1991-2007 Cinco acuerdos con el FMI: 16 años perdidos

Lo que los vientos del FMI se nos han llevado en 16 años, imponiéndonos acuerdos y programas, es mucho. Demasiado. Si no abrimos la posibilidad de explorar otras opciones y enfoques económicos, si no superamos el pensamiento único y dominante del FMI, que no deja campo ni a la libertad ni a la democracia, Nicaragua no tendrá futuro.

Adolfo Acevedo

Tras la derrota electoral del FSLN, en 1990, Nicaragua alcanzó su primer acuerdo con el FMI en septiembre de 1991, bajo la forma de un Programa “Stand By” de 18 meses. En mayo de 1994 dio inicio el segundo Programa con el FMI, esta vez bajo la forma de un Programa de tres años bajo el nuevo Servicio ESAF (Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural) del FMI. El tercer Programa fue un nuevo acuerdo bajo el Servicio ESAF, alcanzado en marzo de 1998, con vigencia hasta marzo de 2002. El cuarto Programa de tres años, que se extendería a cuatro, fue acordado en diciembre de 2002, bajo el Servicio PRGF (Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento) del FMI. El quinto Programa trianual fue acordado en 2007, también bajo el Servicio PRGF del FMI.

DESPUÉS DE LA GUERRA, LLEGÓ EL AJUSTE

A inicios de los años 90 Nicaragua emergía de una guerra muy destructiva, con un marcado y profundo deterioro de su economía. En esas condiciones, lo que correspondía era llevar a cabo un proceso muy intenso de inversión para rehabilitar y desarrollar la infraestructura física y el capital humano del país, que salían de la guerra con un rezago y deterioro significativos.

En vez de eso, el FMI se concentró en imponer drásticos programas “estándar” de estabilización y ajuste, procurando alcanzar a toda costa déficit fiscales mínimos a corto plazo, en condiciones en que los ingresos fiscales eran extremadamente reducidos, mientras priorizaba el uso de los limitados recursos para llevar a cabo el pago “a toda costa” del servicio de la deuda externa, que llegó a absorber en promedio el 51% de los ingresos fiscales. Debido a estas masivas restricciones, Nicaragua no pudo contar en los años 90 con los recursos mínimos para efectuar las inversiones indispensables para recuperar perspectivas básicas de desarrollo futuro y reducir sus enormes niveles de pobreza.

En un contexto de bajísimos ingresos fiscales, y de un abultado servicio de la deuda externa, mantener a toda costa un déficit fiscal muy reducido implicaba mantener a niveles absolutamente mínimos el gasto per cápita que el gobierno podía efectuar para atender sus responsabilidades fundamentales: educación, salud, agua potable y saneamiento, vivienda e infraestructura física.

ABANDONO DEL CAMPO
Y DESMANTELAMIENTO DE LA POCA INDUSTRIA

Desde el punto de vista de la teoría económica, la inversión pública resulta indispensable en ámbitos como el capital humano, el conocimiento y la tecnología, y el capital físico público (infraestructura), pre-requisitos y elementos fundamentales del desarrollo. Sin embargo, las políticas de severa restricción fiscal y de priorización absoluta del servicio de la deuda pública que promueve el FMI en los países en desarrollo, se convierten en una restricción fundamental sobre esas posibilidades de desarrollo futuro. La condicionalidad del FMI no sólo impone altos costos de corto plazo -agravando aún más las dificultades económicas iniciales de los países e imponiendo elevados costos sociales a la población- significa también costos irreversibles de largo plazo.

No se explica tampoco por qué el esfuerzo de ajuste se concentró en aquellos años exclusivamente en la contención del gasto, mientras se aseguraba a toda costa el abultado pago de la deuda externa -restringiendo al máximo los otros rubros del gasto- si, dado el nivel tan mínimo de los ingresos fiscales -particularmente en lo referente al impuesto sobre la renta-, el aumento en los ingresos fiscales hubiese constituido una vía mucho más eficiente y menos costosa para ajustar la economía.

Al mismo tiempo que esto ocurría, se abandonaron las zonas rurales, donde se concentran los mayores y más extremos niveles de pobreza, y en las que sobrevive el 43% de la población nicaragüense, siendo además la agricultura la actividad que más empleo genera en Nicaragua (34% de la ocupación total). Mas del 75% del empleo agrícola lo generan unidades económicas muy pequeñas, con muy poca tierra, que emplean entre 1-5 personas, casi siempre familiares. En estos años se desmantelaron también las instituciones que fomentaban tradicionalmente la agricultura y apoyaban a los pequeños y medianos productores (programas de crédito rural, asistencia técnica, ENABAS). Esto profundizó al extremo la marginación y pobreza de la población rural.

Todo esto se hizo bajo la creencia, puramente ideológica, de que las intervenciones gubernamentales siempre y en todos los casos distorsionan los mercados, y que los mercados, cuando se les deja actuar libremente, producen una reestructuración que favorece una mayor “eficiencia”. El énfasis del FMI, más que en asegurar que el país se rehabilitara y se crearan las condiciones de infraestructura básica y de dotación de capital humano, con vistas al desarrollo futuro, se concentró en demandar la privatización más acelerada posible de las empresas públicas, y la total apertura, desregulación y liberalización de la economía.

Esta rápida apertura de la economía -que emergía de la guerra altamente deteriorada y con avanzados niveles de obsolescencia y rezago en su planta productiva- significó el desmantelamiento de la pequeña industria artesanal y de parte importante de la escasa industria del país. La desregulación financiera concentró rápidamente el crédito en el comercio y el consumo y en los clientes con mayores recursos, limitando a un mínimo el financiamiento de la actividad productiva y haciendo desaparecer el crédito para los pequeños y medianos productores.

Resultó imposible implementar una política de promoción y protección selectiva de actividades ni de rehabilitación y diversificación productiva, porque el Estado se quedó sin instrumentos para promover este tipo de políticas de fomento.

DRÁSTICA CAÍDA DE LOS SALARIOS:
UNA ORDEN DEL “PENSAMIENTO ÚNICO”

Uno de los ejes centrales de la política del FMI, consistente con su sesgo ideológico, es la drástica reducción del empleo estatal, y del salario de los trabajadores del Estado en términos reales. Esto se persiguió “congelando” esos salarios en términos nominales.

