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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 307 | Octubre 2007
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México

Partidocracia vs. mediocracia: importante escaramuza

Al más puro estilo gangsteril, los poderes mediáticos, al frente de ellos el duopolio Televisa y Televisión Azteca, intentaron impedir una reforma electoral que cercena las jugosas ganancias de los medios en las campañas electorales. La partidocracia ganó esta vez.Ha comenzado a cambiar la relación entre medios, dinero y partidos, pero queda pendiente un desafío mayor: cambiar la relación entre los partidos y la ciudadanía.

Jorge Alonso

Al preguntarse qué diría Aristóteles si examinara la mayoría de los gobiernos actuales, Atilio Borón responde que, ciertamente, no los calificaría de democracias, sino de oligarquías o plutocracias. En México hemos tenido varias transiciones, pero la democracia se aún encuentra lejana. Intermitentemente, un complejo y plural movimiento cívico ha hecho su aparición reclamando el respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y culturales y poco a poco ha ido arrancando algunas conquistas que pronto han sufrido reversiones. Y ahí estamos.

CÓMO LLEGAMOS A ESTO

El movimiento cívico -los movimientos cívicos- se han topado siempre con los partidos políticos y con los medios electrónicos de comunicación. Su primera meta fue terminar con el autoritarismo del régimen de partido de Estado. Cuando el PRI tenía la Presidencia de la República, los medios electrónicos se ponían a su servicio e impedían la presencia mediática de las oposiciones. El organismo electoral era una extensión burocrática de ese partido. La alianza del movimiento cívico con los partidos de oposición consiguió liberar del dominio del partido de Estado, en un primer momento su predominio en el Poder Legislativo federal, y en el año 2000 la Presidencia de la República. En esta lucha, una conquista previa fue conseguir la autonomía del organismo electoral. Desde entonces, el Poder Ejecutivo tuvo que dejar el control de la organización de los comicios.

Con el declive del presidencialismo vino el auge de la partidocracia. Fuera de un breve lapso, en que el organismo electoral fue dirigido por consejeros ciudadanos, los partidos integraron pronto la cúpula de esa instancia con cuotas partidizadas. El colmo se dio en la elección presidencial de 2006, cuando desde las oficinas presidenciales fue contratada una telefonía especial que mantenía conectada a la Presidencia con los consejeros electorales. Para entonces, la partidización del órgano electoral había quedado circunscrita al partido del gobierno y al partido aliado, el conformado por el corporativismo magisterial, el PAN-PRI.

Por su parte, los medios electrónicos de comunicación fueron conformándose en una mediocracia que supeditaba a la partidocracia. El modelo electoral llevó a que dinero y medios fueran los dos factores para poder ganar elecciones. Los partidos y sus candidatos tenían que negociar en condiciones humillantes una costosa inserción en las pantallas televisivas. Esto los llevaba a acopiarse muchos recursos públicos y a negociar con los adinerados inmensos recursos legales e ilegales. Después, quienes ganaban, gobernaban y legislaban atados a los intereses de los poderes fácticos del dinero y de los medios.

DOS REFORMAS ELECTORALES:
DESDE ABAJO Y DESDE ARRIBA

México no puede permitirse repetir un proceso electoral tan cuestionado como el presidencial de 2006. Como es urgente acordar una reforma electoral, el movimiento cívico -reactivado en el proceso electoral de 2006- se manifestó en torno a la discusión de esa reforma. A principios de agosto de 2007 el denominado Comité Conciudadano difundió un libro que contenía el documento de trabajo de una propuesta puntualizada de reforma electoral.

Este agrupamiento es una red de especialistas en materia electoral y de grupos cívicos de la capital del país y de diversos estados. Entre otros puntos, proponen que la elección de los consejeros electorales se haga por medio de un procedimiento público y transparente que incluya una convocatoria en la que las organizaciones de la sociedad civil, grupos ciudadanos, instituciones académicas y público en general propongan candidatos. Exige reducir drásticamente el financiamiento de los partidos y en el tema de las campañas propone terminar con los spots y privilegiar los debates.

