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  Número 319 | Octubre 2008
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Nicaragua

Las reglas del juego

Van quedando cada vez más claras las reglas del juego que el gobierno quiere imponerle a la sociedad. Las reglas del juego electoral fueron alteradas previamente. Las reglas del juego democrático no se están respetando. Las reglas del juego del Estado con la sociedad están tensándose y amenazan con ser transformadas. Y hay intención de cambiar todas las reglas del juego político-institucional después de las elecciones municipales del 9 de noviembre.

Equipo Nitlápan-Envío

Vamos hacia un noviembre electoral. El martes 4 de noviembre los electores estadounidenses elegirán entre Obama y McCain. La expectativa es planetaria. El domingo 9 de noviembre, dos millones y medio de nicaragüenses están convocados a las urnas para elegir gobiernos locales en 143 municipios. El domingo 23 de noviembre millones de venezolanos elegirán gobernadores, diputados a los consejos legislativos y alcaldes.

Los resultados de Estados Unidos influirán en todo el mundo, también en Nicaragua y en Venezuela, aunque no tan a corto plazo. Los de Nicaragua tendrán una influencia importante e inmediata en Nicaragua, aunque no en Venezuela. Y de lo que suceda en Venezuela puede depender lo que siga sucediendo en Nicaragua, dado el soporte económico que para las reglas del juego de Ortega representan los recursos de Chávez.

UNA POLARIZACIÓN PRE-FABRICADA

Los comicios municipales deberían ser la ocasión para que la ciudadanía seleccione a las personas que mejor contribuyan al desarrollo de su municipio. Sin embargo, el gobierno ha trabajado para convertirlos en un plebiscito nacional que avale la gestión de casi dos años de Daniel Ortega, en una luz verde al modelo político autoritario que está imponiendo y que pretende consolidar después de las elecciones.

El 25 de septiembre inició oficialmente la campaña electoral. Participan cinco partidos: FSLN, la alianza PLC-VCE, PRN, ALN y AC. La disputa estará, una vez más, polarizada entre el hoy rosado partido de gobierno y la roja alianza de los liberales.

La polarización fue fabricada y promovida. Es fruto del pacto Ortega-Alemán, y terminó de expresarse en arbitrarias medidas del Consejo Supremo Electoral (CSE): quitarle la dirección de ALN a los liberales no-alemanistas y anular en junio la participación de dos partidos anti-pacto: el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador. Además, el FSLN satelizó en su órbita a la nueva ALN y a AC. El PRN, el Partido de la Resistencia, es una fuerza poco relevante, a excepción de algunos municipios. Pero si no participaba, dejaba de existir.

A la siempre proclamada en todas las retóricas “fiesta cívica”, el FSLN llega con ventaja. Se la dan los recursos públicos, usados discrecionalmente y sin control, y el dominio en todo el entramado: desde las estructuras centrales, departamentales y municipales del CSE hasta los responsables de los centros de cómputos, pasando por los cruciales miembros que presiden y controlan las más de 11 mil juntas receptoras de votos. En esta ocasión habrá también tres policías electorales presentes en cada junta, seleccionados por el partido de gobierno. En ocasiones anteriores bastó con uno.

EL ESTADO ES EL PARTIDO

Otra ventaja para el FSLN es la falta de observación. El Poder Electoral no ha autorizado observación internacional que no sea la del CEELA, organización patrocinada por el gobierno venezolano, y hasta el 9 de octubre tampoco había autorizado a los observadores nacionales.

Además, la Ley Electoral -que el grupo de Ortega redactó y aprobó en alianza con el grupo de Alemán- es desobedecida abiertamente en las actividades gubernamentales (concentraciones presididas por Ortega, mítines locales, inauguración de obras públicas, actos oficiales, discursos de funcionarios…), donde los recursos del Estado y los símbolos partidarios se entremezclan para promover a los candidatos del partido de gobierno.

La permanente confusión Estado-Partido es una de las reglas de juego del actual gobierno. En todo el camino a las elecciones esta confusión se ha hecho evidente. Casi parece un desafío. Los medios lo documentan. ¿Por qué los ministros hacen campaña a favor de los candidatos en todos los municipios? ¿Por qué las banderas del FSLN y los afiches de sus candidatos están en todos los edificios públicos, como “marcando territorio”? ¿Por qué? No hay respuesta. Tampoco sanción. Ni siquiera investigación.