Como resultado de esta política, la partida correspondiente a “gasto en sueldos y salarios” del gobierno pasó de representar el 30% del Gasto Total del Gobierno Central en 1992 a representar sólo 17% de dicho Gasto en 1997. Al mismo tiempo, la masa salarial o nómina salarial total ejecutada por el Gobierno se redujo en términos absolutos: pasó de un monto global de $157 millones en 1992 a sólo $105 millones en 1997. Y de acuerdo a los datos de la Dirección de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el salario promedio de los trabajadores del sector público se redujo de $140 al mes en 1992 -equivalente al 74% del salario promedio nacional- a sólo $93 mensuales en 1997, equivalente a sólo el 54% del salario promedio nacional. En este período se forjó el enorme rezago salarial que todavía hoy padecen maestros, policías y trabajadores de la salud, especialmente enfermeras y médicos.

Todo esto no sólo implicó establecer una condicionalidad positiva, es decir, el establecimiento de cosas específicas que el país tenía que hacer y las metas cuantitativas que debía lograr para acceder a los desembolsos. Sino, peor aún, supuso el establecimiento de una condicionalidad negativa, ya que, por definición, quedaba descartada, de antemano, la sola consideración de opciones de política y enfoques de desarrollo que no se correspondieran con las visiones y enfoques prevalecientes en los organismos financieros multilaterales.

Abrir la posibilidad de explorar otros enfoques y opciones diferentes de política es indispensable para que el futuro del país y los millones de seres humanos que lo habitan no se decidan en base a procesos que excluyen opciones y posibilidades.

Si no lo hacemos, se fortalecería la percepción de que se está sobre-determinando nuestro futuro imponiéndonos un enfoque que pretende ser el pensamiento único, el pensamiento dominante, el que no deja campo ni a la propia libertad ni al ejercicio de la democracia, que implican, en su misma base, examinar y escoger libremente entre múltiples opciones.

LA LARGA LISTA DE CONDICIONES
DE LOS DOS PRIMEROS ESAF

El énfasis de la condicionalidad del FMI se reflejó en los “criterios de desempeño” estructurales de los sucesivos Programas con el FMI, bajo el Servicio ESAF. Entre los “criterios de desempeño del ESAF 1994-97 estaban:
- Continuar reduciendo los aranceles de protección a la producción nacional.
- Evitar toda recapitalización de los bancos estatales.
- Reglamentar la Ley de Privatización.
- Presentar un Proyecto de Ley del Sector de las Telecomunicaciones, que permitiera la privatización de TELCOR.
- Ofrecer en venta al menos el 40% de las acciones de TELCOR, incluyendo un contrato de administración.
- Ofrecer al sector privado 38 empresas remanentes de la CORNAP (la CORNAP fue responsable de privatizar mas de 300 Empresas del Estado. A esas alturas, ya sólo quedaban 38).
- Terminar de privatizar las empresas mineras.
- Presentar un Proyecto de Ley permitiendo la participación del sector privado en el sector eléctrico y de hidrocarburos.
- Privatizar ENIGAS y LUBNICA (gas y petróleo).
- Privatizar varias actividades de PETRONIC (combustibles).
- Mantener el congelamiento nominal de salarios públicos (maestros, trabajadores de salud y policías), y continuar la reducción del empleo estatal.
- Aplicar medidas de “recuperación de costos” (cobros) en la educación secundaria.
En el ESAF de 1998-2002 los “criterios de desempeño estructurales” fueron:
- No usar políticas de crédito dirigido. El crédito debía asignarse con criterios de mercado.
- Reducir el empleo estatal en 15,500 personas más.
- Aprobar una Ley que dividiera ENEL en empresas separadas que ejecutaran la generación y distribución de energía eléctrica y que permitiera la privatización de la generación y distribución.
- Privatizar o entregar en concesión empresas de generación y distribución de energía eléctrica.
- Aprobar una ley que separara INAA como ente regulador de ENACAL como empresa (preparando la privatización de ENACAL y del servicio de agua potable).
- Continuar ajustando mensualmente las tarifas de electricidad y agua.
- Establecer un nuevo sistema de tarifas de agua y electricidad.
- Aprobar una Ley que autorizara la privatización de ENITEL (telefonía).
- Privatizar los servicios portuarios.
- Aprobar la Ley del Sector de Hidrocarburos para permitir a privados la exploración y la explotación.
- Liquidar al menos el 80% de los activos del Banco Nacional de Desarrollo.
- Vender el 49% del capital de la FNI (financiera estatal).
- Privatizar ENABAS (acopiadora estatal de granos).
Posteriormente, entre los requisitos para alcanzar el “Punto de Culminación” de la Iniciativa HIPC para la condonación de la deuda externa, se incluyó la privatización de la seguridad social y terminar de vender las restantes acciones de ENITEL.

¿CÓMO FUE POSIBLE TODO ESTO?
NEGOCIANDO “EN LAS ALTURAS”

En este listado de “condicionalidades” resalta el énfasis en la reducción del empleo estatal y el congelamiento nominal de los salarios de los empleados estatales, la introducción de cobros en los servicios sociales, el ajuste de la tarifas de los servicios públicos -para aumentar su rentabilidad y aumentar su atractivo para los inversionistas extranjeros- y la insistencia en la privatización de las empresas del sector de energía y telecomunicaciones, y finalmente, del sistema de seguridad social.

Cabe preguntarse cómo tan drásticas condicionalidades pudieron implementarse sin mayores obstáculos en Nicaragua, teniendo en cuenta las fuerzas de oposición sandinistas y la vitalidad con que emergieron los movimientos sociales vinculados al sandinismo después de la derrota electoral de febrero de 1990 frente a la debilidad de quienes ganaron aquellas elecciones, que no contaban todavía con una gran fuerza para imponer su proyecto de restauración.

Ante esta contradicción, es evidente que el proyecto de reestructuración conservadora no pudo alcanzarse ni avanzar sin un sistema de transacciones políticas “en las alturas”. La cúpula dirigente del partido que dirigió la Revolución, y las diferentes organizaciones vinculadas a él, negociaron la conservación de espacios de poder, económicos y políticos, y diferentes concesiones parciales que les aseguraran espacios propios de inserción, a cambio de asegurarle viabilidad política a este proceso de reestructuración.

En un país donde en 1990 los sindicatos podían paralizar todo el país en una hora, no hubo resistencia ninguna a las privatizaciones porque la posición política de la oposición sandinista fue: la privatización es “inevitable”, así que mejor “montémonos” en el proceso. La posición de los dirigentes sindicales sandinistas fue, para decirlo con las palabras de uno de ellos, “canjear desempleo por empresas”. Esto significa que existía una total conciencia de lo que ocurría: dejar pasar estas políticas generaría un enorme desempleo; ellos no harían grandes luchas por impedirlas y, a cambio, negociarían quedarse con empresas.