Por su parte, y a finales de agosto, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión hizo pública su propuesta de reformas constitucionales en materia electoral. Habiendo analizado ese documento, el Comité Conciudadano dio una conferencia de prensa en la que reconoció que la propuesta de los legisladores tenía algunos avances: regulación de las pre-campañas, disminución de los tiempos de campañas, eliminación del secreto bancario para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, prohibición de que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales hagan publicidad gubernamental mencionando nombres, imágenes y símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Y también, facultad del organismo electoral para sancionar a partidos, agrupaciones políticas, personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, que infrinjan las disposiciones legales en materia electoral.

El Comité Conciudadano manifestó también que había importantes retrocesos en la propuesta. Expresó su preocupación por la poca transparencia del proceso seguido por el Congreso y los tres partidos políticos mayoritarios para negociar acuerdos, pues no habían incluido planteamientos centrales provenientes de diversas voces de la sociedad civil. Hizo ver que no había una reducción significativa en el financiamiento de los partidos. Lamentó que el tema de la ciudadanización del proceso de elección de miembros del Consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE), magistrados y fiscal especial para delitos electorales, hubiera quedado fuera. Y criticó que se mantuviera tan alto el salario de los consejeros.

El 5 de septiembre se presentó en el Senado un pre-dictamen de reforma electoral. Resaltaba la prohibición a los partidos políticos de gastar recursos para pagar spots y programas de radio y televisión. La publicidad de las campañas electorales sólo podría transmitirse en tiempos oficiales y de Estado, y el IFE se convertiría en autoridad única para la administración de esos tiempos. La reforma implicaba también la prohibición a ciudadanos o empresas para contratar o difundir mensajes que pudieran influir a favor o en contra de los partidos y candidatos. La Comisión de Fiscalización del IFE había calculado que en 2006 los partidos gastaron 2 mil 457 millones de pesos en radio y televisión. Esto, sin contar los 281 mil spots que los partidos no habían reportado ni el enorme gasto mediático de las pre-campañas.

CONSEJEROS ELECTORALES:
¿SE VAN O SE QUEDAN?

Perder tan jugosos ingresos -equivalentes al 70% de los abultados ingresos partidistas- enervó a las televisoras, que atacaron a los partidos acusándolos de querer quebrantar la autonomía del organismo electoral al intentar remover a los consejeros. Éste era un punto en el que los partidos todavía no habían llegado a un acuerdo.

La discusión pública volvió a los argumentos esgrimidos a favor y en contra desde meses antes. El Presidente del IFE defendió mediáticamente su puesto, aduciendo que si lo quitaban se estaría reconociendo que las elecciones presidenciales habían sido fraudulentas. El PRI y el PRD concordaban en que el Presidente del organismo electoral no podía proseguir. Mientras el PRD exigía que se fueran todos los consejeros, el PRI aceptaba que algunos pudieran quedarse. El PAN elevó mucho el precio político del recambio de los consejeros. Se mostraba renuente a aceptar la remoción. Ante esto, el PRI adujo que la cerrada defensa del panismo mostraba que los consejeros servían a un partido.
La escritora Denise Dresser sintetizó las razones por las cuales se debía cambiar a los consejeros electorales.

Recalcó que el IFE no puede cumplir su papel de árbitro electoral si no cuenta con la confianza de los partidos cuyo comportamiento regula. Sostuvo que la confianza en estas autoridades la habían minado eventos como la cuestionable integración del Consejo General del IFE en 2003 y los errores y omisiones que los mismos consejeros cometieron antes y después de la elección presidencial. Esos errores habían tenido un impacto decisivo y negativo.

El ex-consejero Jaime Cárdenas escribió que los órganos electorales federales del país se encontraban en una grave crisis de credibilidad. Destacó que la queja priísta de que no existía pluralidad en el IFE y de que prevalecía un control por parte de una de las fuerzas políticas tenía fundamento. La solución sería una reforma constitucional y legal que diseñara instituciones con más competencia y transparencia. El periódico “El Universal”, en su sección editorial, apuntó que los consejeros del IFE no debían ser parte del problema, sino de su solución, y que debían anteponer el bienestar institucional por sobre cualquier interés personal. Sostuvo que la pérdida de credibilidad y de confianza que afecta al aparato electoral era una poderosa razón para reforzar la idea del recambio total de consejeros.