EL PESO DE LA UNIDAD LIBERAL

En el polo opuesto está la alianza liberal: el PLC -aún controlado por Arnoldo Alemán, aunque con un liderazgo en declive- y el movimiento “Vamos con Eduardo”, que agrupa a la disidencia del PLC y que, a pesar de un aluvión de críticas, decidió una alianza político-electoral con el PLC. La mitad de los candidatos los ha puesto el grupo de Eduardo Montealegre y la otra mitad el grupo de Alemán. Analiza el sentido de esta polémica alianza Eliseo Núñez Morales, vocero de “Vamos con Eduardo” en las páginas siguientes de este mismo número.

La mayor de las ventajas con que juega la alianza de los liberales es jugar unidos, al menos en esa frágil alianza, todos en la misma casilla, aunque las contradicciones y las pugnas “vayan por dentro”. Daniel Ortega está hoy en el gobierno por la división que alentó y fraguó en el liberalismo maniobrando con el caso Alemán. Cuando se suman los resultados obtenidos por los grupos liberales y conservadores opuestos al FSLN en las elecciones municipales de 2004 y hoy prácticamente unidos todos, se ve que en plazas importantes -Masaya, Granada, León, Jinotepe, Diriamba, Jinotega, Juigalpa, Boaco, también Managua- la victoria del FSLN sólo la explica la división opositora. Son bastantes e importantes las plazas electorales donde el FSLN pierde ante una eventual unidad o su margen de victoria es menor al 5%.

¿Podrá ahora la unidad liberal contrarrestar las reglas de este juego electoral, tan cuidadosamente organizadas por el FSLN a su favor? ¿Influirá la unidad de los liberales y de un sector de los conservadores en elecciones donde lo que pesa más es el candidato local? ¿O lo que determinará los resultados será el tinte de referéndum nacional con que muchos van a estas elecciones?

IRRITACIÓN SOCIAL ¿POR ARROGANCIA?

La unidad liberal es más perjudicial para el FSLN en el actual escenario de polarización social en donde el anti­sandinismo cobra fuerza. En casi dos años de gobierno, Daniel Ortega nos ha demostrado que su proyecto no es construir un consenso para legitimarse ampliando su base, aspirando a un respaldo de mayoría. Su proyecto es acumular poder. Ese fin justifica cualquier medio.

El resultado está siendo una creciente irritación social y el incremento del fanatismo y el sectarismo alentados desde el gobierno. Los medios de comunicación oficiales son la diaria muestra de esta tendencia, tan dañina en un país en el que, después de una guerra devastadora, se han hecho tantos esfuerzos por reducir la intolerancia y por enseñar y aprender respeto, negociación y escucha del “otro”.

La polarización alentada por Ortega obra en contra de Ortega. El sandinismo sólo tuvo simpatías mayoritarias en los primeros años de la revolución de los 80. Después, esas simpatías se fueron reduciendo por los altísimos costos de la guerra con que hubo que defender la revolución y por los también altísimos costos de los errores de aquel proyecto y de algunos de sus dirigentes. El antisandinismo se volvió mayoritario. Lo es hasta el día de hoy, cuando el gobierno del FSLN es responsable de estarlo incrementando. ¿Por qué si revierte contra ellos? ¿Señal de una arrogancia que no conoce límites o expresión de un autismo político que les impide entender los cambios que ha experimentado la sociedad nicaragüense?

EL MODELO YA ESTÁ ANUNCIADO

En las elecciones municipales anteriores (2004) el FSLN logró ganar 87 alcaldías combinando su siempre fiel voto cautivo con una inteligente y flexible política de alianzas, que creó expectativas sobre una positiva transformación del partido rojinegro.

Pero, después de aquella experiencia electoral, el FSLN se pintó de rosado y, en una metamorfosis drástica, alcanzó finalmente el gobierno, tras una alianza de años con Alemán y la corrupta cúpula del PLC, compartiendo intereses económicos con el gran capital nacional y promoviendo las creencias religiosas más conservadoras.

