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  Número 310 | Enero 2008
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Nicaragua

Un Decálogo en defensa de la libertad de expresión

El 10 de enero, al conmemorarse el 30 aniversario del crimen que le quitó la vida a Pedro Joaquín Chamorro, su hijo, el periodista Carlos Fernando Chamorro, leyó, en el lugar del magnicidio, acompañado de sus hermanos y de personalidades de la política y la cultura de nuestro país, una “Declaración en Defensa de la Libertad de Expresión” que recoge ejemplos de la coherencia entre el pensamiento y la acción del Mártir de las Libertades Públicas y propone principios y reflexiones para un Decálogo en defensa de la libertad de expresión. La revista Envío respalda estos principios, comparte estas reflexiones y se compromete con este Decálogo.

Fundación Violeta Barrios de Chamorro

“Mientras haya una máquina de escribir, un papel, un micrófono, una plaza pública, un balcón o espacio para hablar, aunque sea en la celda de una cárcel, seguiremos denunciando a los inmorales, especialmente cuando trafican con la necesidad social de los más pobres. Ésa es la razón principal de nuestra existencia, como hombres, como periodistas y como ciudadanos”. (Frente a un atraco que llaman Ley, La Prensa, 28 de septiembre de 1973).

Así pensaba Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. A treinta años de su magnicidio, invocamos hoy la vigencia de su ideario pluralista, y la coherencia entre su pensamiento y su acción, que fue sellada con el sacrificio.

Un ideario sostenido durante más de tres décadas de una práctica política valiente y honesta, entrelazadas con una fecunda labor periodística, que inició en 1948 al incorporarse al diario “La Prensa”. Entonces proclamó en un editorial titulado: Al servicio de la verdad y la justicia:

“Censuras, suspensiones, cierres, posiciones y destierros han servido sólo para superar las etapas críticas, reanudando con ánimo inquebrantable el trabajo diario y la labor perentoria de crear día a día durante todas las semanas de los meses del calendario un órgano que represente exactamente y en vivo el carácter de nuestro pueblo, de acuerdo con el pensamiento, la realidad y la esperanza del pueblo nicaragüense”. (La Prensa de Nicaragua es el papel moneda de la verdad y la voz justiciera del pueblo al cual servimos. La Prensa, 1948).

En 1954, al celebrar los primeros veintiocho años de “La Prensa”, advirtió premonitoriamente: “Los hombres pasan y se terminan; las ideas se eternizan en la conciencia de las generaciones. Se puede a veces maniatar y hasta privar de la vida a quienes hacen los periódicos; pero siempre que esto sucede surgen otros hombres nuevos que ligados a la idea primitiva van haciendo una gigantesca cadena de pensamientos que al fin termina por ahogar toda actitud que no está fundada en la libertad, en el bien de la República, y en los imperativos categóricos de la moral, los cuales pueden ciertamente oscurecerse por mucho tiempo, pero no eternamente. Pero la justicia, la verdad y la narración verídica de lo que ocurrió en nuestra época, seguirá martillando las conciencias de los ciudadanos de entonces, desde el mismo lugar, y con la misma fuerza”. (Veintiocho años de La Prensa, 3 de marzo de 1954).

En 1962, durante un homenaje que le tributaron, pronunció un discurso que tituló “Mi mayor ambición es seguir siendo periodista”. Y decía: “En este homenaje se rinde tributo no a un hombre, sino a la primera de todas las libertades, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Están aquí porque desean respaldar al periodista que lleva escrito en el alma y en el cuerpo el gran reportaje de todos estos años de lucha. De lucha contra la corrupción, contra el robo, contra la injusticia, contra la opresión, un reportaje que se sigue haciendo y produciendo como la vida misma, el reportaje de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. Un reportaje que se hace a través de la libertad de expresión, la primera de todas, porque sin ella no hay libertad de acción política, ni libertad de asociación sindical, ni libertad de reunión, ni libertad electoral”. (La Prensa, 12 de febrero de 1962).

