Guatemala
Los medios, las candidaturas, los casos, las expectativas...
Ya están presentes en la realidad diaria de Guatemala
hechos y procesos sobre los que la población decidirá
y será convocada a votar dentro de año y medio, en una campaña presidencial que ya tiene algunos rasgos para imaginarla.
Juan Hernández Pico, SJ
Cuando en mayo de 2009 estalló en Guatemala el escándalo por las acusaciones del asesinado Rodrigo Rosenberg contra el Presidente Colom, su esposa Sandra y su secretario privado, los medios de comunicación, y en especial los diarios, se lanzaron sobre los acusados, dando prácticamente por supuesta la verdad de la acusación y la culpabilidad de los acusados.
Si Sandra Torres de Colom, esposa del actual Presidente, llegara a superar en la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad las objeciones contra su candidatura a la Presidencia por su vínculo matrimonial con el actual Presidente, no es difícil predecir que los medios de comunicación harían causa común con gran parte de la empresa privada y procurarían oponerse con todo su poder a la candidatura de la actual Comisionada para la Cohesión Social y Primera Dama de Guatemala.
EL PODER DE LOS MEDIOSA lo largo de toda América Latina los medios de comunicación están llevando adelante campañas políticas de una enorme fuerza, ubicándose como uno de los poderes con los que hay que contar a la hora de jugar el juego político. En Chile aún hay que recordar la furiosa campaña opositora de “El Mercurio” y de “La Tercera de la Hora” contra el gobierno del Presidente socialista Salvador Allende (1970-73).
En Argentina, hoy en día, el Grupo “Clarín”, conformado alrededor de su estrella, el diario del mismo nombre, se encuentra enfrentado con el Estado por supuestas evasiones de impuestos.
En El Salvador, los medios están destacando la gran ola de violencia criminal que asola al país, proyectando la imagen de que esa violencia es responsabilidad del actual gobierno de izquierda, incapaz de contrarrestarla. La verdad es que la violencia criminal es un proceso que ha ido creciendo constantemente en El Salvador desde la firma de la paz en 1992 y que los medios que la documentan hoy no destacaron la impotencia de cuatro gobiernos derechistas de ARENA (Cristiani, Calderón, Flores y Saca, 1989-2009) para detenerla.
En El Salvador también los medios están destacando todas las ocasiones en que el Presidente Funes y el partido FMLN discrepan en medidas gubernamentales. Aprovechando la real discrepancia entre Presidente y partido, la aumentan, en una estrategia que busca dividirlos cada vez más. Convierten cada oportunidad en una cáscara de plátano esperando que uno de los dos resbale definitivamente y se logre la ruptura entre ambos.
Ciertamente, los medios no oficiales encuentran serias dificultades para su funcionamiento en Nicaragua, al igual que los medios opositores al presidente Chávez encuentran dificultades serias en Venezuela. Y encontrarán posiblemente dificultades en Ecuador y en Bolivia.
NO SON LA “OPINIÓN PÚBLICA”No es cierto que los medios -como afirman ellos- representen “la opinión pública”. Y sí lo es que representan los intereses de sus propietarios y directores, socios a veces de éstos. Son intereses económicos de gran cuantía, intereses que dominan la línea editorial, que censuran a sus propios reporteros, que publican o no a los columnistas que desearían tener voz y que tal vez con la excepción de los resultados de encuestas de opinión pública, no informan de todo lo que hay que informar ni lo informan con equidad.
Los medios se esfuerzan por moldear la opinión pública de acuerdo a sus intereses. El famoso “The New York Times” tiene como lema All the news that’s fit to print, (“Todas las noticias que es adecuado imprimir” o “Toda la información que se puede imprimir”), dando a entender que publican toda la información que no es claramente calumniosa. En realidad, en ese diario al igual que en otros medios de comunicación masiva de prensa, radio, televisión o internet, hay siempre un filtro, tanto para lo que publican como para lo que no publican.
Los grandes medios funcionan con el mito de que son “la opinión pública”. Y por eso piden una libertad absoluta para su propia libertad de expresión, como si se tratara de “la” libertad de expresión de la ciudadanía. Y tienen a una gran corporación, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), para defenderse de cualquier supuesta violación de sus libertades y denunciar a los violadores, generalmente al Estado.
