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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 340 | Julio 2010
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Nicaragua

“De ronda en ronda y de país en país haciendo escuchar la voz de la sociedad civil”

Haydeé Castillo, integrante del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Comité Consultivo del SICA, compartió con Envío algunas de las incidencias que tuvo la participación de la sociedad civil centroamericana en el proceso que concluyó en mayo con el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica.

Haydeé Castillo

El proceso de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea no ha sido de interés general de nuestra población, no porque no sea un tema que nos atañe a todos y todas, sino porque estos procesos suelen negociarse muy a espaldas de los pueblos y muy fuera del sentir de la vida cotidiana de la gente. Nosotras, como mujeres organizadas en la sociedad civil de los países centroamericanos, decidimos incidir, influir. Lo que les comparto son algunos capítulos de esa historia.

Hasta la década de 1990 Centroamérica era una región de guerra. Predominaba el ruido de los fusiles, la sangre, los muertos. También la persecución, la falta de democracia. Fue hasta los años 90, después de la firma de los Acuerdos de Paz, de Esquipulas 1 y Esquipulas 2 y del Protocolo de Tegucigalpa, que nació lo que llamamos Sistema de Integración Centroamericana, el SICA.

Con la paz, muchas organizaciones de mujeres de toda Centroamérica entendimos que había problemas comunes a los que no podíamos darles respuestas en un solo país, mucho menos en un solo municipio. Problemas como el tráfico de mujeres y de niñas que desaparecen en Nicaragua y van a parar a burdeles de Guatemala. Problemas como los de nuestros migrantes. Teníamos que integrarnos. Yo vivo en Ocotal, a doce minutos de la frontera con Honduras. Es ahí, en las zonas fronterizas, donde experimentamos la verdadera integración. De lado y lado hay un gran intercambio: niños y niñas de la zona fronteriza de Nicaragua que van a escuelas de Honduras, hondureños que pasan la frontera y vienen a nuestros centros de salud, familias “integradas”…

De estas reflexiones y de éstas y otras experiencias surgió en 1996 el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana (FMICA), con organizaciones de los diferentes países de la región. Pensamos que si los gobernantes se habían puesto de acuerdo para firmar los Acuerdos de Paz y al hacerlo nos prometieron para el término de las guerras una Centroamérica en Paz, con Desarrollo, con Democracia y con Libertad -principios que aparecen en la bandera de la integración-, nosotras teníamos derecho de participar en la construcción de una región así. Y queríamos saber dónde estábamos las mujeres y los derechos de los pueblos en ese proceso.

Estados Unidos planteó un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, que terminó siendo un tratado bilateral con cada país centroamericano. Nosotras no llegamos a tiempo para incidir en el TLC. Hubo alguna participación de la sociedad civil, pero las mujeres organizadas no estuvimos allí. A finales del 2006 e inicios del 2007, cuando nos dimos cuenta que la Unión Europea se proponía firmar un acuerdo que llamaban de “asociación estratégica” con Centroamérica decidimos incidir. Pensamos que si la Unión Europea había acompañado en su momento a los pueblos centroamericanos a conseguir los Acuerdos de Paz era el momento de poner en el centro de ese Acuerdo de Asociación la reducción de la pobreza para hacer realidad esa región de paz, democracia, desarrollo y libertad.

En marzo de 2007, cuando apenas iniciaba el proceso, ya comenzamos a hacer un listado de demandas que queríamos se plasmaran en el Acuerdo. Nos juntamos con muchas otras organizaciones de la región: de los pueblos indígenas, del movimiento sindical, de universidades privadas y públicas, del movimiento cooperativo, de personas con discapacidades, con varias redes…Todas, integrantes del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CCSICA). Hay que recordar que cuando se firmaron los Acuerdos de Paz y se creó el SICA se instaló un Parlamento Centroamericano para que legislara y una Corte Centroamericana de Justicia que sería, según el Protocolo de Tegucigalpa, “la conciencia de nuestra región”. Se creó también la Cumbre de Presidentes. Se formó la Secretaría General del SICA, la SIECA (Secretaría de Integración Económica) y la Secretaría de Integración Social, entre otras estructuras. Se decidió también crear un espacio de participación para la sociedad civil centroamericana. Ése es el Comité Consultivo.

Las mujeres decidimos entrar a ese Comité para que en esa instancia se escuchara nuestra voz. Aunque es una instancia oficial del SICA, los pueblos y las organizaciones estamos poco o nada enteradas del quehacer de este sistema, porque, entre otras cosas, la clase política que gobierna no comprende que la participación de los pueblos y sus organizaciones es vital para que sus acciones sean realmente efectivas. Los gobiernos destinan presupuesto al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a la Corte Centroamericana, a la SIECA, a la Secretaría General, pero en el fortalecimiento del Comité Consultivo (CCSICA), donde estamos la sociedad civil, no han invertido esfuerzos, jamás le han dado un peso, ni un cacao. ¿Será una casualidad?

