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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 339 | Junio 2010
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Nicaragua

CAPS: POR el agua, CON la comunidad

Están presentes en casi toda la geografía de Nicaragua. Se encargan de garantizar lo más básico para la vida. Se organizan en colectivo, deciden en colectivo. Buscan soluciones para un problema diario y fundamental. Experimentan el sabor de la democracia. No hacen mucho ruido, no se dan importancia, pero son importantes. Son los CAPS.

Rosibel Kreimann

Hay una protesta aquí cerca, en Ticuantepe, por algo del agua. Voy a ver qué averiguo”, le dije a mi mamá en julio de 2005. No sabía que la pequeña decisión que tomé ese día me llevaría a una gran aventura personal y profesional: la de explorar la vida de la gente en muchos lugares de Nicaragua donde el agua es escasa, donde todos los días mujeres, niñas y niños la acarrean desde largas distancias dedicando a esa tarea muchos esfuerzos, horas y horas.

A lo largo de esta aventura fui entendiendo algo que no siempre sabemos: que el acceso al agua no es sólo un desafío técnico, sino también social y político. Y, sobre todo, descubrí una iniciativa extraordinaria: los Comités de Agua Potable y Saneamiento. Desde hace cinco años me involucré en estudios y en investigaciones donde esas cuatro letras, CAPS, estarían presentes continuamente en mi lenguaje diario.

La gente que integra los CAPS son quienes desde hace más de treinta años protagonizan una lucha ejemplar, desde abajo, para que no falte el agua en sus comunidades rurales. Para que no falte la vida.

PARA LA SED DE MÁS DE UN MILLÓN DE NICAS

En Matagalpa, dentro de una casa con piso de tierra, una mujer morena y pequeña, con una presencia y una voz que llenan su espacio, me resumió un día lo que eran los CAPS: Mire usted, los Comités de Agua beneficiamos a más de un millón de nicaragüenses con el agua que administramos. ¡Somos nosotros, los pobladores, los que hemos buscado nuestras propias soluciones!

Nicaragua es el país de Centroamérica con más agua en su territorio. Tiene 21 cuencas, 85 ríos (en total 6,695 kms de longitud), 47 lagunas y 2 lagos (10,033 kms2 de superficie). El 7.7% del territorio de Nicaragua es agua. No respetamos tanta riqueza y es significativo el deterioro de nuestras aguas: las superficiales están contaminadas por vertidos domésticos e industriales y es grave la deforestación en las cuencas de los ríos. Son éstos los dos principales problemas que afectan el agua de Nicaragua. Complica las cosas la irregular distribución de las lluvias en nuestro territorio. Aunque el promedio anual de lluvia es de más de 2 mil milímetros, hay zonas tradicionalmente muy secas, donde las lluvias no alcanzan los 800 milímetros.

Las lluvias desiguales y el deficiente manejo del agua explican los graves problemas de suministro. En Nicaragua sólo un 63.9% de la población total recibe agua potable en sus casas y la obtiene sólo abriendo la paja. De este porcentaje, un 31.8% vive en sectores rurales. Es en este panorama de escasez en donde los CAPS surgieron como protagonistas con soluciones posibles para la necesidad humana más apremiante: el agua. 5,100 CAPS abastecen con agua a 1 millón 200 mil nicaragüenses que viven en zonas rurales en donde el Estado apenas tiene presencia.

PARA LA SED
DE 10 MILLONES DE CENTROAMERICANOS

En las zonas rurales de Nicaragua el 60% de la gente que no recibe suministro de agua la busca en los ríos o excavando pozos, que tiene que hacer cada vez más profundos. En la medida en que ríos y pozos se están secando estos esfuerzos se hacen más arduos. Encontrar fuentes de agua potable con suficiente caudal es difícil, al ser tanta la contaminación por causas humanas (industrias, desechos del cultivo de café…) y por causas naturales (arsénico en las zonas volcánicas). La tarea de los CAPS es buscar agua de fuentes superficiales o de pozos. Lo valioso es que el agua que obtienen es para toda la comunidad. Unen sus esfuerzos, su tiempo, su trabajo y sus herramientas para buscar el agua, para canalizarla y para instalar tuberías, que a veces recorren kilómetros.

