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  Número 317 | Agosto 2008
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México

Todos los poderes contra la autonomía zapatista

Tanta movilización militar en Chiapas contra las comunidades zapatistas no se había visto en muchos años. Ejército, Policías y paramilitares están cercando a las comunidades autónomas, provocándolas, intimidándolas, fabricando incidentes entre indígenas y campesinos. No son hechos aislados, hay un incremento alarmante de la presión armada y una notable despreocupación de los poderes responsables de detenerla. Éste es un recuento de lo ocurrido en los siete primeros meses del año. Es también un llamado de alarma y la convocatoria a una solidaridad que no baje la guardia.

Jorge Alonso

Los poderes opresores de México se han propuesto impedir que la autonomía zapatista subsista y se propague. El poder ilegítimo presidencial panista, el poder del ejército, los poderes de los paramilitares promovidos por el gobierno, el poder perredista estatal de Chiapas, los poderes locales -tanto priístas como perredistas- y el poder mediático se han coaligado en una ofensiva para tratar de arrasar con las comunidades autónomas zapatistas. Calculan que ése es el paso previo y estratégico para aplastar al EZLN y a su proyecto libertario.

LA EMBESTIDA ACTUAL

En Envío hemos ido dando cuenta de los muchos ataques contra los zapatistas. En lo que va de 2008 la ofensiva antizapatista se ha vuelto más agresiva. Lo que sigue no es una lista exhaustiva, sólo algunos ejemplos de la embestida actual.

Desde principios del año han sido amenazados de muerte dirigentes de bases zapatistas en varias comunidades. También muchas comunidades han sufrido incursiones amenazantes de paramilitares que les han robado animales y otras pertenencias. En enero tomaron posesión nuevos alcaldes chiapanecos, muchos de los cuales anunciaron que desalojarían de sus territorios a las comunidades autónomas. En Zinacantán persiste el problema del despojo de un manantial a una comunidad zapatista. Las comunidades zapatistas anunciaron que defenderían sus tierras, aunque los encarcelaran o los mataran. En febrero, una brigada de la Comisión Federal de Electricidad, instigada por paramilitares, dejó sin luz a varias familias de las bases zapatistas. Policías municipales agredieron a comunidades autónomas. Se denunció que había muerto un zapatista que había sido atropellado intencionalmente. Grupos paramilitares asaltantes de caminos intentaron vanamente inculpar de sus fechorías a los zapatistas. Ese mismo mes bases zapatistas retuvieron por unas horas a una persona que se presentó como reportero y era un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del gobierno federal, apoyado en su labor de espionaje por policías estatales. La Junta de Buen Gobierno “Corazón del arcoiris de la esperanza” denunció que unas mujeres que habían ido a bañarse habían sido agredidas por policías estatales y que la comunidad había tenido que defenderlas. Muchas comunidades autónomas han padecido constantes sobrevuelos rasantes de helicópteros, y permanentes patrullajes de cuerpos policiacos y del ejército. También se reiteró la denuncia de que los programas sociales eran usados dentro de un esquema de contrainsurgencia.

“RECIBIENDO DEL GOBIERNO
CONFLICTOS Y DOLOR”

En marzo, la organización civil “Las Abejas” acusó al responsable federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Secretario de Desarrollo Social de haber ingresado sin su autorización al centro ceremonial de Acteal. “Quieren engañarnos y comprar nuestras conciencias con migajas para acallarnos y decir que tenemos relación y confianza con el gobierno”, dijo. Esta organización señaló que, tanto el gobierno federal como el estatal llevaban a cabo una campaña mediática para engañar y confundir a la opinión pública. Ese mes, el Caracol zapatista número V se vio en la necesidad de emitir un comunicado: hacía del conocimiento de la sociedad civil los diferentes problemas que estaban sufriendo los zapatistas por los ataques a su caminar en autonomía. “El mal gobierno nos quiere seguir desconociendo y despojando de nuestro derecho a vivir y a disfrutar de lo que la madre tierra nos da”. Estaban en contra, tanto del alto costo de la energía eléctrica como de los impuestos sobre la tierra, “que debe ser de quien la trabaja”.

