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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 328 | Julio 2009
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Honduras

Políticos, empresarios y militares: protagonistas de un golpe anunciado

El golpe militar en Honduras no surge de la nada. El Presidente Zelaya arrancado de su cama en la madrugada, el avión que lo saca de su país y lo aparta de su cargo, los militares enseñoreados de las calles… Esta tragedia tiene actos previos. En el escenario son varios los protagonistas. Tras bambalinas son muchos los intereses. Las cuotas de responsabilidad se reparten entre todos los actores.

Leticia Salomón

LA DETENCIÓN
Y EXPATRIACIÓN DEL PRESIDENTE

El domingo 28 de junio de 2009 un contingente de militares rodearon la residencia del Presidente de la República, Manuel Zelaya Rosales (2006-2010), lo detuvieron, lo trasladaron a la Fuerza Aérea Hondureña y lo enviaron a Costa Rica, en un acto similar al que realizaban los militares en el pasado cuando querían deshacerse de los antiguos Jefes de las Fuerzas Armadas. El detonante principal fue la convocatoria a una encuesta de opinión a realizarse ese mismo día, promovida por el Presidente de la República, a través de la cual se le consultaría a la ciudadanía si deseaba que en las elecciones de noviembre se colocara una cuarta urna -las otras tres corresponden al Presidente, a los diputados y a los alcaldes- para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el 2010, cuyo fin primordial sería la elaboración de una nueva Constitución de la República.

EL PROCESO
DEL GOLPE DE ESTADO

El golpe de Estado se venía gestando desde varios días atrás, alimentado por una confrontación creciente entre los tres poderes del Estado, específicamente entre los poderes Legislativo y Judicial contra el Poder Ejecutivo. Una de las manifestaciones más evidentes fue el desconocimiento por dos poderes del Estado de la decisión del Presidente de la República de destituir al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, por negarse a cumplir una orden del Ejecutivo, facultad establecida en la propia Constitución de la República, que se enmarca dentro de la subordinación jerárquica de las Fuerzas Armadas al poder legítimamente constituido. La restitución del mencionado General en su cargo, en una operación relámpago por parte de la Corte Suprema de Justicia y similar
acción por parte del Congreso Nacional, que llegó al extremo de declarar “héroe nacional” al militar, constituyó
un atentado a la independencia de poderes y llevó al límite la negativa de ambos poderes a realizar
una consulta ciudadana.

La decisión de consumar el golpe de Estado se tomó el jueves 25 de junio, cuando el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, pidió al pleno declarar inhabilitado al Presidente de la República para continuar desempeñando su cargo y procedió a constituir una Comisión de Dictamen cuya resolución no se produjo con la celeridad que se esperaba, lo que unido a la cautela del embajador de los Estados Unidos para apoyar la inhabilitación, impidió que el golpe
de Estado se consumara ese mismo día.

EL DESENCADENANTE

La Constitución vigente en Honduras data de 1982 y en ella no se contemplan los mecanismos para revisarla y crear una nueva. Los constituyentes de la época, conscientes de las debilidades de los partidos políticos tradicionales, establecieron un conjunto de artículos denominados “pétreos” y una advertencia encaminada a considerar como delito cualquier intento de reformarla. La iniciativa del Presidente Zelaya de impulsar una consulta-encuesta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía si quería que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de 2009, para decidir sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que se encargaría de reformar la Constitución recibió una reacción adversa de la clase política, que recordaba constantemente que en el pasado autoritario esa propuesta llevaba implícito un golpe de Estado y, derivado de eso, el empeño continuista del Presidente de la República. A partir de ese momento, todo intento del Presidente para realizar la consulta chocaba con la oposición del Poder Legislativo primero y del Poder Judicial después. Ambos intensificaban su oposición emitiendo constantes y veloces fallos de ilegalidad a las iniciativas del poder Ejecutivo relacionadas con la cuarta urna, ya fuera como consulta o como encuesta.

LA ALIANZA
POLÍTICO-ECONÓMICA-MEDIÁTICA

Todos estos hechos permitieron la confluencia de intereses diversos:En primer lugar, los intereses político-partidarios, que aglutinaron a seguidores del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, candidato perdedor en las elecciones primarias del Partido Liberal, con un fuerte resentimiento con el Presidente Zelaya, por no haberle dado el apoyo suficiente para asegurar su triunfo. Se aglutinaron también militantes del Partido Nacional, que vieron la iniciativa del Presidente Zelaya como una amenaza al triunfo del candidato de su Partido, Porfirio “Pepe” Lobo. Con ellos también, diputados de dos de los tres partidos pequeños, PINU y Democracia Cristiana, que se posicionaron al lado de Micheletti en la confrontación de poderes del Estado. La excepción la constituyó el partido Unificación Democrática, de tendencia izquierdista y con muy poca representación en el Congreso.