Decidimos integrarnos a ese espacio, ocuparlo e incidir en el Acuerdo con la Unión Europea. Sabíamos que la esencia del TLC con Estados Unidos es sólo el comercio. Y habíamos escuchado a quienes dicen que el TLC ha servido para ampliar nuestras exportaciones, pero no logramos ver cómo esa ampliación de exportaciones se traduce en una mejoría en los índices de pobreza. Teníamos que tomarle la palabra a la Unión Europea, porque dice que comparte con nosotros valores y porque algunos de sus países tienen con nosotros una deuda histórica pendiente desde los tiempos de la Conquista y la Colonia. Entramos, convencidas de que debíamos conseguir un Acuerdo diferente al TLC.

En nuestras demandas pusimos como prioridad que la Unión Europea se comprometiera a crear un fondo sustantivo para reducir la pobreza en Centroamérica. Porque, ¿cómo íbamos a negociar en plan de equidad dos regiones totalmente asimétricas? El desarrollo de los países europeos no es comparable con el de nuestros países y el nivel de integración de los 27 Estados europeos no es comparable al nivel de integración que hemos logrado en Centroamérica. Sólo mirando las instituciones regionales creadas en los años 90 vemos que Costa Rica no es miembro del PARLACEN ni de la Corte, que Panamá planteó su retiro, que Guatemala sólo recientemente aprobó entrar a la Corte…

A partir de esa prioridad, planteamos también una inversión sustantiva para que la economía centroamericana despegue por fin. La cooperación europea debía ayudarnos a fortalecer capacidades, debía invertir en las personas para que nuestras mujeres no tengan que seguir pasando doce horas en las maquilas bajo una bujía y pedaleando una máquina, sino que puedan obtener trabajos en condiciones dignas y bien remunerados a partir de una mejor calificación.

Proponíamos también una integración plena. Que la Unión Europea nos acompañara para que el proceso de integración no estuviera basado sólo en la economía, en el comercio y en las mercancías, sino en los seres humanos: que si alguien estudia en la UCA de Managua su título le sirva en Honduras, que cualquier pequeña artesana pueda circular libremente por la región con sus productos, que entre nuestros países haya intercambios culturales... En fin, la integración plena de los pueblos. Decíamos que si lo comercial iba a ser, de todos modos, lo central en el Acuerdo, que se favoreciera a la pequeña y mediana industria, a las pequeñas y medianas productoras y cooperativas, a las dueñas de fincas. Que se nos respetara nuestra seguridad alimentaria y que en el comercio no se pusiera en riesgo nuestro gallopinto-los frijoles y el maíz- y que todos nuestros productos, servicios y recursos -el agua, la propiedad comunitaria y los saberes ancestrales- quedaran protegidos.

Naturalmente, enfatizamos que para conseguir integración, paz y desarrollo, la democracia es condición indispensable. Hemos aprendido que un país avanza cuando se respetan las leyes y podemos expresarnos con libertad, organizarnos libremente, opinar en los asuntos de la nación, tal como lo establece la Constitución de la República de Nicaragua y las Constituciones del resto de países de la región, textos en los que se reconoce que los derechos económicos y sociales son inseparables de los derechos políticos y civiles.

La Unión Europea nos había dicho que el Acuerdo de Asociación iba a ser diferente al TLC. Que tendría tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. De allí que nuestra propuesta enfatizaba que si queríamos transformaciones profundas en Centroamérica se tenían que negociar esos tres pilares de una manera articulada e integral: cómo hacer para que la cooperación internacional sirviera para fortalecer el diálogo político y la democracia y para desarrollar la economía y cómo hacer para que el diálogo político sirviera para proteger nuestra propiedad intelectual y nuestros recursos naturales… Todo debía ir articulado para lograr algo que de verdad sirviera a Centroamérica.

La sociedad civil centroamericana presentó su propuesta a la Unión Europea y a los negociadores centroamericanos. Una de nuestras primeras sorpresas la tuvimos cuando fuimos a reunirnos con los negociadores centroamericanos en la primera ronda de trabajo. Nos dimos cuenta de que todavía los gobiernos centroamericanos no tenían una estrategia de negociación común. Increíble: nosotros en la sociedad civil, con limitaciones y dificultades, ya teníamos una propuesta, la Unión Europea ya tenía claro lo que quería... y ellos aún no la habían definido conjuntamente. Otra sorpresa: tampoco tenían los gobiernos centroamericanos un estudio del impacto que tendría el Acuerdo en Centroamérica. No había nada, ningún análisis, ninguna valoración, ningún estudio de impacto previo como región ni en lo comercial, ni en lo social ni en lo ambiental, ni en lo político. La Unión Europea sí fue haciendo este estudio del impacto en ambas regiones, pero cuando ya la negociación había iniciado, lo que también nos pareció incoherente: mientras la negociación avanzaba se iban analizando los impactos.

