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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 337 | Abril 2010
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El Salvador

Asesinato de Monseñor Romero: 30 años de impunidad

“Pido perdón en nombre del Estado salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace 30 años. Pido perdón, en primer lugar, a la familia de Monseñor Romero, a quien hago llegar mis más sinceras condolencias y mi respaldo incondicional en su lucha por el esclarecimiento de la verdad. Pido perdón al pueblo salvadoreño que fue, es y será la gran familia de Monseñor Romero, su heredero, custodio de su prédica y sus enseñanzas. Pido perdón a la Iglesia Católica, salvadoreña y universal, que tiene en Monseñor Romero a uno de sus más ejemplares pastores. Pido perdón a las miles de familias que fueron afectadas por este tipo de violencia ilegal inaceptable y en especial a los integrantes de las comunidades religiosas que se ven representadas por el espíritu de Monseñor Romero y mantienen vivo su legado de paz y respeto a los derechos humanos”. Palabras del Presidente Mauricio Funes el 24 de marzo, 30 aniversario del asesinato de Monseñor. Después de esto, ahora, falta que la Ley de Amnistía sea derogada para que haya investigación, juicio y sanción para sus asesinos y para los de tantos otros salvadoreños.

En su homilía del 27 de octubre de 1978 Monseñor Romero sentenció: “Solo la justicia puede ser la raíz de la paz”.
Nueve meses después, en junio de 1979, a la luz del recrudecimiento de la represión selectiva y masiva del gobierno de Carlos Humberto Romero, el buen pastor proclamó: “Tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la luz todas esas tinieblas y que tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres sin identificar y tantos secuestros que no se supo quien los hizo tendrán que salir a luz. Y entonces tal vez nos quedemos atónitos sabiendo quiénes fueron sus autores”.

Bien sabía Monseñor que, tarde o temprano, él también entraría a esa montaña de “tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres”, con el único “privilegio” de haber sido identificado y reivindicado por el pueblo de El Salvador, por el pueblo del continente latinoamericano y por el mundo como San Romero. Aún y así, a treinta años
de su asesinato, sus asesinos, los mismos asesinos de tantos y tantas, continúan favorecidos por la impunidad.

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA

Han pasado 17 años desde que la entonces Directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, María Julia Hernández y Tiberio Arnoldo Romero y Galdámez, hermano de Monseñor, llevaron el caso de Monseñor Romero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA). Diez años han transcurrido desde que la CIDH emitió un dictamen en el caso.

La CIDH concluyó que “la justicia lenta no fue un fenómeno espontáneo. En el presente caso surgió como producto
de acciones estratégicas y concertadas, que impidieron que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y los Tribunales actuaran imparcialmente y procuraran un juicio justo, con arreglo a las garantías del debido proceso”. Dictaminó que el Estado salvadoreño tenía responsabilidad en la denegación de justicia en el caso y emitió tres recomendaciones: 1. La realización de una investigación judicial completa y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales. 2. La reparación de todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización. 3. La adecuación de la legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General decretada en 1993.

LA NEGATIVA SISTEMÁTICA
DE LOS GOBIERNOS DE ARENA

Durante los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, el caso quedó truncado en la CIDH. El Estado de El Salvador negó su responsabilidad en el magnicidio de Monseñor Romero y rechazó cumplir con las recomendaciones de la Comisión. Se negaron, igualmente, a dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada por las instituciones peticionarias en una reunión de trabajo conjunto. Esa propuesta incluía, entre otras reparaciones, la realización de un acto público en el que el Estado reconocería su responsabilidad y pediría disculpas, la creación de una plaza en memoria de Monseñor Romero, la prohibición de homenajes a los responsables de su muerte y la inclusión de las recomendaciones-conclusiones de la CIDH en los planes de estudio de historia en el sistema escolar salvadoreño.

A finales de la gestión presidencial de Antonio Saca, su entonces Canciller y posterior pre-candidato presidencial
de ARENA (2009), Francisco Laínez, inició un cuestionable proceso de conversaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica salvadoreña, representada por el arzobispo Sáenz Lacalle, miembro del Opus Dei.