En Centroamérica existen unas 20 mil comunidades rurales abastecidas por estos acueductos comunitarios. El 25% de la población centroamericana, unos 10 millones de personas, reciben por esta vía comunitaria el agua que beben, con la que cocinan, con la que se bañan, con la que riegan... Aunque no existen datos oficiales, se estima que en la región existen unas 24 mil Juntas de Agua -tienen diferentes nombres en cada país, pero trabajaban con la misma lógica y estructura-. Son 10 mil en Guatemala, 5 mil en Honduras, 219 en El Salvador, 25 mil en Costa Rica, 1,505 en Panamá. En Nicaragua hay 5,100, mayoritariamente en comunidades de la costa del Pacífico y algunos en los límites de la frontera agrícola. En la Costa Caribe, donde abundan ríos, quebradas y fuentes de agua superficiales, la necesidad de abrir pozos no es tan apremiante.

Todas estas iniciativas han ido naciendo dentro de planes gubernamentales o dentro de proyectos de la cooperación internacional, que buscaron en la organización comunitaria aliados para aumentar la cobertura de agua potable en las zonas rurales. La relación con el Estado de estos grupos es variable, desde una casi total autonomía (Guatemala y El Salvador), hasta un control casi total y una gran dependencia institucional (Costa Rica). A menudo, el “institucionalizarse” les ha permitido acceso a financiamiento y asistencia técnica, aunque también les ha llevado a perder su autonomía.

“MUCHOS MURIERON SIN VER AGUA AQUÍ”

¿De dónde han salido los miles de nicaragüenses organizados en los miles de CAPS que funcionan en Nicaragua? En numerosos relatos, la reforma agraria promovida por la Revolución en los años 80 aparece como referente histórico cuando recuerdan cómo comenzaron. La transformación en la tenencia de la tierra y la entrega de tierras a cooperativas influyó en la conformación de los primeros CAPS. Porque tener tierras significa necesitar agua para hacerlas producir. También influyeron, con los años, grupos religiosos y ONG que se dedicaron a formar líderes al servicio de la comunidad. ¿Y qué liderazgo no se construye atendiendo a lo básico, y qué servicio más básico que abastecer de agua a la comunidad?

Sentado en un pupitre que sacamos de la escuela -único espacio comunal en El Edén, comunidad de Ticuantepe, con montañas y piñales al fondo-, don Adán Silva, con casi 70 años y un rostro surcado de arrugas y de sol, me cuenta que se encarga de reparar las tuberías de la instalación que la comunidad construyó y que, a pesar de todos los esfuerzos, el río no nos da agua para toda la población todos los días. Entonces, damos agua día por medio y por sectores. Claro que a la gente le gustaría tener el agua día y noche, pero nosotros les explicamos que tenemos que racionarla para que todos agarremos.

A los racionamientos, algunos CAPS les llaman “tandeos”. El agua llega por tandas, racionada. A pesar de esta limitación, don Adán recuerda entusiasmado el día en que, por fin, hubo agua en su comunidad: La llegada del agua aquí fue algo grande. La primera prueba que hicimos, me acuerdo, fue un viernes a las 4 de la tarde. Toda la gente estaba allí, mucha gente, mucho chavalito, ¡y mirar aquel fuerte chorro de agua! No le quiero mentir: era la una de la mañana y la gente no se había ido. Eso era un encanto, una alegría tan emocionante. Por muchos años, muchos abuelitos se murieron y nunca vieron el sol claro de ver agua allí…

NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

Los primeros CAPS se crearon en Nicaragua en los años 80, al calor de los cambios revolucionarios. Tuvieron apoyo del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (INAA), hubo convenios con diferentes organismos de cooperación y se pusieron al frente líderes de las comunidades.

Con el fin de la Revolución y el establecimiento de las medidas económicas del FMI, Nicaragua inició la privatización del servicio público del suministro de agua. Hasta entonces era INAA la institución, de rango ministerial, responsable de prestar el servicio y de regularlo. En 1998 el gobierno creó ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) para prestar el servicio y dejó a INAA como entidad reguladora.

Dentro de ENACAL se creó una división para atender los acueductos rurales (GAR), que operaba a nivel local en Unidades de Operación y Mantenimiento (UNOM) en las alcaldías. ENACAL-GAR se encargaba de apoyar el trabajo de los CAPS, pero no los cubría a todos y en la práctica siguieron funcionando como organizaciones autónomas. En 2004 se trasladaron funciones de ENACAL al FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia), quedando el FISE como responsable de los acueductos rurales, pero este continuo, y también lento, traslado de capacidades de una institución a otra redujo al mínimo el apoyo estatal a los CAPS.