En segundo lugar, intereses político-institucionales, en torno a los que se agruparon varias instituciones. La Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho son del Partido Liberal, incluido su presidente, y siete son del Partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente de la Corte Suprema, mantiene una relación de dependencia directa con Micheletti. El Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al Partido Liberal y el Fiscal General Adjunto, del Partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el Congreso Nacional después de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el presidente Micheletti jugó un papel activo. La Procuraduría General de la República, presidida por una liberal nombrada
por el Congreso Nacional y con fuerte dependencia de su partido. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional tras intensas negociaciones con el Partido Liberal y el Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente pertenece al Partido Liberal y mantiene vínculos directos con Micheletti.

En tercer lugar, intereses económicos, que unieron a dirigentes empresariales de las organizaciones gremiales, al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que estaban disgustados con la decisión presidencial de aumentar unilateralmente el salario mínimo en diciembre de 2008, a pesar de la negativa empresarial al incremento.

En cuarto lugar, intereses mediáticos, que hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación.
A Rafael Ferrari, del Partido Liberal, dueño de los canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y varias radios menores. A Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex-Presidente de Honduras y dueño del diario “La Tribuna”, de mucha influencia en la zona central del país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional, a quien colocó por su amistad con Micheletti, con una relación de dependencia hacia el ex-Presidente. A Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de los diarios “El Heraldo” y “La Prensa”, con fuerte influencia en la zona central el primero y a nivel nacional el segundo, confrontado con el gobierno de Zelaya desde el inicio por cuestiones partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno.

Desde hace dos años el Presidente Zelaya comenzó a señalar a los “poderes fácticos” que lo presionaban para conseguir beneficios económicos, entre ellos los empresarios de medios de comunicación y de otras actividades económicas.

LOS ARGUMENTOS
“Zelaya quería imponer la democracia participativa”

La clase política del país, representada en el Congreso Nacional a través de los partidos constituidos, ha manifestado una resistencia creciente a aceptar nuevas formas de democracia, como la participativa, argumentando que la democracia representativa es la única forma de ejercicio de la democracia y que los diputados al Congreso Nacional son los únicos facultados para opinar sobre los asuntos públicos. La idea de consultar a la ciudadanía para opinar sobre un asunto de trascendencia nacional, como la creación de una nueva Constitución adaptada a los cambios que ha experimentado el contexto nacional e internacional tras 28 años de haber sido emitida, alteró la calma legislativa y los diputados comenzaron a argumentar que la Constitución de la República no se podía cambiar porque los constituyentes que emitieron la Constitución de 1982, actualmente vigente, decidieron que había artículos pétreos que hacían imposible que la Constitución fuera reformada.

“Zelaya desobedeció
las órdenes judiciales”

La insistencia del Presidente de la República de continuar adelante con la idea de la cuarta urna, pese a la oposición del Poder Legislativo, secundada por el Poder Judicial, llevó al límite la confrontación entre los poderes del Estado y todos ellos terminaron con argumentaciones y contra-argumentaciones jurídicas que evidenciaron la politización partidaria del Poder Judicial, que se posicionó al lado del Poder Legislativo en el conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. De esta manera, lo que pudo haber sido un conflicto exclusivamente jurídico, que debía resolverse en los tribunales de Justicia, se convirtió en un problema esencialmente político, que se manejó públicamente como problema jurídico, aunque privadamente, a través de negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la alianza político-económica-mediática, se manejó como un problema político.

“Zelaya pretendía
continuar en el poder”

El argumento del continuismo comenzó a ser utilizado por el Congreso Nacional, secundado por los dueños de medios de comunicación, la empresa privada, sectores conservadores, personas y grupos interesados y militares retirados. Todos comenzaron a plantar la idea de que Zelaya quería continuar en el poder, a pesar de su reiterada afirmación de que estaría en el gobierno hasta el último día de su mandato y que la Asamblea Nacional Constituyente sería tarea del nuevo gobierno que iniciaría en 2010.

En esta percepción pudieron influir declaraciones iniciales contradictorias por parte de funcionarios allegados
a Zelaya, que pudieron contribuir a confundir a los sectores en confrontación sobre este tema, aunque la percepción adquirió su propia dinámica y comenzó a repetirse una y otra vez por todos los componentes de la alianza política-económica-mediática, hasta lograr un alto nivel de desinformación.

