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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 313 | Abril 2008
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México

Mil y una movilizaciones: por la vida, el petróleo, los derechos...

En 2007 más de 12 millones de personas se manifestaron en la capital mexicana protestando contra las políticas del gobierno. En lo que va de 2008 millones han llegado al Zócalo a expresar sus reclamos. Son mil y una las movilizaciones contra la privatización del petróleo, contra la violación de los derechos humanos, contra la corrupción y la impunidad, contra la falta de justicia, contra el TLC y el alto costo de la vida… México está en ebullición.

Jorge Alonso

México sigue polarizado. Las contradicciones se entremezclan y abarcan todos los aspectos de la vida nacional. A finales de 2007 el periódico estadounidense “The New York Times” constataba que buena parte de la población mexicana sentía que algo torcido había ocurrido en las urnas en la elección presidencial. Cuando en marzo de 2008 el Poder Judicial no favoreció a ciudadanos que reclamaban el derecho a llegar a la verdad histórica de los comicios presidenciales de 2006 accediendo a las boletas electorales, quedó la sensación de que la negativa era para impedir que se conociera lo que en realidad había sucedido.

MÁS Y MÁS IMPUNIDAD

La proclamada lucha del gobierno contra el crimen organizado no ha prosperado y los datos de la violencia se están convirtiendo en noticia cotidiana. Al calificar la estabilidad política y la violencia, el Banco Mundial coloca a México en niveles reprobatorios. El cuestionado Presidente de la República ha modificado su equipo para intentar fortalecer su gobierno, pero sus movimientos han resultado contraproducentes. El caso más emblemático correspondió al Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. Se le acusó de haber nacido en España y estar ocupando cargos reservados a mexicanos por nacimiento, y de no respetar las leyes. Más allá de las argucias e inconsistencias en cuanto a los documentos que acreditaban su origen, en 1996 este personaje había utilizado un pasaporte que lo acreditaba como español. Especialistas en Derecho Constitucional han enfatizado que no ha presentado la carta de renuncia formal a la ciudadanía española.

López Obrador señaló que la llegada de Mouriño a Gobernación se debía a un movimiento para acelerar la entrega del petróleo mexicano a manos privadas. Y documentó la denuncia de que Mouriño había incurrido en conflicto de intereses al haber beneficiado a su familia con contratos de PEMEX se defendió cuando era funcionario a la sombra de Calderón. Se trataría de un gran escándalo de corrupción. Después de muchos días, Mouriño se defendió alegando que sí había firmado los contratos exhibidos, pero que eran legales.

Una encuesta reveló que, aunque se demostrara que había procedido “legalmente”, un 85% creía que lo hecho por este político no era ético. Pero, contradiciendo los principios de sus fundadores, el PAN lo arropó con el argumento de que quien tocaba a uno de ellos tocaba a todos los panistas.

El gobierno panista comparte con el priísmo la impunidad. Se manipula el manoseado Estado de Derecho para proteger a quienes delinquen desde el poder y profundizan la corrupción.

Si el 2007 se caracterizó por la impunidad, el primer trimestre de 2008 ha profundizado esa dinámica. Los poderosos que cometen delitos son premiados -caso de los gobernadores priístas de Oaxaca y Puebla-, y a muchos inocentes se les fabrican cargos para mantenerlos en la cárcel. Hay denuncias intermitentes de torturas, práctica extendida y enraizada. Las luchas sociales son criminalizadas. Crece el número de presos políticos y el de desapariciones. Las violaciones sexuales se han convertido en una política de Estado en contra de disidentes. Las organizaciones independientes de derechos humanos constatan que siguen cercados por el gobierno.

El organismo oficial de defensa de derechos humanos fue duramente criticado por Human Rights Watch, pues su ejercicio fue decepcionante: abandona los casos que documenta, tolera prácticas abusivas y, al sostener que las atrocidades cometidas por el ejército deben ser indagadas por esa misma institución, propicia la impunidad. El investigador Sergio Aguayo ha señalado que mientras se violan masivamente los derechos humanos los mexicanos padecen a un Ombudsman burocratizado, a un Senado cómplice y a un Presidente preocupado por proteger a los poderosos e ignorar a las víctimas.