LA RESPONSABILIDAD DEL FSLN

En aquel momento era obvio también que si se aprovechaba la fuerza tan considerable que todavía tenía el movimiento sindical para preservar algunas políticas económicas que aseguraran al menos ciertos espacios de inclusión -por ejemplo, ciertas instituciones de fomento, ciertas políticas de crédito dirigido, cierta protección temporal y selectiva a ciertos sectores-, el desempleo masivo iba a desmantelar la fuerza del movimiento sindical. Era evidente también que la política económica impuesta iba a terminar por asfixiar a las empresas con que lograran quedarse en manos de los sindicatos, y que un movimiento sindical debilitado y reducido a su mínima expresión, no iba a tener fuerzas para defenderlas. Y esto fue lo que ocurrió.

Una negociación diferente a la que se hizo, preservando instituciones y políticas, hubiese traducido mejor la correlación real de fuerzas sociales y políticas que existía en Nicaragua en ese momento, en una sociedad donde unos ganaron las elecciones pero no con fuerza suficiente para imponerse y otros las perdieron pero conservando una gran fuerza social.

Dejar pasar las políticas impuestas por el FMI sin negociar siquiera que se preservaran ciertos márgenes de inclusión social, significaba que estas políticas desarticularan, con su impacto, a los sectores sociales que apoyaron la Revolución, lo que cambiaría drásticamente, y de manera estructural, la correlación de fuerzas en la sociedad nicaragüense y posibilitara restablecer un modelo, económica y socialmente hablando, aún mas excluyente que el de los años 50-70 durante el somocismo. Sin embargo, lo que realmente interesaba era negociar la preservación de espacios políticos e institucionales. Y también económicos.

Ya para el Primer ESAF, en 1994, el FMI dijo que no lo aprobaría si el programa no tenia detrás el necesario “consenso político”. Esto significaba que debía lograrse el consenso del FSLN. Y se logró. Años después, una delegación del FSLN acompañó a funcionarios del gobierno de Arnoldo Alemán a Washington para facilitar la aprobación del siguiente ESAF, el de 1998-2002. Todas las leyes allí contempladas fueron aprobadas sin mayor problema por los sandinistas. Como ha dicho el Presidente Daniel Ortega, el FSLN tiene el mérito de haber “contribuido a la estabilidad nacional” aprobando en la Asamblea las leyes que exigían los organismos financieros y que hicieron posible la reestructuración social regresiva y el desmantelamiento y el “asalto” del Estado Nacional.

Sin este sistema de transacciones “en las alturas”, que funcionó desde 1990, el proceso de restauración conservadora jamás hubiera podido avanzar con la velocidad vertiginosa, con la radicalidad, extensión y profundidad con las que avanzó. Las luchas que emprendieron diversos sectores terminaron siendo objeto también del sistema de transacciones y a la larga esto los desgastó, porque después de luchas en que a veces había incluso muertos se negociaba “en las alturas”, se recuperaba poder negociador frente al gobierno, se reanudaba el sistema de transacciones interrumpido... y los problemas del sector que luchaba permanecían sin resolver. Y así hasta que había otra crisis, que se manejaba igual.

2002-2006:
EN MEDIO DE LA CRISIS

En 2001 el gobierno de Nicaragua, presidido por Arnoldo Alemán, vio suspendido el segundo ESAF con el FMI, debido a que el déficit fiscal se disparó de manera drástica, como resultado de un masivo aumento en el servicio de la deuda interna y de la reducción en los ingresos fiscales como resultado de la desaceleración económica provocada por la caída de los precios internacionales del café, las crisis bancarias y la desgravación del ISC (impuesto selectivo de consumo) que se produjo en ese período. Era un año electoral y el gobierno no estuvo dispuesto a implementar las drásticas medidas de ajuste adicional reclamadas por el FMI. De haberse implementado, podría haber significado que el PLC perdiera las elecciones.

En 2002, bajo el nuevo gobierno electo, presidido por Enrique Bolaños, candidato del PLC, se negoció un nuevo Programa de tres años, esta vez bajo la Facilidad de Reducción de la Pobreza y el Crecimiento (PRGF) del FMI. Como la economía nacional estaba experimentando el impacto de un severo “shock” externo de términos de intercambio -derivado del derrumbe de los precios internacionales del café y sus gravísimas repercusiones económicas y sociales, incluida una gravísima crisis agrícola, y el aumento de los precios del petróleo en un 50%, además de las crisis bancarias de 2000-2001-, las medidas del Programa ralentizaron toda la actividad económica. Esta desaceleración económica, en conjunto con la implementación del calendario de desgravación del ISC para los productos de la “industria fiscal” ya había provocado la caída de los ingresos fiscales.

EL CORAZÓN DEL NUEVO PROGRAMA:
PAGAR A TODA COSTA LA DEUDA INTERNA

Al mismo tiempo, el Gasto Público tendía a dispararse por los niveles que estaba alcanzando el servicio de la deuda interna, resultante, tanto del abuso de la emisión de títulos denominados CENIS por parte del Banco Central -con fines de esterilizar la emisión de córdobas a la que recurría para comprar divisas en los mercados de cambio con el propósito de acumular reservas internacionales-, como también de la emisión ilegal de CENIS para cubrir las brechas activos-pasivos de los bancos liquidados, en favor de los bancos que habían “adquirido” los bancos quebrados. (ver Envío, marzo 2008).

Esta emisión de títulos valores llegó a representar el riesgo de una crisis cambiaria y financiera de grandes proporciones. A finales de 2001, el Banco Central de Nicaragua (BCN) había emitido títulos valores por unos $790 millones, mientras que sus reservas brutas eran de sólo $320 millones. La deuda de corto vencimiento representaba el 95% de las reservas. Al mismo tiempo, este sobreendeudamiento del BCN generó enormes presiones fiscales, en la medida en que el pago de la deuda fue asumido por el erario. El pago del servicio efectivo de la deuda interna se elevaría de un monto equivalente al 64% de los ingresos fiscales en 2003 a un 86% de estos ingresos en 2004.