“Zelaya quería instaurar
el comunismo en el país”

La cercanía del Presidente Zelaya con los países integrantes de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y Petrocaribe le creó una imagen de centro izquierda que incomodó a empresarios y políticos, que comenzaron a asociar todas las decisiones gubernamentales con acciones encaminadas a instaurar el comunismo en el país, situación que fue hábilmente manipulada por los medios y repetida insistentemente por los militares retirados, que adquirieron un protagonismo creado y estimulado por las fuerzas opositoras al gobierno.

La cercanía a los países de la ALBA -en particular, Venezuela, Nicaragua y Cuba- les llevó a estigmatizar a los gobiernos y ciudadanos de estos tres países y a considerar que la presencia de sus embajadores en el país constituía una amenaza para la democracia.

“Zelaya ha incumplido
sus funciones”

El tema de la cuarta urna desplazó a todos los otros temas de la agenda nacional, acaparando la atención de legisladores, funcionarios y medios de comunicación, al extremo que los medios de la alianza político-económica-mediática dedicaban espacios casi completos a cuestionar el tema. Y por supuesto, el gobierno utilizaba
el canal del Estado y un par de canales más para defender su posición en torno a la cuarta urna. La alianza opositora continuó cuestionando la insistencia presidencial en mantener el tema y decidieron cuestionarlo por la falta
de atención, que según ellos, le restaba a la fiebre porcina, a las inundaciones y a las consecuencias del reciente terremoto.

EL PAPEL DE LOS MILITARES

Conforme avanzaba la confrontación entre los poderes del Estado, en una evidente crisis de ingobernabilidad política, la alianza opositora comenzó a acercarse al Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, y a la Junta de Comandantes, para pedirles que no obedecieran las órdenes del Presidente de la República de repartir las cajas para la encuesta de opinión en todo el país. A la vez que negociaban con la cúpula militar en privado, colocaban en la agenda pública a militares retirados, protagonistas de la década de los 80, formados en plena Guerra Fría, reafirmando posiciones anticomunistas, incitando a la desobediencia y haciendo llamados a la insubordinación de los militares activos.

La crisis permitió que personajes sumidos en el anonimato adquirieran visibilidad y se convirtieran en referentes notables para los medios de comunicación de la alianza opositora, militarizando la agenda de los medios y polarizando la sociedad en dos grupos fuertemente enfrentados: quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. La destitución del Jefe del Estado Mayor y la renuncia del Secretario de Defensa, Edmundo Orellana, fue una consecuencia lógica de la presión político-jurídica a que se vieron enfrentados los militares durante varios días de confrontación.

Hasta ese momento, las Fuerzas Armadas aparecían como víctimas de la polarización civil en el plano político.
A partir de ahí, y tras la restitución político-judicial del General en su cargo, y después de su reconocimiento público en el Congreso como “héroe nacional” por haber desobedecido al Presidente de la República, el militar comenzó a participar en marchas y protestas callejeras y a dar entrevistas para los medios opositores, definiéndose claramente del lado de la alianza político-económica-mediática. La Junta de Comandantes, constituida por los Jefes de las tres fuerzas y el Inspector General, además del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto, decidió involucrarse en la confrontación, tomando partido por la alianza opositora y ejecutando el golpe de Estado en la madrugada del 28 de junio.

Muchos años de profesionalización y creciente subordinación militar a los gobiernos legítimamente constituidos fueron echados por la borda por los Comandantes militares, que prefirieron anteponer sus intereses y rencores particulares, y sucumbir ante el poder económico y político, cometiendo uno de los errores más grandes que marcarán negativamente a su institución. En estos 28 años de construcción democrática, las Fuerzas Armadas lograron construir paso a paso una fuerte legitimidad ante la sociedad, al grado que aparecían en las encuestas con un nivel de aceptación similar al de la iglesia católica. Verlos en la calle, al lado de la Policía, persiguiendo y golpeando a ciudadanos hondureños que rechazaron el golpe de Estado, representa un retroceso grave por el cual pagarán un precio ante la sociedad y ante la historia.

LAS CONTRADICCIONES
DEL CONGRESO NACIONAL

Lo ocurrido en el Congreso durante el domingo 28 de junio pasará a la historia del país como un ejemplo de los extremos a los que puede conducir la combinación de intolerancia, manipulación del significado de la democracia, intereses personales, ideologización del conflicto político y rivalidades intra-partidarias. Lo más lamentable es la reproducción de los viejos métodos militares, que combinaban mentiras sostenidas como verdades, silencio oficial ante la situación crítica, sometimiento de los medios de comunicación opuestos al golpe, desinformación, ausencia de información sobre lo que ocurre, intervención de teléfonos, detención de funcionarios, represión de manifestantes, interrupción del fluido eléctrico, intento de controlar la comunicación electrónica y autoproclamación como defensores de la nación.

