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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 195 | Junio 1998
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Nicaragua

"Necesitamos un acuerdo nacional para acorralar la corrupción"

Danilo Aguirre, periodista, abogado y ex-diputado entre 1984 y 1997 -primero del FSLN y después del MRS-, quien participó en una de las comisiones que investigó el escándalo del narcojet, compartió con Envío sus apreciaciones sobre el pasado y el presente de la corrupción en Nicaragua, en una charla que apuesta por el futuro y que transcribimos.

Danilo Aguirre

En Nicaragua el hilo conductor de la lucha por la democracia corre parejo con los esfuerzos por la erradicación de la corrupción. Aunque los muchos escándalos que estamos viendo hoy nos producen una sensación de frustración, como la de quien descubre que durante años sólo dio vueltas en círculo, tenemos que aprender a valorar los pasos de avance que ya hemos dado. Para profundizarlos. Ese podría ser el contenido más sustancioso de ese "acuerdo nacional" del que tanto se habla.

Más allá de ideologías y de exhortaciones a la ética, la corrupción existe donde existen los espacios que deja abiertos la falta de institucionalidad y de desarrollo democrático de un país. La corrupción expresada en el caso del narcoavión revela el entorno de corrupción que todavía no hemos logrado cerrar.

* Los nicaragüenses no hemos sido simples espectadores de los acontecimientos de este final de siglo. Protagonizamos una cruenta lucha para alcanzar la justicia, vivimos un proceso destinado a desarrollar los logros de esa lucha y vimos después cómo se nos escapaban de las manos sueños y esperanzas. Después de vivir este proceso, algo hemos aprendido.

* Aprendimos que las libertades no se le pueden confiar a los mesías para que nos las devuelvan mejoradas. Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que las libertades entregadas nunca fueron devueltas, que los mesías se enredaron en luchas de poder y que el pueblo terminó con menos de lo que tenía cuando comenzó a luchar. Aprendimos también que no se generan riquezas ni se alcanza el desarrollo si no funciona la institucionalidad, la democracia y el respeto por la ley, estrechamente vinculados al crecimiento económico. Y es necesario crecer, desarrollarse y generar riquezas para después distribuirlas justa y equitativamente. No puede haber justicia social en la distribución de las riquezas si antes no se producen las riquezas que deben ser mejor repartidas.

* La historia de la humanidad ha sido una lucha continua por la libertad. La humanidad lucha por la libertad, lucha por ampliar las libertades y lucha por ir dejando detrás el sistema que le asegure y garantice la permanencia de las libertades conquistadas. La democracia es un sistema de libertades institucionalizadas. La lucha por la institucionalidad democrática es una lucha por defender las libertades conquistadas en las luchas populares.

* Desde la discrecionalidad de los primeros gobiernos del Estado federativo y de la República independiente que propiciaban privilegios económicos a los que, por su riqueza, ostentaban cargos políticos , hasta las leyes que se establecen para regular la administración de los bienes del Estado, Nicaragua ha pasado por varias etapas en las que el abuso del poder político ha echado por tierra todos los esfuerzos jurídicos destinados a garantizar la probidad de los funcionarios públicos y el control institucional de sus actuaciones.

* La regulación de un estricto cumplimiento de los gastos públicos reflejados en el Presupuesto de la República, las prohibiciones sobre el abuso con los recursos naturales, las instituciones erigidas como tribunales de cuentas o como contralorías, la Ley como única facultad del mandatario para tomar decisiones económicas revelan las luchas libradas y los esfuerzos realizados. Pero, ¿por qué, violentando o sorteando estos muros de contención, ha sido la corrupción la que al final ha impuesto su sello en los diferentes gobiernos que ha tenido Nicaragua en más de la mitad del siglo que termina?

* ¿Qué lugar ocupa la corrupción en nuestra historia? La institucionalidad económica existente al terminar la colonia española y el proceso de construcción de la República empezó ya a producir algún tipo de corrupción. La clase dominante y la oligarquía generaban desigualdades y enriquecían sólo a un grupo de familias a través de las concesiones que otorgaban los sucesivos gobiernos en el reparto de la incipiente riqueza que generaba el país en aquella época: producción de aguardiente, cultivo del café, etc. Esta "corrupción" inicial se entendía como algo natural, como era "natural" el limitar el sufragio sólo a los varones o a los estudiados o el restringir el acceso a la educación. La marginación del indio y de las comunidades indígenas que aún quedaban y la preponderancia del Pacífico sobre el Atlántico también eran vistas como algo "natural". Así comenzó a construirse la sociedad nicaragüense.