DERECHOS HUMANOS:
PÉSIMA IMAGEN

Ante los escasos avances en las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, ante los más de 500 desaparecidos de la guerra sucia, y constatando la criminalización de la protesta social, la titular de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos declaró en febrero de 2008 que la impunidad era el mayor reto para México. También señaló que si el ejército hacía funciones policiales debía estar bajo vigilancia civil. Recibió datos que probaban que los militares habían cometido violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado, violaciones de mujeres, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos. Una red de organismos civiles de derechos humanos que agrupa a 59 organizaciones en 20 entidades federativas sistematizó decenas de casos e inició una campaña contra la represión. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en su sexta visita a México constató que era insostenible la imagen de México como Estado respetuoso de los derechos humanos. La impunidad envalentonaba a los elementos abusivos y el gobierno no había cambiado su talante autoritario.

Tratando de cubrir tantos males, el gobierno de Calderón ha incrementado el gasto en propaganda, y al mismo tiempo ha impulsado una creciente censura en los medios de comunicación. A los comunicadores independientes se les van cerrando los espacios. Calderón no ha tolerado que la periodista Carmen Aristegui -hoy conocida en toda América Latina a través de CNN- diera voz a sus adversarios. El contubernio del autoritarismo gubernamental con el poder fáctico del dinero y de los medios electrónicos le cerró a Aristegui un importante espacio informativo. Aunque se lo quiso maquillar como un problema de contrato, fue evidente que se trató de una censura. Miles de radioescuchas enviaron cartas electrónicas para protestar por la desaparición del exitoso programa que Aristegui dirigía desde hacía cinco años por las mañanas en la frecuencia de W Radio.

LOS MEXICANOS MUERTOS
EN EL ATAQUE DE LAS FARC

Un caso que exhibió que Calderón no se siente el Presidente de todos los mexicanos sino un peón de los intereses del gobierno de Bush fue el ataque del 1 de marzo del ejército colombiano a una posición de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que mataron a cuatro ciudadanos mexicanos e hirieron a una mexicana más que estaban visitando ese campamento. El gobierno mexicano debió demandar una investigación sobre los mexicanos muertos y solicitar las reparaciones necesarias. Los datos demostraban que no eran combatientes. La derecha utilizó el hecho para atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde habían estudiado algunos de los masacrados. Desde una perspectiva jurídica se hizo ver que a ninguna autoridad mexicana concernían los motivos por los cuales sus ciudadanos viajaban al exterior, y menos los motivos de su conducta en el extranjero, pues si hubieran cometido algún delito el gobierno ecuatoriano era el encargado de juzgarlos. Lo que tocaba al gobierno de México era exigir satisfacción por el asesinato de sus nacionales. Pero Calderón nada dijo y nada hizo. Los padres de los mexicanos muertos denunciaron el silencio cómplice del gobierno mexicano, en lo que consideraron “una cobardía de Estado” ante “un crimen de Estado” y anunciaron que demandarían a Colombia ante instancias internacionales.

Al analista Granados Chapa le pareció altamente reprochable que el gobierno mexicano hubiera adoptado una actitud facciosa, mezquina, torpe e ilegal: determinar primero si esos mexicanos eran merecedores de su protección o si carecían de ese derecho, como si tal circunstancia estuviera sujeta a condiciones. En vez de protestar ante Bogotá, había declarado que su preocupación era que mexicanos estuvieran relacionados con organizaciones terroristas como las FARC.

Un mes después del ataque, la Procuraduría General declaró que no había indicios de que las FARC reclutaran mexicanos y el Senado pidió al gobierno federal que condenara la masacre. Pero el gobierno siguió callado. La Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, integrada por académicos y profesionales del continente, condenó el asesinato a mansalva de unos estudiantes que se encontraban con genuino interés académico en territorio ecuatoriano, pues estaban en un país ajeno al conflicto y estaba en marcha un proceso de negociación internacional para un intercambio humanitario de rehenes entre las FARC y el gobierno colombiano, por lo que era imprevisible un hecho armado en esa zona. Esta Asociación repudió el manejo de la información que estaban realizando algunos medios de comunicación, en la que se satanizaba a estudiosos de las ciencias sociales tratando de justificar un crimen atroz. También señaló que era preocupante la campaña mediática en contra de instituciones mexicanas de educación superior, de reconocido prestigio internacional por sus aportes al conocimiento científico.