De muchos modos, las comunidades zapatistas estaban sufriendo presiones para que abandonaran su resistencia.
El mal gobierno había llenado de odio a los paramilitares para que trataran de arrebatarles su derecho a la tierra. Recordando que la lucha zapatista había traído avances a todos, tanto a los indígenas como a los no indígenas, reconocían que la lucha zapatista estaba recibiendo del gobierno “conflictos y dolor”.

En abril, en varios Caracoles se conmemoró a Emiliano Zapata con actos comunitarios. También se incrementó la presión de ganaderos dispuestos a despojar de sus tierras a los zapatistas. Ese mes, el gobierno federal decidió poner fin a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas aduciendo que era innecesaria su existencia. Pretextando proyectos de ecoturismo, el gobierno en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) se ha propuesto incursionar en territorio zapatista. Una comunidad zapatista se quejó de la negligencia y racismo en un hospital regional que había propiciado la muerte de una mujer de 72 años. Se denunció que la Secretaría de Gobernación había querido utilizar a indígenas de base zapatistas para poder ubicar a dirigentes del EZLN, lo que no logró.

AMENAZAS, PROVOCACIONES

A finales de abril medio millar de elementos armados ingresaron violentamente en una comunidad zapatista, pateando puertas y allanando moradas. Secuestraron a algunos zapatistas que, después de la acción de organismos de derechos humanos, fueron liberados. Esa comunidad también sufrió por parte de la policía. Aunque se multiplicaban las amenazas de despojo de tierras, también se incrementaban las respuestas zapatistas para defenderlas. Las comunidades agredidas se quejaron de tratos degradantes. Con incendios provocados trataron de dañarlos.

En mayo, varias Juntas de Buen Gobierno informaron que era tiempo de defender lo que les correspondía y que eso estaban haciendo. En los municipios autónomos aseguraban que el proceso de autonomía proseguía pese a las agresiones contrainsurgentes. La Junta de Buen Gobierno de los Altos de Chiapas se opuso a las maniobras de despojo de una porción del territorio de uno de sus pueblos. El caso evidenció cómo la aplicación de programas agrarios por parte de autoridades federales creaba conflictos entre las comunidades.

Hacia finales de mayo hubo denuncias de otras incursiones policiaco-militares en comunidades zapatistas, con sobrevuelo de helicópteros e incursiones de varios vehículos de distintas corporaciones con gente que portaba armas de grueso calibre que allanaban casas sin orden judicial. También la organización “Las Abejas” denunció que el fiscal del caso Acteal estaba amenazando a sus dirigentes. En otras comunidades, grupos priístas agredían a zapatistas en torno a la disputa de agua y luz eléctrica. La Junta de Buen Gobierno “Corazón del arcoiris de la esperanza” desmintió que los zapatistas hubieran respondido a la agresión. Oficialmente se había hablado de un enfrentamiento. Ellos informaron que los zapatistas habían tratado de dialogar, pero los priístas se habían mostrado intransigentes y lo que sucedió fue una provocación.

PELIGRO DE ENFRENTAMIENTO

A finales de mayo los zapatistas hacían del conocimiento de la sociedad civil de incursiones militares en al menos tres regiones chiapanecas. Las agresiones iban subiendo de tono. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, apoyada por policía federal, había desalojado a campesinos en Montes Azules. El Caracol de La Garrucha condenó un operativo militar en su territorio. Los militares pretextaban que buscaban sembradíos de mariguana, pero las autoridades zapatistas han demostrado que en sus territorios no se siembra ni se consume droga.

A principios de junio la Junta de Buen Gobierno de Oventic previó hechos lamentables si seguían las agresiones, y se quejó del incremento del hostigamiento por parte de perredistas. Pero la estrategia de acoso siguió, y no se detuvieron las incursiones militares contra comunidades zapatistas. En El Carrizal las mujeres impidieron el paso al ejército. Increparon a los militares diciendo que querían libertad, justicia y democracia, y no soldados. No obstante, los militares amenazaron con volver en unas semanas. Las autoridades zapatistas dijeron que estaban especialmente preocupadas pues se trataba de una provocación cuantitativa y cualitativamente mayor a las anteriores y que el peligro de enfrentamiento se acrecentaba. Los zapatistas decidieron organizar mejor la vigilancia y la resistencia ante la amenaza del regreso de los militares a sus pueblos. Mientras tanto todos los días siguieron los patrullajes del ejército en las cañadas zapatistas.

