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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 315 | Junio 2008
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Nicaragua

Ante la crisis alimentaria: “Necesitamos más acciones y menos discursos”

Sinforiano Cáceres, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas, FENACOOP -que organiza a 620 cooperativas, en las que se integran más de 41 mil familias campesinas, que hacen producir 74,184 manzanas agrícolas- compartió con Envío sus reflexiones sobre la crisis alimentaria de la que hoy tanto se habla y de la falta de políticas del gobierno y de acciones coordinadas de los distintos actores económicos para enfrentarla, en una charla que transcribimos.

Sinforiano Cáceres

En todo el mundo y todos los días estamos escuchando de la crisis alimentaria. Nosotros estamos trabajando en la educación de nuestros asociados para mejor comprender este problema, analizando los factores que más influyen en esta crisis, y para construir alternativas desde los productores. Para nosotros, se trata de una crisis ambiental, social y alimentaria, provocada por una crisis mayor, la energética.

En el mundo entero vivimos en un modelo de desarrollo consumista, depredador, que demanda cada vez más recursos naturales, que el planeta no puede garantizar. Es un modelo que provoca una demanda excesiva de energía, que hasta ahora hemos generado mayoritariamente a partir de los derivados del petróleo. Pero la oferta de petróleo es cada vez menor, ante una demanda que cada día crece más. Frente a este panorama se exploran nuevas fuentes de energía: a partir del aire, del agua, de los volcanes, del sol…Pero apenas el 10% de la demanda mundial se cubre con estas energías. Por todo esto, ha empezado a buscarse una alternativa en los agrocombustibles. Los llamamos así, y no biocombustibles, porque “bio” significa “vida” y estos combustibles afectan la vida de la gente, especialmente de la más pobre.

La crisis alimentaria está vinculada al auge de los agrocombustibles, que a su vez están estrechamente relacionados con otro problema que también nos preocupa: el de los alimentos transgénicos. Hay que analizar la lógica que los vincula para poder pensar en verdaderas alternativas y tratar de recuperar iniciativas rurales que han estado aisladas y dispersas, pero que integradas en una lógica nacional de autosostenibilidad nos pueden dar resultados. En Nicaragua nos hace falta una metodología de trabajo, una lógica de organización, de relación y de coordinación de quienes tenemos responsabilidad en la producción agropecuaria para enfrentar con éxito este desafío, sin que esto signifique necesariamente más recursos financieros. El gobierno no parece estar a la altura de este desafío.

¿Qué factores están provocando la crisis alimentaria? Identificamos seis como los más importantes. Todos están relacionados: la crisis energética, la liberalización comercial, el aumento en la demanda de alimentos, los fenómenos naturales, el abandono y la atención marginal que ha tenido la agricultura en las últimas décadas sumados a los programas de ajuste estructural y, por último, la cooperación internacional o ayuda para el desarrollo.

La crisis de alimentos está ligada a la crisis energética y a la búsqueda de combustibles alternativos. Son las empresas globales que controlan el mercado mundial de granos las que deciden hoy cuántos granos se destinan a producir agrocombustibles, cuántos van para alimento animal y cuántos para el consumo humano. La comercialización mundial de granos está hoy prácticamente en manos de cinco empresas -Cargill, Monsanto, Archer Dadiels Midland (ADM), Bunge, Dupont Agriculture and Nutrition-, que ya controlan el 85% de la producción mundial de alimentos. Con su poder mediático, estas empresas han magnificado las revueltas que se han dado en Haití y en otros países -donde siempre ha habido un hambre estructural- para justificar la necesidad de producir masivamente granos a partir de semillas transgénicas. Y como ya mucha gente le tiene miedo a los transgénicos, porque sabe que pueden ser dañinos para la salud, estas empresas promueven los transgénicos para producir agrocombustibles. La idea que tratan de sembrar es: alimentos sanos para las personas y alimentos no sanos para los vehículos. Tratan así de lanzar una cortina de humo sobre los graves impactos que para la vida tiene la estrategia de cultivar masivamente productos transgénicos para obtener agrocombustibles, por sus efectos en el cambio climático, por los gases de efecto invernadero y por la erosión genética que causan. La estrategia agrocombustibles-transgénicos es dañina para la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentarias y aumenta el hambre, la pobreza y las migraciones del campo a la ciudad. Es una estrategia perversa: nos saldría más caro “el caldo que los huevos”, sería peor “el remedio que la enfermedad”.

La demanda de los cultivos que producen alimentos ha aumentado desmedidamente al existir una doble demanda: para comer y para producir agrocombustibles. Con esta doble demanda, las grandes empresas que controlan el comercio de granos manipulan los precios, elemento poco visible en los análisis que se están haciendo y que es crucial por el control oligopólico de los productos alimenticios que circulan hoy en el mundo.

