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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 338 | Mayo 2010
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Nicaragua

“Siembran promesas y cosechamos desengaños”

Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas, FENACOOP -que organiza a 620 cooperativas, en las que se integran más de 41 mil familias campesinas de todo el país, que hacen producir 74,184 manzanas- compartió con Envío informaciones y reflexiones sobre los problemas con que los productores rurales inician el primer ciclo agrícola del año 2010, en una charla que transcribimos.

Sinforiano Cáceres

En el año 2009 Nicaragua se vio afectada, una vez más, por ese fenómeno climático recurrente que es la corriente de El Niño, que en nuestro país y en Centroamérica causa sequía. La sequía de 2009 fue muy severa.

Significó pérdida de cultivos y áreas que quedaron preparadas en las que no se sembró nada, lo que implicó pérdida de recursos, de esfuerzos y de trabajo. El Niño significó también bajo rendimiento en las cosechas. El maíz, cuyo rendimiento promedio nacional es de 22 quintales por manzana, bajó a un promedio de 14 quintales. El sorgo bajó de 40 quintales a 30. Hubo menos alimentos para las personas y los animales, mayor carestía de semillas adaptadas a la sequía y agravamiento de la escasez de agua, tanto agua superficial como agua del subsuelo, lo que hizo mucho más compleja la crisis. Porque cuando uno tiene problemas de erosión de suelos puede hacer obras de conservación
y gradualmente puede recuperar algún grado de capa fértil. Pero cuando se pierden las fuentes de agua no podemos hacer más que lamentarnos, pues muy difícilmente se puede recuperar el agua. La severa escasez de agua ha implicado pérdida de animales, aumento de la pobreza y la desnutrición. Y sobre todo, ha significado el aumento de la desesperanza. Porque cuando no hay agua uno piensa permanentemente en el riesgo en el que tiene la vida.

Preparándonos ya para el ciclo agrícola y la siembra de primera, hemos detectado, en rondas de trabajo por todos los departamentos, que una de las primeras preocupaciones que expresan los productores tiene que ver con la semilla. Existe un grave problema en torno a la semilla y un gran temor por la calidad de la semilla que van a sembrar. Este temor tiene varias causas.

En 2009 el gobierno entregó a una cierta cantidad de productores, como ya es habitual en los gobiernos, una buena cantidad de semilla. La de 2009 llevaba el sello de “certificada”, pero no sirvió. Tenía el sello, pero no tenía la calidad requerida. Cuando se abría el saco en que venía esa semilla no se necesitaba ser agricultor para darse cuenta de que dentro lo que había era una mezcla de semillas, muchas quebradas, aunque todas pintadas con la sustancia que se usa para curarlas, dando la apariencia de que eran buenas. Quienes sembraron esta semilla tuvieron graves pérdidas. Es una tragedia poco conocida por la opinión pública. ¿Por qué se entregó esta semilla? ¿Quiénes la certificaron? A la sequía de El Niño hay que sumarle esta sequía de valores y de falta de ética.

Otro problema es que mucha semilla está siendo almacenada en lugares no adecuados, donde pierde con facilidad el vigor y el poder de germinación, un problema que se va a extender en el tiempo si no se toman medidas serias.

Estos problemas se han dado en el contexto de la resistencia de nuestros productores a adoptar nuevas variedades de semilla de mejor calidad y de mayor rendimiento. Sólo el 17% de los productores nacionales usa semillas certificadas. Después del problema que hubo en 2009, la resistencia será mayor. Y el rendimiento será menor.

Una de las consecuencias más serias de la sequía tan prolongada que hemos padecido es la afectación del ciclo tradicional de la semilla. En Nicaragua, los productores de las zonas húmedas -que siembran en el ciclo de postrera y en el de apante- son los que producen la semilla criolla, la semilla tradicional, que van a usar después los productores que siembran en el ciclo de primera en otras zonas. Y los productores que producen en el ciclo de primera son los que producen la semilla que ocuparán después los productores de las zonas húmedas. La sequía ha afectado ese ciclo de la semilla, que es básico para el autoabastecimiento de los agricultores, que garantiza un mejoramiento continuo
de la semilla y que garantiza también la producción.

