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  Número 307 | Octubre 2007
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Nicaragua

Notas sobre un escándalo

El 13 de septiembre, 66 diputados de la Asamblea Nacional ratificaron la penalización del aborto terapéutico, que un buen número de ellos, y en el contexto de la campaña electoral ya habían penalizado. Nicaragua es uno de los únicos tres países en el mundo que convierte en delincuentes a las mujeres, médicos y personal de salud que realicen cualquier forma de interrupción del embarazo, aún los abortos aconsejados por condiciones médicas riesgosas o por emergencias obstétricas. Desde hacía más de siglo y medio y hasta octubre de 2006, el aborto terapéutico era legal en Nicaragua. He aquí un recorrido por este escándalo, hilvanado con notas públicas y otras menos públicas, aunque de primera mano y de fuentes directas.

María López Vigil

Octubre 2006. Algunas mujeres sandinistas con acceso a los diputados del FSLN les señalan la grave violación de derechos humanos que han cometido penalizando el aborto terapéutico sólo para evitar la sanción de la jerarquía de la iglesia católica durante la campaña electoral. Para acallarlas, varios responden que se trata sólo de una táctica electoral. Para tranquilizarlas, les aseguran que en 2007, cuando se discuta el nuevo Código Penal, “lo volvemos a aprobar”.

Enero-septiembre 2007. Prolongado e intenso cabildeo del movimiento de mujeres de Nicaragua para restablecer el derecho al aborto terapéutico en la discusión del nuevo Código Penal. Llamadas, reuniones, entrevistas. Una y otra vez escuchan esto de boca de la mayoría de los diputados que las reciben: “No nos tienen que convencer, estamos convencidos. Esto es justo, conocemos de muchos casos, sabemos lo que es la realidad de las mujeres…” ¿Pero…? “Pero esto no se va a decidir ni por criterios médicos ni con evidencias de la realidad. Éste es un tema de amarre político”.

¿Quién amarrado con quién? Respuestas evasivas. Los liberales, tanto PLC como ALN, afirman que el “amarre” lo tiene el FSLN con la jerarquía católica. Los diputados del FSLN son los que menos responden. Algunos, como Edwin Castro y Xochilt Ocampo tiran el teléfono con palabras groseras afirmando que ¡defienden la vida! Alguno dice que es “la derecha” la que obedece a los obispos. Todos los del FSLN que acceden a hablar coinciden: si la jerarquía católica cambia su posición, ellos cambiarán su voto. Por eso, algunos recomiendan a las mujeres “convencer a los obispos, convencer al arzobispo”... a ver si cambian. Los obispos declaran públicamente que confían en que el FSLN no le falte a la promesa de mantener penalizado todo aborto. ¿Quién manda aquí? El Estado nicaragüense es laico: artículo 14 de la Constitución.

La mayoría de la gente en Nicaragua no ha sido educada, ni por la iglesia católica ni por las iglesias evangélicas ni por los diferentes gobiernos para entender lo que significa “laico” y, en consecuencia, para buscar cuál es “el lugar” de Dios en una sociedad plural. ¿Entienden esto los diputados? Durante el debate parlamentario que penalizó el aborto, el diputado socialcristiano Agustín Jarquín, aliado del FSLN, es el único legislador de la bancada sandinista que razona su voto. Todos los demás callan. Con la Constitución en la mano, Jarquín argumenta: “Ciertamente el Estado es laico y está en la Constitución que es laico, pero también la Constitución establece en el marco general que la Carta Magna se emite y se proclama en nombre de los cristianos que en su fe en Dios se han comprometido”. De esto deduce Jarquín el principio por el cual vota contra el aborto terapéutico: “El Estado es laico, pero no es ateo”.

Enero. Con el inicio del nuevo gobierno del FSLN, se interponen ante la Corte Suprema de Justicia decenas de recursos por inconstitucionalidad contra la penalización del aborto terapéutico por atentar contra un sinnúmero de artículos constitucionales: derecho a la vida, a la salud, a la integridad… Los magistrados tenían que emitir sentencia en junio. Enero-junio: las mujeres realizan plantones ante la Corte. Llevan ataúdes de mujeres que están muriendo. Exigen una respuesta. Pasa junio y nada. Pasa julio y nada. Nunca hubo sentencia. Ni siquiera un proyecto de sentencia. En las gavetas de la Corte quedan los recursos. Algunos magistrados hablan con el Presidente Ortega para saber qué sentencia es la conveniente. “Convenzan al arzobispo para que cambie su posición”, les dice. La alianza FSLN-iglesia católica es la clave de todo, no la Constitución. “Sobre mi cadáver sale una sentencia favorable al terapéutico”, le promete el magistrado Rafael Solís a los activistas del grupo que se hace llamar Pro-vida.

