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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 307 | Octubre 2007
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Nicaragua

Retrato en grises y a dos voces del Poder Judicial

Dos inmortales retrataron desde el pasado el sistema de justicia en Nicaragua. Bertolt Brecht decía: “Muchos jueces son absolutamente incorruptibles: nadie puede inducirles a hacer justicia”. Y Montesquieu: “No existe tiraína peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencia de justicia”. ¿Es así, es tan así? ¿Qué dicen las magistradas sandinistas de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos y Yadira Centeno?

William Grigsby

El Poder Judicial nicaragüense está en la picota des-de siempre. Nicaragua aún no conoce un auténtico sistema judicial, donde en verdad se aplique aquel viejo principio de “dar a cada uno lo suyo”. Basta con dar un paseo por la hacienda El Chile. ¿Merece un palacio quien ha saqueado las arcas públicas?

Hace ya tanto tiempo como cuatro siglos, Shakespeare puso en boca de su Rey Lear una frase que suena como sentencia: Los pequeños vicios traslucen a través de los andrajos de la miseria; mas las finísimas pieles y los trajes de seda lo ocultan todo. Dale al vicio un broquel de oro y la espada de la justicia se quebrará contra él, sin mellarlo; pero cubre su broquel con andrajos y un pigmeo lo atravesará con una simple paja. Probablemente si se le pregunta a cualquier ciudadano de la calle qué piensa de los jueces, dirá que no hacen justicia. O que son corruptos. Y si le preguntan la razón dirá exactamente como el Bardo de Avon: para los pobres no hay justicia.

Teóricamente, el poder judicial nicaragüense ocupa el Sistema Continental, esto es, se basa más en las leyes que en la jurisprudencia. Pero, judex justus jubenti paret (el juez justo obedece al que manda) y bajo ese precepto romano -fuente directa de la cual abreva el derecho occidental y el nuestro- se hacen las cosas en los tribunales criollos.

DOS CASOS: UN CAMPESINO Y UN CHAVALO

Hace un par de meses, un padre de familia de origen campesino caminaba a la orilla de la carretera entre Masaya y Granada, rumbo a su casa. Nunca llegó. El chofer de una camioneta lo atropelló mortalmente y huyó. Dos días después, el padre del homicida -un joven de 22 años que conducía drogado y ebrio- le obligó a presentarse ante la Policía. Lo detuvieron, pero no durmió una sola noche en la celda. El jefe policial, con autorización expresa de sus superiores, ayudó al padre del “detenido” a transar un acuerdo financiero con la familia de la víctima, con la condición de que nunca supieran la identidad del culpable. Dos semanas después, el muchacho salió del país rumbo a Estados Unidos. Su padre vigila sus negocios y hace política. Es de los “disidentes democráticos” de una de las facciones liberales.

A las 6.30 de la mañana del viernes 8 de junio, Bismarck Antonio Ruiz (12 años) abordó el autobús que le llevaría al colegio donde cursaba sexto grado. El chofer, Richard Kent, tenía prisa porque llevaba algunos minutos de atraso en el plazo que le obligan a realizar cada trayecto. Bajó la velocidad cuando el niño y otros pasajeros le solicitaron parada, pero ni se detuvo totalmente ni lo hizo en la bahía habilitada para esos efectos. Bismarck fue el último y la mochila en la que llevaba sus útiles escolares quedó atrapada en el pedazo de puerta trasera de la destartalada unidad. Kent no se enteró y arrastró a la criatura casi cien metros. Pereció “por hemorragia masiva de tórax y abdomen derivada de laceración del hígado y pulmón derecho”. Su madre, Yelba Torres, estaba desolada. Contrario al hábito de las familias de las víctimas pobres, no quiso recibir un centavo por la vida de su hijo. Resistió todo tipo de insultos, halagos y amenazas de parte de la familia de Kent y de sus patrones. Hasta que cuatro semanas después, el juez Sergio Palacios condenó al chofer a tres años de prisión.

UNO DE LOS CASOS MÁS ESCANDALOSOS

En abril de 2002, el suboficial Natividad Ramírez, jefe de la Unidad de Seguridad y Protección del Ejército de Nicaragua decidió asignar dos soldados para que acompañaran y protegieran a Alejandro Carrión en su casa, en el municipio de Ticuantepe. Ramírez pensó que hacía lo correcto: a fin de cuentas, Alejandro era hermano del Jefe del Ejército, General Javier Carrión. Pocos días después, el 16 de abril, los dos soldados escoltaron a Alejandro hasta la vivienda de Silvio Ernesto López. A patadas, Carrión derribó la puerta. Estaba furioso porque el campesino había tenido la osadía de depositar en su casa una citatoria para que acudiera al Departamento de Conciliación del Ministerio del Trabajo, por negarse a pagarle el último salario y sus prestaciones sociales, apenas 1 mil 200 córdobas. Ningún juez tramitó la denuncia.

El incidente podría haber pasado desapercibido, de no ser porque el mismo Alejandro, dos años antes, había asesinado a un vecino de la misma comunidad, Pablo Leal, un fontanero de 43 años, cuyo trabajo era abrir y cerrar la llave de paso del agua potable para las siete comunidades ubicadas a lo largo de la carretera entre Ticuantepe y La Concepción. Hecho un energúmeno, Carrión le reclamó a Leal porque no había agua en su casa. De los insultos pasó a los golpes y con el cañón de su fusil AK lo golpeó una y otra vez. Hasta que finalmente, frente a los hijos de doce, siete y cinco años, Carrión lo asesinó de tres balazos. El criminal nunca estuvo preso. Su hermano, el entonces Jefe del Ejército, lo protegió con sus influencias hasta lograr primero, que el juez de la causa, Walter Solís, lo sobreseyera por falta de pruebas y luego, que el Tribunal de Apelaciones ratificara la sentencia. Solís estaba supliendo a la titular Ileana Pérez, una vieja argucia a la que acuden los judiciales para escapar de casos controversiales.