EN 2001 el gobierno de Enrique Bolaños emprendió algunas iniciativas con el objetivo de privatizar Hidrogesa -una de las dos centrales hidroeléctricas estatales más importantes del país- y de otorgar en concesión a una empresa privada la administración de ENACAL. Pero la movilización que diversas ONG ambientalistas y de desarrollo impulsaron, aliándose con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales impidieron ambos objetivos. La llegada del FSLN al gobierno en 2007 le puso el sello a este esfuerzo.

DOS PASOS LEGALES, DOS LOGROS

Entre 2005 y 2007 se discutió la Ley de Aguas y, por fin, la Asamblea Nacional la aprobó en 2007. Un paso importante. Fue el primer referente para organizar legalmente todo lo referido al recurso agua a nivel nacional. Pero, a pesar de este importante avance legal, aún no ha sido elegida la Autoridad Nacional del Agua ni se le ha asignado ningún presupuesto. En la Ley de Aguas no se mencionó a los CAPS como actores que trabajan en el sector, pero en el reglamento de la Ley sí son mencionados, un logro de la presión que ejerció la Red Nacional de CAPS.

El 19 de mayo de 2010 se dio otro paso de avance: en el contexto de la crisis parlamentaria entre el gobierno y la oposición, la Asamblea Nacional aprobó, por fin, la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento, otro logro perseguido durante años por la Red Nacional de CAPS, que supo presionar, cabildear y convencer.

De momento, las nuevas leyes y las funciones de las diversas instituciones continúan sin una autoridad común, cada una con su reglamento y su estilo. INAA, que debería regular todo el sector, no cuenta ni con capacidad económica ni con recursos humanos para hacerlo. Por ejemplo, sólo tiene a dos personas en todo el país para atender a los CAPS. En la concreta, lo que hoy existe es un cruce de competencias no aclaradas. La reciente aprobación de la Ley de CAPS, durante el gobierno del FSLN, es un avance importante, aunque en la práctica este gobierno no ha dado señales de tener voluntad para garantizarles financiamiento ni ha invertido en los sistemas de distribución de agua creados por las comunidades. Tampoco ha apostado a su fortalecimiento organizacional.

El reconocimiento público del trabajo de los CAPS ha dependido y depende del lobby que hacen las ONG nacionales e internacionales que apoyan su trabajo y del esfuerzo de los mismos CAPS, que en treinta años han desarrollado un interesante proceso de aprendizaje político. Es de esperar que el reconocimiento derivado de la aprobación de la Ley Especial de CAPS abra una puerta para que el gobierno respalde la labor de los Comités y canalice hacia ellos fondos nacionales e internacionales.

“¡POR FIN ESTAMOS LEGALES!”

La Ley Especial reconoce como “organizaciones sin fines de lucro” a los CAPS, dotándolos de estatutos que les permitirán conformar una directiva nacional, acceder a financiamientos y gozar de exoneraciones fiscales municipales al ejecutar proyectos.

Silvio Prado, del Centro de Estudios y Análisis Políticos, investigador de experiencias de organización en Nicaragua, valora la importancia que ha tenido en la Red Nacional de CAPS la discusión, tanto de la Ley de Aguas como de la Ley de CAPS: Sacaban dos mil leyes provisionales de agua y las mandaban a los municipios. Llegaban y la gente se ponía a leer la Ley y hacía sus sugerencias. En este proceso los CAPS comenzaron a tener pies. Ya no eran un enano cabezón. Estas dos leyes, una detrás de la otra, le permitieron a los CAPS sembrar raíces, diversificar sus contactos y fortalecer la capacidad de discusión alrededor de algo concreto. Las leyes fueron sus banderas, las agarraron y con ellas han entrado con mucha fuerza al tema de la incidencia política. Estas dos leyes son las que han permitido que los CAPS sean lo que son ahorita en cuanto a incidencia política.