En 1973, en un editorial sobre los pactos libero-coservadores entre Agüero y Somoza titulado “Ni con los unos, ni con los otros” proclamó: “Nuestro país necesita otra alternativa diferente a la creada por el pactismo, y si es verdad que en estos días lo más urgente es la comida, el agua, la luz, el trabajo, la atención a los damnificados, también es cierto que no se puede dejar de pensar en la expectativa futura de un libre juego democrático cuyas bases deben irse planificando con calma y firmeza, para hacer una Nicaragua sin damnificados permanentes. No estuvimos con los pactistas de ayer porque creíamos que su acción no convenía al país, y tampoco podemos estar con los pactistas de hoy (sucesores de los otros) porque nuestra posición se deriva de una interpretación recta del bien común, de la política como instrumento para lograr el progreso y la paz verdadera del pueblo, y jamás simples consideraciones personales”. (La Prensa, 9 de marzo de 1973).

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal jamás ostentó un cargo público, ni aceptó recibir alguna prebenda del Estado. Pero fue el más celoso defensor de la probidad pública, demandando el uso correcto y transparente de los dineros del pueblo. En 1976, al pronunciarse sobre la proyección política y social de La Prensa escribió: “La Prensa, sin cerrar sus páginas a quienes discrepan de sus tesis, y aún a los críticos acervos de ella, ha considerado, como indispensable para la liberación integral del individuo, la erradicación del sistema dinástico en el poder público, proponiendo siempre sustituir la dictadura familiar de ahora, por un régimen democrático y pluralista, donde tanto los gremios de producción, como los núcleos profesionales o empresariales, y los obreros organizados, tengan participación en las decisiones de gobierno, y se logre, en forma ordenada y pacífica, una más justa distribución de la riqueza.” (Un manifiesto de cultura y libertad, La Prensa, 1 de marzo de 1976).

Y en uno de sus últimos discursos pronunciado en noviembre de 1977, definió la unidad del pueblo en los siguientes términos:

“Unidad para luchar por la justicia. Unidad para luchar por la libertad. Unidad para iniciar un proceso de democratización que abra camino a transformaciones estructurales en base a las cuales establecer un régimen de democracia política, de justicia económica y social, y de efectiva independencia externa de nuestra Patria. Y la unidad, la unidad de todo el pueblo, de todos sus sectores políticos, económicos y sociales, para luchar por la democratización de Nicaragua, es el mandato de nuestra historia y la exigencia apremiante de las circunstancias que vive el país. La unidad es un mandato de la historia porque ella enseña que la dictadura dinástica se ha fortalecido y perpetuado por nuestras divisiones. Y la unidad es una exigencia apremiante de las circunstancias que vive el país porque estamos enfrentados, aquí y ahora, con más posibilidades que nunca, a resolver el futuro de Nicaragua entre la alternativa dramática de la dictadura o la alternativa llena de esperanza de la democracia”.

Así pensaba Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Y en consecuencia a ese pensamiento, luchó hasta el último día de su vida, para erradicar la dictadura somocista y lograr la democratización de Nicaragua.

A treinta años del asesinato del Mártir de las Libertades Públicas, presentamos a la Nación el siguiente decálogo de principios, reflexiones y propuestas, para construir y enriquecer, con la participación de todos, una agenda nacional en defensa de la libertad:

PRIMERO

Reafirmamos que la libertad de expresión no es una dádiva del gobierno, pero tampoco es patrimonio exclusivo de los medios de comunicación y los periodistas.Representa un derecho humano universal, consignado en nuestra Constitución. Un derecho ciudadano conquistado por la lucha del pueblo y sellado con su sangre y, por lo tanto, estamos moralmente obligados a defenderlo a cualquier costo.

Proclamamos con Pedro Joaquín Chamorro Cardenal que la libertad de expresión es el sustrato básico sobre el cual se asientan todas las otras libertades y derechos fundamentales de la persona humana y, por lo tanto, representa el fundamento del estado de derecho. Y en este 10 de enero, convocamos a todos los ciudadanos, sin distingo de color político, a reivindicar este derecho como propio, a ejercerlo y defenderlo Sin temores ni vacilaciones.

SEGUNDO

Al cumplirse el primer año de gobierno del Presidente Daniel Ortega, constatamos con preocupación que en Nicaragua hoy hay más pobreza y desempleo y menos libertad. Observamos un grave deterioro del clima para el ejercicio de la libertad de expresión.

