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  Número 331 | Octubre 2009
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Nicaragua

¿Qué pasa en los municipios, qué pasa con los CPC?

Damaris Ruiz, Secretaria Ejecutiva de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, compartió con Envío los hallazgos del monitoreo hecho por la Red en 39 gobiernos municipales al cumplirse los primeros 100 días de su gestión, en una charla que transcribimos.

Damaris Ruiz

Desde el año 2007 la Red instaló un Observatorio de Participación Ciudadana. Acordamos “observar” la gestión de los nuevos gobiernos municipales durante todo su período (2009 - 2012). Haríamos un primer monitoreo -que era también nuestra primera experiencia- al concluir sus primeros 100 días (10 enero - 30 abril 2009). Un segundo monitoreo a mitad del período: enero 2011. Y un tercero al final de estos gobiernos: enero 2013.

El objetivo del primer monitoreo fue identificar algunas tendencias en la participación ciudadana y en la gestión del gobierno municipal. Lo hicimos con dos objetivos: definir de mejor manera estrategias de trabajo en los territorios y ofrecerle a la población municipal información para que puedan debatir con su gobierno municipal.

El monitoreo lo hicimos con la colaboración de los miembros de la Red en 39 municipios que elegimos al azar. Managua no salió en la selección al azar, pero sí algunas cabeceras departamentales en las que los resultados electorales fueron muy cuestionados: Jinotega, Juigalpa, León. La investigación se hizo a través de 4 mil 650 encuestas: 4 mil 19 las hicimos a ciudadanas y ciudadanos comunes elegidos también al azar, 479 encuestas las hicimos a líderes y lideresas de las organizaciones de la sociedad civil local (organizaciones comunitarias, ONG y cooperativas fueron los tres bloques seleccionados) y 110 encuestas las hicimos a concejales y concejalas de los distintos partidos. Decidimos no encuestar a alcaldes, por temor a que sus respuestas estuvieran sesgadas por las tendencias ideológicas de sus partidos. Al indagar sobre las preferencias partidarias de la ciudadanía, el 31% dijo simpatizar con el liberalismo, el 43% dijo que era sandinista, y un bloque importante (29%) dijo no simpatizar con ningún partido.

Somos conscientes que todos los hallazgos del monitoreo están muy influidos por el contexto político y económico que estamos viviendo en Nicaragua. El contexto político influye porque hay autoridades locales que quedaron cuestionadas por el fraude electoral de noviembre de 2008 en algunos de los municipios que monitoreamos. También influye que el modelo del Poder Ciudadano se ha impuesto desde el gobierno central en todos los municipios monitoreados y que el gobierno central ejerce control sobre los poderes locales, violentando así la autonomía municipal política, administrativa y financiera garantizada en la Ley de Municipios. Por otra parte, la crisis económica internacional y los altos niveles de pobreza de la mayoría de la población influyen también en las respuestas. Porque cuando no se tienen satisfechas las necesidades básicas, buscar cómo satisfacerlas -aceptando la manipulación o rindiéndose al clientelismo político- priva sobre cualquier otro derecho, incluido el de una participación crítica y propositiva.

Veamos algunos de los resultados. En la Ley de Municipios se establecen competencias propias de los gobiernos municipales y competencias en las que los gobiernos municipales comparten responsabilidades con algún ente del gobierno central o con empresas como ENACAL. Al indagar sobre los servicios prestados por el gobierno municipal, encontramos que la mayoría de la población los valoró como “buenos”. En los municipios gobernados por el FSLN fue donde salieron mejor valorados: el 49% de las mujeres dijo que eran “muy buenos”. En los municipios gobernados por el PLC el 39% de las mujeres los valoró similarmente. Al indagar sobre la simpatía partidaria de quienes, hombres y mujeres, valoran como “muy buenos” los servicios municipales, descubrimos que quienes opinan así coinciden siempre con el partido que gobierna el municipio, mientras que en el porcentaje de quienes dicen no simpatizar con ningún partido son menos los que valoran como “buenos” los servicios y hay un porcentaje mayor que los califica como “malos”. Esto nos permite mantener un cierto nivel de duda en la objetividad de las respuestas de la gente y pensar que lo que está pesando al valorar los servicios de una forma o de otra es la simpatía partidaria, el “corazoncito” partidario de cada quien.