* Durante todo el siglo XIX y hasta finales de los años 30 en el siglo XX, el enriquecimiento personal o familiar se originó en el manejo oligárquico de los favores públicos, manejo que se vio siempre envuelto en las contradicciones de los bandos políticos, casi siempre dirimidas en cruentas guerras civiles.

* A la par que se consolidaba esta estructura de privilegios oligárquicos, las clases desposeídas nunca dejaron de luchar por la libertad. Aunque el desarrollo de la mayoría de estas luchas se nos han hecho invisibles, vemos sus huellas en la Constitución nacional, donde se fueron eliminando poco a poco las discriminaciones "naturales" del comienzo.

* A lo largo de la historia constitucional de Nicaragua la lucha por la libertad y por la igualdad por el sufragio universal, por los derechos de las mujeres y, en general, por garantizar los derechos y garantías de los ciudadanos frente al Estado recorre un camino paralelo al del establecimiento de las instituciones que se van creando para construir y fortalecer el ideal democrático.

* La Constitución de 1858 tiene ya algunos avances en relación al fenómeno de la corrupción. Estos avances aparecen más claramente en la Constitución de 1893, donde se comienza a hablar, por primera vez, de subasta pública, de bienes del Estado y de precauciones y preservación de su manejo, de obligación de ceñir el gasto público a las partidas presupuestarias y de la necesidad de someter a ventilación pública las contrataciones administrativas.

* Continúa el proceso hasta llegar a la Constitución de 1939, en la que se extiende la tutela pública a las riquezas naturales y se establece la obligación de disponer de los bienes del Estado sólo por medio de la ley y de someter a subasta o licitación la adquisición de los mismos. Es la Constitución de 1939 la que establece, por primera vez y con claridad, que nadie ningún funcionario puede disponer de los bienes del Estado si no es por medio de la ley. Esta disposición constitucional se va a mantener hasta la Constitución de 1974.

* Revisando algunas Gacetas del tiempo de Sandino, donde consta su pacto con el Presidente Sacasa, puede verse cómo cada una de las asignaciones económicas que se le dieron a cada uno de los cien hombres que iban a quedar con Sandino terminada la guerra, aparecían registradas minuciosamente y relacionadas con la distribución del presupuesto nacional. Es una prueba concreta del esfuerzo que ya había en aquellos años para encauzar al Estado por la ley en todo lo referido a la tutela económica. Si nuestra sociedad hubiera seguido por ese derrotero, ya entonces iniciado, posiblemente hoy estaríamos viviendo en otra Nicaragua.

* La corrupcion estructural aparece, también por primera vez, en la misma Constitución de 1939. Y aparece porque el fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, incorpora en la Constitución la opción canalera para una potencia extranjera Estados Unidos según lo establecido en el Tratado Chamorro Bryan. Como compensación por dejar plasmado esto en el primer artículo de la Constitución referido a la soberanía de Nicaragua sobre su territorio, con la excepción del territorio que requiriera el proyecto canalero , el primer Somoza recibió, para su beneficio personal, el primero de los muchos desembolsos que le fueron entregados para la construccion de una carretera hacia el Atlántico, que es hoy todavía una trocha infernal.

* En los años de la Segunda Guerra Mundial, y con la pasividad y hasta la complacencia de la clase política y de los dos partidos históricos liberales y conservadores , Somoza García se adjudicó la inmensa fortuna que los alemanes tenían en Nicaragua en una subasta que dirigió arma en mano un coronel de la Guardia Nacional. Somoza llevó a cabo este robo con la mayor impunidad. Años más tarde, Luis Somoza diría en una célebre confrontación que tuvimos en Radio Mundial que aquella fue "una acción legal en la que estuvo totalmente de acuerdo el Banco de Londres". Siempre que se acercó a Nicaragua el poder extranjero, dejaba el rastro de la corrupción. Los bienes robados a los alemanes quedaron "santificados" después por medio de "terceros adquirientes de buena fe", tal como se ha hecho recientemente con tantas propiedades malhabidas, entrando así toda la sociedad a participar en los resultados finales de una gran corrupción.

* Somoza García destruyó también por aquellos años la institucionalidad que los interventores norteamericanos le habían dado al ferrocarril del Pacífico y, colocando a un humilde tornero como administrador del ferrocarril, convirtió esta empresa la mayor, más rica y mejor gerenciada de la época , en el punto de arranque desde el que construyó Montelimar y Puerto Somoza, plataformas de su corrupción.

