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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 321 | Diciembre 2008
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Nicaragua

Noticias del mes

RESULTADOS OFICIALES
Los cuestionados resultados del Consejo Supremo Electoral (CSE) dieron a la opositora alianza liberal 37 alcaldías. De ellas, solamente 4 a candidatos de la corriente que dirige Eduardo Montealegre: Granada, Boaco y Bluefields (las tres, cabeceras departamentales) y el municipio chontaleño de San José de los Remates. Las otras 34 alcaldías fueron a manos de candidatos de la corriente del PLC: Camoapa, Santa Lucía, Acoyapa, Comalapa, Santo Domingo, Villa Sandino, La Trinidad, San Nicolás, El Cuá, San José de Bocay, San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, El Crucero, Matiguás, Rancho Grande, Río Blanco, Terrabona, Ciudad Antigua, Mozonte, Murra, Quilalí, Wiwilí, Bocana de Paiwas, El Ayote, Waslala, El Rama, El Tortuguero, La Cruz del Río Grande, Nueva Guinea, El Almendro, El Castillo, Potosí. El CSE dio 4 alcaldías a ALN, aliada del FSLN: Muelle de los Bueyes, El Coral, San Pedro de Lóvago y San Francisco de Cuapa, todas en el departamento de Chontales. El resto, 105 alcaldías, las entregó a candidatos del FSLN. El 18 de enero se deben celebrar elecciones en 7 municipios del Caribe Norte. El Presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo que se realizarían “con las mismas reglas del juego”.

AMINTA GRANERA
El 19 de noviembre, antes de que los resultados electorales fueran “definitivos”, la Primera Comisionada y Directora de la Policía Nacional (PN) Aminta Granera, respondió así a los cuestionamientos que se hacían a la institución policial por su actuación pasiva ante los impunes actos de vandalismo y violencia y “toma de las calles” organizados por el FSLN, especialmente en Managua y León, para “defender el voto”. “Comprendo perfectamente -dijo Granera- la frustración de muchas personas y sectores que ven afectados sus derechos constitucionales de libre circulación y manifestación, y que consideran que deberíamos hacer más. Sin embargo, las circunstancias actuales en que tenemos que ejercer nuestras funciones nos exigen actuar con una enorme dosis de temple, serenidad y responsabilidad”. Explicó que en su actuación la PN había priorizado el evitar el uso de técnicas o armas letales y el proteger la vida de las personas por encima de cualquier otro bien. Una semana después, con los resultados ya oficializados, Granera habló así: “Se nos impuso una prueba de fuego y creo que hicimos lo que teníamos que hacer”. Calificó la crisis a la que se vio enfrentada la PN ante la violencia post-electoral de “difícil y compleja”. “Nos obligó -dijo- a hacer que nuestra actuación no agravara la violencia y el país no terminara en un baño de sangre”.

PRIMER PRISIONERO POLÍTICO
A finales de noviembre, un juez sandinista, después de un juicio viciado, encontró culpable y sentenció a un año de cárcel al misionero católico italo-nicaragüense Alberto Boschi por portación ilegal de arma de fuego e inducción a herir con ella a un periodista del Canal 4, medio televisivo del gobierno, durante los disturbios que protagonizaron CPC contra jóvenes del Grupo Puente en el centro de Managua el 30 de julio. Los jóvenes querían protestar por el derroche que representan los gigantescos rótulos que llenan Managua con el rostro de Daniel Ortega. Boschi acudió a respaldarlos, pero nunca ha tenido un arma, el arma que dicen portaba ese día nunca fue presentada, el periodista no fue herido con arma de fuego sino con un objeto contuso y confesó no saber quién le hirió, y cuando fue herido hacía un cuarto de hora que Boschi y un grupo de personas que lo acompañaban había huido del lugar del disturbio, después que los CPC los apedrearan y destrozaran los vidrios de su vehículo. Boschi fue candidato a alcalde de Ciudad Sandino por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) antes de que a ese partido el CSE le cancelara su personería jurídica y su participación en las elecciones. La opinión pública vio en el juicio y en el insólito fallo una “venganza política” del gobierno. Dirigentes del MRS y jóvenes del Grupo Puente consideraron a Boschi como “el primer prisionero político” del gobierno Ortega.