Otro dato que también pesa en estas respuestas es el hecho de que el gobierno central está teniendo una relación de control directo sobre los gobiernos municipales que tienen alcaldes del FSLN y que todos los programas sociales del gobierno central -Hambre Cero, Usura Cero y otros- pasan por la alcaldía, mientras que en los municipios gobernados por el PLC no pasan por la alcaldía, sino que llegan directamente a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y eso genera otras percepciones sobre los servicios municipales.

Teniendo en cuenta la percepción de que en los gobiernos municipales se han establecido políticas clientelistas, indagamos sobre los niveles de apertura del gobierno municipal. Cuando preguntamos si el gobierno municipal está “abierto” a toda la población, un 26% de la gente encuestada -coinciden casi con el 29% que no tiene simpatías políticas- dice que no lo está. Ese mismo 26% contestó que los gobiernos municipales estaban abiertos en primer lugar a la gente de su partido político, en segundo lugar a sus familiares y en tercer lugar a sus amigos. Donde el alcalde es del FSLN dicen que está abierto también a los CPC. ¿Quedan fuera entonces quienes no son partidarios, familiares, amigos y CPC? A este hallazgo hay que ponerle mucha atención porque es peligroso: si esto se estaba dando ya en los primeros 100 días de gobierno, podemos imaginarnos lo que va a pasar en la medida en que se acerquen las elecciones generales de 2011, cuando todo se partidarizará aún más, con los activistas de los partidos desplegados únicamente buscando votos.

La Ley de Municipios mandata a los gobiernos municipales a convocar a la población a que participe en cabildos municipales. Los gobiernos municipales entrantes deben participar en un primer cabildo en el que el gobierno municipal saliente rinde cuentas a la población. Indagamos si se hizo o no este primer cabildo y si en él participó la población. El 65% de las concejalas y concejales encuestados dijo que sí se había hecho y un 32% dijo que no. Le preguntamos también sobre esto a las organizaciones de la sociedad civil y el 50% dijo que este cabildo no se hizo.

Es posible que los concejales digan la verdad -que los cabildos se hicieron-, y es también posible que ese 50% que dice que no se hicieron, lo que nos está diciendo es que se hicieron, pero que no pudieron participar porque no supieron cuándo se hizo. Y esto lo podemos afirmar porque las organizaciones de la sociedad civil encuestadas son precisamente las que se mantienen siempre más pendientes de lo que se hace en la alcaldía. Son las cooperativas, las ONG, las organizaciones comunitarias y la gente que lidera esas organizaciones las que participan siempre en todo.

En otros momentos en que hemos indagado por qué la gente no participa en los cabildos hemos descubierto que a menudo la fecha en la que se realizan los cabildos se avisa de un día para otro, que el aviso se hace sólo en perifoneo por la ciudad, que se celebran en horas de trabajo…Hay un sinnúmero de razones por las que la gente no logra participar. Y, naturalmente, hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas a quienes no les gusta participar porque dice que para qué van a llegar si no van a tomar en cuenta su opinión…

Cuando indagamos quiénes habían participado en esos cabildos las respuestas se acercan mucho a las que contestan a quiénes están “abiertos” los gobiernos municipales: la gente que más participó en los cabildos es la más allegada a los partidos políticos y la integrada en los CPC. La gente que no simpatiza con ningún partido no participa y se aleja cada vez más de la gestión pública municipal y, por supuesto, de la gestión pública nacional.

Todo gobierno municipal que sale le debe dejar al gobierno que entra, según lo establece la Ley, el presupuesto municipal para los próximos cuatro años. Afortunadamente, la práctica viene obligando a los gobiernos municipales a consultar ese Plan de Inversión Multianual con la población.