Este proceso ha durado unos tres años y medio. Se decidió muy pronto que las rondas de negociación se turnarían: una ronda en un país de Centroamérica y otra en Europa: en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea. Cuando hablamos con los negociadores centroamericanos nos informaron que serían las Cancillerías de cada país las que negociarían el pilar del diálogo político y el de la cooperación y que los ministerios de economía, de industria, de comercio -en cada país tienen nombres distintos- negociarían el pilar comercial. Fue otra sorpresa. Nos parecía bien la división del trabajo, pero tenía que haber un momento en que lo viéramos todo de forma integral. Ésa era nuestra aspiración. Empezamos a sentir las dificultades… Además, nos dijeron que en el pilar de comercio habría nada menos que ¡doce mesas de negociación! ¿De dónde sacar recursos para mandar comisiones técnicas de nuestros países, lo suficientemente amplias y especializadas ¡a doce mesas distintas!?

Nuestro esfuerzo mayor lo dirigimos a exigir un mecanismo para que la sociedad civil participara en forma activa en este Acuerdo, diera sus aportes y tuviera información de lo que iba pasando en el camino... Fue muy difícil, fue como “andar en procesión”. Yo estaba como miembro del directorio del Comité Consultivo del SICA con las mujeres, con los indígenas, con los sindicalistas, con las universidades, con la Federación de Municipios… Y andábamos de país en país explicándole a los negociadores que éramos un órgano de la integración, con los mismos derechos del PARLACEN y la Corte Centroamericana. Algunos ni siquiera sabían que existíamos. Les teníamos que explicar que estaban obligados a escuchar nuestras propuestas. Y se las llevábamos. Íbamos con el documento que habíamos elaborado. Nunca habíamos reflexionado y escrito tanto sobre la integración, desde cuando se hicieron los Acuerdos de Paz, ocasión en que se elaboró un documento, la Alianza para un Desarrollo Sostenible, que es un texto que siempre recomiendo, porque en él está lo que queríamos los pueblos de Centroamérica cuando terminaron las guerras. Pero ese texto quedó guardado, engavetado. Tuvimos que hacer otro, siempre volviendo a empezar…

Cuando le entregamos a la embajadora de la Unión Europea, Francesca Mosca, nuestra propuesta -ella se sentaba a platicar con nosotros con mucha apertura-, un texto que cubría todos los temas del Acuerdo, que era el sueño del pueblo centroamericano, se asombró. A veces en la sociedad civil tenemos problemas para ponernos de acuerdo, pero esta vez logramos ponernos de acuerdo en una propuesta verdaderamente hermosa.

Cuando andábamos de país en país y de ministerio en ministerio explicando el derecho de la sociedad civil a participar, a muchos les costaba entender. Por ejemplo, en el Acuerdo se discutía el tema de la seguridad y las armas, y una vez, en uno de los países y en uno de los ministerios, nos dijeron: “¿Y la sociedad civil qué sabe de esto? De esto quienes saben son los expertos de Naciones Unidas”. Les respondimos: “¿Cómo es que no vamos a saber de esto después de tantas guerras?” Como ésta, son muchísimas las anécdotas que ilustran el pensamiento de algunos de nuestros funcionarios.

Cuando llegó el momento de discutir sobre el “mecanismo de nuestra participación”, nuestra propuesta consistía en que los negociadores centroamericanos nos informaran sobre lo que se iba a discutir en cada ronda, para después nosotros discutir esa información con nuestras organizaciones y llevarle a los negociadores nuestras propuestas. Y que durante la ronda nos dieran cortesías de salas para interlocutar. Y que al final de cada ronda hubiese una especie de rendición de cuentas sobre lo que se había logrado incorporar, para así ir contribuyendo juntos, gobiernos y sociedad civil, al logro de una negociación favorable a la región.

Desde las primeras rondas Centroamérica tuvo un vocero único. El primero fue Roberto Echandi, de Costa Rica. Le dijimos que queríamos sentarnos con él para proponerle el mecanismo de participación de la sociedad civil que proponíamos. Él convocó entonces en Bruselas a todos los equipos técnicos de todos los países y, aunque no habíamos imaginado así aquel encuentro, decidimos aprovecharlo. Era una buena oportunidad para explicarle a todos por qué la sociedad civil tenía que participar en este proceso. Al final de esta sesión, el señor Echandi nos dijo bastante molesto: “Yo no entiendo por qué ustedes quieren espacios privilegiados de participación si somos nosotros los representantes de gobiernos electos legítimamente por los pueblos”. Como si por ser electos tuvieran un cheque en blanco para hacer lo que quieren. Nosotros le respondimos que el sistema democrático en Centroamérica, según las Constituciones de nuestras Repúblicas, es representativo y también es participativo. Nos echaban en cara que nosotros lo que queríamos es ser negociadores. Le dijimos que no, que no éramos un partido político, que no participábamos en elecciones por un cargo, pero que teníamos derecho a participar. Y que, además, integrábamos el Comité Consultivo del SICA. Y le advertimos: “Ustedes son los negociadores que nos representan, y por eso tienen que rendirnos cuentas de lo que hacen y de cómo toman en cuenta nuestros aportes”.

