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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 321 | Diciembre 2008
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Nicaragua

El CAFTA – DR, el ALBA y la Trinidad del Desarrollo Sostenible

Desde hace más de tres años el CAFTA-DR, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, funciona en Nicaragua. Desde hace casi dos años el ALBA, nacida en la Venezuela de Chávez, también funciona en Nicaragua. Ambos instrumentos de desarrollo conviven. Antes de medir sus primeros resultados netos, cabe la pregunta: ¿Garantizan un desarrollo sostenible?

Gloria María Carrión Fonseca

Tres pilares sostienen, cual fundaciones de una casa, al desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. En los modelos comerciales actuales no siempre están presentes los tres. A veces, todo pende sólo de uno e irremediablemente la casa puede derrumbarse. Este escrito cuenta dos cosas. Por un lado, los lleva de la mano por los pasillos de una universidad de Londres tras la huella del desarrollo sostenible. Por otro, los invita a reflexionar sobre el poder, la participación y el desarrollo incluyente con el lente del CAFTA-DR y con el del ALBA. O con el del CAFTALBA, conviviendo ambos en Nicaragua.

EN LONDRES PESCANDO UN PARADIGMA

Londres se despertó en medio del bullicio. Las avenidas se le habían llenado de taxis negro escarabajo y buses rojos de dos pisos a la inclemente hora de las 7 de la mañana. Millones de personas salían y entraban de las estaciones de metro como hormigas en plena faena. Londres decidió, entonces, recorrer poco a poco, calle a calle, para verificar que todo estuviera en su lugar. Que el vendedor de periódicos de la esquina, un hindú recién nacionalizado inglés, abriera su tiangue a tiempo. Que los cafés tuvieran listas las infusiones cafeínicas de sus clientes. Y que mi despertador sonara sin falta a las 7:15.

Yo era nueva en esas latitudes. Había llegado a Londres un par de semanas atrás con la emoción de cualquier centroamericana becada en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas. Vivía en la ribera sur. En el Londres de Dickens y Shakespeare. Del lado donde se había impreso la otra historia de la revolución industrial: la pobreza, las enfermedades y el frío. En pleno 2004, ese legado estaba aún latente, si bien mucho más atenuado. Hasta hacía muy poco en esa zona -cuentan los londineses- te robaban la cartera o el carro en un dos por tres.

Sin embargo, desde que la alcaldía decidió acondicionar una agradable caminata a lo largo del Támesis, la ribera sur había incrementado su valor. Varias galerías de arte, pubs y restaurantes abrieron sus puertas y los edificios de apartamentos modernos y carísimos no tardaron en aparecer. Cuando yo me instalé en la residencia de estudiantes de la Calle Great Dover, la zona era una mezcla de edificios para profesionales jóvenes y exitosos -léase banqueros o aprendices- junto a viviendas sociales grises donde viven los londinenses pobres y los inmigrantes. La línea que dividía a esos dos mundos era muy fina. Mi residencia estaba justo ahí, cual muro de contención.

La universidad no era más que tres calles con varios edificios y una enorme y surtida biblioteca. El número de pubs per cápita era el más alto nunca antes visto en mi vida universitaria. Los otros compañeros de la Maestría en Medioambiente y Desarrollo eran en su mayoría norteamericanos, varios europeos, un puñado de latinoamericanos, asiáticos y africanos, y un número más bien raquítico de británicos. Las clases eran, en su mayoría, sobre ecología política, economía ambiental, género y desarrollo, y economía política internacional. Todas buscaban enseñarnos, desde distintas perspectivas, sobre el desarrollo sostenible, ese pez lucio que cuando crees que lo has atrapado se te escapa de las manos. A eso, entre otras cosas, había llegado a Londres: a pescar un paradigma.

EN LA TRINIDAD DEL DESARROLLO
QUIÉN TIENE MÁS PODER

De todas las conferencias y clases que recibí ese año, dos me marcaron profundamente. La de economía política internacional y la de ecología política. Tres ideas que discutimos en esas clases me acompañan siempre.

La primera es que las relaciones de poder se cuelan por todas las rendijas de la existencia humana y especialmente en los regímenes político-económicos que construimos. La segunda es que un modelo de desarrollo debe ser incluyente y por tanto asegurar la participación efectiva de todos los actores de la sociedad. En otras palabras, que no se quede nadie sin opinar. La tercera es que el desarrollo sostenible debe estar basado en tres pilares: el económico, el social -donde también se incluye lo institucional- y el ambiental. Igual que una casa sin fundaciones se cae, así el desarrollo, para ser duradero debe apoyarse en esta trinidad.

Dirán muchos que esto suena muy bonito. Pero, ¿y de qué sirve ese chagüite académico en un país como Nicaragua? Pues, de mucho. Sobre todo si lo aplicamos a los dos regímenes político-económicos más importantes que conviven en este momento en Nicaragua: el CAFTA-DR y el ALBA. Empecemos, pues, por el poder.