* Es con el surgimiento de nuevas formas de ingresos públicos que la naciente dictadura somocista impuso en Nicaragua la corrupción oficial, creando un Estado paralelo al Estado formal y apoderándose y militarizando los cargos claves en donde la evolución del Estado estaba produciendo la mayor cantidad de recursos. Esta forma de corrupción abierta, brutal, convivió con instituciones meramente formales y se profundizó en la medida en que la clase política se corrompía, abandonando los principios en que se sustenta la democracia, y tambien en la medida en que actuaba la siempre dañina intromisión extranjera.

* El somocismo creó su propio sistema. Unió todos los poderes militares, políticos y civiles y doblegó a una clase empresarial mediocre y castrada, que se sometió al espacio al que la limitó Somoza. El somocismo no tuvo origen oligárquico. Fue la imposición sobre el liberalismo de un sector de la clase media baja respaldado por la Guardia Nacional. Somoza entronizó el poder en torno a esta clase. Prueba de ello es que la inmensa mayoría de los diputados del somocismo provino de los sectores bajos. Somoza siempre tuvo una profunda desconfianza de los sectores oligárquicos, que siempre estuvieron intentando derrocarlo por considerarse desplazados del poder, como clase, por un vulgar machetón.

* El único interregno del somocismo en el que se intentó crear un cierto statu quo fue la etapa de gobierno de René Schick que, aunque decía ser "hechura de los Somoza", decía también que durante su período se iba a esforzar por garantizar un Estado de derecho. Fue en su período cuando en Nicaragua se habló por primera vez y a nivel popular de Estado de derecho. Con ese concepto, René Schick el último Presidente ilustrado que ha tenido Nicaragua quería significar que, aunque él no iba a hacer nada por cambiar lo que había, tampoco iba a permitir que al margen de la ley se cometieran atropellos, que a alguien se le perjudicara sin sustento en la ley, que a nadie se le aplicara una ley que no existiera. Fue un pequeño aunque loable esfuerzo porque funcionaran las leyes y la institucionalidad como freno a la arbitrariedad. Después de él, y desde 1967, Somoza Debayle lo atropelló todo, y desde 1972 lo hizo con la complicidad de un sector del partido conservador.

* A pesar de todos los atropellos, la dictadura somocista cuidó de la existencia formal y hasta del funcionamiento de los departamentos que vigilaban la ejecución del presupuesto, de una oficina que recibía las declaraciones de probidad de los funcionarios, de una ley para licitar las contrataciones administrativas, al igual que en lo político se ocupó de garantizar una "justa" distribución de curules en el Congreso y de puestos en los entes autónomos entre el grupo de conservadores que, por turnos, le hacía el juego colaboracionista y legitimaba los eventos electorales.

* Durante el somocismo, el gasto público no necesitaba de ajustes estructurales, como sucede hoy. Un coronel o un general ganaban 1 mil 200 córdobas en el presupuesto, pero eran dueños de mansiones y haciendas. El Estado somocista fue formalmente un Estado pequeño. Pero, paralelo a él, Somoza organizó una estructura de corrupción que lo atravesaba todo. Menos del 10% de lo que el ciudadano pagaba por la matrícula de un vehículo, por una licencia de conducir, por una multa o por un pasaporte, entraba a las arcas nacionales. Con más del 90% se formaba una sola masa que se distribuía periódicamente de arriba para abajo entre los oficiales de la Guardia Nacional que se iban rotando, quedando la tajada del león para la familia gobernante. El Estado paralelo y corrupto que creó el somocismo comenzaba en el recluta pelón que aterrorizaba a la gente en el Mercado Oriental y llegaba hasta los altos directivos de las instituciones financieras de Fomento Nacional, pasando por quienes cobraban coimas en cantinas, prostíbulos y casas de juegos o hacían redadas nocturnas de ciudadanos. Se conformó así un cuadro cerrado de corrupción estructurada como sistema de gobierno.

* Esta corrupción estructural no conoció transición. Se mantuvo desde que el fundador de la dinastía codiciaba y se apropiaba de las tierras y el ganado ajeno, hasta que el último de los Somoza manejaba ya grandes negocios con la mafia internacional, pasando por los célebres episodios de las comisiones accionarias para instalar los remedos de industrias que amparaba el Mercado Común Centroamericano a comienzo de los 60 o por los negociados que se hicieron a partir de la tragedia del terremoto de 1972.