EL CASO DE LYDIA CACHO

La corrupción y el auspicio de la impunidad no son exclusivas del Poder Ejecutivo. Está implicado todo el Estado, con el Legislativo y el Poder Judicial. Después de haberse demostrado la complicidad de altos funcionarios con redes de pederastas, la periodista Lydia Cacho -quien logró documentar en libros y en su vida propia el poder impune de esas redes- tuvo que afrontar una resolución de la Suprema Corte, en la que ella y los ciudadanos quedaron desamparados, y los poderosos que habían sido exhibidos a la luz pública quedaron protegidos. La impunidad quedó legitimada. Un ministro en retiro, Juventino Castro, reconoció que el fallo contra Lydia Cacho había demeritado el prestigio de la Corte.

La doctora Alicia Pérez Duarte -que había estado al frente de la Fiscalía especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres desde el 16 de febrero de 2006- renunció a ese cargo en diciembre de 2007 avergonzada por la actuación de los ministros de la Corte. Le era imposible seguir trabajando dentro de un sistema de justicia incongruente con sus principios. Reveló que el Procurador General de la República le había ordenado detener la consignación de los policías judiciales que directamente habían violado los derechos de la periodista, y denunció que desde la PGR y la Corte se protegía a pederastas. También habló de la voluntad de solapar la responsabilidad directa del gobernador de Puebla, quien había dado órdenes para que la periodista fuera sometida a actos de tortura sicológica.

Se supo que el gobierno federal panista aceptó proteger al gobernador poblano a cambio de que el PRI apoyara su proyecto de reforma energética. Frente al edificio de la Suprema Corte hubo manifestantes que les gritaron a los ministros “¡Corruptos!”, “¡Pederastas!”, y ensuciaron el portón, en señal de que la actuación de la mayoría de sus integrantes apestaba.

“NO ME IRÉ DE MÉXICO”

Ante la indefensión en que quedó la periodista, diplomáticos franceses y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una destacada política española, le recomendaron que saliera de México para que se protegiera de la venganza de las mafias criminales a quienes había desnudado en su trabajo periodístico. Lydia Cacho afirmó que no se rendiría. También comentó que había recibido cientos de correos de apoyo de familias de secuestrados, asesinados y sobrevivientes de la ambición criminal. Declaró que no se iría del país, que a las mafias político-empresariales-criminales no les regalaba su libertad ni les daba el poder de ahuyentarla.

Cacho recordó que cada año cerca de medio millón de personas huían de México expulsadas por la pobreza, la violencia y la corrupción. En lugar de sumarse a ese inmenso flujo, permanecería en México porque eran millones los que soñaban con un país distinto. Los corruptos seguían siendo unos cuantos y los que querían el cambio verdadero eran mayoría.

CONTRA LA “LEY GESTAPO”

Lydia Cacho ha seguido en la lucha cívica y periodística. Denunció el intento del Poder Legislativo de aprobar lo que ella calificó como “Ley Gestapo”. Al margen de las protestas ciudadanas, la clase política se inclinaba por aprobar una ley en la que se permitiría el allanamiento de hogares sin orden judicial. Querían darle a los eslabones más corruptos del sistema mayores atribuciones en contra de los ciudadanos.

Estados Unidos presionaba al Estado mexicano para convertirlo en un estado policial y esa ley le daba los instrumentos. Se incriminaría aún más toda protesta social. Muchas organizaciones marcharon en contra de la ley. En medio de esta discusión hubo periodistas que denunciaron la irrupción del ejército en su domicilio, e indígenas de Guerrero se quejaron de abusos de los soldados. El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, calificó que la reforma que se pretendía hacer en materia de justicia era preocupante y deplorable, pues atentaba contra derechos y significaba un retroceso. Después de grandes discusiones en las que se hacía ver que México se colocaría muy atrás en materia de inviolabilidad de derechos fundamentales, los legisladores quitaron lo de que las fuerzas represivas pudieran entrar a los hogares sin orden judicial, pero dejaron otros puntos que implicaban una regresión en materia de derechos humanos, como por ejemplo que el Ministerio Público, puesto de acuerdo con un juez, podría suspenderle a cualquiera sus garantías acusándolo de delincuencia organizada.