Llegamos, pues, al inicio del ciclo agrícola con un severo déficit de semilla. El déficit de semilla tiene una larga historia en Nicaragua. Históricamente ha habido un sistema de producción tradicional para abastecer las necesidades de la siembra local y nacional: es la producción artesanal de semilla apropiada a las condiciones agroecológicas de cada lugar. Además, los últimos gobiernos han promovido la entrega a los agricultores de semillas híbridas, y a veces de variedades mejoradas -las producidas en laboratorio-. Estos programas han desincentivado a los productores a producir su propia semilla criolla. Y muchos han perdido la costumbre o no tienen ya la capacidad de conservar, producir y mejorar su propia semilla. En la medida en que los programas del gobierno se han ido reduciendo se ha incrementado el déficit de semilla.

La semilla certificada que entregan los gobiernos es híbrida, producida en laboratorio. Da un mejor rendimiento, pero no tiene la capacidad de reproducirse más allá de un ciclo. Conserva sus características genéticas logradas en laboratorio, pero sólo por una generación. Después, empieza a rendir menos. El problema de la semilla híbrida es que, si bien mejora el rendimiento, también requiere de más insumos, porque si no va acompañada de fertilizante, herbicida e insecticida, tampoco funciona. El otro problema es que el productor depende de que se la vendan y de que pueda comprarla, porque él no la produce. La semilla mejorada la consigue el productor con un procedimiento más empírico, pero también válido. Es el resultado natural de un proceso de clasificación que hace cuando cosecha y observa las características de un grano y guarda la mejor semilla y gradualmente va haciendo eso cada año, proceso al que le suma el de la polinización cruzada.

Ambos son procesos de mejoramiento. Uno se hace en el campo y lo hace el productor. El otro se hace en el laboratorio y lo hacen los técnicos. Ambos procesos son buenos. El natural hace más autónomo al productor. Tal vez su semilla rinda un poco menos, pero le permite sobrevivir a crisis como ésta y producir con semillas adecuadas a los cambios que se van dando a lo largo del tiempo. La híbrida lo hace menos autónomo, más dependiente de una casa comercial, y de tener el dinero para comprarla cada año. Lo deja con pocas posibilidades de lograr la soberanía alimentaria.

Los últimos cuatro gobiernos han atendido, más o menos, con semilla a unos 70 mil productores. Bolaños atendió a 75 mil. Doña Violeta llegó hasta 90 mil. Este gobierno dice haber atendido a 70 mil desde hace dos años y para 2010 habla de 86 mil. Es el límite de lo que pueden cubrir.

En 2009 vimos cómo todo se complicó más. Fue un año trágico: la sequía, la mala calidad de la semilla entregada que no germinó, la llegada tardía de la semilla, la entrega de variedades no adecuadas para el lugar donde se iba a usar y la asignación de semillas y de insumos con criterios más políticos que productivos…

Este año los productores están ante una decisión delicada: o compran semilla que tiene una alta posibilidad de no servir o no siembran. Es bastante grave el déficit de semilla que enfrenta Nicaragua en este ciclo. Sólo daré dos cifras oficiales, las que maneja el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAG-FOR), para que tengamos una idea de cómo está el problema. El gobierno calcula que existe un área potencial para sembrar frijol rojo en el ciclo de primera de 114,600 manzanas. Pero los distintos proveedores de semilla, incluyendo al gobierno, sólo tienen en bodega 12,693 quintales de semilla. Y para cubrir esa área potencial se requerirían 91,600 quintales. En el caso del maíz, el área potencial para la siembra de primera es de 1 millón 474 mil manzanas. Y la semilla certificada que existe suma 25,821 quintales. Para cubrir esa área se necesitaría medio millón de quintales. El maíz requiere de 34-35 libras de semilla por manzana y el frijol de 80 libras por manzana. Este enorme déficit viene sucediendo desde hace diez ciclos agrícolas: sucedió en los tres ciclos del 2007, en los tres de 2008 y en los tres ciclos de 2009. Es la décima vez que nos pasa esto, que se está volviendo ya un círculo vicioso.