REACCIONA EL DUOPOLIO
TELEVISA Y TELEVISIÓN AZTECA

Los poderes fácticos de los grandes medios de comunicación electrónicos y las cúpulas empresariales vieron en la reforma electoral una disminución de sus ganancias y tomaron como pretexto la discusión sobre la remoción de los consejeros para tratar de impedir que la reforma prosperara. Al más puro estilo gangsteril trataron de intimidar a los legisladores amenazando con destruir -por omisión o por ataques mediáticos- sus imágenes políticas. El Senado condenó los ataques contra legisladores de las televisoras y de algunas estaciones radiales.

El periódico “La Jornada” señaló que el poder de facto de la televisión y la radio comerciales desataba una campaña de hostigamiento, presiones, amenazas y chantajes contra los legisladores federales y, con una cruzada de desinformación, envenenaba a la opinión pública. Denunció que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) -encabezada por el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca)- presentándose falsamente como portavoz de “los mexicanos” se había pronunciado contra la necesaria remoción de los consejeros del IFE, a pesar de que esos consejeros, con su actuación turbia y parcial, habían llevado al organismo electoral a una sima de desprestigio. El articulista René Delgado precisó que quienes creían que sostener a los consejeros en su puesto era defender la institución, lo que hacían en realidad era participar en el juego de las televisoras para impedir una necesaria reforma electoral.

RESISTIENDO LA PRESIÓN
DE LOS MEDIOS

Ante tan intenso debate público, el Comité Conciudadano lanzó otro comunicado el 10 de septiembre. Una vez más, demandó al Congreso de la Unión que considerara la pertinencia de modificar sustancialmente el método de elección de los consejeros, asegurándole un verdadero carácter ciudadano a la autoridad electoral, pues existía el riesgo de que se repitieran las lamentables consecuencias derivadas de la ilegitimidad con que había nacido el árbitro electoral organizador de las elecciones del 2006. El Comité exigió que la remoción de los consejeros electorales se realizara de manera institucional, al margen de cualquier tipo de negociación que implicara compromisos y arreglos oscuros, otra vez, de espaldas a la Nación y en perjuicio del erario público.

El Comité expresó su más amplio apoyo a la propuesta de reforma constitucional, que significaba el establecimiento de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de comunicación y rechazó las presiones de los medios de comunicación electrónica, arropados en la discusión sobre la renovación del Consejo General para defender sus intereses económicos. Sostuvo que la emancipación de los partidos políticos del poder de los medios de comunicación marcaría una reforma profunda que sólo cobraría sentido en la medida que representara procesos democráticos austeros y congruentes con la realidad de México. Quejándose de que la meta de la austeridad no apareciera materializada en la propuesta de reforma constitucional, volvió a sintetizar su propuesta para hacer menos oneroso el costo de la vida política mexicana y recordó que el Comité había presentado una propuesta de reforma electoral que incluía muchos aspectos no atendidos por los legisladores.

¿EN RIESGO
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Siguieron los estira y afloja y las presiones de las televisoras y la CIRT. El 10 de septiembre, se presentó en el senado un nuevo pre-dictamen con algunas modificaciones al de cinco días antes. Se aclaraba que las modificaciones implicaban un nuevo modelo de comunicación entre los partidos y la sociedad, que se fundaba en el uso exclusivo de los tiempos de los que disponía el Estado en radio y televisión. Se suspendía la propaganda gubernamental de todo tipo durante las campañas electorales. El organismo electoral tenía facultades para sancionar a quienes, usando indebidamente su poder económico o su influencia en los medios de comunicación, pretendieran influir sobre los electores para favorecer o perjudicar a determinados partidos o candidatos.

