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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 199 | Octubre 1998
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México

FOBAPROA: un crimen más del partido de Estado

En un país democrático, el escándalo FOBAPROA hubiera bastado para la caída de un gobierno. En México, el regimen de partido de Estado hace intocable al Presidente. Clinton se tambalea por un perjurio en un tema relativo a su vida privada, pero Zedillo ni se inmuta ante una total ilegalidad y ante el desastre económico de todo un país.

Jorge Alonso

El catedrático estadounidense George Grayson afirma que el FOBAPROA mexicano es una bomba de tiempo porque existe "una conducta inapropiada" en la forma en que fue ideado. Parafrasea así la confesión de Clinton en el caso Lewinsky. Bomba de tiempo más o menos peligrosa, el caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) está en el centro de la actualidad mexicana. Y es en una ya larga historia en donde debe de ser enmarcado.



Siglos de corrupción

Desde la época colonial se propició la aparición de la corrupción en México con el divorcio entre las leyes y la vida cotidiana. La corrupción se fue identificando como el uso ilegal del poder político con fines de lucro económico y de ventaja personal, familiar o grupal. La corrupción no fue un fenómeno marginal. Se constituyó en componente importante del sistema. Ya desde entonces se pueden enlistar fenómenos de cohecho, actos de extorsión, compra de puestos, contrabando, todos estos delitos transgresiones sistemáticas y toleradas. Esta herencia pesó en el siglo XIX después de la independencia. A partir de estas fechas se fueron privilegiando desde el poder algunas vías, especialmente la de aprovechar la realización de obras públicas para desviar recursos hacia la hacienda privada. Cuando un gobernante de provincia se quejaba ante Porfirio Díaz porque su campaña le había salido muy cara mientras la remuneración del cargo que había alcanzado era exigua, recibió la solución: "No sea tonto, compadre: haga obra". Vino la Revolución y las críticas contra uno de los hermanos del Presidente Madero no se hicieron esperar. Después, la fracción carrancista se hizo tan famosa que se popularizó el verbo "carrancear" como sinónimo de robar. En la batalla en que Obregón derrotó a Villa, Obregón perdió el brazo. Un chiste popular decía que para encontrar entre los restos destrozados de combatientes cuál era la extremidad de Obregón, lanzaron al aire monedas y la mano muerta que resucitó para atraparlas no había dejado dudas. Cuando fue Presidente de la República, Obregón afirmaba que nadie resistía "un cañonazo de 50 mil pesos".
El pueblo mexicano siempre ha criticado la corrupción de sus gobernantes, pero ha habido épocas en que los escándalos fueron mayúsculos. Tal fue el caso del gobierno de Alemán, en el que él mismo y sus colaboradores más cercanos se enriquecieron a manos llenas. López Portillo narró sin rubor en un libro cómo después de ser Presidente se paseó por todo el mundo durante muchos meses como un gran potentado. Se ha señalado a la familia Salinas por haber amasado fortunas mal habidas. También se ha hecho clásica la frase de uno de los políticos más representativos del régimen priísta, Carlos Hank González: "Un político pobre es un pobre político".


El reino de la impunidad

Entre grandes empresarios y funcionarios convertidos en empresarios o magnates la corrupción ha campeado en México. La corrupción ha jugado un importante papel en la formación de una importante parte del capital privado mexicano. A partir de fondos y bienes públicos se han acumulado cuantiosas riquezas privadas. El PRI, el partido de Estado, y uno de sus pilares, el presidencialismo autoritario, ha sido factor decisivo en el incremento de la corrupción. No sólo porque ha habido robo y compra de votos, sino por el hecho de que exista una instancia de sumo poder con alto grado de discrecionalidad, sin contrapesos legales y sin necesidad de exponerse a una real rendición de cuentas. Esto ha tejido una espesa red de complicidades y de impunidad. Francisco González, en su artículo "El México impune" ha dicho que el mayor problema de México es el de la impunidad porque "cuando el poder no es acotado, se desborda".