Y en la mayoría de los municipios de Nicaragua se han venido haciendo esos planes con una buena consulta ciudadana, con un activo acompañamiento de las ONG, quienes han apoyado a las comunidades para que elaboren sus diagnósticos comunitarios, sus planes comarcales, llegando hasta la identificación de sus prioridades anuales.

Es práctica de casi todos los nuevos gobiernos municipales que al llegar a la alcaldía reformen y cambien el presupuesto que les deja el gobierno saliente. Generalmente lo hacen para darle cabida a las promesas de campaña que hicieron a la población. En este monitoreo indagamos si al inicio de estos nuevos gobiernos se hicieron reformas al presupuesto y si esas reformas se consultaron. La Ley dice que si la reforma es para agregarle más fondos a una partida o para cambiar de posición algunas partidas, eso no requiere consulta y se puede hacer sólo con una autorización que el alcalde pide al concejo municipal. Pero si las reformas son para reorientar o cambiar proyectos o para cancelar algún proyecto a alguna comunidad y emplear esos recursos en gastos administrativos, eso sí hay que consultarlo a la población. Al indagar sobre esto, el 81% de las concejalas y concejales dijo que se hicieron reformas, pero al preguntarles si lo hicieron consultando, el 46% dijo que no se consultó a la población. El 67% de la sociedad civil dijo que no tenía idea de si se había reformado o no el presupuesto. Esto es alarmante, porque los líderes comunitarios, los de las ONG, los de las cooperativas, son los que viven pendientes de todo esto y si ellos no saben es porque las reformas se hicieron en el escritorio y no se consultaron. Si esto fue así, esta gente no sabe cómo quedó el presupuesto y si no tienen una copia del Plan de Inversión Multianual de su gobierno local puede que no se den cuenta si fue cancelado algún proyecto de una comunidad.

Las reformas al presupuesto pueden haberse hecho no sólo por cumplir promesas de campaña, también porque las alcaldías saben que en estos años van a contar con menos recursos: porque las transferencias del gobierno central van a disminuir, las recaudaciones municipales van a reducirse y también van a ser menores las donaciones.

Conviene recordar que la Ley de Participación Ciudadana establece los espacios de participación con los que el gobierno municipal debe consultar. En Nicaragua siempre ha habido una dinámica organizativa en las comunidades. En las comunidades rurales y en los barrios hay asociaciones de pobladores, comités de padres de familia, distintas agrupaciones. En los municipios están establecidos por la Ley los Comités de Desarrollo Municipal (CDM), integrados por las instituciones presentes en el municipio y por representantes de las comunidades.

El CDM fue organizado, según lo establece la Ley, para promover el desarrollo local en coordinación con el gobierno municipal. Es con el CDM con quien fundamentalmente el gobierno municipal debe elaborar el presupuesto y el Plan de Inversión Multianual. Esto venía funcionando más o menos desde hace unos años. Al inicio, los CDM fueron espacios controlados por el gobierno, pero ya en algunos municipios la sociedad civil y la población venía inyectando otro tipo de dinámicas convirtiéndolos en espacios más autónomos y plurales, con propuestas concretas donde la gente se involucraba de una manera más crítica y propositiva en la gestión municipal.

Con la llegada al gobierno del FSLN, la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía dirigida por Rosario Murillo creó otros espacios de participación para la “democracia directa”. En las bases, los CPC. A nivel municipal los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC). A nivel departamental los GPC departamentales. El gobierno del FSLN desapareció el CONPES y creó un Gabinete Nacional del Poder Ciudadano. Fuimos críticos de esta iniciativa porque ¿para qué crear otros espacios si la mayoría de la gente organizada y que estaba en los Comités de Desarrollo Comarcales y Municipales (CDC y CDM) eran fundamentalmente gente que venía del sandinismo? Sin embargo, Murillo creó todo un tendido organizativo de espacios verticales y controlados desde la Secretaría que ella dirige. De esto cualquiera se da cuenta viendo quiénes organizan los CPC, que son los secretarios políticos del FSLN, y cómo se activan: cuando el secretario político les lleva la orden de qué hacer y en qué tareas tienen que involucrarse.