Agosto. En la medida en que se acerca el debate parlamentario, crecen las expectativas. El movimiento de mujeres hace un mapeo para calcular cómo podría ser la votación. Del FSLN esperan una votación unánime. Cerrarán filas para mantener la alianza FSLN-obispos católicos. Los legisladores del PLC les aseguran que a ellos no les han dado órdenes de cómo votar. Los de ALN les dicen que son la bancada más indisciplinada, y que por eso, habrá “bateo libre” y ninguna otra orden que votar “en conciencia”. Así las cosas, mapeo y cabildeo dan que puede haber hasta 23 votos a favor del aborto terapéutico. Aires de esperanza.

12 septiembre. Los grupos llamados Pro-vida hacen una última reunión con los legisladores de la Comisión de Justicia. Una vez más, exponen sus posiciones y amenazan con la excomunión a los diputados que den su voto a favor del aborto terapéutico.

13 septiembre, 7am. Dos horas antes de que inicie el debate parlamentario, los 38 diputados de la bancada del FSLN son reunidos de urgencia. El Presidente Ortega les “baja la línea”: voto cerrado en contra del aborto terapéutico, nadie fuera del redil. Sólo una de las mujeres de la bancada del FSLN llega a la sesión, pero se sale del recinto a la hora de la votación. Las demás se ausentan. Así, ante Ortega y Murillo cumplen, y cuando las mujeres sandinistas les reclamen, podrán decirles que ellas no votaron. Similar es la táctica de Jamileth Bonilla, de ALN: se comprometió a dar su voto a favor, pero no llegó a la sesión.

13 septiembre. Asamblea Nacional. Después de diez hombres, la única mujer que toma la palabra en el debate es la sandinista del MRS, Mónica Baltodano. Comienza así: “Me toca hablar en nombre de las mujeres, porque algunos de los que han intervenido hablan de nosotras como si estuvieran hablando de las vacas de sus fincas…”

La intervención más grotesca, por homofóbica e ignorante, es la del liberal del PLC Freddy Torres, dueño de fincas cafetaleras. Vuelto hacia las mujeres que llegan al hemiciclo a observar el debate, les espeta: “La maternidad está hecha para verdaderas mujeres, no para las que creen en matar no natos. Muchas de las que ahí gritan ni siquiera han sido madres nunca porque su estructura molecular no les permite ser madres ni hacer funciones de mujer”. Compañeros de su bancada hacen trizas ostentosamente las informaciones más recientes sobre las consecuencias de once meses de penalización que las mujeres llevan al plenario y se las lanzan al aire. Wilfredo Navarro, del PLC, les grita: “¡Lesbianas!” El más agresivo de todos es otro diputado del PLC, conocido acosador sexual de empleadas domésticas en el barrio en que vive.

Sentido común en los argumentos de Mónica Baltodano: “Si a los legisladores les preocupa la proliferación de los abortos clandestinos, la penalización del aborto terapéutico no la disminuirá. Está demostrado que lo único que disminuye los abortos es la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y sobre todo, el desarrollo de una paternidad responsable. Está demostrado que buena parte de los hombres tienen una actitud irresponsable en relación a los hijos, y no pocos de los diputados de este hemiciclo también han sido padres irresponsables”.

Baltodano se refiere también al atrasado pro¬vin¬cia¬nismo de los diputados: “Varios han dicho que éste es un tema que quieren venir a imponernos ahora, desde fuera, países y gentes de costumbres extrañas a nuestra cultura cristiana. Pues para su información: la interrupción del embarazo por razones médicas fue establecida en Nicaragua desde 1837, es decir ¡hace 170 años!... Hoy, el hecho de que Nicaragua penalice el aborto terapéutico nos coloca dentro de las naciones que violentan los derechos humanos de las mujeres… Seremos parte de un número minúsculo de estados cavernícolas que prefieren que mueran las mujeres antes de interrumpirles un embarazo”.

