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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 312 | Marzo 2008
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Nicaragua

Apuntes indignados (y sustentados) sobre el fraude de los CENIS ayer y su renegociación hoy

¿Se deben pagar o no los CENIS? ¿Por qué fueron emitidos, a quiénes beneficiaron, hubo otra salida mejor que la emisión de estos bonos? ¿Cuáles fueron las ilegalidades y quiénes las cometieron? ¿Es responsable Eduardo Montealegre? Para entender el complejo y controversial laberinto conceptual de los CENIS, se encuentran en este texto pistas que aclaran elementos esenciales.

Adolfo Acevedo

A Eduardo Montealegre el gobierno del presidente Ortega le acusa de haber protagonizado el “robo del siglo”, por haber renegociado la deuda interna generada por los CENIS, hoy llamados Bonos Bancarios. A la par de esta acusación, el gobierno del presidente Ortega ha renegociado esa deuda, con el aplauso de quienes acusan a Montealegre.

DOS RENEGOCIACIONES:
¿CUÁL FUE MEJOR?

En la “renegociación” que hizo Eduardo Montealegre, cuando era Ministro de Hacienda del gobierno de Enrique Bolaños, se redujo la tasa de interés ponderada de los CENIS de 15.3% a una tasa ponderada de 8.43% para los Bonos Bancarios, una reducción de 6.9 puntos porcentuales. O de 690 puntos básicos, para emplear el lenguaje que le gusta utilizar al actual Presidente del Banco Central, Antenor Rosales. En aquella renegociación, el plazo para el pago de la deuda se extendió a 10 años. En la “renegociación” hecha ahora por Rosales se redujo el interés en apenas 1 punto porcentual, de 8.43% a 7.43%, o sea 100 puntos básicos. El plazo para el pago se extendió a 12 años.

Sobre Montealegre pesa además la acusación de haber renegociado la deuda del BANCENTRO teniendo intereses en ese banco, y de haber aumentado el interés al BAN-
CENTRO de 7.93% a 8.29%. Aunque Eduardo Montealegre jamás podrá librarse del conflicto de intereses que hubo en su decisión, y aunque las dos “renegociaciones” han tenido en común partir de reconocer esta deuda como legítima y legal y de reconocer como sagrada la obligación estatal de “honrarla” a toda costa, si comparamos la “renegociación” de Montealegre con la hecha ahora por el gobierno del presidente Ortega es obvio que, en términos globales, Montealegre logró una reducción en los intereses ponderados de esta “deuda” seis veces superior a la conseguida ahora.

Tras la actual renegociación, el valor presente neto del saldo de esta deuda se reduciría, en un escenario optimista, en apenas 6.5%, lo que representa apenas un pellizquito muy chiquitito para un fraude de semejante magnitud. Y por supuesto, con la actual renegociación se terminará de pagar por todo el fraude cometido.

NUESTRA PROPUESTA: QUÉ RENEGOCIAR

Los CENIS se emitieron “oficialmente” para respaldar los depósitos de los ahorrantes de los bancos quebrados en el año 2000. ¿Es esto cierto? Desde hace años, y desde la Coordinadora Civil, hemos venido haciendo una propuesta de renegociación de la deuda interna procedente de los CENIS. Propusimos pagar solamente la parte que se demostrase había que reconocer porque realmente respaldaba depósitos, y propusimos pagar esa parte a 30 años plazo y a un interés similar al internacional.
De esta forma, el valor presente neto de esa parte se reduciría en un 50%. Como referencia de este tipo de reestructuración soberana, presentamos la que hizo en Argentina el Presidente Néstor Kirchner, que representó una reducción del 80% del valor presente neto de aquella deuda.

PALABRAS DE ROSALES EN 2006 Y 2008

En el año 2006 -antes de ocupar el cargo de Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) en el gobierno del presiente Ortega-, Antenor Rosales atacó nuestra propuesta públicamente alegando que extender el plazo de pago de una deuda sólo significaba continuar enriqueciendo a los banqueros durante más tiempo.

En efecto, a un banquero no le interesa tanto recuperar el principal como continuar rentabilizando su capital durante el mayor tiempo posible a través del cobro de los intereses, que constituyen la principal fuente de ganancia de los bancos. En el caso de los intereses de los CENIS o Bonos Bancarios, como no pagan impuesto sobre la renta, y están libres de todo costo administrativo, su rendimiento efectivo es aún mucho mayor que el de un préstamo que devengue la misma tasa de interés, ya que los préstamos sí pagan impuesto sobre la renta y sí representan altos costos administrativos. Efectivamente, si el valor presente neto de una deuda no se reduce de manera significativa, resulta cierto que con la extensión del plazo los banqueros sólo se enriquecerán durante más tiempo. Por esto, lo que entonces dijo Antenor Rosales era cierto si no se producía una drástica reducción en la tasa de interés, que redujese a su vez, de manera verdaderamente significativa el valor presente neto de esa deuda, como planteábamos en nuestra propuesta.