Hoy, ese FSLN va a las elecciones “por más victorias” e invita a votar por “el modelo del poder ciudadano”, como proclama su propaganda. Aspira a ganar 100 o más alcaldías con candidatos que ya han firmado ante Daniel Ortega el compromiso de “obedecer” no a la totalidad de la población que gobernarán y a la que representarán, sino a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), estructuras minoritarias dirigidas desde la Presidencia de la República. Ésas serán las ya anunciadas nuevas reglas del juego en el poder local.

Futuros gobiernos municipales como los que permite imaginar este “modelo”, que frenarán la incipiente autonomía municipal, que relegarán las instancias legales de participación que funcionaban ya, y que se someterán a estructuras partidarias que seguramente promoverán más polarización, han generado una gran incertidumbre.

LAS REGLAS DE LOS CPC

Los CPC tienen dos caras. El masivo empobrecimiento y el masivo desempleo les permiten atraer, reclutar y hasta movilizar a gente que tiene necesidad del bono alimentario o de préstamos a bajo interés (los programas estrella del gobierno, Hambre Cero y Usura Cero), que se sienten dignificados con becas para sus hijos o con operación de cataratas o con otras ayudas: los CPC te meten en listas para las viviendas que se van a construir, para los lotes que se van a legalizar, para la comida que venden más barata, los CPC te tienen que avalar si quieres conseguir un trabajo en la alcaldía o en el gobierno...

El sueño de rescatar alguna hilacha de gloria de los años revolucionarios atrae también a los CPC a sandinistas de base que encuentran en esas estructuras un cierto reconocimiento social, la oportunidad de volver a sentirse activos comunitariamente, la posibilidad de fantasear con que la revolución no se perdió…

Pero hay otra cara. Los CPC son grupos minoritarios y representan a un gobierno que ganó con minoría electoral. Sin embargo, a los dirigentes de los CPC el gobierno les ha dado poder y recursos para que se impongan a la mayoría por las buenas…o por las malas. Lo pueden hacer porque hay que reconocer que son la minoría mejor organizada del país. Lo pueden hacer porque hoy esa probada tradición organizativa está estimulada por prebendas y recursos públicos que nadie controla.

MINORÍA SOBRE MAYORÍAS

Analizando el conflicto boliviano entre las minorías de la Media Luna -con poder y con recursos- y la mayoría que respalda al gobierno de Evo Morales, el periodista de izquierda Ignacio Ramonet comentaba algo elemental: Para que una democracia funcione democráticamente, la minoría debe respetar a la mayoría. En eso consiste el acuerdo sobre el que funciona la democracia. Las minorías no tienen el poder, no ejercen el poder, pero tienen el respeto del poder. ¿Funciona la democracia en Nicaragua? Lo que estamos viendo es una minoría que tiene el poder y que lo ejerce buscando imponerse sobre la mayoría, a la que irrespeta considerándola minoría. Los voceros del gobierno hablan cada vez menos de “democracia” y más de “revolución” e interpretan cualquier crítica como proveniente de la “oligarquía” y de “peleles vendepatrias”.

La ideología que alimenta a la minoría política que respalda hoy al gobierno es que esta “segunda etapa de la revolución” que dirige Ortega está asediada por la derecha, ya no con armas, sino por “una dictadura mediática” y por la sociedad civil. El discurso afirma que el gobierno de Ortega está en riesgo y hay que defenderlo de un derrocamiento, pues le está sucediendo lo que a otros procesos latinoamericanos.

Esconden las diferencias: todos los líderes de izquierda latinoamericanos alcanzaron el gobierno con un respaldo social mayoritario y todos están comprometidos con cambios en el modelo de sus países. Ortega ganó con poco más de un tercio del electorado y su modelo no se aparta del modelo neoliberal heredado y del asistencialismo de compensación social que ha sido su sello.

TERRITORIO, JERARQUÍA Y VIOLENCIA

Sabemos -o deberíamos saber, la evolución nos lo enseña- que en el comportamiento de los seres humanos se expresan aún tres inercias de la conducta de nuestros antepasados primates: la necesidad de establecer y defender territorios grupales, la organización jerárquica del grupo y la conducta agresiva y violenta ante los rivales del grupo. Esas reglas del juego las compartimos con ellos.