Todo esto produjo una serie de contradicciones en las que incurrieron los diputados y allegados, reproducidas fielmente por los medios de comunicación.

La carta de renuncia
del Presidente Zelaya

La justificación del golpe de Estado fue la renuncia que supuestamente había firmado y sellado el Presidente de la República el domingo 28 de junio, en la que indicaba que lo hacía por razones de salud y para preservar la paz de la nación. La carta era del 25 de junio, fecha en que se había planificado el golpe de Estado como producto de las conversaciones entre Micheletti, presidente del Congreso Nacional y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, y en la cual esperaban inhabilitar al Presidente Zelaya.

Sustitución versus derrocamiento

La argumentación central utilizada por los diputados del Congreso Nacional es que ante el vacío dejado por la renuncia del Presidente de la República, el Congreso Nacional se vio obligado a sustituirlo por el Presidente del Congreso, a quien le toca constitucionalmente la sucesión en el cargo. Sin embargo, ellos mismos y sus allegados han caído en contradicciones al repetir que el Presidente ha sido derrocado, relevado de su cargo, inhabilitado o separado del mismo por incumplir órdenes judiciales. El Decreto Legislativo estableció desaprobar la actuación del Presidente de la República y separarlo de su cargo.

Espíritu de cuerpo
versus intereses partidarios

El Congreso Nacional ha asumido posiciones bastante homogéneas ante el golpe de Estado. Ha aparecido como un poder del Estado confrontado con otro poder del Estado, sin distinciones partidarias entre liberales y nacionalistas, aunque a nivel individual cada uno apuesta a sus propios intereses, como la distribución de cargos públicos en los siete meses que faltan para que Zelaya termine su período presidencial, y la distribución de cargos en el Congreso Nacional, una vez que inicie el próximo gobierno. Los nacionalistas apostaron al golpe confiando en que esta crisis ahondaría las diferencias del Partido Liberal y les haría perder las elecciones de noviembre. Los liberales apostaron al golpe pensando que el control del gobierno por siete meses les permitirá disponer de recursos públicos para financiar su campaña y ganar los comicios de noviembre.

De candidato perdedor
a presidente de facto

La pérdida de las elecciones primarias de su partido ante su opositor, Elvin Santos, no fue un obstáculo para incorporar a Micheletti como socio menor en el proceso de golpe de Estado, porque esa alianza lo fortalecía frente a Zelaya, quien lucía aislado de su partido. El resentimiento generado como resultado de las frustradas aspiraciones presidenciales de Micheletti por la vía legal, se vio compensado ante la posibilidad de ser Presidente de la República por la vía ilegal, aunque fuera como producto de un golpe de Estado.

LAS DEBILIDADES
GENERADORAS DE LA CRISIS

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en el golpe de Estado del 28 de junio tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia en nuestro país.

Politización partidaria
de las instituciones

Todas las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirles un sello partidario excluyente, subordinado e irrespetuoso, traspasa los límites de lo aceptable y se convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una grave debilidad, que ha aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda reflexión.

Candidatura presidencial de los Presidentes del Poder Legislativo

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de gobierno, cuando comienzan a definirse los pre-candidatos y candidatos a la Presidencia de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional, lo que conduce al Parlamento a poner distancia del poder Ejecutivo e inclusive a confrontarlo, para obtener así una mayor aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo.

En años pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las instituciones -en particular del Sistema Judicial- ha hecho que los dos últimos Presidentes del Congreso hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la prohibición derivada de una reforma constitucional.

Incapacidad política
para lograr acuerdos

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado a nuestro país de los enfrentamientos bélicos que se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima expresión en la crisis que condujo al actual golpe de Estado, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política para que las dos partes en conflicto cedieran, tuvieran una mayor disposición a la negociación y una mejor preparación para la solución pacífica de los conflictos.

Recurrencia a poderes arbitrales:
ejército e iglesias

Una gran debilidad del sistema político hondureño -muy vinculada a la anterior- es la constante búsqueda de poderes arbitrales para solucionar los conflictos. La recurrencia a las Fuerzas Armadas es la actitud que ha caracterizado históricamente al sistema. Esta decisión ha terminado siempre, como ahora, en golpes de Estado, tras otorgarle a los militares un protagonismo político que no les corresponde.