Durante mucho tiempo, y más allá de las leyes, los CAPS dependen del éxito de negociaciones personales para lograr acceder a las fuentes de agua. En estas negociaciones los dueños de los terrenos aceptan la propuesta de los CAPS o imponen su punto de vista. Hasta ahora, y sin un marco jurídico, los CAPS han logrado realizar su gestión y han cosechado éxitos. Ahora aumenta su seguridad. Y también su autonomía para gestionar por su cuenta financiamientos con la cooperación internacional. Lo expresa con satisfacción Esperanza: Hasta ahora funcionábamos de hecho, pero sin derecho. ¡Ahora por fin estamos legales!

CONSTRUYENDO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Los CAPS los integran hombres y mujeres que asumen funciones de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y, en ocasiones, encargados de mantenimiento. Dependiendo del territorio, de los enlaces que tengan con ONG y de la capacitación que hayan recibido, también tienen responsables de medioambiente y de género.

El presidente funciona como eje aglutinador, coordina las acciones y convoca a reuniones a los demás miembros. El vicepresidente suple al presidente. El tesorero controla ingresos y egresos mensuales y presenta un informe anual. El secretario lleva actas de las reuniones y de los acuerdos. El vocal es interlocutor ante las ONG y ante el gobierno y convoca a toda la población a las asambleas comunitarias.

¿Son democráticos los CAPS? Siendo tantos y tan diversos y en regiones tan distintas, no es fácil observar tendencias uniformes. Quienes integran los CAPS son elegidos por la comunidad y, en general, no cobran por su trabajo. La cuota que la población paga por el servicio del agua se dedica a mantener el sistema, a reparar los tubos, a comprar algún material…Y aunque existen vicios de caudillismo, directivos durante años en los cargos y hasta manejos no siempre transparentes del dinero, todo se resuelve en la misma comunidad, que cambia a los miembros que no cumplen o que establece normas más rígidas en el uso del agua.

En los CAPS las decisiones sobre la construcción del sistema de distribución del agua, sobre cuánto y cómo se colectará la tarifa mensual, sobre quiénes serán los directivos y por cuánto tiempo dirigirán -por lo general cambian cada dos años-, sobre las sanciones a quienes derrochan agua, son temas que se discuten comunitariamente. En este sentido, hay elementos que apuntan a una verdadera democracia participativa: la elección de las juntas directivas, el establecimiento de normas, la asignación de responsabilidades se deciden colectiva y comunitariamente. Estas prácticas han empoderado a las comunidades.

“¡YO NUNCA HE VISTO
A UN HOMBRE JALANDO AGUA!”

A menudo no se repara en el desgaste en esfuerzo físico y en tiempo que supone para las mujeres y las niñas acarrear agua todos los días. En los CAPS participan activamente las mujeres, pero no son siempre las que deciden. Esperanza, una mujer chiquita y morena, de mirada segura, me habla, cerca del fogón donde cuece los frijoles, de su experiencia como líder en su comunidad matagalpina, mientras sostiene en su mano un documento sobre los Comités de Agua: Aquí las que sentimos el problema del agua somos las mujeres. Yo nunca he visto un hombre con una pichinga jalando agua ¡Nunca! Nosotras vemos más allá de la necesidad y de cómo resolverla. Yo he estado insistiendo en que dentro del Comité Nacional del Agua debe haber más mujeres que hombres... ¡Igual cantidad que hombres, pues! Aquí dentro de la red de agua apenas estamos tres mujeres.

Cristina, una mujer de 34 años, de cuerpo macizo y pequeño, habla acompasadamente, sentada frente a su casa, al lado de un camino de tierra. Vivía en el campo, ahora vive en la periferia de Managua, donde también hay CAPS. En las asambleas -me dice quedito- quienes participan más son las mujeres. En la última elección de nuestra directiva, de las 54 personas que vinieron la mayoría éramos mujeres. Quién sabe por qué, pero este trabajo les gusta menos a los varones.

DON LINO DE TICUANTEPE:
LA LEGITIMIDAD DE LOS CAPS

Un CAPS nace para gestionar sistemas de abastecimiento de agua que la comunidad se encarga de construir. Generalmente los materiales para construirlos los financiaron organismos externos. La comunidad pone su trabajo y su tiempo. Los sistemas más comunes, si las condiciones del terreno lo permiten, son por gravedad o con pozos. También por bombeo con energía eléctrica. En cualquier caso, la comunidad se encarga de limpiar el terreno y de abrir, a punta de pico y pala, las zanjas por donde pasarán las tuberías. Cada familia se encarga de cubrir un tramo y si en alguna familia sólo hay ancianas y niños, algunos vecinos cubren la cuota de esas casas.

