento de redistribución cosecharía aplausos de muchos, los amigos de lo gratis y del río revuelto donde ganan los pescadores y también de los tantos aún sin tierra. El paso del tiempo es un gran fragmentador de los minifundios. Pero un proyecto así olvidaría el fardo de conflictos no resueltos que aún cargamos como renta de largo alcance de la reforma agraria de los años 80. Se efectuaría sin la legitimidad de la que entonces el FSLN gozaba y abusaba. Y, por añadidura, haría caso omiso de que los derechos de propiedad no son el único ni el más importante motivo de lucha en torno a la tierra, su uso y la distribución de sus beneficios.

Las nuevas luchas podrían ser más adecuadas al interés común y al bien común e incluir otros componentes, disponer de más opciones, adoptar nuevas estrategias y diversificar las demandas y los enfoques si, como sugiere Merlet, “en lugar de hablar de ‘tierra’, hablamos de ‘derechos sobre la tierra’, si comprendemos que un ‘título’ o una ‘escritura’ abarca diferentes derechos, pero no todos los derechos, y si hablamos de ‘regímenes de propiedad’ en lugar de hablar de ‘tipo de propiedad’.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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