Una anécdota muestra algo positivo y algo negativo de los CPC: una señora de un municipio integrada en un Gabinete del Poder Ciudadano decía orgullosa: “Ahora sí nos sentimos importantes. El alcalde nos dijo que si los del GPC no dábamos el aval de que el puente estaba bien hecho no le cancelaba al contratista”. Y alguien con más madurez le dijo: “¿Y ustedes qué saben de puentes, qué saben de la calidad de los materiales? ¿Cómo le van a pagar o no pagar a los contratistas según lo que digan quienes no saben nada de eso y ni siquiera miraron cómo se hizo ese puente?” Es cierto que mucha gente se siente importante en los CPC, pero darles esa decisión es irresponsable. Lo que necesitamos en Nicaragua es una ciudadanía madura, crítica, que participe con información y no una ciudadanía que diga “sí señor” a todo lo que le digan. Ojalá que algún día en Nicaragua podamos organizar verdaderos espacios de participación no controlados ni por el gobierno ni por los partidos ni por las iglesias ni por el capital.

La legalidad de los CPC está en la Constitución política, que establece que los nicaragüenses tenemos derecho a organizarnos. También dice la Constitución que la participación ciudadana se regulará por la ley de la materia, y en la Ley de Participación Ciudadana no se nombra a los CPC, que son un nuevo invento. El problema con los CPC no es si son o no legales, sino las dinámicas y contenidos que les pretende dar el gobierno central. El problema está en la manera en que el gobierno central pretende usarlos convirtiéndolos en entes paraestatales que manejan recursos públicos, controlan la agenda de los gobiernos municipales e incluso reprimen a quienes disienten, como hemos visto fundamentalmente en el caso de Managua.

En la Red hemos observado que, dejando aparte el caso de Managua, hay gente en los CPC que es manipulada por el partido para sus intereses, pero que buena parte de la gente que está en los CPC es gente que quiere trabajar por su comunidad y por eso hay que tomarla en cuenta. Pero también hay que tomar en cuenta a todos los espacios: a las asociaciones de pobladores, a la gente de los CDM, a la gente de los CDC. Hay que contar con la vigilancia de toda la sociedad civil para decidir qué priorizar con menos recursos. Ésa es la actitud correcta. Sin embargo, la tendencia que observamos en las alcaldías gobernadas por el FSLN es a consultar sólo con los CPC. En las del PLC también repiten la misma práctica, ambos excluyendo a grupos importantes de la población.

También indagamos en nuestra investigación por el financiamiento del desarrollo local preguntando a los gobiernos municipales qué estrategias tenían para financiarlo en la situación de crisis económica en la que estamos. El 52% dijo que su principal estrategia era pedirle al gobierno central. ¿Y qué le van a pedir al gobierno central, que también está en crisis? Y el 39% dijo que su principal estrategia era pedirle a la cooperación internacional.¿Y cómo le van a pedir, con la reducción de la cooperación a Nicaragua por razones políticas y por la crisis financiera internacional? Además, el gobierno central le está exigiendo actualmente a algunas agencias de cooperación bilateral que no trabajen directamente con las alcaldías y que lo hagan sólo a través del gobierno central, que será el que distribuirá la cooperación a los municipios. Sabemos también que hay varios hermanamientos de ciudades europeas con municipios nicaragüenses que se han suspendido por razones políticas desde el fraude en las elecciones municipales.

Estas dos estrategias para el desarrollo local son preocupantes, indican que no son sostenibles. El gobierno central va a transferir a los gobiernos municipales la misma cantidad o menos que el año pasado, a pesar de que la ley establece un incremento anual de esas transferencias. Van a ser menores también las transferencias porque al reducirse el presupuesto nacional será menor el monto sobre el que se aplicará el porcentaje que se transfiere a los municipios. Además, el FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia), el INIFOM (Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal) y el IDR (Instituto de Desarrollo Rural), que también trabajan con las alcaldías, ya tienen sus presupuestos recortados.