La verdad es que los grandes medios de comunicación son empresas privadas, son parte de la gran empresa privada de cada país, y que la gran mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de ese país no tienen libertad para expresarse públicamente ni pueden expresarse libremente en público porque no tienen el capital necesario para hacerlo.
En Guatemala, todos los grandes periódicos mantienen la presencia de algún miembro de la familia Marroquín. No sólo “La Hora”, el diario vespertino que fundó el patriarca de esa familia de periodistas, Clemente Marroquín Rojas. El diario aún pertenece a sus hijos y nietos y uno de ellos, Oscar Clemente Marroquín, lo dirige. También el presidente de “Siglo XXI” es actualmente Juan Carlos Marroquín Godoy y su director general, Luis Eduardo Marroquín Godoy. “Prensa Libre” tiene como Director Editorial a Gonzalo Marroquín G. (vicepresidente además de la SIP).
Sin olvidar que “Nuestro Diario”, el más leído de todo el país, es el periódico que la corporación “Prensa Libre” edita para un público “menos culto” y más proclive a leer sobre escándalos, crimen y sexo. “El Periódico” tiene como presidente a José Rubén Zamora, nieto del patriarca Clemente Marroquín. Por otro lado, el único canal de cable guatemalteco, “Guatevisión”, es propiedad de parte del capital de “Prensa Libre”, y especialmente de Mario Antonio Sandoval, su vicepresidente.
En El Salvador, los canales 2, 4 y 6 de TV, los más importantes, son propiedad del magnate de los medios, Boris Esersky. En Nicaragua, la familia del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el último Somoza en 1978, controla los dos únicos diarios “La Prensa” y “El Nuevo Diario”, aunque sus líneas políticas han sido y siguen siendo contrastantes desde 1979.
LOS MEDIOS VS. SANDRA TORRESLa “opinión pública” sobre el gobierno de Álvaro Colom está en manos de los grandes medios de comunicación guatemaltecos. Ninguno de ellos se ha excusado ante el Presidente por haber aceptado prácticamente las acusaciones contra él lanzadas por Rodrigo Rosenberg antes de ser asesinado.
En el caso de que Sandra Torres, esposa del Presidente Colom, llegue a presentarse como candidata a la Presidencia de la República, es probable que los medios, que no sólo denuncian la falta de transparencia de los programas de cohesión social que ella dirige, sino que no gustan en absoluto de ellos, hagan causa común con la empresa privada y con el candidato que más probabilidad tenga de triunfar contra ella en las elecciones de 2011.
Uno de los asuntos que los medios intentarán que el público recuerde es la confrontación del gobierno, y de Sandra Torres, con la diputada Nineth Montenegro y con el más alto de los tribunales del país, la Corte de Constitucionalidad.
NINETH MONTENEGRO
PIDE TRANSPARENCIALa diputada Montenegro -también posible candidata a la Presidencia de la República- lleva años en una lucha frontal por la transparencia en la ejecución del presupuesto nacional, y especialmente del presupuesto del Ejército. Ése es un gran mérito suyo. En 2010 ha luchado también por la transparencia del presupuesto de cohesión social, y especialmente por el del programa estrella de la Primera Dama, “Mi Familia Progresa” (MIFAPRO).
MIFAPRO es un programa de subsidios mensuales familiares que Cohesión Social asigna a cambio de que la familia envíe a sus hijos en edad escolar a la escuela. La sospecha es que Sandra Torres podría estar formando, con un cierto porcentaje de los recursos de MIFAPRO, un fondo secreto para financiar su campaña presidencial. Como congresista Nineth Montenegro ejerció su derecho de exigir transparencia en el gasto de MIFAPRO. Pidió que se le entregaran los nombres de todas las familias y/o personas beneficiarias de ese programa y los montos que cada una había recibido. Después de una larga lucha, la cuestión llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, que ordenó al Ministro de Educación que respondiera inmediatamente, como responsable inmediato de la ejecución de MIFAPRO, al pedido de Montenegro. El Ministro dio largas al cumplimiento de la orden y parece que, mientras tanto, se intentaron vías para “encriptar” -hacer inaccesibles en la práctica- los nombres de los beneficiarios. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Presidente la destitución del Ministro de Educación por desacato a su autoridad. Colom no tuvo más remedio que acatar la orden y destituirlo.