GRANDES DESIGUALDADES

México sigue siendo un país de grandes desigualdades. Cada año un puñado de empresarios al amparo del poder político acrecienta sus capitales en forma superlativa y se coloca en las listas de los más grandes ricos del mundo. La clase política es de las mejor pagadas del planeta. Una vía para enriquecerse es ingresar a altos puestos en los tres poderes. Los ministros de la Suprema Corte son los más voraces, pues se han aprobado sueldos cercanos a los cuatro millones de pesos anuales. Por eso se codean con los más ricos, velan por los intereses de aquellos con los que conviven, y se encuentran lejanos e insensibles ante las penurias de la mayoría de los ciudadanos.

Unos 50 millones de mexicanos no logran salir de la pobreza. Calderón prometió ser el Presidente del empleo, pero las cifras oficiales reconocen que el desempleo en 2007 alcanzó la cifra más elevada desde 2004. Quienes difícilmente consiguen y conservan el empleo están acorralados por una política que el Frente Sindical Mexicano ha calificado de precarización del trabajo. Grupos financieros señalaron que la economía mexicana ha entrado en una fase de deterioro mayor a lo previsto y que son los altos precios del petróleo los que mitigan algo las consecuencias nacionales de la recesión estadounidense.

CONTRA EL TLC

Esta situación ha estado propiciando una constante movilización de protesta. En los primeros meses de 2008 se presentó un fuerte y plural movimiento de organizaciones campesinas en contra del TLC. Estudios de la UNAM revelan que la canasta básica es ya inaccesible para más del 90% de los campesinos mexicanos. Marchas en todos los rincones y también caravanas de tractores hacia la capital del país, tomas de puentes internacionales, toma de casetas en carreteras de pago, amparos en contra del capítulo agropecuario del TLC, etc. han sido las modalidades que ha empleado este movimiento.

Sus participantes han denunciado que las políticas agropecuarias y comerciales que se han puesto en marcha desde 1982 han constituido una guerra en contra de la agricultura campesina y de la indígena; que después de 14 años del TLC, aunque se han favorecido las exportaciones agroalimentarias, se han disparado las importaciones y quienes se benefician de esto son sólo el 2% de las unidades de producción nacionales; que se ha incrementado la emigración y ha aumentado la dependencia alimentaria; que las políticas en este sector han implicado un desastre ecológico; y que los campesinos mexicanos no están en condiciones de competir con la agricultura más tecnificada y subsidiada del mundo.

¡SIN MAÍZ NO HAY PAÍS!

A raíz de estas consideraciones surgió el movimiento “Sin maíz no hay país”, que exigió la renegociación del TLC en materia agropecuaria y el rescate del agro mexicano. A finales de enero llenaron el Zócalo de la ciudad de México, apoyados por organizaciones sindicales y populares. El Poder Judicial hizo su parte del lado de los poderosos y rechazó la mayoría de las demandas de amparo en contra del TLC. Mientras los campesinos mostraban que el campo mexicano estaba en ruinas, el gobierno panista exhibía su falta de capacidad para dialogar con ellos. Los grupos campesinos desconocieron a los interlocutores gubernamentales porque no había voluntad de solución. El movimiento llevó al Senado cerca de medio millón de firmas demandando la renegociación del TLC. Pese a maniobras divisionistas impulsadas por el gobierno, las diferentes organizaciones campesinas lograron hacer un pacto político en el que mantenían el movimiento por la soberanía alimentaria, se sumaban al movimiento por la soberanía energética y reclamaban la defensa de los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas.

Propusieron proseguir su lucha en contra de la política neoliberal, y defender la propiedad social de la tierra y aguas nacionales en los ejidos y comunidades. Se pronunciaron por fortalecer el mercado interno, rechazar las iniciativas encaminadas a promover el estado de excepción y la militarización, defender la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información. Exigirán también el reconocimiento multifuncional del sector agroalimentario con un desarrollo ecológicamente sustentable.

UN PAÍS EN EBULLICIÓN

La ebullición popular ha irrumpido en miles de modalidades ante lo que se puede llamar un largo memorial de agravios. Se han organizado varias huelgas. Una de ellas fue la de los mineros de Cananea. El gobierno panista respondió como lo hizo el gobierno de Porfirio Díaz antes de la revolución mexicana: con represión. Mandó a la fuerza pública para tratar de rescatar las instalaciones de manos de los obreros y devolverlas a los empresarios. Los obreros se defendieron y hubo medio centenar de lesionados. El sindicato luchó legalmente contra la empresa apoyada por el gobierno.