La derecha, tanto en el gobierno como en el arzobispado, se confabularon en un intento de “borrar” el caso en vísperas
de la audiencia para su seguimiento en la CIDH (2007), solicitada por Tutela Legal del Arzobispado. En las conversaciones se intentó llegar a acuerdos con “la parte afectada” (la Iglesia Católica), que no implicaran el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, pero que lograran frenar la inconformidad de la Comisión y de los feligreses de la Iglesia con la posición gubernamental. Tanto la jerarquía católica como el gobierno pretendían obviar el carácter vinculante de las recomendaciones de la CIDH.

En menos de una semana el gobierno y la Iglesia realizaron dos reuniones, en las que el gobierno sostuvo que no asumiría responsabilidad en el caso y que no estaba dispuesto a dejar sin efecto la Ley de Amnistía. Lo único que negociaría era la recomendación sobre la reparación material y la reparación moral en el orden simbólico.

La posición de los gobiernos areneros era de esperarse. Hubiera sido inverosímil que adoptaran otra puesto que en el centro de las acusaciones de la autoría intelectual del asesinato de Romero está el Mayor Roberto D’Aubuisson, fundador y máximo símbolo del ideario arenero. El asesinato de Monseñor Romero es una pieza esencial en la identidad de este partido. Sin ella, es imposible leer el ascenso de D’Aubuissón en el tejido social y político de la derecha salvadoreña y en el desarrollo del partido ARENA durante la década de los años 80.

FUNES TOMA LA INICIATIVA
EN LA CIDH

Leonora Arteaga, abogada y miembro de la Concertación Monseñor Romero, considera que “fue realmente un hecho histórico, sin precedentes, la actuación del Estado salvadoreño, bajo la nueva administración de Mauricio Funes, que solicitó a la Comisión Interamericana una audiencia con el objeto de ir a reconocer su responsabilidad en este caso”.

El 6 de noviembre de 2009, David Morales, anterior asesor legal de Tutela Legal del Arzobispado y actualmente director de la oficina de Derechos Humanos de Cancillería y representante del gobierno salvadoreño en el caso Romero ante la CIDH, planteó dos grandes temas. Primeramente, aceptó la responsabilidad del Estado salvadoreño en los términos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había declarado en el año 2000: responsabilidad por la violación del derecho a la vida y por la falta de garantías judiciales y acceso a la justicia en el caso. En segundo lugar, declaró que el Estado asumía dos compromisos para la reparación de las víctimas: la producción de un video oficial
sobre la vida y el legado de Monseñor Romero y la realización de un acto público de perdón y reconocimiento
de la responsabilidad estatal.

IMPORTANTÍSIMO, PERO...

Las dos propuestas de reparación del Estado salvadoreño, cumplidos en el marco del trigésimo aniversario del asesinato de Romero, no son iniciativas propias. Retoman la propuesta elaborada en 2007 por las dos instituciones que representaban a la víctima: Tutela Legal del Arzobispado y el Centro para el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL).

La propuesta de 2007 contemplaba también un acto público de petición de perdón en la Catedral Metropolitana
ante las víctimas, ante el pueblo, ante representantes diplomáticos, en presencia de los órganos del Estado, en particular de representantes de la Fuerza Armada. La petición de perdón se llevó a cabo en un acto oficial en el Aeropuerto Nacional de Comalapa, donde el gobierno develó un mural dedicado al mártir emblemático de El Salvador, Monseñor Romero.

Arteaga valora el acto como “importantísimo”, pero le preocupa que “esto no le quita el sueño a nadie. Hace quedar bien con unos y con otros”. Quedan pendientes las recomendaciones de la CIDH que directamente transformarían la situación de impunidad en este caso y en tantos otros.

¿Y LA INVESTIGACIÓN,
EL JUICIO Y LA SANCIÓN?

En la histórica audiencia de la CIDH de noviembre de 2009, el vicepresidente de esta instancia dio al Estado salvadoreño un mes de plazo para entregar un informe sobre los avances en sus obligaciones de investigar el asesinato de Monseñor Romero y de modificar la legislación a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1993.

En el marco de esta audiencia, la declaración de Morales, afirmando que el Ejecutivo no puede hacer más que sugerir a la Fiscalía que retome el caso, lanzó una sombra sobre las expectativas de cumplimiento de esa trascendental recomendación. Esta sombra fue reforzada después con las declaraciones presidenciales a la prensa después del acto oficial en el aeropuerto.