Aunque estos comportamientos también son humanos, abusar de ellos y promoverlos nos deshumaniza. Nada más lejano a una revolución que fomentar esa involución. Esa involución deshumanizante y antidemocrática se puso de manifiesto en la ciudad de León cinco días antes de que iniciara la campaña electoral.

Para el 20 de septiembre, grupos organizados de la sociedad civil de Occidente convocaron a una marcha opositora al gobierno. Habrían reunido seguramente a dos o tres mil personas de los municipios de León y Chinandega. Nada multitudinario, pero sí significativo en la coyuntura actual.

TEMOR Y CONTRADICCIÓN

La marcha fue impedida con un despliegue de fuerza innecesario y desproporcionado de una minoría enardecida que obedecía órdenes y que actuó con una intolerancia fanática.

¿Por qué exteriorizaron tanta intolerancia en León? Después de los trece días de huelga de hambre de Dora María Téllez en el centro de Managua en junio -un gesto que despertó conciencias y que encontró desprevenido al gobierno- y de las tres marchas opositoras que le siguieron, cada vez más masivas, el gobierno se ha atemorizado ante una posible articulación de los descontentos políticos y económicos de la mayoría en torno al derecho a la libre expresión, a la libre manifestación y a la libre movilización. Y ha decidido imponerse ordenando a su minoría incondicional dejar en claro “quién manda”. Y cómo manda. Asumiendo incluso el costo político que la violencia desproporcionada, contradictoria con su “apellido” (gobierno de reconciliación y unidad nacional) pueda tener en los resultados electorales.

UNA INTIMIDACIÓN DELICTIVA

La violencia de León no fue espontánea, fue planificada en las vísperas como una advertencia amenazante. Grupos de choque del gobierno y de los CPC se tomaron desde temprano la ciudad, amedrentando a la población y a quienes iban llegando a la marcha. Cercaron y apedrearon a dirigentes del MRS dentro de una propiedad privada, donde incendiaron y redujeron a chatarra quemada el carro del diputado del MRS Enrique Sáenz. Mientras, otros grupos, armados de piedras, tubos, machetes, morteros y garrotes, trancaban las carreteras que conducen a León, deteniendo buses y carros para catear a sus ocupantes y decidir si seguían o no su ruta. Quienes iban a la marcha o exigían el paso vieron averiados sus vehículos.

Todo ocurrió a vista y paciencia de la Policía Nacional, que había dado permiso para la marcha, pero que no actuó para detener a los atacantes. Cuando después de horas de violencia, un grupo de policías antimotines, con cascos y escudos, decidió actuar para despejar con gases lacrimógenos la carretera Managua-León, una turba de “revolucionarios” se opuso a garrote limpio. Al frente de ellos, Manuel Calderón, candidato a alcalde por el FSLN en León.

Las imágenes que algunos periodistas lograron captar de los hechos vandálicos de León -calificados acertadamente por el CENIDH como intimidación delictiva y por los más viejos como “somocismo puro”- valen más que mil palabras. Pero también hubo palabras de altos funcionarios del gobierno que justificaron la defensa violenta del “territorio” de León.

Lo que no hubo fue ni detenidos ni sanciones. A pesar de las evidencias de los delitos cometidos en Chinandega y León -daños a la propiedad, lesiones y grave alteración del orden público-, a pesar de que los grupos de choque del gobierno despojaron a la Policía de su autoridad durante horas, enseñoreándose de la ciudad y las carreteras, no hubo un solo detenido ni siquiera una información policial que hiciera un balance de lo ocurrido.

Entre imágenes, declaraciones y omisiones, el 20-S en León ha servido de alerta roja sobre cuáles serán las reglas del juego político de este gobierno.

Apenas diez días después, las mismas reglas quedaron confirmadas cuando unos diez hombres forzudos, al frente de ellos el secretario político del FSLN en Managua, dispersaron a puñetazos, patadas y fajazos a veinte jóvenes universitarios que protestaban ante el oficialista Canal 4 con un cartel que decía “La razón puede más que el fanatismo”.