Inicialmente nos habían dicho que participaríamos a través de Internet, que sería sólo un mecanismo informativo. Después nos dijeron que estaríamos en un “cuarto adjunto”, el famoso “cuarto de al lado” en el que metieron a la sociedad civil centroamericana cuando se negoció el TLC con Estados Unidos. Dijimos que no, que se habían acabado los tiempos en que la sociedad civil estaba apartada y sólo para recibir información. En ese momento representaba a Nicaragua en el proceso negociador el vicecanciller Manuel Coronel Kautz. Él nos insistía para que aceptáramos estar en el cuarto adjunto, nos decía que era una buena idea. Pero no lo aceptamos.

Desde que se dijo que cada país iba a definir un mecanismo de participación estábamos claros de que sería el Comité Consultivo del SICA. En cada país hay un capítulo del CCSICA, que lo han ido conformando las organizaciones sociales. Coronel Kautz nos calificó de “grupos de interés” y nos dijo que en Nicaragua el interlocutor del gobierno sería el Poder Ciudadano. De hecho, en La Gaceta salió después publicada la constitución del mecanismo de participación de Nicaragua en el Acuerdo. Estaba encabezado por los grandes empresarios del COSEP y algunas organizaciones de la sociedad civil. En algunos casos el gobierno indicó a quién debería mandar la organización, pero algunas de las organizaciones seleccionadas se negaron a que el gobierno les impusiera el representante que debían enviar. El Comité Consultivo del SICA en el capítulo de Nicaragua no apareció en el mecanismo oficial.

Desde ahí percibimos las dificultades que podríamos tener con el gobierno de nuestro país, Nicaragua. Pero en honor a la verdad y a la honestidad, aunque no hubo una voluntad política del gobierno, hay que decir que a lo largo de todo el proceso nos encontramos a algunas personas concretas con las que sí pudimos interlocutar, aunque no mediante el mecanismo oficial. Una de ellas la viceministra y algunos funcionarios y funcionarias del MIFIC, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. También lo logramos con algunas personas de Cancillería. Esta apertura variaba de país a país.

La negociación fue un proceso muy complejo. Un primer problema fue que todo estaba en inglés y tocaba estar traduciendo todo. Además, el lenguaje era sumamente técnico. En la sociedad civil hemos aprendido mucho más de los temas sociales, de los aspectos políticos, pero de los temas comerciales requerimos más experiencia. Y si ya para algunos funcionarios del gobierno, que estaban a tiempo completo en esto y éste era su trabajo, estos tecnicismos eran muy complejos, imagínense en el caso de nuestras organizaciones, con poco tiempo, poca capacidad institucional y pocos recursos humanos y materiales. Y lo comercial era la parte dura del Acuerdo. En este proceso reafirmamos la necesidad de que los movimientos sociales debemos profundizar y construir más y mejor argumentación para demostrarles desde nuestros saberes y gran experiencia de vida los vínculos entre la economía y la política. Si no, nos absorberá este sistema, este modelo económico que domina el mundo y en el que la economía y el comercio lo dominan todo.

Hubo unas ocho rondas formales de negociación. Todo iba marchando más o menos bien hasta que sucedieron dos eventos que alteraron mucho el proceso: la crisis financiera internacional desde finales de 2008 y en junio de 2009, aún peor, el golpe de Estado en Honduras.

Ya teníamos problemas de unidad, ya Centroamérica carecía de estudios previos de impacto, con asimetrías internas, ya había países que querían acelerar las negociaciones, mientras otros hacían esfuerzos en un mar de dificultades... El golpe de Estado se produjo cuando la vocería de Centroamérica la tenía Honduras y estaba por pasar a Nicaragua. Además, en la séptima ronda, celebrada en Honduras antes del golpe, Nicaragua se había salido de las negociaciones cuando le cuestionaron la propuesta de que la Unión Europea creara un fondo económico financiero multimillonario. Desde la sociedad civil ya habíamos pedido ese fondo, con la diferencia de que especificábamos que no fuera para hacer grandes inversiones y “elefantes blancos”, que no produjera ganancias sólo para las grandes corporaciones transnacionales, sino que estuviera enfocado en la reducción estructural de la pobreza, en una inversión para generar una economía sólida, con sostenibilidad de largo plazo, que hiciera cada vez menos necesario estar pidiendo cooperación. Un fondo que nos permitiera optimizar nuestros propios recursos y elevar los niveles de calificación, de educación, de productividad y de calidad del empleo.