Ahora, en 2008, Antenor Rosales nos anuncia como un gran triunfo una extensión del plazo de pago de los Bonos Bancarios, junto con una insignificante reducción de sus intereses.

¿RENEGOCIAR PARA LEGITIMAR?

Si se tiene en cuenta la magnitud del fraude cometido en el caso de los CENIS, la “renegociación” dirigida por Rosales significa que el fraude de los CENIS se validará en su totalidad, dándole apenas un pequeño pellizco al enriquecimiento que significará para los banqueros.

A diferencia de lo que planteábamos en nuestra propuesta -solamente reconocer la parte de la deuda que pudiera demostrarse respaldaba depósitos, si es que esa parte no fue pagada ya-, la “renegociación” del gobierno del FSLN implica reconocer como legítima la masa total de la deuda y, por tanto, validar totalmente lo que el propio gobierno ha calificado en su propaganda como un enorme saqueo al pueblo, como “el robo más grande de los últimos 30 años”, como “el robo del siglo”, atribuyéndole ese delito a Eduardo Montealegre.

¿PARA SALVAR AL PAÍS?

Silvio Conrado, ex-representante del FSLN ante el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) cuando se emitieron los Certificados Negociables de Inversión (CENIS) y actual representante del gobierno del presidente Ortega ante el BCIE, declaró que los CENIS se emitieron para “salvar al país”. Es falso. Y -como lo demuestran con mucha claridad Rodrigo Vergara y Sebastián Edwards, éste ex-economista jefe del Banco Mundial para América Latina-, la emisión de los CENIS representó colocar al país en el riesgo de una crisis cambiaria y financiera aún mayor que si no se hubieran emitido.

Los CENIS se emitieron, no porque no hubiera otras opciones menos onerosas y menos riesgosas, sino porque fueron un requisito establecido por los accionistas del INTERBANK para levantar el amparo que impedía proceder a la liquidación de ese banco. Se emitieron también porque su emisión fue un requisito del BANPRO para asumir al INTERBANK en un acuerdo de “fusión” entre ambos bancos. En concreto, se emitieron para responder a las exigencias planteadas en un acuerdo privado al que llegaron los accionistas del INTERBANK y los del BANPRO, demandando ambos que el BCN pagara los “platos rotos” por la cartera mala del INTERBANK. Los pagaría emitiendo CENIS a una tasa de interés de cerca del 17%. Tan onerosa tasa de interés la exigieron los accionistas del INTERBANK y del BANPRO. Exigieron también que el BCN se hiciera cargo, por su cuenta y riesgo, de la cartera fraudulenta de los hermanos Centeno Roque en el INTERBANK.

ENRIQUECIMIENTO FABULOSO
EN SÓLO 3-4 AÑOS

El hecho de que se usaran CENIS, por exigencia de este acuerdo privado, significó no sólo el riesgo de una crisis cambiaria y financiera mayor todavía que la producida por la quiebra de varios bancos. Significó no sólo cargar al BCN con un enorme desequilibrio patrimonial, sino que, como los CENIS eran bonos Cupón Cero -que devengaban interés compuesto-, sólo por concepto del pago de intereses la “brecha” estimada de $333 millones de los bancos liquidados -brecha “estimada” con todo y “reclasificacion”-, se convirtieran en una deuda de valor facial de $492 millones.

Esa diferencia de $159 millones, entre los $333 millones de la “brecha” estimada de los bancos liquidados y el valor facial de los CENIS, emitidos por un monto de $492 millones, se debió exclusivamente a los intereses a pagar por los CENIS en un plazo de 3-4 años. Los suscriptores del “acuerdo privado” sabían exactamente lo que solicitaban cuando demandaron la emisión de CENIS y a esa alta tasa de interés: solicitaban un enriquecimiento fabulosamente alto en un plazo de tiempo cortísimo. En pocas palabras: querían ganar $159 millones de dólares en 3-4 años sin desembolsar un solo centavo. ¿Quién puede creer que hicieron esto para “salvar el país”?

CADA PASO FUE UNA ILEGALIDAD

Silvio Conrado, quien era representante del FSLN en el Banco Central cuando se emitieron los CENIS, descalificó la resolución que la Contraloría General de la República emitió en 2005, declarando de nulidad la emisión de CENIS para cubrir la brecha entre activos y pasivos de los bancos liquidados. Afirmó Conrado que la decisión del Consejo Directivo del Banco Central de emitir los CENIS fue una decisión “técnica” de política monetaria que la CGR no estaba facultada para cuestionar. Pero en aquella resolución, la CGR no hacía referencia a ningún problema “técnico”, sino a una ilegalidad.

Cabe preguntarse por qué se recurrió a emitir CENIS de manera ilegal si existían otras opciones, como capitalizar a los bancos intervenidos con aportes de capital secundario por parte del Estado. Si esto se hubiera hecho al inicio del proceso, el costo hubiese sido varias veces inferior al que representó la emisión de CENIS. Y, por supuesto, si se hubiera hecho esto, el Estado tendría que haber exigido la remoción de quienes estaban al frente del banco en problemas. En todo caso, pudo haberse seguido la vía de la Ley y culminar con la emisión de títulos legales de deuda pública, en vez de violentar la ley en cada paso que se dio con los CENIS, haciendo de cada paso una “oportunidad de negocios” para los bancos que absorbieron a los bancos liquidados, elevando así el costo para el erario público.