Solís pagó la sentencia con el cargo. El 19 de marzo de 2001 lo destituyeron por dejar libre a Carrión -¿acaso sobornado?- y por aquella otra sentencia mediante la cual sobreseyó a “la mano derecha” del ex-presidente Arnoldo Alemán, Byron Jerez, por el sonado caso de “los checazos”.

LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

El 2 de agosto de 2007, el Juez de Audiencia de Masaya Leonel Alfaro dejó en libertad a Francisco Fletes, el padrastro de Rosita -la niña violada y embarazada que en 2003 acaparó la atención de Nicaragua y el mundo, violada y embarazada de nuevo después por Fletes-, alegando que la acusación presentada por la Fiscalía no estaba técnicamente fundamentada. Sólo decía acceso carnal, no penetración. Es una acusación ambigua, no hay una fecha determinada, ni hora determinada ni la descripción de dónde fueron los hechos; en la segunda acusación sí dicen que es en la habitación, alegó.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Yadira Centeno objetó la actuación de Alfaro: “Es una barbaridad lo que ha hecho el juez al rechazar la acusación porque quería descripción. ¡Qué más prueba quería que el embarazo y el niño que nació producto de la violación que él mismo hombre ha confesado!”

La actuación de Alfaro no es excepcional. Un análisis realizado por la CSJ, financiado por la cooperación española, revela que de 1,077 sentencias sobre delitos de orden sexual dictadas entre 2001 y 2004 -en las cuales el 94.65% de víctimas son mujeres, un 44% adolescentes de entre 13-18 años y un 27.92%, niñas entre 2-12 años- el 54.87% fueron de carácter absolutorio.

Según el estudio, en un 57% de los casos (34 violación y 14 abusos deshonestos) se efectúo mediación -prohibida expresamente por la Ley 230- y en el 62% de todos los expedientes estudiados los magistrados de Apelación confirmaron la sentencia de primera instancia. De los 1,077 casos, sólo en uno se hizo mención expresa a la Ley 230, que castiga la violencia intrafamiliar, y sólo en ocho se aplicaron las medidas de protección a la víctima establecida en la Ley”.

¿Este tipo de sentencias ocurre por ignorancia? La magistrada Alba Luz Ramos cree que no. “Es la aplicación -afirma- de una justicia sesgada, porque cuando vos le explicás a la gente cien veces una cosa y no la quieren entender, es porque están sesgados, no les interesa, no quieren creer eso, no tienen vocación judicial”.

Ramos tiene 21 años de magistrada y ejerció como la primera mujer Presidenta de la CSJ. Jurista respetada por moros y cristianos, considera que los jueces “tienen que estar plenamente conscientes del rol que juegan en la sociedad y la obligación que tienen ante este pueblo, porque ante ellos van los ciudadanos comunes y corrientes, a pedir que administren justicia, que le den a cada quien lo que le corresponde, lo suyo, su derecho. No pueden ser parcializados. Sus ideas no cuentan, lo que cuenta es lo que dice la Ley”.

¿COMPRAVENTA DE SENTENCIAS?

La magistrada Yadira Centeno es una de las abogadas de mayor prestigio del país. Y le viene de familia. Su padre, Aquiles Centeno, es una auténtica referencia ética y profesional de todos los profesionales del Derecho. En los anales de la historia han quedado registradas sus vibrantes alegatos frente a los consejos de guerra de la Guardia Nacional de Somoza, defendiendo los derechos de los prisioneros políticos sandinistas. Centeno fue uno de los siete magistrados que integraron la primera Corte Suprema de Justicia nombrada por la Revolución el 20 de julio de 1979. Los otros: Roberto Argüello Hurtado, Vilma Núñez de Escorcia, Hernaldo Zúñiga, Santiago Rivas Haslam, Rodolfo Robelo y Rafael Córdova Rivas.

Yadira Centeno se define como “sandinista de corazón”, pero sin carnet. “Me marcó mucho Carlos Núñez (fallecido en 1990) por su humanidad. Era un ejemplo de bondad y honestidad”. Y se declara amiga y admiradora de Doris Tijerino, Dora María Téllez, Leticia Herrera, Sergio Ramí¬rez,¬ Bayardo Arce, Lenín Cerna y Mónica Baltodano. Cree que “a veces los abogados hacen mal su trabajo y la gente pierde su derecho, su casa. Es terrible. Nosotros tenemos que estudiar mucho los casos y ser justos”. Niega en forma tajante que en el Poder Judicial exista corrupción.

¿Existe efectivamente compra y venta de fallos judiciales? “Podría ser -dice Ramos-, yo no puedo meter las manos en el fuego por nadie. No puedo decirte no, nunca, ningún juez ha hecho eso”. En defensa de la CSJ, Ramos asegura que “por hacer ese tipo de cosas hemos corrido incluso jueces, los hemos trasladado de lo Civil a lo Penal, que es un campo menos atractivo”. Citó el caso de la jueza de Distrito Civil de Rivas, Marianela Paredes, de quien “sabíamos que andaba en tráfico con el marido, que es abogado, y con otra gente tenían una oficina”. La trasladaron a Carazo como Juez de Audiencia Penal porque no hubo votos suficientes para despedirla.