Con su propuesta sobre el fondo de cooperación, Nicaragua no logró consenso ni en la región ni a lo interno del propio gobierno, pues el Banco Central de Nicaragua al parecer tampoco estaba tan convencido de cómo estaba planteado. Quizá faltó una estrategia conjunta más efectiva entre el MIFIC y Cancillería. Y sobre todo, faltó un respaldo al más alto nivel del gobierno para escuchar las propuestas de las diferentes fuerzas. Incluso, faltó una alianza previa con Honduras y Guatemala. Poco después de esta crisis se produjo el golpe de Estado en Honduras.

La integración centroamericana es aún frágil. La solidaridad entre nuestros países también es frágil. Cuando Nicaragua se retiró de las negociaciones hubo países centroamericanos que le dijeron a la Unión Europea: No importa, sigamos la negociación sin Nicaragua. Y cuando el golpe en Honduras lo mismo: No importa, sigamos sin Honduras. Tenían prisa por firmar. Desde la sociedad civil insistimos en que si era una negociación bi-regional teníamos que estar todos y había que respetar el mandato del Parlamento Europeo en ese sentido.

Sin Honduras, no había posibilidades de dar continuidad a las negociaciones. Y esto dificultó seguir trabajando con la vocería regional y provocó que se procediera a vocerías por temas en cada negociación. ¿Qué efectividad podía tener un mecanismo así con una región con el nivel de integración que tiene la Unión Europea? A pesar de todo, se continuó así con esta modalidad. Todo se distorsionó. Había rondas internas centroamericanas, pero había países que no reconocían al nuevo gobierno de Honduras.

Así llegamos a 2010, en una carrera increíble, acelerada por España, que en el primer semestre del año tenía la presidencia pro-tempore de la Unión Europea y quería que el Acuerdo se firmara durante su presidencia. La sociedad civil y algunos negociadores de algunos países empezamos a reclamar el por qué de tanta prisa, argumentando que no estábamos preparados para firmar. Entre otras cosas, porque la Unión Europea fue dejando para la última ronda los temas más sensibles para nosotros: el desarrollo sostenible, la migración, las cuotas para nuestros productos de exportación (carne, azúcar, café, lácteos). Todo eso se fue dejando y dejando para el final. Para hacer presión, sacamos pronunciamientos por todas partes diciendo que no nos podían poner fechas fatales para firmar, porque el Acuerdo tal como estaba, “no nos sirve para nada”, como lo dijo aquí en esta misma reunión Sinforiano Cáceres. (Envío, junio 2009). No le servía para nada a Centroamérica, mucho menos a los pueblos, a las mujeres, a la juventud, a los indígenas, a los afroamericanos, a todos los históricamente excluidos.

Previo a la Sexta Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe del 18 y 19 de mayo de este año en Madrid, evento que precedería a la firma del Acuerdo de Asociación hubo todo un debate público: países latinoamericanos que no irían a la Cumbre si estaba presente el Presidente Lobo de Honduras, por ser producto de un golpe de Estado -compartiendo iguales cuestionamientos una parte de la sociedad civil- y países que sí irían.

Cuando finalmente se celebró en mayo la Cumbre, la negociación no se había cerrado aún. Y es el día de hoy y el documento final de la negociación no lo tienen todavía los Estados centroamericanos. Es la Unión Europea la que va a enviar el documento definitivo con todo lo acordado y eso lleva mucho tiempo de revisión, hasta de lenguaje. Hay que revisar toda la parte legal y jurídica, los 27 países de la Unión Europea tienen que revisar y aprobar, hay que hacer ajustes... A pesar de eso, nuestros Presidentes firmaron en Madrid el 19 de mayo un documento en el que saludan el fin de las negociaciones para el Acuerdo de Asociación. En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega, que no fue a Madrid, celebró también la culminación del Acuerdo a la par del COSEP, diciendo que no era el mejor, pero sí el posible.

Nosotros pensamos que, sabiendo que el Acuerdo tenía dificultades y que no estábamos logrando las cuotas de productos que queríamos, lo más honroso hubiera sido que en esa Cumbre de Presidentes en Madrid, nuestros Presidentes centroamericanos -ya no los negociadores- hubieran asumido una posición unánime y firme para decirle a la Unión Europea que necesitamos apoyo, pero con otras características. Pero no fue así.

Ciertamente, la Unión Europea tiene una responsabilidad histórica con Centroamérica. Y los países ricos tienen un acuerdo pendiente que no siempre cumplen: destinar el 0.7% de su producto interno bruto a cooperación con los países pobres. Pero también nuestros Estados tienen la gran responsabilidad de que los recursos de la cooperación se manejen de forma transparente y correcta. No nos engañamos: la prioridad de la Unión Europea en el Acuerdo es lo comercial, colocar sus productos, abrir nuevos mercados, así como tomar posición en asuntos estratégicos junto con Centroamérica en los foros internacionales. Tampoco nos engañamos: la mayoría de la actual clase política que gobierna en Centroamérica está muy lejos de los intereses verdaderos de la gente empobrecida, de las mujeres, de la juventud. En todo lo que nos sucede hay una doble responsabilidad.