Un despojo a la nación

La privatización bancaria realizada en el período de Carlos Salinas de Gortari es un ejemplo de esta red de corrupción. La privatización de la banca representó el 83% de todas las privatizaciones que se hicieron hasta 1991. Con lo que se denominó "clientelismo político de alta tecnología" se vendieron los bancos. En esta venta intervinieron la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, sin una supervisión real del Poder Legislativo. Los informes que llegaron a la Cámara de Diputados en 1995 fueron incompletos e incoherentes y no se entregaron a los legisladores los estudios para hacer la venta de cada banco, ni los avalúos contables. En todo el proceso hubo enriquecimiento ilícito. Los beneficiarios de la privatización fueron muchos de los dueños de las casas de bolsa que -con la complicidad del poder político, en el gobierno de Miguel de la Madrid- habían primero atraído y posteriormente estafado a pequeños ahorradores.
Durante el salinismo fue más evidente que nunca el acceso privilegiado de algunos a los fondos públicos para apropiárselos privadamente. Y en su día, la oposición denunció que la privatización bancaria, la de las autopistas y la de la seguridad social habían sido un despojo fraudulento a la nación. Por estos caminos se llegó al escándalo de FOBAPROA, calificado como el máximo fraude en la historia de México.


El huevo de la serpiente

Ilusionados con la pronta vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) que el Presidente Salinas propagandizó como "la entrada de México al Primer Mundo", los empresarios se endeudaron grandemente. En 1993, la expansión del crédito alcanzó el 41% del PIB de ese año. Los bancos recién privatizados entraron en competencia para dar créditos. El día en que se esperaba celebrar el inicio del TLC, el primero de enero de 1994, surgió el Ejército Zapatista, opuesto a un tratado que empobrecería aún más a la mayoría del pueblo mexicano. 1994 fue un año catastrófico. El partido de Estado -que había sido la arena donde dar solución pacífica a los conflictos entre los grupos en el poder- tuvo que recurrir al asesinato para impedir que avanzara la candidatura de Colosio. Ernesto Zedillo fue el principal beneficiario de este crimen político. Después siguió el asesinato del Secretario General del PRI.
La sangre fue destapando fortunas hechas al amparo del poder y ligadas al narcotráfico. El llamado "error de diciembre" implicó que a principios de su gestión, Zedillo tuviera que hacer una devaluación pospuesta, mal llevada, y que puso a México en posición de insolvencia ante inminentes pagos en dólares. Para superar la crisis, la administración Clinton organizó un rescate de 50 mil millones de dólares a cambio de medidas drásticas y de garantías petroleras. Las tasas de interés internas se dispararon del 20% a finales de 1994 al 109% en el tercer mes de 1995. El salario sufrió deterioro. Más de 7 mil empresas quebraron. El mercado interno se contrajo y sobrevino el desempleo. Una gran parte de los que debían a los bancos ya no pudieron pagar. Si en 1990 la cartera vencida alcanzaba un 20% del capital total de los bancos, en 1995 se elevó hasta el 93.8%. Una parte de estos créditos no pagados son de individuos o empresas que, a cambio de lo que pidieron prestado, dieron una garantía y cuando por la crisis de 1995 no pudieron pagar, vieron devaluarse su garantía. Pero hubo otros casos en que, con el contubernio de algún funcionario o dueño de un banco, o en beneficio de algún banquero, no hubo garantía o ésta fue muy pequeña, y el crédito se transfirió para fines personales. Hubo créditos cruzados entre banqueros y autopréstamos y se dieron préstamos a empresas fantasmas.


Un barril sin fondo

Desde diciembre de 1994 el gobierno de Zedillo salió al rescate de la élite empresarial. Desde el poder se emitieron señales que propiciaron que los banqueros pasaran al fondo de rescate bancario muchos de esos préstamos irregulares. Banqueros ricos, bancos a punto de quiebra, y también banqueros que habían financiado la campaña priísta en 1994 -lo que había incidido en la descapitalización de sus bancos- pasaron al instrumento de rescate lo que le habían donado al PRI. El FOBAPROA es un fideicomiso utilizado por el gobierno mexicano a través del Banco de México, para proteger el capital de los ahorrantes en el sistema bancario. A diferencia de otros países, el gobierno mexicano garantiza el 100% de lo depositado.