Centeno y Ramos no creen meritorio investigar la denuncia contra el ex-diputado sandinista Gerardo Miranda, quien supuestamente extorsionó a Armel González, ofreciéndole sentencias favorables en la media docena de causas judiciales que tiene pendientes, a cambio de una gruesa suma de dinero para la secretaría del FSLN. “A mí me parece de lo más absurdo eso”, dice Ramos. Ambas magistradas niegan conocer siquiera a Miranda.

Alba Luz Ramos asegura que uno de los problemas para indagar a un juez acusado de corrupción o prevaricato son las pruebas. “Es muy rara la persona que viene aquí con el caso súper documentado -afirma-. Te dicen que “me pidió” o que el otro “le dio y por eso falló en contra mía”. Nosotros no podemos estar cien por ciento seguras. Cuando tomamos medidas es porque hay varios casos de gente que viene por diferentes vías y te dan una presunción de que eso es efectivamente lo que está ocurriendo”.

EL CASO MÁS RECIENTE Y DE MÁS IMPACTO

Quizás el caso de mayor impacto en la opinión pública ocurrió el 29 de junio de 2007. Sin informar a la opinión pública, los tres magistrados de la Sala Penal Número Uno de la Corte de Apelaciones de Managua, los sandinistas Enrique Chavarría y Oscar Loza, y el liberal René Bayardo Robelo -hermano del héroe sandinista Oscar Robelo- ordenaron la libertad de tres hombres, atrapados en octubre de 2006 cuando estaban trasegando 3 mil 100 kilos de cocaína en Masachapa. La Policía les decomisó tres vehículos, 11 fusiles AK, un rifle, cuatro radiocomunicadores, seis lanchas, cuatro bidones de gasolina, un termo, una lámpara de mano y la droga. Se absuelve a los acusados y se ordena su libertad inmediata y la devolución de los bienes incautados: así rezaba la sentencia, conocida dos días después de dictada.

El fallo originó la unánime repulsa de todos los sectores del país, desde los obispos católicos y el embajador de Estados Unidos, hasta el presidente Daniel Ortega. También provocó un cierre de filas alrededor de la Policía Nacional como institución y en particular, de la Primera Comisionada Aminta Granera, su directora general. Ella misma se declaró “convencida de que esto descompone la sociedad, siembra violencia, descompone a los jóvenes y mete la corrupción a todos los niveles. A pesar de las dificultades, de los escollos, no nos desanimamos. No quiero encontrar culpables, no me compete a mí juzgar a nadie, ellos (los magistrados) sabrán las razones por las cuales ha sucedido esto”.

El fiscal Julio Centeno Gómez describió lo ocurrido como “una amenaza no sólo contra la seguridad de la nación sino contra la humanidad entera, porque el crimen organizado es una amenaza contra la sociedad del mundo”.

Ortega se comunicó con la jefatura de la Policía y con magistrados de la CSJ, “para manifestarles mi preocupación” y censuró que “después de ese gran esfuerzo (de la Policía), en algunos casos por problemas de procedimiento jurídico legal”, los jueces obvian hechos “evidentes, incontrastables, y eso atenta contra una política del Estado nicaragüense, que es la lucha frontal contra el narcotráfico. Son situaciones totalmente absurdas. Yo quiero pensar que se han equivocado, pero esto no puede continuar. Debemos actuar con firmeza”.

Y así fue. Aunque el magistrado Chavarría alegó que “actuamos conforme a derecho” porque no había “las pruebas necesarias o las pruebas eran inconsistentes”, el 31 de julio los 16 magistrados de la CSJ resolvieron destituir a los tres magistrados, a la secretaria de la Sala y a la asesora, ambas abogadas, debido a la vulneración que éstos realizaron del principio de actuación que rige la actividad jurisdiccional y administrativa, por haber actuado sin tomar en consideración los trámites y procedimientos internos.

La asesora destituida, Ana Gloria Reyes, fue quien elaboró el proyecto de sentencia y logró la firma de los tres magistrados. Es la misma que en 2006 había propiciado la liberación de otro narcotraficante, de origen guatemalteco, con una sentencia firmada por dos magistrados liberales, Orlando Lúquez y Bayardo Briceño, de la Sala Penal Dos. La diferencia entre aquel caso y éste es que ellos dos no fueron destituidos porque se negaron a hacerlo sus correligionarios liberales en la CSJ. Según el diario La Prensa, Reyes tenía vínculos sentimentales con Mario Roberto Peña, uno de los implicados en el robo de 609 mil dólares de una cuenta de la Corte Suprema, junto al ex-magistrado Roger Camilo Argüello, uno de los ocho cupos del Frente Sandinista en la Corte Suprema.

EL CASO DE LOS NARCODÓLARES

En octubre de 2005, Roger Camilo Argüello fue el principal protagonista del escándalo conocido como el de los “narcodólares”. Argüello inventó una sentencia mediante la cual ordenó la libertad de un capo del narcotráfico guatemalteco y de su compañera, detenidos en abril de 2004 en un hotel de Managua cuando manejaban un vehículo en cuyo neumático de repuesto escondían 606 mil 540 dólares. Esta misma sentencia sirvió para sacar de la cuenta de la Corte esa suma, supuestamente para devolverlo a los acusados. Pero nunca se supo a quién le quedó el dinero y Argüello -un abogado de discreta trayectoria profesional y dudosa militancia política- nunca fue sancionado.