Como CCSICA no participamos en la última ronda. No sabemos cómo terminó exactamente el proceso. Lo que sí sabemos es que la Unión Europea acabó negociando bilateralmente los temas con cada país. Y que Nicaragua fue el último país en el turno de esas negociaciones bilaterales. En nuestro país también en este tema todo se manejó con un doble discurso. Por un lado, el Presidente Daniel Ortega diciendo que el Acuerdo y los europeos son imperialistas y colonialistas, y por otro lado, los negociadores nicaragüenses con indicaciones claras de avanzar en la negociación, incluso a la par de personeros del actual gobierno hondureño, al que nuestro gobierno dice no aceptar por razones del golpe de Estado. Algunos negociadores nicaragüenses en el tema del diálogo político y en el de la cooperación, a quienes vimos durante todo el proceso, ya no fueron convocados por el gobierno de Nicaragua para ir a su conclusión.

Hasta junio, el documento del Acuerdo que tanto celebraron nuestros Presidentes se mantenía como “secreto de Estado”. Nos dijeron que no podía ser de libre acceso. Durante la negociación nos decían que no lo podía ser porque podía poner en peligro todo el proceso negociador. Las conclusiones en lo relativo al pilar comercial las podemos ver ya en el cuarto de lectura creado por el MIFIC. Pero para lo relativo al pilar del diálogo político y al de la cooperación no tenemos ningún acceso. Este documento, aun leyéndolo como está, es de muy difícil lectura y nos resulta casi imposible encontrar si hay o no vínculos entre los famosos tres pilares.

Los sectores de la sociedad civil, representantes de la economía social, no pudieron estar con la plenitud y representación requerida en todo el proceso. Entre otras cosas por falta de recursos para viajes tan continuos y costosos. En el caso del directorio del CCSICA, y como fruto de nuestra gestión y de nuestra demanda de participar, contamos con el apoyo de PAIRCA. Pero, ¿cómo íbamos a hacer suficiente incidencia y presión con una ronda en Honduras, otra en Bruselas, otra en Guatemala y sin información suficiente, fluida y oportuna? Otra cosa hubiera sido si los gobiernos centroamericanos se hubieran puesto de acuerdo con la sociedad civil para que pudiéramos participar de forma activa, optimizando recursos y definiendo estrategias. Pero esta señal de avance en nuestra cultura política nos parece cada vez más lejana.

En el pilar de la cooperación sabemos que hay un listado de temas importantes en los que la Unión Europea dice que va a cooperar con Centroamérica: salud, educación, tecnología, medio ambiente... En realidad, nada de esto es nuevo, porque en todos estos temas la Unión Europea ya viene cooperando. La Unión Europea planteó que no habría recursos adicionales. Nosotros siempre insistimos en que con tantas asimetrías debía haber recursos extra para nivelarnos. Recuerdo un momento en que el último negociador europeo del pilar comercial, ante nuestra insistencia en varias temáticas, golpeando la mesa nos dijo: “Cuando se habla de comercio se habla de plata en mano y la oferta de Centroamérica es una oferta muy baja”. Y le dijimos nosotros: “¿Y usted qué esperaba, no conoce nuestra situación?”

Nosotros creemos, y dijimos, que el fondo de cooperación, que llamamos fondo de cohesión social, debía haber sido una condición que pusiera Centroamérica para firmar el acuerdo. Recordamos que cuando se forjó la Unión Europea se destinaron fondos extra de cohesión social para los países que estaban en peor posición, para nivelarlos. Y en Centroamérica no es igual la situación de Costa Rica y Panamá que la de de Nicaragua y Honduras.

Sobre el fondo de cohesión social, al parecer lo acordado finalmente es: “Se negociará la creación de un fondo”, pero el texto no dice ni cuánto ni cómo ni para qué, que es lo que la sociedad civil demandaba. Desde Nicaragua insistíamos mucho en eso. Nuestro país es uno de los países del mundo que más cooperación ha recibido a lo largo de muchos años y tenemos experiencia de los problemas que eso provoca. Por eso reclamábamos que el debate no se centrara sólo en cantidades, sino que se tomara en cuenta nuestra propuesta sobre en qué se iba a invertir el fondo, cómo se iba a administrar y cómo lo iba a auditar socialmente la sociedad civil organizada. El fondo se está discutiendo y negociando ahora entre una comisión centroamericana de alto nivel integrada por los Bancos Centrales de cada país y el Banco Europeo, el BCIE y otras instituciones. Somos conscientes de que negociar esto ahora es una gran desventaja para Centroamérica. Debió haber sido discutido y establecido antes de dar por concluida la negociación.

