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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 198 | Septiembre 1998
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Nicaragua

Los nublados de estos días

Al cumplirse 177 años de la independencia, "los nublados del día", esa densa atmósfera de estos días de pacto entre el gobierno y el FSLN, no dejan ver aún con claridad a dónde conduce la trama. Aún en medio de los nublados, crece el consenso de que estamos mal y de que vamos mal.

Equipo Nitlápan-Envío

Cálculos políticos, negocios jugosos y proyectos económicos que alimenta la economía globalizada, y desmedidas ambiciones personales y de grupos de poder en pugna, han ido reacomodando la realidad política nacional en las últimas semanas. Densos nublados impiden aún ver con claridad el escenario en el que puede desembocar la actual trama. Existen señales que atraviesan el espesor de los nublados de estos días. La mayoría son inquietantes y no dejan mucho lugar al optimismo. Algunas alientan y llaman a multiplicar cuotas de lucidez, coherencia y honestidad.


Entre cálculos pre-electorales el pacto va

El pacto entre los liberales alemanistas y los sandinistas orteguistas va. Está en marcha, avanza y se perfila, mientras Arnoldo Alemán y Daniel Ortega niegan que lo que ya han acordado o están acordando sea un "pacto", por el estigma que envuelve a esta palabra en la conciencia social de los nicaragüenses. El Presidente Alemán busca comprar estabilidad y gobernabilidad, seguro de que el "fin de las asonadas, de las barricadas y de la quema de llantas en las calles" le garantizará al PLC un nuevo período de gobierno. Ortega quiere ir comprando espacios de poder, seguro de que será él quien presidirá el gobierno en el próximo período. ¿O tal vez el sentido del pacto para el FSLN es la perspectiva contraria: la convicción de que el FSLN no volverá nunca a ser gobierno por los votos? Todas las estrategias se basan en análisis muy discutibles y se explican también por pugnas económicas no resueltas. Todas llevan ya la marca indeleble de las aún lejanas en el tiempo elecciones generales del año 2001.

Las denuncias que desde mediados de agosto hicieron varias voces dentro del FSLN y muchas voces en otros partidos sobre los contenidos del pacto colocaron la palabra y el tema en el centro del debate político. Los colocaron en la calle, como demuestra la opinión mayoritariamente informada de quienes fueron encuestados por envío en los primeros días de septiembre. Los resultados de la encuesta, que ofrecemos a nuestros lectores en la página 13 de este mismo número, demuestran también que el pacto PLC-FSLN tiene un claro rechazo entre la población.


La "contradicción" del diálogo

En busca de dar cierta formalidad a un diálogo político que debe conducir a un "acuerdo nacional", el Presidente Arnoldo Alemán convocó desde inicios de agosto a los partidos que tienen diputados en la Asamblea Nacional. A este diálogo acudieron los diez partidos políticos que cumplen con ese requisito.

Según el análisis de uno de estos partidos, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), el diálogo tiene como objetivo "construir un escenario en el que los liberales y el Frente puedan llegar a suscribir el pacto bipartidista al menor costo posible frente a sus bases" y "estaría dirigido a tratar de impedir que progrese cualquier tipo de acuerdo o coincidencia entre fuerzas políticas y sociales que signifique una oposición" al bipartidismo al que conduce el pacto.

Después de las primeras sesiones, en las que se plantearon los temas que cada grupo propone, el FSLN -representado por el propio Daniel Ortega- buscó resaltar la contradicción central en las diversas agendas de los dialogantes, señalando que era ésta: ¿qué debe priorizarse en la mesa del diálogo: los temas de la agenda económica-social o los temas de la agenda política-institucional? Ortega dijo que el FSLN sólo dialogará sobre ciertos temas económicos y sociales, porque son prioritarios para el país, para el pueblo y para las mayorías pobres. A la par, insistió en que los temas político-institucionales tienen ya su ámbito de debate en el Legislativo. Otros partidos que acuden al diálogo -conservadores, sandinistas del MRS, liberales del PLI- propusieron que también los temas político-institucionales fueran centrales, ya que en el Legislativo, liberales y sandinistas -a los que acusan de dialogar por aparte y estar ya "amarrados" en un pacto- actuarán como aplanadora bipartidista en función de sus propios intereses.


Pobreza se combate con democracia

La contradicción entre una agenda económica y una agenda institucional ha sido esgrimida con frecuencia en Nicaragua cuando el diálogo está dominado por la ideología o cuando se pretende dialogar sin transparencia. La contradicción justicia social-institucionalidad es falsa. Porque -como lúcidamente explica el investigador mexicano Jaime Alonso en el último artículo que aparece en este mismo número de envío- la pobreza se combate con democracia. No sólo se combate con créditos, proyectos de desarrollo o asesores. Se combate y se va erradicando, sobre todo, con instituciones que sean democráticas, que tengan al frente a autoridades democráticas y que funcionen con leyes y prácticas democráticas.