Este escenario implicaba que, con ingresos fiscales declinantes, el gobierno debía hacer frente a una elevación violenta de sus egresos en efectivo, y al mismo tiempo, debía cumplir sus compromisos internacionales, proteger el denominado “Gasto en Pobreza” y aún así, transferir suficientes recursos al BCN para incrementar sus reservas internacionales netas. Todo ello implicaba unos niveles de déficit fiscal que no podían ser financiados. Peor aún en el contexto de unos acuerdos con el FMI que usualmente ponen en primer plano la restricción fiscal, sin recurrir a tres medidas fundamentales de “ajuste fiscal”: esto implicaba efectuar reformas tributarias con el propósito de incrementar en unos 3 puntos del PIB la recaudación de impuestos, restringir severamente el crecimiento del gasto primario como proporción del PIB, y desviar el “alivio interino” del servicio de la deuda externa, obtenido gracias a la Iniciativa HIPC, hacia el pago de la deuda interna.

De hecho, este servicio no podría cubrirse ni aún con estas medidas, por lo cual el cumplimiento de las metas fiscales acordadas con el FMI implicaba destinar al pago del abultado servicio de la onerosa deuda interna los ingresos derivados de la privatización del paquete accionario estatal remanente en ENITEL, así como los ingresos de la subasta de los activos que se encontraban en poder de los bancos quebrados. De esta manera, asegurar a toda costa el pago del servicio de la deuda interna se convirtió en el corazón del nuevo Programa con el FMI “para la reducción de la pobreza”.

DEUDA EXTERNA / DEUDA INTERNA:
SIN OPORTUNIDADES DE INVERTIR EN DESARROLLO

Asegurar a toda costa el pago de la deuda pública interna y externa y transferir recursos al BCN para acumular reservas internacionales se tradujo en una restricción muy severa en el gasto social.

De esta manera, en lo que va de la primera década del siglo XXI, mientras que el Servicio de la Deuda Externa se redujo hasta llegar a representar menos del 9% de los ingresos fiscales del gobierno -lo que liberó importantes recursos fiscales, en comparación con lo que ocurría antes-, es el Servicio de la Deuda Interna el que se ha convertido en el obstáculo fundamental para poder invertir en capital humano y en infraestructura básica.

El Servicio de la Deuda Externa, que en el periodo pre-HIPC (1994-98) alcanzó un promedio de $287.5 millones -la parte de ese servicio financiada con recursos propios absorbió en promedio el 51% de los ingresos fiscales en ese período-, se redujo como resultado de la Iniciativa HIPC a sólo $87 millones en 2005 y absorbió menos del 9% de los Ingresos Fiscales.

En marcado contraste, el Servicio de la Deuda Interna alcanzó niveles muy reducidos en el período pre-HIPC, pero en esta década del 2000 se disparó a niveles que alcanzaron los $367.5 millones en 2003 y $354.2 millones en 2004, equivalentes al 46.3% y al 39.5% de los Ingresos Tributarios, respectivamente. El resultado ha sido que, mientras en la década de los 90 Nicaragua no pudo invertir lo requerido en capital humano y en infraestructura básica por la desmedida carga que representaba el servicio de la deuda externa, tampoco en la siguiente década hemos estado en condiciones de comenzar a invertir lo que necesitaríamos para comenzar a remontar nuestro enorme rezago social. Los recursos fiscales liberados por la Iniciativa HIPC del pago de la deuda externa, y parte importante del aumento verificado en los ingresos fiscales, se han destinado a cubrir el desmedido aumento en el servicio de la deuda interna y las transferencias al Banco Central.

Hay que remarcar la implicación que tuvo este Programa: los recursos que la Iniciativa HIPC estaba liberando del pago de la deuda externa, y que se suponía debían orientarse al aumento adicional del Gasto Social, se vieron forzosamente desviados hacia el pago de la deuda interna. Además, como en Nicaragua existe una estructura tributaria regresiva, el pago de esa deuda interna -también mediante los ingresos fiscales provenientes de esa estructura- estaría representando una redistribución del ingreso, de una magnitud sin precedentes, desde las grandes mayorías de menores ingresos hacia los sectores más ricos del país.

FMI: INTERVINIENDO EN LOS MUNICIPIOS
Y TENIENDO QUE DAR MARCHA ATRÁS

En junio de 2003 la Asamblea Nacional aprobó, con un alto grado de consenso, la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios, que estableció la creación de una partida en el Presupuesto General de la República denominada “Transferencia Municipal”, cuyos recursos se calcularán como un porcentaje de los ingresos tributarios, iniciando con un 4% en 2004. Este porcentaje aumentaría anualmente en 0.5% de los Ingresos Tributarios en tanto el PIB creciese 1%, hasta alcanzar como mínimo el 10% de los Ingresos Tributarios en el año 2010.

Esto implicaba destinar crecientes recursos a los Gobiernos Municipales, lo que ponía en riesgo el cumplimiento de las proyecciones de pago de la deuda interna. De manera que el FMI introdujo una nueva condicionalidad para 2004-2007: “neutralizar” las transferencias municipales, de manera que, por cada córdoba transferido a los gobiernos municipales, el Gobierno Central reduciría su propio gasto en un córdoba. El FMI exigió incluso un cambio en el marco legal de la descentralización, para forzar a las municipalidades a asumir, con las transferencias municipales, responsabilidades de gastos que anteriormente correspondían al Gobierno Central.

Otro evento importante fue que, en acuerdo con el FMI, el gobierno suspendiese la implementación de la privatización de la seguridad social, que implicaba la sustitución del sistema público de seguro social por un esquema de ahorro privado para pensiones. Esta privatización había sido establecida desde el 2000, cuando Nicaragua alcanzó el Punto de Decisión de la Iniciativa HIPC, como requisito para alcanzar el Punto de Culminación de esa Iniciativa. Sin embargo, desde el 2000, expertos nicaragüenses en seguridad social denunciaron que esta privatización supondría abrir en el sistema público remanente una enorme “brecha” financiera, que pondría en riesgo el pago de las pensiones vigentes por parte del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Las advertencias fueron desoídas y los críticos de la privatización fueron descalificados, aunque no se había hecho ninguna estimación seria de los costos fiscales que significaría la privatización de la seguridad social.

Y así, tan sólo quince días antes de entrar en vigencia el nuevo sistema, se puso de manifiesto que el costo fiscal que implicaría el cambio ascendería a unos $9,350 millones en los próximos 27 años y, como estos costos deberían ser sufragados por el erario público, el desequilibrio masivo de las cuentas fiscales impondría al país necesidades de endeudamiento inmanejables. No hubo más alternativa que suspender la implementación del nuevo sistema.