La clase de economía política internacional la impartían dos grandes maestros, Ken Shalden y Robert Wade, Shalden estadounidense y Wade australiano. Es apasionante sentir el momento preciso en que el conocimiento ilumina la mente y la encandila con una idea. Una sabe que nada volverá a ser igual. Así llegó a mi entendimiento la noción del poder y, sobre todo, la de la ubicuidad -esa envidiable cualidad de estar en todos lados al mismo tiempo- de las relaciones de poder en los regímenes internacionales. “Develen a los actores y a sus intereses”, nos repetía Ken cada tanto. Y es que el poder y los distintos grados que cada actor ejerce del poder que tiene condicionan el régimen político económico que se obtiene al final. En otras palabras, al más gritón le dan más pinol.

El poder se ejerce y expresa de muchas maneras, incluso en la vida diaria. O sea que tiene una alta capacidad camaleónica. En economía, una de las formas predilectas del poder es el de la ideología. Y es que la fuerza de una idea puede diezmar poblaciones, inventar artefactos voladores y cambiar el rumbo de la historia del mundo. Basta con pensar en Nicolás Copérnico y su incendiaria idea de que el Sol y no la Tierra era el centro de nuestro sistema en el Cosmos.

La economía se vuelve política cuando va revestida de ideología. El neoliberalismo parte de una idea muy poderosa. El libre comercio, dicen los economistas de esta escuela, genera desarrollo económico y éste a su vez se “chorrea” desde los grupos que generan riqueza hacia aquellos que no la tienen. La realidad, sin embargo, cuenta otra historia: ésa en la cual el poder y los intereses particulares determinan si esa riqueza se concentra en algunas manos o se distribuye.

QUIÉN PONE LAS REGLAS DEL JUEGO

En el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el CAFTA-DR, el poder se manifestó a tres niveles. El primero, entre país y país, Nicaragua vs. Estados Unidos. El segundo, entre actores como el sector privado y la sociedad civil. Y el tercero, dentro de estos dos grupos.

Imagínense un torneo de boxeo. En una esquina del cuadrilátero está un boxeador peso pluma, un tanto raquítico, con los guantes puestos, dispuesto a darlo todo. Pero a su alrededor no hay nadie que le pase el agua, el entrenador salió a fumarse un cigarrillo y tampoco está el que le quitará el sudor con una toalla. Del otro lado, se prepara un peso pesado con varios premios a cuestas. Tiene un séquito de gente que le asegura agua, toalla y masaje. Está acostumbrado a ganar. Casi siempre gana.

Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), relata cómo fue el final de las negociaciones del CAFTA-DR en Washington: “El TLC acaba de firmarse cuando la foto oficial es tomada, pero las celebraciones comenzaron sin un acuerdo en la cuota de azúcar para Nicaragua.” Quien tiene el poder lleva la voz cantante. Los tratados de libre comercio se negocian por capítulos.

Desde el comienzo, los negociadores estadounidenses dictaron las reglas del juego. Nicaragua y los otros países centroamericanos podían negociar el capítulo sobre “acceso a mercado”, en el que por lo general los países buscan acordar accesos favorables a sus productos agrícolas e industriales. En cambio, los otros temas, la propiedad intelectual, los servicios, y las inversiones, quedaron fuera de la mesa de negociación. El equipo negociador de Estados Unidos llevó unos textos pre-cocinados, a los que según un negociador centroamericano “solo podían hacérsele cambios cosméticos”. Así quedaron también por fuera temas espinosos como los millonarios subsidios agrícolas que Estados Unidos reparte a sus productores, sacando de la jugada a la mayoría de los pequeños y medianos productores agrícolas nicaragüenses.

Sin embargo, quizás el momento en el que más claro quedó plasmado el desbalance de poder entre los dos países fue cuando el CAFTA-DR entró al Congreso de Estados Unidos para su aprobación. A los textileros del sur de los Estados Unidos no les hizo mucha gracia que Nicaragua obtuviera un plazo de 10 años para importar tela de países como China, que es en general más barata. Esto, según ellos, debilitaría sus negocios. Presionaron entonces a sus congresistas hasta tal punto que los negociadores estadounidenses modificaron la concesión textilera hecha a Nicaragua. Si bien el plazo no fue recortado, como inicialmente pretendían estos textileros, sí se estableció que por cada prenda de vestir que se produzca en Nicaragua con tela china, la otra tiene que estar hecha con tela de los textileros del sur. Así de simple, tal como dos más dos es cuatro.

EL GRAN SECTOR PRIVADO:
INVITADO DE HONOR EN LOS LOBBYS DE HOTEL

Los grandes interlocutores económicos fueron más exitosos que la sociedad civil cabildeando al equipo negociador en el CAFTA-DR. Representantes del sector privado como los azucareros de la CNPA, la Asociación Nicaragüense de Textil y Confección (ANITEC) y el Matadero San Martín tenían acceso directo a los negociadores.