* Los medios de comunicación social comienzan a tener beligerancia en la denuncia de la corrupción a finales de los años 40. Fue una beligerancia aparentemente inocua. En aquellos años, la corrupción generalizada, en lo político y en lo empresarial, mediatizaba a la mayor parte de los comunicadores, y el poder miraba con indiferencia y hasta con rechazo las denuncias. Los periodistas quedaban expuestos a la represión oficial, que iba desde el marginamiento económico hasta la cárcel y la tortura, incluyendo el asesinato. Dije que su denuncia era "aparentemente inocua" porque en realidad no lo era. Tuvo efectos. Las denuncias de los medios llenaban las mochilas de quienes no tenían poder pero se preparaban para obtenerlo. Y la represión contra los periodistas fue quizás una de las facturas más altas que la dinastía somocista tuvo que pagar en los años de su derrumbamiento.

* La clase de corrupción que instaló el somocismo, que fue total y fue manejada desde arriba con la voluntad de estructuralizarla auxiliándose de los poderes civiles y militares, no podía terminar de forma parcial ni con movimientos de purificación. Tenía que desaparecer con todo el aparato que la alentaba y la sostenía. Y eso fue lo que ocurrió el 19 de julio de 1979.

* El nuevo gobierno surgido en 1979 puso fin a toda la estructura de corrupción del somocismo, pero subestimó el aparato formal que existía y, con escasas respuestas institucionales, terminó por reproducir en la dinámica del Estado la misma fórmula: hacer coincidir el partido, la política y las fuerzas militares en el objetivo del grupo gobernante. El nuevo gobierno compartió con el anterior una amplia discrecionalidad y el desprecio por la ley y por las instituciones.

* La nobleza engendrada en la lucha contra la dictadura, el objetivo social que tenía la transformación del poder económico y la emergencia de un nuevo sector dominante impidieron que esta amplia discrecionalidad y este desprecio por la ley y las instituciones se tradujera en una corrupción estructural. Pero la brecha quedó siempre abierta. Y en esta realidad tenemos una lección: si un Estado queda confiado a la honestidad de sus funcionarios para la tutela de los bienes del Estado, un día tendremos suerte y seremos gobernados por un honesto, pero otro día será un medio honesto y otro día será un ladrón...

* Durante buena parte del gobierno sandinista, los actos de corrupción se producían en los sectores medios del engranaje gubernamental. ¿Qué pasaba arriba? Se iban sentando las bases de una gigantesca acumulación de bienes que, comprados con recursos del Estado, aparecían en sociedades comerciales privadas. Todo esto tuvo una justificación: se trataba de una estrategia frente al bloqueo de Estados Unidos que afectaba las importaciones que el país necesitaba y frente a la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos. Esta estrategia coexistía con la ignorancia y el menosprecio por el control institucional de los bienes del Estado.

* La corrupción sólo puede ser combatida y exterminada con controles institucionales y no con mensajes retóricos sobre la ética de los funcionarios o de los agentes de la sociedad civil. Lo ocurrido con el gobierno sandinista nos da la razón. Las condiciones éticas personales que se mantuvieron, sin que la corrupción llegara a hacerse estructural, saltaron en mil pedazos en el momento de la derrota electoral y lo acumulado con recursos del Estado y mantenido en manos privadas jamás regresó al erario público. La ética de los funcionarios sólo duró lo que duró el gobierno y la corrupción de las instituciones se volvió corrupción con los bienes del Estado.

* Aunque responden a dos sistemas separados profundamente por diferencias trascendentales, la corrupción de los años del somocismo y la de los años de la revolución tienen un denominador común: la ausencia de controles institucionales en el Estado. Los controles no pueden ser sustituidos ni con mecanismos formales ni tampoco con ética, aun cuando se esté desarrollando la más encomiable de las tareas. Si no se le da oportunidad de funcionar a los controles institucionales, la corrupción siempre tendrá las puertas abiertas.

* El gobierno que Nicaragua estrenó en 1990 ya no tuvo ni podía tener la acumulación de poder que facilitó la corrupción en los dos gobiernos anteriores. Pero heredó condiciones jurídicas autoritarias y centralizadas en el Poder Ejecutivo. Estas se convirtieron rápidamente en una nueva tentación para la corrupción. En el nuevo gobierno no existía ya poder militar ni poder político que apuntalara una nueva gestación de corrupción estructural, pero tampoco había murallas institucionales que impidieran otras formas de corrupción.