Nicaragua estuvo a punto de asumir un enorme costo debido a una condicionalidad sustentada puramente en las preferencias ideológicas del FMI y nunca hubo una rendición de cuentas clara del por qué el FMI, que impuso esta condicionalidad, jamás estimó el costo desmesurado que tendría para el país.

MÁS CONDICIONES Y DISCUTIBLES ARGUMENTOS

Nicaragua alcanzó finalmente el Punto de Culminación de la Iniciativa HIPC en enero de 2004. En esto jugó un papel fundamental la oposición sandinista. Los diputados del FSLN aprobaron todas las Leyes requeridas por el FMI.

En 2005, el FMI elevó el grado de exigencia de su condicionalidad, demandando una detallada agenda de reformas del Código Tributario, acordado por consenso entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y representantes del sector privado. También exigió reformas a la recién aprobada Ley de Régimen Presupuestario y Administración Financiera y a la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios.

Ese año, el FMI suspendió el Programa, primero bajo el argumento de que la Asamblea Nacional había aprobado aumentos salariales a maestros y trabajadores de la salud y aumentos en el monto de transferencias a los Municipios que rompían con las metas fiscales del Programa. Después, cuando quedó en evidencia que los ingresos fiscales de nuevo habían sido subestimados y cubrirían con toda comodidad estos aumentos, el FMI mantuvo la suspensión del Programa, alegando ahora el retraso en la aprobación de las leyes acordadas con el gobierno.

El retraso se debió a la crisis política originada por las reformas constitucionales pactadas y aprobadas entre el FSLN y el PLC, que limitaban los poderes presidenciales y aumentaban las potestades de la Asamblea. Esta crisis alcanzó límites tales que el gobierno del Presidente Bolaños convocó a la OEA, alegando que en Nicaragua estaba en peligro la democracia.

La suspensión del Programa con el FMI significó la suspensión de desembolsos por $115 millones del denominado Grupo de Donantes de Apoyo Presupuestario (Alemania, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Comunidad Europea, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), que habían vinculado sus desembolsos al acatamiento del Programa con el FMI. Esta vinculación entre desembolsos de este Grupo y Programa con el FMI dejaba al país sin capacidad de negociación frente al FMI.

UN NUEVO PROGRAMA
Y LOS MISMOS ARGUMENTOS

Finalmente, el FMI acordó restablecer el Programa después de que el FSLN acordó con el gobierno la aprobación de las Leyes pendientes y una ley especial, la denominada Ley Marco, que posponía la entrada en vigencia de las polémicas reformas constitucionales hasta enero de 2007. Pero el FMI no cedió sin plantear nuevas exigencias: se introduciría como nuevo “criterio de desempeño” el “congelamiento” de la nómina salarial del gobierno en términos reales: la nómina sólo podría crecer a la misma tasa que la tasa de inflación proyectada.

¿Argumentación? El crecimiento del salario promedio de los trabajadores del sector público por encima del salario promedio del sector privado crearía el riesgo de generar inflación y pérdida de competitividad en la atracción de inversión extranjera. Nunca quedó claro por qué el aumento salarial a maestros y trabajadores de la salud en unos cuantos cientos de millones de córdobas, financiado con recursos sanos y no inflacionarios, amenazaba con desencadenar inflación, mientras que el pago de la onerosa deuda interna, que implicaba lanzar a la circulación miles de millones de córdobas, no generaba la misma alarma en el FMI, a pesar de sus potenciales impactos inflacionarios.

El argumento del FMI es que un aumento del 20% en el salario de maestros y trabajadores de la salud podría dar lugar a un “efecto demostración”, que podría traducirse en el surgimiento de demandas por aumentos salariales por parte de los trabajadores del sector formal privado, lo cual elevaría el costo de la fuerza de trabajo nicaragüense, provocando así la pérdida del principal “atractivo” y “ventaja comparativa” que tiene el país para la inversión extranjera: el costo exageradamente bajo de su fuerza de trabajo.

UNA NUEVA EXIGENCIA
DE ENORMES ALCANCES

El FMI exigió también la reforma de la recién aprobada Ley General de Educación. En concreto, exigió la eliminación del artículo 91 como condición para no suspender de nuevo su Programa con Nicaragua. Este artículo establece que el Presupuesto de la Educación no Universitaria crecería anualmente en un monto equivalente al 5% de los ingresos tributarios proyectados, lo que permitiría al país por primera vez en su historia alcanzar entre 2009 y 2010 el equivalente al 6% del PIB para el Gasto Público en Educación. Honduras alcanzó el 7% del PIB en 2001 y Bolivia en 2005.

El FMI demandó además, y con insistencia, que las tarifas de la energía eléctrica fueran ajustadas automáticamente en relación al aumento de los precios internacionales del petróleo, pero esto estaba fuera de las posibilidades del gobierno. También demandó la reforma de la Ley de Estabilidad Energética, que establecía la regulación del margen de utilidad que las empresas podían obtener en los “mercados spot”, donde el precio de la energía se establece por la oferta y la demanda y en las horas pico alcanza niveles exagerados.

También demandaba el FMI la preparación de una propuesta para la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que introduciría reglas para el comportamiento de las variables fiscales, en particular la regla del “déficit fiscal cero” y del pago en tiempo y forma y a toda costa del servicio de la deuda pública, condiciones que implicaban el establecimiento de techos rígidos para la nómina salarial, que deberían acatarse, so pena de sanciones, TODAS las instituciones del sector público, y TODOS los niveles de gobierno. Esto implicaba -y así lo estableció el FMI- reformar la Constitución para eliminar la autonomía municipal y la autonomía universitaria.

Era una exigencia de alcances enormes: eliminar la autonomía de los Gobiernos Municipales implicaba atentar contra la propia estructura política del Estado. Según el FMI, la propuesta debería contemplar la eliminación de la Constitución de la asignación del 6% del Presupuesto de la República para las Universidades de servicio público, del 4% para el Poder Judicial y suspender la obligación de destinar un porcentaje suficiente del presupuesto a las transferencias municipales.

Era la primera vez que el FMI incluía entre sus exigencias la realización de reformas a la propia Constitución Política en asuntos de enorme sensibilidad política para nuestro país.