Cuenta Fernando Traversari, vicepresidente de ANITEC, que su asociación trabajó hombro a hombro con el equipo negociador en el diseño de la estrategia de negociación: “Al inicio los negociadores no conocían bien la industria ni sus detalles técnicos. Pero fueron aprendiendo hasta que desarrollamos una sinergia que funcionó muy bien. Juntos, definíamos los conceptos que luego se convertían en estrategias para la mesa de negociación”. Esta cercanía entre el sector privado y los negociadores no fue la excepción, sino la regla. Se creó entre ellos una especie de simbiosis en la cual los negociadores conseguían información valiosa y el sector privado aseguraba que sus intereses tuvieran eco en la posición negociadora del país. En otras palabras, era un escenario perfecto o como a los economistas les gusta decir: un escenario de ganar-ganar.

Las reuniones entre estos dos actores eran generalmente de noche después de las negociaciones. Los encuentros eran bilaterales y la información se canalizaba de manera formal e informal. Formal porque se presentaba en el “cuarto de al lado”, una sala que estaba literalmente al lado del lugar donde se estaba negociando el CAFTA-DR. Informal, porque como recuerda Alfredo Marín, Gerente General del Matadero San Martin, los negociadores les pasaban información en los pasillos o lobby del hotel, por conversaciones telefónicas o almorzando en algún lugar. En el CAFTA-DR, pues, el sector privado era como quien dice un invitado de honor. La estrategia funcionó bastante bien. Los logros más importantes para el acceso al mercado de Estados Unidos en el CAFTA-DR fueron textiles y confección, azúcar y carne, entre otros.

CUANDO LAS PROPUESTAS
SON “POLÍTICAMENTE INDEFENDIBLES”

Para dimensionar el poder del gran sector privado en las negociaciones del CAFTA-DR es necesario entender qué pasó con la sociedad civil. Frente al tratado, la sociedad civil nicaragüense se dividió. Unos, como la Iniciativa CID, consideraron importante incidir en el proceso, mientras que otros, como aquellos que formaron el movimiento Anti-CAFTA, decidieron “pelearlo en la calle”. En varias marchas, estos actores vociferaron su descontento. La Iniciativa CID -conformada por el Centro Humboldt, la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas y Agroindustriales (FENACOOP) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)- se sumó al “cuarto de al lado”.

Pero la relación de la Iniciativa CID con el equipo negociador no fue tan fluida como la del sector privado. Amado Ordóñez, Director Ejecutivo del Centro Humboldt, cuenta que había tal nivel de desconfianza entre la Iniciativa CID y el gobierno que las propuestas de la sociedad civil eran presentadas públicamente a los negociadores. “Así asegurábamos nuestra autonomía frente al Estado y la legitimidad ante el resto de la sociedad nicaragüense”. En su mayoría, las propuestas de la Iniciativa CID apuntaron a tratar temas políticamente candentes como los subsidios agrícolas, las limitaciones productivas de los pequeños y medianos productores nicaragüenses, las condiciones laborales y los estándares ambientales, así como los posibles peligros de las patentes para el acceso a medicinas genéricas y a la biodiversidad.

Aunque todas estas propuestas fueron oficialmente recibidas por los negociadores, salvo algunas excepciones como la del maíz blanco, muy pocas fueron integradas en la estrategia de negociación nacional. Algunos negociadores estaban incluso de acuerdo con los planteamientos y argumentos de la sociedad civil, pero según ellos eran políticamente indefendibles. En otras palabras, Estados Unidos nunca las aceptaría.

Elucubrar en este momento cómo los negociadores estadounidenses hubieran reaccionado si estas propuestas se hubieran articulado sería, como mínimo, un ejercicio fútil. Sin embargo, lo cierto es que en negociaciones comerciales, muchos espacios y posibles ganancias se han perdido por pensar que el otro es más fuerte y dirá siempre que no. El po¬der no sólo se tiene, sino que se proyecta. Pero, si no se tie¬ne -agregaría yo-, se rebusca.

EL “PODER” DEL MAÍZ BLANCO

De las pocas “victorias” logradas por la sociedad civil en el CAFTA-DR, la más citada es la del maíz blanco. Se dice que este producto, tan importante para la supervivencia y dieta del campesinado nicaragüense, fue excluido del CAFTA-DR. Sin embargo, la realidad es un poco distinta. Ningún producto fue excluido del TLC. Lo que se introdujo fue una excepción para el arancel -el impuesto a la importación- del maíz blanco. Mientras los impuestos de entrada que “protegen” a los productos nicaragüenses de las importaciones irán disminuyéndose a través de los años hasta llegar a cero, el del maíz blanco siempre se va a mantener.

La idea es proteger la producción nacional de la competencia del maíz subsidiado de Estados Unidos. Pero la delegación estadounidense logró una concesión de Nicaragua a cambio de esta excepción: abrir una cuota de importación relativamente pequeña de maíz blanco producido en Estados Unidos. En otras palabras, se podrá importar maíz blanco de los Estados Unidos. Nada en política es gratis.