¿PROBLEMA TÉCNICO O ACUERDO PRIVADO?

Afirma Silvio Conrado que todo se hizo para “salvar al país” de una crisis financiera mayor. Pero una cosa es afirmar que el Estado debía intervenir para hacer frente a la crisis bancaria, y otra cosa es decir que la emisión de CENIS se hizo para evitar una crisis macroeconómica mayor, cuando en realidad respondió a la demanda de grupos privados y en términos onerosos, como condición de que así se levantaría el amparo que impedía liquidar el INTERBANK.

En aquellas circunstancias, la emisión de CENIS generó un riesgo macroeconómico de gran envergadura. Su emisión por parte del BCN -que mostraba una deuda de corto vencimiento, equivalente al 95% de sus reservas- difícilmente puede justificarse desde el punto de vista puramente “técnico”.

EMITIR CENIS: UNA OPCIÓN MUY CARA

Una gran interrogante continúa siendo por qué se decidió utilizar los CENIS del Banco Central -que esta institución únicamente está facultada para emitir con el objeto de llevar a cabo operaciones de “mercado abierto”- para “compensar” la brecha activos / pasivos de los bancos intervenidos y liquidados, violentando así la Constitución Política de la República y la propia Ley Orgánica del BCN, en vez de cubrir este compromiso con títulos de deuda pública a un menor costo y cumpliendo con los requisitos legales establecidos. Uno podría ir más allá y preguntarse por qué a cada paso de la ruta de este affaire se fueron cometiendo actos manifiestamente ilegales, arbitrarios e irregulares.

Emitir CENIS era una opción muy cara, porque el abuso previo de su emisión ya había saturado las carteras de los bancos y éstos sólo los tomaban a tasas de interés muy altas. Los Títulos del Tesoro (títulos de deuda pública) son de más largo plazo y menos onerosos.

UNA SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO

Además de la ilegalidad de la emisión de CENIS para cubrir la brecha activos / pasivos de los bancos liquidados, es interesante destacar que Rodrigo Vergara y Sebastián Edwards, conocidos asesores económicos externos del gobierno de Alemán y del de Bolaños, tampoco encontraron en 2001 una justificación económica convincente para este hecho.

Afirman ambos en un documento de septiembre de 2001, titulado “La política macroeconómica en Nicaragua: evaluación y opciones”: Es interesante destacar que la razón del porqué la deuda la ha emitido el BCN y no el Tesoro, parece ser el convencimiento que el BCN es más creíble entre los agentes privados. Si esto es así, el costo de la deuda emitida por el BCN es menor que si fuera emitida por el Tesoro. En nuestra opinión no parece un argumento del todo convincente. En la práctica, los bancos centrales sólo tienen el señoreaje para cubrir los intereses netos pagados por su deuda (intereses pagados por los pasivos menos recibidos por los activos). Si eso no alcanza se puede hacer un roll over de la deuda, como lo está haciendo Nicaragua. Sin embargo, para ciertos niveles de deuda y de tasa de interés, la deuda puede empezar a crecer en una trayectoria “sin límite”, lo que hace la situación insostenible.

De acuerdo con nuestro análisis el BCN estaría ya en estos momentos en dicha situación. Esto sugiere que, en definitiva, la razón por la cual los agentes privados aceptan deuda del BCN es porque saben que finalmente el Tesoro responderá. Esto es un contrasentido con sostener que los papeles del Tesoro no tendrían la misma aceptación que los del BCN.

ACEPTAR CENIS:
UNA OPCIÓN RIESGOSA

Desde el punto de vista estrictamente financiero, uno puede preguntarse por qué los bancos adquirientes aceptaron los CENIS, cuando era evidente que estaban siendo emitidos por un organismo técnicamente quebrado, como era el BCN, sometiendo así los depósitos de los ahorrantes a un enorme riesgo.

Los “inversionistas” y expertos financieros que aceptaron recibir los CENIS sabían muy bien que estaban asumiendo un elevado riesgo al “invertir” en la aceptación de papeles emitidos por el BCN, una entidad que tenía una deuda de corto plazo igual al 95% de sus reservas internacionales brutas. Exponer en una proporción tan alta sus activos a un sólo instrumento, cuyo emisor era a todas luces insolvente y adolecía de quiebra técnica, constituyó lo que en finanzas se denomina una exposición irresponsable y excesivamente riesgosa de los recursos que administran los bancos.

En este caso, la Superintendencia de Bancos (SIB) debió ejercer su papel prudencial, impidiendo que esta operación implicara la adquisición de títulos de tan alto riesgo por parte de los bancos, lo que hubiese contribuido a que esta obligación -la que hubiese que asumir legítimamente- se asumiese mediante las vías legales y no como se hizo.