La solución a este déficit debería ser la creación de un programa nacional de semilla. Yo creo que podríamos lograrlo si el gobierno y los productores, todos los actores de la cadena productiva y los de la cadena de valor nos articuláramos y nos complementáramos.

En la situación actual, la producción de alimentos se ha vuelto crítica. Es una realidad muy sensible y preocupante. Pero hay posibilidad y capacidad de enfrentar el problema. Yo soy un convencido de que sólo se necesitan voluntad política y honestidad, porque el resto lo tenemos. El gobierno debería hacer un esfuerzo para lograr la concertación, la participación de todos en la solución de tan grave desafío.

¿Qué pasa cuando hay déficit de semilla? Que hay déficit de alimentos. El déficit se resuelve siempre de dos formas: comiendo menos los que no tienen para comprar la comida y el gobierno o las empresas importando alimentos. También llegan alimentos -como nos han llegado este año- como donación para entregarlos en programas de alimentos por trabajo o en paquetes de ayuda social en las zonas más afectadas por la sequía o en programas de la FAO.

Para este ciclo 2010-2011, el gobierno ejecutará un nuevo Programa, el PAS ( Programa Agroalimentario de Semilla). Es un programa que pretende beneficiar a unas 86 mil familias, en los tres ciclos de producción del año agrícola (primera, postrera y apante) dirigido a pequeños productores. Se entregarán insumos y semilla para dos manzanas por productor en maíz y sorgo blanco o en una de frijol y una de arroz de secano. Los insumos que entregarán son:
80 libras de semilla certificada de frijol y un quintal de fertilizante (NPK), 34 libras de semilla certificada de maíz y un quintal de urea, un quintal de semilla certificada de arroz de secano y un quintal de urea, y 20 libras de semilla certificada de sorgo blanco y un quintal de urea.

Toda esta entrega se vuelve un crédito que se pagará al 8% de interés. Ese 8% que cobran se divide en tres partes: un 5% para la organización que administra el programa, un 1% para el Fondo de Crédito Rural (suponemos que como ya el FCR no existe, será para el nuevo Banco Produzcamos) y un 2% para el PAS.

No está mal el nuevo programa, a pesar de que es asistencialista. Pero consideramos que tiene varios problemas que son graves, tanto en el mecanismo de ejecución, como en los requisitos básicos que deben cumplir las organizaciones cooperativas para acceder al crédito del programa. En el caso nuestro, el de las cooperativas, nos piden seis requisitos y todos tienen que ver con certificaciones. Uno: fotocopia de cédula de identidad ciudadana del consejo de administración, del representante legal y de su apoderado, en su caso, con sus generales de ley. Dos: fotocopia del poder general de administración o generalísimo, debidamente inscrito en el registro de la propiedad correspondiente. Tres: certificación de la personería jurídica emitida por el INFOCOOP, y su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Cuatro: certificación de la reforma de los estatutos emitidos por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la nueva Ley de Cooperativas y su publicación en la Gaceta, Diario Oficial. Cinco: certificación actualizada del consejo de administración. Seis: certificación del acta donde la junta directiva autoriza al presidente de la cooperativa a gestionar el PAS con el FCR.

¿Qué pasa? Que todos estos documentos se obtienen en el INFOCOOP (Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo). Pero para actualizar nuestros estatutos, los de nuestra Federación, el INFOCOOP se dilató dos años. Y el promedio que se dilata, cuando es muy ágil, son tres meses. Sabiendo esto, le preguntamos a las autoridades del gobierno si esta lista de requisitos no sería una forma muy elegante de decirnos sí, pero no. Les preguntamos también
si ellos saben lo que significa ir al INFOCOOP a tramitar un documento de cualquier tipo. Este instituto no tiene oficinas en todo el país. Y la oficina más poblada de empleados tiene sólo tres y el que atiende al público es sólo uno. Tenemos, pues, un enorme problema con la capacidad de cobertura y atención real que tienen las instituciones del Sector Publico Agropecuario: el INTA, el MAG-FOR, el IDR, que están definidas como las ejecutoras de este programa.