EL DILEMA DE LA POLICÍA

La alerta mayor que se desprende del 20-S se centra en el papel de la Policía Nacional. A la institución policial le toca jugar con las reglas de sus leyes y con las de la Constitución. Esas leyes le ordenan obediencia al Presidente de la República. En ocasiones anteriores a la de León ya se observaba una posición pasiva o ambigua de la Policía en conflictos que el Ejecutivo no lograba sofocar con sus métodos intimidantes o que prefería que escalaran: paro nacional del transporte, protestas en Bilwi por la suspensión de las elecciones en el Caribe, conflicto en el basurero de La Chureca en Managua.

La Policía está hoy ante un dilema crucial, ante una encrucijada. En León se apreció algo así como una “doble jefatura”: unos siguiendo la orden de ser permisivos durante horas frente a la violencia de los grupos de choque del gobierno y otros usando finalmente la fuerza de los antimotines para despejar la vía que ocupaba uno de estos grupos, armado con garrotes.

Al día siguiente de lo ocurrido en León, el Presidente Ortega ordenó por decreto mandar a retiro a seis comisionados de la Policía. ¿Castigo por la decisión de que el poder policial enfrentara al poder ciudadano de los CPC?

Esta decisión -considerada “normal” por la Jefa nacional de la Policía, Aminta Granera- y otros recientes y repentinos cambios ordenados por decreto por Ortega para reestructurar los altos mandos de la Policía -aumento del número de comisionados generales, ascensos de incondicionales y retiros de mandos experimentados- indican que el Ejecutivo podría estar decidido a partidarizar a la institución, destruyendo así el profesionalismo que tan costoso le ha resultado conseguir y consolidar.

El objetivo sería alinear a la Policía a las nuevas reglas del juego político: impedir las protestas y permitir las “respuestas”. Sería la versión orteguista de la “criminalización de la protesta social” que hoy están imponiendo gobiernos de derecha en todo el mundo.

CLIENTELISMO PRE-ELECTORAL

El control institucional del aparato electoral, el masivo uso de los recursos del Estado -incluidos fondos venezolanos que el gobierno utiliza a discreción y sin dar cuenta de ellos- para una triunfalista propaganda y también los temores que genera esta “intimidación delictiva” da ventajas electorales al FSLN en las elecciones.

Pero eso no basta. La situación económica es difícil, más en las zonas urbanas. Y el gobierno ha intensificado el clientelismo en vísperas electorales. Más bonos alimentarios, más arroz, aceite y frijoles a bajos precios. El último aporte venezolano al reparto son 25 mil cocinas de gas con su tanque. Su distribución selectiva coincidió con la intervención gubernamental, en base a un “decreto de emergencia económica”, de Tropigas, la mayor empresa distribuidora de gas de cocinar en el país. Otra señal de que las prioridades del grupo empresarial del FSLN son las piezas de la cadena de la industria energética.

El clientelismo pre-electoral se revela también en el inesperado decreto del Ministerio del Trabajo aumentando en un 18% el salario mínimo a unos 100 mil trabajadores de nueve sectores de la economía, contradiciendo el compromiso asumido con el FMI, que era aumentar sólo el 15%.

¿CUÁNTO PESARÁ?

El aumento salarial hará menos rentables a las zonas francas textiles, que podrían decidir abandonar el país o despedir personal. La recesión en Estados Unidos ha reducido drásticamente el ritmo que tenían las exportaciones de las zonas francas: de 20% de incremento que tuvieron en el período enero-agosto de 2007 a sólo 2% en esas mismas fechas del 2008. Varias zonas francas ya han abandonado Nicaragua y en los últimos meses se han perdido unos 15 mil puestos de trabajo. Son trabajos esclavizantes y no bien pagados, pero la diferencia entre tenerlos o no tenerlos es comer o no comer.

Igual matiz de busca de clientela electoral tiene el proyecto de “vivienda digna” lanzado por Ortega a inicios de octubre, proponiendo “expropiaciones negociadas” de terrenos privados para la construcción de viviendas populares con el financiamiento venezolano. También tiene ese matiz el “recordatorio” hecho por el asesor económico del gobierno Bayardo Arce, alentando al voto por el FSLN, en agradecimiento por los cero apagones de este año, por una energía eléctrica subsidiada y por un transporte colectivo también subsidiado, beneficios económicos que sólo se explican por la participación de Nicaragua en el ALBA.