En el momento de la crisis, el FOBAPROA sirvió tanto para salvar el sistema bancario como para tapar una cadena de delitos. El gobierno expidió pagarés, y a cambio retuvo acciones de bancos. Sin mover un dedo los banqueros empezaron a recibir el flujo de pagos de intereses que generaban esos pagarés. El gobierno ha insistido en que si no hubiera hecho esto, el país se habría arruinado. Pero se ha ido descubriendo que muchos de los pasivos asumidos por el Fondo tienen su origen en pérdidas de los bancos provocadas por actividades especulativas. En el FOBAPROA hay unos 1 mil 275 créditos superiores a los 20 millones de pesos. Unos 700 préstamos aparecen sin garantías. 600 créditos se llevan más del 55% del Fondo. Fortunas rápidas, financiamiento privado ilegal a campañas priístas, e indiscriminada cesión de empresas públicas a intereses privados están en el barril sin fondo en que se convirtió el FOBAPROA. Sus pasivos equivalen a 5.5 veces el capital contable del sistema bancario. Esto demuestra que hubo autorización de operaciones superiores al capital contable con la complicidad de las autoridades competentes. A finales de febrero de 1998 el Ejecutivo asumió pasivos por un total de 552 mil 300 millones de pesos, equivalentes a 67 mil millones de dólares.

Además de las ilegalidades de los pagarés sin garantías requeridas existe inconstitucionalidad en el FOBAPROA. El Ejecutivo operó sin la aprobación requerida del Congreso y el gobierno asumió obligaciones frente a los bancos en violación al artículo 73 de la Constitución, que estipula expresamente que para que el Ejecutivo contraiga deuda requiere autorización y aprobación del Congreso. Así, el gobierno violó leyes, usurpó funciones reservadas al Congreso, y rompió el orden constitucional.



Todos endeudados

Desde octubre de 1997 un grupo de diputados reunidos en el Palacio Legislativo con el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores expresaron que era necesario revisar la discrecionalidad del FOBAPROA.

En 1998, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Legislativo en el que se proponía una reforma al rescate bancario, que implicaba fundamentalmente que éste se convirtiera en deuda pública directa: en deuda de todos los mexicanos. Se argumentaba que la deuda ya existía y que habría que legalizarla a posteriori. El Presidente y sus colaboradores pensaron que esta iniciativa pasaría sin mayor discusión, como un mero trámite. Se habían acostumbrado a esta rutina, pues esto era lo que había pasado mientras el PRI tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero en las elecciones federales de julio de 1997 la mayoría la obtuvo la oposición. Y los diputados de la oposición examinaron la propuesta de ley y empezaron a ver sus implicaciones e ilegalidades de origen. Si esa ley era aprobada, el gobierno mexicano tendría que destinar cerca de 32 mil millones de dólares al pago de intereses por concepto de deudas; la deuda pública pasaría de representar el 27.9% del PIB al 42.4%; y cada uno de los mexicanos, aun los catalogados en el alto porcentaje de la extrema pobreza, tendría una deuda superior a los 6 mil pesos.


El escudo del sigilo bancario

Lo primero que hicieron los partidos opositores fue solicitar información. Importaba saber quiénes habían sido los beneficiarios del Fondo. El gobierno se negó a dar esa información aduciendo el secreto bancario. Los legisladores hicieron ver que éste era un pretexto para ocultar las complicidades que encerraba el FOBAPROA. El cuestionamiento fue contundente: si las listas las conocía el Ejecutivo había secreto bancario ¿pero si las veía el Legislativo el secreto se rompía?
El gobierno insistió, sin demostrarlo, que había actuado legalmente y que el FOBAPROA había sido el medio para superar la crisis bancaria con rapidez y con medidas adecuadas y al menor costo posible. Argumentó que oponerse a reconocer esa deuda era pretender negar la realidad, pues la deuda ya estaba contraída. Además, acusó a los partidos opositores de estar propiciando una crisis. Todos estos argumentos los sintetizó en una costosa campaña televisiva, que pagó con los impuestos de los ciudadanos. El eje de la propaganda de los grandes empresarios y del gobierno fue que si no se aprobaba la iniciativa presidencial los ahorrantes perderían su dinero.

La oposición respondió. Argumentó que se había rescatado a delincuentes disfrazados de banqueros y que lo que había era un alarmante caso de corrupción, donde el Presidente quería pasar el costo de sus errores a los contribuyentes. Se calificó al FOBAPROA como un sistema de botín, donde casas de bolsa y bancos habían transferido a los fondos bancarios de protección al ahorro y apoyo al mercado de valores las pérdidas generadas por operaciones especulativas, con instrumentos públicos y privados, sin que las autoridades hubieran requerido a esos intermediarios la reposición del capital que se había echado al FOBAPROA.