El mismo Argüello confesó en una entrevista en diciembre de 2005, cómo hizo “la jugada”. Pero la CSJ tardó mucho tiempo en tomar medidas. Reflexiona la magistrada Centeno: “Nunca se había presentado algo similar y nos encontramos con que no podíamos actuar, porque la Ley (la que Argüello usó en su “jugada”) está sin reglamento. El caso de los narcodólares nos sacudió a todos y nos envolvió en una crisis profunda. No todos los magistrados estamos implicados. Pero es necesaria una revisión crítica de los errores cometidos, porque respondemos a la ciudadanía, no sólo los magistrados implicados, sino todos, pues somos un colectivo, aunque cada quien responde por lo que hace”.

Finalmente, más de un mes después, la Corte destituyó de sus cargos a todos los involucrados en la “jugada” de Argüello: a cuatro jueces y a cuatro juristas, suspendiéndolos del oficio de abogados y notarios. Tras la sanción a estos ocho funcionarios, lo insólito ocurrió después, el 22 de diciembre. Tres magistrados sandinistas del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez, Juana Méndez -hoy magistrada de la CSJ- y, cómo no, Enrique Chavarría, ampararon a los cuatro jueces sancionados y, aunque no los restituyeron en sus puestos, anularon la suspensión del ejercicio profesional. El 11 de enero de 2006, la Sala Constitucional revocó esta decisión de Apelaciones y confirmó las sanciones, pero el fondo del asunto, es decir, la sentencia falsa de Argüello, su “jugada” jamás fue resuelta. Argüelo fue obligado a renunciar en marzo de 2007.

CAE EL MAGISTRADO ENRIQUE CHAVARRÍA,
PÁJARO DE ALTO VUELO

La celeridad y contundencia del trámite de junio de 2007, suspendiendo a Chavarría y a sus comparsas, por liberar a los tres narcotraficantes detenidos in fraganti, sorprendió a todo mundo, y abrió una rendija de esperanza de que las cosas pueden cambiar, al menos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sobre todo porque el ex-magistrado Chavarría era un pájaro de alto vuelo, que gozaba de la total confianza de la dirigencia sandinista, incluyendo al propio Presidente Daniel Ortega.

En la Sala que estaba bajo el control de Chavarría -ex-oficial del Ministerio del Interior en los años 80- está radicada la apelación de Arnoldo Alemán contra la sentencia de la hoy magistrada Juana Méndez, quien lo condenó en 2001 a 20 años de prisión por varios delitos, incluyendo el de lavado de dinero. Chavarría ha sabido torear la presión política para fallar una apelación que lleva casi cuatro años en poder del tribunal. Chavarría fue también el hombre clave para dar prisión o libertad al caudillo liberal, según la conveniencia política del Frente Sandinista: él autorizó el ingreso de Alemán en la Cárcel Modelo (marzo de 2004), su posterior traslado al Hospital Militar (mayo), él le dio régimen de casa por cárcel (noviembre), se lo extendió al departamento de Managua (enero de 2005) y finalmente a todo el país (noviembre de 2006).

¿INFILTRADOS POR EL NARCOTRÁFICO?

¿Hay infiltración del narcotráfico en las estructuras judiciales? No, responde la magistrada Alba Luz Ramos. “Nosotros estamos seguros que no. Eso quiso infiltrarse, aquí lo hubo… De repente yo comencé a oír que había una red. Y decía: ¿cuál es esa red? Era de asesores. Asesores que ya salieron de aquí. Fue incipiente”.

Tercia la magistrada Yadira Centeno: según recuerda, se dieron cuenta de un intento de infiltración “porque esos asesores estaban defendiendo a los narcotraficantes, estaban en el juicio del avión, estaban en el juicio de Tipitapa. Entonces, era cierto… y ¡que nos costó, vos no tenés una idea cuánto! Porque había magistrados que no creían que eso podía suceder. Porque es increíble. Pero no, ustedes han visto que cuando hemos tenido sospechas, inmediatamente los hemos corrido”.

¿Eso fue lo que ocurrió en el caso de la Sala Penal Uno de Managua, en el caso Chavarría? “Sí -asegura Centeno-. No solamente eso. Estamos investigando otro caso en Jinotepe, lo de Chacocente (otro quiebre al narcotráfico) que todavía no lo hemos terminado. Está el juicio en apelación, estamos esperando a ver qué deciden”.

Ramos afirma que “cuando vos ves que el juez o los magistrados violentan principios, bases fundamentales del debido proceso”, no es posible permanecer ajeno. “En el mundo jurídico, lo que no está alegado por las partes, lo que no está en el expediente, lo que no se ha dicho en la audiencia, no existe. Uno no puede andar averiguando cosas, argumentar y plasmar en la sentencia cosas que no han sido dichas en ese juicio. Y eso es lo que ocurre en este caso. Una serie de elucubraciones de los magistrados involucrados”.

“HEMOS CAPACITADO EN TODOS LOS TEMAS”

Los escándalos de corrupción o los cuestionados fallos políticos o la manera cómo se reparten los 16 cupos de la Corte Suprema más los 16 cargos de conjueces, no han permitido conocer otros aspectos del Poder Judicial, mucho más positivos.

Nicaragua es el país de menor retardación de justicia en Centroamérica -a excepción de Costa Rica- y probablemente en toda América Latina. Pero eso ya ocurría -según Alba Luz Ramos- con el antiguo Código de Instrucción Criminal ”porque a nosotros nos ponían diez días para la instructiva”. Vencido el plazo, había “un recurso de exhibición personal y el reo podía salir si no se había pasado a juicio. Esos diez días resultaban muy cortos” para reunir todas las pruebas, lo cual facilitaba la libertad de los acusados. Como máximo, según Ramos, con el Código de 1879 y sus Reformas, los reos pasaban dos años sin sentencia de primera instancia.