MARCHAS DE MUJERES
El 25 de noviembre, en la conmemoración de la Jornada Mundial de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, las organizaciones feministas de Nicaragua vieron boicoteada su tradicional marcha por las calles de Managua por otra marcha, improvisada el día anterior, por los partidarios y para-gubernamentales CPC, que reunieron a mujeres de la capital para circular por las mismas vías e impedirle el paso a las feministas. En la marcha tradicional participó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, quien apeló a las agentes de la Policía Nacional (PN) que estaban en las calles impidiéndoles el paso para que actuaran de otra forma, e hizo un llamado a la Primera Comisionada y Directora de la PN, Aminta Granera, con estas palabras: “No se deje doblegar, Comisionada, tiene un pueblo que la respalda. Usted le devolvió al pueblo de Nicaragua la posibilidad de creer en alguien cuando aquí ya nadie creía en nada. No eche a perder ese caudal que ha acumulado tratando de mantener la institucionalidad de la Policía. Más que mantener la institucionalidad de la Policía, usted tiene la responsabilidad de responderle a un pueblo”. Núñez afirmó ese día que la mujer a la que hoy se le violentan más sus derechos humanos en Nicaragua es precisamente Granera, de quien dijo estaba “sometida a presiones, traiciones e infiltraciones” promovidas por el Presidente Daniel Ortega.

LUCHA CONTRA EL SIDA
En ocasión del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, Guillermo Porras, secretario de la Asociación Nicaragüense de Infectología, señaló que miles de nicaragüenses viven con el virus y aún no lo saben y que el sistema de salud de Nicaragua continúa demostrando serios problemas en la realización de pruebas para la detección temprana, en el acceso a la terapia antirretroviral y a los medicamentos contra infecciones oportunistas, y en la realización de pruebas de monitoreo. Planteó esto el 29 de noviembre en Managua, durante el VI Simposio Nacional de VIH-SIDA y Primer Encuentro Nacional de Proveedores de Salud en VIH-SIDA. Porras destacó que existen problemas de burocracia y de ineficiencia que afectan el proceso de atención a las personas que en Nicaragua viven con VIH-SIDA y que si el Ministerio de Salud tuviera un programa eficiente, con acceso universal a pruebas diagnósticas, terapia antirretroviral y monitorización ágil del tratamiento, los beneficios se verían en el número de vidas salvadas y en los años de vida productivos ganados. La Asociación Nicaragüense de Personas que Conviven con VIH-SIDA estima que hay al menos 20 mil casos de SIDA en Nicaragua. Con ocasión de esta Jornada, la embajada de EEUU en Managua informó que desde 2005 el gobierno de EEUU ha donado a Nicaragua $12.5 millones para programas de prevención, atendiendo a 121 mil 836 personas, y ha abastecido el 74% de los condones que circulan en el país.

MIRIAM ARGUELLO
Dos diputados del FSLN, dirigentes políticos aliados del partido de gobierno desde hace años en la llamada Convergencia Nacional, la conservadora Miriam Argüello y el socialcristiano Agustín Jarquín, admitieron el 5 de diciembre, en el programa televisivo “Esta noche”, entrevistados por Carlos Fernando Chamorro, que las elecciones municipales del 9 de noviembre no fueron transparentes. Y se manifestaron a favor de que las actas de escrutinio fueran recontadas. Miriam Argüello fue la más expresiva: “Hoy -dijo- siento como que perdí 50 años de mi vida, porque lo que está viviendo Nicaragua ahora es un desmadre total. Los magistrados del CSE se deben al pueblo y están obligados a demostrarle al pueblo que sus actuaciones fueron correctas. No es cosa de decir: Es correcto porque yo digo que es correcto... Estamos en una encrucijada, hay en Nicaragua una situación que no se resuelve con parches. Llegaron las cosas a tal punto que no es, como muchos dicen, sentándose en un diálogo nacional que vamos a resolver el problema que dio origen al estallido de estas elecciones… ¿Por qué el CSE, si ha actuado transparentemente, no le da tranquilidad al pueblo nicaragüense y dice: Aquí están las actas y los resultados, y se revisan? Ellos no son dioses, aquí no tenemos un dogma de fe, somos desconfiados. Ésa es la solución: que presenten las actas, que se haga un reconteo de actas con presencia de los observadores”.