A las preguntas que le hicieran algunos periodistas sobre el tema, Funes respondió: “Vayan a preguntarle al Fiscal por qué no abre un expediente en este caso y vayan a preguntarle a los órganos jurisdiccionales por qué no se inicia
una investigación en estos casos. La Constitución de la República claramente delimita la investigación de delitos como responsabilidad de la Fiscalía, por lo cual nadie está pidiendo que el Presidente sobrepase los límites que corresponden a su mandato ejecutivo”. A pesar de esto, muchos esperan que el Presidente Funes, en su calidad de Jefe de Estado tome la iniciativa, ya que él ha declarado que Monseñor Romero es guía espiritual de su gobierno. “Tenemos entendido que a esta altura ya se ha dado alguna conversación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República sobre el caso”, explica Adelaida de Estrada, laica y miembro de la Concertación Monseñor Romero, “pero esto se ha mantenido en un nivel muy bajo, en términos de ser gestores de un proceso”.

Más bien, el Presidente, en otro discurso alusivo a los 30 años del martirio de Monseñor Romero, declaró:
“Si recordamos y honramos la memoria de Romero no podemos ni debemos, en su nombre, atacar a quienes lo atacaron en vida, a quienes segaron su vida y, mucho menos, podríamos clamar por venganza”. Tomando en cuenta que ningún sector del país está “clamando por venganza”, muchos interpretan este tipo de comentario como una renuencia a gestionar un proceso judicial que podría finalizar en sentencias reales para los autores intelectuales y materiales del crimen, aún vivos.

El sacerdote Miguel Ventura, líder histórico de la teología de la liberación en El Salvador, reflexiona: “En un país como el nuestro, si no se hace el proceso de enjuiciar a los verdaderos asesinos de una persona tan trascendental como Monseñor Romero, no vamos a llegar a una paz verdadera. Es un paso necesario para crear en las personas confianza de que un nuevo gobierno no va a velar por los intereses y privilegios de unos pocos.”

LEY DE AMNISTÍA:
LA MANZANA DE LA DISCORDIA

La Ley de Amnistía fue aprobada unánimemente por la Asamblea Legislativa en marzo de 1993 para “crear confianza en toda la sociedad, con el fin de alcanzar la reconciliación y reunificación de la familia salvadoreña”.

Pero, más que “confianza”, la Ley de Amnistía ha mantenido la discordia en la sociedad salvadoreña. Angela Romero, fundadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niños Desaparecidos, madre de una hija secuestrada por la Fuerzas Armadas y esposa de un campesino asesinado, recuerda con indignación la aprobación de esta nefasta ley: “¿Cómo vas a creer que todos los grandes criminales que ordenaron los asesinatos, las masacres, las desapariciones, van a ir libres? Nosotros queremos que sean enjuiciados. Queremos justicia”.

Hay pocos signos de una iniciativa de derogación desde la misma Asamblea, pues los partidos de derecha han sostenido sistemáticamente su falta de disposición a considerarla.

El FMLN ha pasado por muchos momentos distintos en su postura sobre el tema y siempre han existido en su seno disensos. A la luz del proceso de la Comisión de la Verdad y como parte de las negociaciones de los proyectos de reinserción, Joaquín Villalobos, siendo aún miembro de la Comandancia General del FMLN, tomó la iniciativa
de negociar bilateralmente la Ley de Amnistía con el gobierno de Cristiani y con el Departamento de Defensa
y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Lo refiere el mismo Villalobos en su artículo de 2009, “La otra negociación”. Aunque la actuación de Villalobos no representó una decisión de consenso en el FMLN, sus resultados fueron finalmente aceptados por esta fuerza política.

Doce años después el FMLN declaró públicamente, en la conmemoración de los 25 años del asesinato de Romero:
“Se violaron los acuerdos de paz al no aceptar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y con la Ley de Amnistía y la derogación de dos artículos de la Ley de Reconciliación se premió a los impunes. Es una deuda con la sociedad salvadoreña. Ya el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló hace dos años que se violentaba el derecho a la verdad y pidió, al igual que otros sectores lo hemos hecho, derogar esa Ley de Amnistía”.