¿En qué invertir los recursos de ese fondo? Nosotros propusimos que el propósito del fondo debía ser nivelar las asimetrías, potenciar las capacidades humanas, fomentar los niveles de productividad y competitividad. Y señalamos ámbitos de inversión: la educación sobre todo, la promoción de empleos dignos, el fortalecimiento del tejido social comunitario, la construcción de la identidad centroamericana... Siempre dijimos que la prioridad en la que debían invertir es la educación. Porque está más que comprobado que los países salen de la pobreza gracias a la educación.

El tema de las migraciones fue punto de agenda desde la primera ronda de negociación. No se llegaba a acuerdo en la primera e iba a la segunda, no se llegaba a acuerdo en la segunda e iba a la tercera…Y así. Hay que recordar que durante la negociación del Acuerdo la Unión Europea aprobó la famosa Directiva de Retorno, que criminaliza a los migrantes. Las redes sociales nos pronunciamos en contra de esa Directiva. Cuando nos fuimos a sentar con el negociador europeo del diálogo político, donde se discutía el tema de las migraciones, nos dijo: “No se preocupen, esa Directiva no tiene que ver con ustedes, eso es para los africanos”. Pero cuando nosotros veníamos en vuelos de regreso de las rondas coincidíamos con centroamericanas y centroamericanos deportados y se nos partía el alma.

En el tema de migrantes, los gobiernos de Nicaragua y El Salvador -especialmente con el nuevo gobierno de Funes y el FMLN- y las sociedades civiles de los dos países tuvimos una posición muy firme. Rechazamos que se les llame “ilegales”, insistiendo en que los seres humanos tienen derechos siempre, en donde estén y en las condiciones en que estén. Al final, Nicaragua y El Salvador pidieron traer a consulta el párrafo sobre migración y la Unión Europea hizo una nueva propuesta, al parecer “aceptable” para los negociadores centroamericanos. Ahora, estamos esperando la última redacción sobre este tema.

La protección de nuestros recursos naturales, especialmente el agua, fue también una preocupación permanente nuestra, desde el inicio. Los negociadores han explicado que el Acuerdo dice que puede haber inversión en la generación de agua, aunque no en su distribución. Sin embargo, cuando uno lee con más detalle el texto, descubre que cualquiera puede venir a invertir, siempre que lo haga “en el marco de la legislación nacional”. Nuestra posición es que en los países en donde vivimos, con los niveles de corrupción que hay, con los niveles de fragilidad institucional que tenemos, eso no va a funcionar y sabemos que la “legislación nacional” puede terminar protegiendo al inversionista extranjero, aunque se salte las normas. En los documentos, que aún no son definitivos, hay una cláusula en la que se especifica que no se pueden privatizar los servicios públicos. Sin embargo, no hay garantías de que no se sigan privatizando, como ya se ha hecho, con la venia de nuestros gobiernos.

En el diálogo político lo que leemos es un marco muy general: los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el respeto por la legislación internacional, los derechos y obligaciones de las partes que negocian el Acuerdo... Se habla también de fortalecer la democracia, la integración... Las mujeres luchamos porque estuviera incorporada la equidad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y todos nuestros derechos. También se habla de los derechos de los pueblos indígenas y de derechos laborales.

El problema aparece cuando queremos buscar la coherencia entre el pilar del diálogo político y el pilar comercial. Por ejemplo: la solución de controversias se aplica a todo menos al desarrollo sostenible, en donde se dice que cualquier violación a lo acordado se resolverá vía arbitraje y consulta y con un mecanismo de cooperación y sanciones morales. Pero, ¿son suficientes las sanciones morales? ¿Quién va a vigilar este proceso de resolución de controversias? Creemos que mientras no se fortalezcan y se despartidicen las instituciones del Estado, mientras no se apeguen a la ley y no al más fuerte, mientras no haya separación entre poderes y un poder judicial transparente, ningún acuerdo nos será favorable. ¿Cuál será en Nicaragua la participación de la sociedad civil? Y además, ¿para qué tenemos una Corte Centroamericana de Justicia? Nosotros planteamos que la Corte jugara un rol en todo esto y algunos magistrados estuvieron de acuerdo. Pero al final no hubo consenso ni siquiera el de algunos gobiernos centroamericanos.

Como en las rondas siempre participaron también las cúpulas empresariales, hubo empresarios que en algún momento nos plantearon que la sociedad civil le diéramos seguimiento al diálogo político y a la cooperación y que ellos se lo darían al pilar comercial. Les respondimos: “Y nosotras, ¿no somos fuerza de trabajo, no somos también dueñas de fincas, no somos cafetaleras y ganaderas? Y a los indígenas, que son dueños de sus territorios, ¿no les interesa la economía?”. Es un derecho de los movimientos sociales implicarnos en lo económico. Es también nuestro deber. Lo vital sería abrir un diálogo profundo y horizontal entre el movimiento social y las cúpulas empresariales sobre los vínculos entre la agenda social y ambiental y la economía, la política y la integración, para implicarnos juntos en la construcción de otra Centroamérica.