Cien mil mineros en todo el país hicieron un paro nacional en protesta por la violación al derecho de huelga. Un movimiento nacional exigió la salida de las fuerzas policíacas de la mina de Cananea, pero sólo fueron retiradas tres cuartas partes de los policías.

El gobierno se ha dedicado a avalar a sindicatos manipulados por los patronos y a satanizar a los democráticos. Por su parte, los maestros disidentes frente a la dirección antidemocrática de la aliada del gobierno Elba Esther Gordillo han estado movilizándose para que sea investigada y destituida.

Trabajadores al servicio del Estado han proseguido en su lucha en contra de la ley del ISSSTE, por la que perderían la mitad de su jubilación, que quedará a merced de compañías privadas. Han interpuesto miles de amparos, pero el Poder Judicial se ha mostrado excesivamente lento en dar respuesta a los trabajadores inconformes. La privatización de las jubilaciones se ha convertido en un gran negocio para las financieras que las administran y en una gran pérdida para los trabajadores. La tónica ha sido la dinámica neoliberal: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

En Oaxaca los gobiernos local y federal prosiguen violando los derechos humanos impunemente. Un jefe policial clave en la represión del movimiento popular fue abatido a tiros y se le quiso atribuir esto al EPR. Este grupo guerrillero se deslindó del asesinato y señaló que, habiéndose convertido en un personaje incómodo, habría que buscar a los responsables de su muerte en el gobierno de Ulises Ruiz. Luchadores sociales siguen siendo torturados, asesinados y desaparecidos. Muchos se han preguntado dónde está la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO). El escritor Gustavo Esteva responde que se encuentra “entre la gente, a ras del suelo”, y que junto al miedo, la frustración y la rabia, en Oaxaca se intensifican ejercicios de acción y reflexión para lo que sigue. Por lo pronto son visibles movilizaciones magisteriales y huelgas de hambre.

YA NO POR LA VÍA PACÍFICA

También indígenas a los que se les fabricaron cargos en Chiapas han adoptado como protesta una sonada huelga de hambre. En Jalisco, los indígenas huicholes de Santa Catarina se opusieron a la construcción de una carretera que atenta contra su territorio. Han denunciado que el gobierno pretende controlarlos y no entenderlos. Denuncian que la militarización y las carreteras están al servicio de la destrucción de los pueblos.

Su plantón fue apoyado por el Congreso Nacional Indígena, que sesionó en el paraje ocupado por los huicholes para impedir el paso de la maquinaria. El Congreso indígena se opuso a la privatización de los energéticos, patrimonio del pueblo de México. También estuvo en contra de la siembra y venta de maíz transgénico y contra la utilización del maíz para agrocombustibles.

A finales de marzo, en la montaña de Guerrero decenas de indígenas denunciaron que el llamado Plan Mérida no era para combatir el narcotráfico sino a los movimientos armados y a las organizaciones sociales que luchaban contra la pobreza y anunciaron su integración al ERPI. Advirtieron que no esperarían hasta el 2010 para hacer la revolución, porque ya la estaban haciendo. Adujeron que los gobiernos siempre habían sido sordos a los pueblos indígenas, y que ya no veían cómo avanzar por la vía pacífica.

¿PRIVATIZAR PEMEX?

Uno de los movimientos más plurales y fuertes ha sido el que lucha contra el intento de privatización del petróleo. Hace 70 años el Presidente Cárdenas expropió el petróleo con el apoyo entusiasta de la inmensa mayoría de los mexicanos. El petróleo es de la nación. En los últimos años el precio del petróleo ha ido subiendo y hoy existe un gran apetito de las empresas transnacionales y de la iniciativa privada por quedarse con esa gran riqueza. La renta petrolera en 2007 fue de 432 mil 789 millones de pesos. Los organismos financieros multilaterales presionan al gobierno mexicano para que privatice el petróleo.

Más que una riqueza de los mexicanos, el petróleo ha sido un botín del gobierno federal y de los gobiernos estatales, que se reparten a manos llenas dinero proveniente del petróleo para grandes sueldos de los funcionarios y para las dilapidadoras campañas mediáticas con que los políticos afianzan sus carreras. También la burocracia del antidemocrático sindicato petrolero le hinca el diente al excedente petrolero. El petróleo sirve además para que el gobierno saque dinero de ese rubro en lugar de hacer pagar a los grandes ricos los impuestos que deberían entregar. La empresa petrolera nacional está, por eso, en condiciones precarias, sin mantenimiento y sin un crecimiento propio adecuado, y esto sirve de pretexto para decir que hay que privatizarla.