Prepotentes-incompetentes

El Partido Acción Nacional declaró en agosto que la iniciativa de Zedillo para el rescate bancario no podía aceptarse porque era ilegal y además injusta al estimular el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los créditos. El líder de la fracción panista en la Cámara de Diputados recalcó que los que se habían querido hacer pasar como héroes de la economía mexicana, los que proclamaban que habían actuado a tiempo porque si no todo hubiera sido peor, no resistían el más mínimo análisis y que su prepotencia sólo era comparable con su incompetencia. La injusticia de la propuesta presidencial era evidente: privatizaba las ganancias y distribuía colectivamente las pérdidas entre todos. En agosto de 1998 el PAN solicitó limpiar al FOBAPROA: quienes habían hecho malos manejos debían ser sancionados legalmente. Además, se tenían que convertir los pagarés en poder del Fondo en otros instrumentos de deuda que respaldaran el costo del rescate bancario, cuya emisión y venta controlara el Congreso a través de un instituto, que cuidaría el proceso de venta de los bienes de FOBAPROA. Según sus estimaciones, eso reduciría el costo del rescate a 252 mil millones de pesos. El PAN hizo también una propuesta de alivio para los pequeños y medianos deudores.



Quiebra del pueblo

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) organizó una consulta popular en torno al FOBAPROA, para hacer ver a la opinión pública que todos los ciudadanos, tuvieran o no que ver con los bancos, iban a tener que pagar el rescate de los bancos. Una encuesta levantada por Alducín y Asociados, publicada en septiembre 98, mostró que un 53% de hombres y un 50% de mujeres no tenían cuentas en los bancos.
El PRD refutó a los banqueros y al gobierno, que amenazaban con que si no se aprobaba como estaba la iniciativa presidencial quebraría el sistema bancario, señalando que lo que realmente ponía en riesgo los ahorros de la gente era el proyecto de rescatar deudas ilícitas de los grandes empresarios. El PRD buscaba una salida que no afectara ni a los ahorrantes ni al sistema bancario y que obligara a pagar a quienes habían hecho malos manejos. Y se oponía a convertir los 552 mil millones en deuda pública, a entregar bonos a los banqueros que podrían vender en el mercado y recibir dinero, a entregar cada año 32 mil millones de pesos a los dueños de esos bonos, a que por eso se disminuyera el gasto social, y a que dentro de 20 años los mexicanos pagaran el valor de los bonos que se hubieran entregado a los banqueros. Todo esto estaba contenido en el proyecto presidencial.


95%: NO al FOBAPROA

El PRD propuso castigar a todos los altos funcionarios públicos, banqueros y empresarios que habían causado el descalabro bancario y exigía la entrega de toda la información sobre el caso y la realización de auditorías. Propuso la constitución de un organismo de protección de los depósitos de los pequeños y medianos ahorradores, el saneamiento del sistema bancario para que no hubiera más fraudes, la devolución de la cartera crediticia de la banca no intervenida a los bancos que habían otorgado los créditos. Según esta propuesta, las instituciones bancarias tendrían que regresar los pagarés del FOBAPROA y el resto de la cartera vencida pasaría a una institución financiera encargada específicamente de esa función, destinándose fondos para ayudar a pequeños y medianos deudores. El PRD proponía además que se creara un fondo para el seguro de depósitos bancarios, que cubriría hasta el equivalente a 50 mil dólares.

A la consulta del PRD, realizada dos días antes del informe anual presidencial, acudieron cerca de tres millones y medio de ciudadanos. El 95% dijo NO a la iniciativa del presidente. En su informe, el Presidente Zedillo omitió totalmente el tema del FOBAPROA y el del conflicto chiapaneco. Muchos diputados gritaron en el recinto un ¡"No al FOBAPROA!". Pese al bombardeo televisivo gubernamental, el tema había desatado una opinión adversa al gobierno. A mediados de septiembre el Centro de Estudios de Opinión levantó una encuesta. Más del 70% de los entrevistados estaba enterado del problema FOBAPROA y más de la mitad estaba de acuerdo con la propuesta de que pagaran los banqueros y los funcionarios que habían autorizado las operaciones. Sólo un 9.5% aceptaba la propuesta gubernamental.


¿Nombres de defraudadores?