No violentar “nuestra cultura cristiana”: ese mismo argumento lo escucharon de boca del Presidente Ortega, o de sus allegados, embajadores europeos y representantes de organismos internacionales cuando le expresaron al mandatario y a sus funcionarios sorpresa por posiciones tan contrarias a los derechos humanos en un gobierno que se dice revolucionario, de izquierda, progresista y a favor “de los pobres del mundo”. Entre los diplomáticos se destacó, por su defensa de las mujeres y por su tenacidad en reclamar públicamente para ellas el derecho al aborto terapéutico, la embajadora de Suecia Eva Zetterberg.

14 septiembre. El Movimiento Feminista agradece públicamente en los medios escritos a los únicos cinco diputados que defendieron el derecho a la vida de las mujeres y las niñas: los tres del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco; el liberal del PLC, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional José Pallais y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Luis Callejas, liberal de ALN.

Enero-septiembre: Organismos internacionales hacen sentir su voz en el debate nicaragüense. El Comité CEDAW se dirige al Estado para que cambie su posición. La Federación Internacional de Derechos Humanos expresa sus criterios. Save the Children & Plan Internacional se pronuncian. La Organización Panamericana de la Salud recuerda compromisos internacionales... Estas posiciones no hacen mella ni eco en el gobierno Ortega-Murillo. Resbalan sobre la piel de la mayoría de los legisladores y sobre la de la jerarquía eclesiástica.

Enero-septiembre. El movimiento de mujeres realiza foros en universidades e institutos, talleres en barrios y comarcas, caravanas, jornadas de estudio y reflexión, tratando de aclarar conceptos. Informaciones médicas y jurídicas se masifican. “Todas las niñas embarazadas fueron violadas” es uno de los afiches que más se ve en marchas y movilizaciones. “Diputado: si no respetaste mi vida no respetaremos tu ley” es una consigna de desobediencia civil, de rebeldía social, que comienza a aparecer.

Agosto. El Presidente Hugo Chávez conoce de las posiciones del gobierno de Nicaragua en un tema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, convertido por la pareja gobernante en tema de fe religiosa. Chávez recibe amplia información sobre la votación de los legisladores del FSLN en octubre 2006 y sobre el discurso de Rosario Murillo en aquella ocasión, cuando sentaba posición oficial: “Somos enfáticos: No al aborto, sí a la vida. Sí a las creencias religiosas, sí a la fe, sí a la búsqueda de Dios, que es lo que nos fortalece todos los días para reemprender el camino. El FSLN respalda la posición de la Iglesia Católica y de las iglesias en general contra el aborto en cualquiera de sus formas porque es un atentado contra la fe, contra la vida”.

El Presidente de Venezuela Hugo Chávez está sorprendido, incrédulo, ante la información que recibe. Pide más datos sobre las políticas públicas hacia las mujeres en el gobierno del FSLN para ver “qué puede hacer”. El gobierno de Cuba decide no hacer nada. Considera que es tiempo perdido. La posición del gobierno Ortega-Murillo lo tiene “desencantado”.

¿Ocaso o alba? La estrecha alianza del FSLN con la jerarquía católica penalizando el aborto terapéutico contrasta con la posición del resto de los países del ALBA. El Código Penal de Bolivia (artículo 266) establece que no hay sanción “si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre” y “cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto”. El Código Penal de Cuba (artículos 267-271) sólo sanciona el aborto practicado a la fuerza y contra la libertad de la mujer. Código Penal de Venezuela (artículo 435): “No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”. Código Penal de Ecuador (artículo 447): el aborto “no será punible si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre”.

Agosto. Acercándose el debate en el Parlamento el movimiento de mujeres moviliza recursos para hacer de los medios espacios de reflexión. El diario “La Prensa” acepta publicidad, pero cuando en una de sus ediciones aparece un folleto titulado “¿Qué es el aborto terapéutico?”, sus directivos se arrepienten. “Ustedes están haciendo apología del delito y atentando contra los valores de nuestra publicación”: así responden a las mujeres, cancelando cualquier otro aviso o información.