Al final, sin embargo, es muy probable que el mayor peligro para los productores de maíz blanco en grano no radique en si se puede importar o no maíz blanco de Estados Unidos sino, en el auge de Maseca, esa harina de maíz procesada e importada del Norte con la que, cada vez con mayor frecuencia, hacemos ya nuestras tortillas.

UNOS CON MUCHOS Y VARIADOS CONTACTOS,
OTROS CON IMPENETRABLES BARRERAS

Sería un error pensar que el sector privado y la sociedad civil nicaragüenses son actores monolíticos y poco diferenciados. Nada podría estar más lejos de la realidad. Ambos grupos están igualmente plagados de relaciones de poder, en muchos casos desiguales. En el CAFTA-DR, las diferencias dentro de estos dos grupos también tocaron a la puerta.

ANITEC y la CNPA, por ejemplo, contaron con amplios recursos para contratar a expertos internacionales de Washington y Louisiana, quienes les ayudaron a elaborar diferentes escenarios de negociación para textiles y confección y para el azúcar. Por otro lado, la CNPA tuvo acceso a selectos círculos de poder para exponer sus propuestas de negociación. Este grupo contó también con un contacto directo con los ministros de comercio centroamericanos así como con diversos representantes de las bancadas del FSLN y del PLC. La CNPA accedió también a negociadores y congresistas estadounidenses. Según Mario Amador, se organizaron cerca de diez reuniones con negociadores estadounidenses claves como Allen Johnson, jefe negociador de agricultura, y con algunos senadores.

En cambio, los arroceros y productores de lácteos, en su mayoría pequeños y medianos, no contaban con el mismo nivel de recursos económicos para financiarse los pasajes, viáticos y hoteles para asistir a las rondas que se celebraron en distintas ciudades centroamericanas y en Wahington ni para contratar a expertos internacionales. Tampoco tuvieron el amplio acceso a círculos políticos que tuvo la CNPA. Las negociaciones comerciales internacionales eran una novedad para actores como la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC). Según Wilmer Fernandez, vicepresidente de esta Cámara, el lenguaje técnico de las negociaciones comerciales representó una barrera para la participación de muchos de sus afiliados.

A los productores de granos básicos les fue imposible, dadas sus limitaciones financieras, técnicas e institucionales, organizarse y articular una posición común frente al CAFTA-DR. Representantes de la sociedad civil como la Iniciativa CID y el Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES) jugaron entonces un rol fundamental en la defensa de los intereses de los pequeños y medianos agricultores del país para disminuir los posibles impactos que el tratado podría generarles.

Dentro de la sociedad civil hubo también algunas diferencias. Redes como la Iniciativa CID tenían el conocimiento técnico necesario para hacer propuestas sólidas en distintas áreas de la negociación. Contaban también con la capacidad institucional para identificar y aplicar a fondos de apoyo para la incidencia que ofrecían agentes de cooperación externos. En cambio, la mayor parte de movimientos sociales y algunas ONG que conformaron el movimiento Anti-CAFTA no manejaban el lenguaje ni el conocimiento técnico que les permitiera ser considerados un actor ‘serio’ por los negociadores.

EL PODER SE CUELA POR LA TELEVISIÓN

Quizás el elemento más desestabilizador para la sociedad civil en estas negociaciones fue la campaña mediática que el gobierno de Nicaragua desató en contra de las movili¬zaciones organizadas por el grupo Anti-CAFTA.

En septiembre 2003, las demostraciones y campañas del movimiento Anti-CAFTA habían alcanzado cierto éxito. La empresa consultora nacional M&R presentó un informe titulado “El estado de la opinión publica con respecto al CAFTA-DR” a las autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). Según ese informe, las negociaciones del TLC se enfrentaban a dos obstáculos. Por un lado, el desconocimiento de la población y, por otro, la campaña Anti-CAFTA. Aunque las negociaciones habían empezado ocho meses atrás, sólo un 7% de la población nicaragüense reconocía al CAFTA-DR como un TLC en negociación y sólo un 2% decía saber qué era lo que estaba negociándose.

Alarmadas, las autoridades del MIFIC crearon un grupo de especialistas de la comunicación para diseñar una campaña a favor de las negociaciones del CAFTA-DR. Este grupo se puso manos a la obra y preparó cuñas de radio y televisión, textos de educación popular, brochures, suplementos de periódicos y páginas web. La campaña se llamó: CAFTA: nuestro puente al futuro. Su estrategia consistió en crear mensajes cortos pero eficaces identificando el CAFTA-DR con más inversión, más progreso, productos de mejor calidad y más empleo. La idea era producir mensajes positivos y esperanzadores alrededor del CAFTA-DR y debilitar así al movimiento Anti-CAFTA.

La campaña surtió el efecto esperado. En base a una muestra de 800 personas, M&R encontró poco después que el 78.5% había “leído, visto o escuchado” los anuncios pro-TLC. Un 81.5% sabía que estaban relacionados con el CAFTA-DR, mientras que un 82.9% aseguraba que los anuncios les habían “ayudado a comprender el tratado”. Cuando el CAFTA-DR llegó a la Asamblea Nacional de Nicaragua para su aprobación, de 1,200 personas encuestadas, un 66% se pronunciaba a favor del tratado y un 23.4% en contra. Finalmente, un 51% de las personas encuestadas consideraron que el acuerdo era beneficioso para Nicaragua, mientras que el 31.4% aseguró que el acuerdo sería perjudicial. El poder también se cuela por la televisión.