Indagamos también en las relaciones del gobierno municipal con las ONG. Porque las ONG juegan un papel importante en los municipios, a pesar de la campaña oficial de desprestigio contra ellas. Queríamos saber cómo eran percibidas las ONG en los municipios. El 70% de los concejales dijo que las ONG contribuyen al desarrollo local. Pensamos, entonces, que si una mayoría de concejales lo percibía así, lo lógico era que quisieran trabajar con las ONG en tareas complementarias o alternativas. Pero el porcentaje fue menor: el 64% dijo que sí quería trabajar con las ONG. Y a la pregunta de qué temas trabajar en colaboración, los concejales dijeron mayoritariamente que la seguridad alimentaria y la infraestructura y sólo el 13% mencionó la participación ciudadana.

Para quienes trabajamos en participación ciudadana este resultado es significativo y desalentador. Ya sabíamos que, en general, los gobiernos municipales no quieren trabajar en promover la participación ciudadana. Tal vez no saben aún que un proyecto de seguridad alimentaria o de infraestructura sin participación ciudadana no será un proyecto de desarrollo integral. Existe esta contradicción: todo mundo dice querer trabajar por el desarrollo local, pero no por un desarrollo local con participación ciudadana. Y si eso lo dicen en los primeros 100 días de gobierno, tememos que en la medida en que se acerquen las elecciones de 2011 esta tendencia a rechazar la participación de la población se va a acentuar.

En los últimos tiempos los municipios han tenido una relevancia política enorme en todo el mundo. Los estudiosos han demostrado que los municipios son el espacio más idóneo para garantizar una mejor relación entre el Estado y la ciudadanía, ya que las autoridades locales, el alcalde y los concejales, son conocidos, cercanos y de una forma o de otra toda la población sabe, se entera, de lo que pasa en su municipio. La democracia local ha adquirido una gran importancia, porque es en el espacio local donde la democracia puede llegar a ser más participativa.

Indagando sobre la democracia local, preguntamos sobre la vigencia de los Comités de Desarrollo Municipal y el 66% de concejalas y concejales de todos los partidos nos dijo que hay CDM en su municipio. Cuando les preguntamos si estaban funcionando, el 44% dijo que sí. Pero al preguntarles si los habían convocado para trabajar con ellos, sólo el 45% dijo que lo había hecho. Al indagar en cuáles municipios estaban funcionando los CDM encontramos que en el 80% de los municipios donde funcionan gobiernan alcaldes del PLC y esto sólo sucede en el 37% donde los alcaldes son del FSLN. En los municipios gobernados por el FSLN los espacios de participación que están funcionando son los CPC y los GPC.
El hecho de que los concejales liberales hayan dicho que en su municipio sí está funcionando el CDM no nos alegra porque conocemos municipios donde los alcaldes del PLC están organizando “su” CDM. Se agarraron de la Ley y lo están formando sólo con la gente de su partido. Hay municipios en que no es así, pero si nos descuidamos, los CDM -que deben ser plurales- pueden terminar siendo tan excluyentes partidariamente como lo son los CPC. Y entonces, los CDM, espacios por los que tanto hemos luchado, instancias que tanto hemos buscado desarrollar y con las que tanto hemos trabajado durante años, se desvirtuarían.

El 81% de concejalas y concejales afirmaron que en sus municipios estaban organizados los GPC. La meta del gobierno -organizar CPC y GPC- va avanzando. Los nuevos gobiernos municipales han impulsado ese tendido organizativo mucho más que los gobiernos del FSLN que terminaron a finales del 2008. El 26% de los concejales dijo que en su municipio el CDM pasó a formar parte del GPC, cuando debió haber sido al contrario: que el GPC se integrara, como un sector más, al CDM. Porque el CDM es el espacio de participación ciudadana por excelencia, el establecido por la Ley de Participación Ciudadana.