El spot que más se ve y se escucha este mes dice: “Imagine que una condición médica pone en peligro su vida, imagine que los médicos tienen las manos atadas, imagine que las puertas del hospital se cierran en su cara, imagine que ayudarla es un crimen. Esto no es una pesadilla, es la realidad que enfrentan las mujeres con complicaciones serias en su embarazo. El aborto terapéutico no es un capricho, es una necesidad. El aborto terapéutico salva vidas, la penalización no”. En los cines, sólo los Cinemark aceptan el spot y lo pasan. El Canal 11 lo acepta. Pero después de pasarlo una primera y única vez, una llamada telefónica al canal de su dueño, el hombre más rico de Nicaragua, Carlos Pellas, les prohíbe seguirlo pautando.

Dentro del sandinismo que continúa leal al FSLN, tanto el Movimiento Comunal como la Asociación de Mujeres AMNLAE, con liderazgos de origen sandinista pero no incondicionales de Ortega, respaldan públicamente el aborto terapéutico. En su trabajo de años han conocido de cerca las carencias del sistema de salud pública y la vida real de las mujeres más pobres. En León, Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, se muestra escandalizado por la posición oficial de su partido y trabaja comprometido para deshacer este error político y humano.

Marcela Pérez, esposa del comandante Tomás Borge, habla así en Siete Días: “Yo estoy por la soberanía de los países y de las personas. El acceso al aborto legal, seguro y gratuito debe ser un derecho de todas las mujeres. No estoy a favor del aborto, ninguna mujer en el mundo lo está, pero éste suele ser el último y desesperado recurso frente a un mal mayor. Demasiadas chicas mueren en Nicaragua por abortos mal practicados y muchas lo harán tras la aplicación de una ley que prohíbe salvarles la vida. La penalización del aborto terapéutico condena a las mujeres pobres de Nicaragua a la cárcel o a la muerte”.

Septiembre. Ante la polarización y las cerradas posiciones de la jerarquía católica y de los grupos que se hacen llamar Pro-vida, las agencias de Naciones Unidas en Nicaragua promueven un encuentro técnico al más alto nivel. Proponen mediar hasta alcanzar un consenso mínimo que permita lograr una formulación de compromiso en el Código Penal que contenga excepciones a la penalización total. El Presidente Ortega acepta convocar al encuentro y acepta participar. “Vamos por buen camino”: corre una voz de esperanza en el movimiento de mujeres. Pero es sólo una táctica de Ortega: le da largas a la reunión y ordena al Presidente del Parlamento, René Núñez, que acelere la votación para el 13 de septiembre. Para cerrar el tema.

13 septiembre. Asamblea Nacional. Como Presidente de la Comisión de Justicia, el diputado liberal del PLC José Pallais no obedece órdenes. Es el único que vota libremente en ese partido. Con responsabilidad. Con información. Antes de votar, ha tenido encuentros con el movimiento de mujeres, con juristas, con médicos. Ha hecho muchos esfuerzos por buscar un consenso que contemple excepciones en la ley. Un auténtico liberal. Después de escuchar a sus colegas en el debate, les dice: “Estamos actuando apresuradamente, procediendo de forma incompleta y de forma injusta…De alguna forma debemos dejar protegida a la madre cuando haya que salvarla…Yo no quiero dejar en mi conciencia que no hicimos nada para salvarla”.

Pallais aduce también en el Parlamento que los obispos católicos le han dicho y han dado a entender públicamente que el aborto terapéutico en los casos en que la vida de la madre corre peligro es “moralmente aceptable”. Informa que están comprometidos con las excepciones. Los obispos lo desmienten al día siguiente. Y se declaran satisfechos con lo ocurrido en el Parlamento. Cuando le preguntan al arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, si él y la jerarquía presionaron a los diputados para que votaran contra el aborto terapéutico, responde con ingenuidad: “Cuando leí eso me dio risa, porque no tengo el teléfono de ninguno de ellos, con dificultad me aprendí el número del de mi casa”.