MEDIOS Y ONG EN LA MIRA

Aunque esto le puede perjudicar en los resultados electorales, el gobierno se ha lanzado contra las ONG con saña, provocando un gran rechazo entre miles de personas, si se tiene en cuenta que en torno a las ONG trabajan al menos unas 25 mil personas, remuneradas o voluntarias.

Como fuera del control del pacto lo que ha quedado son los medios de comunicación y la sociedad civil organizada, el gobierno los tiene en la mira y pretende establecer nuevas reglas de juego con los medios y con las ONG.

La publicidad estatal entregada sólo a medios afines y otros mecanismos de presión han estado funcionando desde hace meses. Sin embargo, el gobierno decidió establecer un compás de espera, hasta que no haya una Ley de Medios, para establecer una estricta regulación en los plazos otorgados por el Estado para la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Dejó así pendiente esa espada sobre las cabezas mediáticas a la espera de los resultados electorales.

La ofensiva contra las ONG parece serle de mayor urgencia. Y la ha emprendido, a pesar del costo político que le está suponiendo. Argumentando que la “sociedad sívil” -así la llaman en los medios oficiales- no es más que un grupo de ONG “financiadas por el imperio para derrocar al gobierno y para enriquecer a los oligarcas que la dirigen”, la campaña se ha dirigido, en primer lugar y con más saña contra el Centro de Investigaciones para la Comunicación (CINCO), dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, quien desde hace años ha contribuido, desde sus programas televisivos, “Esta semana” y “Esta noche”, a un muy profesional y pluralista debate de ideas. Chamorro pasó a ser un blanco priorizado de la agresividad gubernamental desde que informó y develó en mayo de 2007 el primero y uno de los más escandalosos casos de corrupción gubernamental, que involucraba a operadores políticos del entorno presidencial (ver Envío de junio 2007). En aquella ocasión fue calumniado como “narcotraficante” e integrante de una “mafia toma-tierras” que despojaba a los campesinos. Ahora lo tildan de “lavador de dinero”.

CALUMNIA, QUE ALGO QUEDA...

Con CINCO se ataca al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), que conduce, entre otras, la periodista Sofía Montenegro, quien trabaja en CINCO y que es una de las voces más lúcidas y apasionadas en la defensa de los derechos de las mujeres.

Siguiendo un procedimiento habitual en el país, practicado por la cooperación internacional durante años, y del que se han beneficiado y se benefician también organismos afines al gobierno, CINCO prestó su personería jurídica para que el MAM -que no la tiene, porque no la necesita- recibiera recursos de Oxfam-Gran Bretaña, que administra el Fondo Común para la Gobernabilidad, una iniciativa de ocho gobiernos europeos para brindar apoyo financiero a distintas organizaciones nacionales.

Todo legal, todo transparente. Sin embargo, los medios oficiales (Canal 4, Radio YA, semanario “El 19”), en una campaña de desprestigio infame e increíble -acuerpada por otros medios cómplices- y la ministra de gobernación, acusaron a CINCO, al MAM y a Oxfam-UK del delito de “triangular fondos” presumiendo que podían provenir del lavado de dinero. Sin presentar ninguna acusación formal más que los documentos de los convenios, que son públicos y eran conocidos por las instituciones estatales correspondientes, y con declaraciones incriminantes, la Fiscalía comenzó a investigar de oficio el “delito contra el Estado de Nicaragua” el 2 de octubre.

UNA GUERRA DE DESGASTE

Otras 17 ONG fueron mencionadas también por el ministerio de Gobernación como sospechosas del mismo “delito” de triangulación de fondos y, por lo tanto, de lavar dinero.

Esta campaña, sin que medie notificación oficial a los “acusados”, sin que haya acusación formal de nadie, ha provocado una gran preocupación entre la cooperación internacional y una enorme incertidumbre en sectores de la sociedad organizados e independientes que, en su mayoría nacidos del sandinismo, se sienten injustamente amenazados.