Una nueva manifestación de esta tendencia se expresa en la recurrencia a las iglesias como factores mediadores
y arbitrales, papel que tampoco les corresponde por la condición laica del Estado hondureño. En este proceso de polarización y posterior golpe de Estado, las iglesias hondureñas -tanto la católica como las evangélicas- no sólo fallaron en su papel mediador, sino que se inclinaron por una de las fuerzas en conflicto, exacerbando los ánimos
e intensificando la polarización. Esta tendencia es negativa porque le concede protagonismo político a dos instituciones que no deben tenerlo porque ocupan y deben ocupar espacios que no deben contaminarse por la política.

Cultura de intolerancia,
irrespeto y confrontación

Una característica relativamente nueva del sistema político hondureño es la intolerancia a quienes son y piensan diferente; el irrespeto al otro, incluidas las máximas autoridades de nuestro país y la tendencia a convertir los diálogos en confrontaciones. Esto se ha observado con mucha preocupación en la crisis actual, tanto en el ámbito político como en el ámbito social. Llama la atención que la confrontación llegó al límite, provocada y estimulada por los medios de comunicación de la alianza opositora, impregnando a la sociedad de lo que hasta ahora ha sido una característica de los medios en general: ofensas, lenguaje soez, gritos, invasión de la privacidad, agresión, acusaciones infundadas… Todo esto se vio en este proceso y todo esto imposibilita más la búsqueda de consensos y la solución pacífica de los conflictos.

GOLPE AL PROCESO DEMOCRÁTICO

Si no fuera por el drama provocado por el golpe de Estado, la detención y expulsión del Presidente Zelaya, la represión de manifestantes, las violaciones a las garantías individuales y los controles a la libertad de expresión, provocaría hilaridad la forma en que los políticos hondureños definen la democracia, el orden democrático y el fortalecimiento institucional. Mantienen el viejo concepto ideologizado de democracia, que colocaba a los militares como sus máximos defensores. Consideran orden democrático al castigo impuesto al Presidente de un poder del Estado por atreverse a desafiar al Congreso Nacional. Y denominan fortalecimiento institucional a la rapidez con que nombran a su sustituto y a su nuevo gabinete. La situación se volvería más hilarante si los escuchamos razonando sobre por qué lo sucedido no puede definirse como un golpe de Estado: no lo es, dicen, porque siguen existiendo los tres poderes, no se ha roto el orden constitucional y no hay militares al frente de las instituciones del Estado.

Los políticos hondureños le han dado un fuerte golpe al proceso de construcción democrática que se ha venido gestando en Honduras en los últimos 28 años, demostrando intolerancia, irrespeto a la independencia de poderes, autoritarismo, ignorancia de los cambios que se han producido en el contexto internacional, ambiciones desmedidas, subordinación a los grupos económicos y un profundo irrespeto al Estado de Derecho.

Las Fuerzas Armadas se volvieron cómplices del rompimiento del orden constitucional y le provocaron un profundo daño a su imagen institucional, sustituyendo su condición profesional, apolítica y no deliberante, por la condición peyorativa de “gorilas” con que se les conocía hasta la década de los 80. Se sumaron al juego de los protagonistas de la alianza político-económica- mediática y se convirtieron en instrumento para que ellos lograran sus objetivos y se quedaran con la gloria, mientras la institución militar se quedaba con la ignominia.

INDICADORES DE AVANCE

Todas las personas, grupos y políticos tienen derecho a apoyar o rechazar sistemas ideológicos que caracterizan a los países de nuestro continente. A lo que no tienen derecho es a imponer su criterio particular como criterio general de la sociedad, a impedir que un Presidente termine su mandato constitucional porque no comparten con él sus simpatías personales con otros Presidentes y a impedir que la ciudadanía sea consultada sobre cualquier tema, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución. Manifestarse sobre éstos y otros temas es también un derecho de todos, pero expresar públicamente nuestras preferencias y gritarlas con toda la fuerza que podamos no nos hace superiores a los otros.

Consultar a la ciudadanía no puede ser nunca un acto ilegal: cuando los integrantes de la alianza política-económica-mediática asuman el significado de esta frase será un gran indicador de avances en la cultura política democrática. Reconocer y respetar la coexistencia de personas, partidos y países que son o piensan diferentes será un gran indicador de que las Fuerzas Armadas hondureñas superaron su condición primitiva y atrasada. Emitir una opinión no implica obligatoriamente estar a favor o en contra: cuando la sociedad hondureña asuma este criterio será un gran indicador de su capacidad para debatir y proponer.

SOCIÓLOGA Y ECONOMISTA, PROFESORA-INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.

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