El precio político pagado por este conflicto fue grande, y se habla de que es la única vez que el Presidente y su esposa se gritaron delante de otros miembros del gobierno. El Presidente habría reclamado a su esposa su falta de visión política al presionar al Ministro de Educación para que no cumpliera la orden de la Corte de Constitucionalidad. El nuevo Ministro de Educación, Denis Alonso, un técnico que ha ocupado varios cargos en diversos gobiernos, empezó a cumplir la orden, si bien la diputada Nineth Montenegro se quejó de que la documentación de MIFAPRO que le fue entregada estaba gravemente incompleta. Alonso se excusó y prometió completarla, cosa que parece haber hecho. Se habló hasta de 120 mil nombres “problemáticos” en MIFAPRO, aunque Nineth Montenegro, en conferencia de prensa conjunta con el Contralor de Cuentas, indicó que al menos 45 mil nombres eran problemáticos, ficticios o no, pero sí duplicados.
Nineth Montenegro, diputada por el partido Encuentro con Guatemala, podría llegar a ser candidata a la presidencia de la República en 2011 y se habla que ya ha recibido graves amenazas contra su vida.
GOBERNACIÓN:
CONTINUOS CAMBIOSOtro caso que lleva tiempo conmocionando al país es la sucesión de ministros en el Ministerio de Gobernación. La desesperación de mucha gente ante la criminalidad creciente e incontrolable, sería sin duda otro de los temas mayores de una campaña electoral que enfrentase a Sandra Torres con otra u otros candidatos. No se puede olvidar que en la anterior campaña presidencial, Colom habló de enfrentar la inseguridad con “inteligencia” más que con “mano dura”, eslogan de su contrincante perdedor, el general retirado Otto Pérez Molina.
Responsable de la seguridad en el país, el MINGOB ha sido sacudido por una serie de cambios ministeriales que lo equiparan a la situación que sufrió durante la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004), y que podrían incluso superarla en cuanto al número de funcionarios ocupantes de ese Ministerio.
Un gran error del Presidente Colom fue no confirmar en su puesto de Ministra de Gobernación a Adela Camacho de Torrebiarte, la única persona que, ya al final de la presidencia de Oscar Berger (2004-2008), había mostrado voluntad política de enfrentar los problemas de seguridad con firmeza, transparencia, honestidad y competencia. Camacho fue nombrada en la última etapa del gobierno Berger, después del escándalo de los asesinatos de los tres miembros salvadoreños del PARLACEN -entre ellos un hijo del fallecido Mayor Roberto D’Aubuisson- y de los policías acusados del crimen, asesinados después en la cárcel de seguridad del Boquerón.
Colom nombró como su primer Ministro de Gobernación a Vinicio López, que había sido Viceministro con Adela Camacho. No duró más de seis meses, víctima de un accidente de avioneta en Cobán, del cual no sabemos si se ha llegado a hacer una investigación completa. El Presidente nombró en su lugar a Francisco Jiménez, un intelectual de cierto prestigio académico, que estaba al frente de la Dirección de Investigación Criminal. Medio año más tarde, en la Navidad de 2008, Jiménez fue destituido supuestamente porque un académico “indeciso” no era la mejor persona para agarrar por los cuernos el problema de la inseguridad ciudadana en el país. Jiménez volvió a su anterior cargo y quedó después como secretario del Consejo Asesor de Seguridad. En su lugar fue nombrado Salvador Gándara, que había sido Viceministro de Gobernación en tiempos de Alvaro Arzú (1996-2000), y que era alcalde de Villanueva al ser nombrado.
MÁS CORRUPCIÓN
Y MÁS CAMBIOSVillanueva, el tercer municipio en número de habitantes del país, parecía contar con una lucha eficaz de combate contra la criminalidad, pero se hablaba de que Gándara utilizaba métodos ilegales en esta lucha, que terminaban en ejecuciones extrajudiciales de presuntos maleantes. Gándara permaneció como Ministro de Gobernación durante otro medio año, y las sospechas de corrupción y de sus métodos ilegales, llevaron al Presidente a sustituirlo por un cuarto ministro, Raúl Velásquez. Al mismo tiempo, bajo Gándara fueron encarcelados bajo sospecha de narcotraficantes el jefe y subjefe de la Policía.