EL FMI EN LOS TIEMPOS DE SU DEBACLE

Desde diciembre de 2005 comenzó una verdadera debacle en el FMI, perdiendo este organismo internacional poder e influencia. La crisis inició con una primera gran oleada de salida de la órbita de influencia del FMI de países de ingreso medio asiáticos. Después vino la confrontación entre Argentina y el FMI. Por primera vez un país de ingreso medio se enfrentaba al FMI con firmeza, alcanzando un éxito rotundo al hacerlo (ver Envío, noviembre 2007).

El resto es historia. A mediados de diciembre de 2005, Brasil anunció que repagaría su deuda con el Fondo Monetario Internacional antes de lo previsto. Dos días más tarde, la propia Argentina anunció que seguiría el mismo curso. Después de los dos países sudamericanos siguieron Serbia, Indonesia, Uruguay y las Filipinas. Con la suma de Indonesia a la lista, tres de los cuatro deudores más grandes del FMI se habían liberado de su férula. Turquía, Ucrania y Pakistán también redujeron severamente sus deudas con el FMI. Posteriormente Bolivia, un país de bajos ingresos, anunció en marzo de 2007 que ya no necesitaría más de la asistencia del FMI, después de 20 años consecutivos operando bajo las reglas del Fondo. Ecuador también anunció que repagaría su reducida deuda con el FMI y no volverá a requerir de su asistencia.

Como resultado de estos repagos anticipados, la cartera de créditos pendientes de pago del FMI cayó en una verdadera picada -con una rapidez sin precedentes-, pasando de $114 mil millones en diciembre de 2003 a $55 mil millones en diciembre de 2005 y a $22 mil millones en diciembre de 2006 y a sólo $16.7 mil millones en la actualidad. ¡Una caída del 85.3% con relación a diciembre 2003!, alcanzando así su nivel más bajo en los últimos 25 años. El 50% de esta cartera de préstamos pendientes de pago del FMI está concentrada hoy en un solo país de ingreso medio: Turquía.

FMI: SÓLO CLIENTES POBRES E IRRELEVANTES

Con la pérdida de sus principales clientes de ingreso medio el FMI ha experimentado una caída vertical de los ingresos que percibe por concepto de pago de intereses. La proyección es que los pagos de cargos e intereses disminuirán de $3,190 millones en 2005 a $1,390 millones en 2006 y a $635 millones en 2009. Los ingresos por pagos de intereses se habrán reducido en $2,495 millones en sólo cuatro años. Si Turquía, se decidiera finalmente a cancelar su deuda por anticipado, los ingresos por intereses del FMI proyectados para 2009 se desplomarían aun más.

Ante esta reducción tan drástica en su principal fuente de ingresos, en 2007 el FMI ya no será capaz de afrontar su presupuesto de casi $1,000 millones -y el mantenimiento de su staff de casi 3 mil personas-, con los pagos por intereses y cargos de los países prestatarios, ni aun considerando los ingresos adicionales provenientes de las inversiones financieras que ha venido haciendo a cuenta de los recursos que han quedado ociosos por la falta de préstamos.

La situación es tal que para poder contar con los recursos necesarios para continuar operando durante los próximos años, el FMI se vería forzado a deshacerse de parte sus reservas de oro, para lo que requiere de la aprobación del Congreso de Estados Unidos. A falta de clientes a quien prestar, el FMI pasaría a convertirse cada vez más en un inversor bursátil y financiero.

Con esta difícil situación financiera, el FMI está pagando hoy las consecuencias de haber maltratado a los países que lo buscaron para pedir sus asistencia. Como dice Joseph Stiglitz: Los países deudores del FMI han estado financiando a esta institución a través del “spread” que pagan sobre el dinero que reciben como préstamos. En la actualidad, el problema es que ya nadie quiere recibir préstamos del FMI. Usualmente los bancos tratan de ser amistosos con sus clientes, pero la historia del FMI no ha sido estelar en lo que se refiere a las relaciones con sus clientes. De manera que no es sorprendente que el FMI haya perdido la casi totalidad de sus clientes importantes y que un solo país (Turquía) represente la mitad de la cartera de créditos vigentes del FMI. Yo le digo a mis amigos de ese país: ¿Realmente han decidido continuar sosteniendo a esa institución?

FMI: SÓLO CRÉDITOS CONCESIONALES

De esta manera, de encontrarse “en las alturas” del poder mundial antes de la crisis asiática, el FMI se encuentra ahora colocado en una situación de creciente y acelerada pérdida de influencia y de cada vez mayor irrelevancia. El FMI ya no se relaciona con “pesos pesados” de la envergadura de Rusia, Polonia, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Tailandia, México, Brasil o Argentina. Con cada vez menores excepciones, los clientes fundamentales que le han quedado son predominantemente los países mas pobres del planeta, principalmente países africanos y asiáticos extremadamente pobres, integrantes de la Iniciativa HIPC, junto a Haití -y ahora, de nuevo, Nicaragua- en América Latina. Sus clientes somos hoy los países que tenemos una relevancia cada vez más escasa y reducida en el escenario mundial.

Actualmente, sólo 8 de los 32 países que en todo el mundo tienen Programas vigentes con el FMI -en realidad 7, porque el Programa con República Dominicana vence el 30 de enero de 2008-, no son países de bajos ingresos y reciben créditos no concesionales de la Cuenta de Recursos Generales del Fondo (GRA). De estos 8, sólo uno, Turquía, concentra el 95.6% de los recursos comprometidos por el FMI en estos Programas no concesionales. Los restantes 22 países con Programas del FMI se cuentan entre los países más pobres del planeta y reciben créditos concesionales del FMI bajo la Facilidad para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF).

Estas operaciones de crédito concesional -como las que el FMI mantiene hoy con Nicaragua- no representan utilidades que puedan contribuir a financiar el presupuesto de la institución, sino costos netos para el FMI. Los préstamos que otorga a países como el nuestro son subsidiados y debe cubrir los subsidios y los costos administrativos de dichos préstamos con aportes cada vez más insuficientes de los países ricos. Es por esta circunstancia que el FMI como institución no se muestra muy entusiasmado por continuar involucrado en operaciones de crédito concesional a países como Nicaragua.

DANIEL ORTEGA: BUSCAR A TODA COSTA AL FMI
FMI: RESISTIR CON RETICENCIAS

Fue en estas circunstancias que el nuevo gobierno de Nicaragua, surgido de las elecciones de noviembre de 2006, y presidido por Daniel Ortega -quien dirigió el gobierno revolucionario del FSLN en los años 80- el que desde muy temprano, y con suma insistencia buscó tener un Programa con el FMI, argumentando ante ese organismo que sería un error si el FMI “volvía a abandonar a Nicaragua, como lo hizo en los 80”.