Desentrañar la falacia que esconde la contradicción que esgrime Ortega es de máxima actualidad para despejar los nublados de estos días. Porque en el pacto PLC-FSLN tienen un peso básico los temas político-institucionales. Y porque la "solución" bipartidista que se dará a temas institucionales, por ser anti-democrática, augura más cuotas de corrupción en el país y por tanto, mayor pobreza, desigualdades y frustración.


PLC: prioridades

El objetivo más reiterado del PLC en las reformas constitucionales -que deben nacer del pacto- es la supresión de la inhibición a la candidatura presidencial para quienes renunciaron a la nacionalidad nicaragüense. El Presidente Arnoldo Alemán está siendo convencido de que no debe insistir en reformar la Constitución para posibilitar su propia reelección. Este proceso de convencimiento tiene su reflejo en varias declaraciones taxativas que el Presidente dio este mes, asegurando que no se lanzará como candidato en el año 2001, pero ufanándose de que lo hará -para ganar- en el 2006, candidatura que sí le permite la Constitución. Con este calendario en mente, tiene como prioridad el garantizarle la candidatura presidencial al ahora Ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Antonio Alvarado, actualmente inhibido por la Constitución por tener la ciudadanía estadounidense.

También quiere el PLC una reforma que cree una segunda cámara legislativa, el Senado, para que la aprobación de las leyes tenga una segunda fase de negociación. En el Senado se integrarían personalidades notables del país y, de forma vitalicia, los ex-Presidentes de la República, quienes, con este cargo de por vida, gozarían también de inmunidad vitalicia.


Coincidencias PLC-FSLN

Sobre las necesarias reformas a la Ley Electoral -que nadie discute- el FSLN y el PLC coinciden totalmente desde diciembre de 1997 en un paquete de reformas, algunas de las cuales ya fueron aplicadas en las elecciones de la Costa Atlántica de marzo 98. Estas reformas dan claras ventajas al FSLN y al PLC como partidos mayoritarios y tienden a ir haciendo desaparecer a los partidos más pequeños.

Algunas de las reformas electorales -son la pieza más segura y conocida del pacto- mantienen y pueden profundizar el problema de fondo de la actual Ley Electoral: privilegiar la politización de los órganos electorales por encima de su profesionalización. En un país que necesita en todos los cargos públicos a buenos profesionales al servicio del bien común, hay en el acuerdo PLC-FSLN una clara tendencia a colocar en ellos a buenos, malos o mediocres, siempre que sean leales servidores del bien de su partido.

En la Ley Electoral, es prioridad para el PLC el dejar establecidos los mecanismos que garanticen el voto de los aproximadamente 800 mil nicaragüenses que viven en el exterior, en el entendido de que sus votos favorecerán al PLC.


FSLN: prioridades

En el pacto, son objetivos declarados del FSLN la destitución de los doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los seis magistrados del Consejo Supremo Electoral para recomponer la dirección de estos dos poderes del Estado con liberales y sandinistas en cuotas proporcionales a los resultados electorales obtenidos por estos dos partidos. "Tenemos derecho a eso, es legítimo que reclamemos esos espacios de poder", dijo retador Daniel Ortega cuando declaró abiertamente este propósito de su partido. Se mencionó en esta ocasión que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordados entre liberales y sandinistas tendrían carácter vitalicio.

El FSLN ha expresado su acuerdo con el PLC en el tema de las inhibiciones que afectan a Alvarado y a otros dirigentes liberales y ha declarado estar en desacuerdo con la creación de senaturías vitalicias. Declaraciones más o menos, al abrirse los espacios para hacer reformas a la Constitución, y contando liberales y sandinistas en la Asamblea con la mayoría de votos requerida para efectuarlas, todo podría ser negociado. Todo.


El pacto va, pero sin el pueblo

Desde que fue sacado del secreto en que se venía fraguando, hubo una crítica muy espesa al pacto PLC-FSLN. La encuesta de opinión llevada a cabo por envío refleja una oposición abrumadoramente mayoritaria a todos los contenidos del pacto que fueron conocidos a través de los medios de comunicación a mediados de agosto. Se oponen, prácticamente en la misma medida, aunque con variantes según el tema, los sandinistas, los liberales y los que no son ni lo uno ni lo otro.