Contrariando sus promesas de tolerancia y reconciliación nacional, el Presidente Ortega ha hecho una práctica de su estilo de gobierno el atacar de forma virulenta a periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que fiscalizan su gestión de gobierno. Estas amenazas representan una expresión de intolerancia extrema ante las críticas, y además constituyen una peligrosa incitación a la violencia de parte de sus partidarios.

Por ello, demandamos al Presidente cesar sus ataques, y convocamos a todas las fuerzas vivas de la nación a practicar la solidaridad, para que prevalezca el principio de cero tolerancia contra cualquier agresión directa o indirecta a la libertad de expresión, a las libertades públicas, y a la institucionalidad democrática.

TERCERO

La política de secretismo informativo y centralización de la información pública, institucionalizada desde el Ejecutivo, es contraria a cualquier práctica democrática, y más aún, a la que se jacta de promover la democracia directa. No se puede luchar de forma efectiva contra la pobreza bajo un esquema de secretismo gubernamental. No se pueden enfrentar con éxito las tragedias naturales ni el hambre, sin libre flujo de información. No se puede apuntalar la participación ciudadana cuando los ciudadanos carecen de información sobre el proceso de toma de decisiones públicas, o se les excluye por razones de sectarismo político.

No se puede promover la democracia, cuando el poder se niega al debate público, y pretende imponer el monólogo como norma. Por ello, demandamos que se establezca una relación libre y profesional entre los funcionarios del gobierno y los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Que cesen las represalias a los funcionarios públicos que intentan cumplir con su obligación de informar. Y que desaparezcan las listas negras de medios y periodistas vetados en el acceso a la información pública.

CUARTO

La entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública representa un avance institucional importante para promover una cultura de transparencia en el sector público. Esta ley constituye una conquista ciudadana, resultado de una gestión sostenida de una coalición de organizaciones de la sociedad civil. A pesar de las resistencias introducidas por algunos diputados de la Asamblea Nacional, que pretendían usar la ley para regular el ejercicio del periodismo, la ley provee a ciudadanos y periodistas de nuevos instrumentos legales para fortalecer su capacidad de acceso a la información pública. Sin embargo, aún no ha llegado la hora de la verdad para demostrar si existe voluntad política de parte del gobierno para aplicar la ley de forma rigurosa.

El gobierno debería dar el primer paso publicando el reglamento de la ley y dotando a las instancias públicas de recursos para que cumplan con su obligación legal. Pero en última instancia, le corresponde a los ciudadanos y sus organizaciones, a los gremios, a los periodistas y a los medios de comunicación, poner a prueba la voluntad política del Estado en la aplicación de la ley.

QUINTO

Constatamos que el gobierno del Presidente Ortega mantiene una política discriminatoria en materia de asignación de la publicidad oficial. Contrario a los principios de la Declaración de Chapultepec, que suscribió el entonces candidato Ortega en el año 2001, la publicidad estatal continúa siendo utilizada como un instrumento para premiar o castigar a medios y periodistas.

Mientras en otras naciones como Argentina, la Corte Suprema de Justicia estableció en septiembre del año pasado el precedente continental de considerar “censura indirecta” la discriminación de la publicidad oficial contra un medio de comunicación, aquí el Presidente se burla hasta de sus mismas promesas ofrecidas al Colegio de Periodistas, y los recursos del Estado, que supuestamente deberían estar destinados a promover campañas de comunicación social, se concentran en promover el culto a la personalidad del gobernante y a fomentar la confusión Estado-partido a través de los medios oficiales.

SEXTO

Los medios de comunicación, en su condición de empresas, tienen la obligación de cumplir con todo lo establecido por las leyes y la Constitución, sin ser objeto de ninguna clase de favoritismo. Pero constituye una práctica antidemocrática, por parte del Estado y la clase política, instrumentalizar las leyes para imponer represalias contra los medios, utilizando de forma discrecional las instancias tributarias, aduaneras, de telecomunicaciones, o de cualquier otra índole.

Por ello, exhortamos a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse y fallar sobre los recursos legales interpuestos en contra de la llamada “Ley Arce”, respetando los preceptos constitucionales.