El Directorio del FMI únicamente aceptó tener un nuevo Programa con Nicaragua, tras una prolongada deliberación y debido a la insistente solicitud del nuevo gobierno de Nicaragua. La reticencia del FMI obedecía a que Nicaragua ya había alcanzado el estatus de “estabilizador maduro”: cumplía con las características de aquellos países que el FMI considera deben “comenzar a andar con sus propios pies”: países con un crecimiento económico del 3-4% del PIB, inflación de un dígito, déficit fiscal después de donaciones del 2% del PIB o inferior y reservas monetarias internacionales altas. En 2007 Nicaragua cumplía todos y cada uno de estos requisitos.

La reticencia se debía también a que actualmente se reconoce que el FMI no tiene el “expertisse” requerido para hacer frente al problema del desarrollo y la pobreza, y por tanto debe abandonar el financiamiento a países pobres, idea que proviene de altas esferas. El Subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, Tim Adams, le dijo en público al Director Ejecutivo del FMI en septiembre de 2005: El FMI no es una institución del desarrollo, y está claro que la participación financiera del FMI en los países de bajos ingresos ha sido terriblemente errada. El Comité Malan, reunido en marzo de 2006 por el Presidente del Banco Mundial Paul Wolfowitz y por el Director Ejecutivo del FMI Rodrigo Rato dijo: El Comité recomienda que el FMI empiece a retirarse de la financiación a largo plazo de las operaciones en los países de bajos ingresos.

La reticencia se debía también a que, como entidad, el FMI tampoco está demasiado interesado en continuar otorgando créditos subvencionados a países pobres, que representan un alto costo financiero para esta entidad, en condiciones en que los aportes de los países desarrollados para cubrir estos costos se están reduciendo.

El nuevo Gobierno de Nicaragua justificó su insistencia en buscar un nuevo Programa con el FMI casi en el mismo momento en que Bolivia y Ecuador anunciaban que ya no necesitarían más la asistencia del FMI. El gobierno del presidente Ortega aducía que un nuevo acuerdo era indispensable para “ganar la confianza de los inversionistas”. Un argumento poco claro, porque eso significaría que tan sólo los cuatro países latinoamericanos que en ese momento tenían Programas con el FMI (Perú, Dominicana, Paraguay y Haití) serían dignos de confianza de los inversionistas, mientras que la gran mayoría de países de América Latina, que ya no tienen Programas con el FMI, no serían dignos de confianza.

MUCHAS VENTAJAS TENÍA
EL GOBIERNO DEL FSLN ANTE EL FMI

Una novedad en la evaluación del caso de Nicaragua fue que el FMI reconoció que en la condicionalidad de los Programas anteriores se introdujeron algunos “criterios de desempeño” sobre los cuales el gobierno no tenía pleno control, como la aprobación de leyes que dependían de la Asamblea Nacional.

Desde 1990, los tres sucesivos gobiernos de Nicaragua comprometían con el FMI la aprobación de leyes que dependían de un Poder del Estado independiente y soberano. Esto sólo fue posible por el sometimiento incondicional al FMI de todos los partidos políticos, convertido casi en un reflejo condicionado. En realidad, desde 1991 la Asamblea Nacional había aprobado todas y cada una de las leyes requeridas por los Programas con el FMI. Se aprobaban bajo el argumento de que, si no, Nicaragua se saldría del Programa con el FMI y al ocurrir esto “el mundo se le vendría encima”. Fue únicamente en 2005 cuando, a raíz de la aguda crisis política abierta por las reformas constitucionales aprobadas por el FSLN y el PLC, se retrasó la aprobación de algunas leyes exigidas.

El nuevo gobierno, presidido por Daniel Ortega, se beneficiaría de la disposición del FMI de suspender la exigencia de la aprobación de leyes por la Asamblea Nacional. Asimismo, se decidió que habría un número limitado de condicionalidades, sólo las que se considerasen críticas para alcanzar los objetivos del Programa. Algunos países europeos plantearon la necesidad de apoyar la recompra de la deuda comercial por parte de Nicaragua para alentar a los acreedores restantes de Nicaragua a concederle alivio en los términos de la Iniciativa HIPC.

En su negociación con el FMI, el nuevo gobierno también tendría la ventaja de que los países donantes le expresaron que la existencia de un Programa con el FMI no sería ya un requisito para sus desembolsos. Al mismo tiempo, se anunció que, además de la cooperación tradicional, Nicaragua contaría con fuentes alternativas de financiamiento, como las Venezuela: varios cientos de millones de dólares al año no condicionados al FMI. Todo esto le daba al nuevo gobierno una mayor capacidad de negociación con el FMI, que además se encontraba a la defensiva y sumamente debilitado. Ningún gobierno negoció en condiciones tan ventajosas con el FMI.

EN LOS MISMOS CARRILES

El nuevo gobierno tenía la posibilidad de presentar al FMI un Programa Económico elaborado en Nicaragua. El FMI se limitaría a revisarlo y, si lo encontraba consistente, a avalarlo. Pero… el Programa presentado por el gobierno de Nicaragua a la consideración del FMI se ajustó en lo fundamental a los mismos carriles de la política económica que venían implementando los tres gobiernos que le precedieron.

La propuesta era igual. Se buscaría mantener déficits después de donaciones cercanos al 1% del PIB (en 2007 se obtuvo un moderado superávit), y por lo menos hasta 2008 se buscaría “congelar” la nómina salarial del gobierno como porcentaje del PIB, bajo el mismo argumento: un aumento de los salarios de maestros y trabajadores de la salud por encima de los del sector privado desataría presiones inflacionarias y socavaría la competitividad externa del país.

Esta restricción afecta particularmente a maestros, trabajadores de la salud y policías, que constituyen más del 80% de los trabajadores gubernamentales. No sólo afecta a estos sectores en las posibilidades de que se aprueben aumentos salariales que apunten a superar el enorme rezago salarial que padecen, sino que también restringe drásticamente la contratación de nuevos servidores públicos en estos campos, lo que también resulta apremiante.

El hecho de que el salario real de los maestros represente casi la mitad del salario real promedio de la fuerza de trabajo nicaragüense determina que, en vez de atraer a esta profesión al personal calificado que el sistema educativo necesita con urgencia, se tenga que recurrir a personal de muy baja calificación. De esta manera no podrá resolverse jamás el grave problema de la baja calidad de la educación.