CENSURA VS. SERGIO RAMÍREZ
A finales de noviembre, el gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), vetó a Sergio Ramírez como prologuista de la antología del poeta nicaragüense Carlos Martínez Rivas, que el diario español “El País” tenía previsto publicar en mayo de 2009, con una tirada de 200 mil ejemplares. La selección de poemas de nuestro insigne poeta formaría parte de la colección dedicada a dar a conocer masivamente a los más grandes poetas en lengua española del siglo XX. Considerando “inaceptable” el veto, “El País” decidió retirar a Martínez Rivas de la colección. El INC se acogió al argumento de que es depositario de los derechos de Martínez Rivas, interpretando que era voluntad del poeta que su obra quedara “bajo el estudio únicamente del escritor nicaragüense Pablo Centeno Gómez”. Sin embargo, Centeno repudió el veto oficial a Ramírez. Anteriormente, el INC había condicionado el “visto bueno” del gobierno de Nicaragua a que el prologuista fuera un poeta español. Sergio Ramírez recibió la noticia mientras participaba en la Feria del Libro de Guadalajara, México. Dijo: “El siguiente paso será la prohibición de que mis libros circulen en Nicaragua”. Intelectuales presentes en Guadalajara -entre ellos Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando Savater, Tomás Eloy Martínez y Carlos Monsivais-firmaron un pronunciamiento en el que dicen: “Ningún gobierno puede arrogarse la potestad de vetar o prohibir la palabra de un escritor y un acto semejante no puede calificarse sino de totalitario”.

PACTO-FRAUDE: RECONOCIMIENTO
El magistrado electoral del PLC, René Herrera, uno de los más fieles asesores y amigos del ex-Presidente Arnoldo Alemán, fue separado de su partido tras el fraude electoral. En las varias declaraciones que hizo Herrera en los días siguientes a los comicios hizo implícitas alusiones despectivas contra el candidato a la alcaldía de Managua, Eduardo Montealegre, quien denunciaba el fraude, criticándolo como “exhibicionista”. Finalmente, cuando se hicieron públicos los resultados definitivos de las elecciones y fue expulsado, Herrera se quejó de sus colegas y prácticamente reconoció lo que era un secreto a voces: que la victoria del FSLN había sido pactada entre Alemán y Ortega antes de las elecciones. Éstas fueron sus palabras el 21 de noviembre: “Los que lo saben, lo saben, los que no lo saben, no lo saben y tienen derecho a protestar, y tienen todo el derecho a criticar, pero yo les digo que los que saben leer: Lean. Mis decisiones en todo esto no están reñidas con mi lealtad a mi partido PLC y a su liderazgo. Ya más no les puedo decir, aquí no hay dinero de por medio, aquí no hay traición de por medio”. Y habló así de nuevo el 23 de noviembre: “Hay un buen número de personas en el PLC que saben qué es lo que hice, cómo lo hice y por qué lo hice y en esto no hay dinero”. Herrera reconoció que en las elecciones se cometieron irregularidades y que el FSLN se aprovechó de las debilidades de la alianza liberal. Montealegre retó a Herrera: “A ver si tiene la valentía, el valor, la hombría de decir con nombre y apellido a quién le hacía caso”.