* El nuevo gobierno nació cobijado, entre otras cosas, por una propuesta de Estado diametralmente diferente a la que hubo en los diez años precedentes. La revolución había creado un Estado gigantesco y el gobierno que surgió en el 90 llegaba con la decisión de que había que privatizarlo todo. Proclamaba que el Estado no tenía que meterse en nada. Desde esta premisa, el nuevo gobierno se dio a la tarea de convertir en actividad privada la enorme empresa pública formada por el sandinismo.

* La Constitución de 1987 de la que desapareció todo el capítulo sobre los bienes del Estado y en la que estaban ausentes disposiciones sobre la enajenación o disposición de esos bienes, y que daba al Presidente amplísimos poderes para legislar y para acomodar en los otros poderes del Estado a funcionarios que fueran sus incondicionales , y la arraigada cultura política de vocación totalitaria cultivada a lo largo de los gobiernos anteriores, hicieron que todo el reacomodo de los bienes del Estado hecho a partir de 1990 se diera al arbitrio del gobernante, como si los bienes públicos fueran propiedad privada del Presidente de la República y de sus funcionarios. Una gran cantidad de disposiciones de bienes en este período se hizo sencillamente por decretos presidenciales que decían: "entréguese", "cámbiese", "arriéndese", como si doña Violeta fuera la dueña de esos bienes.

* En el proceso de privatización de lo público, el gobierno ni siquiera contó con el auxilio de sus letrados, quienes, ante la ausencia de controles institucionales en la Constitución, en vez de aclararle que ningún funcionario tiene más atribuciones que las que le señala la ley, lo alentaba en sus abusos discrecionales con el consejo de que podía hacer todo lo que no le estaba expresamente prohibido, de que todo lo que no le estaba prohibido le estaba permitido.

* Pero este principio sólo se aplica a los ciudadanos individuales: lo que no me prohibe a mí la ley, me está permitido hacerlo. Pero para los funcionarios del Estado el principio es que ningún funcionario tiene más atribuciones que las que le dan la Constitución y las leyes. Y si en ninguna parte de la Constitución y de las leyes aparece cómo disponer de los bienes del Estado, nadie puede tocarlos.

* Todo esto propició un proceso de privatización proclive a la corrupción y al tráfico de influencias, que favoreció el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, derrotero de corrupción que las privatizaciones han seguido en otros países de América Latina.

* También se dieron concertaciones entre el gobierno y algunos sectores sociales, con los que se pretendió sustituir la ley, y que generaron hechos que hasta hoy se invocan como derechos por las llamadas empresas de los trabajadores, volviendo así más complejo el ya conflictivo problema de la propiedad. La realidad es que los acuerdos de lo que se llamó Concertación en los que se decidió el porcentaje de acciones para los trabajadores de estas empresas no quedaron plasmados en leyes que garantizaran la propiedad de los trabajadores, con las que éstos quedaran capacitados para poder defender sus derechos. Hoy, la fragilidad de aquellos acuerdos, facilita el que se le quiten sus acciones a los trabajadores, por la ausencia de la ley.

* Las circunstancias que vivió la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Violeta Chamorro, las contradicciones de quienes habían ganado y se dividieron entre los que hicieron ejercicio del gobierno y los que creyeron haber sido despojados de él y las contradicciones entre los diputados del FSLN que terminaron en una escisión , fueron obligándonos a pensar que la solución para tantas contradicciones estaba en la reforma de la Constitución de 1987.

* Con las reformas que un grupo de diputados luchamos por hacerle a la Constitución de 1987, quisimos lograr, aún tímidamente, lo que Costa Rica logró en 1948, lo que demuestra que tenemos un atraso de casi 50 años en cuanto a desarrollo institucional. Estas reformas constitucionales fueron importantes, entre otras cosas porque han sido las únicas en la historia de Nicaragua que se hicieron de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Todas las anteriores reformas constitucionales estuvieron marcadas por las componendas de las cúpulas de la política partidaria. Todas. Ninguna estuvo orientada a desarrollar institucionalmente al país.

* Las reformas constitucionales constituían y constituyen el primer esfuerzo serio y coherente para sembrar de nuevas instituciones el país, de instituciones que faciliten un mayor control de los poderes del Estado y cierren el paso al abuso secular que produce la acumulación de facultades en una persona o en el grupo de personas que gobierna. Las reformas poseen un alto contenido de freno a la corrupción, sin que la necesidad de más contenciones se haya agotado en ellas y sin que muchas de las reformas tengan aún plena vigencia. Las reformas constitucionales son quizás el único valladar que en estos momentos está preservando algunos espacios del cáncer de la corrupción.