Está claro, a nivel de opinión, que se tratará de "un pacto sin pueblo". La pregunta que no puede responder ninguna encuesta es cómo se traducirá políticamente esa oposición. ¿Será tan significativa la oposición de palabra al pacto como la oposición con hechos? ¿Habrá una movilización, un frente cívico contra el pacto? ¿Vendrá de la ciudadanía opuesta la presión que lo detenga?

Tanto la clase política autoexcluida por principios del pacto, como la que ha sido excluida por los pactistas, no parece que logrará superar el género testimonial para articularse con la población y detener la avalancha bipartidista. No hay señales de que habrá timoneles para guiar al pueblo que dice no querer el pacto.

Ha habido más debate de fondo sobre los resultados de los concretos contenidos político-institucionales del pacto en los medios de comunicación que en calles y hogares. Es lógico. Por razones económicas -mayorías al límite de la sobrevivencia y una minoría en la cumbre del derroche- los nicaragüenses se han ido haciendo insensibles a los temas políticos nacionales.

Falta conciencia ciudadana. Y cada vez van quedando más lejanas algunas experiencias de participación política efectiva que hubo en los años 80. Ciertamente -y como lo demuestra la encuesta- la gente tiene información política, sabe sobre qué se le pregunta, conoce el tema y hasta tiene una opinión sustentada. Pero, ¿en qué se traduce su opinión en su práctica, cómo logra vincular la opinión que elabora con las oportunidades de participación política que se le ofrecen? ¿Cómo participa localmente para cambiar el rumbo de los eventos nacionales que le preocupan?


"Consumo" de temas políticos

La mayoría discute apasionadamente y a diario sobre cualquiera de los temas políticos nacionales que le ofrecen los medios, pero los olvida pronto. No los reflexiona, los consume. Son como episodios de una telenovela demasiado compleja o tal vez son menos aún: como latas de cerveza descartables. Entran también en el circuito de la moda, de lo efímero. Entre una minoría más consciente, la que se toma en serio su responsabilidad política, cunde la impotencia y el desaliento al ver lo difícil que resulta cambiar el rumbo de las tendencias nacionales. Son muchas y alentadoras las experiencias locales que acumulan poder y ensayan participación ciudadana. Pero se difunden escasamente y algunas son aún pequeñas y no suficientemente articuladas con otras similares. A menudo, el mundo de los proyectos locales refleja la dispersión y atomización, las pugnas por liderazgos y las desconfianzas que caracterizan el escenario nacional.


Cultura política en torno al pacto

Es mucho lo que estará en juego en la reforma constitucional que resulte de un entendimiento entre el gobierno liberal y el FSLN. Hay en las reformas de las que ya se ha hablado un peligroso contenido de menosprecio y ataque a la frágil institucionalidad democrática que se viene forjando desde que en 1979 la revolución se propuso transformar a Nicaragua, no sólo hacia la justicia y el desarrollo, sino también hacia el pluralismo, la tolerancia y la institucionalidad. Cuando esta gesta se inició, el FSLN era un "partido pequeño", tanto o más pequeño que los partidos pequeños que hoy desprecia.

Además de atentar contra la institucionalidad, existen componentes del pacto que son también un atentado contra la tendencia a la profesionalización apartidista que debe existir en el funcionariado público y que re- sulta tan urgente para lograr estabilidad, gobernabilidad. Y también desarrollo económico.

En la práctica -y a pesar de tanta opinión desfavorable como demuestra nuestra encuesta-, serán muy pocos los nicaragüenses que se movilicen -de cualquiera de las maneras posibles y a su alcance- para defender a las instituciones en peligro. Son muy pocos los que relacionan la justicia social con una institucionalidad sólida, los que van descubriendo eso -que la pobreza se combate con democracia-, los que aceptan que las leyes y las instituciones -y no sólo las armas, las barricadas o los caudillos- defienden a los pobres, los que tienen una cultura política que acentúa la participación personal y no el seguimiento del líder. Es por esto que el populismo del actual discurso de Daniel Ortega, desafiando a las instituciones en nombre de la defensa de los pobres o abogando por priorizar la agenda económico-social (empleo, tarifas de servicio público, etc.) tiene mucho espacio en la imaginación popular.


El engañoso discurso populista

En boca de Ortega, y a nombre del FSLN, el discurso es particularmente dañino entre los sandinistas de base, que padecen el empobrecimiento al que les somete el neoliberalismo y la deseducación política y las falsas expectativas que les crean -con discursos desgastados- un grupo de dirigentes del FSLN, con Ortega a la cabeza. Se hace imprescindible introducir en cualquiera de los análisis que se hacen sobre la realidad de esta Nicaragua en crisis la distinción entre FSLN y sandinismo, entre los representantes del partido y sus bases. Se trata de realidades cada vez más divergentes, aunque en el teatro de la política aún no se note lo suficiente.