CONFLICTO GOBIERNO-OBISPOS
Después de su primer comunicado, del 11 de noviembre, pidiendo un recuento de las actas de escrutinio de las elecciones, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua estuvieron reunidos durante tres días en Jinotega y al término de su reunión, el 19 de noviembre, emitieron otro documento, en el que condenan la violencia post-electoral “que revive heridas profundas que, con mucho esfuerzo y buena voluntad, nuestro pueblo había venido superando”. Insistieron: “Es indispensable agotar todos los recursos constitucionales, jurídicos y democráticos” para resolver la crisis electoral. Invitaban a toda la feligresía católica a participar el domingo 23 de noviembre en procesiones que se celebrarían en las 300 parroquias del país. Los obispos y párrocos llevarían en sus manos la custodia con el Santísimo Sacramento, el símbolo más sagrado para la fe católica. Los medios oficiales acusaron a los obispos de haber organizado “un nuevo partido político” y de actuar “al servicio de la oligarquía” y varios funcionarios del gobierno advirtieron contra las procesiones. Éstas se celebraron en todo el país en calma y sin los incidentes temidos. En varias parroquias las prédicas de obispos y párrocos fueron abiertamente de oposición al gobierno. El obispo de Granada, Bernardo Hombach dijo: “Hay gente que habla de paz y amor, de reconciliación y unidad, pero la paz no puede ser producto de una represión, ni de aterrorizar al pueblo”. El vicario de esa misma diócesis, Alfonso Alvarado, fue tajante: “Los sandinistas orteguistas son el principal enemigo de la iglesia católica”.

CONFLICTO GOBIERNO-OBISPOS
Después de su primer comunicado, del 11 de noviembre, pidiendo un recuento de las actas de escrutinio de las elecciones, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua estuvieron reunidos durante tres días en Jinotega y al término de su reunión, el 19 de noviembre, emitieron otro documento, en el que condenan la violencia post-electoral “que revive heridas profundas que, con mucho esfuerzo y buena voluntad, nuestro pueblo había venido superando”. Insistieron: “Es indispensable agotar todos los recursos constitucionales, jurídicos y democráticos” para resolver la crisis electoral. Invitaban a toda la feligresía católica a participar el domingo 23 de noviembre en procesiones que se celebrarían en las 300 parroquias del país. Los obispos y párrocos llevarían en sus manos la custodia con el Santísimo Sacramento, el símbolo más sagrado para la fe católica. Los medios oficiales acusaron a los obispos de haber organizado “un nuevo partido político” y de actuar “al servicio de la oligarquía” y varios funcionarios del gobierno advirtieron contra las procesiones. Éstas se celebraron en todo el país en calma y sin los incidentes temidos. En varias parroquias las prédicas de obispos y párrocos fueron abiertamente de oposición al gobierno. El obispo de Granada, Bernardo Hombach dijo: “Hay gente que habla de paz y amor, de reconciliación y unidad, pero la paz no puede ser producto de una represión, ni de aterrorizar al pueblo”. El vicario de esa misma diócesis, Alfonso Alvarado, fue tajante: “Los sandinistas orteguistas son el principal enemigo de la iglesia católica”.