Una vez instalado el sistema, las tarifas que cobran los CAPS varían dependiendo del tipo de sistema que utilizan y del número de personas que atienden. En un sistema de agua por gravedad pueden cobrar 10-15 córdobas mensuales (medio dólar). En un sistema que emplea bombeo eléctrico la cuota puede subir hasta 30-50 córdobas (unos 2 dólares y medio). Las tarifas siempre se consultan en la asamblea comunitaria y se someten a arreglos de pago o quienes no pueden pagar pagan con trabajo voluntario. También realizan los pobladores trabajo voluntario para reparar el sistema.

Isaías tiene la cara cuadrada, una mirada bondadosa y un pequeño bigote. Vende piña en el mercado y es miembro de un CAPS en Ticuantepe. Me cuenta de las iniciativas para aumentar los recursos de los que dispone el CAPS: Hacemos una rifa de medio quintal de arroz, un bidón de aceite, una caja de jabón, cada seis meses o cada año y el que vaya al día con sus pagos participa en la rifa. Fue una idea de nuestro Comité para que la gente se ponga al día con la plata. Los morosos no entran en la rifa…¡La cosa ha funcionado, pues!

Don Lino, durante años “alcaldito” de su comunidad de Ticuantepe, con una seguridad que le dio ese trabajo permanente y las muchas capacitaciones recibidas, me confía: En este trabajo hemos compartido ideas no sólo con el Comité, sino con toda la comunidad y nos han respondido que sí, que vamos bien, trabajando bien. Los mejores resultados aquí los hemos tenido con el colegio, con el cementerio y con la organización que hemos hecho para aprovechar el agua tandeándola, racionándola.

Don Lino murió un par de años después de contarme su experiencia. Hasta el último día estuvo haciendo gestiones con la alcaldía para lograr que invirtieran en instalar más tuberías y en traer agua de otra fuente. Él representa la legitimidad de los CAPS, que no reside en formalidades legales o institucionales, sino en estos esfuerzos comunitarios y voluntarios.

EL AGUA: ¿UN DERECHO HUMANO
O UNA MERCANCÍA?

El agua es indispensable para sobrevivir, para producir alimentos, para tener salud, para cualquier proyecto de desarrollo. Pero es un bien cada vez más escaso. Las proyecciones hablan de que en el año 2025 casi 3 mil millones de personas de 48 países experimentarán escasez de agua. Una quinta parte de la población mundial sufre ya por falta de agua y 5 millones de personas mueren cada año por tomar agua contaminada.

¿El agua es un derecho humano o es una mercancía? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 garantiza a todas las personas el derecho a una vida adecuada para su salud y bienestar. Pero fue hasta el año 2002 que el Comité de Asuntos Económicos, Sociales y Derechos Culturales de Naciones Unidas reconoció como un derecho humano específico el derecho al agua. 145 países, entre ellos Nicaragua, han ratificado el Pacto que les obliga a velar para que toda su población tenga acceso a agua potable y segura y a instalaciones de saneamiento de forma equitativa y sin discriminación.

En el modelo mercantilista en el que vivimos son muchos los economistas que están en contra de este derecho humano sosteniendo que el derecho a usar agua debería ser comercializable. Si así fuera, si existiera el derecho de propiedad sobre el agua, ¿qué pasaría con la gente con menos recursos que no están conectadas a la red de suministro? La privatización del agua es antiética por ser económica y socialmente excluyente. La visión del Derecho al Agua representa una crítica a la lógica neoliberal de las políticas focalizadas, que piensan y tratan a la población como clientes y consumidores y no como ciudadanos. El retiro del Estado del área rural en Nicaragua obedece a esa concepción, donde se prioriza el suministro de agua a las zonas urbanas, donde la retribución económica por el servicio lo hace más rentable.

LOS RETOS QUE ENFRENTAN

Todos los miembros de CAPS que entrevisté en toda Nicaragua hablaron con orgullo de sus experiencias y también de las dificultades que enfrentan. Sus retos en la gestión del agua los tienen a diversos niveles: técnico-administrativo, organizativo-institucional y ambiental.