En sus últimas declaraciones públicas sobre el tema, Medardo González, Coordinador General del FMLN,
dijo, sin comprometerse: “Hay que reflexionar y posicionarse al respecto de si se va a quitar o no esa Ley de Amnistía,
si se va a dejar libre el camino para poder juzgar a todas las personas que participaron en este tipo de asesinatos”.

UN CLAMOR POPULAR
Y UNA HONRA A SU MEMORIA

Desde su campaña presidencial, Mauricio Funes ha sostenido que no promoverá la derogación de la Ley de Amnistía y ha repetido hasta la saciedad que no hay que reabrir las heridas del pasado. Tanto la Concertación Monseñor Romero como el Procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, han instado al Presidente a promover la derogatoria en la Asamblea Legislativa. Y la peregrinación popular anual para conmemorar el asesinato de Monseñor el 24 de marzo llevó esa exigencia como consigna principal. Pero estos llamados han caído en oídos sordos.

La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Mirna Perla, considera que la Ley de Amnistía puede, sencillamente, quedar sin aplicarse, puesto que es una ley secundaria que debe inscribirse en el marco constitucional: “La Constitución de la República establece el derecho de las personas que han sido víctimas de un delito a que se les haga justicia”. Y afirma que la norma constitucional prevalece sobre cualquier ley secundaria. Sin embargo, el mecanismo de la no aplicación requiere de jueces y juezas con un alto nivel de independencia, integridad y valentía, combinación que no es fácil y que no caracteriza a la mayoría de funcionarios de la justicia en El Salvador.

El Presidente Funes argumenta que no es requisito jurídico derogar la Ley de Amnistía para juzgar los asesinos de Monseñor Romero, puesto que su magnicidio esta calificado como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, la derogación es necesaria para hacer justicia en tantos otros casos de asesinatos y desapariciones. Romero nunca aceptó privilegios para sí mismo. El mayor de sus talentos fue echar su suerte con los pobres de su tierra. Honrando su memoria y cumpliendo con las recomendaciones de la CIDH que el Estado salvadoreño reconoció como “vinculantes” en noviembre de 2009, el clamor popular para derogar la amnistía debe convertirse en realidad.

LA POSICIÓN ECLESIÁSTICA

El actual arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, apoya la posición oficial sostenida por ARENA, el PCN, el PDC y el Presidente de la República: “No se debe eliminar la Ley de Amnistía. Posiblemente, muy posiblemente, íbamos a mover cosas que nos iban a intranquilizar como sociedad, que nos iban a impedir la reconciliación de la sociedad en ambos bandos”. Esta posición no es una novedad en la Iglesia Católica pero no deja de herir a las miles y a los miles de feligreses que han perdido familiares como resultado de la represión estatal durante los años 70 y 80.

Este tipo de declaración, acolchonada en frases como “posiblemente”, “no estoy seguro” y “al fin y al cabo serán los diputados los que digan” son un claro ejemplo de lo que Ventura critica cuando recuerda: “Monseñor Romero creaba posición en las personas con su palabra y con su ejemplo. Llevaba a las personas a tomar postura. Pero ahora las declaraciones de la Iglesia son tan aguadas que da lo mismo que las den o que no las den”.

¿TUTELA LEGAL SE MANTENDRÁ COMO PETICIONARIA?

Más preocupante aún ha sido la actuación de Tutela Legal del Arzobispado en el seguimiento del caso en la CIDH, puesto que fue la primera peticionaria en el caso, representando a la Iglesia, a la familia Romero Galdámez y al pueblo salvadoreño en su lucha por establecer la verdad.

Días antes de la audiencia de noviembre de 2009, la oficina de Tutela Legal hizo llegar una comunicación oficial escrita a la CIDH señalando que no participarían en la audiencia. Aunque no participar en la audiencia no es igual a retirarse formalmente del caso, quedó claro que Tutela Legal, bajo la orientación de monseñor Richard Antall, se despojaba de su papel preponderante en la búsqueda de justicia en el caso de Monseñor Romero. Con Antall, Tutela Legal ha dejado de participar en conferencias de prensa, movilizaciones, foros y espacios de trabajo conjunto con organizaciones sociales interesadas en el caso Romero.