EL CASO
DEL CERRO HUITEPEC

Otro conflicto grave se dio en el municipio de San Cristóbal de las Casas. En el año 2007 los zapatistas declararon una extensión de 102 hectáreas en el cerro del Huitepec como reserva ecológica comunitaria. En 2008, el nuevo alcalde priísta amenazó con desalojar a los zapatistas de esa zona. En mayo, la Junta de Buen Gobierno “Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo” lanzó un comunicado, a raíz de difundirse la noticia de que personas “supuestamente desconocidas” habían envenenado un pozo de agua que abastecía a una colonia de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. La Junta de Buen Gobierno recordó que las bases zapatistas habían estado protegiendo la zona ecológica de Huitepec. No obstante, había aumentado el hostigamiento del mal gobierno, que sin consultarlos, después que ellos habían declarado la reserva ecológica, había decretado la expropiación dizque para crear un área natural protegida. En abril, unos pobladores de una ranchería se habían quejado de que el agua que salía de los pozos del cerro no se distribuía justamente, pues ellos llevaban viviendo ahí mucho tiempo y por ser pobres no recibían suficiente agua, mientras los ricos que habían llegado después tenían ese recurso en abundancia. La Junta de Buen Gobierno comunicó a los pobladores quejosos que el agua estaba dentro de la reserva zapatista y que harían que el agua se distribuyera también a los pobres.

LA LUCHA POR EL AGUA

Mientras hacían una inspección, los zapatistas habían encontrado a una docena de personas que estaban en los manantiales. Quien los dirigía, había dicho de manera agresiva que no pediría permiso a la Junta de Buen Gobierno para hacer uso de los manantiales. Los de la Junta le respondieron que no era esa la manera de entenderse y que debían acudir a la Junta antes de hacer algún trabajo en la reserva, que no se trataba de quitarles el agua sino de distribuirla también a los pobres.

El portavoz del grupo que encontraron los zapatistas insistió en que no le importaba lo que dijera la Junta de Buen Gobierno. Los representantes de ésta se dieron cuenta de que con esas personas no se podía llegar a un acuerdo. Acudieron con la gente pobre que vive en los alrededores del Huitepec para exhortarlos a no dejarse engañar, para reiterarles que los zapatistas luchaban por la vida de los pobres y de toda la gente buena y honesta, y para orientarlos a buscar a la Junta de Buen Gobierno para encontrar la manera de distribuir con justicia el agua que brotaba de la madre tierra. En cuanto al envenenamiento, la Junta de Buen Gobierno anunció que se estudiaría qué sustancias habían sido introducidas al agua. Al parecer, había sido contaminada con herbicidas. Los priístas de San Cristóbal de las Casas quisieron inculpar a los zapatistas, pero no pudieron probar esa falsa acusación. Una provocación más.

¿PREOCUPACIÓN ECOLÓGICA?

A mediados de junio, un grupo priísta intentó entrar a la reserva zapatista pretextando que quería sembrar árboles, pero con la intención de apoderarse de la zona. Como los zapatistas sostienen una movilización continua y rotatoria, pese a las confrontaciones verbales y a las amenazas, los priístas no pudieron ingresar al área protegida. En la prensa se ha demostrado que la preocupación ecologista del alcalde es puro engaño, pues se preocupa más por alentar fraccionamientos exclusivos, muchos de los cuales han atentado contra mantos hídricos de la ciudad. En cambio, la zona de la reserva ha sido protegida por los zapatistas con fines ambientalistas.

En julio se difundió que el gobierno municipal, intentaría, con apoyo federal desalojar de esa área a los zapatistas. El alcalde fue acusado de “comprar apoyo” para despojar a los zapatistas, quienes se declararon listos para resistir el desalojo de una tierra que es de sus antepasados.