En noviembre de 2002 entró en vigor un nuevo Código Procesal Penal, aprobado un año antes por la Asamblea Nacional. La misma ley contempló que, una vez vigente, por un período de dos años, se continuará aplicando a los juicios y recursos en causas por delitos menos graves y faltas penales el viejo Código y sus Reformas, hasta su finalización. Eso originó que hasta 2006 rigieran en el país los dos Códigos, tiempo en que la CSJ aprovechó para capacitar a los jueces y a todo el personal judicial, preparándolos para el cambio.

“Nosotros hemos capacitado en todos los temas, en todas las materias. Además, hemos hecho un Protocolo de Actuación (cómo debe ser administrada la justicia y aplicada la ley) de obligatorio cumplimiento, que señala artículos de la Ley que le permiten al juez o a la jueza aplicarla de mejor manera y respetar los derechos de las partes en el proceso. Para elaborarlo hemos dado participación a los jueces y también a otras instituciones del sistema: Fiscalía, Tribunal de Apelación, Sistema Penitenciario. Y también, después de hacerlos participar en su elaboración, hemos capacitado a todos los jueces y personal judicial sobre el mismo Protocolo”, alega la magistrada Ramos.

“NO TODO MUNDO PUEDE SER ABOGADO”

Un problema adicional es la formación de los abogados. “Es increíble lo que ocurre aquí -se queja Yadira Centeno-. Todos los días se incorporan 200, 300 abogados que no saben absolutamente nada”. Cuenta que también han regresado al país jóvenes que estudiaron en Costa Rica o en Estados Unidos o en Rusia, pero que no tienen los conocimientos suficientes para ejercer de abogados, y sin embargo, “las universidades tranquilamente les homologan el título. Es increíble. Todos los días abren una universidad. Es el colmo: en tres años sacan un abogado, eso es una barbaridad. El colmo es que ahora hay hasta Institutos a los que la Asamblea les da la personalidad jurídica para hacer cursos de post-grado”.

Para corregir este despropósito, Centeno propone incorporar en la Ley de Carrera Judicial la obligación de los egresados de las carreras de Derecho, de rendir un examen ante la CSJ. Pero no prosperó su propuesta. “Fue un escándalo, una cosa horrible, había montones de diputados que estudiaban para abogados y por supuesto que se opusieron”.

A juicio de la magistrada Ramos, se trata de un problema que el país debe de asumir como una política de Estado, porque es política educativa. “No todo mundo puede ser abogado, no todo mundo puede ser médico. Ni siquiera tenemos nosotros la posibilidad de absorber a toda esa cantidad de egresados”.

Centeno vuelve a la carga: “Lo primero que ponen en esas universidades, que les llaman “de garaje”, es una facultad de Derecho, porque sólo necesitan una silla y una persona que se pare a dar una clase cualquiera. Aquí vienen muchachos con sus solicitudes y te dan ganas de llorar. No saben redactar, no saben escribir. ¿Cómo van a ser abogados? Y nosotros no podemos más que autorizarles el título, porque ya vienen con su título de abogados, ¡y de notarios! Porque la Ley dice que nosotros solamente autorizamos el ejercicio, con el único requisito de tener el título académico”.

De entre esos miles y miles de abogados (60 mil, dicen algunos) salen los jueces. “Ha sido una labor difícil -explica Alba Luz Ramos- porque la otra cuestión que tienen los jueces en la cabeza es que tienen que respetar el derecho de los procesados. Correcto. Me parece muy bien que se respete el derecho de los procesados. Así lo dice la Constitución y los Convenios Internacionales. Pero hay un principio elemental en justicia y es la paridad de las partes en el proceso. Ambas partes van con los mismos derechos al proceso. El procesado y la víctima. Y no pueden verse mermados los derechos de la víctima por el respeto a los derechos del procesado. Ambos tienen el mismo valor ante la Ley, ante la sociedad y ante todo el mundo. Y ambos tienen derecho a sus garantías”.

CAMBIOS EN EL PROCESO PENAL:
“UN INCUESTIONABLE AVANCE”

Según las magistradas Centeno y Ramos, el éxito de los cambios implementados ha sido rotundo. “Es una realidad incuestionable”, afirman. Alba Luz explica que es así porque “el Juez ya no investiga, lo hace la Policía y la Fiscalía. Cuando van donde el Juez de Audiencia es porque consideran que tienen un caso fuerte. Este Juez monitorea de alguna forma la investigación. A él le piden todas las medidas cautelares que ni la Policía ni la Fiscalía pueden realizar, porque son exclusivas de los judiciales, quienes velan porque se apliquen las garantías procesales mínimas establecidas en el artículo 34 de la Constitución Política.

Y ese Juez es el que decide, en base a todo lo que le presentan en las audiencias preliminares e iniciales, si el caso va a juicio o no. Y entonces, va donde otro juez, que es el Juez de Juicio. De esa manera también está garantizada la imparcialidad del judicial que va a dictar sentencia al final y eso dura aproximadamente 90 días, desde que llega al Juez de Audiencia hasta que sale la sentencia de primera instancia”.

Cuando el Juez ya tiene firme la sentencia, pasa a otro Juez, que es el Juez de Ejecución de Sentencias, que está pendiente de aplicarle al acusado alguna medida en su beneficio -como el régimen domiciliar- o de liberarlo cuando cumpla el período que fue condenado.