El Senado respondió a las acusaciones de que ponía restricciones a la libertad de expresión, haciendo ver que el propósito era impedir a los partidos denigrar instituciones o calumniar personas. Las limitaciones eran para gobiernos y partidos, no para que los ciudadanos expresaran sus puntos de vista y sus críticas. No se prohibía la libertad de expresión, sino que los adinerados contrataran spots para atacar a participantes en las campañas políticas. Quienes se oponían a estos cambios eran los que se habían acostumbrado a poner y quitar candidatos y a financiar campañas a trasmano.
Finalmente, el 11 de septiembre en la tarde los negociadores consiguieron un acuerdo en cuanto a la remoción escalonada de los consejeros electorales. Cuando parecía que todo estaba destrabado, la CIRT presionó hasta conseguir que los senadores de la comisión participaran en una discusión con dueños, directivos de televisoras y radios y con conductores de programas. Éstos insistieron en el tema de la libertad de expresión. Los medios electrónicos se unieron en cadena nacional y transmitieron esa reunión.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN
O SÓLO UN GRAN NEGOCIO?

Aunque el pretexto para mantener el statu quo era la libertad de expresión, en la reunión -en donde hubo arrogancia, prepotencia e injurias de parte de los voceros de los dueños de los medios electrónicos de comunicación contra los legisladores- quedó claro finalmente que la molestia era por la prohibición de contratar propaganda política en medios electrónicos. Los senadores defendieron que la libertad de expresión sería puntualmente respetada, pero que sí se afectaría la libertad de comercialización de un bien del dominio público de la Nación.
Comentando esta reunión, el ex-consejero Mauricio Merino planteó que los medios electrónicos no estaban de acuerdo con la repentina pérdida del negocio que habían cultivado. Mostraron con creces que no querían perder los cientos de millones de pesos que les eran transferidos por los partidos políticos en cada campaña -y aun fuera de ellas-, ni tampoco el poder político que suponía la negociación de tarifas, pautas y tiempos dedicados a cada partido, según la combinación de amistades, simpatías y caudales que administraban.

No era casual que hubiera sido ese territorio de negociaciones ocultas entre partidos y medios el que trabó precisamente la fiscalización de los recursos de los partidos en 2006, pues los analistas seguían dudando sobre la veracidad de las facturas que entregaron al IFE y se seguían preguntando dónde habían quedado los casi mil millones de pesos que se “perdieron” en el camino. Tras esas cifras no sólo había un negocio redondo, sino un arreglo político que les convenía y que la reforma en curso podría cancelar.

Abundando en estas prácticas, el jurista John Ackerman recordaba que durante las etapas electorales las televisoras elevan sus precios y cobran tarifas diferenciadas dependiendo de su cercanía o lejanía con los candidatos, obsequian espacios a los que comparten sus puntos de vista y cobran tarifas usureras a los adversarios. Un descarado y prepotente manejo de diferencias en las tarifas. Recordó que en enero de 2006, al inicio de las campañas, la CIRT había firmado un convenio por el que se comprometió a entregar información detallada de la contratación de la propaganda política. Esto implicaba proporcionar copias de las facturas expedidas a cada partido. Pero no había cumplido, y sólo entregó datos generales, reservándose la información específica sobre precios, horarios y contratantes. Si había 281 mil anuncios de los cuales el IFE reconocía que no se sabía quiénes los habían pagado era porque los medios no habían cumplido su compromiso de informar trimestralmente al IFE sobre todos los contratos de publicidad electoral.

El problema mayor era que en la lucha contra la reforma electoral el poder mediático había hecho una estrecha alianza con los consejeros electorales en funciones. ¿Qué independencia y calidad moral tendrían esos consejeros para obligar a la CIRT a proporcionar la información que develara lo que estaba detrás de esos anuncios?

A PESAR DE TODO,
SE APRUEBA LA REFORMA

Atendiendo a la amplia preocupación ciudadana para que los intereses ilegales e ilegítimos del dinero no pudieran influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales, y pese a las presiones, el dictamen fue aprobado en las comisiones correspondientes. Se enfatizó que ni el dinero ni el poder de los negocios de comunicación debían erigirse en factores determinantes de las campañas ni de la vida política nacional.

Lo central de la reforma radicaba en que los partidos no podrían contratar propaganda en medios electrónicos y que sólo utilizarían los tiempos estatales en esos medios para hacer sus campañas. Ninguna persona, pública o privada, a título personal o por cuenta de terceros, podría contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o candidatos a cargos de elección. Se elevó a rango constitucional la obligación de las fuerzas políticas de no utilizar en su propaganda expresiones denigrantes -la guerra sucia-. Otro avance fue que se estableció el derecho de réplica.