Actualmente, en torno a la lógica agrocombustibles-transgénicos se está dando una re-configuración de los mercados mundiales de alimentos, de los mercados financieros y también de la producción agrícola. Hay un proceso de integración vertical de las firmas globales que se dedican a la distribución y al comercio. En Nicaragua, el gigante Wal-Mart ya está metido hasta en el nivel detallista, ya compró los supermercados Palí, los de consumo más popular, no sólo en Nicaragua, también en Centroamérica. Ya vemos a Cargill comprando o absorbiendo las empresas nacionales y regionales de agroalimentos y a la misma agroindustria alimentaria en todo el mundo -en Nicaragua el caso de los Pollos Tip Top-. También vemos una agresiva integración vertical de toda la cadena de distribución de alimentos. Igual con los bancos. Ya se integraron los capitales financieros nacionales y centroamericanos. Y hoy, esta banca regionalizada está siendo absorbida por el gran capital financiero internacional.

Además de este proceso de integración vertical se gesta una alianza de las empresas transnacionales del petróleo (Epson, Shell) con las transnacionales de la biotecnologia y de la ingeniería genética (Monsanto, Novartis, Aventis) con las empresas de los “agrobussines” (Bunge, Cargill,Monsanto) y con las trasnacionales de la industria automotriz. Esta alianza perversa está orientada a consolidar rápidamente el control sobre toda la cadena de valor de los agrocombustibles y los productos transgénicos. Es por esto que afirmamos que los productores dependerán cada vez más de los oligopolios de estas empresas transnacionales. Es por esto que creemos que en el mediano y largo plazo los agricultores no recibirán muchos beneficios y, por el contrario, se verán forzados a deshacerse de sus tierras.

Hay dos tipos de agrocombustibles: el etanol, que se produce a partir de la caña de azúcar y del maíz; y el biodiesel, que se produce a partir de la palma africana y de la soya. La base son productos primarios, alimentos básicos de la gente: el maíz, la caña de azúcar, la soya... Esto significa que ya empiezan a competir con lo que nos quedaba para sobrevivir: la tortilla, el azúcar, la soya, que es una alternativa económica para obtener proteínas…Es el colmo que productos de consumo básico se estén volviendo exportables, no para el consumo de la población del Norte, sino para el consumo de los vehículos del Norte.

En el Norte, la apuesta por la masiva producción de agrocombustibles está desplazando los tradicionales subsidios a la agricultura, que ahora están pasando a quienes producen agrocombustibles. En un evento internacional un agricultor francés me decía que si producía un barril de etanol recibía 100 dólares de subsidio y si producía una hectárea de colza recibía 60. Estos nuevos subsidios ya han calado en la política agrícola comunitaria de la Unión Europea y están distorsionando los objetivos de esta política, que ya estaban distorsionados porque los subsidios agrícolas se quedaban en las grandes empresas y en los grandes productores. Ahora, con este giro, los pequeños productores -los que cubren nacionalmente los alimentos que consume cada país europeo- se están pasando a la producción de agrocombustibles. Y esto empieza a generar preocupación en el Norte. Porque van a tener que importar más alimentos. ¿Y de dónde, si todos están metidos hoy en la carrera del agrocombustible? Esto explica por qué el Norte tiene que controlar el Sur: su biodiversidad, su tecnología y sus sistemas de producción.

Entramos así en competencia estómagos contra tanques de combustible de los vehículos. Y como en esta competencia están las empresas más grandes, las que determinan la política financiera y económica de los países y de los organismos internacionales, tenemos derecho a pensar que en el mediano plazo no será el agricultor nacional quien va obtener los beneficios de los que tanto se habla, aplaudiendo el alza de los precios de los alimentos por la oportunidad que nos ofrece. Porque cuando estas grandes empresas logren una articulación más sólida en estas cadenas de valor controlarán plenamente los precios y los beneficios.

Los acuerdos de Kyoto, que tienen que ver con frenar el cambio climático, demandan que el 20% del consumo de combustible sea en el año 2020 de carácter sostenible. Esto significa una utilización aún más intensiva de las tierras e incrementar significativamente las áreas de siembra actuales, ambas metas por encima de las capacidades de los países del Norte. Entonces, los europeos decidieron que los países del Sur les hagan este trabajo, dedicando sus tierras y sus gentes para producir agrocombustibles para sus vehículos. En Nicaragua ya estamos viendo al Grupo Pellas aumentando la producción de etanol. ¿Qué significa esto en la concreta, en el territorio? Que a los agricultores les están alquilando la manzana a 160 dólares anuales para que dejen de producir lo que producían y para que destinen sus tierras a caña de azúcar para la producción de etanol. Les dicen: “160 dólares es más de lo que ganás haciéndola producir maíz, sorgo u otros cultivos”. Y es cierto. Entonces, ese productor, urgido por sus problemas, les alquila su tierra por cinco años, soñando que con ese dinero cubrirá todas las necesidades de los próximos cinco años. Es evidente quién gana y quién pierde en esta transacción, es evidente que este “negocio” incrementa la pobreza y el hambre. Por casos como éste, que tenemos bien cercanos, afirmamos que lo que la crisis alimentaria expresa son los mecanismos que hacen cada vez más difícil producir alimentos a los productores más pobres y pequeños.