En países como Honduras, Perú o Bolivia, las cárceles están repletas de reos que llevan diez años sin forma ni figura de juicio. La magistrada Centeno asegura que “lo más interesante es que en el proceso penal, como todo es oral, todo se está viendo. No hay cosas por debajo de la mesa. Además, cuando el reo sentenciado va a la Corte de Apelaciones, a la Sala Penal, también es oral, y luego puede venir en Casación o puede venir en Revisión a la Corte Suprema, y sigue siendo oral”. Según Centeno, en la Comisión de Régimen Disciplinario, adscrita al Consejo de Carrera Judicial, “no hay ni una sola queja contra un Juez del Crimen, que antes abundaban. Ahora no existen, porque ya no hay retardación”.

¿RAZONES POLÍTICAS PARA LA RETARDACIÓN?

Eso ocurre en lo penal, pero no en lo civil, donde los juicios aún tardan hasta diez años y más. O en lo constitucional. “Sí, eso es verdad -dice Ramos-, pero eso es también cuestión de la ley. A veces se retarda porque el Tribunal de segunda instancia no tramita el recurso a la Corte Suprema”.

¿No hay razones políticas? “Podría ser”, responden al unísono Ramos y Centeno. Alba Luz cree que desde que se dividió en Salas la Corte, “hay mucha menos retardación de Justicia en la Corte Suprema, hay un acortamiento considerable en las sentencias”. Eso ocurrió a raíz de la reforma constitucional de 2000, cuando se amplió el número de magistrados de 12 a 16. Hasta entonces, todos conocían de todas la materias: constitucional, civil, penal y administrativo.

Ramos sostiene que si ahora hay retardación es porque “hay magistrados que retienen mucho tiempo los expedientes en su oficina. Y ahí no está solamente el expediente que se le da a él para proyectar (para preparar la sentencia), sino los ya proyectados por otro magistrado que ha hecho un esfuerzo por sacar su trabajo a tiempo, pero que queda ahí rezagado. Aquí se habla a veces de magistrados que tienen cien y doscientos expedientes en su oficina”.

CONFABULACIÓN ENTRE POLÍTICOS Y JUECES

Un jurista español, Borja Díaz Rivillas, reconoce en su ensayo Independencia judicial y construcción del Estado de derecho en Nicaragua, publicado a principios de 2005, que en la última década Nicaragua ha experimentado un intenso proceso de modernización del Poder Judicial como resultado de importantes cambios institucionales promovidos en gran medida por la comunidad donante internacional con el apoyo de sectores reformistas de la Corte Suprema y la Asamblea Nacional. Señala que hoy el organismo judicial cuenta con mayor capacidad para ejercer el control de constitucionalidad, resolver disputas entre el gobierno central y municipal y entre los distintos poderes del Estado, cuenta con un presupuesto mínimo establecido por ley, se ha reducido el papel del Ejecutivo en la selección de los magistrados, se han modernizado gran parte de sus códigos, y se ha producido, si tenemos en cuenta el débil punto de partida en el que se iniciaron las reformas a comienzos de los 90, una notable profesionalización de los recursos humanos y materiales.

Pero Díaz Rivillas también subraya la relevancia de un análisis en profundidad del contexto político que rodea la acción de los tribunales, así como la importancia de establecer relaciones causales entre las estrategias de las élites y aquellos casos paradigmáticos que indican una clara confabulación entre políticos y jueces.

No se puede analizar -dice- la imparcialidad únicamente en términos de relaciones entre poderes ni atender exclusivamente a la Corte Suprema. El impacto de las acciones del FSLN desde la oposición, y muy en especial de su líder Daniel Ortega, en las decisiones judiciales hace necesario un prisma mucho más amplio. Sería difícil entender la gran capacidad de maniobra del FLSN en los procesos contra Alemán y sus allegados sin tener en cuenta las cuotas de poder que el partido ha mantenido en los juzgados de la rama penal.

¿QUIÉN NOMBRA A LOS JUECES?

Uno de los más vehementes cuestionamientos de los partidos políticos que no logran incluir a sus candidatos en la Corte Suprema es la manera de nombrar a los jueces de primera y segunda instancia y de elegir a los magistrados.

En el caso de los jueces, los nombramientos hasta ahora han sido discrecionales. Y aunque la Ley de Carrera Judicial entró en vigencia el 30 de noviembre de 2004, los magistrados de la CSJ aún no la han reglamentado, precisamente porque con esa reglamentación ya no podrán nombrar a sus amigos o correligionarios como jueces o magistrados en las cortes de apelaciones.

Según la ley, los nombramientos de Defensor Público, Secretario Judicial, Secretario de Sala, Oficial Notificador, Juez Local, Juez de Distrito, Magistrado de Tribunal de Apelaciones y Secretario de la CSJ deben hacerse en base a ocho principios: mérito o idoneidad, responsabilidad, igualdad, publicidad -como garantía de transparencia-, estabilidad, imparcialidad, independencia y especialidad. Pero nada de esto se ha puesto en práctica.

La Unión Europea financió un diagnóstico del Poder Judicial, La Justicia en Nicaragua, elaborado por un equipo de cuatro consultores. Una de sus conclusiones señala que el peso de la justicia penal en Nicaragua es muy grande. Y explica que, a nivel de los juzgados de juicio (locales y de distrito), constituyen la más importante oferta de servicios: 99 de los 134 jueces de distrito (73.8% del total). Asimismo, en el ámbito de los jueces locales cuentan con 32 jueces especializados, además de los 127 jueces locales únicos que prestan servicios en esta materia, además de los 259 fiscales que desarrollan funciones en esta materia, los 78 defensores públicos y los 861 policías asignados a la función de Auxilio Judicial.