En lo que respecta al personal de salud, según datos proporcionados por OXFAM Internacional, las enfermeras nicaragüenses devengan un salario, medido en dólares, apenas superior al salario que perciben los médicos y enfermeras en países africanos extremadamente pobres.

CON LOS MISMOS CHANTAJES

Durante la discusión del Presupuesto 2008, cuando en la Asamblea Nacional surgió la propuesta de que el salario de maestros, trabajadores de la salud y policías fuese aumentado en un 20%, por encima del porcentaje derivado de dicha condicionalidad, se volvieron a escuchar de parte del Poder Ejecutivo los mismos chantajes que los anteriores gobiernos utilizaron para lograr que la Asamblea Nacional aprobase todo lo que ellos habían comprometido con el FMI: si no se aprobaba lo que se había acordado con el FMI el país se saldría del Programa, y el mundo se le vendría a Nicaragua encima...

La bancada legislativa del gobernante partido FSLN anunció que no apoyaría ningún incremento salarial superior al propuesto por el Poder Ejecutivo, para no poner en riesgo el Programa acordado entre el gobierno de Daniel Ortega y el FMI. Los sindicatos vinculados al FSLN guardaron un prudente silencio durante la discusión de este asunto.

PRIORIDAD DEL NUEVO PROGRAMA:
PAGAR LA DEUDA INTERNA

Un rasgo fundamental del nuevo Programa, en común con los anteriores, es que se mantendrá incólume el compromiso de “honrar” a toda costa el servicio de la deuda interna. Aunque se dijo que se buscaría un consenso con los acreedores de una parte de la deuda para extender los plazos y reducir las tasas de interés, algo que ya el gobierno de Enrique Bolaños hizo en 2003.

El gobierno del FSLN y el FMI consideran que, en un país tan pobre como el nuestro, es indispensable subordinar toda la política económica y social al desarrollo de un mercado de títulos de deuda pública. Esto exige generar una elevada credibilidad en estos títulos, lo que, a su vez, demanda que las “sagradas” obligaciones derivadas de estos títulos se paguen cumplidamente, y al costo que sea necesario. La expresión que otorga “santidad” a estos compromisos es del FMI.

Esta prioridad otorgada al servicio de la deuda pública y las transferencias al Banco Central -bajo el nuevo Programa aumenta la exigencia de transferirle recursos para apoyar la acumulación de reservas- continúa constituyéndose en un impedimento fundamental para que Nicaragua pueda contar con los recursos mínimos indispensables para obtener los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como referencia, el Gasto Social per cápita de Honduras y Bolivia -países de similar nivel de desarrollo que Nicaragua y también integrantes de la Iniciativa HIPC- casi duplica el de nuestro país.

OTRA PRIORIDAD: ABRIR EL SECTOR ENERGÉTICO

En este Programa se otorga una especial importancia a las exigencias en el Sector Eléctrico que no se pudieron implementar jamás en los gobiernos anteriores. Se trata, principalmente, de ajustar la tarifa de la energía eléctrica para corregir el “rezago tarifario” que se estima existe. Desde noviembre de 2007 hasta marzo de 2008 la tarifa de la energía eléctrica se ha ajustado en 18%. El gobierno se comprometió a establecer un mecanismo que asegure el ajuste automático de las tarifas de la energía eléctrica según el alza en los costos.

Se contempla también para antes de fines de 2008 la “introducción de medidas” que definan sanciones de carácter penal impuestas por una autoridad judicial sobre empresas e individuos que se ha determinado han cometido fraude en el consumo de energía eléctrica. Se definen como fraude casos de aprovechamiento indebido mediante la conexión ilegal o alteración de los sistemas de control y medición; alteración de facturas; y destrucción o apoderamiento ilegal de bienes inmuebles que formen parte de los sistemas de distribución e instalación de servicios públicos. Así, las “tomas” de instalaciones de la empresa distribuidora, estarían penalizadas.

A pesar de que se ha dicho que el nuevo Programa no contempla la exigencia de la aprobación de leyes, y aquí se habla sólo de “adoptar medidas”, es obvio que en el marco legal nicaragüense estas medidas sólo se pueden adoptar si se aprueba una legislación que establezca esas medidas.

En lo que respecta a las conexiones ilegales en asentamientos espontáneos -refugio de la población más pobre- se establece que se instalarán medidores con el apoyo de las autoridades para que la población pueda pagar sus obligaciones a la empresa distribuidora, y “recibir un mejor servicio”. En el Presupuesto para 2008 el gobierno continuará subvencionando a la empresa distri¬buidora hasta por un monto de $20 millones, tal como lo hacían los anteriores gobiernos.

¿UN PROGRAMA SOBERANO O IMPUESTO?

En un principio, el gobierno anunció con orgullo que, por primera vez, un gobierno de Nicaragua había presentado al FMI un Programa Económico-Financiero elaborado de manera soberana y que, en esta ocasión, el FMI se había limitado a avalarlo. En efecto, el denominado Programa Económico Financiero (PEF) que el gobierno presentó al FMI fue de manufactura gubernamental, nacional y soberana. Y si uno lee el PEF del gobierno, encuentra que absolutamente TODAS las medidas que ahora se dice que fueron “impuestas” por el FMI estaban en la propuesta elaborada y presentada al FMI por el propio gobierno.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que proclamó al programa elaborado por el gobierno de Nicaragua y presentado al FMI como un Programa “soberano”, ha comenzado a referirse de nuevo a las “imposiciones” del FMI, aduciendo que tuvo que negociar con este organismo “con una pistola en la cabeza”. Un discurso diferente al que el mismo Presidente pronuncia en sus frecuentes reuniones con los grandes grupos empresariales privados, ante los cuales lo que enfatiza es la importancia que el cumplimiento de este Programa tiene para Nicaragua.

Seguramente, este discurso sobre la “imposición” por parte del FMI está dirigido a las bases del FSLN, a las que se les dice continuamente que este gobierno representa la “segunda fase” de la Revolución, y a las que hay que darles alguna explicación, con algún viso de verosimilitud, sobre medidas que las están golpeando, con la misma fuerza con que las golpeaban las mismas medidas cuando eran aplicadas por los gobiernos “neoliberales”.

ECONOMISTA. COORDINADOR DE LA COMISIÓN ECONÓMICA DE LA COORDINADORA CIVIL.

ESTUDIO PRELIMINAR REALIZADO PARA KEPA FINLANDIA.

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