A los países del Sur nos piden hoy que sacrifiquemos las tierras dedicadas a la producción de alimentos y las dediquemos a producir agrocombustibles. En la campaña electoral de 2006, Eduardo Montealegre hablaba de expandir el cultivo de la palma africana para meter de lleno a Nicaragua en la producción de agrocombustibles. Menos mal que no ganó y ese proyecto no fue adelante. La siembra masiva de palma africana significaría avanzar en las tierras del trópico húmedo de Nicaragua, en donde tenemos nuestra reserva de biodiversidad. Estaríamos sacrificando lo más valioso que tenemos por la avaricia cortoplacista de unos pocos.

En los cultivos destinados tanto a alimentos como a agrocombustibles encontramos a miles de pequeños productores. En Nicaragua, y en el caso del maíz, de 200 mil productores, 160 mil son pequeños productores de maíz. La transición de los cultivos para alimentos hacia el cultivo para agrocombustibles significa no solamente un cambio de rumbo, sino una competencia intensa y desigual entre agrocombustibles y alimentos humanos por el agua y las tierras y por recursos naturales y financieros. En la medida en que los agrocombustibles nos desplacen de las mejores tierras, la producción de alimentos se hará en tierras marginales, donde los rendimientos van a ser menores y los costos mayores. Y donde el beneficio que le generará esa producción al agricultor será cada vez menor. Esta dimensión no analizada es la que eriza los pelos. Este problema humano, que se vuelve una tragedia oculta, poco visible, no la vemos incorporada todavía en las estadísticas de pobreza.

El gobierno de Nicaragua no tiene actualmente ningún planteamiento claro sobre estos enormes desafíos. Todo lo que escuchamos es difuso, todo es retórico. Es un momento de crisis y necesitamos analizar y discutir entre todos y todas en serio cómo enfrentar estos problemas. Necesitamos una política clara, necesitamos, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial que establezca claramente qué tierras son para alimentos y cuáles para agrocombustibles. El gobierno podría establecer prioridades en los territorios, promoviendo que los productores produzcan lo que el territorio requiere o lo que el país prioriza a partir de una estrategia de desarrollo. Ésta es una función del gobierno y el gobierno debería ejecutarla muy pronto... aunque tal vez ya es un poco tarde.

El proyecto de agrocombustibles fomentará el monocultivo. Y ya sabemos que el monocultivo destruye la flora, la fauna, los ecosistemas. Y los agroquímicos que requiere provocan gases de efecto invernadero que abonan al calentamiento global de la Tierra. El cambio climático está haciendo cada vez más incierta la actividad agrícola, con huracanes o sequías no previsibles y cada vez más frecuentes. En Nicaragua ya vimos en 2007 cultivos perdidos en Chinandega y León por inundaciones y en el Norte perdidos por sequía. Una compañera de Bolivia me decía: “Es que cuando la Pacha Mama se enoja, la Naturaleza castiga”. Estamos recibiendo de la Naturaleza el castigo por lo que le hemos hecho. El gobierno de Nicaragua tiene una responsabilidad crucial para evitar que el monocultivo se imponga. Y ya se está imponiendo: la caña de azúcar destinada a la producción de etanol está empezando a comerse las mejores tierras agrícolas en Malpaisillo, en Posoltega... Impacientemente unos, y pacientemente otros, estamos viendo lo que ya está sucediendo.

El monocultivo significa la destrucción de la agricultura campesina y de la diversidad productiva de las fincas campesinas, que pierden la capacidad de autoabastecerse, de ser autosuficientes. La soberanía alimentaria de Nicaragua no se logrará ni en foros ni en cumbres internacionales. Se logra promoviendo y apoyando que cada agricultor sea sostenible. Y la suma de todos los agricultores sostenibles es lo que nos dará la sostenibilidad nacional. No es a la inversa. La soberanía y la seguridad alimentarias requieren, más que discursos políticos, acciones económicas, acciones ecológicas, acciones productivas. En el gobierno se ha abordado muy retóricamente este problema y se ha hecho muy poco prácticamente. Por eso el problema sigue avanzando, a pesar de tantos discursos.

Cuando al Presidente Lula se le ha cuestionado por la siembra masiva de soya transgénica en Brasil, lo ha justificado diciendo que hay “soya buena” y “soya mala transgénica”. Y que la mala es la que Brasil destina para exportar y para la producción de agrocombustibles, mientras que la buena la destina al alimento de la gente. El “detalle” que no entra en esta discusión es que la siembra masiva de soya “mala” implica un peligro inminente y de grandes magnitudes de contaminación y de erosión genética para la biodiversidad de Brasil y para la de nuestros países. Pasará como pasó con las abejas africanizadas: hace ahora 50 años, y para incrementar la cosecha de miel en Brasil, fueron introducidas en ese país abejas originarias de África, para un programa de mejoramiento genético. Bastó que la abeja reina escapara de una colmena y se cruzara con las abejas nativas para que nacieran estas abejas híbridas, las abejas africanizadas, que son tremendamente agresivas, hasta pueden causar la muerte. Con una sola que escapó empezó el problema. Desde entonces no han dejado de expandirse las africanizadas por todo el continente. Bien las conocemos en Nicaragua. Con una sola, miren las consecuencias. Así sucede también con las semillas transgénicas. Con una sola se inicia un proceso de contaminación, de erosión, de esterilización de las variedades de semillas criollas. No necesitamos miles de semillas. En las fronteras de Argentina, Brasil y Bolivia existe lo que llaman la República de la Soya: 50 millones de hectáreas de producción de soya transgénica, una extensión mayor que toda Nicaragua.