EN RESISTENCIA NACIONAL

Desde principios de 2008 se conformó una movilización para impedir que el gobierno panista con apoyo del priísmo -porque el partido gobernante ha protegido a los grandes políticos priístas cuestionados- haga prosperar la maniobra de modificar la Constitución para permitir una privatización real -se la cubre con otro nombre- dando entrada al capital privado en la extracción del crudo, o a la de darle la vuelta a la prohibición de esto en la actual Constitución con modificaciones a la legislación secundaria, lo que sería de hecho anticonstitucional, maniobra que ya usaron en materia laboral.

Desde mediados de enero, López Obrador retó a Calderón a debatir sobre el intento panista de privatizar el petróleo, y exigió que rindiera cuentas de los excedentes petroleros. Los partidos que integran el Frente Amplio Progresista anunciaron que preparaban un esquema de resistencia civil a escala nacional para impedir una reforma energética que implicara descarada o veladamente una privatización. No esperarán a que se dé el golpe, sino que tratarán de impedirlo. El Movimiento revolucionario Lucio Cabañas advirtió que se opondrá a la privatización porque sería una estocada al pueblo. Carlos Montemayor escribió que convertir ingresos públicos en ganancias privadas no era una democratización del petróleo sino una capitulación del Estado y un nuevo robo a la nación.

UN CRIMEN DE LESA PATRIA

El Grupo Sur -compuesto de destacados académicos como Héctor Díaz Polanco, John Saxe-Fernández, Gabriel Vargas Lozano, Guillermo Almeyra y muchos más- difundió un comunicado en el que hacían ver que PEMEX es la empresa más rentable de México y los ingresos derivados del petróleo representan alrededor del 50% del presupuesto federal. La privatización de esa empresa sería un crimen de lesa patria. Advirtieron que quienes quieren esa privatización conspiran contra el país.

El Grupo analizó cómo el manejo ineficiente y sesgado de muchos gobiernos en México tenía a la economía del país en grave trance. Una fuerte deuda interna proveniente de los proyectos de inversión diferidos en el gasto y la crisis económica estadounidense implicarían un fuerte impacto, pues habría menos compras de exportaciones mexicanas y los emigrados mexicanos tendrían menos empleos en Estados Unidos, afectando el envío de remesas, segunda fuente de divisas para el país.

Hicieron ver cómo ante esta situación la pequeña oligarquía dominante, el PAN y sus aliados en el PRI mostraban urgencia de privatizar PEMEX alegando que estaba en crisis. Mostraron que lo que está en crisis no es PEMEX sino el modelo socieconómico imperante. Echaron por tierra las mentiras gubernamentales de que no quería privatizar PEMEX, sino reformarlo, sanearlo y democratizarlo. Detrás de esa vacua palabrería la realidad de los argumentos que esgrimen es la privatización de una empresa estratégica. El Grupo Sur convocó a los mexicanos de todos los puntos de la República a una movilización nacional para impedir la participación privada en PEMEX. El destino de PEMEX no debía decidirse en oscuras negociaciones de unos cuantos, sino ser fruto de una discusión generalizada y de la defensa en las calles de un bien nacional.

Estándar & Poor’s reveló que Calderón planeaba entregar el petróleo al capital privado en 2008, lo que iba a contracorriente de lo que está sucediendo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. En una entrevista concedida en México por el director de la brasileña asociación de ingenieros de PETROBRAS, este funcionario resaltó que Brasil busca hoy recuperar el control de su petróleo frente a la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos latinoamericanos. López Obrador señaló que Mouriño, el impugnado Secretario de Gobernación, era el principal promotor de la privatización de PEMEX. En febrero hubo muchos actos de protesta en contra de la apertura de PEMEX en varios estados de la República.