Engañoso resulta el discurso populista porque, aparte de uno que otro parche, el FSLN sabe que el gobierno de Arnoldo Alemán no va a modificar el diseño de su política económica. Ni puede ni quiere hacerlo y así lo ha reiterado. Engañoso también porque el FSLN no presenta alternativas populares y realistas a ese diseño. Y engañoso, sobre todo, porque son destacados dirigentes del FSLN los que han encontrado muy buenos espacios en ese modelo económico. Y porque la "propuesta" económica del actual FSLN no es otra que la de ocupar más espacios en el gobierno neoliberal para participar con más posibilidades en el "capitalismo de compadrazgo" que sigue dominando el escenario nacional, aun cuando se proclame la llegada al país de la "modernidad" y de la "globalización económica".


"Agenda económica" del pacto

Además del ámbito electoral, constitucional e institucional que tiene el pacto PLC-FSLN, existe también en él una "agenda económica". Un elemento de corto plazo en esa agenda es la participación de 90 cuadros del FSLN en bancos, empresas y entes estatales, ocupando cargos en los que se maneje información -información es poder- y se reciban buenos salarios: se habló de salarios de 2 mil 500 dólares para arriba. El otro elemento grueso en esa agenda del pacto es la definitiva escrituración de una serie de valiosas empresas agropecuarias y agroindustriales, privatizadas a favor de los trabajadores tras los acuerdos de concertación de comienzos de los años 90 entre el gobierno Chamorro y el FSLN. Estas empresas entraron desde entonces a formar parte de lo que se llama el APT (Area Propiedad de los Trabajadores).

Si detrás de la participación de los 90 cuadros del FSLN en las estructuras ejecutivas del gobierno está implícito, entre otras cosas, un aval a la política económica actual, ¿qué es lo que estaría detrás de la escrituración de propiedades del APT? El 21 de agosto, en una extensa comparecencia radial, el sociólogo sandinista Orlando Núñez analizó el trasfondo de este componente del pacto, que resulta clave para los intereses del FSLN. Nadie más autorizado para hacer este análisis, pues si alguien en Nicaragua ha sido abanderado de las nuevas formas de propiedad asociativa del APT, presentándolas nacional e internacionalmente, en congresos, libros y reuniones, como el proyecto más estratégico de los que dejó la revolución, como la vía más realista para la necesaria democratización del mercado que requiere cualquier alternativa al modelo neoliberal, e incluso como el germen del socialismo del futuro, es él.


APT: ¿el fin de una experiencia?

Recordó Orlando Núñez que en los años 90 los trabajadores que salieron beneficiados con propiedades estatales privatizadas que les fueron entregadas en usufructo con opción a comprarlas, han luchado infructuosamente desde entonces, durante todo el período de gestión de Violeta de Chamorro, para pagarlas y para que fueran escrituradas a nombre de las asociaciones o colectivos de trabajadores. "No hubo voluntad política para hacerlo -dice Núñez-. Sin embargo, tanto el gobierno de Chamorro como el gobierno de Alemán han tenido toda la voluntad de vender esas empresas de los trabajadores a individuos. Y no les ha importado que quienes las compren sean dirigentes sandinistas. A ellos sí se las venden enseguida y enseguida se las escrituran."

Núñez citó un ejemplo reciente en Matagalpa. Los trabajadores de una empresa del APT llevaban ocho años buscando cómo pagarla para que les quedara a su nombre, pero ni el gobierno anterior ni el gobierno actual lo aceptaban. Sin embargo, cuando llegó un empresario sandinista a comprar la empresa, pagó e inmediatamente se la escrituraron a su nombre. Informó también Orlando Núñez que en los ingenios de azúcar del APT -negociados entre el FSLN y el gobierno de Alemán-, de 6 mil 500 trabajadores-socios que había al principio, ya sólo quedan 700 y dentro de un año sólo serán 100. Todos han terminado vendiendo sus acciones.


FSLN: voracidad empresarial

"Mi temor -dice Orlando Núñez- es que ahora, tras la acordada escrituración de las empresas de los trabajadores, lo que se esté creando es la antesala para que, una vez escrituradas, estas empresas caigan como presa fácil en manos de grupos económicos sandinistas, liberales o conservadores -ahora andan todos mezclados-. Estos grupos pueden, a través de los bancos, a través del crédito, con el dinero que tienen, adueñarse de esas empresas. La realidad es que en estos años, la mayor parte de las empresas que se han desprendido del APT, al dejar de pertenecer a los trabajadores han ido a parar a manos de empresarios sandinistas. Y en estos últimos meses la ofensiva de los empresarios sandinistas para arrancarles acciones y empresas a los trabajadores en prácticamente todos los rubros -tabaco, azúcar, ganado, café, banano, oleaginosas- es tremenda. Se trata de una ofensiva económica y también política e ideológica de dirigentes sandinistas, que trabajan activamente en la división de los sindicatos y de los trabajadores para comprarles más fácilmente sus acciones."