El dictamen pasó a la discusión del pleno del Senado. Como un intento más para frenar la reforma, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, en alianza con la cámara de industriales y el Consejo Coordinador Empresarial, de nuevo en cadena nacional, retó a los senadores a realizar un referéndum que deberían supervisar los consejeros electorales. Los poderes fácticos confiaban en su capacidad de manipulación mediática. Se presentaron como la voz de la sociedad civil y quisieron arropar este nuevo intento como una lucha para defender la libertad de expresión.

Ante las presiones y los agravios de los poderes fácticos, los senadores aclararon que no se podía realizar un referéndum porque esa figura no estaba contemplada en la Constitución. Cerraron filas y aprobaron el dictamen. En la discusión, los senadores respondieron a los concesionarios de radio y televisión que, a pesar de sus amenazas públicas y privadas, de sus mentiras y de sus ataques, la relación entre partidos y medios electrónicos se modificaba de manera toral para que no fuera el dinero ni los spots los que decidieran sobre campañas y candidatos. En ese debate se reconoció que en las anteriores campañas hubo mucho dinero público, mucho dinero privado “legal”, y mucho dinero por debajo de la mesa.

LOS MEDIOS SE RESISTEN
A LA REFORMA

El dictamen aprobado pasó para su examen a la Cámara de Diputados. La CIRT volvió a exigir, ahora a los diputados, que tuvieran una sesión con ellos, como la que habían tenido con los senadores. Pero los diputados se mantuvieron firmes y no aceptaron ese intento, destinado a retrasar la aprobación de la nueva reforma electoral.

Como se trataba de una modificación constitucional, necesitaba la aprobación de la mitad más uno de los congresos estatales. El poder fáctico mediático anunció que, con apoyo de otro poder fáctico, el del dinero empresarial, llevarían su lucha a esa arena para abortar lo que senadores y diputados habían aprobado. Los legisladores federales hicieron una campaña entre los diputados locales para hacerles ver los avances de la reforma.

CONTRA LA “LEY TELEVISA”
Y POR LA DEMOCRACIA

El Comité Conciudadano también se propuso apoyar la reforma en los estados argumentando que no había ninguna violación a la libertad de expresión. Además de enfatizar los avances para cambiar la relación entre medios, dinero y partidos, mantuvo su exigencia de que se hiciera una verdadera reducción de los gastos en materia electoral. Reiteró su exigencia de sujetar a los partidos a la ley de transparencia.

El Comité no sólo denunció las campañas agresivas y difamatorias de las empresas de radio y televisión en contra del Congreso, sino que instó a que se profundizara en las reformas en materia electoral y de telecomunicaciones para avanzar en la democracia. Había que instaurar un nuevo modelo de relación y comunicación entre los poderes constitucionales y la ciudadanía. Eso implicaba avanzar en la reforma en materia de radio y televisión. Antes de las elecciones de 2006 los poderes fácticos de los medios electrónicos, sabedores del poder que tienen sobre las campañas, habían obligado a los legisladores a aprobar sin examen una ley que se había elaborado en las oficinas del duopolio televisivo. Un puñado de legisladores que había quedado en minoría no se sujetó y apeló al Poder Judicial argumentando que esa ley era anticonstitucional pues avalaba el monopolio. La Suprema Corte les había dado la razón, y los legisladores tenían que volver a hacer una ley de radio y televisión.

Había llegado el momento propicio para enfrentar a los monopolios y oligopolios de los medios electrónicos con reglas que permitieran competencia y equidad. Se debía buscar un acceso plural y equitativo a la radio y la televisión. Tratándose de un bien público y restringido, el Poder Legislativo estaba obligado a regular el espectro radioeléctrico mediante leyes que garantizaran el acceso equitativo a las concesiones de medios electrónicos. Urgía democratizar los medios.