CENTENARES
DE PRESOS POLÍTICOS

Durante los primeros meses del 2008 otro proceso conmocionó a Chiapas. Varias decenas de presos en cárceles de ese estado se pusieron en huelga de hambre para que les restituyeran sus derechos, pues habían sido privados de su libertad sin observar un debido proceso legal y habían sido sometidos a tortura y a tratos crueles e inhumanos para obtener declaraciones autoinculpatorias. En México y en Europa hubo muchas movilizaciones de apoyo a los ayunantes.

A finales de marzo fueron puestos en libertad algunos de ellos y los demás siguieron en su lucha. El Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) planteó que se debían considerar como derecho interno los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. El caso ponía en evidencia la crisis penitenciaria mexicana. Se volvió a tratar el caso de dos zapatistas encarcelados injustamente en Tabasco por un crimen que no habían cometido, calificándolos evidentemente como presos políticos a quienes el gobierno había querido utilizar para presionar a los zapatistas. Estos presos también se sumaron a la huelga de hambre. La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios denunció que esos presos habían sido trasladados de Tabasco a una cárcel chiapaneca. El CDHFBC exigió que fueran excarcelados. A finales de mayo defensores de derechos humanos denunciaron el trato cruel que se daba a los presos políticos.

A principios de junio fueron puestos en libertad los dos zapatistas después de haber padecido doce años de injusta prisión. El periódico “La Jornada” recordó que el gobernador chiapaneco había reconocido al inicio de su gestión que había en Chiapas centenares de indígenas presos por causas políticas, condenados en procesos judiciales plagados de irregularidades, muchos de ellos ligados al zapatismo. Había prometido revisar cientos de expedientes que habían sido identificados como casos de represión, pero había cumplido sólo en parte y a cuentagotas. En julio, el CDHFBC denunció la persecución, agresión y amenaza de muerte perpetrada por paramilitares contra uno de los defensores de los presos políticos.

APOYO AL “LABORATORIO
AUTÓNOMO INDÍGENA”

Los zapatistas no están solos. En varias ciudades europeas se han organizado movilizaciones de apoyo a sus comunidades. En Atenas, un encuentro internacional zapatista se manifestó en contra de la embestida del gobierno mexicano contra las comunidades zapatistas, exigió que se cumplieran los Acuerdos de San Andrés y demandó la libertad de los presos políticos. Grupos anarquistas lanzaron un comunicado en el que señalan que la lucha de los zapatistas “en contra del opresivo y explotador estado de cosas, tanto en México como en todo el mundo, constituye el esperanzador ejemplo de un laboratorio autónomo indígena donde la democracia verdadera se ejerce por todos y para todos”. Consideraban la lucha de los zapatistas como expresión de la guerra social global y de muchos niveles en contra de toda forma de explotación y dominación y en contra de la descomposición de lo humano.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en su sexta visita a México analizó las amenazas en contra de las comunidades zapatistas. Sostuvo que en la masacre de Acteal hubo responsabilidad gubernamental y, a pesar de ello, después de tantos años no se había hecho justicia y proseguía la impunidad. Constató que campesinos zapatistas habían sido agredidos y torturados y al presentar el informe de su sexta visita alertó sobre lo “extremadamente crítica” de la situación de los derechos humanos en México. Manifestó su profunda preocupación por las incursiones policiaco-militares en comunidades zapatistas. Otras organizaciones de derechos humanos evidenciaron que la movilización militar en Chiapas era de tal magnitud que no se había visto en años.

APRETANDO
EL CERCO MILITAR

El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas de Chiapas (CAPISE) ha puntualizado que, ante la decisión de los zapatistas de organizar la Otra Campaña por todo México para construir alternativas a la situación imperante, el gobierno había respondido con mayor militarización y ataques a las bases zapatistas. Se había incrementado la ofensiva en contra de los pueblos zapatistas y el Subcomandante Marcos había vuelto a la clandestinidad. El Ejército había aumentado su presencia en territorio zapatista con el pretexto del combate a la droga y el gobierno había logrado un silencio mediático -a excepción de “La Jornada”- sobre la militarización y sobre los constantes ataques a comunidades zapatistas.

Desde la llegada de Calderón a la Presidencia de la República se han establecido 79 campamentos militares en Chiapas, de los cuales 56 en territorio indígena, un 90% de ellos con tropas especiales que se apoyan en paramilitares. Los paramilitares están conformados por indígenas a los que se quiere enfrentar a los zapatistas para hacer aparecer que los problemas son por conflictos intercomunitarios. El gobierno ha lanzado operaciones militares contra autoridades civiles zapatistas, y está cerrando las pinzas con la construcción de nuevas carreteras para apretar más el cerco militar sobre la zona zapatista. En la estrategia gubernamental está también la “pantalla” de la protección al medio ambiente. Por otro lado, las organizaciones civiles de apoyo a las comunidades zapatistas se han desgastado en las campañas de liberación de presos políticos. Algunos se liberan, pero son apresados otros. El CAPISE ha encontrado que el despliegue de las fuerzas castrenses se ha redefinido de manera alarmante en contra de los zapatistas. El despliegue táctico-militar corresponde a una lógica de guerra regular e irregular, y penetra en zonas francas donde suponen se mueve “un supuesto enemigo”. El ejército violenta las zonas francas, cierra el espacio de libre movimiento que debe existir en tiempos de tregua y de paz, obstaculiza el espacio de lucha civil y pacífica propuesto por los pueblos zapatistas y muestra intransigencia contra pueblos que construyen un proyecto integral en materia de libre determinación indígena.

Así, se está mostrando el rostro de un gobierno impuesto que reprime y despoja con escandalosa impunidad. La nueva ofensiva se centra de manera muy concreta en contra del EZLN, de las autoridades civiles zapatistas, de sus bases de apoyo, y contra la Otra Campaña.

EL “OLOR DE GUERRA”

El periodista de “La Jornada” Luis Hernández Navarro escribió sobre la nueva provocación gubernamental contra el zapatismo. Aunque desde 1994 el gobierno ha querido ligar a los zapatistas con el narcotráfico para desprestigiarlos, no lo ha logrado porque los zapatistas prohiben la siembra y el tráfico y consumo de enervantes. Ni siquiera permiten beber y vender alcohol en sus territorios.

El nuevo intento, burdo, de los gobernantes para ligar al zapatismo con el crimen organizado quiere aprovechar la ola de resentimiento nacional en contra del narcotráfico tratando de erosionar las corrientes de opinión favorables a los zapatistas y poderles propinar un golpe definitivo. Los zapatistas han respondido al gobierno que los deshonestos, terroristas y narcotraficantes no están en zonas zapatistas, “sino enredados con el mal gobierno”. El periodista informó que el Ejército montó una de sus más peligrosas provocaciones en un sitio que acababa de ser visitado por el Subcomandante Marcos.

Desde La Otra Jovel, Eugenia Gutiérrez difundió un artículo que tituló “El olfato del Subcomandante”. A medio año de que Marcos dijera que “olía a guerra”, las agresiones contra los zapatistas se han agudizado en grado sumo: los testimonios de la violencia del Estado -reportada constantemente por las Juntas del Buen Gobierno, documentada por organismos civiles, y videograbada por brigadistas solidarios- dan cuenta de ese olor bélico. A pesar de esto, las comunidades, aunque están a la espera de la ofensiva militar, siguen haciendo su vida cotidiana.

UN AÑO DE ATROPELLOS

En mayo de 2008 el CDHFBC publicó su balance anual de los derechos humanos en Chiapas. Abarca de marzo de 2007 a marzo de 2008. Constata desalojos forzados, por ejemplo en Montes Azules, donde se documentaron agresiones contra comunidades que tenían varias décadas de asentamiento. Da cuenta de desalojos, asesinatos, desplazamientos, daños materiales, desaparición de poblaciones, fragmentación social de las organizaciones que tenían la posesión de la tierra. Todas, acciones perpetradas por funcionarios gubernamentales. Documenta la criminalización de la protesta social. Anota que el engranaje institucional promueve la inconformidad, la protesta y la resistencia, modifica la legislación penal y persigue y hostiga a los luchadores sociales violentando los más elementales derechos humanos. El gobierno equipara a los luchadores sociales con delincuentes y está en contra de quienes defienden los derechos humanos.

La lucha de los presos políticos por demostrar su inocencia ha evidenciado la ineficacia y la politización del sistema de justicia. No obstante, el hecho de que varios consiguieron su liberación apoyados por movilizaciones cívicas muestra que la acción solidaria puede contrarrestar la criminalización de la protesta social. El CDHFBC hizo una larga lista en donde se ve que violadores de los derechos humanos se reciclan en nuevos puestos de poder político y se sigue encubriendo a los responsables de la política genocida en Chiapas.

NO SON HECHOS AISLADOS

Hay una nueva ofensiva que va contra la población con el fin de garantizar condiciones de mayor enriquecimiento de los poderes económicos. La nueva clase política traiciona la voluntad democrática para favorecer a unos pocos a costa de las mayorías en medio de violaciones a los derechos humanos.

Después de su informe, el CDHFBC registró un número récord de incursiones militares y policiacas en comunidades de Chiapas, que responden a una lógica de contrainsurgencia, donde operan de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores locales, en despliegues tácticos sobre territorios donde existe una población civil organizada en torno a justas demandas sociales. Los testimonios hablan de allanamientos, agresiones físicas y verbales. Los ya numerosos operativos documentados muestran la agudización del plan de contrainsurgencia mediante el desprestigio de comunidades y organizaciones con el objetivo de ganar para el gobierno el apoyo de la población civil, estableciendo un clima de hostigamiento sicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, lo que les permite también observar la respuesta de la que es capaz la población a tales operaciones. Las incursiones militares son asistidas por actores federales, estatales y locales, no corresponden a hechos aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas en resistencia.

En junio, el ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que advertía el renacimiento del delito de “disolución social”. En un manifiesto público de luchadores sociales y de personalidades se señaló que el gobierno y la derecha intentan criminalizar la solidaridad, la conciencia, el pensamiento crítico y la investigación social para proscribir y aniquilar una larga tradición de hermandad que ha caracterizado al pueblo mexicano.

SOLIDARIDAD DEL MST

Gustavo Esteva, académico comprometido con las luchas populares llamó la atención de que se ha llegado a una situación límite: ante las agresiones a sus comunidades, a los zapatistas no se les deja más opción que la defensa armada. La especialista en Derecho Indígena Magdalena Gómez consideró que los recientes operativos del Ejército y de las diversas policías en el territorio ocupado por las Juntas de Buen Gobierno zapatistas muestran la decisión de romper con el espacio de gobierno indígena que se ha logrado construir y desde la sociedad civil hay que cuestionarse por qué no existen espacios de interlocución a ningún nivel. La Comisión de Concordia y Pacificación en el Congreso de la Unión es sólo una reliquia enmohecida. Así, no hay razón para que la sociedad civil se cruce de brazos ante la embestida brutal contra las comunidades zapatistas.

A mediados de julio el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil manifestó indignación y rechazo total por las incursiones militares en las comunidades zapatistas. Este movimiento social teme que se declare una guerra abierta que el Estado mexicano procuraría legitimar, pero cuyo verdadero objetivo es la destrucción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Advirtieron que si el gobierno mexicano continúa atacando a las comunidades zapatistas, ese importante movimiento brasileño utilizará todos los medios a su alcance para generar movilizaciones de solidaridad con los zapatistas y en repudio a la política militar y represiva del Estado mexicano. Los Sin Tierra brasileños exigen al gobierno mexicano retirar las fuerzas armadas destacadas en la zona de conflicto en Chiapas.

También más de doscientos colectivos de varias partes del mundo exigieron al gobierno de México cesar sus agresiones a los zapatistas y lamentaron el silencio cómplice de los medios de comunicación mexicanos.

En México, un grupo de abogados democráticos entregó en las embajadas de Francia, Italia, Dinamarca y Alemania una carta solicitando a los respectivos gobiernos miembros de la Unión Europea recomendar al gobierno mexicano que respete la ley y deje de agredir y hostigar con el Ejército a las comunidades zapatistas. Señalaron que se estaba violando la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas aprobada hacía años por el Congreso de la Unión, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos.

LAS NUEVAS FORMAS
DE HACER POLÍTICA

Gilberto López y Rivas, con larga experiencia en el estudio de las autonomías, ha reflexionado sobre la propuesta para una nueva democracia por medio de la autonomía. Está convencido de que los zapatistas han trascendido el autogobierno y lo han profundizado a partir del “mandar obedeciendo”, de la rotación de cargos de autoridad, de la revocación del mandato, de la participación planeada y programada -en donde intervienen mujeres y jóvenes y no sólo los adultos varones-, de la reorganización equitativa y sustentable de la economía, de la adopción de una identidad política anticapitalista y de la búsqueda de alianzas. Los zapatistas han realizado un cambio cualitativo de las autonomías apropiándose de su territorio al extender el poder desde abajo. Esto ha implicado una ruptura con las viejas formas de la política.

Los zapatistas han visto a la política como algo tan serio que no puede ponerse en manos de los políticos profesionales y han creado otra forma colectiva de hacer política. Impulsan una red multiétnica de comunidades, regiones y pueblos diversos. Se preocupan por ir más allá de los conflictos intercomunitarios por linderos y recursos, dando respuestas unidas ante los embates de los estados y de las organizaciones capitalistas. Van conformando un sujeto autonómico que garantiza la cohesión interna por medio de la construcción de consensos, de una auténtica democracia verdaderamente participativa, tratando de superar divisiones étnicas y políticas, luchando contra la corrupción y los intentos de cooptación por parte del Estado. Este nuevo sujeto impulsa la movilización de pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de sus demandas.

López y Rivas enfatiza que este tipo de autonomía está lejos de los estereotipos de autarquía que se les ha querido endilgar. Los procesos autonómicos producen cambios sustanciales, rechazan la aculturación modernizante y el repliegue tradicionalista y defienden de veras el bien común, la solidaridad y el respeto a la naturaleza, trasponiendo los límites de la etnicidad. Es ésa la autonomía que los poderosos, con el Estado mexicano a la cabeza, quisieran destruir completamente atacando a los zapatistas.

ZAPATISTAS: CONSTANTES
EN LA VÍA PACÍFICA

El filósofo Luis Villoro ha insistido en que la democracia que quieren los zapatistas es una en la que no quepa la violencia ni la represión. Y efectivamente, han ido consolidando un proyecto de construcción de un mundo en el que quepamos todos. Con el grito “Ya basta” irrumpieron militarmente en 1994, pero pronto aceptaron el llamado de grandes sectores de la sociedad civil nacional e internacional para que en lugar de hacer hablar a las armas dieran espacio al intercambio de las palabras. Emprendieron el camino del diálogo, consiguieron la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996, pero fueron traicionados por el gobierno. Intentaron todas las vías institucionales hasta que en 2001 el Estado mexicano en su totalidad -con el acuerdo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- los ignoró con la tramposa Ley Indígena, que daba la espalda a lo fundamental de los acuerdos de San Andrés.

Desde entonces optaron por construir por su cuenta espacios de autonomía. Fuera de las primeras semanas de enero de 1994, todo su caminar ha sido en la vía pacífica. Su decisión ha sido radical en cuanto a la construcción de una nueva convivencia social, en donde se respete la dignidad, haya participación de todos, se consiga una democracia de fondo y se busque la justicia.

Los zapatistas han sido heroicos en la adopción de la vía pacífica. Pero todos sabemos que existe la legítima defensa. Los poderes opresores los han estado agrediendo con la finalidad de arrinconarlos a la única salida de la legítima defensa. La situación es muy crítica. Pero todavía podemos impedir que se arranque de la tierra esa vital planta que es el zapatismo.

ES URGENTE,
EL TIEMPO SE ACABA

Todo este recuento ha tenido por objeto sensibilizar a quienes están interesados en los derechos humanos y a quienes se preocupan porque no se conculque la dignidad humana para que encuentren las formas de detener las graves agresiones que injustamente están padeciendo las ejemplares comunidades zapatistas.

Si fueran masacradas, el retroceso histórico sería muy severo y se abriría el camino para que los intentos de búsqueda de una vida mejor para la mayoría de las personas sean cruelmente reprimidos. Hay que impedir el proyecto depredador de los poderes opresivos levantando la voz, exhibiéndolos mundialmente, e imaginando y poniendo en acción medidas que garanticen la expresión pacífica de la autonomía zapatista. Y hay que apurarse porque el tiempo se acaba.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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