Al hablar de "empresarios sandinistas", Núñez precisó que se trata de altos dirigentes y de los principales cuadros del FSLN, caracterizados por su "voracidad para acumular tierras y apropiarse de lo que la revolución entregó a cooperativas, campesinos y trabajadores agrícolas". Y concluyó de forma dramática su análisis: "Podemos decir que los mayores adversarios que han tenido las empresas de los trabajadores y la propiedad popular en estos últimos ocho años han sido los empresarios sandinistas. La verdad es que el FSLN no ha tenido voluntad para proteger la propiedad asociativa ni para fomentarla. Si esta tendencia se consolida aún más a partir de la escrituración prometida por el gobierno liberal, pesaría sobre el FSLN en el próximo siglo el peor juicio histórico. La historia no absolverá al FSLN por haber contribuido a desbaratar la propiedad popular y a concentrar de nuevo la propiedad de la tierra en Nicaragua."


Controlar a la Contraloría

Una de las instituciones nacionales que podría convertirse en su momento en ficha de negociación en el pacto entre alemanistas y orteguistas es la Contraloría General de la República. Independizada por fin del Poder Ejecutivo gracias a las reformas constitucionales de 1995, la Contraloría se ha ido destacando día a día, desde entonces, como una institución empeñada en trabajar, con toda la autonomía que le es posible, por alcanzar la excelencia profesional en su nada fácil tarea fiscalizadora de los bienes del Estado. El gobierno liberal y, junto al Presidente Alemán, varios altos funcionarios del Ejecutivo, han irrespetado reiteradamente el trabajo de esta institución ofendiendo, incluso, a quien la dirige, el Contralor Agustín Jarquín. Saben bien dónde apuntan. Por esto, contra la institución y contra quien la encabeza, dirigen dardos y morteros.

El último mes fue prolífico en cargas ligeras y pesadas del Ejecutivo en su ofensiva contra la Contraloría. Los últimos embates comenzaron cuando la Contraloría hizo público el 26 de agosto su esperado informe sobre el caso del narcojet robado en Florida que estuvo volando en Nicaragua entre diciembre y abril con la categoría de "avión presidencial". Según su investigación, la Contraloría determinó responsabilidad administrativa y presunción de responsabilidad penal contra siete funcionarios, algunos de los cuales se habían librado hasta el momento de ser señalados en este escándalo. Entre ellos, el director general de aduanas, el viceministro de construcción y el ex-director de la empresa administradora de los aeropuertos. La Contraloría los señala por haber exonerado de aranceles e impuestos al jet y por otras irregularidades cometidas en el caso.

De inmediato, el Vicepresidente Enrique Bolaños calificó de "exagerado" el informe de la Contraloría. Estos tres funcionarios señalados en el informe se refugiaron en apelaciones, inmunidades y argumentos simplistas y semiburlescos, ratificando su inocencia. Y el Presidente Alemán completó el cuadro lanzando ante los periodistas una pregunta descalificadora que ya había empleado en otras ocasiones. "¿Quién controla al Contralor?", exclamó mientras proponía una vez más la creación de "otra" Contraloría para controlar el trabajo de la ya existente.

Alemán admitió incluso que la creación de esta nueva institución sería una de sus propuestas cuando se abriera el espacio para las reformas constitucionales. Y cuando se le preguntó "quién controlaba al Presidente", respondió que "el pueblo con el voto". Reflejo de una mentalidad atrasada, que reduce la democracia a la formalidad electoral y no tiene en cuenta los necesarios controles sociales e institucionales.


Una actitud alentadora

Con la pregunta y la propuesta se reabrió un nuevo capítulo en las tensiones Ejecutivo-Contraloría, Presidente Alemán-Contralor Jarquín. Como en anteriores ocasiones, la polémica inició con la resistencia del Ejecutivo a respetar los resultados de las investigaciones de la Contraloría. A diferencia de otras, los riesgos son mayores en este momento por los nublados de estos días, por la atmósfera de pacto que se respira por todas partes. La respuesta presidencial al informe de la Contraloría sobre el narcojet no quedó ahí. El Presidente Arnoldo Alemán anunció que varios entes estatales tenían pruebas contundentes de ilegales transferencias millonarias de fondos hechas a la Contraloría y supuestamente mal administradas. Dijo que cuando esas pruebas se presentaran Jarquín terminaría en los tribunales.