Aparentemente, los manejos corruptos continuaron bajo el nuevo Ministro. Se hablaba de 100 mil quetzales en gastos confidenciales para compras personales diarias del Ministro. La Viceministra Marlene Blanco, jefa de Policía bajo el Ministro Jiménez y un tiempo también bajo el Ministro Velásquez, fue acusada de organizar grupos de sicarios paralelos a la Policía y obligada a renunciar, aunque nada se le pudo probar.
Se descubrió que el presupuesto que debería haber sido utilizado en la Academia de Policía fue desviado para otros usos “non sanctos”, mientras los cadetes de la Policía vivían en una situación indigna de seres humanos. Lo que desbordó la capacidad de aguante del Presidente Colom fue la asignación de la provisión de combustible para el MINGOB a la ONG MASCANA, incapaz de realizar la distribución. Mientras los dueños de gasolineras exigían el pago de deudas del MINGOB, MASCANA les pagaba con vales sin valor. Esa ONG tiene vínculos con Rodrigo Lainfiesta, quien en tiempos del ex-Presidente Portillo ayudó a realizar los desembolsos fraudulentos del Crédito Hipotecario Nacional.
Al final, y a pesar del precio político que significaba destituir a un cuarto Ministro y nombrar a un quinto, el Presidente Colom destituyó a Raúl Velásquez y nombró al periodista Carlos Menocal, Comisionado presidencial contra la impunidad y enlace entre el Presidente y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Todo su equipo de Viceministros también fue destituido. Como Viceministra de Gobernación de Apoyo a la Justicia fue nombrada la ex-jueza Yolanda Pérez, con fama de competente e incorruptible. Como Viceministro de Seguridad, el ex-oficial Sergio Mendizábal. Como Viceministro de Administración Pablo Leal y Lorena Guerra como Viceministra de Apoyo Comunitario. Ya en enero, Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, había sido nombrada Comisionada presidencial para la reforma de la Policía Nacional Civil. Aceptó por un período de prueba de cuatro meses, aún inconcluso, con el fin de comprobar la existencia o no de voluntad política de reforma desde la cumbre presidencial hasta la base de la misma Policía.
¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA DEA?El jefe de la Policía durante los ocho meses de desempeño en el MINGOB de Raúl Velásquez, el Comisario Baltasar Gómez, fue arrestado, acusado de complicidad con el narcotráfico. Todas estas destituciones y arrestos de jefes de policía y de policías al mando del Departamento de la Policía contra narcóticos, arrojan una sombra sobre los métodos de lucha de la oficina para hacer cumplir la ley en la DEA del gobierno de Estados Unidos.
Así como durante el conflicto armado interno en Guatemala, el Pentágono y el Departamento de Estado trabajaron
con militares eficaces en la lucha antiguerrillera, cuya corrupción era pasada por alto, y cuya impunidad se aseguraba, existe la sospecha de que la DEA podría estar trabajando con gente guatemalteca implicada en las drogas, que actuarían a la vez como informantes contra sus adversarios. Esto sucede hoy, cuando la Secretaria de Estado del Presidente Obama, Hillary Clinton, ha reconocido a su paso por Guatemala, que los Estados Unidos son “parte del problema” en el capítulo del combate contra los narconegocios.
EL CASO PORTILLOEsta crisis en el tema de la seguridad no es cuestión de un período presidencial, sino asunto de una política consistente de largo plazo, vigente durante varios períodos. En este contexto, uno de los asuntos de mayor importancia, donde está en juego la lucha contra la impunidad en la corrupción, es el proceso en marcha contra el ex-Presidente Alfonso Portillo. Su mandato ha pasado ya a la historia como el más corrupto desde 1986, cuando iniciaron su gestión gobernantes civiles electos democráticamente.