Se trata de una guerra selectiva contra las organizaciones de las que el gobierno ha recibido más críticas o de las que quiere desquitarse por algo. En algunos casos, ni siquiera hay nada de esto y se menciona a algunas ONG como fruto de un gran desorden arbitrario y absurdo. Se trata también de una guerra de desgaste para que las energías dedicadas a trabajar se dediquen a defenderse. Se trata de intimidar en nombre del cumplimiento de la ley. El vicecanciller Valdrack Jaentschke ha dejado claro que se van a establecer nuevas reglas de juego para todas las ONG y para la cooperación internacional que ha financiado sus esfuerzos en todos los terrenos durante años. Está en preparación una nueva ley.

El objetivo implícito es restringir la libre asociación y la libre organización, derechos tutelados por la Constitución, para imponer, como dijo Carlos Fernando Chamorro un modelo de sociedad civil que no delibere, que calle, que simplemente obedezca. Una sociedad sumisa y subordinada. El objetivo no declarado parece ser captar los recursos financieros de la cooperación para proyectos y programas gubernamentales y ajustar a las ONG internacionales a nuevas reglas del juego: sólo podrían operar en el país las que estén autorizadas por el gobierno, que a su vez autorizaría a las ONG nacionales que podrían funcionar en el país y determinaría qué proyectos se pueden financiar o no con fondos de la cooperación internacional.

La filosofía que sustenta esta ofensiva es que las ONG no pueden “hacer política” y que si quieren hacerla deben “convertirse en partido político”, reduciendo así la política a la actividad partidaria, desconociendo que donde quiera que haya desigualdades de poder, sea en el hogar, en la escuela, en la fábrica, en las políticas públicas, en el presupuesto, y donde se luche por equilibrar esas desigualdades, se está haciendo política. Desconociendo que ser ciudadano o ciudadana es precisamente eso: organizarse para hacer “esa política”.

OTRO “FEMINISMO”

Entre las organizaciones sociales que más interesa al gobierno cooptar, aislar o eliminar están las organizaciones feministas. Ninguna “revolución” ha sido más constante, permanente y prometedora en Nicaragua que la que se ha producido en las conciencias de las mujeres, a partir de la revolución sandinista y posteriormente, a pesar de sus dirigentes y en creciente autonomía de los lineamientos del partido que traicionó la revolución.

Nicaragua está sembrada hoy de organizaciones feministas que han promovido procesos educativos y culturales de mucha trascendencia para el cambio, tanto en el corto como en el largo plazo.

Hoy, el gobierno aspira a sustituir estos esfuerzos con otras organizaciones, otros discursos y otras capacitaciones “de género”, diseñadas para ir articulando un “feminismo” limitado a derechos económicos tutelados por el partido de gobierno, donde los conflictos derivados de las desiguales relaciones de poder en el hogar se solucionen en privado, donde la religiosidad inspire procesos de mediación y reconciliaciones como solución a los conflictos, donde los delitos de la cultura patriarcal se conviertan en pecados que terminen siendo perdonados según “nuestra tradición religiosa”…

OTRA CALUMNIA

Después de orientar a todas las organizaciones gubernamentales en los municipios a no coordinarse con los grupos feministas y con los centros de mujeres, la meta gubernamental es ahora diseminar y desarrollar una “perspectiva de género” funcional a la sociedad servil que hoy se nos quiere imponer.

Este proyecto tiene como uno de sus ejes desprestigiar al movimiento de mujeres de Nicaragua con la acusación de “abortistas”. Es un epíteto que repiten hoy los medios oficiales contra las mujeres organizadas que están siendo “investigadas”, contra los centros de mujeres que las respaldan y contra las ONG que han promovido en Nicaragua el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos que la Iglesia católica, aliada del FSLN, desconoce y combate.

La estrecha alianza del FSLN con la jerarquía católica, expresada en la penalización del aborto terapéutico en 2006 colocó a Nicaragua en un minoritario grupo de países que no admiten el aborto ni aunque esté en peligro la vida de la mujer embarazada. Esta ceguera irracional contrasta con la posición del resto de los países latinoamericanos del ALBA. El Código Penal de Bolivia (artículo 266) establece que no hay sanción “si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” y “cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”. El Código Penal de Cuba (artículos 267-271) sólo sanciona el aborto practicado a la fuerza y contra la libertad de la mujer. En el Código Penal de Venezuela (artículo 435) se lee: “No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”. Y en el Código Penal de Ecuador (artículo 447) se lee: el aborto “no será punible si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre”.