Asimismo, instamos a los diputados de la Asamblea Nacional, a legislar en materia de telecomunicaciones, para establecer un procedimiento transparente de asignación y renovación de las frecuencias radioeléctricas, que elimine la discrecionalidad política del Estado y brinde estabilidad a los medios de comunicación electrónicos. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen una responsabilidad histórica para priorizar la discusión y aprobación de los proyectos de ley que han sido presentados en defensa de la libertad de expresión.

SÉPTIMO

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de contribuir al ensanchamiento de la democracia. Como decía Pedro Joaquín Chamorro Cardenal: “La libertad de prensa es necesaria, pero no es suficiente para establecer un régimen democrático”. Se necesita, además, pluralismo político, elecciones libres y transparentes, un verdadero estado de derecho, control ciudadano sobre los gobernantes y rendición de cuentas, y sobre todo, un régimen permanente de ampliación de los derechos ciudadanos. La labor de los medios en la construcción democrática no radica en pretender sustituir a los partidos políticos, a los tribunales de justicia, a la contraloría o a la policía, sino en ejercer una labor crítica y en contribuir a la modernización de estas instituciones, para que cumplan cabalmente sus funciones. Pero para ser coherentes con la promoción de la democracia, los medios deberían propiciar, en su fuero interno, normas de conducta, reglas y códigos de ética que promuevan prácticas y valores democráticos.

OCTAVO

En Nicaragua los periodistas y los medios de comunicación gozan de alta credibilidad en comparación con otras instituciones del Estado. En buena medida, esto es el resultado de su labor de denuncia, como una especie de válvula de escape al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, resulta preocupante el abuso que cometen algunos medios que practican la llamada “nota roja” en el tratamiento de la violencia, y el irrespeto recurrente a los derechos de la niñez, la discriminación contra la mujer, y flagrantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Es imperativo concertar un acuerdo de autorregulación ética entre los medios para restablecer su credibilidad. Su mejor defensa ante los acosos del poder, consiste en una prensa creíble y responsable ante los ciudadanos. En consecuencia, exhortamos a la ciudadanía a ejercer una vigilancia crítica sobre los medios, para institucionalizar una cultura de debate y rendición de cuentas.

NOVENO

A pesar de la política secretista del gobierno, durante este primer año de gobierno del Presidente Ortega, los periodistas, los medios, y las organizaciones de la sociedad civil, han jugado un papel crucial en las investigaciones sobre corrupción pública y defensa de los derechos ciudadanos. Es cierto que cada vez que se denuncia un atropello o se demanda transparencia, el gobierno responde con agresiones, calumnias, campañas de descalificación, y hasta se han producido casos de hostigamiento físico contra periodistas. Pero también es cierto que el periodismo nacional se ha mantenido firme y unido, haciendo fracasar las políticas de intimidación oficial. En ese compromiso en defensa de la libertad no hay retroceso posible. Y hoy 10 de enero, llamamos a renovar ese compromiso, como el mejor homenaje que se puede brindar a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro.

DÉCIMO

Nicaragua atraviesa por una grave crisis institucional, que amenaza con desbordarse en un empeoramiento de la situación económica y social del país. La crisis del estado de derecho provocada por el irrespeto a la ley de parte del Presidente de la República y su instrumentalización del Poder Judicial, representan la más grave amenaza para las condiciones de pobreza y desempleo que padecen la mayoría de los nicaraguenses. Porque sin estado de derecho no hay salida económica posible. Sin estado de derecho no hay democracia viable.
Sin estado de derecho no hay posibilidades de más inversión, generación de empleo y superacion de la pobreza. Sin estado de derecho está amenazada la libertad de expresión, y no hay garantías de respeto a los derechos ciudadanos.
Y sin estado de derecho, todo el discurso oficial de la democracia directa queda vaciado de contenido, reducido a pura demagogia.

La existencia o no de un estado de derecho, marca la diferencia entre la democracia y el autoritarismo. Entre la república de ciudadanos libres que soñó y por la que luchó Pedro Joaquín Chamorro, y la dictadura, que otra vez se quiere imponer en el país. Por eso, hoy 10 de enero, a treinta anos del magnicidio, nuevamente estamos convocados a proclamar, con Pedro Joaquín Chamorro: ¡Nicaragua volverá a ser República!

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