El gobierno de Álvaro Colom tiene a su favor el haber peleado en los tribunales de justicia y haber logrado la extradición desde México de Portillo. Después de haberle sido concedida en Guatemala por un tribunal de primera instancia una libertad bajo fianza -de poca monta-, Portillo está rozando las fronteras de un juicio más estricto. El gobierno de Estados Unidos está pidiendo su extradición por delitos de lavado de dinero. Portillo se encuentra actualmente en una cárcel guatemalteca de alta seguridad, porque no es absurdo pensar que se esté preparando un atentado contra él. Mucha gente depende, para su propia “seguridad”, de que en un juicio en Estados Unidos Portillo compre o no una sentencia menos dura a cambio de denunciar a muchos de sus cómplices, entre ellos a civiles, también a militares, que han jugado con fuego en Guatemala desde hace mucho tiempo. Es indudable que todo el sistema guatemalteco de seguridad y justicia se encuentra hoy bajo grados de altísima presión para evitar la extradición de Portillo a Estados Unidos.
EL CASO BÁMACASe habla en Guatemala también de la próxima llegada al país, una vez más, de la abogada estadounidense Jennifer Harbury, compañera del guerrillero asesinado Efraín Bámaca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está tratando de cerrar varios casos que tiene abiertos, entre ellos la denuncia contra el Estado guatemalteco por el asesinato de Bámaca. En términos electorales, esto podría amenazar la candidatura presidencial del general retirado Otto Pérez Molina, si, como se afirma, habría tenido que ver él directamente con la desaparición del cuerpo torturado de Bámaca.
Aparte de esto, en términos de violaciones brutales de los Derechos Humanos, el estudio de los documentos del tiempo de las ofensivas militares más crueles contra la guerrilla (1980-1985), exigido por el Presidente Colom al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor del Ejército, permitiría deducir muchas más responsabilidades sobre muchas más personas.
NUESTRA EXPERIENCIA
DE POST-CONFLICTOEn marzo, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, hizo público el nombramiento de Raquel Zelaya, Secretaria Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, para formar parte del Grupo Asesor del Fondo del Establecimiento de la Paz en el mundo, que verifica y acompaña el trabajo de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, institución creada en 2006 por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General para canalizar recursos, proponer estrategias integrales de consolidación de la paz y recuperación posterior al conflicto. La idea central gira en torno a las tareas de reconstrucción, consolidación de las instituciones y desarrollo sostenible en los países que han sufrido conflictos internos.
Raquel Zelaya fue la primera Secretaria de la Secretaría de la Paz, creada en Guatemala por el gobierno de Álvaro Arzú en 1997 para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Su nombramiento significa reconocerla como experta por su experiencia en el caso guatemalteco. Este nombramiento significa también que lo que hemos vivido en Guatemala, aunque aún no ha terminado el proceso de cumplimiento de los acuerdos de paz, puede ser útil en este mundo violento y en tantos países en trance de pacificación en Europa, África y Asia.
LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD¿Estaremos en Guatemala frente a un parteaguas en la lucha contra la impunidad? El Presidente Colom está hablando de pedir a la ONU y al Congreso guatemalteco la ampliación de los cuatro años de vigencia de la CICIG por otros cinco años más. Si esto se lograra, estaríamos ante un plazo -nueve años en total-, lo suficientemente largo como para poder considerar que la transformación de la seguridad y de la justicia en Guatemala, asesorada por la CICIG, tenga buenas probabilidades de convertirse en realidad.
En las próximas semanas estará en juego la elección de seis candidatos a la Fiscalía General de la República para que el Presidente nombre a uno de ellos. Después de haber visto cómo se han enredado los casos de los asesinatos del PARLACEN, y otros casos, por manejos corruptos al interior de la Fiscalía, no es exagerado afirmar que este nombramiento se inscribe en una serie de acontecimientos que pueden preparar o no una lucha más eficaz contra la impunidad.
A fin de cuentas, será sobre el curso de estos hechos y procesos sobre los que la población guatemalteca será llamada a votar dentro de año y medio. Y será sobre esa campaña presidencial sobre la que los grandes medios de comunicación actuarán o no con responsabilidad nacional. Si continúan defendiendo sólo sus intereses, es decir los del poderoso gremio empresarial, harán un pobre servicio a Guatemala.
CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica