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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 317 | Agosto 2008
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Nicaragua

El camino que nos lleva hasta “allí”

Las elecciones municipales del 9 de noviembre se van dibujando como la antesala de la consolidación del proyecto estratégico del gobierno del FSLN. Una victoria contundente del FSLN -y para ello trabajan ya las instituciones del Estado-Partido- nos llevará hasta allí. ¿Y qué nos espera “allí”?

Equipo Nitlápan-Envío

Las elecciones municipales de noviembre 2008 fueron calificadas anticipadamente por muchos como un referéndum sobre la gestión de Daniel Ortega en su segunda oportunidad de gobernar el país. Se pronosticaba que los electorados locales, además de elegir a alcaldes y concejales, refrendarían o rechazarían con sus votos, eligiendo a los candidatos del FSLN o a sus rivales, lo logrado por Ortega tras sus primeros dos años de gobierno. Las polémicas “lógicas” de poder del gobierno Ortega-Murillo permitían prever un escenario de referéndum.

Esta percepción se ha ido difuminando. Y las elecciones municipales empiezan a dibujarse cada vez más claramente como la antesala del drástico cambio político-institucional que Ortega y su círculo han diseñado como proyecto estratégico y que ya han comenzado a ejecutar. Un proyecto de “cambio de sistema” y de control institucional aún más severo del que ya existe. “Dictadura institucional” es la etiqueta que se le viene poniendo a este proyecto. A menos de tres meses del evento electoral, el camino que a él conduce y el que llevaría a Nicaragua hasta “allí” está amojonado de evidencias y de preguntas.

¿ELECCIONES LEGÍTIMAS?
¿PODER ELECTORAL CREÍBLE?

¿Han ido perdiendo las elecciones municipales del 9 de noviembre su legitimidad? Las actuaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) parecieran haberse orientado a lograrlo. El CSE adelantó sorpresiva e inconsultamente con los partidos el calendario electoral sin dar explicaciones del por qué del aceleramiento. El CSE arrebató la personería jurídica de la ALN a Eduardo Montealegre y se la entregó a Eliseo Núñez, ahora aliado del FSLN, logrando el objetivo previsto: forzar a Montealegre a buscar cobijo como candidato a la alcaldía de Managua en la casilla del PLC. El CSE pospuso las elecciones en los ocho municipios del Caribe Norte con argumentos poco creíbles, sentando un peligroso precedente sobre el alcance de sus facultades. Fuera de los tiempos oficiales, el CSE canceló la personería jurídica del Partido Conservador y del Movimiento Renovador Sandinista, los dos únicos partidos que, aunque pequeños, actúan fuera del bipartidismo Alemán-Ortega. Finalmente, el CSE anunció que sólo invitará a un grupo internacional afín para que observe el día de los comicios, negándose a acreditar a Ética y Transparencia, que desde hace años moviliza a miles de observadores nacionales.

Pretendiéndolo o no, todas estas decisiones han ido sumando desconfianzas en el proceso electoral y restando credibilidad a la institución que lo dirige, una de las primeras copadas por el pacto Alemán-Ortega hace diez años con siete magistrados: tres de ellos históricos operadores políticos del FSLN y tres representantes del PLC, muy cercanos a Alemán. Como “fiel” de esa balanza partidarizada, el FSLN eligió en 1999 a Roberto Rivas como presidente del CSE, iniciándose con este nombramiento la alianza entre Daniel Ortega y el Cardenal Miguel Obando, del que Rivas es valido. Desde entonces hasta hoy, el presidente del CSE expresa cada vez con mayor claridad su lealtad al FSLN y al objetivo bipartidista del pacto y oculta menos las satisfacciones que de su alto cargo ha derivado.

¿PODER ELECTORAL INDEPENDIENTE?

Copado desde hace diez años el Poder Electoral por los dos partidos del pacto, el FSLN demostró una lógica de poder más clara y efectiva para irse quedando al frente de los espacios estratégicos para la organización de cualquier proceso electoral. Para que el FSLN lo lograra, la dirección de Rivas ha resultado decisiva. Hoy, y según denunciaba ya en abril el diario “La Prensa”, de las 9 direcciones centrales del CSE, 5 las dirigen los del FSLN (atención a partidos políticos, logística, registro central, padrón electoral e informática), 3 están en manos de leales a Rivas (cartografía, recursos humanos y administración financiera) y sólo una (cedulación) tiene al frente a un representante del PLC, al que a comienzos de este mes de julio se le comenzaron a restar funciones, lo que llevó al diputado del PLC Maximino Rodríguez a afirmar que el CSE es hoy el cuartel general del FSLN para organizar un fraude en las próximas elecciones.

DE ARRIBA A ABAJOS

Según “La Prensa”, en abril de las 17 delegaciones departamentales, 12 ya las dirigían los del FSLN y 5 los del PLC. En las delegaciones municipales, y según Rodríguez, están al frente militantes de Alternativa por el Cambio y la ALN, partidos aliados del FSLN. Además, en cumplimiento de la ley electoral, que establece que las mesas de votación tendrán al frente a dos representantes de los dos partidos que hayan quedado en primero y segundo lugar, ese segundo miembro será ahora de ALN -segundo lugar en las elecciones de 2006-, pero no representará al liberalismo de Montealegre sino también al FSLN, apropiado de esa institución política gracias a la medida del CSE.

Así, desde arriba hasta abajo, desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos, el sistema electoral será rojinegro. Es un hecho que desde hace ya un tiempo el CSE está controlado por un solo partido, ha afirmado repetidas veces Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia.

A estas evidencias, Eliseo Núñez hijo, vocero del Movimiento Vamos con Eduardo (MVE, antes ALN) añadió ya en abril una preocupante información: denunció que la Policía Electoral que funciona a las órdenes del CSE y resguarda las mesas de votación el día de las elecciones estará integrada por gente de los Consejos del Poder Ciudadano, estructuras de base del FSLN.

LAS MUNICIPALES DE 2004:
OTRO ESCENARIO

En las elecciones municipales de 2004, celebradas a medio período del gobierno de Enrique Bolaños, el FSLN obtuvo una resonante victoria: ganó las alcaldías de 87 de los 153 municipios (14 de las 17 capitales departamentales y 25 de las 42 ciudades más importantes del país), gobernando desde entonces hasta hoy en el nivel local al 71% del total de la población nacional.

En aquellas elecciones, el FSLN barrió al PLC en plazas que tradicionalmente votaban liberal. Sin embargo, los dos partidos del pacto confirmaron su apuesta por el bipartidismo al conseguir entre ambos el 81% de los votos. La “alternativa” fabricada con tanto empeño y tantos recursos públicos por el Presidente Bolaños para enfrentar a “los caudillos del pacto”, la Alianza por la República (APRE), obtuvo menos del 10% de los votos, agotando en este fracaso su corta vida.

AQUELLAS MUNICIPALES,
AQUELLA CONVERGENCIA

La contundente victoria del FSLN no se explica sin su alianza político-electoral con conservadores, liberales, ex-Resistencia, evangélicos, socialcristianos y sandinistas del MRS y con líderes locales independientes en la Convergencia Nacional, lo que permitió presentar candidaturas novedosas y atractivas en la casilla del FSLN. Cuatro años antes, el FSLN había ganado 52 alcaldías. Si el FSLN se queda con las mismas alcaldías que ganó en el año 2000, la Convergencia no sirve. Si ganamos más, si los votos crecen, sí sirve, había pronosticado una de las artífices de la alianza, Dora María Téllez.

La Convergencia “sirvió”: candidatos a alcaldes de la Convergencia ganaron en 17 municipios y en otros 67 municipios ganaron candidatos a vicealcalde de la Convergencia, que participaron en fórmulas encabezadas por un militante sandinista. Sólo en tres municipios del país (Chinandega, Malpaisillo y Cárdenas) ganó una fórmula alcalde-vicealcalde integrada exclusivamente por militantes del FSLN.

La Convergencia “sirvió: una mayoría del electorado percibió en las candidaturas que se le presentaron bajo la bandera rojinegra un liderazgo diferente, una novedad política y hasta ética, por la selección de líderes locales con trayectoria limpia. En el voto por estas fórmulas se expresó la superación de muchos de los miedos al sandinismo en zonas aún marcadas por los terrores y temores de la guerra. El balance de la alianza y sus resultados fueron muy positivos.

HASTA DONDE NOS LLEVÓ
EL PACTO ORTEGA-ALEMÁN

Qué lejano parece ya todo esto, aunque es la crónica de apenas hace cuatro años. Qué poco duraron las perspectivas de cambios en el escenario político. Ya en los días siguientes a las elecciones municipales, el triunfalismo desmedido del FSLN y la desesperación, también desmedida, del PLC condujeron a ambos partidos y a sus dirigentes a suscribir una segunda etapa del pacto para copar más asociadamente las instituciones.

Tras los resultados electorales, Ortega y Alemán -Ortega en clara ventaja sobre su socio, ya sentenciado a 20 años por actos de corrupción- reformaron nuevamente la Constitución para atrincherarse aún mejor desde el Legislativo contra el Presidente Bolaños y consolidar su proyecto bipartidista.

Apenas dos meses después de los comicios -que documentamos entonces con esperanza- se firmaba el nuevo pacto, y quedaba registrada para la historia la famosa foto Ortega-Alemán en la hacienda El Chile del reo Alemán. Unos meses después el FSLN iría desechando, uno a uno, los desafíos que significaba dar contenido y continuidad a la Convergencia Nacional. Después vinieron las continuas y desgastantes crisis institucionales pactadas que acompañaron el gobierno de Enrique Bolaños... Todo esto nos ha llevado hasta donde hoy estamos.

Y ahora el proyecto es ir más allá, ir hasta “allí”, hasta el “cambio de sistema”. Si las sucesivas tres etapas del pacto con Alemán le permitieron a Daniel Ortega y a su grupo copar todas las instituciones del país a partes iguales con su socio, la más clara lógica de poder de los del FSLN fue desbalanceando el control instiucional a favor de los del FSLN. Hoy, han desplazado a los del PLC en el Poder Judicial y en el Poder Electoral. El regreso al Ejecutivo de Daniel Ortega expresa el triunfo neto de Ortega en el pacto. El actual proyecto estratégico de Ortega cuenta con la continuidad del pacto con Alemán, pero ya cada vez lo necesita menos.

¿HACIA UN NUEVO “SISTEMA”?

El FSLN cuenta con una victoria en las municipales aún más arrolladora que la del 2004. Aspira a mantener las 87 alcaldías que ya gobierna y a ganar más de 100.

Su tendido partidario y su control de la institución electoral pueden hacerlo posible. Para el “día después” de las elecciones, el FSLN parece estar contando con los votos del PLC y de sus otros aliados en el Parlamento para aprobar, en primera legislatura, una nueva reforma de la Constitución. En 2009 la aprobarían en segunda legislatura y entraría en vigor al final del período de Ortega.

De hacerse realidad, la reforma constitucional consolidará el proyecto estratégico de Daniel Ortega y su grupo, garantizando, en primer lugar, su permanencia en el poder. El más anunciado de los cambios constitucionales será la eliminación de la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, con lo que Ortega podría lanzarse nuevamente como candidato presidencial del FSLN en las elecciones del 2011. El culto a la personalidad de Ortega que hoy observamos no permite dudar de este objetivo.

Ortega se ha comprometido públicamente en diferentes ocasiones con una reforma constitucional que cambie el sistema presidencialista y establezca un “sistema parlamentario”. Y ha hablado también de que vamos en camino al “socialismo” por la vía de la “democracia directa”. Todos esos conceptos tienen aún contenidos ambiguos. Y sólo podemos interpretarlos a partir de todo lo que ha venido haciendo o deshaciendo, diciendo o callando el gobierno hasta ahora, tanto desde las leyes como al margen de las leyes.

¿EN PELIGRO
LA AUTONOMÍA MUNICIPAL?

El nuevo “sistema” se basará en un control institucional y un control social cada vez más abarcador. El control de las instituciones y de las leyes que administran las instituciones ya es una realidad que el pacto ha venido consolidando. Una realidad nada sencilla de revertir desde el círculo vicioso que supone hacerlo “desde las instituciones y las leyes”. Lo único que ha quedado fuera de ese control es la Asamblea Nacional. ¿Será una de las reformas constitucionales, para alinear al Parlamento, eliminar la votación calificada (dos tercios de los diputados) para las decisiones cruciales? Decidir nombramientos y leyes por mayoría simple pondría el Legislativo en manos del FSLN-PLC.

Con un triunfo arrollador del FSLN en las elecciones municipales entraría en crisis el proceso de descentralización municipal, la autonomía de los poderes locales, apenas estrenada y aún en camino de maduración.

A diferencia de los candidatos más independientes y de vocación más pluralista que ganaron bajo la bandera rojinegra en las municipales del 2004, los candidatos que lleva hoy el FSLN han firmado con su partido el compromiso de obedecer, no al pueblo que los eligió y a la totalidad de la población a la que tienen que servir, sino a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), estructuras dirigidas desde el gobierno central y caracterizadas hasta el momento por un excluyente sesgo partidario, tan evidente que parece preocupar al propio gobernante que, de vez en cuando, las exhorta a ser más inclu¬yen¬tes y plurales.

¿MÁS CONTROL SOCIAL?
¿MENOS PARTICIPACIÓN?

Entre los obstáculos para la consolidación del proyecto de Ortega destacan los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. A ambos actores el Presidente dedica en todos sus discursos decenas de insultos descalificadores: asesinos, criminales hijos de Goebbels ha llamado a los medios que lo adversan y peleles al servicio del imperialismo, bola de vendepatrias, cobardes, traidores y oligarcas adornan la cantinela que emplea para referirse a los grupos, movimientos y personas que desde la sociedad civil lo critican. La Coordinadora Civil, creada cuando el huracán Mitch para potenciar el trabajo de centenares de organizaciones y redes, es objetivo prioritario a liquidar por parte del gobierno. ¡La única sociedad civil son los CPC, la única sociedad civil son los sandinistas aquí reunidos!, clamó Ortega en las celebraciones del aniversario de la revolución en Carazo y Matagalpa.

Para llegar “allí”, al control social del nuevo sistema, se puede esperar que después de un resonante triunfo electoral el FSLN se pongan sobre el tapete legislaciones que controlen más a los ONG y a los medios de comunicación, con una más estricta adjudicación y renovación de las licencias.

El diputado del PLC Wilfredo Navarro ha hablado en varias ocasiones de un proyecto de reformas a la ley de las ONG, que acabaría con su autonomía. De hecho, muchas ONG ya están siendo “visitadas” por instituciones del Ejecutivo para atraparlas en algún desliz legal, real o inventado. La Red de Democracia y Desarrollo Local señala el retroceso que representaría reformar la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Municipios, para desnaturalizar el actual marco jurídico de la participación ciudadana y dar preeminencia legal a la “democracia directa” de los CPC y los Gabinetes del Poder Ciudadano sobre los Comités de Desarrollo Municipal y los Comités Departamentales.

LA MISMA LEY ELECTORAL

Para cerrar más el círculo, salirse por la vía electoral de este sistema de control seguirá siendo tarea titánica. No se siente por ninguna parte la voluntad política de cumplir con la sentencia de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ordenó al Estado de Nicaragua reformar la actual Ley Electoral surgida del pacto, para hacerla más incluyente y democrática.

La reforma devolvería la posibilidad -suprimida por el pacto bipartidista- de las candidaturas de suscripción popular en el nivel local, lo que podría ser un primer paso para romper el vicioso círculo de control institucional que hoy condiciona tantos aspectos de la vida nacional.

¿CLIENTELISMO RURAL?

Para el proyecto estratégico del FSLN los programas sociales administrados por los CPC son una pieza esencial. Hasta el momento, estos programas sociales no han superado el asistencialismo puntual, y por tanto, sus efectos no son muy visibles. También su cobertura es limitada. El programa Hambre Cero -programa insignia del gobierno- no ha derivado en la organización rural que se anunció, el Banco de Fomento no arranca, y los créditos de Venezuela para promover la producción son ínfimos.

La cooperación venezolana no le ha brindado al gobierno recursos suficientes para hacerse notar o el gobierno utiliza esos recursos hacia otras prioridades. ¿Cuál es la prioridad del gobierno: consolidar con esos recursos proyectos empresariales personales o dedicarlos al fortalecimiento partidario con un uso clientelar?

El conflicto de pequeños grupos de deudores morosos con las microfinancieras que les facilitan crédito, alentado por el Presidente de la República en el mes de julio -lo valoramos con más detalle en otras páginas de este mismo número de Envío- ¿es una señal de que el gobierno aspira a ejercer control sobre las microfinanzas?

¿MICROFINANZAS EN LA MIRA?

Las microfinancieras entraron en las zonas rurales y en el comercio micro, pequeño y mediano porque había un vacío estructural en el país. A lo largo de estos años se fueron definiendo: algunas se dedicaron a hacer dinero, otras a hacer dinero con desarrollo y otras a hacer dinero, desarrollo y también a politizar a sus beneficiarios y beneficiarias, buscando, a través de los créditos, que enfrentaran en mejores condiciones individuales y colectivas las causas de las desigualdades de poder locales y familiares.

¿Ve el gobierno como una amenaza el enfoque y el alcance de las microfinancieras? El gobierno observa que las microfinanzas apoyan a miles de familias que han avanzado en sus niveles de autonomía económica, vinculándose a más y mejores redes; que las microfinanzas no son controlables, no son alineables, que son parte de una red diferente a la oficial; que las microfInanzas representan un obstáculo para alinear a más familias a su estrategia rural.

En la estrategia del gobierno, la cooperación venezolana, vehiculada a través de la Caja Rural Nacional, fundada en 1993 como una Cooperativa de Ahorro y Crédito para brindar servicios financieros rurales, y ahora alimentada por los fondos del ALBA y transformada en ALBA-CARUNA, es el eje financiero fundamental. Pero esos fondos son muy limitados para asegurarle al gobierno organizar a la mayor cantidad de familias rurales en torno a este eje.

Si el gobierno necesita rearticular a los grupos económicos afines para una acumulación de sus fuerzas en el largo plazo, las microfinancieras estorban el camino para llegar hasta “allí”. ¿Qué hará el gobierno? ¿Seguirá molestándolas con leyes o manteniéndolas sin marco legal, continuará descalificándolas como “usureras”? Y sobre todo, ¿promoverá y financiará “protestas populares” -como las que ya se vieron en Jalapa y Ocotal- reclamando reducción de tasas de interés y reestructuración de deudas? ¿Intentará quebrarlas, llevarlas al nivel de subsistencia para forzar su apropiación? ¿O aceptará trabajar en conjunto con ellas con una visión incluyente y de verdadera apuesta al desarrollo?

EL AVAL DEL FMI

Una de las bazas de más peso con las que hoy juega el gobierno para llegar hasta “allí” es la posición que ha adoptado el Fondo Monetario Internacional respecto de Nicaragua. Con tal de que se conserve la estabilidad macroeconómica en el país, el FMI ha quitado presión sobre el gobierno en temas de gobernabilidad y de transparencia. El insistente reclamo de la sociedad civil, que el FMI hizo también suyo, de que se incluyeran en el Presupuesto de la República los fondos de la cooperación venezolana, ya no tiene peso. Esto, naturalmente, tiene efectos sobre la cooperación internacional no venezolana, que desde hace años guía sus pasos según el aval que el FMI concede a los gobiernos con los que mantiene acuerdos.

El gobierno de Daniel Ortega, que ha cerrado espacios a la comunidad donante, considerando “injerencia” sus sugerencias y condicionamientos referidos a temas de gobernabilidad democrática, participación ciudadana, derechos de las mujeres -el siempre presente tema de la penalización del aborto terapéutico-, fortalecimiento de la sociedad civil y transparencia, está cada vez más liberado de estas presiones. Y la comunidad cooperante está cada vez más “indecisa e impotente”, como afirma un reciente estudio del caso Nicaragua sobre la eficacia de la ayuda internacional publicado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior.

EL PESO DE LA CRISIS

¿Será posible armar todas las piezas de este rompecabezas, le será posible a Ortega llegar hasta “allí”? ¿Se hará realidad este combo de reformas y de leyes, que apuntan a lo que se califica ya como tendencia del proyecto Ortega: la consolidación de una “dictadura institucional”?

Para lograr todo esto, las elecciones deben tener como resultado una resonante victoria del FSLN. ¿Hay condiciones para eso? El FSLN está perdiendo apoyo entre sus votantes. Las encuestas se lo demuestran. Y el antisandinismo está resurgiendo con fuerza en donde siempre estuvo presente y en nuevos espacios. Por diversas razones. La primera y principal, la severa crisis económica -inflación, estancamiento, alza de los combustibles, disminución de las remesas, inversiones que se van, oportunidades que se cierran, respuestas que no llegan-, crisis de la que, con justicia o por inercia, una mayoría hace responsable al gobierno de Ortega, que prometió “desempleo cero” y “hambre cero”.

La población no escucha al Presidente cómo enfrentar juntos la crisis nacional, sino que asiste a “repetitivas clases retóricas” sobre lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. El Presidente centra cada discurso en los desastres del capitalismo global, en el terrorismo del imperialismo yanki, en la explotación histórica del colonialismo europeo y en los crímenes del gobierno colombiano, pero nunca aborda con el mismo vigor los problemas nacionales.

EL PESO DE LA POLARIZACIÓN

Hay más razones. También prometió el gobierno “corrupción cero” y hay cada vez más informaciones que dan cuenta de los nexos de funcionarios del gobierno con el uso privilegiado de fondos públicos, mientras siguen sin transparentarse los fondos de la cooperación venezolana y los actos oficiales son eventos derrochadores, ofensivos en un país con tantas personas en la miseria. También se etiqueta el gobierno como de “unidad y reconciliación” y es creciente la intolerancia y el fanatismo sectario con los que responden el Presidente y sus medios de comunicación a los reclamos y críticas. Sectarismo que se va orientando a boicotear cualquier otra expresión de participación ciudadana que no sea la oficial.

En estos dos años el FSLN no ha sumado, ha restado. Ha multiplicado los anticuerpos antisandinistas en el tejido social y ha dividido a la sociedad. ¿Cuánto pesará todo este acumulado de inconformidades a la hora de votar? ¿No podrían llevar a un voto inesperadamente antisandinista, y no por una opción sino contra esta lógica de poder, autoritaria y excluyente? Y no por otra razón que para detener a Ortega. Contra el FSLN. Contra Ortega. Esas inconformidades se refugiarían naturalmente en la casilla roja del PLC.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

En este ambiente de inconformidades y de polarización, el liberalismo podría recuperar fuerza, haciendo retroceder al FSLN en el país rural, en donde los rojos han sido tradicionalmente vencedores. Compitiendo ahora los liberales de Alemán y los liberales de Montealegre unidos en la casilla 1 del PLC esto es más posible. Ortega ganó en 2006 por la división de los liberales. La alianza de los rojos es evidentemente muy frágil, pero el FSLN no ha logrado aún desarticularla. Al PLC le conviene también mantenerla, porque con una victoria del FSLN aun más contundente que la del 2004 en estas municipales Alemán y su grupo estarían aún en mayor desventaja en las nuevas etapas del pacto.

Pero el país rural no es el trascendental en estos comicios. La plaza crucial es Managua. Las candidaturas de Eduardo Montealegre y de Enrique Quiñónez para la alcaldía y vicealcaldía de la capital son la piedra en el zapato del gobierno. Una victoria en la capital del PLC con la fórmula de ambos significaría un revés de consideración para el proyecto estratégico de la pareja Ortega-Murillo. ¿Lo retrasaría? ¿En qué medida lo abortaría?

LA TENAZA DE LOS CENIS

Si Montealegre y Quiñónez llegan intactos al 9 de noviembre su victoria es muy posible. Managua es el caldero en donde hierven con mayor fuerza las inconformidades antigubernamentales. Los candidatos del FSLN, el poco preparado ex-boxeador Alexis Argüello y la periodista Daisy Torres, cuentan con enormes recursos financieros para su campaña, pero no demuestran un liderazgo equivalente del banquero Montealegre, promocionado a diario por la derecha como sensato salvador de la “locura” actual y a la “garra” del político Quiñónez, dicharachero y popular, tan parecido a Alemán y tan desafiante hoy de su liderazgo, y por todo eso tan querido por las bases liberales.

Para desprestigiar la candidatura de Montealegre, intimidarlo y hacerlo desistir, el gobierno ha responsabilizado prácticamente en exclusiva a Montealegre de las ilegalidades cometidas con los bonos CENI, por haberlos renegociado con los bancos que se beneficiaron de ellos, siendo Ministro de Hacienda en el gobierno de Enrique Bolaños.

Por el caso de los CENI -con responsabilidades que no se agotan en Montealegre, y que hemos analizado detalladamente en un reciente número de Envío- el gobierno montó una campaña que no tiene parangón, en cantidad y en intensidad, con ninguna otra campaña oficial en los últimos gobiernos.

Durante meses la población viene escuchando decenas de veces diarias, en varios canales de televisión y en varias emisoras de radio de todo el país, un spot y una cuña en la que los CPC responsabilizan a Montealegre -también al director de La Prensa, Jaime Chamorro- por “el robo más espectacular de los últimos 30 años”, sentenciándolos como “ladrones” de 600 millones de dólares y afirmando que esa corrupción “no tiene perdón de Dios”. La campaña detalla cuántos hospitales, escuelas, pupitres, calles, puentes, caminos, medicinas, cuadernos y toda clase de recursos públicos se hubieran comprado con lo robado por estas dos personas…

LOS CENIS Y SUS PARADOJAS

La campaña culminó -aunque no cesó- el 7 de julio, cuando una comisión especial de la Fiscalía -institución copada por el pacto- acusó por fin a Montealegre -y a Chamorro- ante los tribunales de justicia por el delito de fraude al Estado en el caso de los CENIS. En la lista de los acusados los acompañan otros 37 funcionarios de los gobiernos de Alemán y Bolaños.

Paradójicamente, ni ambos ex-Presidentes -responsables máximos de la emisión y del pago durante años de los CENIS- ni los banqueros que se beneficiaron con la compra de los ilegales bonos, ni mucho menos los responsables de las quiebras bancarias de 2000 y 2001 y los socios de los bancos quebrados que dieron origen a los CENIS aparecieron en la lista de los acusados.

Paradoja aún mayor es que mientras la Fiscalía acusaba a Montealegre por haber renegociado con los bancos los ilegales y fraudulentos CENIS, el Presidente Ortega -que ha calificado de “acto delictivo” la emisión de estos bonos- orientaba al Banco Central a renegociarlos de nuevo y se felicitaba en las tribunas ante la “sociedad civil” de su partido por la exitosa operación financiera lograda, que redujo la tasa de interés y el pago anual, pero que al extender los plazos de los pagos aumentará en 90 millones de dólares los intereses que se vienen pagando a dos bancos.

UN OBJETIVO CLARO

¿Es injusto atribuir una muy concreta intencionalidad política coyuntural y electoral a la acusación de la Fiscalía? ¿Es suspicacia verla como una pieza más de una grandiosa operación de confusión, que busca encubrir una cadena de corrupción en la que participaron dirigentes políticos y económicos hoy en el gobierno y en la oposición, corrupción que tal vez nunca se aclarará?

Lanzada en período pre-electoral y apuntando a perjudicar a Monte¬alegre, el candidato que realmente preocupa al gobierno, no es aventurado responder a estas preguntas. Ha sido unánime la valoración de que en la lista de los acusados “no están todos los que son ni son todos los que están” y que el tupido follaje de los 39 acusados no logra disimular el blanco contra quien se dirigen “los tiros”.

¿LOS 47 VOTOS?

Después de un mes de presentada la acusación contra Montealegre y los otros 38 el juicio no comenzaba. El juez del caso, perteneciente al FSLN, anunció que tiene que tomarse “el tiempo suficiente para entrar al análisis pormenorizado” del caso. Para llevar a los tribunales a Montealegre -que actualmente es diputado- y, en consecuencia, para que quede inhabilitado a ejercer su derecho político a presentarse como candidato a la alcaldía de Managua, tiene que ser previamente despojado de su inmunidad con el voto de 47 diputados. El FSLN tiene ya asegurados 46.

El 11 de julio, en un discurso en Matagalpa, el Presidente Ortega vaticinó -y suelen realizarse sus vaticinios- que así como el pueblo se movilizaba para quitarle la inmunidad a Alemán, así se va a movilizar para quitarle la inmunidad a este corrupto y que sea procesado.

La esposa de Eduardo Montealegre, Elisa McGregor, ha asegurado que el gobierno le ha ofrecido retirar automáticamente la acusación de la Fiscalía, y suprimir la campaña sucia de radio y televisión, si Montealegre renuncia a su candidatura. Y que el retraso del juicio se debe a que están a la espera de que Montealegre se decida a renunciar. Él ha reiterado que no renunciará.

¿Mantendrá el PLC su apoyo a Montealegre en el Parlamento o se arriesgará Alemán al costo político que significaría sacarlo de la contienda con el respaldo abierto, o encubierto, del PLC? El discurso anti-Alemán de Quiñónez y la sorda rivalidad de Montealegre con Alemán, ¿desembocarán en que Alemán abandone a su suerte a Montealegre? Lo que ya se evidencia es que las estructuras del PLC en Managua no están apoyando la campaña de Montealegre-Quiñonez.

EL OBJETIVO UNO
Y EL OBJETIVO DOS

La acusación contra Montealegre en vísperas del inicio oficial de la campaña electoral, y las pujas por su desaforación, contribuyen a empañar más el camino que nos lleva a las elecciones de noviembre. Sacar del juego a Montealegre es el objetivo número dos de la estrategia electoral de Ortega. Que pierda esas elecciones frente al púgil Alexis Argüello es el objetivo número uno. ¿O es al revés? ¿Por cuál de estos dos objetivos se decidirá el gobierno?