Todo esto -dice el estudio- conforma una plataforma de servicios de justicia que es importante en el país y que se ha desarrollado fundamentalmente a raíz de la reforma procesal penal. En lo que corresponde a la carga de trabajo, señala que también el ámbito penal es central: de los 126,126 casos que ingresaron en el 2004, 78,743 correspondieron a la materia penal, lo que implica que el 62.4% de las causas que ingresan al Poder Judicial son expedientes penales. De igual modo, de las 62,909 causas resueltas en el año 2004, 54,434 son del área penal, el 84.9% del total de casos que se resuelven.

En este enorme peso de la justicia penal, radica la importancia del nombramiento de los jueces. La comisión encargada de reglamentar la ley está integrada por las magistradas Ligia Molina y Alba Luz Ramos, sandinistas, y los magistrados Edgard Navas y Guillermo Selva, liberales. A dos voces, Yadira y Alba Luz confiesan que “también tenemos una lucha interna. Unos quieren, otros se han opuesto. Hay una lucha horrible ahorita para que se aprueben las normativas (el reglamento de la Ley de Carrera Judicial). Hemos firmado 40 artículos nada más. Lo hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas”. Ellas dos creen que el fondo del asunto es de poder, porque “al presidente, al vicepresidente y a todos en la Corte, se les quita el poder de administrar, porque este poder va a estar concentrado directamente en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial”. Eso quiere decir, al menos teóricamente, que ya ningún magistrado podrá nombrar a sus amigos o correligionarios para ningún cargo.

“Lo que les interesa no es administrar bien, sino hacer lo que les da la gana, sin tener control de nadie. Ésa es la cuestión. Y ésa es una lucha terrible el día de hoy”, comenta Centeno, pero niega que sea por razones partidarias, porque “los sandinistas somos los que más estamos impulsando eso”.

“No -interviene Ramos-, yo creo que hay un poco de todo”. “Sí, yo creo que hay de todo, de todo -confirma Centeno-. Pero la verdad es que el presidente es liberal y él es quien nos cita a las reuniones y después no llega, la cancela minutos antes. Pero también hay otros magistrados que lo apoyan. A veces hacen algo, para que no digan que son ellos y a veces nos echan la culpa descaradamente a nosotros, ¿verdad? Pero yo no sé si realmente será partidario o será casualidad, que hay dos o tres liberales que no quieren, que se oponen”.

Agrega Alba Luz: “Tampoco creás que todos los sandinistas están... A algunos no les gusta y nos viven diciendo horrores con el nuevo modelo de gestión de despacho” (mediante él, los secretarios de los jueces pierden gran parte del poder que ahora ostentan).

“QUEREMOS UN PROCESO LIMPIO”

Yadira Centeno explica que ya hicieron la primera convocatoria (en mayo) de acuerdo a la Ley, con cuatro juzgados de familia que se van a instalar (dos en Managua, uno en Chinandega y otro en Matagalpa). El proceso concluirá en diciembre, porque “es súper escrupuloso. Y ha sido de lo más interesante. Vinieron todititos los abogados que querían participar. Ahora que hemos estado revisando la Relación de Méritos, me he encontrado que hay muchachos jóvenes con un doctorado sobre Familia. Es decir, hay una cantidad de gente requetecalificada. Alguna gente que está participando no cree en esto, pero yo sí creo firmemente que puede ser de lo más legal. Hay gente que te llega y te dice: “Déme una empujadita”, pero no es así, esto es un proceso que tiene que ser claro y transparente”.

Alba Luz opina que “es una cosa terrible la falta de fe en que sí se puede llevar a cabo un proceso limpio. No dudo que habrá tentaciones de más de alguno de quererlo empañar. Hasta el momento no hemos detectado nada, nadie ha metido mano. La Comisión ha hecho su selección de acuerdo a lo establecido en las normativas y en la convocatoria van todos los requisitos que hay que llenar, hasta los puntajes de lo que vale cada tema, cada paso del proceso, va también el temario del examen”.

La primera fase ha concluido, incluyendo la resolución de las impugnaciones de quienes no fueron preseleccionados. El máximo puntaje es de 40. “Viene la segunda fase, donde se van a valorar los méritos, que son los que están establecidos en la Ley y cada uno tiene un puntaje establecido, y después se hace una sumatoria. Y después viene el examen escrito, calificado por un Tribunal, integrado por personas distintas a las que participaron en la fase inicial, de acuerdo a cómo lo establece la Ley, integrado por profesores de todas las universidades y seleccionados en forma aleatoria. El examen es rubricado en cada una de sus páginas por cada uno de los miembros del tribunal. Los guarda la secretaria del tribunal. Y al día siguiente comienza cada quien a defenderlo. Ahí vas a valorar su capacidad de expresarse oralmente, de mantener lo que puso por escrito, y ahí tiene 60 puntos máximo”.

Una de las conclusiones del informe La Justicia en Nicaragua recuerda que la Ley de Carrera Judicial requiere una serie de instrumentos legales y pasos a realizar para su efectiva vigencia. Entre estas tareas destacan: el Escalafón de la Carrera Judicial y de otros funcionarios judiciales; el reglamento que operativice la ley (que está en proyecto); el reglamento operativo del Instituto de Capacitación y Documentación Judicial); la implantación del Fondo de Beneficios de los Funcionarios en Retiro del Poder Judicial; el sistema de evaluación al desempeño anual para todos los miembros de la Carrera Judicial; el reglamento interno de la Defensoría Pública; entre otros.