“UN TESORO
EN AGUAS PROFUNDAS”

Un dato que hay que tener en cuenta es que PEMEX paga más impuestos de lo que obtiene de utilidades, por lo cual se endeuda. Defensores de mantener la empresa en su carácter nacionalizado revelaron que en los últimos diez años la paraestatal había otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares; que se habían otorgado esos contratos por medio del endeudamiento con empresas privadas mediante el esquema de proyectos de inversión financiada con impacto diferido (PIDIREGAS), cuyos gastos de amortización e intereses se realizaban a mediano y largo plazo. Hacían ver que ese endeudamiento implicaría una erogación para PEMEX de 150 mil millones de pesos en los siguientes 25 años por los créditos recibidos. Todo esto dentro de un esquema poco transparente. También se reveló que en 2007 la Comisión Federal de Electricidad, PEMEX y la Secretaría de Energía habían firmado un contrato por 15 años para suministro de gas natural licuado con la transnacional española Repsol y habían comprometido un presupuesto de 16 mil millones de dólares.

Esto evidenciaba que ya se habían dado pasos que comprometían un bien nacional. La alternativa era fortalecer a la empresa, no sangrarla; permitir que sus ganancias se revirtieran y así se modernizara. Lo que había que abandonar era el esquema de malgastar las ganancias del petróleo en beneficio de los políticos del gobierno panista y de los nuevos caciques estatales.

En su ofensiva privatizadora, el gobierno empezó a utilizar mucho del dinero de la paraestatal en una campaña mediática manipuladora. Pagó por spots televisivos 218 millones de pesos y entregó dinero a conductores de noticieros y de programas televisivos para que apoyaran en todos los espacios el proyecto de “aliar” a PEMEX con capital privado. El promocional que se mandó hacer anunciaba que “hay un tesoro en aguas profundas del Golfo de México”, pero que PEMEX no tenía la tecnología para extraerlo, por lo que necesitaba a quienes sí sabían hacerlo. No obstante, la idea de asociarse con empresas extranjeras para extraer petróleo y compartir con esas compañías la mitad de las ganancias -como lo hacen países que no son petroleros, entre ellos Cuba- implicaría que México cediera a esas compañías 500 mil millones de dólares.

Cuando se expropió el petróleo hace 70 años se dijo que los mexicanos no sabrían cómo enfrentar la extracción petrolera. Y sí supimos. Después creamos centros de investigación especializados. Ahora volvía la misma cantaleta. Una situación que no se abordaba públicamente era ésta: cuando los precios del petróleo estuvieron bajos se dio el caso de que sacar petróleo a mayor profundidad costaba más que lo que se ganaba vendiendo lo extraído. Pero esa situación ha cambiado drásticamente con los altos precios del crudo. En la zona de Chicontepec hay 952 pozos perforados de los cuales sólo operan 102 y 850 han sido abandonados y pueden ser rescatados.

JUGANDO CON FUEGO

Académicos, científicos y políticos responsables cerraron filas en defensa del petróleo nacionalizado. David Ibarra, ex-Secretario de Hacienda, señaló que se fragmentaba PEMEX con toda deliberación, y que se transferían oportunidades de negocio principalmente al sector privado del exterior. El objetivo de PEMEX había dejado de ser impulsar el crecimiento para convertirse en equilibrador a corto plazo del presupuesto público y las cuentas externas. José Antonio Almazán alertó: ante la imposibilidad de reformar constitucionalmente el artículo 27 la alianza del PAN y del PRI buscaba una contrarreforma mediante leyes reglamentarias. Recordó que esa argucia había sido ya utilizada por Salinas de Gortari para cumplir con el TLC en materia eléctrica. Se intentaba ahora entregar la riqueza petrolera para cumplir con el compromiso pactado en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Calderón mandó al PRI un documento en el que planteaba la necesidad de abrir PEMEX, pero sin señalar el monto de recursos que obtendrían las empresas trasnacionales. El impugnado gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en una visita que hizo Calderón a esa entidad -sabiendo que, pese al repudio popular, permanecía en su cargo gracias al apoyo de su partido, del PRI, y a la complicidad de los panistas que le habían cubierto con un manto de protección- dio el espaldarazo al plan del Ejecutivo federal para reformar PEMEX, y criticó a “los populistas” que se oponían.

Los intentos de “abrir” PEMEX olvidaban que el tema de la exclusividad nacional en materia energética constituye un aspecto fundamental en la larga lucha del pueblo mexicano por defender su soberanía. Los privatizadores estaban jugando con fuego.