CONFLICTO GOBIERNO-OBISPOS
Inmediatamente después de la jornada electoral del 9 de noviembre, el partido de gobierno sacó una nueva consigna en su costosa propaganda en rótulos gigantes y spots televisivos. El mensaje que acompaña el rostro de Daniel Ortega, con un gesto que simula una bendición, es: “Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios”. El gobierno instaló también vistosas imágenes de la Virgen María en las rotondas de la capital, ocupadas desde agosto por orden presidencial por los llamados “rezadores contra el odio”, indigentes a los que el gobierno da una camiseta, una bandera, algo de dinero y los tres tiempos de comida. Decenas de trabajadores del Estado fueron obligados a ir a las rotondas a rezar y cantar a la Virgen. En su documento del 19 de noviembre los obispos hicieron pública su protesta por el continuo uso y abuso de mensajes y símbolos católicos por parte del gobierno, del Presidente y de la Primera Dama, con estas palabras: “No podemos ver impasiblemente que se utilicen signos y se usen lenguajes propios de la religiosidad católica con fines políticos y hasta totalmente contrarios a los valores que en sí mismo significan”. A finales de noviembre, y tras una reunión en Ayagualo, El Salvador, los obispos de Centroamérica respaldaron a sus colegas de Nicaragua eligiendo al arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, como Presidente del Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) y al obispo de Matagalpa, Jorge Solórzano, como Secretario, para los próximos cuatro años. Durante el debate sobre la participación política del clero católico, Solórzano dijo: “Hay que ver cada caso y ver qué tipo de protestas son. Si no están politizadas y son derechos del pueblo, creo que el pastor tiene que acompañar al rebaño y no dejarlo solo”.

NO HABRÁ REFINERÍA
Por causa de la sensible baja en el precio internacional del petróleo y por la dificultad de encontrar inversionistas internacionales en momentos de recesión mundial, el gobierno de Venezuela inició una “evaluación de sus inversiones internacionales”, entre ellas la construcción de refinerías en Ecuador y en Nicaragua. Mientras el gobierno de Ecuador anunció que continuaría con el proyecto, y el gobierno de Nicaragua no ha dicho una sola palabra sobre esto, lo más probable es que después de la primera piedra que los Presidentes Chávez y Ortega pusieron a mitad de 2007 para construir en Piedras Blancas, Nagarote, una refinería de petróleo que abastecería a toda la región centroamericana y que llevaría el nombre de “Supremo Sueño de Bolívar”, no tendrá ya nuevas piedras. La inversión calculada para esta refinería era de unos 4 mil millones de dólares. Según se anunció en 2008, el gobierno de Venezuela había aprobado ya $250 millones para iniciar la primera fase de la construcción, pero esto nunca sucedió. Esta refinería y una cercana industria petroquímica eran los proyectos estrella de la cooperación venezolana y de los proyectos del ALBA en Nicaragua.

REFORMAS ELECTORALES
El Grupo Promotor de las Reformas Electorales, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, presentó desde hace tiempo una propuesta de reformas a la Ley Electoral del año 2000, nacida del pacto Alemán-Ortega. La propuesta del Grupo Promotor caracteriza así la actual Ley Electoral: “Permite que el Consejo Supremo Electoral decida de manera discrecional sobre muchos aspectos de trascendental importancia para la equidad y la transparencia de las elecciones; limita de manera exagerada e injustificada la participación de nuevas organizaciones políticas para que compitan por el voto popular; niega espacios de participación a la ciudadanía limitando su ejercicio del voto; no contiene regulaciones concretas sobre el financiamiento a los partidos políticos, a excepción de algunas específicas para la campaña electoral; y fomenta el uso de criterios partidarios para seleccionar al personal administrativo y a las autoridades del proceso electoral en todos los niveles”. Uno de los aspectos de la Propuesta se refiere a la divulgación de los resultados y propone que la Ley obligue a “divulgar la totalidad de los resultados preliminares detallados por junta receptora de votos (JRV) y basados en las Actas de Escrutinio en las 72 horas posteriores a la votación y el detalle por JRV y Municipio de los resultados provisionales y finales”. Esto nunca sucedió en las elecciones municipales del 9 de noviembre.

DOS MILLONES DE INDIGENTES
Según los datos oficiales presentados este año por el gobierno de Nicaragua, con datos atrasados -los de 2006- a la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en Ginebra, en Nicaragua el 77.8% de la población cuenta con menos de dos dólares diarios para sobrevivir. De ellos, el 42.6% con menos de un dólar al día, lo que significa que en Nicaragua la mayoría de la población sobrevive bajo el umbral de la pobreza y 2.1 millones de hombres, mujeres, niñas y niños sobreviven en la indigencia.

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