Indagamos también sobre las organizaciones comunitarias porque es importante saber con quiénes trabajan los gobiernos municipales en comarcas y barrios. Encontramos que, mayoritariamente, los concejales dicen trabajar con los CPC, con el modelo oficial del Poder Ciudadano. En las alcaldías gobernadas por el FSLN el 61% de los concejales dijo trabajar sólo con ellos. En las gobernadas por el PLC el 36% de los concejales dijo que trabaja con los Alcaldes Auxiliares.

Investigamos sobre la relación del concejo municipal con la sociedad civil. Esta relación se da principalmente en las sesiones públicas que tiene el concejo. Encontramos que el 54% de las organizaciones de la sociedad civil desconoce las fechas en que se reúne el concejo, lo que significa que no participan, que no están en la cotidianidad de la gestión pública municipal.

La relación concejo municipal-partidos políticos es más fluida. Alguna gente dice que como los concejales llegan a ese cargo por ser miembros de partidos, es lógico que otros representantes de los partidos lleguen a las sesiones del concejo. Realmente, no es malo que lleguen, lo malo es que participan en las sesiones con voz, incidiendo en la toma de decisiones. Y eso no está permitido en la Ley, que establece que pueden llegar a las sesiones, pero que si tienen alguna iniciativa la tienen que introducir a través de un concejal. Igual que en la Asamblea Nacional, donde las ciudadanas y ciudadanos tenemos que introducir cualquier iniciativa a través de un diputado que sea aliado para esa iniciativa.

Al indagar quiénes son los representantes de partidos que participan con voz, sospechábamos que eran sólo los del FSLN. Pero lo hacen ambos partidos, el FSLN y el PLC. Y donde más participan es en aquellos concejos municipales en donde están empatados los dos partidos. Donde uno de los partidos tiene mayoría y domina, ahí no llegan. Llegan donde hay más empate porque en esos municipios es donde se dan las confrontaciones y ya se han suspendido varias sesiones por desacuerdos entre las dos bancadas, la de liberales y la de sandinistas. En los concejos que se celebran en los municipios de la Costa Caribe sólo llegan representantes del FSLN. Los desacuerdos entre bancadas, la suspensión de sesiones, la participación de representantes de los partidos en las sesiones, no sólo se da en los municipios con resultados electorales cuestionados. Se da por igual en todos.

Después de estas encuestas y estos resultados podemos llegar a varias conclusiones y señalar varias tendencias. La gestión local en este período -más que en los anteriores- va a estar marcada por una práctica clientelista. Los del FSLN van a trabajar con los suyos, los del PLC con los suyos y ambos partidos con sus miembros, sus amigos y sus familiares. Esas prácticas clientelistas son dañinas para la democracia, para la democracia local, para la gobernabilidad y para la participación de la gente.

Otra conclusión, a partir de las tendencias que se aprecian, es que la polarización política en los municipios se agudizará cuando se acerquen las elecciones nacionales en 2011. Si ya hay polarización ahorita, imaginémonos lo que va a pasar cuando todos se muevan en función de buscar votos para su partido.

Otra conclusión es que los espacios establecidos en la Ley de Participación Ciudadana tienen más oportunidad en los municipios donde gobiernan alcaldes del PLC, pero hay que valorar cuál es la calidad de esos espacios. En los municipios gobernados por el FSLN esos espacios legales van a entrar en un impasse. No creo que se reactiven, a menos que los gobiernos municipales se den cuenta del error que es concentrarse en unos únicos espacios y no en generar procesos plurales que permitan buscar salidas verdaderamente nacionales.

Otra conclusión: la nueva forma que tiene el gobierno central para vincularse con la población genera un alto grado de dependencia y eso no es sano ni para la democracia ni para la economía familiar. Los programas sociales del gobierno son buenos, pero no deberían ser las únicas vías para resolver los problemas de la pobreza que padecemos en este país. No son estrategias que generan desarrollo. Hambre Cero, Usura Cero y otros programas del gobierno central son sólo tácticas “para mientras”…hasta que se diseñen estrategias sostenibles. Está bien entregar en donación animales a las familias, pero si eso no va acompañado de otras estrategias fracasará. Hace diez años trabajé en una organización en donde también había ese punto de partida, pero los proyectos iban acompañados de estrategias de comercialización, de asistencia técnica, de crédito revolvente, de semillas para sembrar…y todo eso permitió una organización comunitaria donde el producto iba rotando de una familia a otra. La estrategia actual del gobierno es buena para solventar necesidades urgentes, pero para sacar de la pobreza no lo es porque no es sostenible.