Reflejando un cansancio que admite, pero firme y con el lenguaje cívico, directo y cordial que le caracteriza, Jarquín explicó una y otra vez de qué se trataba en cuanto a esas transferencias y recordó el "vacío de normas" que existe en el país, que heredan todas las instituciones y que resulta necesario "ordenar", teniendo en cuenta que se trata de un proceso lento y complejo. Reafirmó una vez más su decisión de continuar con su trabajo y de no renunciar antes de que su plazo concluya. En su terco civismo y dedicación profesional hay una señal alentadora en medio de los nublados. Sin embargo, lo que es alentador corre peligros en un ambiente tan turbio como el actual. La encuesta que hicimos muestra que las descalificaciones del Ejecutivo hacia la Contraloría no dejan de tener su impacto y es en la pregunta referida a la Contraloría y el Contralor donde los porcentajes de desacuerdo se reducen.


Una renuncia reveladora

Dos hechos contribuyeron a revelar cuán real es la existencia de una campaña destinada a destituir a Jarquín o a forzar su renuncia a la Contraloría. Eliseo Núñez -jefe de la bancada liberal hasta hace unos meses y ahora disidente dentro del PLC- reconoció que en varias ocasiones él había hecho declaraciones adversas al Contralor y a la Contraloría por presiones del Ejecutivo. Más revelador aún fue el gesto del director de la empresa estatal de telecomunicaciones, ENITEL, Pablo Ayón, que presentó su renuncia el 4 de septiembre aduciendo dos razones: que el Presidente Alemán había sustituido, sin consultarle, a los dos miembros del sector privado en la junta directiva de la empresa, para poner en esos cargos a dos personas leales, uno de ellos su propio hermano, Agustín Alemán; y que no quería participar en la campaña de desprestigio del Contralor por ser dañina para el país. Se esperaba que ENITEL fuera una de las empresas que presentara pruebas para llevar a los tribunales al Contralor.

Desde la digna renuncia al Ministerio de Economía de Francisco el Che Laínez, en los primeros meses de 1997, ningún otro alto cargo del gobierno liberal había tomado distancia pública y en términos tan claros y valientes del Ejecutivo que preside Arnoldo Alemán como lo hizo Ayón. Su renuncia aportó una prueba contundente de la trama que existe contra el Contralor, del nepotismo gubernamental y del "capitalismo de compadrazgo" que se va a aplicar en la privatización de la empresa más rentable del Estado nicaragüense. Un gesto tan alentador como revelador.


¿El ocaso de un liderazgo?

En Nicaragua las personas siguen pesando muchísimo más que las instituciones. Sucede en todos los poderes del Estado, en ministerios, partidos políticos, sindicatos, alcaldías, ONGs, medios de comunicación. A veces, las personas -con su trabajo y su ejemplo- contribuyen a ir creando institucionalidad. A veces -con autoritarismos, egos e irresponsabilidades- la hacen imposible.

En los nublados de estas enrarecidas últimas semanas está jugando un papel relevante la vuelta a la escena de un Daniel Ortega "nuevo". Desde que en marzo, Zoilamérica Narváez lo denunciara públicamente por los abusos sexuales a los que la habría sometido durante 20 años, Ortega se refugió en el silencio, aparecía escasamente en público y cuando lo hacía era obvia la tensión en rostro y palabras, más inexpresivas que nunca. Se negaba a hablar del tema. Esto duró hasta finales de junio cuando, en ocasión de diversas conmemoraciones del triunfo de la revolución, recobró en las tribunas de varios actos masivos el tono y el estilo de sus tradicionales discursos de agitación, plagados de ataques despiadados al gobierno liberal. Seguía sin referirse a la acusación pendiente. Tenso y al salir del juzgado, a donde acudió a alegar su inmunidad, habló por fin para calificar las acusaciones de su hijastra como un complot político "para destruirme y para destruir al FSLN". Repitió mecánica y escuetamente esta versión en otras ocasiones.

Muchos análisis coincidían en que Ortega estaba "acabado": su personalidad deshecha al no lograr enfrentar el desafío de esclarecer la verdad de su vida privada y en su vida pública, incapaz de superar agotados discursos incendiarios. Pero un sector del FSLN parece seguirlo necesitando, especialmente ahora, cuando el pacto PLC-FSLN está a punto de cuajar y está siendo tan cuestionado no sólo por las bases del sandinismo sino también por un sector dentro del FSLN. Ortega parece ser el mejor -el único- capaz de camuflar la voracidad con que las cúpulas empresariales del FSLN irán a esta "guerrilla económica y política" en la que enterrarán definitivamente los ideales de justicia y de democracia de la revolución.