¿POR QUÉ ASUMIR TAN ALTO RIESGO?

En un documento del BID de noviembre de 2002, titulado “Economías de los Países Centroamericanos y República Dominicana. Evolución y Desafíos a Largo Plazo” se lee: La regulación debe impedir que las instituciones bancarias asuman una excesiva exposición al riesgo. Como los bancos prestan fundamentalmente los dineros de sus depositantes, y sus ganancias dependen del volumen de transacciones que realizan y del margen de intermediación, ellos tienen incentivos para prestar más de lo prudente y a deudores demasiado riesgosos (quienes están dispuestos a pagar tasas de interés más altas).

La respuesta que han dado los tenedores de los CENIS de por qué los aceptaron si los emitió un organismo sin capacidad de pago, es porque confiaban que el gobierno finalmente los pagaría. Pero el gobierno también estaba sobre-endeudado, y atravesaba serios problemas fiscales en 2001. Cabe preguntarse de nuevo por qué se recurrió a emitir una deuda que desbalanceó aún más a un BCN técnicamente quebrado, generando el riesgo de una crisis aún mayor si los banqueros al final lo que esperaban era un pago del gobierno.

CENIS: UNA PRESIÓN INSOSTENIBLE

Aunque se ha alegado que la emisión de los CENIS por parte del Banco Central fue “necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica”, en realidad esta decisión implicó someter al país a la posibilidad de una crisis financiera y cambiaria aún mayor.

La Estrategia Nacional de Desarrollo presentada por el gobierno de Bolaños en 2003 reconocía que la voluminosa deuda del BCN, respaldada por las reservas de este organismo, implicaba el riesgo de una crisis de confianza cambiaria y financiera de proporciones “enormes”.

Edwards y Vergara describen así este riesgo: El elevado stock de CENIS no sólo es un problema en cuanto al costo financiero que conlleva, sino además a que siempre está el riesgo de que, por algún evento que produzca incertidumbre, simplemente no se renueve una parte importante de los vencimientos. Si es así, las Reservas Internacionales Netas (RIN) quedan en una situación de gran debilidad... Precisamente, el problema macroeconómico más inmediato que enfrenta Nicaragua es la fragilidad con la que quedan las RIN... Aunque en el pasado ha habido períodos en que han sido también bastante bajas, el problema de los CENIS es nuevo y pone una carga adicional sobre las reservas... Más aún, usar la política monetaria en forma activa para, por ejemplo, estimular la economía o rescatar a los depositantes, puede significar una presión insostenible sobre las reservas internacionales... Es necesario también solucionar el problema patrimonial que se le creó al BCN producto del rescate de la banca.

En efecto, la emisión de los CENIS por quiebras bancarias por parte del BCN, sin que en contrapartida esta entidad recibiera un flujo monetario, como hubiera correspondido, significó para este organismo financiero clave la generación de un enorme desequilibrio patrimonial: sus pasivos se expandieron de manera desproporcionada, sin ninguna contrapartida por el lado del activo. Al hacer esto, el BCN acumuló deuda de relativo corto vencimiento por un monto enorme y sin ningún respaldo por el lado de sus activos. El resultado fue la generación de un enorme riesgo sobre la estabilidad monetaria y financiera del país.

EL INSOPORTABLE PESO
DE LA DEUDA INTERNA

La emisión de los CENIS, que representó la opción más onerosa, impuso una enorme tensión sobre los equilibrios fiscales. El sector fiscal se vio enfrentado, abruptamente, a una elevación espectacular del servicio de la deuda interna: este servicio, de acuerdo a las estimaciones del FMI, aumentaría en unos $100 millones en 2002 en comparación a 2001, en otros $100 millones adicionales en 2003 y en unos $200 millones adicionales en 2004. Aunque la mayor parte de esta deuda fue contraída por el Banco Central, era imposible que éste la absorbiera sin una caída enorme en sus reservas internacionales, provocando una crisis global de todo el sistema monetario, cambiario y financiero.

Y así ha sido. El gobierno central ha visto sometidas sus finanzas a una gran tensión, ante la necesidad de generar enormes montos anuales de recursos para ser trasladados al BCN y así evitar el colapso de las reservas del BCN al momento del vencimiento de los papeles que emitió. Esto se ha hecho restringiendo de manera drástica los recursos que debían destinarse al gasto de inversión en capital humano y en otras prioridades fundamentales, en un país que requiere usar al máximo sus muy limitados recursos para hacer frente a las gigantescas necesidades sociales de la población.

Inclusive, se han tenido que destinar los recursos liberados por la condonación de la deuda externa en la Iniciativa HIPC, que debían hacerse destinado al aumento del gasto social, a hacer frente a estas enormes presiones fiscales. Y además, se han debido destinar al BCN recursos fiscales adicionales muy importantes para intentar atenuar el enorme desequilibrio patrimonial que se le creó, y así recapitalizarlo.