* Las reformas constitucionales entraron en vigencia legal el 4 de julio de 1995, pero sólo tuvieron existencia real hasta el 10 de enero de 1997 por causa de la férrea oposición que tuvieron en el Ejecutivo del gobierno anterior y en sus aliados en los otros poderes del Estado. Esta oposición no se debió como se quiso hacer creer a que el único objetivo de las reformas fuera cercenar las aspiraciones presidenciales de Antonio Lacayo. Lo que motivaba la oposición era que se le iba a despojar al Ejecutivo de sus facultades de legislar, que el Ejecutivo se iba a quedar sin elegir a su gusto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Contralor, que no tendría ya la capacidad de organizar a su arbitrio el Estado, los ministerios y los entes autónomos. Eran éstas las razones reales por las que hubo tan férrea oposición a las reformas.

* Hubo una lucha, también cerrada, de parte del Ejecutivo, para que no entraran en las reformas constitucionales disposiciones para un control efectivo sobre los bienes del Estado. Entonces, a falta de este control constitucional, decidimos hacer una ley especial con este objetivo. Inició así la larga lucha para lograr la Ley 169, que es la que está utilizando ahora la Contraloría General de la República cada vez que impugna las decisiones o las voluntades de los funcionarios que intentan disponer de los bienes del Estado a su arbitrio.

* La Ley 169 surgió porque el Estado estaba desesperado por privatizar las telecomunicaciones. Pretendieron hacerlo "creando" una sociedad anónima y convirtiendo a los funcionarios de más alto nivel en socios. Cuando este plan ya estaba casi listo, se dieron cuenta de que sólo podrían vender TELCOR por ley. De esta manera, la Ley 169, tan importante, no aparece hasta que se empieza a avanzar en la privatización de los servicios públicos. A esas alturas, ya todo lo que eran empresas y sociedades comerciales habían sido privatizadas arbitrariamente.

* La honestidad que alentó a las mayorías que derribaron el gobierno dinástico no se perdió en la corrupción de las minorías que dirigieron la transición de 1990. Algunas instituciones fundamentales han quedado y tienen capacidad de fortalecerse y de ir conformando un verdadero Estado democrático.

* Los medios de comunicación, que enfrentaron el maniqueísmo y la división del gremio periodístico durante los años 80, y que no estuvieron en condiciones de ser críticos al abandono institucional que propiciaba nuevas corrupciones en aquellos años, recuperaron desde 1990 una fuerza parecida a la que desplegaban antes de 1979 contra la corrupción somocista. Lo hicieron con múltiples limitaciones. Entre otras, la persistente confusión entre lo que fue beneficio social y lo que fue enriquecimiento ilícito durante el gobierno que concluyó en abril de 1990, y la coerción económica que ha venido manejando el gobierno actual controlando arbitrariamente la publicidad estatal.

* El gobierno electo en octubre de 1996 surge con las mismas limitaciones que tuvo el anterior para el ejercicio de un poder autoritario y engendrador de corrupción. Al igual que el del 90, este gobierno ya no dispone de un aparato militar, civil y político que le permita estructuralizar la corrupción. Tiene, incluso, más límites. Por ser, en algún sentido, un gobierno restaurador de personajes y estilos del somocismo, tiene que ser cauteloso con los restos de poder que mantienen quienes encabezaron la destrucción del régimen somocista. Y ya está limitado por las reformas constitucionales que, aún sin su plena aplicación, diseñan un Estado imposible de estructurar totalmente para la corrupción y con serias dificultades para burlar algunos controles que impiden otras formas de venalidad pública. Así, este gobierno está aún más estrechado que el anterior que actuó con la Constitución de 1987 para desarrollar una corrupción estructural. Ya no puede legislar desde la Presidencia y desde los ministerios y entes autónomos, ya no cuenta con una Contraloría ad hoc, no se puede saltar las disposiciones de la Ley 169 para enajenar los bienes del Estado, ni puede violar con facilidad la Ley de contrataciones administrativas.

* A pesar de todos los controles que lo frenan, el gobierno actual ha dado muestras de no estar animado de una voluntad rectificatoria de la arbitrariedad que ha sido tradicional en el manejo de la administración pública. Ha evidenciado la misma subestimación de todos los gobiernos anteriores por el derecho como rector de la vida nacional, manteniendo a casi todas sus instituciones al margen de la ley. Todavía no está aprobada, por ejemplo, la Ley de Organización del Estado, y eso le da una absoluta ilegalidad a las actuaciones de todos los ministerios. Y si a alguien se le ocurriera impugnar todas y cada una de estas actuaciones, podría demostrarse que están funcionando en la ilegalidad.