Arteaga califica la acción de Tutela Legal como algo “que nos debe mover a “la reflexión, la indignación y el dolor” y comenta: “En la Comisión Interamericana esto puede abrir un nuevo capítulo, porque ¿quién representará legalmente entonces el caso de Monseñor Romero?” CEJIL sólo acompaña a organizaciones locales en sus procesos frente a la CIDH, pero no es una representación nacional.

La abogada retoma el hecho de que la misma CIDH reconoce desde 2000 como agraviados en el caso de Monseñor no sólo a la familia y a la Iglesia Católica, sino también al pueblo salvadoreño. Esto significa que no sólo la Iglesia Católica puede representar el caso. Don Gaspar Romero, otro hermano de Oscar Arnulfo Romero, ha tomado un papel más activo en el caso a partir de 2009, pero tiene limitaciones reales por su delicada salud física.

Todo esto exige que se concretice la posibilidad, ya prevista en 2007, de que la Concertación Monseñor Romero u otra organización representante del pueblo salvadoreño entre a ser protagonista en el espacio jurídico.

MILES DE JÓVENES
LO RECUERDAN

Si por la jerarquía de la Iglesia Católica salvadoreña no hubieran pasado figuras como Monseñor Romero, nadie hubiera esperado otra cosa que lo que la Iglesia siempre había ofrecido: un apoyo incondicional a la clase dominante del país.

Sin embargo, como Monseñor, ha habido otros miembros del clero que han vivido, y siguen viviendo su compromiso religioso compartiendo con el pueblo su búsqueda de liberación. Por eso, aunque conoce bien la ubicación política
y el modus operandi de la Iglesia institucional, el pueblo salvadoreño, a quien Romero llamó su “profeta”,
sigue esperando “un obispo al lado de los pobres” y sigue sintiéndose, una y otra vez, traicionado por el liderazgo eclesiástico.

El 20 de marzo se realizó la “marcha de los farolitos”, una misa concelebrada en el atrio de la Catedral Metropolitana
y la vigilia popular en la Plaza Cívica, actividades que año tras año organiza la Fundación Monseñor Romero,
bajo la dirección de Monseñor Ricardo Urioste, amigo de Monseñor Romero Como siempre, la actividad tuvo una convocatoria masiva. Fue especialmente llamativa la alta participación de la juventud, quienes brillaron con su energía, mostrando de nuevo la falsedad de esa generalización que afirma que “la juventud de hoy es apática”.

LA PRESENCIA DEL ALCALDE DESATA IRAS

La actividad del 20 de marzo tuvo un matiz amargo para el pueblo reunido en la Plaza Cívica: en la tarima donde
se realizó la misa, a la par de los sietes obispos que la concelebraron, estaba sentado quien muchos califican como
el político arenero más exitoso de estos días: el alcalde de San Salvador, Norman Quijano. Lo acompañaba su familia. Quijano recibió tres saludos de protocolo: uno del arzobispo, uno de un obispo guatemalteco y uno de monseñor Urioste. Cada vez que lo anunciaron el público reaccionó igual, con chiflidos y gritos de “¡Norman, asesino!”, “¡Escuadronero!”, “¡Bájenlo!”... Cuando el padre Jon Sobrino clamó por la investigación total del caso, por la deducción de responsabilidades y por el juicio de los autores materiales e intelectuales, recibió ovaciones.

En palabras de Adelaida de Estrada, “es una falta de respeto al pueblo que la gente que está al lado de un proyecto político que generó el asesinato de Monseñor Romero se siente en un lugar donde se está pidiendo justicia por éste y otros asesinatos”.

Monseñor Urioste manejó otro concepto en su intervención ante el airado público. Lo amonestó así: “¡No han aprendido! Si Monseñor Romero estuviera aquí, él respetaría a las personas independientemente de sus diferencias”. Según comentó Quijano a la prensa, su presencia en la misa se debió a responder positivamente a una invitación del párroco de Catedral para que participara en el evento.

Estrada reflexiona sobre la posición del jerarca eclesial: “No podemos castigar a un pueblo que se irrita, que se indigna frente a una burla. La indignación cristiana es un derecho y la Iglesia Católica debe ser más cautelosa. El pueblo está golpeado por el asesinato de Monseñor y por tanta injusticia”.