LOS CUATRO REQUISITOS
QUE TUVO AQUEL ACUERDO PRIVADO

Los CENIS se emitieron a la alta tasa de interés a la que se emitieron porque así lo solicitó el BANPRO para asumir el INTERBANK. En el caso del INTERBANK, la SIB se negó a aprobar ninguna de las propuestas de capitalización que hizo el INTERBANK y solicitó a un juez su liquidación, pero los accionistas del INTERBANK la detuvieron, introduciendo un recurso de amparo, de modo que el gobierno no pudo seguir con la liquidación. Entonces, los accionistas del INTERBANK negociaron un acuerdo con el BANPRO para fusionar ambos bancos y plantearon que levantarían el amparo sólo si el BCN aprobaba el acuerdo de fusión al que habían llegado con el BANPRO. La historia oficial es que este acuerdo fue presentado ante la Junta Administradora del INTERBANK para su aprobación.

Sin embargo, este acuerdo tenía requisitos expresos. Primero, que el BCN se hiciera cargo de las deudas del Grupo Centeno Roque en vez del BANPRO. Segundo, que se emitieran CENIS como garantías a favor de BANPRO, por una eventual mayor brecha entre los activos y pasivos del INTERBANK, resultante de la evaluación de la cartera de éste. Tercero, que esos CENIS se emitieran a una tasa de descuento equivalente a la de la última subasta de CENIS -tres exigencias altamente onerosas-. Y cuarto, que la cartera de créditos se valorara conjuntamente entre el BANPRO, los accionistas del INTERBANK y la SIB. Estos requisitos, obviamente, no podían ser aprobados por la Junta Administradora nombrada tras la intervención del INTERBANK.

LO QUE REALMENTE OCURRIÓ

Lo que realmente ocurrió -y lo que hasta ahora se puede probar fehacientemente que ocurrió- es que la Junta Administradora del INTERBANK, en uso de sus facultades, autorizó la adquisición del INTERBANK por el BANPRO, pero, como no podía decidir sobre los “requisitos” planteados al BCN en esta oferta, sometió la misma a la consideración del Consejo Directivo del BCN, que aprobó en pleno aceptar estos requisitos.

Existen fotos de prensa de aquella reunión del Consejo Directivo del BCN reunido en pleno con el BANPRO y con la Junta Administradora del INTERBANK. En “El Nuevo Diario” del 9 de octubre del 2000 se puede ver la noticia, donde se lee: La fusión, algunos prefieren llamarle absorción, del BANPRO al INTERBANK, fue anunciada en la sala de conferencias del Banco Central por Enrique Deshon, presidente de la hasta ayer junta directiva del banco intervenido y por Arturo Arana, también presidente de la institución adquiriente. Junto con los anunciantes estaban Xavier Bone del INTERBANK, y Ramiro Ortiz hijo, del BANPRO. El título de la noticia fue: BANPRO al rescate y fin de crisis bancaria. INTER­BANK absorbido.

QUIÉNES ESTABAN EN “LA FOTO”

Estas informaciones permitirían establecer responsabilidades a todo el Consejo Directivo del BCN sin excepción. Por autorizar una emisión de CENIS como garantía en favor de un banco adquiriente de un banco intervenido, con unas tasas de interés onerosas, emisión para la cual el Consejo Directivo del BCN no estaba facultado, e incluso, al hacerlo violentó su propia Ley Orgánica y la Constitución Política, lo que hemos argumentado y razonado en nuestro diagnóstico jurídico sobre la emisión de CENIS. Responsable, además, por atribuirse la potestad de asumir parte de las deudas de un banco intervenido, las de los hermanos Centeno Roque.

El Consejo Directivo del BCN lo integraban: Noel Ramírez (Presidente del BCN y socio de BANPRO), Esteban Duquestrada (Ministro de Hacienda y Crédito Público), Ricardo Parrales, Gilberto Cuadra, (socio de BANPRO y representante del sector privado), Silvio Conrado (representante del FSLN) y Benjamín Lanzas (representante del sector privado y familiar de la esposa del entonces presidente Arnoldo Alemán).

UNA DECISIÓN ILEGAL Y DISCRECIONAL

La decisión del Consejo Directivo del BCN impuso costos desmedidos al erario público, porque la emisión de CENIS se hizo, supuestamente, en “representación” del gobierno y a solicitud del Ministerio de Hacienda. El Ministerio se comprometía así al pago futuro de las obligaciones derivadas de la emisión de CENIS por la vía del Presupuesto General de la República. Todo esto se hizo ilegalmente, porque el BCN no puede emitir deuda pública a “solicitud” del Ministerio de Hacienda, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, y sólo está facultado para emitir CENIS para regulación de la liquidez monetaria de la economía. En esta ocasión, el Ministerio estaba cargándole al Presupuesto el pago de una deuda emitida sin soporte legal alguno.

Además, el Consejo Directivo del BCN en pleno se arrogó otra potestad, que de hecho era exclusiva de la SIB o de la Junta Liquidadora correspondiente: estableció que la cartera de créditos del INTERBANK a ser asumida por el BANPRO sería valorada exclusivamente entre el BCN y el BANPRO, en un plazo de 180 días prorrogables por 90 días más, para determinar la magnitud de la brecha que sería financiada mediante la emisión de CENIS.