MÁS PODER SÓLO PARA UNOS CUANTOS

“Seguí hasta el fondo del pasillo y después doblá a la derecha”, me dijo una muchacha bien pecosa. Aunque la universidad no era muy grande, yo ya había conseguido perderme. Llegué al salón cuando el profesor escribía su nombre en rojo: Tim Forsyth. Me senté al final, en la única silla que quedaba libre. Así fue como aterricé en mi primera clase de ecología política. La ecología, aunque a simple vista no lo parezca, es también política.

La relación de las sociedades con sus ecosistemas no fluyen en un intercambio perfectamente equilibrado como el de las plantas que fijan CO2 y agua y devuelven oxígeno y nutrientes durante la fotosíntesis. Al contrario, las sociedades extraen los recursos y, por lo general, devuelven desperdicios, muchas veces tóxicos. Basta con informarse un poco sobre las catástrofes ambientales para saber que esta regla ha tenido, tristemente, muy pocas excepciones.

Pero la extracción de recursos naturales no se da por generación espontánea. Tiene un orden y una jerarquía. Tiene nombres y apellidos. La ecología es entonces política cuando identificamos que hay algunos actores que explotan los recursos naturales y se quedan con las ganancias y otros que cargan con el costo de la contaminación y los desechos. En otras palabras, que hay ganadores y perdedores.

Los regímenes económicos funcionan igual. En el CAFTA-DR, la participación de la sociedad civil a través de la Iniciativa CID se vio limitada por el poder estructural del sector privado. Y, como ya hemos visto, en particular del sector privado grande. Un régimen político económico que no atiende las necesidades y no escucha los argumentos de una parte de la sociedad está condenado a la parcialidad.

En el CAFTA-DR, las limitaciones de producción, innovación y calidad, entre otras que afectan a la mayoría de los pequeños y medianos productores; las barreras que impiden el acceso a productos agrícolas como las sanitarias y fitosanitarias; y la competencia desleal que implican los subsidios agrícolas, quedaron fuera de la negociación, y por tanto del acuerdo. Sin una capacidad creada en diversos flancos productivos y sociales y dirigida en especial a la pequeña y mediana empresa, el CAFTA-DR será provechoso sólo para unos cuantos. Ésa es la realidad. Es ante todas estas limitaciones que algunos ven en el ALBA una alternativa útil para crear capacidades también alternativas.

ALBA: SOLIDARIDAD Y GRANNACIONALES

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, es un esquema de integración regional que nació como una propuesta alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por el Presidente Bush en 1994. El ALBA se centra en dos conceptos fundamentales: el de las ventajas cooperativas y el de las Grannacionales.

Las ventajas cooperativas consisten en incluir una dimensión de solidaridad en las relaciones internacionales y en mantener el principio de la soberanía nacional. A fin de construir estas ventajas, el ALBA prevé crear fondos regionales de compensación. Estos fondos son una especie de trato especial y diferenciado que deben ser utilizados para alcanzar objetivos sociales y económicos. Es en este contexto que surgen Petroalba, Albagás y Albaelectricidad para facilitar el acceso al petróleo y pagarlo en plazos más largos. También surgen Albacom, Telesur, ALBA TV para el desarrollo de las comunicaciones, los servicios y la infraestructura. Y ALBA-Medicinas para la importación de genéricos y ALBA-Alimentos para el acceso a insumos agrícolas e industriales.

Las Grannacionales, una versión “estatal” de las trans¬nacionales, estarían a cargo de la implementación de todos estos grandes proyectos. En la práctica, se han manifestado a través de vínculos público-privados. En Nicaragua, la cooperativa Nicaraocoop fue un ejemplo de una entidad privada ligada al gobierno del FSLN para la distribución selectiva a los productores de la urea, fertilizante proveniente de Venezuela y canalizado a través de los funcionarios y los convenios del ALBA.

AÚN ES PRONTO
PARA EVALUAR RESULTADOS

Sin lugar a dudas, en este momento es muy temprano para hablar de los posibles impactos positivos o negativos del ALBA en Nicaragua. En un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado Perspectivas Económicas: las Américas lidiando con la crisis financiera mundial, se señala que de los países de Centroamérica y el Caribe, Nicaragua fue el principal beneficiario del finan¬ciamiento del ALBA en 2007 y prevé que esa tendencia continuará en 2008.

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la iniciativa Petrocaribe -que vende el petróleo venezolano a precios preferenciales- “ha ayudado a amortiguar el shock (de la crisis financiera). Además de proporcionar financiamiento concesionario para las importaciones de petróleo venezolano, Petrocaribe también brinda un marco para la coordinación de la política energética en varios países”.