¿CÓMO ELEGIR A LOS MAGISTRADOS?

De acuerdo al artículo 138 de la Constitución, una de las atribuciones de la Asamblea Nacional es elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.

Según el organismo “Hagamos Democracia”, que goza del beneplácito y el financiamiento del gobierno de Estados Unidos, la participación ciudadana en el nombramiento de los magistrados es un tema que no ha sido del interés de la clase política del país siendo en todo caso un instrumento al cual los partidos políticos le han dado un sesgo mas político para legitimar sus acuerdos prebendarios, antes que demostrar una verdadera voluntad de tomar en cuenta el criterio de la sociedad civil.

En este sentido, proponen una reforma constitucional en la cual se garantice un espacio más efectivo de participación e incidencia de la sociedad civil, de manera que ésta no sea utilizada como instrumento legitimador de acuerdos políticos partidarios. Esto puede significar pasar de ser consultada a proponer candidaturas.

La magistrada Ramos afirma que “no existe, no se ha inventado el sistema idóneo de elección de magistrados. Piensan algunos que lo mejor sería legitimar a los magistrados y a los jueces por el voto directo”. Cita el caso de algunos estados de Estados Unidos, donde los jueces son electos por los ciudadanos. “Pero yo empiezo a averiguar, a ver cómo es eso, quiero saber cómo voy yo a ser candidata y descubro que me tiene que llevar un partido. ¿Y los diputados? Van en una lista y eligen a los partidarios del partido. Entonces, quedo más comprometida políticamente. Y para que me reelijan, yo tengo que votar no de una manera imparcial, sino en base a los intereses del sector que a mí me eligió”.

Los siete magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos son designados en forma vitalicia por el Presidente de turno. Cada vez que hay una vacante por muerte o renuncia, el Presidente los selecciona entre los abogados de su propio partido, entre aquéllos con quiénes tiene mayor afinidad ideológica.

A Ramos le parece “peligroso” aplicar en Nicaragua la receta vitalicia de los norteamericanos, debido “al nivel de desarrollo de nuestra democracia. Me parece que no estamos todavía tan maduros. Estamos muy frescos para eso. Para hacer eso hay que esperar a tener más conciencia del rol que jugamos”.

En la mayoría de los países latinoamericanos, son los partidos -a través de sus diputados- quienes eligen a los miembros del Tribunal Supremo. “Es la que existe aquí, a través de la Asamblea Nacional, con sus bemoles, con propuestas directas del Ejecutivo, combinadas las del Ejecutivo y las de los diputados y la sociedad civil. Son los diputados los que eligen, de dos partidos en particular, y así es en todas partes”, sostiene la magistrada Ramos, y cita el ejemplo de Honduras, “donde eligieron como presidente de la Corte a un diputado. En Costa Rica igual, se ponen de acuerdo los dos partidos mayoritarios que ha habido hasta ahora. Ahora ya está cambiando la correlación de fuerzas políticas en Costa Rica, pero hasta hoy ha sido así. Con una ventaja: tienen diez años y para removerlos, deben tener el voto de censura de las dos terceras partes de la Asamblea. Eso les da un cierto margen de libertad y de autonomía”.

La magistrada Yadira Centeno respalda el criterio de su colega Ramos sobre cómo mejorar la elección de los magistrados. “Son matices lo que podemos buscar: la experiencia, la habilidad comprobada, la honestidad comprobada”, lo que permita a los electos estar concientes de su responsabilidad ante la sociedad. “Cuál es el rol que estás jugando, qué es lo que la gente está esperando de vos. Ésa es la fórmula más sencilla. Y la otra cuestión es fortalecer la institucionalidad, que es lo que hemos venido haciendo”, afirman ambas.

¿VOTAN POR CONVICCIÓN
O “CONSULTANDO” ANTES?

“Fortalecer la institucionalidad” también es un reto frente al cual hay resistencias de muchos de los magistrados de ambas ideologías afirman Centeno y Ramos. La toma de decisiones, ¿es sobre una consigna partidaria, es sobre la convicción del magistrado, es sobre qué cosa?, le pregunto a ambas. “Cuando nosotros estamos reunidos en Corte Plena, por ejemplo en el caso de los recursos de inconstitucio¬na¬lidad, eso es cuestión de votos. A veces nos sumamos, a veces ha habido sentencias que tienen votos razonados. Eso es por convicción”, contesta Alba Luz.

¿Por la convicción de cada magistrado? ¿No votan por bancada? “Es que hay que explicar diferencias. La justicia constitucional es una justicia política. Colinda, convive, con la política. Entonces, no en todos los casos de justicia constitucional nos vamos a poner de acuerdo. Pero en casos relevantes, nosotros (los magistrados sandinistas) nos reunimos a discutir de previo”, dice Alba Luz. ¿Y consultan antes? “No, nosotros no consultamos. Nosotros nos consultamos entre nosotros, que es otra cosa”, concluye.

Los ciudadanos piensan otra cosa. Así lo dice el informe La Justicia en Nicaragua: Existen percepciones en el país acerca de que la justicia no es independiente. Ello revela un problema que es preciso afrontar, pues se trata de una garantía institucional básica de funcionamiento que aporta no sólo a la solución de conflictos, sino a la legitimidad misma del sistema político, siendo que si no se cuenta con un Poder Judicial que imparta justicia sobre la base de la ley, estamos frente al mundo de la arbitrariedad.

PERIODISTA.

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