En los primeros momentos del escándalo, el gobierno sólo ofrecía dar información de montos, pero sin nombres. Cambiada la correlación de fuerzas, tuvo que ceder un poco. Ante la evidencia -que quería tapar- aceptó que algunos empresarios culpables fueran enjuiciados y dijo que ya había algunos con órdenes judiciales en su contra. Incluso, persiguió penalmente a uno de los grandes empresarios enlistados en el FOBAPROA, pero lo hizo no por ese motivo sino aduciendo evasión fiscal. El gran defraudador Cabal Peniche, uno de los que más dinero aportó a las campañas priístas, permaneció prófugo. La conseja popular decía que no lo querían apresar porque si hablaba destaparía mucha más porquería. Mientras, el gobierno siguió ocultando información, presionando, chantajeando y tratando de dividir a los partidos opositores. El líder de la diputación priísta acusaba al PRD de intransigente y al PAN de temer comprometerse con el gobierno en una solución al problema, por el costo electoral que esto le implicaría.


Las entrañas del Fondo

Un elemento importante que salió a la luz pública fue el del dinero que se encontraba en el FOBAPROA y que fue entregado a la campaña electoral priísta. Gastos de campaña financiados por Banpaís y por el Banco Unión, de Cabal Peniche, habían sido absorbidos por el FOBAPROA. Se probó así que el PRI había recibido donativos procedentes de fraudes bancarios y que no había informado -como la ley lo obligaba- acerca de esos donativos.
Las aportaciones conocidas después de las elecciones de 1994 representan 4.6 veces el monto nacional del tope de gastos de una campaña electoral. Sólo las revelaciones del ex Presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico del donativo de su empresa a la campaña de Zedillo rebasaba en 12.3 veces el monto máximo que puede aportar una persona física, y 2.4 veces el monto máximo de aportación permitida a una persona jurídica. Naturalmente, por eso el gobierno no quería que se conocieran las entrañas del FOBAPROA. Quería mantener en el anonimato a sus donantes ilegales, garantizándoles impunidad, y garantizándose la oportunidad de proseguir con ese esquema en futuras elecciones. La oposición demandó que el PRI devolviera el dinero mal habido. Y aunque esto no se tocó, había bases legales para demandar la nulidad del registro priísta. Ante las evidencias, el PRI sólo acertaba a aducir que su campaña de 1994 era "caso juzgado", aunque olvidaba el elemento de pruebas supervenientes.



¿Negociación?

Descubierto, el gobierno intentó una negociación con los partidos. Aceptando en abstracto que se perseguirían los delitos de cuello blanco, propuso a través del PRI que el 70% del FOBAPROA se convirtiera en deuda pública, y aceptó discutir un esquema de apoyo a deudores pequeños y medianos. Después de esta propuesta declaró que estaba cercano un acuerdo. Delineó un programa de apoyo a "deudores cumplidos" -los que hubieran reestructurado sus deudas y que siguieran pagando- con descuentos de hasta el 60% y del 45% a los hipotecarios, y contempló beneficios al sector agropecuario y a los pequeños empresarios. A finales de septiembre proseguían los entrampamientos y el PRD continuaba denunciando que el gobierno insistía, por una parte, en convertir pasivos del FOBAPROA en deuda pública, y por otra, no aceptaba la propuesta perredista de revertir a los bancos las operaciones de cartera vencida que había sido absorbida por el FOBAPROA. Señalaba el PRD que la propuesta de solución no contemplaba los casos de los pequeños y medianos deudores que no estaban pagando porque la errónea política económica del régimen los había convertido en insolventes. El PRD exigía las renuncias del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de quien encabezaba el FOBAPROA, pues no se podía entablar una negociación -que implicaba un juicio- con quienes eran parte del conflicto. Demandaba también que se hiciera un juicio político al Presidente del Banco de México, quien fue Secretario de Hacienda en los primeros años del gobierno de Zedillo.



¿Acuerdo o escaramuza?

El último día de septiembre se produjo una nueva escaramuza entre los legisladores y el Ejecutivo, con la presentación de un documento de evaluación jurídica que concluye que el gobierno violó la Constitución al no consultar al Congreso la contratación de la deuda pública. La diputación príista abandonó la sesión para evitar que se votara ese documento. Más tarde, y ya sin la presencia de la representación del PRD, el Ejecutivo y los demás partidos llegaron a un acuerdo que incluye el retiro de la propuesta gubernamental de convertir los pasivos del FOBAPROA en deuda pública directa.
En la propuesta esos pasivos quedarían a cargo de un organismo que desempeñaría las funciones de recuperación de activos. Habría un intercambio de cartera con los cinco bancos no intervenidos, que asumirían los créditos superiores a los 5 millones de dólares. También se propusieron un nuevo programa para deudores menores, más flujo de información y el compromiso de realizar auditorías conforme a la ley. Los diputados panistas demandaron la supresión de la campaña publicitaria a favor del FOBAPROA. Así, el gobierno dio un paso hacia las demandas del PRD, que no se pronunció. Pero, en cualquier caso, más allá de la solución que se encuentre, los hechos de fondo -ilegalidad y corrupción- no se han resuelto todavía.