Otra cosa. Entre los principios básicos del PAS está que el gobierno garantizará la entrega de los insumos a las organizaciones de 4 a 7 días antes de que vayan a utilizarlos y garantizará la asistencia técnica. Nos preguntamos, con justa razón, si el programa abriría oficinas de inmediato, porque la realidad es que hay municipios en donde la presencia de las instituciones del gobierno es mínima o no existe.

¿Cuál asistencia técnica? La asistencia técnica a los productores es en este país inexistente, o diciéndolo más bonito, “poco sistemática”. Es también de poca calidad y esporádica. En el gobierno hay muy buenos técnicos, pero andan a pie, no tienen ni una moto para ir a las comunidades y si tienen la moto no tienen combustible, y entonces lo que hacen esos técnicos es darle asistencia sólo a quien llega a buscarlos a las oficinas. Concluimos, pues, que el nuevo programa tiene cabeza pero no tiene pies. Tiene un diseño bastante deficiente y demasiados cuellos de botella…O digamos mejor que es un cuello sin nada de botella.

A las autoridades del gobierno les señalamos todo esto con la sana intención de que mejoren las cosas. Porque pensamos, y estamos convencidos, que el gobierno debe promover de forma más decidida las alianzas entre el sector público y el sector de economía social -el movimiento cooperativo- como ya las tiene con el sector privado. Tomando en cuenta que las lluvias de mayo auguran un invierno mejor que el de 2009, debemos aprovechar la oportunidad que la Naturaleza nos está ofreciendo y poner nuestros mejores esfuerzos y experiencia para producir alimentos y comenzar a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.

El PAS asigna al nuevo banco estatal Produzcamos el rol de recuperar el microcrédito que se otorgará con este programa a 86 mil agricultores en el año 2010. El Banco Produzcamos será el responsable de recuperar los 7-8 millones de dólares que el gobierno va a invertir en el PAS. Pero ya sabemos de antemano que no los va a recuperar. Sin asistencia técnica, sin seguimiento, sin supervisión y con sólo una bolsa de semilla y un quintal de urea, se necesita no ser agricultor para creer que esto va a funcionar. Y para que un agricultor agarre este programa, tal como está diseñado, tiene que estar seguro de que no va a pagar. Será como un juego de compadres hablados. O como dicen los ticos: yo hago como que te doy y vos hacés como que me pagás…

Al final lo que tendremos es un paso más para el fomento de la cultura del no pago, que contamina la mentalidad emprendedora, empresarial, productiva y responsable de los productores, que es la que debemos forjar y no contaminar.

Cuando programas como éste llegan a las comunidades la gente dice: Si yo no lo agarro lo agarra otro, mejor lo agarro yo y así soy yo el que no paga y no es el otro... En las comunidades la gente está clarita que el Banco Produzcamos no le va a llegar a cobrar. Y aunque en el papel diga que hay que pagar, en el Banco no llevan controles. El papel dice eso para que se escuche que se está llamando a la responsabilidad, pero los mecanismos, los procedimientos, son débiles y deficientes. Por eso, estos programas, más que ayudar afectan, más que abonar erosionan, y más que fomentar una cultura de producción fomentan una cultura de clientelismo político, de oportunismo Esto, desgraciadamente, ha sido así en los últimos 18-20 años. Es una tendencia que creíamos iba a desaparecer en este gobierno, pero estamos viendo que se está reciclando. Y con un reciclaje de mal gusto: cada vez hay menos y cada vez los programas son más desordenados.

Y para no ser acusado como un anti-gobierno, revisemos cuál ha sido la recuperación efectiva de los micropréstamos entregados por el gobierno en el programa Hambre Cero, con el Bono Productivo Alimentario, en los dos últimos años. El balance es desastroso. Lo es en relación a los programas de este gobierno, y lo fue también, y tal vez peor, en los programas de los tres gobiernos que le precedieron.

Otro problema enorme que enfrentamos y que nos preocupa bastante es el del financiamiento. Tanto entre quienes dan el servicio financiero como entre los que lo reciben hay inseguridad, incertidumbre y temor. Se ha reducido severamente la oferta de crédito para la producción rural. Y el crédito que están ofreciendo algunas microfinancieras, y algunas ONG que están incursionando en la modalidad de préstamos en especie, tiene intereses muy altos. Lo justifican con el argumento del alto riesgo. Y en alguna medida tienen razón.