En la lógica común agrocombustibles / transgénicos la destrucción de la biodiversidad y la erosión genética es lo que menos atemoriza. Son realidades que la gente no siente hasta que no las vive, que no las cree hasta que no las experimenta. Es una realidad que nos exige una explicación más científica y más compleja, que no se logra en una plática de diez minutos. A nuestra gente tratamos de explicarle la complejidad del problema, elaborando un argumentario que lo haga comprensible. No se trata de ecologismo a ultranza, se trata de entender una problemática que es global y que tiene graves efectos locales. Entender esto requiere de un proceso de educación, de información, de capacitación, para hacer más comprensible el problema. Y mientras hacemos esfuerzos por darlo a conocer, las leyes, el capital y la tecnología respondiendo a una lógica imperial y neoliberal, van más rápido que nosotros y tienen cada vez más éxito en una articulación que nos hace cada vez más pobres.

Los poderes mediáticos y transnacionales nos han vendido los agrocombustibles como “limpios” y “verdes”. Y para reforzar la imagen positiva con que los venden los llaman “biocombustibles”. Ciertamente, el proceso de combustión del etanol y del biodiesel para producir energía es más limpio que el proceso de combustión del petróleo y sus derivados. Pero si analizamos el proceso en su totalidad, desde la producción de la palma africana y de la soya, del maíz y de la caña de azúcar, ya lo veríamos de otra manera. La palma africana, por ejemplo, genera un alto nivel de contaminación en las aguas por los agroquímicos que necesita y también erosiona los suelos. Su siembra es diez veces más contaminante que la combustión del petróleo. Y en la producción masiva de maíz y de caña hay 1.5 más contaminación que en la combustión de derivados del petróleo. Entonces, no es cierto que sean combustibles “limpios”. Dicen también que no provocan deforestación porque se cultivan en áreas ya destinadas a la agricultura. Pero no dicen que los desplazados de esas áreas agrícolas destinadas ahora a agrocombustibles emigran de esas tierras y deforestan otras zonas para seguir viviendo. Dicen que traen desarrollo rural, porque implican tecnología, nuevas semillas, inyección de capital y nuevas inversiones. Dicen que no causan hambre. Y esto sí es cierto: causan muerte.

El gobierno de Nicaragua y los de Centroamérica y todos los actores económicos y sociales de la región debemos plantearnos el problema en estos términos: Agrocombustibles vs. Alimentos, Agrocombustibles vs. Soberanía y Seguridad Alimentarias, Transgénicos vs. Biodiversidad, Agrocombustibles y Transgénicos vs. Cambio Climático, Agricultura Depredadora vs. Agricultura Ecológica y Sostenible, Alimentos Chatarra vs. Alimentos Sanos. Y esta última contradicción es grave: porque vía Programa Mundial de Alimentos, vía programa Vaso de Leche y programa para las embarazadas, nos están enviando alimentos transgénicos, mientras que nos compran la producción orgánica. ¿No es un contrasentido que a quien te produce lo sano le mandes productos agrotóxicos?

La liberalización comercial es otro factor que influye en la crisis alimentaria. Últimamente hemos participado en varios foros internacionales donde se aborda el problema y hemos sentido que la tendencia neoliberal, que hasta ahora era “hay que liberalizar y no regular” empieza a cambiar. Y comienza a extenderse entre los representantes del neoliberalismo la aceptación de que “también hay que regular” en la economía, en el comercio, en la producción. La crisis alimentaria les indica que la liberalización establecida en los tratados de libre comercio no es lo más adecuado, y que esto debe revisarse, analizarse y ajustarse a las circunstancias de las nuevas realidades. Los tratados de libre comercio legalizan el dumping -vender por debajo de los costos de producción para quebrar nuestra producción-, legalizan la competencia desleal, provocan la triangulación de productos, distorsionan los precios de los productos del Norte que importamos y que están subsidiados, desmantelan la protección a la agricultura al obligarnos a aranceles cero y a una flexibilización máxima de las barreras no arancelarias. Todo esto provoca la quiebra de los agricultores y, en el mejor de los casos, los motiva a no seguir sembrando, los vuelve consumidores. Y, claro, no es lo mismo ser consumidor en el Norte que en el Sur. En el Norte tienes una pensión, un fondo de desempleo, muchas garantías... Aquí, si no produces no comes.