No sólo se atribuía el BCN una facultad que no tiene, sino que, como agravante, en el Consejo Directivo del BCN existían miembros con intereses en el BANPRO. En su investigación periodística, dice Eloísa Ibarra: Según ex-accionistas del INTERBANK, durante la negociación privada que hicieron con BANPRO, acordaron que juntos analizarían la cartera, pero (después) BANPRO se negó y se arregló directamente con Noel Ramírez.

Esta decisión de que la cartera fuese valorada a puertas cerradas entre el BANPRO y el BCN no sólo fue ilegal, sino que pone en duda todo lo actuado. Con esta decisión ilegal y discrecional del Consejo Directivo del BCN, efectuada para responder a las exigencias de un acuerdo privado, comenzó la historia del calvario de los CENIS. Calvario, porque ha causado un continuo sufrimiento a la población, que ha pagado con sus impuestos esta deuda.

EL “HUECO” DE LOS CENTENO ROQUE
QUEBRÓ AL INTERBANK

La valoración de la cartera del INTERBANK ni siquiera se produjo. El BANPRO alegó que no solamente la cartera de los Centeno Roque era mala, sino que prácticamente toda la cartera del INTERBANK era mala, razón por la cual deberían emitirse CENIS por el valor de la casi totalidad de la cartera del INTERBANK.

No era cierto. En el caso de la cartera fraudulenta del Grupo CONSAGRA, de los hermanos Centeno Roque, de $77 millones, se produjo un “hueco”: una masa de depósitos por ese monto se quedó sin respaldo y el banco se vio imposibilitado de hacer frente a masivas obligaciones con sus cuentahabientes. Esto provocó la intervención y liquidación del banco, su quiebra.

¿POR QUÉ SI TODA LA CARTERA NO ERA MALA?

Desconocer la parte de la deuda de los Centeno Roque, que estaría “cubriendo” esa cartera, hubiera abierto un “hueco” financiero real de una magnitud similar en el BANPRO -y lo que menos deseaba nadie, menos aún el gobierno, era provocar la quiebra de otro banco- y dejar nuevamente al descubierto y sin respaldo una masa equivalente de depósitos del público, con lo que estaríamos de vuelta al punto de partida: otro banco con un “hueco’ de $77 millones.

Pero como se sabe, por el INTERBANK se emitieron CENIS no por $77 millones -equivalentes a la “cartera mala” de los Centeno-, sino por la totalidad de la cartera de créditos de ese banco, equivalente a $222 millones, casi tres veces mas que el “hueco” abierto por los Centeno Roque y sus secuaces. ¿Por qué se emitieron $222 millones por el INTERBANK, si la cartera mala que provocó su quiebra era de sólo $77 millones? ¿Por qué se hizo esto si después de intervenido el INTERBANK y nombrada la Junta Administradora, se llevó a cabo una valoración de la cartera de este banco, que mostró que la mayor parte de la misma, aparte de la de los Centeno Roque, era buena?

No hay respuesta. Sin embargo, una vez asumido el INTERBANK por el BANPRO, este banco, sin mediar valoración previa, alegó sencillamente que toda la cartera del INTERBANK era mala y que, por tanto, debían entregársele CENIS no por $77 millones, sino por $222 millones, o sea por toda la cartera del INTERBANK.

BANPRO: MUCHOS INCENTIVOS
PARA EMITIR CENIS

El BANPRO tenía todos los incentivos para demandar CENIS, en lugar de hacerse cargo de la cartera de crédito del INTERBANK. Porque los CENIS devengaban intereses mucho más elevados que los devengados por la cartera de crédito del INTERBANK. Porque, a diferencia de los intereses devengados por los créditos, los intereses devengados por los CENIS no pagan impuesto sobre la renta, de manera que su rendimiento efectivo, en comparación con el de los créditos, es mucho más elevado que lo que indicaría la sola comparación de su rendimiento nominal. Porque manejar una cartera de crédito significa asumir elevados costos administrativos para su seguimiento, administración y cobro, mientras que los CENIS no representan ningún costo administrativo. Todo esto le aseguraba a los CENIS un rendimiento efectivo mucho más alto que el de una cartera de créditos.

Además de esto, de acuerdo a la norma de “adecuación de capital”, si el BANPRO asumía la cartera de créditos del INTERBANK, hubiera tenido que aportar, de su propio capital, $22 millones, mientras que recibiendo CENIS se volvía el banco más grande y rentable del sistema financiero nacional y sin necesidad de aportar un solo centavo de su propio capital. La pregunta es sencilla: ¿Se emitieron CENIS por el INTERBANK por un monto que prácticamente triplicó el “hueco” creado por los Centeno Roque porque toda la cartera del INTERBANK era mala, o sencillamente porque se respondía así a los intereses de enriquecimiento desmedido de los que beneficiaron de este acto?