En 2008, según las estimaciones del FMI, el financiamiento de Petrocaribe alcanzaría un 5-6% del PIB en Guyana, Jamaica y Nicaragua. La actual caída del precio internacional del petróleo podría arrojar interrogantes a este escenario.

“SABEMOS DEL ALBA POR LAS NOTICIAS”

Quizás antes del “cuánto” del ALBA sea más importante preguntar acerca del “cómo”. El ‘cómo’ se refiere al proceso y a la implementación del ALBA. Dado que dicha implementación es aun incipiente, es posible únicamente hablar de tendencias. Dentro de éstas, el poder, la participación efectiva e incluyente de todos los actores y la aplicación in situ del ALBA, no pueden obviarse.

Al igual que el CAFTA-DR o como cualquier otro régimen político económico, el ALBA se inserta en una geografía de relaciones de poder. Desde el hecho de que Venezuela, país propulsor del ALBA, sea dueño del petróleo que hace funcionar esta maquinaria y haya concebido su marco conceptual, hasta la forma en que los recursos provenientes del ALBA se distribuyen en Nicaragua, todo está impregnado de diferentes relaciones de poder.

Una de las cosas que resultan más curiosas de su reciente implementación es que si bien el ALBA se basa en objetivos de desarrollo incluyente, la decisión de adherirse a este esquema fue tomada desde arriba. Según actores como CANISLAC, el ALBA es un terreno desconocido. Meses atrás, Wilmer Fernández, vicepresidente de CANISLAC, señalaba que “como sector productivo organizado no conocemos las implicaciones del ALBA. Solicitamos una reunión con el Presidente Ortega para discutir tanto el ALBA como las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, pero no hemos recibido respuesta”.

Los miembros de CANISLAC comentan que el poco conocimiento que tienen del ALBA lo obtuvieron “de las noticias”. Según ellos, los pequeños y medianos productores de lácteos podrían beneficiarse de este esquema. Por otro lado, para actores del sector privado grande como la CNPA y ANITEC, el ALBA podría ser positivo. Sin embargo, señalan que la información que tienen respecto al ALBA la han sacado también de las noticias.

Las exportaciones de azúcar, según Mario Amador, ya recibían un trato preferencial en Venezuela a través de concesiones unilaterales que ese país había otorgado a Nicaragua mucho antes del ALBA. Por lo general, sin embargo, han lidiado directamente con sus clientes venezolanos y preferirían mantenerlo así: “Nosotros no sabemos si con el ALBA necesitaremos tratar con el gobierno venezolano o con una empresa estatal. Preferiríamos continuar manteniendo el contacto directo con los compradores, porque cuando el Estado interviene en las transacciones, las cosas se complican”. Por su parte, el objetivo principal de ANITEC es abrir nuevos mercados para los textiles y la confección y “si el ALBA puede crear oportunidades para abrir nuevos mercados en Venezuela y otros países sudamericanos, bienvenido sea”.

ENTRAMOS AL ALBA
SIN CONSULTAR CON NADIE

Entre la sociedad civil, los puntos de vista son más diversos. Para algunos, el ALBA busca redistribuir la riqueza dentro del marco de las democracias formales y representa una manera de enfrentar el imperialismo de los Estados Unidos. Para otros, como Bianca Mangas, ex-funcionaria del Centro Humboldt, el ALBA es un acuerdo de cooperación que debería ser analizado públicamente, dadas las posibles cargas fiscales que puede generar así como los posibles condicionalidades. Coincide con otros interlocutores en que el ALBA podría ser “un instrumento útil para fortalecer las capacidades del sector pequeño y mediano frente a la liberación comercial”.

Los movimientos sociales, por su parte, han reaccionado al ALBA de maneras muy distintas. Mientras los que tienen vínculos históricos con el FSLN han participado activamente en la implementación del ALBA, y han sido invitados a participar en algunas de las Cumbres del ALBA, “nuevos” movimientos sociales como el Movimiento María Elena Cuadra y el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana dicen saber poco del ALBA. Señalan estar dirigiendo todos sus esfuerzos en cabildear al equipo negociador de cara a las negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

A diferencia de las negociaciones del CAFTA-DR, el bajo involucramiento de todos los actores no estatales en procesos de consulta antes de la adhesión de Nicaragua al ALBA o el desconocimiento que pueda haber sobre el ALBA en sectores de la sociedad, parece no causar mayor problema a algunos movimientos sociales.

Según Bianca Mangas, la falta de movilización social en demanda de mayor transparencia en cuanto al ALBA puede ser interpretada de dos maneras. Por un lado -argumenta-, “ideológica y conceptualmente muchos movimientos sociales concuerdan con el ALBA. Por el otro, los movimientos sociales que pudieran estar en desacuerdo con la baja transparencia en la ejecución del ALBA, es posible que tengan temor de ser tildados de ‘traidores’ si critican abiertamente el enfoque del gobierno”. Otros actores, como la Fenacoop, han decidido abrir el debate acerca de lo que ellos consideran son las áreas claroscuras de la implementación del ALBA.