Un nuevo "look"

Inesperadamente, el 18 de agosto -cuando se hablaba con preocupación del pacto recién sacado de detrás de las bambalinas a la plena luz del escenario- Daniel Ortega llegó remozado a la Asamblea Nacional a ocupar su escaño en las sesiones parlamentarias. Nunca lo había hecho, siempre ocupó esta silla su suplente. Desde ese día, Daniel Ortega comenzó a dar declaraciones a los periodistas y a "bajar línea" y a opacar al resto de diputados sandinistas, a los que tiene ca- pacidad de intimidar con su presencia. Tan necesario como temido es su liderazgo. Ha hablado con un nuevo "look" de la denuncia de Zoilamérica, afirmando que ha sido su "calvario", que no quiere dañarla, que este sufrimiento le ha traído solidaridades insospechadas, que lo atacan porque defiende a los pobres. Ha construido un nuevo discurso para pasar de supuesto ofensor a víctima ofendida.

En sus nuevas apariciones, Daniel Ortega apareció eufórico, decidido, agresivo, vencedor. Defendió los acercamientos del FSLN con el gobierno, trató de limpiar a Arnoldo Alemán de todos los epítetos de "somocista" con los que lo que lo había venido cargando desde hace años, resaltó sus coincidencias con el gobierno, atacó con palabras, similarmente despectivas a las de Alemán, a los partidos pequeños, se presentó como "uno más de los nicaragüenses que viven de las remesas en dólares que reciben", y siguió presentándose como el adalid de la causa de los pobres. Los resultados de una última encuesta de opinión de CID-Gallup vinieron a envalentonarlo en esta operación de imagen. En la encuesta apareció como el político con opinión más favorable en todo el país.


¿Qué significa la encuesta?

Tres datos son los más relevantes en la encuesta de CID-Gallup. La caída de la popularidad de Arnoldo Alemán y de su partido el PLC. El ascenso de Daniel Ortega y del FSLN como producto de esta caída. Y el alto porcentaje de opinión positiva -un punto por debajo de Ortega- y la baja opinión negativa que obtiene el dirigente del Partido Conservador Noel Vidaurre.

La impopularidad -caída de "opinión favorable" y aumento de "opinión desfavorable"- de Arnoldo Alemán es fácilmente explicable. La situación de quienes votaron por el PLC esperando soluciones -casi mágicas por inmediatas- a su miseria no ha mejorado. Y quienes votaron liberal esperando racionalidad económica y verdadera competencia en un mercado libre han visto ya cuán cerradas son las argollas familiares y partidarias que enlazan todas las dependencias del gobierno de Alemán. Según otra encuesta realizada recientemente entre los empresarios privados del país, el 53% de ellos considera que el mayor obstáculo para el desarrollo empresarial es la política económica que aplica el gobierno, el 91% piensa que el gobierno no pone reglas claras en la economía y el 84% afirma que existe en el gobierno "terrorismo fiscal". Un terrorismo que coexiste con favoritismos hacia quienes el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) llamó el 8 de septiembre, en lenguaje cifrado, "sectores económicos emergentes".

El ascenso de Vidaurre es, sin duda, el dato más significativo de la encuesta. Refleja, entre otras cosas, el descontento creciente de un sector social de derecha y de centro con los estilos del alemanismo y del sandinismo. La baja opinión negativa que obtiene Vidaurre se puede explicar porque nunca se ha "manchado" con el ejercicio del poder.

La popularidad cautiva, y con un ligero incremento, de Daniel Ortega, expresa las huellas de su liderazgo histórico en el pueblo sandinista -atrapado en la pobreza y en la lógica caudillista-. Expresa también, dentro del clima bipartidista que existe y que se fomenta, el "castigo" de sectores no sandinistas a Alemán por su desacertado desempeño gubernamental.


¿Zoilamérica: un desafío agotado?

Daniel Ortega, su entorno y algunos sectores del FSLN han buscado inducir la interpretación de esta encuesta de CID-Gallup como una prueba contundente del escaso eco que ha tenido la denuncia hecha por Zoilamérica en contra de quien fue su padrastro. Más allá de este caso concreto, demostraría también el escaso peso que la conducta privada de los líderes políticos tiene en la valoración que de ellos hace la población nicaragüense y por tanto, la escasa preocupación que hay que darle a estos asuntos. "Esto demuestra que no somos tan puritanos como los gringos con Clinton y con la Mónica Lewinsky", dicen los que abordan de forma más banal el tema.

Es precipitado interpretar así la encuesta. Cuando Zoilamérica habló, cuando rompió el silencio para revelar un secreto que no le permitía ya vivir, le estaba planteando a toda la sociedad, y al sandinismo en particular, un tremendo desafío ético y político. No existe hasta ahora una encuesta que haya decidido medir el impacto social, ético y político de esta denuncia ni en la sociedad ni al interior del FSLN. Mucho podríamos aprender si se hiciera con seriedad este esfuerzo de investigación.