La pérdida de la autosuficiencia alimentaria provoca que gradualmente el país se transforme de país productor en país consumidor. Una política así está provocando que quienes más saben de producción, quienes más conocen la tierra, se alejen de ella. Y así la cultura campesina se estanca y al final se pierde. Hoy en Nicaragua tenemos ya a muchos campesinos que no tienen cultura productiva. Esto es trágico. Ahora que en la FENACOOP estamos trabajando más de cerca con los ex-miembros de la Resistencia para enseñarles a organizarse en cooperativas, nos encontramos con muchos que nos dicen: “Yo nací en el campo, pero me fui a la guerra a los 15 años, regreso a los 30 y no sé cultivar la tierra. Soy campesino, pero no soy productor”. La guerra, y después el abandono de la agricultura y la liberalización del comercio, han provocado una masiva migración del campo a la ciudad y así el campo ha experimentado la fuga de cerebros productivos.

En el terreno ambiental tenemos en Nicaragua una acelerada pérdida de suelos, una grave erosión, una importante deforestación. Y el uso de las aguas que todavía tenemos en Nicaragua para riego ya no es rentable, por el alto costo del combustible y de la energía eléctrica que mueve el riego. Y aunque hay más conciencia de sus daños, sigue siendo una práctica común el uso de agroquímicos de “la docena maldita”, que generan gases de efecto invernadero y dañan a la agricultura y al agricultor. Todo esto incide en el cambio climático, que está destruyendo los ecosistemas y alterando la lógica productiva tradicional del campo. Debemos revisar nuestro modelo de producción para mejorarlo, adecuarlo a la actual crisis alimentaria. Porque, a pesar de contar con recursos, en Nicaragua no vamos a poder producir. O si producimos, será a altos costos, y ese alto costo no se va a trasladar al precio que recibe el agricultor para beneficiarlo, sino al bolsillo del intermediario.

El cambio climático está cambiando totalmente la lógica de la agricultura campesina. Nuestra agricultura depende cada vez más de los huracanes, de las ondas tropicales, de las vaguadas, de fenómenos naturales que no son las lluvias tradicionales en las fechas tradicionales. Ahora, los agricultores se guían más por el pronóstico de la temporada de tormentas y huracanes que por su sabiduría tradicional sobre las lluvias, cuando se reconocían y observaban muchas señales que les daba la Naturaleza anunciando la proximidad y la entrada del invierno, o cuando para sembrar se tomaba en cuenta la canícula, el veranillo de San Juan o los movimientos de la luna. Ahora nos guiamos por tormentas y huracanes que representan lluvias y beneficios para la agricultura, pero que por su violencia constituyen un peligro para tanta población que vive precariamente.

Creemos que toda esta problemática tiene carácter internacional. A ella le agregamos los problemas propios de Nicaragua. En primer lugar, el abandono de la agricultura campesina por los últimos gobiernos. Y que aún persiste. Este abandono se debe a que los gobiernos -obligados y a la vez de acuerdo con los organismos internacionales- fueron desmontando las instituciones que atendían el mundo rural: los bancos de fomento, los institutos de reforma agraria, los programas de asistencia técnica, los programas de investigación... Todo esto hizo perder capacidad de producción y de productividad a nuestra agricultura. Se apostó a que el comercio y el libre mercado lo resolverían todo, reacomodando eficientemente los recursos: así sobrevivirían los más eficientes y éstos, una vez enriquecidos, harían rebalsar las riquezas, que llegarían a los más pobres. Ya está claro que esta teoría fracasó.

A la vez que se hacía esta apuesta, los programas de fomento y desarrollo que había fueron sustituidos por programas asistencialistas y de clientelismo político. Durante los gobiernos neoliberales, y también ahora, ha habido programas en el campo, pero asistencialistas y partidarizados. Hoy, si revisamos los criterios para ser beneficiario de un programa del gobierno actual, lo que encontramos es una lógica político-partidaria, clientelista, asistencialista, que no responde a una estrategia de desarrollo. Y para enfrentar la actual crisis es necesario un cambio en la lógica del gobierno y un cambio en los objetivos de los recursos destinados al sector rural.

La cooperación al desarrollo también tiene responsabilidad en la crisis. Hay que decirlo claramente. Cuando analizamos la llamada ayuda no retornable que brinda la cooperación, observamos que ha eliminado de sus prioridades el apoyo al sector rural. Y esto es contradictorio porque en este sector es donde se concentran los niveles más altos de pobreza. ¿Les resultará más fácil evaluar gobernabilidad, democracia y transparencia que realidades medibles y verificables a simple vista? Aprovechando la ronda para el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y Centroamérica les decíamos que ellos determinan todo: cuánto dinero viene, en qué se usa, cómo se usa, quién lo usa. Y al final del proyecto o del programa dicen que no se logró el impacto esperado, que no aprovechamos bien los recursos y los apoyos de la cooperación. Creemos que en ese “no servir” hay una responsabilidad compartida.