Con el primer paso de la reforma electoral se iniciaba un cambio radical en la forma de hacer política. Los políticos que ya habían iniciado sus carreras políticas futuristas, en alianza con empresarios y medios de comunicación, trataron de maniobrar con los diputados locales, pero había un amplio consenso entre la mayoría de los políticos de que era tiempo de liberarse de esos yugos. La sociedad mexicana se volvió a crispar en esta lucha. Empresarios, medios electrónicos, sus empleados, intelectuales orgánicos y académicos pagados, atacaron la reforma. Los grupos cívicos argumentaban que nadie se debía llamar a engaño. Una cosa era la libertad de expresión, y otra que alguien con 280 mil pesos pudiera comprar un segundo de tiempo triple en la televisión. La reforma buscaba acotar el abuso de los poderosos.

EL POR QUÉ DE TANTO ENOJO

La comunicadora Carmen Aristegui externó que le preocupaba el “tufillo golpista” que percibía en muchos de sus colegas. Argumentó que no compartía la idea de que la reforma pusiera en riesgo su libertad ni la de ningún ciudadano para expresar sus opiniones, pues sólo se le ponía límites al dinero para influir en las campañas. Grupos indígenas denunciaron que era inaceptable el control del duopolio televisivo. Muchas organizaciones cívicas se quejaron de que los poderes fácticos quisieran usurpar la representación de la sociedad civil y lamentaron que los dueños de los medios electrónicos invocaran la libertad de expresión y la democracia que tanto pisoteaban. La libertad de expresión en México no dependía de la compra de espacios en los medios de comunicación.

Académicos especialistas en la investigación sobre los medios de comunicación precisaron que los integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se sentían dueños del espectro radiofónico, que era propiedad de la nación. Evidenciaron la debilidad de los argumentos que los medios estaban esgrimiendo: el fondo de sus enojos era que iban a dejar de percibir mucho dinero y a perder el control que tenían sobre los políticos.

El ex-consejero electoral Jaime Cárdenas llamó la atención de que los medios electrónicos no sólo hacían jugosos negocios en cada proceso electoral, sino que tejían con los partidos y candidatos redes de complicidad y de tráfico de influencias, que redundaban en el mantenimiento de sus privilegios en detrimento de la sociedad. El jurista John Ackerman apuntó hacia otro de los enojos: a la CIRT le preocupaba que ahora sí los medios estarían sujetos a las autoridades electorales en las campañas políticas. Al eliminarse el secreto bancario, se habían robustecido las facultades del organismo electoral para sancionar a personas físicas y jurídicas y para ordenar el retiro de propaganda violatoria de la ley. Algo que no decía, pero también le molestaba hondamente al poder fáctico mediático, era la instauración constitucional del derecho de réplica. Esto acotaría su prepotente costumbre de destruir figuras públicas que no le eran serviles.

IMPORTANTE, PERO INSUFICIENTE

La reforma se logró. Se trata de una reforma importante, pero insuficiente. Hay avances evidentes, sobre todo en hacer que las campañas políticas sean menos dependientes de los poderes fácticos del dinero y de los medios. No obstante, el proceso mostró las lacras de la partidocracia. Las consultas ciudadanas fueron algo cosmético. Imperaron los intereses y las negociaciones ocultas de los principales partidos. Temas importantes quedaron excluidos. Los partidos siguen estando ajenos a la transparencia. Se mitigarán las campañas del spot en los medios tradicionales electrónicos, pero quedaron sin tocar otros medios como Internet y la telefonía celular. Los partidos van a recibir muchos recursos, tanto por la vía federal como por la vía de cada uno de los estados y pueden ahora extender la práctica de la compra de votos.

ESTAMOS AHORA
ANTE ALGO MAYOR

Ha sido una importante escaramuza entre la partidocracia contra la mediocracia. Pero muchas propuestas cívicas quedaron relegadas. La partidocracia logró sacudirse yugos muy pesados que le había impuesto la mediocracia. Se empezó a resolver a su favor una contradicción secundaria de tipo oligárquico.

Las agrupaciones de ciudadanos que han renovado su lucha por una democracia auténtica se enfrentan ahora a una contradicción de mayor calado, pues tienen que remontar tanto el poder atrincherado de los partidos como los poderes ideologizadores de los medios y de un empresariado que bajo un falso ropaje de democracia esconde mezquinos intereses económicos. Una hegemonía democratizante es posible, pero requiere una larga y persistente lucha de activos grupos cívicos.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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