* El actual gobierno ha ignorado las prohibiciones constitucionales para impedir el nepotismo en las estructuras gubernamentales y ni se le ha cruzado por la mente la aprobación de la ley que reglamenta las normas anti nepotismo que hoy contiene la Carta Magna. Tampoco ha querido este gobierno aceptar el contrapeso de una Procuraduría de Derechos Humanos presidida por personas ajenas al Ejecutivo, como se estila ya en la mayor parte de los países. Y como la doctrina que inspira a la Procuraduría exige que quien vigile los derechos humanos de la población no tenga ningún nexo ni vinculación con el gobierno, y el actual gobierno no puede rechazar abiertamente esta doctrina, ha optado, sencillamente, porque no se elija a nadie.

* Quizás lo más grave del gobierno actual en cuanto a facilitar distintas formas de corrupción y, más grave aún, en cuanto a hacer retroceder el precario desarrollo institucional democrático que ya existe en Nicaragua, es su marcada tendencia a convertir la administración pública en una prebenda partidaria. Ha tratado de hacerlo incluso con la Asamblea Nacional, que es concebida por el Ejecutivo como un ministerio más. Cualquier sana tendencia a la profesionalización de las instituciones gubernamentales y a crear la mentalidad de servicio en los cargos políticos es anulada por la práctica obsoleta y dañina de asaltar para el partido todos los puestos públicos, lo que deja abierta una ancha puerta a todas las formas de corrupción.

* Las señales de corrupción que viene dando este gobierno están ya limitadas a un espacio donde todavía la falta de controles y la falta de institucionalidad le permiten operar. Pero ya es muy difícil que esa corrupción se estructuralice y se generalice, quedando reducida casi toda ella al tráfico de influencias.

* El tráfico de influencias no existe aún tipificado como delito en el derecho penal nicaragüense, como tampoco está tipificado el delito de enriquecimiento ilícito ni existen formas de establecer la presunción de culpabilidad del funcionario que aparece con un gran capital, sin dar explicaciones de éste, cuando lo que declaró al inicio de su gestión es infinitamente menor. No existe aún cómo dar un seguimiento legal a este tipo de enriquecimientos.

* La lucha contra la corrupción y por una institucionalidad democrática puede y debe convertirse en una bandera en manos de la juventud. Nuestra juventud, capaz de esfuerzos generosos, no tiene hoy una meta clara y se pregunta de qué causa podría ser militante. Desaparecidas las metas que alentaron la lucha contra la dictadura en los años 60 y 70, desaparecida la meta que animó al acompañamiento de las tareas revolucionarias en los 80, la juventud está hoy acumulando conocimientos para después ir a trabajar en una sociedad construida sin su participación. En este contexto tan poco alentador, los jóvenes pueden encontrar una meta si se convierten en militantes de la lucha por la institucionalidad y la democracia, que son el camino para iniciar de una vez el desarrollo económico de Nicaragua. Después, tendrán que comprometerse con otras metas para que la riqueza generada se distribuya con justicia social.

* Hay una cruzada a la que convocar militantes. Hay que luchar por un acuerdo nacional que le ponga un cerco a la corrupción. Porque poniéndole un cerco a la corrupción, acorralando la corrupción, iniciaremos nuestro desarrollo. Y para ponerle ese cerco a la corrupción, para impedirla y para consolidar un Estado democrático, Nicaragua necesita andar aún mucho camino.

* La Contraloría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos y el representante del Ministerio Público institución que hoy está reducida a ser el notariado del Estado , deben funcionar absolutamente desligadas de los gobiernos de turno y vinculadas a las organizaciones de la sociedad civil como establece la Constitución.

* La Contraloría ya está actuando con independencia. Las reformas constitucionales le dieron nuevas y mejores funciones a la Contraloría, que deben quedar extendidas y reglamentadas en una nueva ley ordinaria, con facultades que le permitan investigar y probar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, estableciendo las responsabilidades que puedan derivarse de cualquier irregularidad en este terreno. Debe contar la Contraloría con un porcentaje adecuado de los ingresos del Estado para poder cumplir con esta tarea.

* Un representante del Ministerio Público, electo quizás cuando se elige a los alcaldes y a los concejales y a los representantes de la sociedad en la administración de justicia, es otra forma de hacer valer la participación autónoma de la nación organizada civilmente. La plena vigencia de las facultades que la ley da al Procurador de Derechos Humanos completaría un cuadro de control férreo frente a los abusos que siempre han caracterizado al poder en Nicaragua.