Es bueno recordar que cuando se implementan proyectos de varios millones de dólares o de euros se diseña una estrategia de entrada al territorio o al grupo meta, pero por lo general no se diseñan estrategias de salida y se empieza a hablar de sostenibilidad sólo seis meses antes de que termine el proyecto. Por otro lado, consideramos que cuando la cooperación internacional ata sus ayudas a las condicionalidades del Fondo Monetario se niega la oportunidad de obtener mejores resultados en sus propios programas y proyectos de reducción de la pobreza y de desarrollo sostenible.

Tuvimos la suerte de recibir una evaluación de la ayuda de la cooperación con Nicaragua en los últimos cinco años y hay unos datos que asustan. La firma consultora independiente que hizo la evaluación afirma que el 30% de esa ayuda se queda en los salarios de los funcionarios gubernamentales nacionales y en las consultorías de los consultores internacionales. Y si se añade el costo fijo de los funcionarios internacionales que trabajan en el proyecto, la cifra se incrementa a un nivel tal que al beneficiario directo le llegan solamente 15 centavos de cada dólar de la cooperación para el desarrollo.

Hemos escuchado en repetidas ocasiones la tesis de que los donantes y los financiadores están en la búsqueda del alineamiento a las prioridades, sistemas y procedimientos de los países socios, con la lógica de lograr incidir en el cumplimiento de las metas y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como para mejorar las capacidades de los países socios. Pero esto es una ficción, porque los donantes se alinean a una estrategia y a planes de país cuyos contenidos y directrices fundamentales los han diseñado o han sido impuestos por ellos mismos y no por el país socio y receptor de la ayuda. Lo que vemos es que los donantes se alinean con ellos mismos siguiendo una lógica que comienza con ellos y termina con ellos…

Los foros internacionales y las cumbres internacionales -especialmente la que estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio- están apuntando a resolver los efectos, no las causas. La realidad es que, aunque no hubiera estallado la crisis alimentaria, los gobiernos no iban a cumplir con los Objetivos, y ahora, con la crisis, tendrán una justificación para su incumplimiento. Deberíamos de promover cumbres con estrategias que ataquen las causas y no los efectos. Que tengan que ver con el cambio de políticas, con el cambio de las reglas del comercio, que tengan que ver con cambios en la naturaleza de las instituciones que están administrando las políticas internacionales y las políticas nacionales. Creemos que a esta crisis alimentaria hay que darle un nombre más exacto. Todavía no damos con ese nombre. Pero no es una crisis de alimentos, es una crisis de valores en las empresas transnacionales, en los gobiernos y en la cooperación internacional.

¿Qué pistas le vemos a esta problemática en Nicaragua? Sentimos que es un problema que afecta a muchos actores y que todos ellos deben estar sentados en la misma mesa donde también esté el gobierno. Éste no es un problema solamente del Ministerio de Agricultura ni del sector público agropecuario. Es un problema multidimensional y, por tanto, de multi-actores, y requiere de una discusión seria con el gobierno, donde cada quien presente sus recursos, sus ideas, sus experiencias, para construir a partir de lo de todos una alternativa. El gobierno debe discutir con la cooperación, con el sector privado, con el sector cooperativo, para ver qué rol tiene cada quien que jugar. Pero nada de esto se está haciendo, no se está asumiendo con seriedad la problemática.

Nos preocupa profundamente lo que hace algunas semanas el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal (MAG-FOR) reconocía: que en nuestro país hay más de 600 mil manzanas no sembradas. Y esto porque tenemos décadas de ausencia de una política de estímulo, de organización, de fomento, para que los productores puedan aprovechar esta oportunidad que van a tener durante los próximos cinco u ocho años.

Sabemos que hoy ya hay muchos campesinos cayendo aceleradamente en la pobreza y en niveles de extrema pobreza. Sentimos que se debería de promover un programa de fortalecimiento de la economía familiar campesina, de la producción campesina familiar, de la pequeña producción, para evitar que la gente pierda la capacidad de autoabastecerse y autoalimentarse. Y esto significa evitar que alquile la tierra a los ingenios cañeros, que pueda producir lo que requiere para alimentarse, que no sea monocultivista, que se diversifique. Sentimos que ésta es una tarea muy central y muy clave, porque puede generar autoempleo en un país donde el desempleo es creciente, y porque permite que el productor siga siendo un productor de alimentos y no se convierta en un desempleado y un emigrante. Siendo productor será un posible aliado en la solución de la crisis alimentaria.

Nos parece fundamental que se fortalezca la capacidad técnica de los gremios. Los gremios son el principal capital social que tienen los pequeños, los pobres, las comunidades. Y son los más estables en el tiempo. En 16 años de gobiernos neoliberales, y en el año y medio del actual gobierno, hemos visto muchos cambios: de instituciones, de programas, de políticas, de prioridades, de sujetos... pero los gremios están siempre ahí. La organización de base siempre está ahí. Hay que fortalecer la institucionalidad del movimiento social, que son sus organizaciones. Hay que respetar y reconocer esa institucionalidad. Para evitar que se siga haciendo lo que han hecho todos los gobiernos, incluido el actual: que cuando le conviene te llama como gremio y cuando no le conviene te llama como persona. Y esa manipulación se debe al hecho de que no reivindicamos el derecho a que se reconozca la institucionalidad del movimiento social como una institución válida para interlocutar con cualquiera. Si eso se pierde, el movimiento es manipulable, manoseable.