En lo técnico-administrativo tienen que lidiar con sistemas de agua que pronto se hacen obsoletos y deben reemplazarse, ampliarse o construirse de nuevo. Tecnologías no adecuadas, zonas geográficas adversas como las zonas secas o muy difíciles para abrir pozos o con aguas muy contaminadas, desafían sus esfuerzos. Establecer tarifas adecuadas y viables y llevar el sistema contable es también un reto en su quehacer.

A nivel organizativo-institucional los CAPS se han enfrentado durante mucho tiempo a los retos de no contar con un respaldo jurídico o institucional que les garantice seguridad en su gestión. ¿Cambiará esto con la nueva ley que los reconoce? Hasta ahora han carecido de acceso a información necesaria: no existe en los municipios un representante o un técnico de INAA, de ENACAL o de otra entidad que los apoye, gratuitamente, con la información que necesitan para gestionar bien el agua.

“ASÍ NO SE PUEDE”

El sector Agua Potable y Saneamiento, a pesar de las numerosas reformas en su marco jurídico y en su estructura, ha tenido dificultades para delimitar funciones entre los distintos actores, especialmente entre entes reguladores y eje¬cutores públicos y privados. El paso del tiempo y la identificación de dificultades, sumada a las reformas impuestas en las condicionalidades del FMI y en los préstamos de instituciones multilaterales como el BID, ha venido formando estructuras y comisiones sobre las ya existentes, pero sin eliminar ninguna. Todo esto ha contribuido a hacer cada vez más complejo el sistema.

En la nueva Ley de Aguas el artículo 24 establece que la Autoridad Nacional del Agua “tendrá facultades técnico-normativas, técnico-operativas y de control y seguimiento para ejercer la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos”. ¿Delimitará esto las funciones de las instituciones del sector? Mientras esto no suceda será cierto lo que el encargado del sector agua en UNICEF me confió, en una entrevista de 2009: El problema es el impase político que crea la falta de claridad de funciones. Así no hay seguridad institucional para desarrollar ningún trabajo.

¿POR DÓNDE PASAR LAS TUBERÍAS?

La falta de reconocimiento oficial y de seguridad jurídica ha creado problemas a los CAPS. La inseguridad está en relación con el libre acceso a las fuentes de agua, con los derechos de propiedad en los terrenos por donde pasan los sistemas que construyen, con los requisitos para poder abrir cuentas bancarias y así obtener equipos a nombre de la organización comunitaria.

Cómo respaldar legalmente el trabajo de estos Comités de Agua según sus capacidades y necesidades es un debate pendiente. Muchos CAPS no están legales por los problemas de propiedad. Y eso es un problema -me dice Florentín, de un CAPS de Matagalpa-. En nuestro caso nos hemos visto afectados porque las fuentes de agua están en propiedades privadas. La tubería de nuestro sistema de agua pasa por ocho propiedades diferentes y tuvimos problemas con los dueños, que no querían darnos pase a las tuberías.

Sentados en una mesa larga del patio de la oficina que un CAPS de Granada logró construir, me hablan varios hombres, todos con caras requemadas por el sol. Se quejan de las limitaciones con que se topan sus esfuerzos. Dice uno: Instituciones que trabajen el tema del agua o información que nos sirva no hay. Anteriormente había una oficina de ENACAL en Granada que atendía los acueductos rurales, pero con el tiempo desapareció. Hasta la oficina donde nosotros íbamos a pedir asesoría técnica o cualquier cosa que necesitáramos la quitaron. Durante un tiempito nos apoyaron o hacían los trámites para apoyarnos, pero después se fue disipando y se desapareció.

Los desafíos ambientales que enfrentan los CAPS son trascendentales. La sostenibilidad de un medioambiente sano es lo único que les puede garantizar que el acceso al agua sea permanente. La deforestación, la contaminación, la sequía y el incremento de la población en los territorios son cuatro grandes retos. Los CAPS hacen labores ambientales en sus territorios. Han reforestado zonas colindantes con las fuentes de agua. También ahorran agua, evitan el derroche y reutilizan agua que se utiliza en las casas para regar cultivos. La prioridad es siempre el consumo humano. En municipios como los de Estelí se está empezando a implementar el pago por servicios ambientales en alianza con los CAPS y con las cooperativas, procurando con incentivos económicos frenar el despale y el mal uso de las fuentes de agua. Como la relación entre los CAPS y el equilibrio medioambiental del agua es estrecha, como la falta de agua afecta su razón de ser, la vigilancia que desarrollan los integrantes de los CAPS y la comunidad suele ser efectiva.