La deslegitimación actual del proceso conviene, en cierto sentido, al FSLN porque favorecerá la abstención. Y la abstención siempre ha sido aliada del FSLN, por tener un electorado que siempre vota y lo hace disciplinadamente. En las elecciones municipales siempre hay una mayor abstención que en las elecciones presidenciales. Con eso cuenta también el gobierno. Actos de violencia y de intimidación contra liberales a manos de CPC, ya ocurridos en el proceso de verificación, pueden conducir a una mayor abstención.

¿Decidirá el CSE devolverle a última hora la personería jurídica al MRS? Eso le quitaría una importante cuota de votos a Montealegre en Managua, crearía una confusión de última hora en el electorado y contribuiría a legitimar unos comicios ya cuestionados, dando el gobierno el buen ejemplo de la rectificación. Muchas cosas veremos aún.

LAS DOS MARCHAS
EN MANAGUA

Con tanto ya controlado -situación que dificulta cualquier iniciativa opositora desde las instituciones- las calles empezaron a ser zona de disputa. El catalizador de conciencias que representó la huelga de Dora María Téllez en junio desembocó en dos marchas masivas por las calles de Managua (27 de junio y 16 de julio).

Dos acontecimientos. Porque, aunque ambas marchas pueden ser vistas tal vez como “una torre de Babel” -construida en la horizontalidad sinuosa de las calles de Managua y no en la firme verticalidad hacia cielos abiertos-, por la contradictoria pluralidad sociológica e ideológica de quienes marcharon, por los diferentes intereses y reclamos que los congregaron y por las dispersas y diversas consignas que enarbolaron, estas marchas no se habían visto antes.

Durante los tres gobiernos que precedieron al de Daniel Ortega, las calles fueron siempre de los grupos afines al FSLN, de sus simpatizantes y también de sus grupos de choque. Había entonces más homogeneidad en las calles. Y también había más violencia. Por primera vez, las calles fueron ocupadas por grupos heterogéneos de todos los sectores sociales y no hubo violencia. Fueron marchas de todos los colores y expresiones cívicas.

¿DE QUIÉN SERÁN
LAS CALLES?

Las primeras respuestas del gobierno han sido a la defensiva: violencia verbal del Presidente y de los medios oficiales y determinación de recuperar a toda costa el control de las calles.

Los incidentes ocurridos en Managua el 31 de julio, en la rotonda donde Téllez se mantuvo en huelga de hambre, cuando un grupo de jóvenes opositores anunció que protestaría por los costosos rótulos de propaganda de Daniel Ortega y fueron esperados y atacados violentamente por un grupo de choque danielista, que reclamaba furioso que las calles “son del pueblo, son sólo de ellos”, dirigidos por activistas del FSLN, presagian tensiones.

Ese día, la Policía actuó con fuerza para detener la violencia de los danielistas. En otras ocasiones, su actuación no ha sido tan imparcial. ¿Habrá más marchas? ¿Sólo en Managua? ¿Cómo seguirá actuando la Policía si las calles se las disputan el gobierno, tratando de recuperarlas y la oposición, que empieza a encontrar salida en la movilización callejera?

EL MEJOR ANTÍDOTO

¿Cuál estrategia conducirá más directamente al gobierno hasta “allí”, hasta donde aspira a llegar? ¿Cuál estrategia, cuál resistencia impedirá que el proyecto estratégico del FSLN se consume?

Crece la impresión de que la estrategia del miedo es una de las que está funcionando más claramente a favor del proyecto gubernamental. Entre la gente se está desarrollando un miedo a hablar, a decir las cosas, a manifestarse, a participar en tal o cual actividad -así describe la situación la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia-. Unos se callan, otros bajan el tono, otros expresan sus criterios con palabras técnicas para no darse a entender y otros, por ejemplo la gran empresa privada, están muy bien con el gobierno porque han visto que la forma mejor de defenderse es no reclamando para que no los molesten.

Con una oposición política débil, con un pacto muy sólido, con instituciones ya en manos del danielismo, con leyes administradas por este grupo, con un proyecto de mayor control en el horizonte, que la gente, que la sociedad pierda el miedo podría equilibrar la balanza. Cada quien es dueño de su propio miedo, decía Pedro Joaquín Chamorro. Saber administrar con sabiduría los miedos de esta hora, en las calles o en otros espacios, desde aquí hasta noviembre y de noviembre hasta “allí”, según sean los resultados electorales, puede ser el mejor antídoto.

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