Un crimen más

En uno de sus comunicados, el Subcomandante Marcos dijo que Zedillo, malo como economista y peor como político, era además un delincuente, un secuestrador de leyes que pretendía disponer a su arbitrio de las riquezas de la nación. Calificó al FOBAPROA de "crimen político y económico", y subrayó que ese fondo cuestionaba en lo fundamental el modelo político y económico impuesto a México por el sistema de partido de Estado.

Efectivamente, el FOBAPROA es un crimen más del partido de Estado. A finales de 1997 una banda de paramilitares compuesta por militantes de ese partido, amparados por el ejército y por altos políticos, masacraron a niños, mujeres y hombres que estaban orando en Acteal, Chiapas. El crimen horrorizó al mundo. Como no se logró ocultarlo, el castigo se redujo a los niveles más bajos. Pasados nueve meses, la principal demanda mundial de desarmar a las bandas paramilitares en Chiapas no ha prosperado. Sí prosperó en cambio, el proyecto del partido de Estado de ocultar toda la corrupción y garantizar impunidad en el caso FOBAPROA. Pero, como ya no controla la Cámara de Diputados -por la liberalización impuesta por la ciudadanía, que empuja lentamente a México hacia una transición a la democracia- el gobierno ha tenido que ceder en parte. Hoy, desde el bastión más fuerte del régimen de partido de Estado, que es la Presidencia, se pretende que paguen algunos, a cambio de salvaguardar a los más altos funcionarios.


Del populismo al opulentismo

Zedillo y el PRI se han opuesto a que se le haga un juicio político al gobernador de Tabasco, Madrazo, a quien se le ha demostrado que gastó de más en su campaña -un gasto similar al de la campaña de Clinton-, con dinero que también está en el FOBAPROA. En un país democrático, el escándalo FOBAPROA hubiera sido más que suficiente para la caída de un gobernante. En México, el régimen de partido de Estado hace intocable al Presidente. Clinton se tambalea por un perjurio en un tema relativo a su vida privada, pero Zedillo ni se inmuta por el desastre económico de todo un país ni por sus claras ilegalidades.

Al régimen de partido de Estado en México se le acusaba de populismo, de buscar un Estado no precisamente de bienestar, sino de menos malestar. Pero una vez que el régimen proclamó su fe en la "sabiduría de la redistribución del mercado", cuando algunos de sus grandes cómplices no hacen bien las cosas, entra al rescate de ellos, los libra del castigo del mercado para que no quiebren, y transfiere los costos a la sociedad. Repudiando el populismo, cae ahora en un opulentismo o mammonismo, y realiza sistemáticamente una redistribución al revés: les quita a todos, aun a los más necesitados, para salvar a los más ricos. El FOBAPROA es una señal más de una política presidencialista autoritaria. El partido de Estado mexicano, todavía con el poder presidencial a su favor -aunque acotado en parte por un incipiente Legislativo que quiere ser autónomo-, intenta introducir entre los partidos una negociación sobre la legalidad.



Hasta el año 2020

Cualquier arreglo que no solucione la violación a la Constitución por una parte, y la injusticia de la propuesta presidencial, por la otra, estaría viciado. El PRD tiene muy claro este punto. Consultó a ciudadanos participativos, y éstos se pronunciaron en contra de las soluciones presidenciales. El FOBAPROA debe tener otra solución y no la de que sus pasivos se conviertan en deuda pública.
En el PAN había quienes dudaban de entrar en negociación con el gobierno, proponiendo bajar la propuesta del 70% a un 50%. Así, sólo la mitad del FOBAPROA sería deuda pública. Los propugnadores del realismo político empujaban en esta dirección. Los panistas que querían salvar los problemas de la legalidad temían dar el paso con el gobierno, conscientes del costo electoral que tendría.
El PRI ha clamado porque no se politice el FOBAPROA, cuando es él mismo quien lo ha politizado con sus gastos de campaña y con el afán de salvar cómplices. El actual grupo en el poder pretende asegurar los mecanismos de acceso a cuantiosos recursos -que corren bajo la mesa- para seguir atentando contra comicios libres comprando votos y así garantizarse el poder hasta el año 2020, como alguna vez lo declaró el actual Secretario de Hacienda. Una señal más de que el PRI sólo tolera un maquillaje de la democracia.