Algo positivo de lo que pudimos darnos cuenta en el monitoreo es que las mujeres y los jóvenes están participando más en el poder local. Sin embargo, sólo un 14% de alcaldes son mujeres, mientras que son vicealcaldesas un 61% de mujeres. Es decir, que entre más bajos son los cargos hay más mujeres y entre más altos hay más hombres. También es destacable que hay un porcentaje interesante de jóvenes en los concejos municipales, aunque en general son bastante tímidos y tienen una actitud pasiva, dejando opinar y hablar a la gente más adulta. Todavía la juventud no toma el control de los concejos ni tiene su propia agenda.

Se ha criticado mucho a los CPC, pero una crítica sin matices no sirve. Critiquemos al sistema y no a quienes están en el sistema. Hay mucha gente que está en los CPC que es gente que quiere trabajar. Es una realidad que los CPC están ganando fuerza por ser el único espacio de referencia del gobierno central y de los gobiernos municipales. La gente ya sabe que es en los CPC donde consigue algo para su barrio, su comunidad, su sector. Y si los CPC son el camino para conseguir algo y para encontrar algún nivel de respuesta del gobierno no irán a los CDM, sino a los CPC. El cambio se dará cuando la gente se integre a los CPC, pero no permita ser controlada partidariamente. Cuando la gente aprenda que si le dan algún beneficio social, eso no es a cambio del voto, sino que es un derecho que tiene y es un deber del gobierno responder a sus necesidades.

Todos los gobiernos, sin excepción, son centralistas. A ningún gobierno le gusta compartir el poder. Con la descentralización buscábamos que las regiones autónomas y los municipios salieran cada vez más de la órbita del poder central. Y eso porque es en los municipios donde tenemos más oportunidades de incidir en la gestión pública y porque en los municipios los proyectos se pueden ejecutar con menores recursos. Un proyecto ejecutado directamente por el FISE puede costar hasta el doble de lo que cuesta ejecutado por la alcaldía municipal. En los municipios la gente participa y se integra mucho más a la ejecución de los proyectos. Pero hoy ya casi no se habla de descentralización. Con este gobierno, en vez de seguir avanzando en la descentralización municipal, hay una re-centralización.

El gobierno actual no ha respetado lo que la Ley de Municipios establece sobre el nivel de autonomía de los gobiernos municipales para decidir con la población sin esperar órdenes del gobierno central, siguiendo sólo las órdenes de la población municipal. Ésa es la descentralización política y no se ha respetado. La descentralización financiera significa que el gobierno central garantiza recursos suficientes para que el gobierno municipal haga realidad lo que ha concertado con su población. Recursos suficientes significa que las transferencias del gobierno central y la recaudación de impuestos municipales son suficientes.

Ojalá que en algún momento los gobiernos municipales despierten y reclamen su autonomía. Ojalá que los concejos municipales descubran y se apropien de la idea de que son ellos la autoridad del municipio y el alcalde es su ejecutivo, el que debe administrar y ejecutar lo que el concejo municipal apruebe y acuerde.

Ése es un problema frecuente: que los concejos municipales ven al alcalde como máxima autoridad, cuando es el concejo la máxima autoridad local.

Ojalá que entendamos que somos nosotros, las ciudadanas y ciudadanos, y no los partidos ni los líderes, quienes podemos hacer el cambio. Y ojalá que empecemos a dar voz a los municipios y a salir de Managua. Tal vez así, si todo esto sucede, empezaremos de verdad a superar la pobreza, ese músculo fuerte que hoy ahoga a la pobre democracia que tenemos.

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