¿ABSTENCIÓN?

Así, entre muchas incertidumbres caminamos hacia el proceso electoral. Con las actitudes arbitrarias del CSE y con su apabullante y triunfalista propaganda electoral, el FSLN ha sembrado apatía, con el objetivo de promover la abstención. Mucha gente piensa que ya los resultados están “amarrados”, que estas elecciones “no sirven”, que votemos como votemos “se las van a robar”. En las elecciones municipales -ésta es la tercera convocatoria nacional- siempre hay más abstención que en las presidenciales. En 2004 la abstención superó el 50%. La abstención favorece al FSLN, porque cuenta con un voto disciplinado y cautivo y porque es sobre los votos depositados que se decide a los ganadores.

¿HAY POR QUIÉN VOTAR?

Por fuera de las cinco opciones de la boleta legal, tres fuerzas políticas excluidas de la contienda por el pacto Ortega-Alemán a través del CSE, han sentado posiciones. Despuntó en agosto el Movimiento por el Rescate del Sandinismo, que pidió a sus simpatizantes acudir masivamente a las urnas para evitar la abstención, pero ir para anular la boleta con mensajes contrarios al pacto o a la corrupción o a la dictadura orteguista o cualquier otra expresión al gusto de la rebeldía del votante.

Después habló el Partido Conservador, reiterando que las elecciones son “ilegítimas”, pero llamó a acudir masivamente y a votar “por candidatos y no por consignas partidarias, por los mejores hombres y mujeres”, aclarando que “votar por un candidato que está con el pacto significa votar por la reelección de Ortega”.

El MRS fue el último en definirse. Llamó a votar masivamente y a votar “contra el FSLN”, para “frenar el proyecto continuista de Alemán y de Ortega”. Convocan a votar “en conciencia” por el mal menor y contra el mal mayor, ya que aunque no hay por quién votar sí hay contra quién hacerlo.

También acordó que en los municipios, el MRS coordinará acciones con candidatos opositores y “promoverá activamente el voto contra el orteguismo y sus candidatos y a favor de la democracia, exigiendo a los candidatos (que no son del FSLN) un programa a favor de la democracia, el rechazo al pacto y la libre participación ciudadana”.

¿CAMBIARÁN LAS REGLAS?

Ciertamente ya no hay apagones en nuestro país, gracias al gobierno del FSLN y a la cooperación venezolana, pero son otras sombras las que se ciernen sobre Nicaragua con las reglas de juego que Ortega y su grupo están queriendo imponer. Y el panorama podría oscurecerse aún más después de las elecciones.

En sus medios, el FSLN cuenta ya con que en diciembre 2008 y en enero 2009 quedarán aprobadas en la Asamblea Nacional las reformas constitucionales ya redactadas y bastante adelantadas en las negociaciones del próximo pacto entre Ortega y Alemán. Esas reformas cambiarán el sistema político del país hacia el “parlamentarismo”, siendo totalmente ambiguo el contenido exacto de ese concepto. El contenido de esas reformas que sí está totalmente claro es la reelección presidencial de Daniel Ortega y/o la instalación de una Asamblea Constituyente que prolongaría su período presidencial y le evitaría someterse al escrutinio de los votos.

Si el FSLN gana las cien alcaldías a las que aspira, y especialmente si gana en Managua, interpretará los resultados como el SÍ de un referéndum, como una luz verde para seguir avanzando por el rumbo autoritario y encontrará en sus socios del PLC, los liberales alemanistas, el camino allanado para aprobar las reformas constitucionales.

Si la población sale a votar masivamente contra el FSLN y el partido de gobierno pierde Managua y no consigue todo lo que espera de las urnas, ¿rectificará Daniel Ortega el rumbo? ¿Cambiará las reglas del juego o, herido en su arrogancia y temeroso de que el rechazo crezca, las profundizará?

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