A seis meses de aquella conmoción nacional, lo que ha aparecido con la encuesta es un único indicador: el acusado continúa teniendo un buen porcentaje de apoyo -aunque también bastante rechazo-. No quiere esto decir que quienes lo favorecen con su opinión como político no crean el testimonio de Zoilamérica ni que, creyéndolo, consideren que ella habló como parte de una conspiración política. La propia Zoilamérica interpretó en una extensa entrevista televisiva el repunte de "popularidad" de Daniel Ortega con estas palabras: "La denuncia que yo hice es un reto a la conciencia y a la cultura política de este país. Yo sé que todavía son muchos los que establecen una separación entre los méritos de un dirigente en la arena política y su conducta en la familia, en el hogar. Mi denuncia sobre la actividad delictiva de este hombre es, además, demasiado reciente. No puedo esperar que cambie tan pronto la conciencia de la gente, que aceptemos tan pronto la gravedad del hecho de que un líder político tenga dos caras. Abrirnos a esta realidad es muy difícil. Esto lleva tiempo, y yo estoy aprendiendo a tener paciencia." También la digna paciencia de esta mujer es una señal que resulta alentadora en estos días de nublados.


Una sociedad enferma

Aunque algunos periodistas han afirmado, en el largo receso de 45 días de la Asamblea Nacional, que el caso de Zoilamérica está "agotado", que ya "dio lo que iba a dar" o incluso que "ya aburre", el tema sigue en manos de los diputados como "una papa caliente", como acertadamente lo describiera el Cardenal Miguel Obando. Y aunque el desafío sigue en las calles, candente, hoy quema especialmente en el Parlamento, cuestionando a los legisladores. Estos pueden quitarle la inmunidad a Daniel Ortega, votando en el plenario. Puede también la Junta Directiva del Parlamento servirse de dos más expeditos caminos legales -decidir que perdió la inmunidad por no asistir durante más de seis meses consecutivos a las sesiones de la Asamblea o decidir que la perdió porque se trata de un caso de derecho de familia no cubierto por el privilegio de la inmunidad-. Pueden también ratificarle su inmunidad abortando el proceso judicial. O, lo que sería más lamentable, pueden dejar morir el caso en la gaveta de una oficina del Parlamento. Sería un error que los legisladores evadieran su responsabilidad. Aunque por temor, por dolor o por pudor, la sociedad nicaragüense se niega en algunos ambientes a hablar de este caso, aunque lo eluda, lo esconda, o pretenda olvidarlo, ahí está. Nicaragua necesita que la verdad sea esclarecida.

La verdad libera. Y esta verdad específica puede empezar a sanarnos. Se multiplican los síntomas de una sociedad enferma, que requiere de terapia, como de terapia requieren las miles y miles de víctimas de abuso sexual. Un sangriento ejemplo de este mes nos recordó en dónde estamos parados. El 21 de agosto, el padrastro de una niña de once años y de un niño de cinco, asesinó a los dos a puñaladas y machetazos, junto a la empleada de la casa, como una forma de vengarse de la madre de los niños, que lo venía rechazando y pidiéndole que se fuera de la casa. La niña asesinada le reclamaba también al hombre que se fuera. Para intimidarla, el hombre se desnudó un día ante ella. Todo indica que la firmeza y decisión con que la pequeña reaccionó siempre ante él lo llevaron a decidir el salvaje crimen.

El hecho conmocionó al país y ocupó durante muchos días la conversación y la imaginación colectiva. Sin embargo, aunque este crimen nos colocaba, en toda su trama, ante la peligrosa pauta de la conducta patriarcal dentro de la mayoría de los hogares -violencia, prepotencia, irrespeto a los niños y especialmente a las niñas, sexualidad mal orientada, búsqueda desesperada de ejercer poder y recibir sumisión-, pauta que está en la raíz del incesto y de las diarias violaciones sexuales que contra niñas y muchachas se cometen, algunos sectores privilegiaron más que la reflexión sobre este patrón de conducta machista, el camino más simple, el más cortoplacista: defender a gritos la pena de muerte. Nada ha sido más movilizador de la conciencia de amplios sectores populares de Managua en los últimos meses que la petición de la pena de muerte para "el carnicero" del Reparto Schick.

El camino para lograr reflexión y tener visión de futuro, para sanar todo esto, será largo y no fácil. La sociedad necesitará dignidad y paciencia para recorrerlo. Hasta que se aclaren tantos y tan densos nublados.

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