BRIGADAS EN DEFENSA
DEL PETRÓLEO

En un acto conmemorativo de la expropiación petrolera, presidido por López Obrador, miles que atiborraron el Zócalo de la ciudad de México manifestaron que defenderían el petróleo. Una semana después las multitudes volvieron al Zócalo con la intención de mostrar que había disposición de impedir cualquier modalidad de privatización de PEMEX. En ese acto, Rosario Ibarra leyó una carta de la joven mexicana herida por tropas colombianas en un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano. Explicaba que su presencia y la de sus compañeros en aquel lugar se debió a una invitación del grupo armado para que conocieran sus propuestas en torno a la paz. La gente guardó un minuto de silencio por los cuatro mexicanos masacrados.

López Obrador insistió en que los problemas internos del PRD no impedirían la defensa del petróleo y anunció la conformación de brigadas: una de intelectuales, 10 de diez mil mujeres, y 36 agrupamientos de hombres. López Obrador insistió en que salir en defensa del petróleo significaba impedir abrir la puerta a las compañías extranjeras y no aceptar sumisamente la violación impune a la Constitución mediante los contratos de riesgo que permitirían una modificación legal. Desbarató los argumentos del gobierno. Dijo que detrás de las mentiras de la falta de dinero y de tecnología para modernizar a PEMEX se encontraba el grupo Calderón-Mouriño y sus inconfesables acuerdos con las empresas extranjeras.

El acuerdo que emanó de esta movilización fue superar la protesta testimonial y organizar la defensa activa del petróleo mexicano. Mientras las cúpulas del PRD mostraban su bajeza en una despiadada lucha interna por el control del aparato partidista, las bases del movimiento lopezobradorista dejaron ver su entrega y compromiso por los intereses nacionales.

MILLONES DE MEXICANOS MOVILIZADOS

Durante el año 2007 más de 12 millones de personas se manifestaron en la capital de la República. Esta cifra aumentaría si se contabilizaran los grupos movilizados por todo el país. En lo que va de 2008 varios millones se han hecho ver en el Zócalo de la ciudad de México para protestar por la política neoliberal. Y todo México está en ebullición. En un acto masivo, Pablo González Casanova señaló que el neoliberalismo estaba decidido a engullirse a la nación completa.

Hoy se manifiestan muchas contradicciones en distintos niveles y sobre diversas disputas. Unas contradicciones son secundarias y se expresan sobre todo entre las cúpulas. Existen también contradicciones principales, correspondientes a encontrados proyectos de nación, que muestran una gran polarización. Hay movimientos populares muy heterogéneos, plurales y diversos que logran tener coincidencias en algunos puntos. Sus integrantes son obreros, campesinos, maestros, estudiantes, indígenas y agrupaciones de muy diversa índole. El repertorio de su lucha es también abigarrado, plural y diverso. Los hay que han optado por la vía armada, otros por acciones directas. Unos destacan la resistencia pacífica y llaman a no caer en las provocaciones de los poderes constituidos y fácticos. Todos estos movimientos se enfrentan a los intereses económicos, tanto globalizados como localizados. Se enfrentan a políticos corruptos y cínicos, que negocian entre sí complicidades para mantenerse en la impunidad.

La clase política, al utilizar palabras de la teoría política intentando justificar sus fechorías, corrompe también conceptos como democracia, justicia, verdad, derecho, etc. Es una clase política de todos los colores que ha mostrado poca sensibilidad ante el sufrimiento del pueblo. Los dirigentes de los partidos, enfrascados en las luchas intra e interpartidarias por el poder político y sus privilegios y beneficios económicos, manifiestan la profundidad de la crisis de los políticos profesionales. La sucia elección interna del PRD dio una vez más la razón al Subcomandante Marcos en su crítica a la antidemocracia y a la corrupción de las cúpulas de ese partido.

ABAJO Y ARRIBA

Hay una crisis insalvable en la política de los de arriba. Abajo existe un repudio masivo contra la opresión, la explotación y el desprecio que sufren las mayorías. Algunas movilizaciones populares son muy visibles. Y surgen y se mantienen otras movilizaciones soterradas en todos los rincones del país. Los medios de comunicación no son capaces de percibirlas y los grupos populares no quieren hacerlas visibles aún. En la vida cotidiana se va construyendo una silenciosa pero consistente resistencia al poder de todo tipo y abajo se va ensayando otra política profundamente diferente a la viciada política de los de arriba. Desde abajo puede emerger otro país.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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“¿Y por qué no un programa Sed Cero?”

Nicaragua
Reflexiones ante la diaria y grave violación del carácter laico del Estado

México
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Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web