El temor de las microfinancieras está dado por el fenómeno del movimiento de los No Pago. No tanto por el conflicto que esta gente ha creado, sino por la facilidad con que el gobierno cambia las reglas del juego y dice que el problema se resuelve hoy de una manera y mañana de otra manera. Las microfinancieras y las cooperativas de ahorro
y crédito tienen actualmente mucho temor. Se preguntan cómo hacer para apoyar con crédito al productor sin ser víctimas de la inestabilidad y la polarización política. Se preguntan: ¿Damos sólo antes que coseche el productor, en crédito de pre-corte, o hacemos compra de futuro? Mucha gente que trabaja con créditos tiene el justo temor de que con los adelantados aires del año electoral se vuelva una bandera de los políticos el “no pago”, la promesa de que si gano te reestructuro o te condono… En estas circunstancias, a quien ofrece servicios financieros se le vuelve muy arriesgado ampliar la oferta de financiamiento en el sector rural.

En enero de 2010 el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) envió una comunicación a los gremios rurales del país en la que se nos informaba que por disposiciones del Presidente de la República se iniciaría el proceso de constitución de los Consejos nacionales, departamentales y municipales de la producción, con el objetivo de mejorar la gestión de los productores y dar a los pequeños productores una participación más activa
y vinculante con las políticas y programas que el gobierno está ejecutando. En la comunicación nos señalaban que se garantizaría una amplia representación de gremios, asociaciones y cooperativas, independientemente
de su identidad política.

El Consejo nacional de la producción se integró con 12 organizaciones rurales del país. Del 21 de enero al 22 de febrero de 2010 se programaron 14 asambleas departamentales para conformar los Consejos departamentales. Finalmente, se estableció este mecanismo de funcionamiento: el delegado del Poder Ciudadano -que es también el secretario político departamental del FSLN- designaría a un representante, que, en coordinación con los delegados del MAG-FOR y del IDR, asumiría el dar seguimiento a los acuerdos del Consejo, creando una oficina de enlace, que realizaría reuniones semanales y levantaría actas de los acuerdos, que serían conocidos por los representantes del Consejo para asegurar transparencia en las actividades y para que prevalecieran criterios democráticos en todo el quehacer. Además, identificaría las demandas y necesidades de los productores para el inicio del ciclo agrícola del 2010. Concluía la comunicación informándonos que desde el IDR a nivel central y con el apoyo del MAGFOR
se establecería una oficina de enlace para garantizar la convocatoria, logística y coordinación con las diferentes instancias.

Esta comunicación nos entusiasmó y de nuevo sentimos muy positivas expectativas. Llegamos a pensar que por fin las cosas mejorarían. Pero… ¿qué pasó? Se crearon los Consejos departamentales y se constituyó el Consejo nacional, pero este Consejo sólo nos ha convocado una vez. En algunos departamentos se realizan asambleas informativas encabezadas por el IDR, el MAG-FOR y el secretario político del FSLN, y en ocasiones con alguna otra institución del sector estatal. Pero, aún no conocemos las oficinas de enlace y aún seguimos esperando las actas de los acuerdos de la comisión que debían llegarnos a todos los representantes del Consejo.

Después de cuatro meses de paciente espera y con las primeras lluvias del invierno encima, sólo nos queda pensar que otra vez nos creamos falsas expectativas y que la comunicación del IDR fue, como dicen los campesinos, “un alegrón de burro”. Es lastimoso que la disposición del Presidente Daniel Ortega no la hayan cumplido sus subalternos. A pesar de este nuevo fracaso, podemos decir que, aunque la relación de nuestro gremio con el gobierno es buena, resulta poco fructífera y poco definida.