* La legislación penal tiene que modernizarse tipificando los delitos más comunes que confluyen en la corrupción: el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. Debe agilizarse simultáneamente un procesamiento expedito con severas penas para los que abusen con los bienes del Estado, sea como funcionarios o como cómplices desde la sociedad civil. La carga de la prueba tiene que invertirse cuando en el examen de las declaraciones de bienes de los funcionarios se aprecien inexplicables aumentos de riqueza. Cuando así sea, tiene que ser el funcionario quien demuestre que ese aumento proviene de actividades claras y concretas no vinculadas al cargo que desempeña.

* Deben establecerse incompatibilidades para el nombramiento de funcionarios administrativos, que impidan acceder a carteras ministeriales o a otros puestos claves de naturaleza económica a quienes ejercen actividades privadas relacionadas con esos cargos. Hay que erradicar la costumbre de clan y de clase de los gobiernos que hemos tenido, que han puesto casi siempre a los gatos a cuidar la leche. El respeto y la profundización de las normas que regulan la carrera administrativa es un excelente punto de partida para un saneamiento de esta clase.

* En 1995, por la lucha desatada en torno a las reformas constitucionales, no hubo modo de reformar el Poder Judicial. El Poder Judicial cuya actual estructura es la más vertical entre los poderes de Estado debe experimentar cambios radicales. Debe establecerse el Consejo Nacional de Justicia como fuente de nombramientos. Este Consejo, combinado con el estricto cumplimiento de la carrera judicial, debe garantizar la autonomía de jueces y magistrados, terminando con los feudos creados por la naturaleza autocrática que hoy mantiene la Corte Suprema de Justicia, desde donde se nombra a los magistrados de los tribunales de apelación y a los jueces, restándoles así toda su autonomía y convirtiéndolos en agentes que trabajan en zonas bajo su influencia.

* Para mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo la lucha debe centrarse en conseguir que se establezca en la Constitución y en la Ley Electoral las elecciones uninominales para concejales y para diputados, buscando así que los diputados respondan a sus electores y no a los partidos, lo que sería base fundamental para la soberanía del Poder Legislativo.

* Los ciudadanos deben poder votar directamente por sus candidatos. Votar uninominalmente menguaría de alguna manera el poder de los partidos, pues se votaría por personas y no por partidos, lo que evitaría que resultaran electos diputados o concejales que a veces ni son conocidos ni son los más adecuados. El voto por las personas y no por las listas de los partidos acentuaría la vinculación entre elegidos y electores, que podrían reclamarle de forma más directa y hasta retirarle el respaldo que le dieron. El sistema de votar por listas de partidos es un sistema obsoleto, que conduce al fortalecimiento de partidos grandes y corruptos.

* Otro objetivo es lograr que las candidaturas por suscripción popular se extiendan a todos los cargos, incluida la Presidencia de la República. En la anterior Asamblea logramos establecerla, pero sólo para elegir alcaldes y concejales. En momentos de deterioro de los partidos políticos y cuando se pierde la confianza en los partidos y en sus dirigentes, pero se conserva confianza en líderes naturales, la sociedad debe poder postular candidatos por suscripción popular para todos los cargos hasta para la Presidencia.

* En las principales alcaldías del país especialmente en la de Managua, que como toda capital tercermundista centraliza una gran parte de la actividad del país , no debe violarse la disposición ya constitucional que establece que los concejales no pueden ejercer cargos administrativos en la comuna, no sólo porque resulta una aberración que los directores del municipio pasen a ser empleados del alcalde, sino también por la amarga experiencia que hemos tenido al ver nacer enormes fortunas cuando los concejales claudican de sus funciones y hasta de sus ideologías al subordinarse a los alcaldes.

* Todas éstas son metas que darían contenido a un auténtico acuerdo nacional. Son metas que deben ser planteadas como un fruto de la presión de la sociedad organizada o como una plataforma política a la que se sume la sociedad, convertida en militante de la lucha por la institucionalidad democrática de Nicaragua. Es una causa justa. Es urgente librar una cruzada contra la corrupción, que en la mentalidad del pueblo llega a confundirse con el ejercicio de la política y, peor aún, que la considera incluso como un mal endémico de la democracia. El destino de Nicaragua para emerger en el nuevo milenio como un Estado sanamente diseñado o como un Estado recurrentemente corrupto y falsamente democrático, se está jugando hoy, en estos meses, en estos años.

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