¿Solución o maquillaje?

La propuesta de solución al FOBAPROA alcanzada el 30 de septiembre entre el Ejecutivo y los partidos políticos, con excepción del PRD, fue presentada por el gobierno como un gran logro. Examinada con serenidad, la propuesta está muy lejos de ser una verdadera solución. Al reconocer que los pasivos del FOBAPROA no se conviertan en deuda pública, el Ejecutivo pierde una batalla, pero no esta guerra. El triunfo de la oposición es importante, pero no completo. Y no hay que perder de vista que el rechazo mayoritario de la población mexicana no ha sido al tamaño de los créditos sino a todo el FOBAPROA.
Aunque el Secretario de Gobernación anunció que el acuerdo significaba un costo fiscal mucho menor de la mitad del monto del FOBAPROA, el PRI reconoció que el rescate bancario de las instituciones bancarias ya intervenidas por el gobierno -las que quedan fuera del acuerdo- asciende nada menos que a 390 mil millones de pesos. Esta cantidad representa el 70% del FOBAPROA.
Finalmente, el PRD consideró insuficiente el acuerdo, como un maquillaje, hasta una burla. Y con objeto de develar lo que hay tras el maquillaje, solicitó a los partidos opositores que lo avalaron que explicaran por qué habían cambiado de opinión en cuanto a la ilegalidad del FOBAPROA. Al Secretario de Hacienda le pidió que explicara en cuánto modificaba esta "solución" el monto del FOBAPROA y cómo definiría las obligaciones contraídas, si ya no serían deuda directa. Cómo se va a pagar el costo, quién va a pagar las obligaciones y cómo se pretende restablecer la legalidad del Fondo siendo ilegales sus operaciones: todo esto preguntó el PRD. Preguntas que deben ser respondidas para hallar una verdadera solución.



TV: censura indirecta

Con ocasión del escándalo de FOBAPROA, el partido de Estado ha mostrado también cómo utiliza la televisión para apuntalar los designios presidenciales. En sí la televisión no puede convertirse en un instrumento de democracia directa. Cuando responde a los intereses de los grandes grupos empresariales que son sus dueños -en México las dos grandes cadenas están ligadas por intereses y complicidades con el poder del partido de Estado- sí puede convertirse en un instrumento de opresión directa. Y esto se ha visto tanto en los casos de Chiapas como en el de FOBAPROA. Como dice Bourdieu al examinar este medio de comunicación masiva, la televisión propicia una censura indirecta, se oculta mostrando y exponen debates verdaderamente falsos o falsamente verdaderos. La televisión mexicana ha sido cínica, ha pretendido imponer al conjunto de la sociedad su visión del mundo. Pero, pese a su gran influencia, hay puntos en los que una parte de ciudadanos no se deja sorprender. Esto es lo que ha sucedido en el caso FOBAPROA.


La culpa no es la globalización

El partido de Estado en México ha querido achacar la crisis financiera a los fenómenos mundiales o a las posturas de la oposición, que ha señalado los errores gubernamentales en la conducción económica. El argumento tremendista del partido de Estado, que no puede ocultar que México está mal, pero que aduce que, si no fuera por el PRI, estaría peor, ya convence a pocos. Los gobernantes neoliberales mexicanos echan la culpa a la globalización. Sin embargo, aunque ciertamente ésta tiene que ver con la crisis financiera, la culpa está en la corrupción desatada, y esta responsabilidad le compete al régimen de partido de Estado.
En medio de la crisis financiera mundial, después de las caídas de las bolsas en todo el mundo, muchas voces internacionales han tenido que abandonar las simplificaciones demagógicas, y se han visto precisadas a plantear la necesidad del control de los capitales especulativos. La mundialización exige regulación. Y esa regulación no podrá ser eficaz si no es democrática. En el caso de México, nuestro país no arribará a la plena democracia mientras sufra el corruptor régimen del partido de Estado.

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