Tomando en cuenta la crisis alimentaria que vive un amplio sector de la población en el campo y en las ciudades, hay que reconocer que durante el actual gobierno se han dado pasos importantes para crear y actualizar el marco jurídico y de políticas relacionadas a la soberanía y la seguridad alimentaria. En julio de 2009 la Asamblea Nacional
aprobó la Ley 693 de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En septiembre de 2009 el Presidente de la República publicó mediante decreto los reglamentos de esa Ley. También en 2009 el gobierno aprobó el programa sectorial de Desarrollo Rural Productivo, llamado Pro-Rural Incluyente, con un concepto más amplio que el productivismo agropecuario y forestal del programa original y con enfoque de equidad de género, fomento de la asociatividad, la solidaridad y la cohesión social. Otro avance es la aprobación por el MAG-FOR de la Política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Con estos instrumentos políticos y jurídicos tenemos una mejor oportunidad para trabajar como nación por la soberanía y la seguridad alimentaria. Pero hay cosas que nos preocupan y que tienen que ver con el incumplimiento de los mandatos de estos instrumentos. La 693 establece en su artículo 39 que en no más de 90 días deben instalarse las comisiones que harán realidad lo dispuesto en la Ley. Y ya pasaron diez meses después de la entrada en vigencia de la Ley y ni siquiera han convocado a nadie para instalar las comisiones y secretarías que darán vida al sistema.

También nos preocupa la falta de reorganización del sector público agropecuario (SPAR), de acuerdo a las lógicas y prioridades del gobierno actual. No entendemos por qué, si ya hay políticas más claras, si hay un marco jurídico actualizado y un documento sectorial rector del desarrollo rural, no se hacen los ajustes y reestructuraciones para implementar la nueva estrategia. Nos preocupa mucho que después de tres años de gobierno continuemos viendo un SPAR inestable, en constantes reacomodos y cambios. Y lo que es peor: sentimos que el SPAR es cada vez más pequeño y más débil. Pensamos, por esto, que el SPAR debe crear espacios y mecanismos de concertación como los que prometían los Consejos orientados por el Presidente. O convocar, sin más dilación, a las comisiones de distinto nivel que establece la Ley de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

Hay que darle vida a todo este instrumental jurídico e institucional, porque de lo contrario no va a pasar nada. Y en Nicaragua tenemos la mala costumbre de esperar que nos den todo y nos hagan todo. Pero no hay que olvidar ¡que ya nos hicieron de todo!... y ahora tenemos que hacer algo. Nos han ignorado, nos han excluido y ahora lo que nos queda
es hacer algo, y hacerlo ya.

Las autoridades del gobierno nos han explicado que el 73% del presupuesto del sector público agropecuario viene de la cooperación internacional. El gobierno sólo dispone de un 27%. Uno se da cuenta con facilidad de esta lipidia cuando llega a la institución. Si la situación es ésta, nos parece muy importante reflexionar sobre el papel de la cooperación bilateral, multilateral o solidaria.

Ante las dificultades del gobierno para mejorar su capacidad de ejecución presupuestaria, la cooperación internacional está reteniendo fondos, y en vez de colocarlos de forma adecuada, los está colocando de emergencia porque necesitan mostrar resultados. Creo que hay que tener franqueza y valentía para cuestionar a la cooperación. Deberíamos aprovechar las actuales circunstancias para promover un diálogo con la cooperación y lograr un cambio en algunas de sus políticas. Con la cooperación, que es un actor político beligerante, hay que tratar de establecer una relación política, y no sólo una relación de contraparte, de beneficiario o de grupo meta.

Creo también que la cooperación debe apoyar el protagonismo de los actores que siempre hemos sido usados, convertidos en cifras para distintos objetivos no productivos. En ese sentido, vemos tendencias nuevas y positivas en la cooperación. Vemos la tendencia a trabajar de forma más bilateral con los organismos de la sociedad civil, con los gremios y con las asociaciones. Nos parece que es un paso importante. Es una oportunidad histórica para nosotros, porque probaremos que podemos hacer las cosas mejor que aquellos a quienes hemos criticado. Es un reto que hay que asumir con cuidado y con la seriedad que merece.