REACCIONES POPULARES CONTRA D’AUBUISSON

Frente al monumento al Mayor Roberto D’Aubuisson, erigido en 2006 por la alcaldía de Antiguo Cuscatlán e inaugurado por el entonces Presidente Elías Antonio Saca, continuaron las reacciones populares el 24 de marzo, día del asesinato de Monseñor. La Coordinadora Popular por la Justicia se hizo presente para mostrar su indignación por el monumento al principal responsable del magnicidio.

Pintaron siluetas de personas asesinadas alrededor del monumento, le tiraron huevos y bañaron con pintura negra sus placas conmemorativas, sustituyéndolas con pintas que decían “Cristiani asesino” y otras frases alusivas a la relación entre el partido ARENA y los escuadrones de la muerte.

De esta forma, aunque algunos medios como el periódico digital “El Faro” calificaron estos actos como “vandalismo”, los manifestantes dieron un seguimiento popular a la propuesta de reparación moral hecha en 2007 por María Julia Hernández, la entonces directora de Tutela Legal del Arzobispado, que reclamó prohibir homenajes a los asesinos de Romero.

El comunicado de la Coordinadora Popular por la Justicia declaró: “A 30 años del martirio de Monseñor Romero, diversas organizaciones sociales estamos presentes en la plaza que lleva el nombre de su asesino, el Mayor Roberto D’Aubuisson, para protestar en contra de la impunidad que disfrutaron y siguen disfrutando él y los asesinos de Romero, así como los criminales que ordenaron la muerte de civiles inocentes”.

IMPUNIDAD SIGUE PRESENTE

El reclamo popular contra la impunidad no sólo abarca casos históricos como el de Monseñor Romero y el de otras personas asesinadas durante el conflicto armado, sino asesinatos políticos que continuán produciéndose en la actualidad.

En el marco del trigésimo aniversario de Monseñor Romero, Miguel Rivera, hermano de Gustavo Marcelo Rivera, activista contra la empresa minera Pacific Rim en Cabañas y primer mártir de este movimiento, expresa: “Hay muchos casos, como el de mi hermano Marcelo, al que lo han matado por seguir el ejemplo de Monseñor y están igualmente en la impunidad”.

En febrero de 2008 una agrupación de diversas organizaciones sociales presentó ante la Fiscalía General de la República un escrito demandando que se investigaran diversos asesinatos de promotores y promotoras de derechos humanos en El Salvador.

El escrito justificó su motivación: “Porque autoridades encargadas de la investigación del delito declaran a priori que los asesinatos son cometidos por miembros de pandillas o por la delincuencia común, que sin lugar a dudas afecta a nuestro país. Estas declaraciones se hacen sin investigaciones previas y omitiendo los parámetros que el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política en El Salvador estableció para determinar la probabilidad de hechos criminales políticamente motivados. Estos parámetros son: modus operandi, perfil de la víctima e impunidad de los autores”.

Este requerimiento cubría 15 casos de “posibles asesinatos políticos”, listado que, a finales del año 2009, y según las cuentas de los organismos de derechos humanos, llegó a 26 víctimas. Al terminar la gestión presidencial de Elías Antonio Saca el 31 de mayo de 2009, ninguno de estos casos tuvo una investigación exhaustiva, mucho menos una resolución que identificara a los autores materiales e intelectuales.

Después de nueve meses de gestión del nuevo gobierno y de seis meses de gestión del nuevo Fiscal General de la República, lo único que ha cambiado es que el listado ha crecido. Sólo en Cabañas hubo en 2009 cinco asesinatos relacionados con la actuación de la empresa minera.

Quienes esperaban, con el nuevo gobierno, un cambio radical e inmediato en la situación de la impunidad, se sienten aún insatisfechos. El sistema salvadoreño está hecho para favorecer a quienes más tienen y mientras no se cambie el sistema, es difícil que la correlación de fuerzas pueda arrojar un saldo positivo para la justicia. Concluye Miguel Rivera: “Se necesita más que un simple cambio de gobierno en El Salvador para que haya justicia en nuestro país.”

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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