Una sociedad civil organizada es clave para lograr transformaciones económicas y sociales. La cohesion social es vital para promover el desarrollo y lograr victorias contra la pobreza. Las organizaciones nacionales, regionales, las cooperativas, los comités comarcales, las asociaciones y el liderazgo gremial y social forman parte de la institucionalidad que debe ser reconocida, respetada y tomada en cuenta para lograr una relación interinstitucional real. Por eso, no es sano ni adecuado continuar con la relación de gobierno a persona pobre o de cooperación a persona pobre. Es necesario que las instituciones del gobierno y las de la cooperación reconozcan que los pequeños productores, que las cooperativas, que los pobres, tienen sus instituciones, sus referentes y sus interlocutores.

Necesitamos también discutir los instrumentos que el gobierno debe usar, en conjunto con la sociedad, para hacer frente a esta crisis. El gobierno ha cambiado el PRORURAL del gobierno de Bolaños por un Plan Quinquenal 2008-2012, que se explica en un documento titulado “La revolución en el sistema agropecuario, forestal y rural”. Hubo un borrador en noviembre, otro en febrero y ambos se discutieron en secreto. Logramos hacernos con uno de estos borradores y comprobamos que es un documento bastante deficiente: está hecho desde una lógica más sociológica que económica y productiva. Tiene mucho análisis político y pocos planteamientos prácticos, no tiene indicadores ni instrumentos de políticas. Cuando analiza las metas actuales y las de los próximos cinco años brinda datos contradictorios, confusos. Resulta un plan muy frágil y poco estructurado. Y lo más grave es que no se somete a debate, no se discute con los supuestos protagonistas, y con los potenciales beneficiarios.

El otro documento gubernamental es el llamado Plan de Desarrollo Humano, que el gobierno presentó primeramente a la cooperación internacional, sin haberlo presentado a la sociedad nicaragüense. ¿Por qué discutir el desarrollo humano sólo con aquellos, si es un desarrollo para nosotros? El gobierno y la cooperación hacen lo mismo: nos interpretan en vez de consultarnos, nos adivinan en vez de escucharnos.

El diálogo con el gobierno se ha hecho muy difícil y escaso y las organizaciones campesinas, aglutinadas alrededor de la Mesa Agropecuaria y Forestal, sentimos que se nos excluye de los espacios de discusión y concertación que consideramos de vital importancia. Por poner sólo un ejemplo: el decreto presidencial 22-2008, que crea la Comisión nacional de consulta para la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, le da dos de los seis cupos destinados a gremios y organizaciones sociales, al COSEP, en representación de los empresarios privados grandes.Y las seis organizaciones campesinas y cooperativas que representamos a los pequeños productores y cooperativistas que formamos parte de la Mesa Agropecuaria y Forestal, fuimos excluidos de esa Comisión, a pesar de que hemos hecho propuestas concretas y por escrito a ese proceso de negociación.

Nos sorprendió mucho esto porque apenas ocho días antes el Vicecanciller, que es el coordinador de las negociaciones por Nicaragua, nos había expresado personalmente que la Mesa Agropecuaria y la Iniciativa centroamericana CID -de la que formamos parte- estaríamos formando parte de la Comisión.

¿Por qué nos tratan de esta manera? Sentimos que sólo nos llaman cuando nos necesitan. Y a pesar de estas exclusiones, cuando nos llaman aceptamos ir porque no podemos renunciar a nuestro papel, que es negociar con los gobiernos, sean cuales sean sus estrategias y sus tendencias políticas.

Se habla mucho en el gobierno de los alcances del programa Hambre Cero. Es un programa con muchos recursos que podría potenciar de forma exitosa la lucha contra la dependencia alimentaria y la lucha contra la pobreza, pero antes tiene que resolver tres problemas básicos. El primero: la gente a la que se le entregaron los animales tiene problemas para alimentarlos y para mantenerlos en condiciones aceptables. El segundo: hay problemas de abastecimiento de vaquillas y de cerdas este año porque el inventario está rotando, pero no está creciendo.

El tercer problema de Hambre Cero es el más complejo: no está generando organización, como se había previsto. Se previó que por cada 50 beneficiarias se formara un grupo solidario, una asociación o una cooperativa. Eso significaba 300 cooperativas por año y en cinco años de gobierno 1,500 cooperativas o asociaciones y 75 mil personas organizadas, Pero ese grupo de 50, que en mayo de 2007 recibió la vaca, la chancha y todo lo que da el bono productivo de Hambre Cero, ya este año tenia que empezar a pagar los 5 mil córdobas para constituir un fondo revolvente: 50 personas a 5 mil córdobas cada una son 250 mil córdobas y con 300 grupos eso hace 75 millones. Pero esta devolución no está funcionando y como no hay organización, no se crea el fondo revolvente, no hay a quién pagarle, no hay a quién entregarle, no hay quién administre... y así el programa queda sin el impacto principal, que era generar organización para enfrentar y resolver problemas, para construir alternativas de solución, para buscar cohesion social. Porque no se trata de crear un grupo para recibir una donación. Y hasta ahora eso es lo que está pasando y eso distorsiona los objetivos del programa.