CLAROSCUROS DEL ALBA

La Fenacoop, según su directivo, Sinforiano Cáceres, coincide con los objetivos sociales, distributivos, educativos, de seguridad alimentaria y de reducción de la pobreza que promueve el gobierno. Sin embargo, pone en el petate de la discusión los elementos de la implementación del ALBA que podrían a la larga socavar sus objetivos de desarrollo sostenible e incluyente. La Fenacoop critica la falta de información que reina sobre la administración pública.

Actores como la Fenacoop consideran que persiste una falta de conocimiento sobre los detalles de la implementación de éste y otros planes, proyectos y programas del gobierno de Daniel Ortega. Asimismo, señalan que la toma de decisiones en el gobierno se ha centralizado y que los ministros y funcionarios públicos dudan de los límites de su autoridad, dados los despidos de ciertos funcionarios públicos cuyas declaraciones a los medios de comunicación han sido consideradas críticas inadmisibles para el gobierno del Presidente Ortega.

En términos más específicos, la Fenacoop cuestiona la manera en que se han distribuido algunos recursos provenientes de la ayuda venezolana, como la urea y los préstamos para pequeños y medianos productores. Según Cáceres, la distribución de la urea venezolana se canalizó únicamente a través de la cooperativa Nicaraocoop, cuya legitimidad ha sido cuestionada por varias cooperativas. Cuando la Fenacoop preguntó al gobierno sobre los mecanismos de distribución de la urea, éste respondió que “la urea sería distribuida en base a la urgencia”. Sin embargo, según Cáceres, en la práctica la urea se vendió a tres precios diferentes: “el precio para miembros del partido, el precio para los líderes de algunas asociaciones y el precio para los que no se encuentran en ninguno de estos dos grupos”.

EL CAFTA-DR Y EL ALBA:
¿CON PODERES COMPLEMENTARIOS?

Señala también Sinforiano Cáceres que después del anuncio del Presidente Hugo Chávez sobre la asignación de 10 millones de dólares para préstamos dirigidos a pequeños y medianos productores, su distribución se hizo efectiva en sólo cinco empresas. Cuando los miembros de FENACOOP preguntaron por el criterio que se usaría para acceder a los préstamos, el gobierno les informó que los criterios ya habían sido establecidos y los recursos distribuidos.

Para Cáceres, estas acciones refuerzan las desigualdades a nivel nacional y son contraproducentes para los objetivos que se persiguen con la cooperación venezolana. “¿Quién está decidiendo cómo se distribuye la ayuda? ¿Cuáles son los criterios técnicos que están prevaleciendo? Nosotros creemos que son los grupos más vulnerables dentro del sector rural quienes deberían ser priorizados. Sin embargo, la tendencia es a favorecer a grupos liderados por legisladores nacionales o por miembros de alto rango del partido y del gobierno”.

A un nivel conceptual, el ALBA parece ser un instrumento ideal para tratar las limitaciones estructurales de la economía de Nicaragua, ésas que el CAFTA-DR obvió, como las de energía, infraestructura y financiamiento, y los altos niveles de pobreza. Sin embargo, los impactos del ALBA deberán evaluarse basándose en su implementación in situ. En otras palabras, ¿quiénes se benefician? ¿quién pierde? ¿y cómo serán atacadas las desigualdades que aún prevalecen en el país?

Aunque el ALBA es un proceso reciente, las primeras señales de su implementación presentan una serie de retos. La falta de información e inclusión de todos los actores en la toma de decisiones y el bajo nivel de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos del ALBA podrían a la larga volverse contraproducentes para los objetivos de desarrollo incluyente que este instrumento promueve.

Para la mayoría de actores no estatales nicaragüenses el ALBA y el CAFTA-DR son complementarios. Sin embargo, el mantenimiento de la coherencia a nivel de políticas públicas y la respuesta eficaz a las limitaciones productivas y a los problemas sociales continúan siendo uno de los desafíos más importantes para el gobierno actual, así como para toda la sociedad nicaragüense.

EL ALBA PRIORIZA LO SOCIAL

La importancia del equilibrio en la vida, la experiencia nos la martilla una y otra vez: cuando aprendemos por primera vez a andar en bicicleta o cuando se nos pasa la mano en alguna fiesta. También en la universidad. Tim Forsyth, mi profesor de ecología política, era un fanático de las críticas postmodernas, y a cada teoría, enfoque o modelo lo cuestionábamos hasta la médula para “desempotrarlo” -nos decía- de su discurso, de su lenguaje y de sus interlocutores. Tim tenía la misteriosa capacidad de dar una clase sin dejar entrever, ni por un minuto, cuál era su posición en los temas que discutíamos apasionadamente todos los martes y jueves en el auditorio de la universidad.