LOS OTROS CAPÍTULOS DE LA HISTORIA

La oferta, hecha desde el inicio, en el caso del INTERBANK, de que los bancos adquirientes tendrían la opción de evaluar y seleccionar la cartera que asumirían, y que para la cartera no seleccionada, o reducida en su valor, el BCN emitiría CENIS por el monto equivalente al valor del crédito o activo rechazado o por la provisión establecida para el crédito reclasificado, generó un incentivo perverso, que desnaturalizó todo el proceso. Porque, obviamente, los bancos que absorbieron a los bancos liquidados tenían todos los incentivos para rechazar las carteras de préstamos y demandar CENIS.

A partir de aquel momento, vinieron otros capítulos de esta historia: la de los activos y préstamos rechazados, y la de la reclasificación de la cartera de préstamos. Todo turbio en estos otros capítulos de la historia porque los CENIS carecieron desde su emisión, pasando por su “reclasificación”, su “recompra” y la denominada subasta -por vía puramente administrativa y a puertas cerradas- de manifiesta y total ilegalidad.

TODO EL PROCESO FUE
A PUERTAS CERRADAS

Cabe preguntarse por qué se decidió manejar cada paso, sin excepción, del proceso que condujo a la emisión de los CENIS y a su subasta, con procedimientos por encima de las leyes. La respuesta es clara: porque la vía puramente administrativa facilitaba el grado de discrecionalidad y el manejo expedito, sigiloso y oculto necesario para que, en cada paso, se favorecieran los intereses de los bancos adquirientes y los de los funcionarios allegados, sin exponer el proceso al escrutinio público, ni al de nadie más.

Todo el proceso se desarrolló sin requerir más que decisiones administrativas, que se adoptaron y se tramitaron a puertas cerradas, la mayoría de las cuales pasó desapercibida y no llegará siquiera a conocerse jamás. De no ser por la incansable investigación de la periodista de “El Nuevo Diario” Eloísa Ibarra, posiblemente nunca hubiésemos sabido todo lo que hoy sabemos.

ESTABA EN MANOS DEL FSLN Y NADA HIZO

En su discurso del 11 de enero de 2008, ante la Asamblea Nacional, el Presidente Ortega recordó que los autores de la operación de los CENIS violentaron la Ley Orgánica del Banco Central, que no les daba facultades para cubrir la quiebra de los bancos privados. Y anunció que su gobierno no continuaría pagando a la banca privada los CENIS afirmando que su emisión significó un acto delincuencial.

Pero, desde antes de convertirse en gobierno, el FSLN tuvo en sus manos la posibilidad de resolver definitivamente el problema de la legalidad de los CENIS. La influencia del Presidente Ortega en la Corte Suprema de Justicia -que actualmente ya ni siquiera se trata de ocultar- le daba ese poder. Bastaría haber solicitado a los magistrados de la Corte que emitieran una resolución, en estricto apego a la Ley, sobre los recursos de amparo interpuestos en contra de la Resolución de la Contraloría que en 2005 declaró nula la emisión de los CENIS, para que la ilegalidad de los CENIS quedara establecida.

Estaba en manos del gobierno del presidente Ortega analizar los actos irregulares y fraudulentos que rodearon la emisión de los CENIS y que han determinado un enorme daño patrimonial al Estado imponiéndole un costo desmedido a la población. A la población costeña, por ejemplo. En los meses que siguieron al paso del huracán Félix por el Caribe Norte, el pago de los CENIS privó al gobierno de recursos indispensables para atender la emergencia de decenas de miles de afectados.

UNA AUDITORÍA LO ACLARARÍA

El gobierno debería haber planteado a los tenedores de CENIS que, aunque carecen de todo valor legal, por responsabilidad reconocería como deuda pública exclusivamente la parte de la deuda que pueda demostrarse que, en efecto, respaldó depósitos.

Esto podría comprobarse. Mediante una auditoría de quince días o de un mes a la cartera del INTERBANK podría comprobarse si en el caso del INTERBANK se emitieron CENIS de manera fraudulenta a favor del BANPRO, por el triple de lo que se debió haber emitido. Si así se comprobara, el BANPRO -al cual ya se le pagaron mucho más que los $77 millones- debería devolver el exceso que se le pagó, y debería reducirse a cero el saldo por pagarle de dicha “deuda”.

Hay que tener en cuenta que el saldo de la “deuda” con el BANPRO por concepto de los CENIS es más del 80% del saldo total que resta por pagar. Si resultase -es dudoso- que todavía resta un monto de CENIS por pagar, la auditoría debería demostrar que efectivamente ese monto está respaldando depósitos. En ese caso, ese monto restante se reconocería como deuda pública, a través de títulos emitidos legalmente, pero a pagar a 30 años de plazo y a la tasa de interés internacional, que esta bajando mucho.
Todo esto, sin que falte la investigación en materia penal. Porque una cosa es asumir responsablemente una deuda que se demuestre respaldó depósitos, y otra que un banquero y sus cómplices evadan sus responsabilidades penales.