También ha ocurrido así porque el programa Hambre Cero se salió del cauce original que el gobierno había planteado: iban a usar el tendido y la capacidad que ya hay en los territorios -ONG, gremios, cooperativas o asociaciones- para montarse en esos cauces y desarrollar el proyecto. Pero no se hizo así. Han anunciado que van a aumentar el volumen de entregas de bonos productivos. Pero serán entregas parciales, no podrán entregar todos los componentes. Y aun así, se mantiene la pregunta de fondo: ¿Vamos a apostar a regalar o a crear organización? Porque si no creamos organización, dañamos más a las personas dándoles que apoyándolas a que ellas puedan por sí mismas. Estaríamos regresando a la cultura de extender la mano, del no pago, de la cosa fácil, de “lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta”...Es muy dañino este estilo. De momento no lo percibimos, pero pronto vamos a ver el daño. Ya hay comunidades donde observamos estas actitudes. Y ya sabemos el error histórico que significa acercarse a las comunidades con estos métodos.

A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir en estos meses, por ser críticos constructivos de las políticas del gobierno y por defender la autonomía del gremio, aún tenemos la esperanza de que el partido de gobierno tendrá la valentía de retomar principios que son válidos no sólo cuando se está en la oposición, sino también, y de manera muy especial, cuando se está en el gobierno. No hay que ir a buscarlos lejos. Estos principios están plasmados en los Estatutos del FSLN: la mística revolucionaria, la crítica y la autocrítica, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, la libertad de opiniones, la no discriminación, la democracia interna y la unidad.

No podemos renunciar a los sueños, no podemos resignarnos a aceptar como normal que un compañero, por pensar diferente, por dar su opinión, sea visto como un enemigo y como una amenaza, que se le excluya o se le mande al desempleo y pierda la confianza del “jefe” por el simple hecho de poner en práctica lo que es un principio, no sólo del partido, sino también un principio y un derecho constitucional, como es el derecho a la crítica sana y a la libertad de opinión.

No podemos ni debemos aceptar como normal la represión institucional que practican muy campantemente asesores y funcionarios públicos contra las personas, instituciones y organizaciones que cuestionan o critican una acción, un programa o una política del gobierno. ¿Por qué debemos aplaudir o admirar la soberbia y la intolerancia, la actitud reaccionaria de no querer escuchar ni críticas ni sugerencias?

¿Por qué debemos aceptar que los gremios y las asociaciones no sean considerados interlocutores válidos del gobierno? ¿Por qué debemos renunciar al derecho que tenemos a señalar y a criticar para corregir o mejorar actitudes y comportamientos de muchos compañeros que eran revolucionarios en la oposición y ahora son reaccionarios en el gobierno? ¿Por qué tendríamos que renunciar a criticar y a denunciar el oportunismo de compañeros que pasaron de ser revolucionarios a ser empresarios prebendarios y traficantes de influencias? Ese oportunismo está causando mucho daño a los pobres, al país y al gobierno.

Creemos firmemente que esta crisis alimentaria, ambiental, social y energética nos brinda una excelente oportunidad para relanzar el desarrollo rural, para fortalecer el sector de la economía social, para promover la asociatividad, para fomentar y promover la autonomía cooperativa y el desarrollo de empresas cooperativas que contribuirán a la cohesión social, a la democracia económica, y por eso, a la justicia social.

Debemos evitar a toda costa que la crisis alimentaria se interprete como una escasez de alimentos. Estamos convencidos, y los estudios así lo confirman, que no hay escasez de alimentos sino obstáculos para que los más pobres accedan a los alimentos y a producirlos ellos mismos.

Todo este análisis sería uno más entre muchísimos si no planteáramos también algunas acciones mínimas para buscar alternativas de solución. Proponemos la creación de un comité nacional de trabajo para discutir y analizar cómo enfrentar la crisis de soberanía y seguridad alimentaria, donde estemos representados todos los actores de la cadena agroalimentaria: gobierno, sectores cooperativos, empresariales, financieros, de servicios agropecuarios, consumidores... Los resultados que deberá generar este Comité son varios. Al menos, éstos: la definición de un marco jurídico de protección y fomento a la agricultura agroalimentaria, que evite el control monopólico de los alimentos, y el uso de semillas transgénicas y que proteja la diversidad; políticas y programas de Estado que definan e implementen estrategias de soberanía y seguridad alimentaria; acciones de corto y mediano plazo para contener y revertir los efectos inmediatos de la crisis.

Así evitaríamos que la crisis alimentaria profundice más la crisis de valores que atravesamos en Nicaragua. Si no actuamos a tiempo, no habrá Cumbres mundiales ni fondos de la cooperación que nos salven.

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