El gremio médico sandinista tuvo temor a las orientaciones de la pareja gobernante y nunca se pronunció. La Ministra de Salud, Maritza Cuan, fue quien en 2006, y apoyando a la entonces Ministra Margarita Gurdián, elaboró la argumentación técnica que, desde una perspectiva de salud pública, debía emplear el Presidente Bolaños para vetar la derogación del aborto terapéutico votada en la anterior Asamblea Nacional. Ahora, Cuan es Ministra y no habla. Está con las manos atadas. También tiene temor a pronunciarse públicamente sobre la realidad de las emergencias obstétricas que tan bien conoce por su trabajo de años en el sector Salud.

24 septiembre. En el Vaticano, el Papa Benedicto XVI recibe al nuevo embajador del gobierno de Daniel Ortega. En su mensaje, dice: “La Santa Sede quiere también expresar su reconocimiento a Nicaragua por su posición en los foros multilaterales sobre temas sociales, especialmente el respeto a la vida, frente a no pocas presiones internas e internacionales. En este sentido cabe considerar muy positivo que, el año pasado, la Asamblea Nacional aprobase la derogación del aborto terapéutico”. Y añade: “A este respecto, es imprescindible incrementar la ayuda del Estado y de la sociedad misma a las mujeres que tienen graves problemas con su embarazo”. Pontificia contradicción: ¿Cómo ayudarlas sin ninguna ley que permita hacerlo?

2 octubre. La prohibición total del aborto motivó a Human Rights Watch a realizar una investigación en Nicaragua en agosto. Hoy HRW presenta en Managua los resultados del estudio. Lo titula dramáticamente: “Sobre sus cadáveres”. La investigadora para los Derechos de la Mujer, Angela Heimburger, resalta uno de los datos más relevantes encontrados después de la prohibición: hay miedo. “Las mujeres tienen miedo de atenderse. Y los médicos tienen miedo de atenderlas”. Así comienza el informe.

Domingo 27 septiembre. No tiene miedo un grupo de unas 50 mujeres católicas que llegan a la Catedral de Managua para reclamar a la jerarquía católica posiciones más parecidas a las que tendría Jesús de Nazaret hacia las mujeres. Como no las dejan entrar, algunas deciden participar en la misa y al ir a recibir la comunión, el sacerdote Bismarck Conde se la niega. Suspende la distribución de la comunión y desde el micrófono las llama varias veces “diabólicas”. “¡No luchamos contra carne y sangre, hermanos, luchamos contra las fuerzas del mal!”, grita el sacerdote, azuzando a la feligresía. Algunos hombres las rocían con agua bendita, las insultan, las agreden y las sacan a empujones del templo.

Una protesta pionera. Por primera vez y de forma tan significativa -en el lugar “sagrado”- se pone en evidencia la intolerancia anticristiana de los hombres que se creen “sagrados” cuando se defienden los derechos humanos, la compasión y la justicia. En un país tan resignado como es hoy Nicaragua, y con una población tan pasiva como la que hoy tenemos, ningún grupo social tan activo y movilizado como el del movimiento de mujeres que, con una pluralidad de expresiones, ha defendido durante meses el derecho a la vida de las mujeres.

Ninguna ley más debatida y más conocida hasta en el último rincón de Nicaragua que la que hoy penaliza el aborto terapéutico en cualquier circunstancia, estableciendo penas de uno a tres años de cárcel para quien haga el aborto y de uno a dos años para la mujer que se lo procure. El informe de Human Rights Watch va del país legal al país real cuando aclara: “Aun cuando los casos llevados a proceso parecen ser escasos, la proscripción tiene tres consecuencias tangibles: hay denegación del acceso al aborto en casos en que peligra la vida o la salud de la mujer embarazada; hay denegación o tardanza en prestar otros tipos de atención obstétrica de emergencia; hay un fuerte temor a solicitar tratamiento por emergencias obstétricas”. Perversa trinidad: violación de derechos, negligencia y miedo. “El resultado concreto -dice el informe de HRW- han sido muertes que podrían haberse evitado”.

Hasta octubre de 2007, a un año de que la figura del aborto terapéutico desapareciera de la legislación de Nicaragua, 80 mujeres murieron por la mala atención en los servicios públicos de salud o por la negligencia en ellos o por el miedo que ha generado en la sociedad la penalización de cualquier interrupción de embarazo. La penalización en las leyes hechas por los políticos. Y la satanización de este derecho en el discurso de obispos, pastores y sacerdotes. Todas las mujeres que murieron eran pobres. Un escándalo.

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