A medida que se acercaba el final del año, mi angustia aumentaba porque, aunque nos habíamos hecho casi unos expertos en desmontar, como si de una pieza de motor de carro se tratara, los distintas posiciones sobre el desarrollo sostenible, Tim era incapaz de darnos alguna pista, de decirnos “Sí muchachos, es por aquí el camino”. Me decidí entonces a buscarlo en su oficina para preguntarle directamente en qué creía él. Su respuesta fue contundente: “En los modelos y las intervenciones que den la misma importancia a lo social, a lo económico y a lo ambiental y, sobre todo, a que mis alumnos nunca dejen de preguntar”.

En este momento, tanto el ALBA como el CAFTA-DR están enfocados en Nicaragua en sólo uno de los pilares de la casa del desarrollo sostenible. Por un lado, la imple¬mentación del ALBA prioriza mayoritariamente lo social -aunque no lo institucional- y descuida lo económico y lo ambiental. En lo económico, el aislamiento de actores como la FENACOOP o el fortalecimiento de las cadenas de valor a nivel nacional y los mecanismos de comercialización de los productos que generan los pequeños y medianos productores son retos inaplazables si lo que se busca es una viabilidad, no sólo social sino también institucional, productiva y comercial.

Por otro lado, si bien el acceso preferencial al petróleo venezolano es beneficioso para Nicaragua en el corto plazo, es imperante desarrollar fuentes renovables de energía que reduzcan considerablemente nuestra dependencia del crudo y nos preparen para los inminentes desafíos del cambio climático. Una atención eficaz y balanceada de lo institucional, lo económico y lo ambiental en la actual implementación del ALBA, apuntaría a la inclusión y a la sostenibilidad de este instrumento.

EL CAFTA-DR SE FOCALIZA
EN LO ECONÓMICO

Por su parte, el CAFTA-DR se focaliza mayoritariamente en lo económico -especialmente en el sector exportador- y deja de lado lo social y lo ambiental. Las actuales disparidades entre las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores y empresarios nicaragüenses y las de sus competidores estadounidenses son abismales. Un tratado de libre comercio que no dé cuenta de esta realidad sólo generará muy probablemente oportunidades y beneficios a aquellos actores nacionales e internacionales que cuentan con el conocimiento, el capital y las capacidades para competir.

Asimismo, aunque el CAFTA-DR contiene un capítulo ambiental, la capacidad de la región centroamericana para salvaguardar los estándares ambientales es cuestionable. El CAFTA-DR traslada al Estado la “carga de la prueba” y los costos de cualquier delito ambiental que se cometa en el territorio. Aunque efectivamente los tratados de libre comercio son negociados e implementados por los Estados, las disposiciones en materia ambiental en el CAFTA-DR no reflejan la responsabilidad que pueda tener el sector privado en la aplicación, o en la falta de aplicación, de los estándares ambientales. Es decir, que es el Estado nicaragüense quien podría ser demandado ante una corte internacional y no el sector privado.

Por otro lado, la capacidad de monitoreo del cumplimiento de los estándares, no sólo ambientales sino laborales, por parte de los Estados centroamericanos, es muy débil. Aunque en teoría el capítulo ambiental prevé un marco de cooperación para fortalecer esta capacidad, muy poco se ha hecho en la práctica. Al descuidar los ámbitos sociales y ambientales, el CAFTA-DR firma también su carta de insostenibilidad.

CIMENTAR SOBRE TRES PILARES
Y CONSTRUIR PUENTES

El reto de aprovechar estos dos instrumentos de modo que atiendan a las apremiantes necesidades de desarrollo y combatan las profundas desigualdades que atraviesan la sociedad nicaragüense es inaplazable. Ambas deben cimentarse en esa “trinidad” que hace sostenible el desarrollo.

El camino que aún nos hace falta recorrer es arduo y urgente si queremos construir un modelo de desarrollo sostenible que incluya a todos los actores y saque de la miseria y la falta de oportunidades a la mayoría de los nicaragüenses. Sin duda, el ALBA y el CAFTA-DR son instrumentos muy útiles para apuntar a esto, pero de nosotros dependerá si los utilizamos para incluir o para aislar a los diferentes sectores de la sociedad. Y es que si unos avanzan a expensas del resto, sea cual sea el modelo, todo se estanca. Es así: somos un enjambre interconectado.

Cada uno de los nicaragüenses y las nicaragüenses que respiran y viven sus vidas bajo el meridiano del trópico de Cáncer tenemos una visión del país que queremos. Y también muchos sueños. El modelo debe construirse y fundarse sobre esos tres pilares. Y a nosotros nos toca construir puentes. Bien fundados. Si no construimos puentes, o peor aún, si quemamos los puentes que nos acercan al otro, que nos ayudan a ponernos en sus zapatos y nos facilitan el diálogo constructivo, las oportunidades para un desarrollo a largo plazo seguirán pasando frente a nosotros y se irán como pasan y se van los vagones de un tren. Y es que sin esos puentes puede que un día, al levantarnos de la cama, notemos con espanto que nuestros sueños se han ido, que nos han abandonado y cerraron la puerta con candado. Y un país sin sueños debe ser un lugar muy triste.


EXPERTA EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO.
COLABORADORA DE ENVÍO.

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