“HAY COMO UN CELO DE LAS AUTORIDADES”

Un reto nuevo, actual, para los CAPS es el sistema de participación ciudadana estructurado verticalmente por el partido de gobierno, en donde se priorizan y obedecen las orientaciones que emanan de la Presidencia de la República. En ciertos territorios esto provoca una competencia entre los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y los CAPS. Los Comités de Agua nunca han estado vinculados a ningún partido político y esa autonomía ha sido una de sus ventajas porque les ha dado credibilidad y legitimidad comunitaria.

Pablo, miembro de un CAPS de León y miembro también de los CPC experimenta contradicciones entre ambas identidades. Me lo explica así: Muchos organismos miran que esto de los CPC es política y no apoyan lo que es política. Hay líderes comunitarios que llegan a los organismos pidiendo para algún proyecto y diciendo que son del Gabinete del Poder Ciudadano y entonces no les responden. Se mira de viaje que es porque miran que los CPC son política. A mí me han oído mas como Comité de Agua, como líder comunitario, que como CPC.

Donald, un hombre de unos cincuenta años, alto y canoso, miembro de un CAPS, habló conmigo en una calle de Matagalpa: Lo que se ha visto es como un celo entre las autoridades. Nosotros hemos estado incidiendo para formar redes municipales, porque eso le ayuda al municipio y porque a través de los organismos te vienen proyectos. Pero si vos hablás de eso en las Alcaldías ya te tiran que es que andás con algún organismo de la Coordinadora Civil y entonces ya te miran como que andás en contra del gobierno.

EL AGUA: UN BIEN COMÚN

En las zonas rurales y marginales de todo el mundo, ante la reducción del Estado y ante los efectos del cambio climático, se han desarrollado estrategias de todo tipo para acceder al agua. Todas están basadas en el manejo comunitario del agua. Así lo explica Maude Barlow: “En todo el mundo, los sistemas sustentables locales de manejo del agua como Bien Común evolucionan y pasan de una generación a la siguiente. La inversión que esto implica es el trabajo arduo de la gente que sabe que un ecosistema de agua sano significa vida. La ignorancia de las condiciones locales y la falta de respeto por el conocimiento local ha sido una de las causas del fracaso de muchos sistemas de agua de mega-ingeniería impuestos desde afuera. En muchas comunidades en todo el mundo se están hoy re-evaluando las prácticas tradicionales de protección y asignación de las aguas locales. En algunas zonas, la población local ha asumido toda la responsabilidad por las instalaciones de distribución del agua y han creado fondos a los cuales los usuarios deben contribuir”.

UN PREMIO NOBEL PARA LOS CAPS

Líderes del movimiento ecológico y diversos especialistas ambientales han estudiado en la última década el problema del acceso equitativo a la distribución del agua desde la perspectiva del bien común. El interés que esta noción ha despertado se refleja en el reconocimiento que en 2009 tuvo una de sus principales exponentes, Elinor Ostrom, que recibió el Premio Nobel de Economía ese año. Esta científica estadounidense, de 75 años, ha dedicado su vida a realizar investigaciones sobre el manejo comunitario de sistemas de regadíos, tierras de pastoreo y bosques en diversos lugares del mundo: en Filipinas, Japón, México, España, Estados Unidos...

En ella se premió por primera vez a una mujer en el área de la Economía y se reconoció, también por primera vez en el área de la Economía, un planteamiento con un profundo significado político, al reivindicar a las comunidades pobres y excluidas como actores que deben priorizarse en las estrategias de gestión del agua en todo el mundo.

Ostrom afirma que para lograr un buen uso del agua y de otros recursos básicos, que no lleven a su sobreexplotación, no debe ser necesariamente ni el Estado ni el mercado quienes se encarguen de su gestión. Propone y demuestra que son las comunidades locales las más capaces de construir y desarrollar normas comunes para lograr un uso sostenible de lo que ella llama y releva como “recursos compartidos”.

Premiar a esta mujer con el Nobel es como premiar a los CAPS de Nicaragua, que rescatan el derecho al agua para la comunidad y gestionan la distribución del agua donde no hay ni Estado ni mercado que se encarguen de hacerlo. Lo hacen bien. Y lo hacen por el bien común.

SOCIÓLOGA, INVESTIGADORA SOCIAL.

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