SERÍA UNA SOLUCIÓN
PERO HAY UN EMBROLLO

De esta manera, se resolvería definitivamente el problema legal, se restauraría plenamente el daño patrimonial causado, se resolvería la carga de esta deuda, y se reconocería lo que, de manera responsable, haya que reconocer. Sin embargo, esta auditoría nunca ha querido hacerse y no existe justificación alguna para que no se haya hecho. Más bien, los banqueros que deben ser investigados porque se beneficiaron con los CENIS han pasado actualmente a ser negociadores con sus investigadores en la “renegociación” planteada por el gobierno del presidente Ortega y llevada adelante por el presidente del BCN, Antenor Rosales.

Teniendo en sus manos todos los instrumentos para resolver esta deuda apegado a Derecho, el presidente Ortega parece haber preferido mantener los problemas fundamentales de los CENIS irresueltos, creando con sus declaraciones contradictorias, y con las contradictorias declaraciones de sus funcionarios, un embrollo impresionante, con el resultado de que, a fin de cuentas, se ha vuelto a reconocer esta deuda, “renegociándola”, como una deuda que debe ser “honrada”.

GOBIERNO: UN MANEJO DUAL

El manejo de este caso por parte del gobierno ha sido dual. En su relación con los grandes grupos económicos tenedores de estos títulos, el gobierno trata esta deuda como si fuese plenamente legal y bienhabida, presumiendo que todo lo actuado fue legal y, por tanto, declara que se “honrará” el compromiso de pagarla, lo que significa terminar de materializar el robo. Pareciera que los intereses políticos personales del Presidente Ortega no coinciden con el interés público.

El Presidente también ha argumentado que está obligado a pagar los CENIS para no verse confrontado con el “capitalismo global”. Pienso que era diez mil veces más probable verse enfrentado al “capitalismo global” al intervenir los tanques de la ESSO en Corinto, que por una mísera deuda de un mísero país con unos míseros bancos criollos, deuda que es relativamente fácil demostrar que resultó de un fraude y de actos de corrupción.

En contraste con estos discursos, la investigación penal que el gobierno lleva a cabo de manera paralela, creando una Comisión interinstitucional, se basa enteramente en la presunción de que todo lo actuado en el caso de los CENIS fue totalmente ilegal. Aún no logra probar nada. ¿Dejará el gobierno a la Corte Suprema la tarea de volver a usar su insondable “creatividad” jurídica, para “conciliar” al final los dos “manejos” contrapuestos del caso?

¿PERDERÍA NICARAGUA CREDIBILIDAD?

Un “argumento” con el que el gobierno declara que se debe “honrar” a toda costa esta deuda es el de la “perdida de credibilidad”. Pero, ¿cómo es posible que para tener “credibilidad” en los títulos que emite y busca colocar el gobierno, que alcanzan un monto de $45 millones al año, haya que pagar en efectivo, y a cualquier costo, $200 millones al año a quienes son ya los más ricos del país?

Llevando al extremo el argumento, si se dejasen de pagar los $200 millones y por esa razón el gobierno perdiera “credibilidad” y, por tanto, no lograra colocar esos $45 millones en nuevos títulos de deuda, el resultado sería positivo: en vez de perder, el gobierno tendría un ahorro neto de $155 millones anuales por lo menos: los 200 que dejaría de pagar menos los 45 que dejaría de colocar. ¿A quiénes beneficiará entonce el “negocio” de “mantener la credibilidad”?

SO TODO FUE ILEGAL HAY MÁS RESPONSABLES

Si lo actuado fue legal, no hay delito que perseguir: incluso la “renegociacion” que encabezó Eduardo Montealegre, a quien se le acusa de haber cometido el hecho delictivo de renegociar una deuda ilegal, no sería más que el “refi¬nan¬ciamiento voluntario” de una deuda legítima y legal, y no habría ningún delito que perseguir.

En cambio, si Montealegre renegoció una deuda ilegal, entonces sí habría delito, pero no sólo lo habría cometido Montealegre, sino todos los demás implicados. A no ser que no se trate de esclarecer seriamente responsabilidades, sino que el objetivo del gobierno sea utilizar esta investigación únicamente como instrumento de presión y de amenaza contra sus adversarios políticos. Si Eduardo Montealegre cometió un delito al renegociar una deuda ilegal, exactamente el mismo delito estaría cometiendo el equipo de gobierno que ha estado buscando “refinanciar” esa deuda ilegal.

Los funcionarios más cercanos al Presidente Ortega conocen perfectamente la capacidad que le otorga al Estado la situación de ilegalidad de esta deuda. Y lo más probable es que el Presidente, más que el temor a un enfrentamiento con el “capitalismo global” tema enfrentar las presiones y compromisos adquiridos con los poderosos grupos que detentan estas deudas.

En conclusión, el gobierno de Nicaragua ha perdido otra oportunidad de resolver correctamente, a fondo y de manera definitiva, y en beneficio de los intereses públicos, el caso de los CENIS. Su empeño manifiesto ha sido convertir este asunto en un expediente para ejercer presión y amenazas políticas.

ECONOMISTA DE LA COORDINADORA CIVIL.
EDICIÓN DE ENVÍO.

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