En el tema de la participación de la sociedad civil, en el tema de la equidad de género, en el de la integración de Centroamérica a la Corte Penal Internacional, la Unión Europea nos respaldó siempre, pero en lo comercial la historia no fue la misma. A este Acuerdo, la Unión Europea llegó con todo su arsenal, con todo el poder de sus transnacionales. Y entre las transnacionales gringas y las europeas no hay diferencias.

Queda ahora un camino largo hasta que entre en vigencia el Acuerdo de Asociación. Se van a revisar los textos, se va a revisar el lenguaje, los 27 Estados de la Unión Europea tienen que aprobar el Acuerdo, los Estados centroamericanos también. Y ahí tuvimos otra sorpresa: cuando pedimos una reunión con nuestros diputados nicaragüenses, y también en algunos foros con ellos, nos dimos cuenta que desconocen el contenido de la negociación y que no le han dado el debido seguimiento. Lo peor es que cuando el texto llegue a la Asamblea Nacional, ya no pueden cambiar nada, sólo pueden rechazar o aprobar. ¿Por qué no fueron a informarse desde la primera ronda para incidir en que el acuerdo sea lo que necesitamos que sea?

Yo pienso que mientras nosotros no transformemos los actuales partidos políticos, que son los que compiten en las elecciones, y de los cuales vienen los funcionarios y funcionarias que después administran nuestros recursos públicos, mientras sigan siendo personas que más que servirle al Estado se sirven del Estado, que más que proteger los intereses colectivos protegen sus intereses empresariales, no tendremos la Nicaragua y la Centroamérica que queremos.

En la sociedad civil estamos convencidos que Nicaragua y Centroamérica necesitan intercambio comercial, diversificar sus socios comerciales. Lo sabemos desde siempre. Pero queremos un intercambio con justicia. Sabemos que necesitamos cooperación para salir de la pobreza. Pero no queremos más cooperación que no sea decidida en el marco de un plan de desarrollo de país y de región y queremos que los gobiernos dejen de utilizarla como beneficencia o para grupos afines a sus partidos en el gobierno. Centroamérica no tiene aún un plan de desarrollo. Queríamos un proceso negociador que fortaleciera la integración centroamericana, pero en las últimas horas allá en Madrid la Unión Europea terminó cerrando temas de forma bilateral, a lo que siempre nos opusimos. No siempre Costa Rica fue tan solidaria con el resto de los países durante la negociación. No logramos siquiera solidaridad y consenso de todos sobre el tema del fondo de cohesión social. Lo ideal hubiera sido consensuarlo entre los centroamericanos y abanderarlo juntos. Así hubiera tenido más fuerza la propuesta de Centroamérica. Pero no se logró. Y ahora estamos viendo que la integración es “a la carta”. Panamá dice que para ser parte del Acuerdo con la Unión Europea se va a integrar a la SIECA, pero que se sale del PARLACEN. Costa Rica entra a la negociación de los tres pilares, pero no quiere entrar ni al PARLACEN ni a la Corte…

Como CCSICA y otras iniciativas desde la sociedad civil tenemos la autoridad moral de haber elaborado propuestas, de haberlas presentado a tomadores de decisión. Ahora es el momento en que nos rindan cuentas a la ciudadanía sobre lo que acordaron y nos informen si nuestras propuestas quedaron incorporadas. Es el momento de pasar de la retórica del diálogo político y la cooperación para hacer del fondo de cohesión social lo que debe ser para revertir nuestros indicadores de pobreza. Ésa es la responsabilidad ética de nuestros gobiernos ante nuestras poblaciones.

El sistema de la integración centroamericana está cuestionado en su estado actual, requiere transformarlo para que esté más al servicio de los pueblos centroamericanos. Ésa es una de nuestras prioridades como sociedad civil: demandar y proponer esa transformación. Requerimos un PARLACEN con menos diputados y diputadas, pero más vinculante en sus decisiones, con representantes íntegros. Demandamos una Corte Centroamericana que efectivamente construya un derecho comunitario que fortalezca el estado de derecho desde las necesidades cotidianas. Queremos Cumbres de Presidentes enfocados en la supranacionalidad y en el desarrollo regional desde la democracia y la libertad.

Tampoco se trata de desbaratar la integración porque nos iría peor de lo que nos está yendo. Lo que necesitamos son partidos políticos, gobiernos y Estados que apuesten por una integración verdadera. Como la que vivimos en las zonas de frontera: intercambiando salud, educación, economía, comercio, cultura, relaciones afectivas, solidaridad... Como la que vivimos cuando el huracán Mitch. A Honduras y a Nicaragua nos cruza en la frontera el río Choluteca. Cómo nos ayudábamos unos a otros esos días. Aquella fue una integración auténtica. Ésa es la que soñamos para toda nuestra región.

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