Se dice que la sequía de 2009 fue producto de El Niño, pero otros muchos desequilibrios que padecimos el año pasado vienen de bastante atrás y no son producto del “niño”… sino de los “padres”. Muchos de estos desequilibrios se expresan hoy en el cambio climático, que no es un fenómeno nacional sino global, que es una realidad que no sólo afecta el mundo rural, y que es producto de nosotros, los seres humanos. Para enfrentar el cambio climático tenemos que trabajar desde ahora en forjar nuevos valores, en crear una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas. Tenemos que re-aprender el saber hacer. En el mundo rural estamos entendiendo que las formas de producir que venimos empleando históricamente no son las más adecuadas porque crean mayores problemas que los que resuelven.

En Nicaragua hemos hablado más de la sequía del 2009 que del cambio climático. Pero la sequía provocada por El Niño es un fenómeno estacionario, mientras que el cambio climático es permanente y más desastroso. Nos pasa a menudo: hablamos más de lo urgente que de lo importante. Y por hablar de lo urgente, lo importante se va a imponer
y acabará con nuestras vidas.

Desde los distintos sectores en donde estamos trabajando debemos condenar la forma en que estamos actuando los seres humanos. Nos sentimos víctimas de la sequía y somos victimarios de lo que le está ocurriendo a la Tierra. Creo que tenemos que lamentarnos menos y acusarnos más. Porque cuando nos victimizamos sentimos que no tenemos responsabilidad de nada. Es un error que cometemos desde cualquier perspectiva: productiva, organizativa, política, cristiana…Tenemos que ubicarnos en el lugar que nos corresponde en la jerarquía de responsabilidades
que tenemos los seres humanos en este mundo.

Para entender todo esto, necesitamos formarnos y formar a otros en una nueva cultura de vida. Para responder al cambio climático, nosotros ya hemos empezado a desarrollar acciones para cosechar agua y para conservar los suelos
y el agua, convencidos de que la sequía es temporal, pero la falta de agua se nos está volviendo un problema permanente. Y sin agua no hay producción. No hay vida. Estamos pensando en organizar y formar a técnicos y líderes con un enfoque agroecológico para que fomenten una nueva cultura.

Es esencial reducir la cultura extractiva y desarrollar una nueva cultura armónica con el medio ambiente. Esto no es nada fácil. Todos los gobiernos han promovido el uso de agroquímicos de forma indiscriminada para aumentar la producción, dominados por una mentalidad de cultura extractiva depredadora. Desde el mundo rural lo primero que creemos que debemos cambiar para reducir el impacto del cambio climático son los sistemas de producción que están destruyendo el medio ambiente y la biodiversidad.

Prioritario también será lograr un uso adecuado y racional de la poca agua que tenemos, que la contaminamos y que no la priorizamos para el consumo humano y la producción de alimentos como un derecho humano. Creemos también que es urgente recuperar la cultura productiva tradicional. Porque nuestros técnicos no saben aún cómo producir variedades de semilla que enfrenten el cambio climático. Pero las empresas que producen semillas transgénicas ya nos están anunciando que ellos sí saben, que ellos ya tienen variedades de semillas que producen aun con temperaturas de 40 grados, sin agua, y en terrenos salitrosos… Estamos a las puertas de una fuerte embestida de estas empresas. Porque la tragedia del cambio climático se vuelve una amenaza para nosotros, pero una oportunidad para ellos, una gran oportunidad para vendernos cantos de sirena y hacer desastres ecológicos irreversibles, peores que los que sufrimos como producto de aquella tan alabada Revolución Verde.

En las nuevas condiciones climáticas ya no podemos seguir produciendo como hasta ahora. No tenemos todavía suficientes respuestas desde nosotros. Encontrarlas requiere generar nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas formas de hacer las cosas. Tenemos que tomar conciencia de que, ante el cambio climático, cada quien tiene algo que decir y algo que hacer. Y si no lo decimos y no lo hacemos, vamos a tener las ciudades llenas de campesinos desplazados y empobrecidos y vamos a ver cómo escasea cada día la comida. Tenemos que aprender rápido. Si no lo hacemos, se nos recordará como una generación de irresponsables con nuestros hijos y con este planeta que nos ha permitido vivir en él, a pesar de todo lo que hemos abusado de sus recursos, de sus bellezas y de sus bondades.

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